B.IA.LEGAL

SCP 1085/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
9 de julio de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54224-2023-109-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la vida; puesto que, a pesar de existir un proceso penal seguido a denuncia suya, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en el cual en su condición de víctima, ya contaba con medidas de protección, sufrió una nueva agresión física el 18 de diciembre de 2022, por parte del imputado; no obstante, al haber acudido al Módulo Policial de la Radial 17½, no recibió ninguna atención en particular del funcionario policial hoy coaccionado; y posteriormente, la accionante presentó dos memoriales ante la Fiscal de Materia ahora accionada, donde el 21 del señalado mes y año, pidió la realización de un examen médico forense, y a efectos de demostrar lo alegado adjuntó fotografías de las lesiones sufridas; empero, no se impulsó ninguna actuación investigativa ni se dispusieron las medidas de protección correspondientes. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de libertad; b) Exigencia de actuación diligente de las instancias públicas ante casos que involucran presunta violencia contra la mujer; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 20 de “27” -28- de diciembre de 2022, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, ante el evidente riesgo de afectación del derecho a la vida interrelacionado con la integridad física y psicológica de la accionante, emergente de la omisión en la que incurrieron la Fiscal de Materia y el funcionario policial hoy accionados, disponiendo que de manera inmediata y diligente desplieguen dentro de sus atribuciones las acciones necesarias respecto al hecho de presunta violencia de género que se hubiese suscitado el 18 de diciembre de 2022, salvo que ello ya hubiese sido dinamizado como efecto de la protección tutelar asumida por el Tribunal de garantías.

2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la solicitud de que se establezca la existencia de indicios de responsabilidad administrativa y penal de la Fiscal de Materia y el funcionario policial ahora accionados por incumplimiento de deberes, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

3° Llamar la atención a Walter Pérez Lora, Vocal; y, Juan Ariel Condori Marcos, Secretario, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del Santa Cruz, por las razones expuestas en la última parte de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
  2. III.2. Exigencia de actuación diligente de las instancias públicas ante casos que involucran presunta violencia contra la mujer
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1085/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54224-2023-109-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20 de “27” -28- de diciembre de 2022, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paola Andrea Caballero Suárez contra Rosa Elizabeth Coro Buitrago, Fiscal de Materia; y, “Sgto. Castillo”, funcionario policial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memorial presentado el 27 de diciembre de 2022, cursante de fs. 6 a 11 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de su persona -victima-, contra Jairo Isaias Quiroga Vargas -imputado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; en el cual se dispusieron medidas de protección a su favor y el imputado fue beneficiado con medidas sustitutivas a su detención preventiva; sin embargo, a pesar de la vigencia de dichas medidas, el nombrado continuó hostigándola de manera reiterada. El 18 de diciembre de 2022, su situación se agravó cuando el imputado ingresó violentamente a su domicilio para agredirla físicamente, sujetándola del cuello intentó estrangularla, logrando zafarse al morderle la mano, y con la intervención decisiva de sus vecinos, entre ellos una menor de “14 años” de edad que enfrentó al nombrado, a pesar de la clara diferencia de fuerza;

dicha situación, fue denunciada por su persona de manera verbal en el Módulo Policial de la Radial 17½, presentándose con manchas de sangre; empero, no recibió ninguna atención en particular del funcionario policial -ahora coaccionado-; por lo que, acudió al hospital más cercano con la finalidad de que le traten sus heridas. Posteriormente, presentó un memorial dirigido a la Fiscal de Materia hoy accionada, quien tampoco realizó alguna diligencia investigativa ni activó medidas de protección en su favor; asimismo, presentó un segundo memorial solicitando la realización de un examen médico forense, adjuntando fotografías de las heridas sufridas, a lo que el asistente fiscal le informó de la existencia de una “conminatoria” del Juez de la causa, quien se encontraba en el periodo de vacación judicial.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la vida; citando al efecto el art. 7.d y f de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga, la protección efectiva del Estado sobre su vida, salud física y psicológica; el cumplimiento de los deberes de debida diligencia en el caso específico y que se establezca la existencia de indicios de responsabilidad administrativa y penal de la Fiscal de Materia y del funcionario policial ahora accionados, por incumplimiento de sus deberes. Adicionalmente, durante la audiencia de acción de libertad, la accionante solicitó se ordene al Ministerio Público, que de manera inmediata ponga en conocimiento del Juez de Instrucción de “turno”, el incumplimiento de las medidas de protección para la revocatoria de las medidas cautelares del imputado.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 38, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: Corresponde ordenar al Ministerio Público, para que de manera inmediata ponga en conocimiento del Juez de Instrucción de “turno”, el incumplimiento de las medidas de protección para la revocatoria de las medidas cautelares del imputado.

I.2.2. Informe de la autoridad fiscal y funcionario policial accionados

Rosa Elizabeth Coro Buitrago, Fiscal de Materia, en audiencia, manifestó que: a) El caso penal de referencia se encuentra en etapa conclusiva, habiéndose emitido requerimiento de acusación formal el 5 de diciembre de 2022; b) Los hechos denunciados por la víctima -accionante-, hubiesen ocurrido con posterioridad, el 18 de igual mes y año; por lo que, no correspondía realizar actuaciones dentro del mismo cuaderno procesal, sino iniciar un nuevo proceso penal conforme al procedimiento establecido; c) En el cuaderno de control de investigación, únicamente constan dos memoriales presentados por la nombrada, sin que exista un informe de acción directa por parte de la Policía boliviana ni documentación oficial que diere cuenta de la supuesta agresión física sufrida; las imágenes adjuntadas por la accionante no muestran signos evidentes de violencia grave que motivaran la activación inmediata de medidas como la aprehensión del imputado; d) El sistema penal actual permite el acceso digital al cuaderno procesal; por lo que, los abogados deben verificar el estado del proceso antes de presentar solicitudes; en este caso, no se tomó conocimiento del cierre de la etapa investigativa, y que la supuesta denuncia verbal presentada por la victima -accionante- no fue registrada ni comunicada de manera oficial al Ministerio Público; a pesar de su disponibilidad permanente para atender casos urgentes, no se le informó formalmente sobre el nuevo hecho denunciado; y, e) Con dichos argumentos solicitó se deniegue la tutela impetrada, al no existir en antecedentes que hubiese dado la alerta y al no haber llegado a su conocimiento ninguna información al respecto; ya que, de haber recibido una denuncia formal en tiempo oportuno, habría procedido con la orden de aprehensión del presunto agresor -imputado-. “Sgto. Castillo”, funcionario policial, si bien de acuerdo al acta de audiencia de la presente acción de libertad, se hizo constar que remitió su informe; sin embargo, no consta en el cuaderno procesal; no obstante, de acuerdo a la descripción efectuada por el Vocal del Tribunal de garantías en su Resolución constitucional, refirió que: “…el mismo que se deslinda responsabilidades indicando que no es el asignado al caso, que no tiene conocimiento…” (sic).

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 20 de “27” -28- de diciembre de 2022, cursante de fs. 39 a 41, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Fiscal de Materia y el funcionario policial ahora accionados, actúen con la debida diligencia sin mayores formalismos; puesto que, se trata de precautelar la vida, la integridad física y psicológica de la víctima -accionante- y sin mayores formalidades se ordene el examen médico forense; se actué conforme a los arts. 225 y 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con la citación inmediata del presunto agresor -imputado- y disponer lo que corresponda; asimismo, se ponga en conocimiento del Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, los hechos denunciados y solicitar la revocatoria de las medidas en caso de que se hubiesen incumplido, por todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Considerando que la vida en este caso de la accionante se encuentra en peligro, tanto la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, como la nueva Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, a raíz de hechos de violencia contra la mujer y los antecedentes de la Convención de Belém do Pará, establecen que el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, sin mayores formalidades; 2) El art. 389 de la Ley 1173, establece que tanto la autoridad, como la policía boliviana deben otorgar a la víctima protección de forma inmediata, sin esperar mayores formalidades; puesto que, se trata de precautelar la vida, integridad física y psicológica, en este caso de la accionante, quien a pesar de realizar la diligencia en su oportunidad hasta la “fecha” no recibió la protección solicitada; a pesar, de existir los antecedentes de la agresión tanto física y psicológica en su domicilio por parte del presunto agresor -imputado-; siendo que, el mismo se encontraba cumpliendo medidas cautelares y medidas de protección que incumplió; 3) El funcionario policial ahora coaccionado debió actuar al momento de recibir la información del actuar de la víctima -accionante-, sin mayores formalidades de forma inmediata, constituyéndose al domicilio o citándolo en todo caso al presunto agresor -imputado- a efectos de que preste su declaración o en su caso actuar conforme prevé los arts. 225 y 226 del CPP, en este caso informar al Ministerio Público; y, 4) Por otro lado, el Ministerio Público, al tomar conocimiento igualmente debió actuar de manera inmediata, sin mayores formalidades con la debida diligencia, al tratarse de un delito en el cual está en peligro no solamente la integridad física, psicológica, sino la vida de la víctima -accionante-. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el abogado de la parte accionante solicitó que se recomiende a la Fiscal de Materia y al funcionario policial hoy accionados evitar la revictimización en el proceso. En mérito a esa solicitud, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, respondió que la actuación ordenada con la debida diligencia y de manera inmediata es precisamente para que no se pueda revictimizar a la accionante.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal establecido.

Mediante decreto constitucional de 30 de marzo de 2026, cursante a fs. 51, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 55; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan dos fotografías sobre las lesiones que hubiese sufrido Paola Andrea Caballero Suárez -accionante-, en las que se observan un moretón en la región del cuello y una herida en la parte central de la cabeza, presuntamente causadas durante la agresión sufrida el 18 de diciembre de 2022. Asimismo, adjuntó un Recetario/Recibo de atención ambulatoria médica, emitido en la misma fecha por Eliseo Flores Crespo, Médico Cirujano, en el cual se consigna el diagnóstico “Herida en Cabeza- Sutura” (fs. 2 a 4).

II.2 Consta Formulario Único de Denuncias del Ministerio Público, referente al proceso penal por violencia familiar o doméstica seguido a denuncia de la accionante, signado con Código Único de Denuncia (CUD) 701102072200776 FELCV-R 342/2022; radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; en el que se describe las actividades realizadas: i) Decreto a memorial de 21 de diciembre de 2022, “SOLICITA REQUERIMIENTO PARA EXAMEN FORENSE ADJUNTA PLACAS FOTOGRAFICAS FS. 3” (sic); ii) Decreto a memorial de 19 del señalado mes y año, “APERSONAMIENTO Y SOLICITA REASIGNACION DE INVESTIGADOR Y OTROS FS. 6” (sic); iii) “ACUSACIÓN JUICIO” de 22 de diciembre de 2022; iv) “DECRETO SOLICITA SALIDA ALTERNATIVA” de 18 de julio del mismo año; y, v) “DECRETO MEMORIAL DESISTIMIENTO” de 5 de igual mes y año (fs. 16 a 18).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la vida; puesto que, a pesar de existir un proceso penal seguido a denuncia suya, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en el cual en su condición de víctima, ya contaba con medidas de protección, sufrió una nueva agresión física el 18 de diciembre de 2022, por parte del imputado; no obstante, al haber acudido al Módulo Policial de la Radial 17½, no recibió ninguna atención en particular del funcionario policial hoy coaccionado; y posteriormente, la accionante presentó dos memoriales ante la Fiscal de Materia ahora accionada, donde el 21 del señalado mes y año, pidió la realización de un examen médico forense, y a efectos de demostrar lo alegado adjuntó fotografías de las lesiones sufridas; empero, no se impulsó ninguna actuación investigativa ni se dispusieron las medidas de protección correspondientes. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de libertad; b) Exigencia de actuación diligente de las instancias públicas ante casos que involucran presunta violencia contra la mujer; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad

La SCP 1003/2020-S3 de 18 de diciembre, al respecto señaló que: «El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, analizando la esencia de esta acción de defensa y los presupuestos que deben concurrir para su activación, señaló, en lo más sobresaliente, que: “…Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”».

III.2. Exigencia de actuación diligente de las instancias públicas ante casos que involucran presunta violencia contra la mujer

La SCP 0511/2021-S3 de 18 de agosto, sobre el particular señala que: “Corresponde referirse al derecho de acceso a la justicia, previsto en el art. 115.I de la CPE que establece que: ‘Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’. El referido derecho también se encuentra en diferentes instrumentos internacionales debidamente ratificados por el Estado boliviano, así por ejemplo, los arts. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

El analizado derecho adquiere mayor relevancia al tratarse de casos de violencia contra las mujeres; dado que, su erradicación es prioridad nacional, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género (art. 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -LIGM-).

En el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se tiene una norma específica respecto al tema de violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención Belem do Pará’, cuyo art. 7 establece: ‘Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención…’

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haciendo referencia a informes de fondo respecto a casos específicos, sobre el alcance del acceso a la justicia, señaló que la obligación de los Estados frente a casos de violencia contra las mujeres, incluye los deberes de procesar y condenar a los responsables, así como de prevenir estas prácticas degradantes. De igual manera, la inefectividad judicial general crea un ambiente que facilita la violencia contra las mujeres, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos.

En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando el art. 7.b de la Convención Belem do Pará en relación con los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señaló que: ‘…ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección’.

De lo anteriormente señalado, se tiene que tanto el ordenamiento jurídico boliviano, como las normas internacionales de derechos humanos ratificadas (que por mandato del art. 410.II de la CPE forman parte del bloque de constitucionalidad), coinciden en que en casos de violencia contra la mujer, las autoridades judiciales deben actuar con la debida diligencia, pues es un fin primordial del Estado erradicar dicha violencia” (las negrillas nos corresponde).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la vida; puesto que, a pesar de existir un proceso penal seguido a denuncia suya, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en el cual en su condición de víctima, ya contaba con medidas de protección, sufrió una nueva agresión física el 18 de diciembre de 2022, por parte del imputado; no obstante, al haber acudido al Módulo Policial de la Radial 17½, no recibió ninguna atención en particular del funcionario policial hoy coaccionado; y posteriormente, la accionante presentó dos memoriales ante la Fiscal de Materia ahora accionada, donde el 21 del señalado mes y año, pidió la realización de un examen médico forense, y a efectos de demostrar lo alegado adjuntó fotografías de las lesiones sufridas; empero, no se impulsó ninguna actuación investigativa ni se dispusieron las medidas de protección correspondientes.

Conforme al objeto procesal identificado, la presunta omisión lesiva que se denuncia deviene del proceso penal que siguió el Ministerio Público a denuncia de la nombrada por la presunta comisión de delito de violencia familiar o doméstica contra Jairo Isaias Quiroga Vargas -imputado-, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; causa en la cual, de acuerdo a los hechos expuestos por la nombrada se impusieron medidas de protección en su favor, y el nombrado fue beneficiado con medidas “sustitutivas” a la detención preventiva. Sin embargo, la accionante alega que, el imputado una vez que adquirió su libertad procedió a hostigarla y amedrentarla en reiteradas oportunidades, pese a la vigencia de las medidas de protección, al extremo que, el 18 de diciembre de 2022, ingresó a su domicilio e intentó estrangularla, situación que denunció de manera verbal ante el módulo policial; no obstante, no recibió atención inmediata, por parte del funcionario policial ahora coaccionado. Asimismo; a pesar, de la presentación de memoriales dirigidos a la Fiscal de Materia hoy accionada solicitando la realización de un examen médico forense, la asistente fiscal le refirió de que el proceso ya contaría con acusación formal, sin realizarse ninguna acción de investigación a fin de su protección.

Al respecto y de la precisión del sustento argumentativo que respalda la interposición de esta acción de defensa, es necesario expresar que, la accionante se encuentra siguiendo un proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, signado con CUD: 701102072200776 FELCV-R 342/2022; radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, (Conclusión II.2.), en el cual se habrían dispuesto medidas de protección en su favor; y, en la documentación relevante para la resolución del caso, cursan dos fotografías sobre las lesiones que hubiese sufrido la accionante, en las que se observan un moretón en la región del cuello y una herida en la parte central de la cabeza, presuntamente causadas durante la agresión sufrida el 18 de diciembre de 2022. Asimismo, adjuntó un recetario/recibo de atención ambulatoria médica, emitido en la misma fecha por Eliseo Flores Crespo, Médico Cirujano, en el cual se consigna el diagnóstico “Herida en Cabeza- Sutura” (Conclusión II.1.). Ahora bien, a partir de los antecedentes fácticos descritos, resulta evidente una situación de lesiones físicas que la accionante según refiere habría sufrido, teniéndose como constancia recetario/recibo de atención ambulatoria el 18 del señalado mes y año, hecho que motivó su denuncia verbal ante el Módulo Policial de la Radial 17 ½; y, a pesar de presentarse con evidentes signos de violencia -manchas de sangre y lesiones visibles- no recibió atención, auxilio ni activación de mecanismos mínimos de protección por parte del funcionario policial ahora coaccionado, quien en el informe de descargo presentado dentro de esta acción de libertad, simplemente alegó que no era el asignado al caso y que no tenía conocimiento de los hechos denunciados.

Posteriormente, presentó un memorial ante la Fiscal de Materia hoy accionada, en su condición de directora funcional de la investigación, quien tampoco desplegó diligencia investigativa ni activó medidas de protección; luego presentó un segundo memorial solicitando examen médico forense adjuntando evidencia fotográfica de las lesiones; sin embargo, no dispuso acción alguna tendiente a su resguardo, siendo un aspecto que resalta del informe presentado dentro de esta acción de libertad en el que dicha autoridad fiscal tratando de justificar su inactividad, manifestó que: 1) El proceso penal se encontraba en etapa conclusiva desde el 5 de diciembre de 2022, fecha de emisión del requerimiento conclusivo de acusación formal, motivo por el cual los nuevos hechos debían ser denunciados a través de un proceso independiente; 2) En el cuaderno de control de investigación solo constaban dos memoriales de la víctima -accionante-, sin informes policiales ni documentos que acreditaran la agresión denunciada; 3) Las imágenes adjuntadas por la nombrada, a su criterio, no evidenciaban lesiones de gravedad que justificaran la activación de medidas urgentes; y, 4) No recibió comunicación formal oportuna que le permitiera actuar inmediatamente, afirmando que, de haber contado con una denuncia adecuada, hubiese dispuesto la aprehensión del presunto agresor -imputado-. No obstante, dichas afirmaciones, la documentación aportada por la accionante -dos fotografías de lesiones visibles en el cuello y cabeza, así como un comprobante de atención médica del mismo día con diagnóstico de “Herida en cabeza- Sutura”, y lo detallado en la Conclusión II.2., en conjunto corroboran que la presunta víctima -accionante- realizó los esfuerzos procesales necesarios para activar su protección, presentando evidencia de las lesiones y solicitando medidas concretas, sin que la Fiscal de Materia ni el funcionario policial ahora accionados, hubiesen desplegado las diligencias urgentes requeridas, cuando las mismas -según se denuncia- estarían relacionadas con la existencia de un hecho de violencia y cuyas consecuencias podían comprometer su vida e integridad física y psicológica.

De ahí que, el omitido despliegue fiscal y policial, que debía estar orientado a la materialización de las medidas de protección y/o diligenciamiento de acciones concretas, tiene una conexión directa con el derecho a la vida, la integridad física y psicológica de la presunta víctima -accionante-; puesto que, se constituyen en un instrumento procesal destinado a garantizar su seguridad. Así, la falta de actuación diligente y oportuna, en un contexto en el que la celeridad es esencial, generó un escenario de riesgo, agravado por la naturaleza urgente y protectiva que debe guiar la actuación de los funcionarios fiscales y policiales ante casos que involucran presunta violencia contra la mujer; contraviniendo la advertida omisión a la debida diligencia exigible así como el desconocimiento de la necesidad de priorizar la atención de víctimas en esa esfera, que bajo el marco constitucional y del Sistema Interamericano de Derecho Humanos exigen el establecimiento de procedimientos legales justos y eficaces que incluyan y materialicen medidas de protección y el acceso efectivo a los procedimientos que regulan su tramitación -conforme al Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional-.

En ese contexto, se establece que tanto la Fiscal de Materia como el funcionario policial ahora accionados, al no actuar con la debida diligencia y celeridad respecto del hecho que se habría suscitado el 18 de diciembre de 2022 y denunciado por la accionante, incidieron de manera directa en el riesgo de afectación a su derecho a la vida en interrelación con su integridad física y psicológica; en consecuencia, corresponde abrir el campo de acción que brinda este mecanismo de tutela, en el marco de su naturaleza jurídica y presupuestos de activación glosados en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; debiéndose en su efecto conceder la tutela solicitada. Por otra parte, respecto al petitorio deducido dentro de esta acción de libertad, relacionado con que se ordene al Ministerio Público poner de manera inmediata en conocimiento del Juez de Instrucción de “turno” el incumplimiento de las medidas de protección con miras a la revocatoria de las medidas cautelares personales del imputado, debe señalarse que, la valoración de su incumplimiento o no compete previamente a la jurisdicción ordinaria penal, que está facultada para asumir las decisiones pertinentes; por ello, no corresponde instruir una actuación específica de la autoridad fiscal, quien, en el marco de sus atribuciones y como responsable de la persecución penal pública, debe adoptar los mecanismos que considere adecuados; lo que implica la imposibilidad de viabilizar dicha pretensión, debiéndose denegar la tutela.

Finalmente, corresponde precisar que la solicitud de que ese Tribunal Constitucional Plurinacional establezca la existencia de indicios de responsabilidad administrativa o penal de la Fiscal de Materia y el funcionario policial ahora accionados por incumplimiento de deberes no puede ser atendida; puesto que, el alcance de la tutela asumida deviene en parcial ante la imposibilidad de atender en su integridad el petitorio deducido.

Otras consideraciones

Este Tribunal Constitucional Plurinacional dentro de su atribución establecida por el art. 202.6 de la Constitución Política del Estado (CPE), se ve impelido de pronunciarse respecto a la actuación del Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; por cuanto, a pesar de hacer constar en el acta de audiencia de la presente acción tutelar que el funcionario policial hoy coaccionado remitió su informe, el mismo no cursa en el cuaderno procesal; ya que, como un actuado esencial dentro del procedimiento de esta acción de defensa debió formar parte del mismo. Por otra parte, resuelta esta acción de libertad el 28 de diciembre de 2022, el cuaderno procesal recién fue remitido el 15 de marzo de 2023, conforme se tiene del voucher del servicio del Courier y mensajería (fs. 43); es decir, con posterioridad al plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 126.IV de la CPE y art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo); razones por la que, corresponde emitir la correspondiente llamada de atención a Walter Pérez Lora, Vocal; y, Juan Ariel Condori Marcos, Secretario, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del Santa Cruz. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 20 de “27” -28- de diciembre de 2022, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, ante el evidente riesgo de afectación del derecho a la vida interrelacionado con la integridad física y psicológica de la accionante, emergente de la omisión en la que incurrieron la Fiscal de Materia y el funcionario policial hoy accionados, disponiendo que de manera inmediata y diligente desplieguen dentro de sus atribuciones las acciones necesarias respecto al hecho de presunta violencia de género que se hubiese suscitado el 18 de diciembre de 2022, salvo que ello ya hubiese sido dinamizado como efecto de la protección tutelar asumida por el Tribunal de garantías.

2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la solicitud de que se establezca la existencia de indicios de responsabilidad administrativa y penal de la Fiscal de Materia y el funcionario policial ahora accionados por incumplimiento de deberes, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

3° Llamar la atención a Walter Pérez Lora, Vocal; y, Juan Ariel Condori Marcos, Secretario, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del Santa Cruz, por las razones expuestas en la última parte de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1085_2026-S1.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): dd2872d6a7b66d5d3e53e35bdc576f4d7bb79f54db35435333e052d61c62215c

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