Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 12 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba-, a la libertad y a una justicia pronta, oportuna, gratuita; toda vez que, el Auto de Vista 104, que rechazó su recurso de apelación, incurrió en las siguientes irregularidades: i) El Vocal ahora demandado confirmó la resolución del Tribunal a quo, argumentando que las diferentes certificaciones e informes presentados no resultaban suficientes para enervar el riesgo procesal de fuga contendido en el art. 234.7 CPP; ii) Para desvirtuar el riesgo procesal inserto en el art. 235.2 del CPP, no se consideró la documentación consistente en certificaciones de antecedentes, informes periciales, amplias garantías para la víctima y a su entorno familiar; iii) Pese a que por Instructivo 009/2022 se dispuso que los jueces y vocales lleven adelante las audiencias presencialmente, se fijó su audiencia de apelación de manera virtual; y, iv) No se consideró que, estando detenido más de dieciocho meses y sin sentencia, se sobrepasó superabundantemente los plazos procesales, debiendo ser beneficiado con libertad pura y simple. Ante ello, el Vocal demandado señala que, el accionante no cuestionó el contenido del Auto de Vista, limitándose a expresar su inconformidad con lo resuelto, pretendiendo convertir la acción de defensa en una nueva instancia ordinaria. Respecto al art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 6/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 75 a 76 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° Se dispone llamar la atención al Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -Juez de garantías- por exceder sus atribuciones en la vía de aclaración, enmienda y complementación, modificando el fondo de la decisión inicialmente asumida, misma que deberá ser cumplida a través de la representación Distrital del Departamento de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1077/2025-S2 Sucre, 12 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54998-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 6/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 75 a 76 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Alfonso Arembay Méndez contra José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 5 de abril de 2023, cursante a fs. 1 y 53 a 54, el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de secuestro, se dispuso su detención preventiva por ciento ochenta días, medida que, a la fecha se encuentra con acusación fiscal y a la espera de audiencia de juicio oral. Durante la tramitación del proceso, solicitó en reiteradas oportunidades la cesación de su detención preventiva, tanto al Juez cautelar como ante el Juzgado de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -donde radica la acusación fiscal-, las cuales fueron rechazadas; sin embargo, mejoró su situación jurídica, manteniéndose únicamente los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
En la penúltima audiencia de cesación a la detención preventiva, realizada durante la vacación judicial, el Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -en suplencia legal-, rechazó su petición, argumentando que el informe pericial destinado a desvirtuar el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP no fue presentado “…como lo tenia ordenando la Señora Vocal Gladys ALBA FRANCO y que Lamentablemente solo fue presentado la Caratula del Informe y que Recién el 01 de febrero de 2023 fue presentada la Pericia Psicológica es decir Posterior a dicha audiencia (Extemporáneamente)…” (sic); ante tal situación, interpuso apelación; no obstante, el Tribunal de alzada declaró admisible pero improcedente su recurso, argumentando de que no podía valorar ni ponderar documentación que no fue considerada en audiencia de cesación. En ese contexto, presentó una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, la cual fue rechazada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital de manera “ultrapetita”, argumentando que los informes periciales ya habían sido valorados por el Tribunal en suplencia legal -Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz- y el Tribunal de alzada. Tal proceder indujo en error a José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, quien, al momento de considerar su recurso de apelación, manifestó que las diferentes certificaciones e informes presentados no eran suficientes para enervar el riesgo procesal de fuga contendido en el art. 234.7 CPP; y, por otra parte, la documentación consistente en: “…REJAP, Certificado de Antecedentes Policiales Técnicos Auxiliares (Felcc, FelcV, Tránsito, Diprove), Certificado de No Violencia, Certificación del Tribunal Departamental del Justicia donde se demostró que es el único proceso instaurado en mi Contra y para el Enervar el peligro para la Víctima se presento: las Amplias Garantías Constitucionales Ofrecidas a la Víctima y Denunciante y a todo su entorno Familiar, Informe Psicológico Emitido por la Psicóloga de Régimen Penitenciario, Informe Psicológico del IDIF, dependiente del M.P, Informe Pericial, Pericias Psicológicas Realizadas por el Perito Forense Sgto. My Victor Edgar Nava dependiente del IITCUP…” (sic), no resultaba bastante para desacreditar el riesgo procesal inserto en el art. “234”.2 -se comprende 235- del citado Código. Asimismo, pese a que por Instructivo 009/2022 de 23 de marzo se dispuso que los jueces y vocales lleven adelante las audiencias presencialmente, se fijó su audiencia de apelación de manera virtual. Finalmente, no se consideró que, estando detenido más de dieciocho meses y sin sentencia, se sobrepasó superabundantemente los plazos procesales para ser beneficiado con libertad pura y simple.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -de la lectura de la acción de libertad, se comprende en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba-, a la libertad y a una justicia pronta, oportuna, gratuita; citando al efecto los arts. 15, 18, 21, 22, 23, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, “…se Anule dicho Auto de Vista que Desconocemos por cierto...” (sic), y que el Vocal demandado instale nueva audiencia de apelación de manera presencial, en consideración al Instructivo 009/2022, teniéndose por desvirtuado y enervado los arts. 234.7 y 235.2 del CPP.
Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 71 a 74 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de sus abogados, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 66 a 70, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) En el caso que nos ocupa, solo se reclamó sobre la consideración respecto al art. 234.7 del CPP, donde se aludió distintos documentos, entre ellos, antecedentes policiales del accionante, certificado de no violencia, Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), además de un informe psicológico, los cuales fueron valorados, resultando insuficientes para desvirtuar el peligro de fuga; decisión que encuentra consonancia con la SCP 1445/2022-S3 de 28 de octubre; 2) En cuanto al art. 235.2 del CPP, el impetrante de tutela invocó los mismos documentos; no obstante, el argumento del Auto de Vista 104 de 24 de marzo de 2023, no se refería a dicha documentación, sino al estado del proceso, pues ya existía acusación y por ende a la persistencia de dicho peligro procesal en tales circunstancias, no pudiendo examinarse en la apelación sobre medidas cautelares si la acusación fue presentada o no oportunamente; y, 3) Finalmente, respecto al Instructivo 009/2022, si el accionante consideraba que el señalamiento de la audiencia virtual contravenía la norma o sus intereses, no los reclamo en su momento, pese a que fue notificado con el proveído de señalamiento bajo esa modalidad y no interpuso ningún recurso, siendo aplicable el principio de preclusión y convalidación.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 6/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 75 a 76 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El único aspecto que se esté cuestionando en apelación, radica con la presunta falta de valoración de un informe psicológico sobre el imputado. Debe considerarse que, cuando se trata el art. 234.7 del CPP, la prueba a tomar en cuenta debe estar centrada en la figura de la víctima y no necesariamente en la del imputado; por otra parte, la evaluación psicológica presentado por el perito Juan José Edgar Nava Antoriano, Psicólogo Forense del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), señala que el accionante tiene rasgos de personalidad obsesivo compulsivo, y se concluye estableciendo que el referido “…busque una solución a sus problemas o ansiedad precedente y se encuentra difícil decidir sobre el camino apropiado, se siente atrapado en una situación angustiosa y busca el modo de seguir con su vida ninguno de esos aspectos obra en favor del imputado” (sic); y, ii) Por otra parte, tampoco se demostró que la víctima haya dejado de estar en una situación de vulnerabilidad, “…ahora un informe psicológico, pericia psicológica solo demuestra y con patología y de ninguna manera va desvirtuar el peligro objetivo para la víctima porque cuando hablamos del peligro efectivo para la víctima ya iba a esta jurisprudencia, hay que hacer un análisis mucho más allá, como lo ha hecho el vocal debe de ver peligrosidad del individuo, la naturaleza del hecho y evidentemente cuando se trata de mujeres, en este caso porque de la imputación evidentemente es una mujer, se tiene que utilizar criterio diferenciador y ese razonamiento yo lo comparto…” (sic). En vía de aclaración, enmienda y complementación, el impetrante de tutela señaló que: “…la audiencia de apelación se llevó en fecha 24 de marzo de 2023 y la misma Ley 1970 y con las modificaciones de la Ley 1173 establece que todas las autoridades jurisdiccionales una vez instalada la audiencia en el plazo no mayor a 48 horas debe ser remitido al Tribunal de origen, en ese sentido, voy a solicitar porque para sembrar jurisprudencia el plazo que tiene una autoridad jurisdiccional para remitir el cuaderno procesal al juzgado de origen, máxime si desde el 24 de marzo hasta ahora 6 de abril el cuaderno procesal no ha sido remitido al Tribunal de…” (sic). Con relación al art. 235.2 del CPP, no se pronunció sobre dicho riesgo procesal y solo hizo mención a su subsistencia, sin dar mayor razón. En respuesta, el Juez de garantías señaló que es evidente que el Auto de Vista incurrió en falta de fundamentación, ya que no se pronunció sobre dicho riesgo procesal; además que, la autoridad demandada “…debe considerar que el art. 235 numeral 2) estaba sujeta a resguardar la investigación, es decir, que solamente puede subsistir en la etapa de investigación y obviamente utilizando el principio de favorabilidad en favor del acusado vamos a ordenarle al señor Vocal emita nueva resolución simplemente en relación al 235 numeral 2), considerando que el criterio utilizado en primera instancia solamente estaba sujeta a los actos de investigación (…) debe de tomar en cuenta que ahora se encuentra el proceso en fase de juicio y por ello al no estar en esa fase de investigación debe de considerar enervar este riesgo procesal…” (sic).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Evaluación Psicológica Pericial -incompleto- dirigida al Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, con fecha de recepción de 31 de enero de 2023, por el cual, Juan José Edgar Nava Antoriano, Psicólogo Forense del IITCUP refiere que, de la evaluación de Víctor Alfonso Arembay Méndez -ahora accionante-, fue atendido en el Centro Penitenciario Palmasola del señalado departamento, a través de consultas psicológicas “‘Terapia Psicológica Congnitiva Conductual Agresividad Sospechosa’” (sic), el 21, 27 y 30 de diciembre -de 2022-; y, 5, 10 y 19 de enero del 2023, impartiéndose seis sesiones, refiriendo que el mismo no manifiesta agresividad alta, y su salud mental se encuentra dentro de los parámetros normales, sin ningún síntoma o signos psicopatológicos, ni diagnóstico semiólogo (fs. 32 a 37). II.2. Cursa Acta de Audiencia Virtual de Apelación a la Cesación de la Detención Preventiva y Auto de Vista 104 de 24 de marzo de 2023, emitido por José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, cuya parte resolutiva determinó declarar: “…ADMISIBLE E IMPROCEDENTE LA APELACIÓN INTERPUESTO POR EL IMPUTADO VÍCTOR ALFONSO AREMBAY MENDEZ, EN CONSECUENCIA, SE CONFIRMA EN SU TOTALIDAD LA RESOLUCIÓN DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, DICTADO POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 7° DE LA CAPITAL” (sic [fs. 59 a 64 vta.]). II.3. A través de la solicitud de aclaración, enmienda y complementación del Auto de Vista 104 referido ut supra, el impetrante de tutela solicitó: a) Se señale que valor le otorga a la pericia psicológica elaborada por el Régimen Disciplinario, al emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el evacuado por IITCUP, considerando que no existe más pericias que presentar para desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP; b) Explique por qué no da estricto cumplimiento al Instructivo 027/2022 de 23 de marzo, por el cual, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, instruyó a todos los jueces y vocales, de que las audiencias de cesación como apelación deben ser llevadas de forma presencial; y, c) Se pronuncie sobre el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP. En respuesta, el Vocal demandado señaló que: 1) Con relación al informe psicológico, se valoró que el imputado presenta rasgos obsesivos, compulsivos, lo cual no aporta a una situación distinta a lo que se calificó como riesgo procesal efectivo para la víctima, considerando que se trata de una mujer que sufrió violencia; 2) Respecto al señalamiento de audiencia virtual, no se presentó ningún tipo de recurso contra dicha determinación y tampoco se presentó objeción alguna al momento de instalar el actuado judicial de apelación; y, 3) Finalmente, en relación al art. 235.2 del CPP, en audiencia, al momento de la intervención del abogado copatrocinante, se le pidió expresamente señalar si estaba realizando un nuevo motivo de apelación o se estaba continuando con el que había expuesto su colega; la respuesta fue “estaba complementando”, comprendiéndose que hacía referencia al art. 234.7 del CPP (fs. 64 vta. a 65 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba-, a la libertad y a una justicia pronta, oportuna, gratuita; toda vez que, el Auto de Vista 104, que rechazó su recurso de apelación, incurrió en las siguientes irregularidades: i) El Vocal ahora demandado confirmó la resolución del Tribunal a quo, argumentando que las diferentes certificaciones e informes presentados no resultaban suficientes para enervar el riesgo procesal de fuga contendido en el art. 234.7 CPP; ii) Para desvirtuar el riesgo procesal inserto en el art. 235.2 del CPP, no se consideró la documentación consistente en certificaciones de antecedentes, informes periciales, amplias garantías para la víctima y a su entorno familiar; iii) Pese a que por Instructivo 009/2022 se dispuso que los jueces y vocales lleven adelante las audiencias presencialmente, se fijó su audiencia de apelación de manera virtual; y, iv) No se consideró que, estando detenido más de dieciocho meses y sin sentencia, se sobrepasó superabundantemente los plazos procesales, debiendo ser beneficiado con libertad pura y simple. Ante ello, el Vocal demandado señala que, el accionante no cuestionó el contenido del Auto de Vista, limitándose a expresar su inconformidad con lo resuelto, pretendiendo convertir la acción de defensa en una nueva instancia ordinaria. Respecto al art. 234.7 del CPP, se valoraron los documentos presentados que resultaron insuficientes para desvirtuar el peligro de fuga, decisión acorde con la SCP 1445/2022-S3; asimismo, sobre el art. 235.2 del CPP, el Auto de Vista fundamentó la persistencia del peligro procesal en el estado del proceso, ya con acusación formal, sin que corresponda revisar en apelación la oportunidad de la misma; y, finalmente, en cuanto al Instructivo 009/2022, el impetrante de tutela no objetó oportunamente el señalamiento de audiencia virtual pese a estar notificado, operando el principio de preclusión y convalidación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto manifestó que: “…la exigencia de fundamentación y motivación abarca también a los fallos de medidas cautelares, estando tanto los jueces cautelares como los tribunales de segunda instancia, constreñidos a cumplir el debido proceso, en la revisión de las resoluciones de una medida cautelar, que la revoca, modifica, sustituye u ordena la cesación de detención preventiva. En ese sentido, (…) los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva” (el resaltado y subrayado nos pertenece).
Para abordar la presente problemática, debe señalarse que el acto cuestionado en esta acción tutelar es el Auto de Vista 104 de 24 de marzo de 2023, emitido por José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandado-, mediante el cual se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por Víctor Alfonso Arembay Méndez -accionante-, confirmando la resolución del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento mencionado, que declaró infundada la cesación de la detención preventiva dentro del proceso por secuestro (Conclusión II.1).
Ahora bien, respecto al primer agravio, el impetrante de tutela denuncia en la presente acción de defensa que, el Vocal demandado no valoró íntegramente la Evaluación Psicológica Pericial del IITCUP, destinado a desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la víctima-. A su vez, en audiencia virtual de apelación, a través de su abogado, alegó que, en la audiencia de cesación de detención preventiva de 8 de marzo de 2023, el Tribunal de Sentencia Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -a quo-, negó su libertad argumentando que la documentación presentada no desvirtuaba el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; y, que la documentación requerida, consistente en el informe pericial psicológico realizado por el IITCUP, sí se presentó conforme a lo ordenado por el Tribunal de alzada, consolidando seis sesiones de terapia en un único informe (Conclusión II.2). Por su parte, el Vocal demandado, tanto en el Auto de Vista 104 como en su aclaración, enmienda y complementación de 24 de marzo de 2023, sostuvo que el referido informe demuestra que el imputado -accionante- tiene rasgos obsesivo-compulsivos, que, aunque no constituyen una psicopatología, no desvirtúan el riesgo efectivo para la víctima, más aún cuando no se demostró que la misma haya dejado de estar en situación de vulnerabilidad estando en pleno juicio oral; además, explicó que la prueba debe analizarse desde la perspectiva de género, considerando que la víctima es mujer, ya que, el riesgo procesal no se vincula directamente a la personalidad del imputado sino a la protección de la señalada víctima en el delito de secuestro (Conclusiones II.2 y II.3). De la compulsa de ambas exposiciones, se evidencia que el Vocal demandado, para confirmar la vigencia del riesgo procesal de fuga del art. 234.7 del CPP, si hizo referencia concisa al contenido de la Evaluación Psicológica Pericial del IITCUP, al establecer que los rasgos de personalidad (obsesivo-compulsivo) del impetrante de tutela, no resultan ser aceptables, y que, además, tampoco se demostró que la víctima haya dejado de estar en una situación de vulnerabilidad. Asimismo, en complementación, explicó que, la señalada evaluación no aportó circunstancia nueva a lo que se hubiera calificado inicialmente como un riesgo efectivo para la víctima. Por tanto, en el caso concreto, se evidencia que la autoridad demandada, aunque concisamente, en apego de lo dispuesto en el art. 398 del CPP -Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional-, sí valoró el informe pericial y motivó su razonamiento de manera sucinta, concluyendo que no se desvirtuó el riesgo procesal inserto del art. 234.7 del CPP. En consecuencia, respecto a este punto, corresponde denegar la tutela solicitada. En cuanto al segundo agravio, el impetrante de tutela alegó que, para enervar el riesgo de obstaculización del art. 235.2 del CPP, no se consideraron diversos documentos, consistente en: “…REJAP, Certificado de Antecedentes Policiales Técnicos Auxiliares (Felcc, FelcV, Tránsito, Diprove), Certificado de No Violencia, Certificación del Tribunal Departamental del Justicia donde se demostró que es el único proceso instaurado en mi Contra y para el Enervar el peligro para la Víctima se presento: las Amplias Garantías Constitucionales Ofrecidas a la Víctima y Denunciante y a todo su entorno Familiar, Informe Psicológico Emitido por la Psicóloga de Régimen Penitenciario, Informe Psicológico del IDIF, dependiente del M.P, Informe Pericial, Pericias Psicológicas Realizadas por el Perito Forense Sgto. My Victor Edgar Nava dependiente del IITCUP” (sic). Al respecto, de la revisión del Acta de Audiencia Virtual de Apelación a la Cesación a la Detención Preventiva (Conclusión II.2), los abogados del impetrante de tutela, en ningún momento fundamentaron aspectos relacionados al riesgo procesal de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP, trayendo su consideración directamente en complementación y enmienda, más aun, cuando el Vocal demandado consultó a uno de sus defensores al momento de su intervención en audiencia de apelación, si se estaba realizando un nuevo motivo de apelación o se estaba continuando con el que había expuesto su colega; mereciendo como respuesta que se estaba complementando el argumento de su antecesor, comprendiendo de ello, que hacía referencia al art. 234.7 del CPP. En tal situación, siendo que oportunamente dicho reclamo no formó parte de la apelación y que ahora el impetrante de tutela trae a colación en la presente acción de defensa, este Tribunal no puede considerar el mismo, ya que, la documentación que hoy se alega como no apreciada para enervar el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, no fue insertó en su momento para su atención, recayendo dicho pedido en subsidiariedad; por lo cual, respecto a este punto, sin mayor consideración de análisis de fondo, corresponde denegar la tutela impetrada. En cuanto al tercer agravio, el accionante cuestionó que la audiencia de apelación se realizó de forma virtual, en contravención del Instructivo 009/2022 de 23 de marzo, que establece la presencialidad. El Vocal demandado señaló que la defensa no objetó oportunamente la modalidad de la audiencia, con lo cual se aplicó el principio de convalidación de actos procesales.
De lo señalado, se advierte que el accionante contaba con la vía de reclamo oportuno mediante el recurso de reposición para refutar el señalamiento de audiencia de apelación en la modalidad virtual; sin embargo, no activó dicho medio ante la autoridad de alzada, dejando precluir su derecho. En consecuencia, se configura un acto de convalidación, pues al no haber ejercido oportunamente el mecanismo previsto por el Código de Procedimiento Penal, permitió que la decisión quede firme, sin que ello implique indefensión, correspondiendo denegar la tutela impetrada. Respecto al cuarto agravio, el impetrante de tutela cuestiona que no se consideró que, estando detenido más de dieciocho meses y sin sentencia, se sobrepasó superabundantemente los plazos procesales, debiendo ser beneficiado con libertad pura y simple. El Vocal demandado explicó que el límite legal se encuentra señalado en el art. 239.4 del CPP, el cual establece que las medidas cautelares cesarán cuando la duración de la detención preventiva exceda los doce meses sin acusación y veinticuatro meses sin que se hubiera dictado sentencia. Al respecto, se consideró que la causa se encuentra en desarrollo del juicio oral como afirmó el propio accionante, y que no transcurrió los señalados veinticuatro meses para la emisión de sentencia, además que no se desvirtuó ambos riesgos procesales -fuga y obstaculización-, resulta razonable el por qué se mantuvo vigente la detención preventiva. Asimismo, debe considerarse que, la investigación penal y la vigencia de la medida de la detención preventiva en el contexto particular del caso, ya no se encuentran vinculadas a la duración de la señalada medida ni a la realización de los actos de investigación propiamente dichos, puesto que, si bien, durante la fase de juicio oral, público y contradictorio ya no se recaban pruebas ni se realizan actos de investigación, el análisis del plazo referido por el art. 233.3 del CPP, ya no es relevante, correspondiendo, en su caso al accionante, desvirtuar los riesgos procesales vigentes sobre los cuales se mantiene la medida extrema de detención preventiva. En ese marco, para que proceda un cambio en su situación jurídica y la imposición de una medida menos gravosa, corresponderá que el impetrante de tutela desvirtúe los motivos que fundaron su imposición, a través del ofrecimiento de nuevos elementos que modifiquen su situación inicial, de forma que, debe adecuarse al estado de la causa; es decir, debe realizar sus solicitudes de medidas cautelares conforme al tratamiento y reglas previstas para la modificación de medidas cautelares personales.
Después de haberse emitido la respectiva resolución por Juez de garantías, en vía de aclaración, enmienda y complementación, el accionante solicitó que los antecedentes de su causa tratados en apelación el 24 de marzo de 2023 sean devueltos en el plazo de cuarenta y ocho horas ante el Juzgado de origen; cabe aclarar que tal reclamo, no formó parte de la acción de libertad; por ello, no se puede considerar el mismo, no pudiendo estar la acción de tutela sujeta a modificación posterior. De igual manera, y bajo la misma modalidad de aclaración, enmienda y complementación, el impetrante de tutela solicitó que la autoridad de garantías se pronuncie sobre el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP. Dicho requerimiento fue admitido, disponiéndose que el Vocal demandado se pronuncie al respecto, sin considerar que -como se precisó al resolver el segundo agravio- ese aspecto no formó parte de la apelación y, por tanto, no podía ser introducido en la acción de libertad. Además, al haberse denegado inicialmente la tutela, el Juez de garantías excedió sus atribuciones al modificar el fondo de su fallo, pues la facultad de aclaración, enmienda y complementación se limita únicamente a subsanar errores materiales y no a alterar lo ya resuelto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 6/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 75 a 76 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° Se dispone llamar la atención al Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -Juez de garantías- por exceder sus atribuciones en la vía de aclaración, enmienda y complementación, modificando el fondo de la decisión inicialmente asumida, misma que deberá ser cumplida a través de la representación Distrital del Departamento de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1077_2025-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3ebe7ddb8ac8cd122d56a0bf9ff8808c2bc82a4351c63c6894016c88c84f06ed
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