Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de julio de 2026
Deniega la tutela
La accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, se encuentra cumpliendo un mandamiento de detención preventiva emitido contra su persona por tres días ante el incumplimiento de medidas de protección, siendo ejecutada el 24 de septiembre de 2025; por lo que, los tres días ordenados se cumplirían el 27 de igual mes y año; que los funcionarios judiciales no trabajan; por lo que, no se podrá emitir su orden de libertad; consecuentemente, pretende prevenir que se le vulnere dicho derecho. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2025 de 26 de septiembre, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1076/2026-S1 Sucre, 8 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECILIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 82085-2026-165-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 31/2025 de 26 de septiembre, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rina Ayde Rodríguez Asturizaga contra Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de La Paz, Sergio Jhonny Cuéllar Chávez, Fiscal de Materia y “funcionarios policiales” de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).
La accionante, por memorial presentado el 25 de septiembre de 2025, cursante a fs. 1 y vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de “su ex pareja” contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), el 24 de septiembre de 2025, a 13:30 horas aproximadamente, fue retenida por funcionarios de la UTOP, en inmediaciones de la Calle Loayza y Comercio de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, por el supuesto motivo de incumplir las medidas de protección interpuestas, medidas sustitutivas tales como el arresto domiciliario dispuesto por el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de La Paz, teniéndose una orden de aprehensión de tres días que se cumplía el 27 de igual mes y año a las 13:30 horas, en cumplimiento a la Resolución 410/2025 de 8 de marzo; es decir, que debe cumplir dicha medida restrictiva a su libertad el 24, 25 y 26 del citado mes y año, quedando en libertad el 27 del referido mes y año en la indicada hora; empero, los funcionarios judiciales no trabajan los sábados para emitir su orden de libertad y de esa manera se estaría vulnerando su derecho a la libertad; puesto que; su persona se encuentra retenida “a la fecha” en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz.
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga su libertad.
Celebrada la audiencia pública de 26 de septiembre de 2025, según consta en el acta cursante a fs. 13 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Existen turnos de fin de semana para que se pueda disponer lo que corresponda, la acción de libertad presentada va más que todo a prevenir que se le vulnere su derecho a la libertad el cual tendría que gozar “el día de mañana”; ya que, cumplirá su tercer día de detención preventiva conforme dispuso la Jueza hoy accionada; b) De manera preventiva se puede ordenar a una autoridad “Juez Noveno o el Juez Décimo en suplencia” que pueda expedir el mandamiento de libertad y que sea trasladada al Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz para que el “día de mañana” se cumpla su libertad o en su defecto se pueda disponer que la autoridad que ejercerá el turno de fin de semana también tenga conocimiento de ese cumplimiento de la detención preventiva y pueda expedirlo ni bien cumpla dicha detención; y, c) Si acudían directamente ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional, la respuesta llegaría a ser tardía; puesto que, si presentan un memorial solicitando un mandamiento de libertad, estarían pronunciándose entre lunes o martes de la próxima semana, es por ello la premura y por eso optaron por activar la acción de libertad.
Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Novena, mediante informe de 26 de septiembre de 2025, cursante a fs. 8 y vta., manifestó que: 1) Se encuentra en suplencia legal desde el 17 de julio de igual año; 2) Conforme al informe verbal de la Secretaria del Juzgado al cual suple, el proceso signado con Código Único de Denuncia (CUD) 201103052401953, dentro del cual la Jueza titular hubiese dispuesto la detención preventiva de la accionante el 8 de abril del referido año, por el incumplimiento de medidas de protección al contar con acusación fiscal, la cual fue remitida al Juzgado de Sentencia, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Vigesimosegundo de la capital del mismo departamento, siendo remitido al mismo; por lo que, ya no se encuentra radicado en ese Juzgado; 3) Desconoce los pormenores de dicho proceso, así como la ejecución del mandamiento de detención preventiva de la accionante, al no haberse presentado ningún memorial o informe al respecto; 4) Conforme lo previsto por el art. 125 de la CPE concordante con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de libertad solo procede para garantizar, proteger y tutelar el derecho a la vida, integridad física, libertad personal, libertad de circulación de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente detenida, perseguida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro; lo cual no ocurre en el presente caso, menos se acredita por parte de la accionante esa circunstancia; 5) En el memorial de acción de libertad no se especificó qué derechos y/o garantías hubiese vulnerado el suscrito; y, 6) Por lo expuesto pide se deniegue la tutela solicitada. Freddy Velasco Jarandilla, Fiscal de Materia en suplencia legal de Sergio Jhonny Cuellar Chávez, Fiscal de Materia, mediante informe presentado el 26 de septiembre de 2025 cursante a fs. 12 y vta., manifestó que: i) Existe un proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Harold Alfredo Moya Foronda en representación de la menor de edad AA contra la accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto por el art. 272 bis del CP; ii) El mandamiento de “aprehensión” fue ejecutado por el investigador asignado al caso Sbtte. Leonel Alejandro Colque Huanca, emitido por la Jueza hoy accionada; iii) No se advierte vulneración de derechos, incumpliéndose con lo establecido en los cuatro numerales del art. 47 del CPCo; puesto que, no se observó el peligro a la vida de la accionante, si fue ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o si fue indebidamente privada de su libertad; y, iv) No firmó ningún documento para dicho actuado; por lo que, no vulneró ningún derecho.
El Juez de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 31/2025 de 26 de septiembre, cursante de fs. 14 a 15 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) La SCP 0306/2019-S4 de 29 de mayo haciendo referencia a la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, en su parte principal señaló que la acción de libertad se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, esos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional; b) En el caso concreto, existe un derecho latente a la libertad; ya que, no se cumplió aun los tres días que se habría dispuesto mediante Resolución 410/2025 de 8 de marzo y teniendo presente la fecha de la ejecución del mandamiento -24 de septiembre de 2025- y evidentemente los tres días se cumplen el 27 de ese mismo mes y año; si bien se refirió en la audiencia que lo que pretende la accionante es prevenir que una vez cumplido el plazo de la detención se restablezca su derecho a la libertad; empero, conforme a la línea jurisprudencial así como el informe del Juez que tenía el control jurisdiccional del proceso señala que desconoce sobre la ejecución y cumplimiento del mandamiento porque no se presentó ningún memorial o informe haciéndosele conocer respecto a la detención de la nombrada; y, c) También se informó que en el proceso se presentó acusación fiscal; por lo que, se procedió al sorteo y remisión de la misma al Juzgado de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigesimosegundo de ese departamento, consecuentemente, la acción de libertad que nos ocupa planteada contra el “Juez, Fiscal y policías” no está dirigida concretamente y de existir vulneración de algún derecho, no teniéndose ninguna evidencia de la mencionada Resolución, como tampoco de la ejecución del mandamiento, ninguna prueba que avale dichos extremos; sin embargo, también existen los informes correspondientes y es en base a la pretensión de la acción de libertad que se está resolviendo la misma y no se dará curso a la solicitud en razón de que existe la vía ordinaria y también porque no se cumplió el tiempo de la detención, teniéndose los juzgados de turno como bien lo mencionó la accionante, ante quienes deberá acudir en el caso de existir alguna vulneración de sus derechos.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SC-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-01/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 23 a 28, se dispuso la priorización del Sorteo y Resolución de Causas de las acciones de defensa relativas o vinculadas a violencia feminicida que se encuentren en trámite, por lo que en el presente caso al tratarse del delito de violencia familiar o doméstica contra una menor de edad se dio priorización a su sorteo. Mediante decreto constitucional de 23 de junio de 2026, cursante a fs. 30, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 7 de julio del citado año, cursante a fs. 34; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Oficio de abril de 2025, emitido por Virginia Regina Santa Cruz Silva, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionada-, mediante el cual se remitió mandamiento de detención preventiva a Gerson Jesús Casas, Fiscal de Materia -hoy coaccionado- en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rina Aydee Rodríguez Asturizaga -ahora accionante- por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, constando sello de recepción del referido Fiscal de Materia de 14 de septiembre de 2025, a las 16:11 horas (fs. 11). II.2. Cursa Oficio de julio de 2025, emitido por la Jueza hoy accionada, mediante el cual se remitió la acusación formal presentada contra la accionante al Juzgado de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigesimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, constando sello de recepción del referido Juzgado de 25 de agosto de 2025, a las 11:55 horas (fs. 9 y vta.). II.3. Cursa Oficio de septiembre de 2025, emitido por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de La Paz, mediante el cual se remitió los antecedentes originales por acusación formal del proceso penal precedentemente señalado al Juzgado de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigesimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, constando sello de recepción del referido Juzgado de 16 de septiembre de 2025, a las 11:58 horas (fs. 10 y vta.).
La accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, se encuentra cumpliendo un mandamiento de detención preventiva emitido contra su persona por tres días ante el incumplimiento de medidas de protección, siendo ejecutada el 24 de septiembre de 2025; por lo que, los tres días ordenados se cumplirían el 27 de igual mes y año; que los funcionarios judiciales no trabajan; por lo que, no se podrá emitir su orden de libertad; consecuentemente, pretende prevenir que se le vulnere dicho derecho. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación; y, 2) Análisis del caso concreto.
La SCP 0907/2020-S3 de 17 de diciembre, con relación a este tópico de connotación procesal constitucional, citando a su vez a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, establece que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.
Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.
En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.
Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas son nuestras).
La accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, se encuentra cumpliendo un mandamiento de detención preventiva emitido contra su persona por tres días ante el incumplimiento de medidas de protección, siendo ejecutada el 24 de septiembre de 2025; por lo que, los tres días ordenados se cumplirían el 27 de igual mes y año; que los funcionarios judiciales no trabajan; por lo que, no se podrá emitir su orden de libertad; consecuentemente, pretende prevenir que se le vulnere dicho derecho.
Ahora bien, de la revisión de los antecedentes, se tiene que cursa Oficio de abril de 2025, emitido por la Jueza accionada, mediante el cual se remitió mandamiento de detención preventiva al Fiscal de Materia hoy coaccionado en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, constando sello de recepción del referido Fiscal de Materia de 14 de septiembre de igual año, a las 16:11 horas (Conclusión II.1.). Posteriormente, cursa Oficio de julio de 2025, emitido por la Jueza hoy accionada, mediante el cual se remitió la acusación formal presentada contra la hoy accionante, al Juzgado de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigesimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, constando sello de recepción del referido Juzgado de 25 de agosto de 2025, a las 11:55 horas (Conclusión II.2.).
Finalmente, cursa Oficio de septiembre de 2025, emitido por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de La Paz, mediante el cual se remitió los antecedentes originales por acusación formal del proceso penal precedentemente señalado al Juzgado de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigesimosegundo del mismo departamento, constando sello de recepción del referido Juzgado de 16 de septiembre de 2025, a las 11:58 horas (Conclusión II.3.). Ahora bien, corresponde remitirnos a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, a partir de la cual se establece que la acción de libertad constituye una garantía constitucional destinada a la protección inmediata de los derechos a la vida, libertad física y locomoción frente a detenciones ilegales, persecuciones indebidas o procesamientos irregulares; precisando que la activación de esta acción exige la verificación de una restricción material y concreta de la libertad personal, no siendo suficiente la mera disconformidad con actuaciones administrativas; en ese sentido, dicha línea jurisprudencial delimita el análisis constitucional al exigir por una parte la comprobación de una restricción material de la libertad para activar la acción de libertad.
En ese entendido, se tiene que si bien la acción de libertad procede frente a restricciones materiales a la libertad personal y no se limita únicamente a supuestos de detención formal, la jurisprudencia constitucional precisó que la tutela solo se activa cuando se evidencia una afectación real, actual y objetivamente verificable al derecho a la libertad física o de locomoción.
Bajo ese parámetro, en el caso concreto se evidencia la existencia de un mandamiento de detención preventiva ante el incumplimiento de las medidas de protección dispuestas en el proceso penal del cual deviene la misma, la cual fue determinada por tres días, que a decir de la accionante, se hubiese dado cumplimiento a dicho mandamiento el 24 de septiembre de 2025, encontrándose al momento de la presentación de esta acción tutelar -25 de igual mes y año- cumpliendo con la referida medida restrictiva de su libertad; sin embargo, considerando la problemática planteada a través de esta acción de libertad, el cumplimiento de la detención preventiva sería el 27 de ese mes y año, oportunidad que según señala la accionante los funcionarios judiciales no trabajan; por lo que, no se podrá emitir su orden de libertad, pretendiendo prevenir la vulneración del citado derecho; consecuentemente, la nombrada acudió a esta jurisdicción constitucional -como ella misma lo refiere-cuando se encontraba vigente la detención preventiva ordenada por la Resolución 410/2025; es decir, cuando aún no se cumplieron con los tres días dispuestos por dicha determinación; por lo que, no se advierte la vulneración al derecho a la libertad, más aun considerando que lo que se pretende por la accionante es únicamente prevenir la vulneración a ese derecho adelantándose a su posible vulneración; consecuentemente, al no haberse cumplido con los presupuestos de activación de la acción de libertad en el presente caso, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2025 de 26 de septiembre, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1076_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): f1630ba75100f3eff8fb969cf0c378abdf10199f43c606ea67516871441320f7
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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