Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad personal, a la libre locomoción y a la dignidad; puesto que, las autoridades ahora accionadas procedieron a su aprehensión sin orden judicial ni situación de flagrancia, sometiéndolos además a interrogatorios, agresiones físicas y tratos crueles; y posteriormente, con base a hechos que calificaron como inexistentes, el Ministerio Público dispuso su imputación formal, lo que derivó en la imposición de sus detenciones preventivas, impidiéndoles ejercer plenamente su defensa dentro del proceso penal instaurado contra su personas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; 2) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 21 de septiembre, cursante de fs. 119 a 121, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis del fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1084/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58632-2023-118-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 05/2023 de 21 de septiembre, cursante de fs. 119 a 121, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sandro Adrián Soria, Miguel Junior Heredia Acuña y Boris Martín López Nina contra Juan José Torrejon Ugarte, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital; Alvaro Arce Higueras, Fiscal de Materia; Javier Rodrigo Sivila Mendieta y Rafael Humberto Acuña Orellana, investigadores policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) todos del departamento de Tarija.
Los accionantes por memorial presentado el 20 de septiembre de 2023, cursante de fs. 53 a 57 vta., manifestaron lo siguiente:
El 4 de agosto de 2023, aproximadamente a las 17:00 horas, cuando se encontraban en una enfermería ubicada en la calle Gral. Trigo esquina Corrado de la ciudad de Tarija, fueron interceptados de manera intempestiva por sujetos que no se identificaron, quienes procedieron a su aprehensión sin exhibir mandamiento -orden- de aprensión ni brindar explicación alguna, a pesar de no encontrarse en situación de flagrancia. Refirieron que, posteriormente, fueron trasladados a dependencias de la FELCC, donde fueron sometidos a interrogatorios respecto a hechos que manifestaron desconocer, siendo luego conducidos a ambientes donde hubiesen sido agredidos físicamente y sometidos a tratos crueles, lo que les ocasionó lesiones; asimismo, señalaron que, ante la falta de información que los funcionarios Policiales buscaban, se les atribuyó la presunta comisión de delitos de tenencia y porte o portación ilícita de arma de fuego, homicidio en grado de tentativa y robo agravado previstos y sancionados por los arts. 141 quinter; 251 y 332 con relación al art. 8 del Código Penal (CP), los cuales negaron haber cometido. Manifestaron que dichas actuaciones derivaron en la intervención del Ministerio Público, que procedió a su imputación formal, sosteniendo hechos inexistentes, lo que motivó que posteriormente sean sometidos a audiencia cautelar, en la cual se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, donde permanecieron privados de libertad. En ese contexto, denunciaron que su aprehensión fue ilegal e indebida, al no haber sido realizada en flagrancia ni en virtud de orden judicial, afirmando; además que, fueron objeto de persecución indebida, al haberse construido en su contra un caso basado en hechos que no ocurrieron, vulnerando sus derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad personal, a la libre locomoción y a la dignidad; citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 2.3 incs. a) y b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) El cese de la persecución indebida; b) Dejar sin efecto la detención preventiva emergente de la aprehensión ilegal por parte del “funcionario fiscal”; y, c) La condena de costas a las autoridades hoy accionadas, la remisión de antecedentes al Ministerio Público a efectos de iniciar acción penal por el delito de privación de libertad indebida, el inicio del correspondiente proceso disciplinario en la Fiscalía.
Celebrada la audiencia virtual el 21 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 115 a 118, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestaron que: 1) La aprehensión se produjo sin orden judicial y fuera de los supuestos de flagrancia, configurándose una privación de libertad indebida; 2) Fueron interceptados por personas que no se identificaron como funcionarios policiales, quienes procedieron a su aprehensión y posterior traslado a dependencias policiales, donde fueron sometidos a presiones y agresiones físicas, con la finalidad de que reconozcan hechos delictivos que no cometieron; y, 3) La imputación formulada contra sus personas se sustentó en elementos insuficientes y hechos que no se adecuan a la realidad, constituyendo una persecución indebida.
Juan José Torrejon Ugarte, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Tarija, mediante informe presentado el 21 de septiembre de 2023, cursante a fs. 65 y vta., manifestó que: i) En audiencia de medidas cautelares, la defensa de los accionantes no formuló incidente de aprehensión ilegal ni denunció vulneración de derechos y garantías constitucionales; así como, tampoco planteo el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio “111/2013” -siendo lo correcto 111/2023- de 6 de agosto, que dispuso la detención preventiva; por lo que, no se activaron los mecanismos ordinarios de defensa previstos en la normativa procesal penal; ii) No se demostró que la privación de libertad hubiese sido dispuesta de manera ilegal o arbitraria, señalando que los accionantes no se encontraban indebidamente perseguidos ni privados de libertad, sino que estaban siendo investigados por la presunta comisión de delitos de orden público, como tenencia y porte o portación ilícita de arma de fuego, homicidio en grado de tentativa y robo agravado; y, iii) La acción de libertad no puede ser utilizada para cuestionar resoluciones judiciales ni valorar prueba no presentada oportunamente dentro del proceso penal, al existir mecanismos idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria para tal efecto; ya que, consideró que la acción tutelar interpuesta desnaturaliza la finalidad de esa garantía constitucional. Alvaro Arce Higueras, Fiscal de Materia, mediante informe presentado el 21 de septiembre de 2023, cursante a fs. 79; así como en audiencia, manifestó que: a) Los accionantes denunciaron haber sido aprehendidos y posteriormente sometidos a imputación formal y detención preventiva; sin embargo, el suscrito jamás conoció el proceso penal en cuestión ni tuvo intervención en el mismo, precisando que no emitió requerimiento de imputación formal dentro de dicha causa; b) No le corresponde responsabilidad alguna en los hechos denunciados, al no participar en las actuaciones cuestionadas, solicitando; en consecuencia, se deniegue la tutela solicitada, al no evidenciarse agravio que vulnere derechos o garantías constitucionales; y, c) Si bien los nombrados cuestionaron la imputación formal y su posterior detención preventiva, precisó que no fue el Fiscal de Materia que emitió la imputación formal, indicando que dicha actuación correspondió a otro representante del Ministerio Público.
Javier Rodrigo Sivila Mendieta, Rafael Humberto Acuña Orellana y Rhonn José Yañiquez Villarroel -no se encuentra identificado como accionado en la mencionada acción de libertad; no obstante, presenta informe- investigadores policiales de la FELCC y el DACI del departamento de Tarija, mediante informe de 21 de septiembre de 2023, cursante de fs. 110 a 114, manifestaron que: 1) Su intervención se enmarcó en funciones de prevención, patrullaje e investigación criminal, en atención a información recibida sobre la presencia de personas armadas que presuntamente se encontraban en la “ciudad” con la finalidad de cometer hechos delictivos; 2) El 4 de agosto de igual año, aproximadamente a las 17:40 horas, iniciaron labores de patrullaje preventivo por el sector del barrio Constructor, logrando identificar a tres personas con características coincidentes a las descritas, quienes al advertir la presencia policial adoptaron una actitud evasiva, procediendo a desplazarse con mayor rapidez, motivo por el cual se realizó un seguimiento que culminó con su interceptación en inmediaciones de la Av. La Paz de la ciudad de Tarija; 3) En el momento de la intervención, los accionantes hubiesen sacado armas de fuego y apuntado directamente al personal policial, poniendo en riesgo su integridad, razón por la cual los efectivos policiales procedieron a su reducción inmediata, logrando neutralizar la situación y proceder a su aprehensión; asimismo, durante la requisa se evidenció que uno de los accionantes se encontraba en posesión de un arma de fuego tipo revólver con municiones, mientras que los otros portaban proyectiles y otros objetos, los cuales fueron secuestrados conforme a procedimiento; 4) Como parte de las diligencias posteriores, se obtuvo información que permitió identificar un bien inmueble donde presuntamente se encontraban alojados, procediéndose al ingreso voluntario al mismo, donde se encontraron diversos objetos, tales como mochilas, prendas y elementos que podrían estar vinculados a la comisión de hechos delictivos; 5) Se elaboraron las correspondientes actas de intervención policial, actas de aprehensión, lectura de derechos y secuestro de evidencias, siendo posteriormente los accionantes trasladados a dependencias de la FELCC y puestos a conocimiento de la autoridad competente, conforme a procedimiento; 6) La actuación policial se realizó en el marco de la flagrancia, conforme a las facultades conferidas por la normativa vigente, negando la existencia de actuación ilegal, persecución indebida o vulneración de derechos fundamentales; por lo que, piden se deniegue la tutela solicitada en su totalidad; 7) La actuación policial se enmarcó en las funciones constitucionales y legales de la Policía Boliviana, particularmente en la prevención de delitos y mantenimiento del orden público; en ese contexto, sostuvo que la aprehensión de los accionantes se produjo en situación de flagrancia; puesto que, no fue exigible la existencia de una orden de aprehensión; 8) Respecto a las denuncias de tortura, indicó que los informes médicos no acreditaban la existencia de dichos hechos, evidenciándose únicamente lesiones leves, lo que desvirtuaba la versión de los accionantes; y, 9) Las presuntas vulneraciones debían ser reclamadas en la vía ordinaria, particularmente ante la autoridad jurisdiccional que conocía el proceso penal, al existir mecanismos idóneos para su consideración.
Rhonn José Yañiquez Villarroel, Jefe del grupo DACI, de manera individual amplió su intervención en audiencia manifestando que: i) Fue el jefe del operativo policial desarrollado el 4 de agosto de 2023, habiendo dirigido directamente las actuaciones realizadas por el personal a su cargo; en ese sentido, indicó que la intervención se efectuó con base a información previa de inteligencia sobre la presencia de personas armadas, lo que motivó el despliegue del operativo; ii) Durante la intervención los accionantes fueron encontrados en posesión de armas de fuego y municiones, llegando incluso a apuntar con dichas armas al personal policial, lo que justificó su aprehensión en flagrancia y que existían declaraciones testificales e informes dentro del cuaderno de investigación que respaldaban esos extremos; y, iii) Las denuncias de agresión no fueron corroboradas por los informes médicos y que toda la actuación fue puesta en conocimiento del Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional, sosteniendo que el procedimiento se desarrolló conforme a derecho.
El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05/2023 de 21 de septiembre, cursante de fs. 119 a 121, declaró “IMPROCEDENTE” la acción de libertad interpuesta; bajo los siguientes fundamentos: a) Una vez aprehendidos los accionantes, el Ministerio Público presentó imputación formal y solicitó la aplicación de medidas cautelares, mismas que fueron dispuestas por la autoridad jurisdiccional competente mediante Auto Interlocutorio 111/2023, determinando su detención preventiva en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija; b) Los nombrados no hicieron uso de los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el Código Procesal Penal, particularmente el recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva, lo que impedía activar de manera directa la jurisdicción constitucional; c) La acción de libertad tiene carácter subsidiario excepcional; por lo que, no puede ser utilizada como un mecanismo alternativo para cuestionar resoluciones judiciales cuando existen medios idóneos, eficaces y oportunos dentro de la jurisdicción ordinaria; y, d) Al no haberse agotado dichos mecanismos y no evidenciarse una vulneración directa e inmediata de derechos fundamentales que habilite la tutela constitucional, no correspondía ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 7 de abril de 2026, cursante a fs. 125, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 129; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 111/2023 de 6 de agosto, emitido por Juan José Torrejon Ugarte, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Tarija -ahora accionado- mediante el cual ordenó la detención preventiva de Sandro Adrián Soria, Miguel Junior Heredia Acuña y Boris Martín López Nina -hoy accionantes- (fs. 31 a 38). II.2 Consta memorial presentado 18 de agosto de 2023, ante el Juez hoy accionado, por el cual los accionantes plantearon incidente de nulidad contra la imputación formal (fs. 41 a 45 vta.); no obstante, el nombrado Juez mediante decreto de 21 de agosto de 2023, dispuso rechazar in limine el incidente de nulidad de imputación formal, sin recurso ulterior, porque los accionantes no ofrecieron ni individualizaron prueba idónea y pertinente; habida cuenta, que no podía suplir esa carga probatoria de oficio sin vulnerar el principio de imparcialidad; no se evidenció vulneración de derechos o garantías constitucionales; los accionantes fueron legalmente notificados con el inicio de la investigación e imputación formal; los elementos de la imputación constituían solo indicios y cumplían los requisitos del art. 302 del CPP; y ya se llevó a cabo audiencia de medidas cautelares con resolución ejecutoriada (fs.46).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad personal, a la libre locomoción y a la dignidad; puesto que, las autoridades ahora accionadas procedieron a su aprehensión sin orden judicial ni situación de flagrancia, sometiéndolos además a interrogatorios, agresiones físicas y tratos crueles; y posteriormente, con base a hechos que calificaron como inexistentes, el Ministerio Público dispuso su imputación formal, lo que derivó en la imposición de sus detenciones preventivas, impidiéndoles ejercer plenamente su defensa dentro del proceso penal instaurado contra su personas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; 2) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, 3) Análisis del caso concreto.
La SCP 0121/2025-S1 de 20 de marzo, establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0733/2019-S2 de 28 de agosto, asumió el siguiente razonamiento:
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. La SC 0008/2010-R de 6 de abril indicó que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente los derechos a la vida y a la libertad: …empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. Entendimiento que también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0455/2018-S2 y 0662/2018-S2, entre otras. En similar sentido, la SC 0608/2010-R de 19 de julio concluye que no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales; toda vez que, este proceder conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico constitucional; entendimiento confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2012 de 13 de marzo. De la citada jurisprudencia constitucional, se concluye que a efectos de no desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad, evitando que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional; al momento de ser activada esta última, no deben existir otros recursos de carácter ordinario pendientes de resolución” (las negrillas nos pertenecen). Concretamente, respecto a la actividad procesal defectuosa en el proceso penal la SCP 0168/2024-S3 de 20 de mayo, señala que la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad: “…fue sentada por la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, que determina que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la jurisdicción constitucional. Posteriormente, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la jurisdicción constitucional. El referido entendimiento fue ratificado en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, en la que se señaló que, en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional; dicho entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Más adelante la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto del recurso de apelación incidental” (las negrillas son nuestras). La SCP 0401/2020-S3 de 5 de agosto, manifiesta que: «En cuanto a la impugnación de resoluciones dentro del régimen de medidas cautelares, la SCP 001/2018-S1 de 14 de febrero, asumiendo los entendimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional al respecto, precisó “La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, ampliamente ratificada, estableció las situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, bajo los siguientes entendimientos: ‘…los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: (…) Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal…´. De la citada jurisprudencia, se concluye que a efectos de no desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad, evitando que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, se establecieron tres supuestos que constituyen una excepción al carácter no subsidiario de la acción tutelar -acción de libertad-, siendo el segundo de estos, la existencia de ‘recurso de impugnación a una resolución judicial de medida cautelar’, por cuanto ese es el medio idóneo, rápido y efectivo a través del cual se repararán las presuntas arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido”. Por su parte, la SC 0608/2010-R de 19 de julio, en cuanto a la viabilidad de la acción de libertad -en ese entonces hábeas corpus- estableció que: “...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, (…) es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”» (las negrillas nos corresponden).
Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana
La SCP 0818/2025-S1 de 14 de julio, citando a la SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, señala que: «Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa.
En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’’”» (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0168/2024-S3 de 20 de mayo, establece que: “La línea jurisprudencial de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, fue sentada por la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, que determina que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la jurisdicción constitucional. Posteriormente, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la jurisdicción constitucional.
El referido entendimiento fue ratificado en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, en la que se señaló que, en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional; dicho entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Más adelante la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto del recurso de apelación incidental” (las negrillas y el subrayado son nuestras).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad personal, a la libre locomoción y a la dignidad; puesto que, las autoridades ahora accionadas procedieron a su aprehensión sin orden judicial ni situación de flagrancia, sometiéndolos además a interrogatorios, agresiones físicas y tratos crueles; y posteriormente, con base a hechos que calificaron como inexistentes, el Ministerio Público dispuso su imputación formal, lo que derivó en la imposición de sus detenciones preventivas, impidiéndoles ejercer plenamente su defensa dentro del proceso penal instaurado contra su personas.
De la revisión de antecedentes, se tiene que el 4 de agosto de 2023, los accionantes fueron aprehendidos por efectivos policiales y trasladados a dependencias de la FELCC, donde posteriormente se dio inicio a una investigación penal contra sus personas; en ese marco, el Ministerio Público formuló imputación formal, celebrándose audiencia de medidas cautelares en la cual la autoridad jurisdiccional competente, mediante Auto Interlocutorio 111/2023, dispuso su detención preventiva (Conclusión II.1.); posteriormente, el 18 del mismo mes y año, los accionantes formularon incidente de nulidad contra la imputación formal; por el cual, fue rechazado in limine mediante Auto de 21 de igual mes y año, bajo el argumento de no haberse cumplido con la carga probatoria correspondiente y no evidenciarse vulneración de derechos fundamentales (Conclusión II.2.).
En ese contexto, corresponde señalar que conforme al entendimiento citado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad se rige por el principio de subsidiariedad excepcional; por lo que, implica que cuando existan mecanismos idóneos, eficaces y oportunos dentro de la jurisdicción ordinaria para la protección de los derechos alegados, éstos deben ser activados con carácter previo a la jurisdicción constitucional; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al establecer que, en el marco de un proceso penal, las supuestas irregularidades emergentes de la actividad procesal deben ser reclamadas mediante los incidentes correspondientes ante el Juez de la causa; y, tratándose de resoluciones que dispongan medidas cautelares que restrinjan la libertad personal, como la detención preventiva, corresponde necesariamente interponer el recurso de apelación incidental, a efectos de que el superior en grado revise la legalidad, fundamentación y proporcionalidad de dicha medida.
Bajo ese entendimiento, en el caso concreto se advierte que los accionantes estructuran su pretensión constitucional sobre tres ejes principales: i) La supuesta ilegalidad de la aprehensión por ausencia de flagrancia y de orden judicial; ii) La existencia de una imputación basada en hechos inexistentes; y, iii) La vulneración de su derecho a la defensa dentro del proceso penal; sin embargo, dichos cuestionamientos no pueden ser analizados de manera aislada del contexto procesal en el que se produjeron; puesto que, todos ellos se encuentran directamente vinculados al desarrollo del proceso penal y a las decisiones adoptadas por las autoridades competentes dentro del mismo.
En efecto, respecto al primer agravio referido a la aprehensión supuestamente ilegal, si bien la acción de libertad constituye un mecanismo idóneo para tutelar restricciones indebidas a la libertad personal, en el presente caso se advierte que dicha actuación fue seguida de la inmediata intervención del Ministerio Público, la formulación de imputación formal y la celebración de audiencia de medidas cautelares, en la cual la autoridad jurisdiccional competente asumió conocimiento del caso y dispuso la detención preventiva de los accionantes; en consecuencia, cualquier irregularidad vinculada a la legalidad de la aprehensión debió ser oportunamente denunciada y cuestionada ante el Juez de la causa, quien tenía la obligación de ejercer control jurisdiccional sobre la legalidad de la restricción inicial de libertad.
En ese mismo sentido, los accionantes tampoco activaron los mecanismos específicos de defensa previstos por el ordenamiento jurídico para cuestionar la medida cautelar impuesta; puesto que, no plantearon recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 111/2023 que dispuso su detención preventiva; omisión que resulta relevante; por lo que, dicho recurso constituye el medio idóneo, eficaz y oportuno para que el superior en grado revise posibles arbitrariedades o errores en la imposición de dicha medida, conforme lo establece de manera reiterada la jurisprudencia constitucional.
Asimismo, con relación a la alegada persecución indebida y la supuesta inexistencia de los hechos atribuidos, corresponde precisar que dichos cuestionamientos se encuentran vinculados a la valoración de los elementos de convicción que sustentaron la imputación formal; así como, a la dirección funcional de la investigación penal, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y que deben ser dilucidados dentro del proceso penal a través de los mecanismos de defensa previstos, no siendo la acción de libertad la vía idónea para ingresar a un análisis probatorio o de fondo sobre la existencia o no del hecho delictivo.
Por otra parte, respecto a las denuncias de agresiones físicas y tratos crueles, si bien constituyen afirmaciones de gravedad, no se advierte que las mismas hubiesen sido debidamente canalizadas ante las instancias competentes dentro del proceso penal o mediante las acciones legales correspondientes, lo que impide a este Tribunal Constitucional Plurinacional efectuar un análisis que permita establecer la existencia de una vulneración directa e inmediata susceptible de tutela a través de la presente acción.
En ese marco, también resulta aplicable la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2.;por lo cual, establece que las presuntas vulneraciones a derechos fundamentales emergentes de actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Boliviana, cuando se producen en el marco de un proceso penal en curso, deben ser inicialmente reclamadas ante la jurisdicción ordinaria, a través de los mecanismos procesales idóneos, no siendo admisible acudir de manera directa a la jurisdicción constitucional sin haber agotado dichas vías.
En consecuencia, de la compulsa integral de antecedentes, no se advierte la existencia de un acto ilegal, arbitrario o manifiestamente indebido que hubiese derivado en la privación de libertad de los accionantes al margen del control jurisdiccional; por el contrario, se evidencia que la restricción de su libertad fue dispuesta por autoridad competente, en el marco de un proceso penal en trámite y con la intervención de los órganos encargados de la persecución penal, sin que los accionantes hubieran agotado los mecanismos ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico les franquea.
Por consiguiente, al no evidenciarse la vulneración de los derechos fundamentales alegados y considerando que la acción de libertad no puede ser utilizada como un mecanismo alternativo o sustitutivo de los medios ordinarios de defensa, corresponde concluir que la tutela solicitada resulta inviable. En consecuencia, el Juez de garantías, al declarar “IMPROCENTE” la tutela solicitada, aunque con otros términos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 21 de septiembre, cursante de fs. 119 a 121, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis del fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1084_2026-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): ce2da48b3cc278b1cca739bee8f84f79befdc02873f750beaa39f30a8e6f0346
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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