Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, a la libertad, a la dignidad y al trabajo; toda vez que, dentro del proceso familiar de liquidación de pago de asistencia devengada, la Jueza demandada emitió en su contra un mandamiento de apremio, sin darle oportunidad de observar la planilla de liquidación que ha sido presentada, la cual -según alega- contiene una serie de irregularidades, pese a su aprobación; que actualmente mantiene vigente no obstante haber caducado. Por lo que, se ve obligado a vivir en la “clandestinidad”, al buscarse su aprehensión ilegal; además de estar siendo “perseguido, hostigado y amenazado” por los ahora codemandados, de quienes incluso es víctima de agresiones y hostigamientos, junto a su progenitora. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2023 de 4 de abril, cursante de fs. 163 a 169, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada con base en los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identificada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1076/2025-S3 Sucre, 8 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54830-2023-110-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 32/2023 de 4 de abril, cursante de fs. 163 a 169, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Bittzen Quispe Rojas en presentación sin mandato de Héctor Flores Tito contra Elisa Flores Terán, Jueza Pública de Familia Quinta de la Capital del departamento de Tarija; Diego Eduardo y Kevin Álvaro, ambos Flores Segovia; y, Vicenta Flora Segovia Navarro.
Por memorial presentado el 3 de abril de 2023, cursante de fs. 9 a 14 vta.; el accionante, por intermedio de su representante, expresó que:
Diego Eduardo y Kevin Álvaro, ambos Flores Segovia -codemandados-, iniciaron en su contra un proceso familiar de liquidación de pago de asistencia devengada (“Nurej: 201505968-1”), aprovechando que se encontraba fuera de la capital por motivos de trabajo y la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Instancia en la que presentaron una planilla de liquidación “fraudulenta” al estar basada en prueba “falsa”, con el único objeto de beneficiarse de una asistencia familiar correspondiente a gestiones pasadas que oportunamente fue pagada. La cual, aprobó la Jueza Pública de Familia Quinta de la Capital del departamento de Tarija -ahora demandada-, haciéndosele así, incurrir en error. Actuados que solo fueron notificados en el domicilio procesal que consignó, perteneciente a su abogada “Zolania Maraz”, con quien no toma contacto desde que se ausentó de la capital por los motivos antes referidos. Por lo que, nunca tuvo oportunidad de observar la planilla de liquidación presentada. Como consecuencia de ello, la Jueza demandada, el “…04 de agosto de 2021…” (sic), emitió en su contra el mandamiento de apremio con el que se busca aprehenderlo ilegalmente; mismo que actualmente mantiene vigente pese haber caducado, ejerciendo “…abuso de poder extralimitando su competencia…” (sic). No obstante que, mediante memorial de 8 de marzo de 2023, le hizo notar las irregularidades contenidas en la planilla de liquidación presentada; de quien, a través del Decreto de 9 de igual mes ya año, obtuvo una respuesta fuera del marco legal, señalando que su aprobación se encontraba ejecutoriada y que las observaciones efectuadas eran extemporáneas. Resolución judicial contra la que planteó recurso de reposición, que simplemente ha sido denegado. Entonces, al existir un mandamiento de apremio emitido en su contra, sustentado en una planilla de liquidación basada -según alega- en meras suposiciones, es que se ve obligado a vivir en la “clandestinidad”; además de estar siendo “perseguido, hostigado y amenazado” por los ahora codemandados, de quienes incluso es víctima de agresiones y hostigamientos, junto a su progenitora.
Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, a la libertad, a la dignidad y al trabajo; citando al efecto los arts. 23.I, 109, 110 y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Mandamiento de Apremio 30/2022 de 1 de diciembre, el cese del procesamiento y persecución indebidos, la restitución de su derecho a la libertad y se imponga a los demandados una “máxima y ejemplificadora” sanción.
Celebrada la audiencia pública el 4 de abril de 2023, conforme consta en acta cursante de fs. 162 a 163, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por intermedio de su representante, reiteró íntegramente los términos de su acción de defensa.
Elisa Flores Terán, Jueza Pública de Familia Quinta de la Capital del departamento de Tarija, por informe escrito presentado el 4 de abril de 2023, cursante de fs. 28 a 29 vta., señaló que: a) Dentro del proceso familiar de liquidación de pago de asistencia devengada, el impetrante de tutela, después de tomar conocimiento del mandamiento de apremio emitido en su contra, recién observó la planilla de liquidación presentada por los codemandados, aduciendo extemporáneamente que la misma no se le notificó legalmente. Cuando ello no es evidente, puesto que ese actuado fue diligenciado en el domicilio procesal que consignó; b) El accionante no podría argüir indefensión, ya que el proceso de asistencia familiar que se le inició se sustancia desde el 2003 con su plena intervención. Por otro lado, nunca comunicó un cambio de domicilio procesal que haga presumir la falta de notificación con el actuado que ahora expresa desconocer; c) El Código de las Familias y del Proceso Familiar regula la forma de aprobación de planillas de liquidación y la emisión de mandamientos de apremio por incumplimiento de asistencia familiar; la cual se siguió escrupulosamente dentro de la causa principal, lo que demuestra que no se lesionaron los derechos del accionante; d) El mandamiento de apremio emitido contra el impetrante de tutela, obliga a que pague Bs8531,55.- (ocho mil quinientos treinta y un bolivianos 55/100), por concepto de asistencia familiar. Lo que da cuenta que, antes de su emisión, se revisó minuciosamente todo el cuaderno procesal. Mandamiento que, conforme a la normativa pertinente no tiene tiempo de caducidad; e) Si bien el accionante planteó un recurso de reposición dentro de la causa principal, de su tenor se evidencia que solo estaba orientado a cuestionar la cuantificación de la asistencia familiar devengada. Determinación que ya se encuentra ejecutoriada de acuerdo a lo informado por la Secretaria asignada al despacho, por lo que se sostiene que actuó extemporáneamente; y, f) Se cumplieron todos los requisitos constitucionales y legales para decidir sobre la privación de libertad del impetrante de tutela, aspecto que demuestra, que el mandamiento de apremio emitido en su contra es legítimo. En ese sentido, corresponde se deniegue la tutela que solicita. Diego Eduardo Flores Segovia y Vicenta Flora Segovia Navarro, por sí y en representación de Kevin Álvaro Flores Segovia, mediante informe escrito presentado el 4 de abril de 2023, cursante de fs. 31 a 32 vta., señalaron que: 1) La acción de defensa que se examina manifiesta una serie de inconsistencias. Además de ser incongruente en varios aspectos, el accionante dedica su atención en cuestionar solo la planilla de liquidación que ha sido aprobada, que demuestra el incumplimiento de la asistencia familiar que se le impuso pagar. Pretendiendo con ello, se desconozca un derecho judicialmente reconocido; 2) No podrá demostrarse que el impetrante de tutela es objeto de persecución indebida, ya que el mandamiento de apremio emitido en su contra está dentro del marco de la legalidad. De lo que, se entiende que acudió a la jurisdicción constitucional con el ánimo de dilatar el cumplimiento de sus obligaciones familiares; 3) El accionante busca en instancia constitucional la revisión de la planilla de liquidación presentada, cuando su aprobación ya se encuentra ejecutoriada. Para ello, expresa una serie de argumentos como su ausencia de la capital por cuestiones laborales o la falta de comunicación con su abogada, sin presentar un solo elemento probatorio que justifique sus aseveraciones; y, 4) La Jueza demandada no incurrió en ninguna irregularidad al emitir el mandamiento de apremio contra el impetrante de tutela, en vista que se constituye en un actuado fruto de una debida ponderación de derechos y evaluación de los antecedentes que hacen a la causa principal. Sobre esa base, corresponde se deniegue la tutela solicitada, al no haberse lesionado ninguno derecho.
-constituida en Jueza de garantías-, a través de Resolución 32/2023 de 4 de La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija abril, cursante de fs. 163 a 169, denegó la tutela solicitada. Lo que sustentó en los siguientes fundamentos: i) Conforme a la ingeniería constitucional, vía acción de libertad no pude buscarse el resguardo de los derechos a la dignidad y al trabajo; por ello, dentro del presente proceso constitucional, corresponde examinar únicamente la forma y mérito del mandamiento de apremio emitido el accionante, en observancia de lo establecido por el art. 23 de la CPE; ii) El impetrante de tutela desconoce la naturaleza jurídica de la acción de defensa que se examina. Es así que busca equipararla a un recurso más de contra los que pueden promoverse en instancia ordinaria, a través de la que expresa argumentos que están fuera de lugar. Cuando, la prueba presentada demuestra que los codemandados solo buscaron con su demanda de liquidación de asistencia familiar, la concreción de un derecho que se encuentra judicialmente reconocido; iii) Conforme al principio de preclusión, en el presente proceso constitucional no puede revisarse la planilla de liquidación aprobada que el accionante aduce que no se le notificó. En ese sentido, si su propósito es cuestionar la legalidad de ese actuado, debió promover con ese fin, las acciones correspondientes ante la misma Jueza demandada en el marco de los preceptos del Código de las Familias y del Proceso Familiar, y no vía acción de libertad; iv) El impetrante de tutela activó innecesariamente la jurisdicción constitucional, pues si su pretensión es que se deje sin efecto el mandamiento de apremio que la Jueza demandada emitió en su contra, debió restringirse a pagar la asistencia familiar devengada calculada y aprobada. Además, no cabe la posibilidad que pueda argüir indefensión, tomando en cuenta que todo sujeto procesal debe ser responsable de su propia causa realizando el seguimiento correspondiente en procura que sus intereses no sean transgredidos, empleando para ello, los mecanismos necesarios; y, v) La Jueza demandada tramitó correctamente el proceso de liquidación de pago de asistencia devengada, notificando en su oportunidad a los sujetos procesales con los actuados que hacen a la causa principal. Entre ellos, la planilla de liquidación que ahora es cuestionada. Por esa razón, queda demostrado que no incurrió en ninguna irregularidad que hubiese desembocado en la lesión de los derechos del accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mandamiento de Apremio 30/2022 de 1 de diciembre, emitido por la Jueza demandada contra el impetrante de tutela, dentro del proceso familiar de liquidación de pago de asistencia devengada (“Nurej: 201505968-1”) seguido por los codemandados Diego Eduardo y Kevin Álvaro, ambos Flores Segovia; a fin de que pague Bs8531,55.- por concepto de asistencia familiar (fs. 5).
El accionante, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, a la libertad, a la dignidad y al trabajo; toda vez que, dentro del proceso familiar de liquidación de pago de asistencia devengada, la Jueza demandada emitió en su contra un mandamiento de apremio, sin darle oportunidad de observar la planilla de liquidación que ha sido presentada, la cual -según alega- contiene una serie de irregularidades, pese a su aprobación; que actualmente mantiene vigente no obstante haber caducado. Por lo que, se ve obligado a vivir en la “clandestinidad”, al buscarse su aprehensión ilegal; además de estar siendo “perseguido, hostigado y amenazado” por los ahora codemandados, de quienes incluso es víctima de agresiones y hostigamientos, junto a su progenitora. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0097/2021-S1 de 27 de mayo, reiterando el entendimiento asumido en anteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, señaló que: “El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que: Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: ‘Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos’. Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta: I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad de una supuesta ilegal persecución, como resultado indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional” (el resaltado es añadido).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: “La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado. El art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: ‘Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada’; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando: Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones: a) Los incidentes serán resueltos en audiencia. b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación. c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato. d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite. Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I ‘Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código’; art.366 del mismo cuerpo legal indica: ‘Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa’; y, art. 368 de apelación únicamente contra los autos interlocutorios’. del Código referido menciona: ‘…procede la reposición con alternativa En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar” (lo resaltado es agregado).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que: Dentro del proceso familiar de liquidación de pago de asistencia devengada (“Nurej: 201505968-1”), iniciado por los codemandados; la Jueza demandada emitió contra el impetrante de tutela, el Mandamiento de Apremio 30/2022 de 1 de diciembre, a fin de que pague Bs8531,55.- por concepto de asistencia familiar (Conclusión II.1). En ese contexto, se tiene que el accionante, vía acción de libertad, denuncia la supuesta existencia de irregularidades de orden procesal que se vincularían con la emisión del referido de apremio, incurridas aparentemente por la mandamiento Jueza demandada. Consistentes en que, dentro del proceso de asistencia familiar en cuestión: a) No se le hubiese dado oportunidad de observar la planilla de liquidación presentada por los codemandados; b) Que la misma fue aprobada no obstante ser -según alega-“fraudulenta”, al estar basada en prueba “falsa”; c) Se le habría denegado un recurso de reposición que interpuso a fin que se consideren las observaciones que efectuó ante la cuantificación de la asistencia familiar devengada -aspecto sobre el que no cursa ninguna elemento de prueba-; y, d) Pese a que el antedicho mandamiento de apremio ya caducó, se lo mantendría vigente con el afán de que se le aprehenda ilegalmente. Así las cosas, conforme a los entendimientos desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, este Tribunal arriba a la conclusión de verse impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática identificada, en atención al principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad. Puesto que el impetrante de tutela, denunció las supuestas irregularidades procesales precedentemente descritas, de forma directa ante la jurisdicción constitucional; sin que previamente haya agotado los mecanismos de defensa legales y pertinentes -incidente y consiguiente apelación-, dentro del proceso familiar de origen -frente a la Jueza demandada- en procura de su reparación. Cuando era su obligación, promover con diligencia las acciones legales idóneas reguladas en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, orientadas a corregir contingencias procesales que se puedan presentar en el trámite de emisión de un mandamiento de apremio por incumplimiento de pagos de asistencia familiar. De lo contrario, este Tribunal generaría una disfunción procesal, desnaturalizando el propósito tutelar de la acción de defensa que se examina; desconociendo la configuración constitucional y legal de los mecanismos de defensa ordinarios, y los fines que tienen en sí mismos. Por todo ello, corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, el accionante también denunció que los codemandados habrían ejecutado en su contra y de su progenitora, supuestos actos de agresión y amedrentamiento, con el propósito de aparentemente materializar el mandamiento de apremio que la Jueza demandada emitió; razón por la que, estima ser “perseguido, hostigado y amenazado”. Sin embargo, de la prueba presentada al presente proceso constitucional, no se tiene un solo elemento que razonablemente demuestre tales extremos -únicamente cursan placas fotográficas cuyo origen se desconoce (fs. 5 a 8)-. Lo que imposibilita a este Tribunal realizar el respectivo ejercicio de contraste que supone todo control constitucional tutelar. Omisión que no puede salvarse, pese al carácter informal de la acción de libertad -cualidad que no alcanza al tema probatorio-. Entonces, siendo que no se cumplió con la carga probatoria exigida por la jurisprudencia constitucional, no amerita emitirse ningún pronunciamiento respecto al tópico abordado. En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2023 de 4 de abril, cursante de fs. 163 a 169, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada con base en los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
1 SC 0318/2004-R de 10 de marzo: “Si bien es cierto que (…) el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión” (lo resaltado es agregado).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1076_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 328edde8b4e3e1b2eb88071cf459c0e591f7f0176f568837b15b53b3da1afe9e
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