Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de julio de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa material y técnica, a la libertad, a la proposición de prueba, a la valoración correcta de la prueba; así como, a los principios de seguridad jurídica, de probidad, de buena fe, de lealtad procesal, de legalidad, a la justicia transparente y de publicidad, a la presunción de inocencia, a la contradicción, a la oralidad y a la legalidad que representa el estar notificado; puesto que: 1) Una vez señalada la audiencia de medidas cautelares en su contra, no asistieron a la misma tanto su persona como su defensa técnica; debido a que, no fueron notificados; ya que, se efectuó la notificación a un abogado que no era parte de su defensa; lo que motivó a que el Juez ahora accionado lo declare rebelde y emita mandamiento de aprehensión en su contra; y, 2) A pesar de haber purgado la rebeldía y solicitado se deje sin efecto el referido mandamiento de aprehensión, la Fiscal de Materia hoy coaccionada ordenó que se ejecute el citado mandamiento.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada;
para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) De la prohibición de activación de vías paralelas y la concurrencia a su vez de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/2023 de 20 de mayo, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., emitida por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Decimocuarto; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de la problemática planteada.
2º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo la validez de lo dispuesto por el Juez de garantías en la Resolución 36/2023 de 20 de mayo, al dejar en suspenso el Mandamiento de Aprehensión de 5 de mayo de 2023, librado contra el accionante.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1079/2026-S1 Sucre, 8 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 56083-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 36/2023 de 20 de mayo, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Gumercindo Carrillo Aruquipa en representación sin mandato de Lucio Carlitos Huanca “Huanca” contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, Erica Marcelina Mamani Pilco, Fiscal de Materia.
JURÍDICA
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 5 a 6, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Lucio Carlitos Huanca “Huanca” -accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), el 3 de mayo de 2023, el Juez ahora accionado señaló audiencia de medidas cautelares; empero, revisado el cuaderno de control jurisdiccional no consta el informe sobre la notificación para dicha audiencia; además, en el reporte de audiencia de dichas medidas, se tiene que se notificó al “…Dr. ROMERO…”, quien no se encontraba apersonado en el proceso; ya que, los abogados de defensa técnica son Johnny Walber Castelu Coca y Ramiro Gumercindo Carrillo Aruquipa; por lo que, dicha notificación incorrecta lo dejó en indefensión.
Una vez instalada supuestamente la audiencia de medidas cautelares, fue declarado rebelde y se ordenó se expida mandamiento de aprehensión, sin cumplir previamente con la publicación de edictos y otros actuados necesarios para dicho efecto; por lo que, el 4 de mayo de 2023, después de las veinticuatro horas de llevarse a cabo la supuesta audiencia, se expidió mandamiento de aprehensión contra su persona; ante esas irregularidades, purgó la rebeldía conforme al ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, la Fiscal de Materia hoy coaccionada, procedió a emitir el mandamiento de aprehensión en contra de Lucio Carlitos Huanca “Huanca” -accionante-, librado por el Juez ahora accionado, debiendo el nombrado ser llevado ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Familiar o Doméstica, lo cual resulta contradictorio; debido a que, si una persona, un imputado o un acusado no acude al llamado del Juez, se emite el correspondiente mandamiento de aprehensión para conducirlo ante el Juez y no ante la Fiscalía, lo que le generó nuevamente una situación de indefensión.
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa material y técnica, a la libertad, a la proposición de prueba, a la valoración correcta de la prueba; así como, a los principios de seguridad jurídica, de probidad, de buena fe, de lealtad procesal, de legalidad, a la justicia transparente y de publicidad, a la presunción de inocencia, a la contradicción, a la oralidad y a la legalidad que representa el estar notificado, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) En el día se suspenda toda medida restrictiva contra su persona al haber purgado la rebeldía; y, b) Se proceda al señalamiento de audiencia de medidas cautelares y previamente el señalamiento de audiencia de absolución de incidentes presentados a efectos de que no se vulneren sus derechos.
Celebrada la audiencia virtual el 20 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 16, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo; manifestó que: 1) “el día de ayer”, cuando Ramiro Gumercindo Carrillo Aruquipa -su abogado- impartía clases virtuales en la Escuela Superior Marítima, a las 19:15 horas, recibió una llamada del número de celular 77555911; identificándose como la “Fiscal Pilco”, quien le habría preguntado sobre la acción de libertad presentada en su contra, para luego advertirle que iba a ser detenido, viéndose amenazado y amedrentado por Erica Marcelina Mamani Pilco, Fiscal de Materia ahora coaccionada; esa llamada quedó grabada en el sistema de “tims” que utiliza su abogado para los cursos virtuales; 2) Luego de dicha amenaza y media hora después de abandonar su oficina, al nombrado le sustrajeron su teléfono celular, lo que consideró una consecuencia lógica de la amenaza recibida; 3) La Fiscal de Materia hoy coaccionada ordenó que se ejecute el mandamiento de aprehensión librado por el Juez ahora accionado contra su persona y sea trasladado directamente al despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Familiar o Doméstica de El Alto, cuyo control jurisdiccional se encuentra a cargo del Juez hoy accionado, constituyendo ello una persecución ilegal respecto a su derecho de locomoción; 4) No existió una notificación válida para la audiencia de medidas cautelares; puesto que, se notificó a “Yesid Romero”, abogado que no -ejerce- su defensa técnica; por lo que, en el cuaderno de control jurisdiccional no constaban las notificaciones correspondientes; es decir, que no fueron notificados tanto su persona como su abogado defensor; asimismo, tampoco se cumplieron los pasos previos para la emisión del mandamiento de aprehensión, como la publicación de edictos, la designación de un defensor de oficio y la notificación previa de la resolución de rebeldía; irregularidades que vulneraron sus derechos alegados, dejándolo en completo estado de indefensión; a pesar de ello, purgó la rebeldía; 5) La ausencia del Juez ahora accionado en la audiencia de consideración de la presente acción de libertad y la falta de informe, genera el silencio judicial sobre todos los extremos denunciados, lo cual confirma las vulneraciones denunciadas; 6) La resolución de rebeldía debió ser notificada previamente; empero, se expidió mandamiento de aprehensión, notificando a un profesional desconocido; así también, la Fiscal de Materia hoy coaccionada emitió un mandamiento de aprehensión dirigido al Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) como si el accionante fuera un criminal peligroso; y, 7) Debido a la persecución y a las irregularidades, aumenta el riesgo para su vida; por lo que, solicitó cese la persecución promovida por la Fiscal de Materia ahora coaccionada.
Erica Marcelina Mamani Pilco, Fiscal de Materia, mediante informe presentado -sin fecha de emisión ni de recepción- cursante a fs. 10 y vta., así como en audiencia, manifestó que: i) El Ministerio Público viene ejerciendo la acción penal pública contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; ii) El accionante no cuenta con legitimación activa para interponer la presente acción de libertad; ya que, el art. 48 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) -Ley 027 de 6 de julio de 2010-; señala que, será interpuesta cuando una persona se encuentre ilegalmente perseguida o cuando su vida esté en peligro, o se encuentre privado de libertad de manera ilegal, lo que no ocurre en el presente caso; puesto que, es el Juez ahora accionado, el que emitió el Mandamiento de Aprehensión de 5 de mayo de 2023, en virtud al Auto de Rebeldía 259/2023 de 26 de abril, manda y ordena a la Fiscal de Materia hoy coaccionada y al investigador asignado al caso, la aprehensión y conducción del accionante al despacho y/o a celdas judiciales, con la finalidad de que se someta al proceso instaurado en su contra; por lo que, se remitió ese mandamiento ante el Director Regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de El Alto, para su ejecución, aclaró también que el Ministerio Público no emitió el mandamiento de aprehensión, más aun que el caso se encuentra con resolución conclusiva de acusación formal; iii) El abogado del accionante en la audiencia de consideración de esta acción de libertad, denunció falsamente a la nombrada, al señalar que lo llamó por teléfono celular “el día anterior”; por lo que, negó ese hecho y solicitó una copia de la grabación de la referida audiencia para ejercer las acciones legales correspondientes; ya que, la actuación del abogado es temeraria y dilatoria; iv) No se vulneró el derecho a la locomoción del accionante; puesto que, el mandamiento de aprehensión se basa en el Auto de Rebeldía 259/2023 emitido por el Juez ahora accionado, misma que manda y ordena a la Fiscal de Materia hoy coaccionada y al investigador asignado al caso, para que aprehenda y conduzca al accionante al despacho de la nombrada y/o celdas judiciales, a fin de que se someta al proceso instaurado en su contra; por cuanto, en cumplimiento a ello, se emitió requerimiento fiscal que fue remitido al Director Regional de la FELCV de El Alto, cumpliendo el procedimiento; por consiguiente, en ningún momento se vulneraron los derechos del accionante y la supuesta purga de rebeldía no fue presentada ante el Ministerio Público; por lo que, no correspondía detener la ejecución del mandamiento; v) El accionante no agotó el principio de subsidiariedad y sus argumentos se basan en afirmaciones no demostradas; asimismo, no hostigó al nombrado o a su abogado, en tal sentido se continuaría actuando objetivamente conforme a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y las normas procesales vigentes; y, vi) Por todo lo manifestado, pidió se deniegue la tutela solicitada. René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 9. 1.2.3. Resolución El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Decimocuarto, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 36/2023 de 20 de mayo, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., denegó la tutela solicitada; sin embargo, al existir purga de rebeldía, el mandamiento de aprehensión queda en suspenso hasta que la autoridad jurisdiccional determine lo que corresponde en derecho, bajo los siguientes fundamentos: a) En la presente acción de libertad, el derecho reclamado se refiere a una persecución indebida derivada de una mala notificación realizada a un abogado que no era el patrocinante del accionante, situación que originó la declaratoria de rebeldía y la posterior emisión del mandamiento de aprehensión que la Fiscal de Materia hoy coaccionada estaba ejecutando e incluso ordenó la intervención del DACI; asimismo, el accionante señaló que no existe en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, pruebas que acrediten la notificación al abogado “Yesid Romero”, ni del Auto de Rebeldía 259/2023; no obstante, sí constaba el mandamiento de aprehensión emitido por el Juez ahora accionado, basado en el Auto de Rebeldía 259/2023; b) Si bien se alega una mala notificación, dicha observación debía reclamarse en la vía ordinaria mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, conforme lo establecido por el art. 169 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y no por la vía constitucional; c) La Fiscal de Materia hoy coaccionada se encuentra ejecutando el mandamiento de aprehensión en cumplimiento de la referida determinación; d) Efectivamente, el accionante presentó como medio de prueba un memorial de purga de rebeldía el 19 de mayo de 2023, a las 15:47 horas y conforme lo señalado por el art. 91 del CPP, las consecuencias de ese apersonamiento es dejar sin efecto las medidas impuestas en la declaratoria de rebeldía, las medidas personales, y si bien se tiene el memorial de purga de rebeldía presentado ante la autoridad jurisdiccional; empero, fue “ayer viernes”, es por ello que la Fiscal de Materia ahora coaccionada no tiene conocimiento de ello y está ejecutando el mandamiento de aprehensión; d) Conforme lo señalado en esa audiencia y acreditada la purga de rebeldía, el mandamiento de aprehensión debía quedar en suspenso hasta que el Juez hoy accionado disponga lo que corresponda, bajo el principio de lealtad procesal; e) Respecto a las denuncias de persecución y hostigamiento contra el accionante y su abogado, no se presentó prueba suficiente para sustentar las mismas; y, f) Finalmente, se recordó que, conforme a los valores constitucionales de paz social y respeto mutuo, tanto abogados como fiscales deben actuar con profesionalismo y evitar confrontaciones innecesarias.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
Mediante decreto constitucional de 30 de abril de 2026, cursante a fs. 27, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 7 de julio del citado año, cursante a fs. 31; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Aprehensión de 5 de mayo de 2023, contra Lucio Carlitos Huanca “Huanca” -hoy accionante-, emitido por René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-, siendo recepcionado por Erica Marcelina Mamani Pilco, Fiscal de Materia -hoy coaccionada- el 12 de igual mes y año (fs. 11). II.2. Por memorial presentado el 19 de mayo de 2023, ante el Juez ahora accionado, el accionante purgó la rebeldía que pesaba en su contra, solicitando dejar sin efecto toda medida cautelar dispuesta; y, se señale día y hora de audiencia de medidas cautelares (fs. 3).
II.3. Consta Comprobante de Caja 0870854 de 19 de mayo de 2023, por el que, el accionante efectuó el pago de multa por rebeldía (fs. 2).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa material y técnica, a la libertad, a la proposición de prueba, a la valoración correcta de la prueba; así como, a los principios de seguridad jurídica, de probidad, de buena fe, de lealtad procesal, de legalidad, a la justicia transparente y de publicidad, a la presunción de inocencia, a la contradicción, a la oralidad y a la legalidad que representa el estar notificado; puesto que: 1) Una vez señalada la audiencia de medidas cautelares en su contra, no asistieron a la misma tanto su persona como su defensa técnica; debido a que, no fueron notificados; ya que, se efectuó la notificación a un abogado que no era parte de su defensa; lo que motivó a que el Juez ahora accionado lo declare rebelde y emita mandamiento de aprehensión en su contra; y, 2) A pesar de haber purgado la rebeldía y solicitado se deje sin efecto el referido mandamiento de aprehensión, la Fiscal de Materia hoy coaccionada ordenó que se ejecute el citado mandamiento.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada;
para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) De la prohibición de activación de vías paralelas y la concurrencia a su vez de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0063/2025-S1 de 10 de marzo, señala que: “‘…la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria…´; de la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico.
(…) Por su parte, la SC 0608/2010-R de 19 de julio, en cuanto a la viabilidad de la acción de libertad -en ese entonces hábeas corpus- estableció que: ‘..se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, (…) es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico’” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa material y técnica, a la libertad, a la proposición de prueba, a la valoración correcta de la prueba; así como, a los principios de seguridad jurídica, de probidad, de buena fe, de lealtad procesal, de legalidad, a la justicia transparente y de publicidad, a la presunción de inocencia, a la contradicción, a la oralidad y a la legalidad que representa el estar notificado; puesto que: a) Una vez señalada la audiencia de medidas cautelares en su contra, no asistieron a la misma tanto su persona como su defensa técnica; debido a que, no fueron notificados; ya que, se efectuó la notificación a un abogado que no era parte de su defensa; lo que motivó a que el Juez ahora accionado lo declare rebelde y emita mandamiento de aprehensión en su contra; y, b) A pesar de haber purgado la rebeldía y solicitado se deje sin efecto el referido mandamiento de aprehensión, la Fiscal de Materia hoy coaccionada ordenó que se ejecute el citado mandamiento. Ahora bien, de antecedentes y de lo expuesto en la acción de libertad por el accionante, se tiene que, el 3 de mayo de 2023, el Juez ahora accionado señaló audiencia de medidas cautelares; sin embargo, revisado el cuaderno procesal, no existe ningún informe sobre la notificación para ese acto procesal; asimismo, en el reporte de audiencia de medidas cautelares figuraba una notificación efectuada al “Dr. ROMERO”, que no es defensa técnica del accionante; puesto que, los abogados del nombrado son Johnny Walber Castelu Coca y Ramiro Gumercindo Carrillo Aruquipa; y, ante la no asistencia del accionante a dicha audiencia, fue declarado rebelde, mediante Auto de Rebeldía 259/2023, emitido por el Juez hoy accionado, librándose Mandamiento de Aprehensión de 5 de mayo de 2023, siendo entregado el mismo a la Fiscal de Materia ahora coaccionada el 12 del señalado mes y año (Conclusión II.1.), a pesar de esas supuestas anomalías, el 19 del citado mes y año, a las 15:47 horas, el accionante presentó memorial de purga de rebeldía acompañando el Comprobante de Caja 0870854 de igual mes y año, por el que efectuó el pago de multa por rebeldía y solicitó dejar sin efecto toda medida cautelar dispuesta en su contra y se señale día y hora de audiencia de medidas cautelares (Conclusiones II.2. y II.3.); sin embargo, a pesar de haberse purgado la rebeldía, la Fiscal de Materia hoy coaccionada estaría ejecutando el referido Mandamiento de Aprehensión contra el accionante. En efecto, en la presente acción de libertad el accionante denuncia que no fue notificado con la audiencia de medidas cautelares, y que ante su inasistencia a la misma, fue declarado rebelde, librándose Mandamiento de Aprehensión de 5 de mayo de 2023 en su contra y a pesar de la purga de la rebeldía, se encuentra ilegalmente perseguido; por lo que, solicita que en el día se disponga la suspensión de toda medida restrictiva y se proceda al señalamiento de audiencia de medidas cautelares, ante lo cual, resulta pertinente aplicar en el presente caso lo establecido en la cita jurisprudencial del Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; puesto que, no se puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea, para efectuar los reclamos; de ocurrir aquello, inviabilizaría este mecanismo de defensa; ya que, al promover en forma paralela la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal, en razón a que la acción de defensa no puede convertirse, en un medio paralelo que en la definición y determinación del caso en concreto, provoque una confrontación jurídica que debe inicialmente ser determinada en la jurisdicción ordinaria. Bajo ese criterio jurisprudencial, se advierte que el accionante el 19 de mayo de 2023, a las 15:47 horas, presentó su memorial de purga de rebeldía ante el Juez ahora accionado, a través del cual denunció las supuestas vulneraciones que ahora alega en la presente acción de libertad; asimismo, se tiene que esta acción de defensa fue presentada en la misma fecha, a las 17:15 horas, lo que permite evidenciar que el accionante activó tanto la vía ordinaria como la vía constitucional para el resguardo de sus derechos; en consecuencia, en aplicación del entendimiento jurisprudencial precedente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, se ve impedida de ingresar al análisis de fondo de la problemática, con el fin de evitar disfunciones procesales; correspondiendo, denegar la tutela solicitada. Finalmente, es preciso señalar que pese a la denegatoria de la tutela solicitada por el accionante, el Juez de garantías dispuso que al existir la purga de la rebeldía, el Mandamiento de Aprehensión de 5 de mayo de 2023, quedaba en suspenso hasta que la autoridad jurisdiccional determine lo que corresponde en derecho, conforme lo establecido por el art. 91 y siguientes del CPP, decisión que debe ser mantenida en aplicación del principio de seguridad jurídica previsto por el art. 178 de la CPE; por lo que, corresponde dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/2023 de 20 de mayo, cursante de fs. 16 vta. a 18 vta., emitida por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Decimocuarto; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de la problemática planteada.
2º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo la validez de lo dispuesto por el Juez de garantías en la Resolución 36/2023 de 20 de mayo, al dejar en suspenso el Mandamiento de Aprehensión de 5 de mayo de 2023, librado contra el accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1079_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): c06b4b76b72a5d4c8a33c7e391630263d2dee414bf91483764063d519620de6f
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