Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
La accionante a través de sus representantes, señaló que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, el Fiscal de Materia demandado, basado en una citación anómala, dispuso su aprehensión ilegal cuando se apersonó a oficinas de la Fiscalía Departamental de La Paz. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR Resolución 09/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1074/2025-S3 Sucre, 8 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54793-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michel Ylimori Daza y Luis Eduardo Luque Espíndola en representación sin mandato de Petrona Alanoca Trujillo contra Cristian Omar Ventura Huallpara, Fiscal de Materia y Jhanina Claudia Noga Calderón, Funcionario Policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de El Alto.
Por memorial presentado el 5 de abril de 2023, cursante de fs. 9 a 12 vta., la accionante a través de su representante expresó lo siguiente:
El 31 de marzo de 2023, mediante cédula pegada a la puerta de su domicilio, fue citada para prestar declaración informativa por la presunta comisión del delito de encubrimiento en relación a violación de infante niña, niño o adolescente, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y otro, para el “03 de 03 de 2023” (sic); es decir en la citación se describió una fecha ya pasada para su declaración; ahora bien, el 4 de abril de igual año, se apersonó de forma voluntaria a la oficinas de la Fiscalía Departamental de La Paz, para conocer el motivo de la citación y el Fiscal de Materia -ahora demandado-, procedió a notificarla con orden de aprehensión y dispuso de forma inmediata su detención, luego de encontrarse por más de doce horas en calidad de aprehendida, el 5 de abril de igual año, se procedió a tomar su declaración informativa.
También manifestó que la funcionaria policial asignada al caso -codemandada-, en el tiempo que duró su aprehensión en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), actuó de manera violenta y abusiva, privándole su derecho a conocer el motivo de su detención, vulnerándose su derecho al debido proceso y a la libertad, al ser una aprehensión de un proceso que nunca tuvo conocimiento y en el que se encuentra en calidad de investigada.
Denunció como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y se declare el procesamiento indebido y la indebida privación de libertad.
Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 17 a 19, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de sus representantes, ratificó los argumentos presentados en el memorial de la acción de libertad y solicitó se conceda y se otorgue la tutela conforme a ley.
Cristian Omar Ventura Huallpara, Fiscal de Materia, en audiencia informó: a) La accionante sí advirtió vulneración a sus derechos y garantías, debió poner en conocimiento de la autoridad judicial, para que asuma las acciones que en ley correspondan, situación que no sucedió en el presente caso, incumpliendo el principio de subsidiaridad exigido para solicitar tutela en la acción de libertad; b) Mediante informe de 30 de marzo de 2022, emitido por el Sgto. Huanca Cori, se solicitó orden de aprehensión en contra de la sindicada –ahora accionante-quien no ha comparecido para prestar su declaración informativa en calidad de testigo, dentro del proceso investigativo por el delito de Encubrimiento; c) El 28 de marzo de 2023, se emitió citación para declaración en calidad de sindicada para el día 3 de abril de 2023 a horas 8:00 am; mediante informe de la investigadora asignada acaso, dio a conocer que habría cumplido con la diligencia el 31 de marzo de 2023 a horas: 12:52, dejando cedulón en el domicilio de la sindicada, en presencia del testigo Sgto. Jaime Luque; d) Señaló que el 03 de abril, del citado año se procedió a la espera de la sindicada –hoy impetrante de tutela- para que se apersone a su despacho para que comparezca y presente su declaración informativa, situación que no aconteció; y, e) Ante su inasistencia se procedió a realizar orden de aprehensión conforme al art. 224 del Código de Procedimiento Penal (CPP); mediante informe la funcionaria policial asignada al caso, señaló que la solicitante de tutela a momento en que se presentó el 04 de abril del año en curso, portaba la citación original; es decir, tuvo efectivo conocimiento de la notificación, no pudiendo argüir la inexistencia de este proceso; solicitó se deniegue la tutela. No cursa en obrados informe escrito, ni informe oral, pero si participó de la audiencia virtual la otra coaccionada, Jhanina Claudia Noga Calderón, Funcionario Policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de El Alto, constando su legal notificación a fs. 14.
El Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 09/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 20 a 21 vta., denegó la tutela solicitada, declarando la improcedencia de la acción de libertad; en base a los siguientes fundamentos: 1) La accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debió en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, en ese caso, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto, en aplicación de lo establecido por el art. 54 y siguientes del CPP; 2) De la revisión de los antecedentes del caso, más allá de la existencia o no, de vulneraciones a sus derechos constitucionales, no existe ningún planteamiento de incidente, sino que de forma directa se interpone la acción de libertad; 3) La única autoridad jurisdiccional a quien se le reconoce la competencia y la llamada a reparar inicialmente los supuestos actos lesivos de la ahora accionante, es quien ejerce el control jurisdiccional desde el inicio de las investigaciones, correspondiendo conocer a esta autoridad todos los reclamos realizados por la impetrante de tutela; y, 4) Se evidenció que se inició proceso penal que se encuentra en conocimiento del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto; consecuentemente, la presente acción de libertad se interpuso en desconocimiento de la excepcional subsidiariedad que rige a la acción tutelar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Citación en calidad de sindicado de 28 de marzo de 2023, a Petrona Alanoca Trujillo, emitida por el Fiscal de Materia, Cristian Omar Ventura Huallpara, se consigna como fecha “lunes 03 de 03 de 2023” (sic). (fs. 2).
II.2. Orden de Aprehensión de 03 de abril de 2023, para Petrona Alanoca Trujillo, emitida por el Fiscal de Materia Cristian Omar Ventura Huallpara (fs. 3). II.3 Acta de Notificación con Orden de Aprehensión de 4 de abril de 2023, a Petrona Alanoca Trujillo (fs. 4). II.4. Acta de Declaración Informativa de Petrona Alanoca Trujillo del 5 de abril de 2023 (fs. 5 y vta.). II.5. Resolución Fundamentada de Aprehensión de 5 de abril de 2023, emitida por el Fiscal de Materia Cristian Omar Ventura Huallpara, ordenando se proceda a la aprehensión de -la ahora accionante- (fs. 6 a 7 vta.), y la emisión de la consiguiente “ORDEN DE APREHENSIÓN” (sic) de igual fecha (fs. 8).
La accionante a través de sus representantes, señaló que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, el Fiscal de Materia demandado, basado en una citación anómala, dispuso su aprehensión ilegal cuando se apersonó a oficinas de la Fiscalía Departamental de La Paz. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, citada a su vez por la SCP 0507/2024-S2 de 21 de agosto, dispuso: “III.1.2. Supuestos de subsidiariedad del hábeas corpus
De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.
(…). En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'.
Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.
Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el subrayado fue añadido).
En ese orden, la SCP 0407/2019-S2 de 24 de junio, citada por la SCP 1137/2022-S1 de 210 de octubre, estableció: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.
Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo.
Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo, la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R” (las negrillas fueron añadidas).
La accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad, por Cristian Omar Ventura Huallpara, Fiscal de Materia, dentro del proceso investigativo por el delito penal de Encubrimiento en relación a violación de infante niña, niño o adolescente, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y otro; tipificado en los art. 171 y 308 bis del Código Penal (CP), en el que fue citada a prestar su declaración testifical en calidad de sindicada-denunciada y de forma ilegal y arbitraria se ordenó su aprehensión. Descrito el marco normativo y jurisprudencial para el examen del presente caso, de la revisión y cotejo de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidenció que el 31 de marzo de 2023, mediante cédula pegada en la puerta de su domicilio, la accionante fue citada para prestar declaración informativa policial por el supuesto delito de Encubrimiento, para el “lunes 03-03 de 2023” (sic); es decir, la citación describió una fecha ya pasada para su declaración (Conclusión II.1); ahora bien, el 4 de abril de igual año, se apersonó de forma voluntaria a la oficinas de la Fiscalía Departamental de La Paz, para conocer el motivo de la citación y el Fiscal de Materia, demandado, procedió a notificarla con la Orden de Aprehensión y su respectiva ejecución (Conclusiones II.2 y II.3); el 5 de abril a horas nueve cuarenta se procedió a tomar su declaración informativa. En la presente acción denuncio que su aprehensión es ilegal; empero todas las supuestas lesiones generadas en el Ministerio Público y los funcionarios policiales, incluidos los aparentes errores materiales, previamente deben ser denunciados ante el juez que ejerce el control jurisdiccional de la investigación y en el presente caso no se evidencia ningún tipo de incidente, denuncia o impugnación contra este supuesto acto arbitrario e ilegal denunciado en la presente acción de libertad; corresponde traer a colación lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, referente a que no todas las lesiones vinculadas a la libertad pueden ser resguardadas de forma exclusiva por la acción de libertad; dado que, si la normativa ordinaria prevé algún mecanismo de defensa, eficaz e idóneo para la reparación del derecho presuntamente conculcado, este debe ser utilizado con carácter previo a activar la justicia constitucional a través de esta acción tutelar, no pudiendo la peticionante de tutela activar de forma directa la presente acción de libertad, inobservando el principio de subsidiariedad excepcional que rige esta acción tutelar Fundamento Jurídico III.2; puesto que previamente debe agotarse el planteamiento de un incidente de actividad procesal defectuosa, razón por la cual, este Tribunal se encuentra impedido de abrir su competencia y analizar el fondo de la problemática planteada en virtud a que esta acción no puede ser concebida como un medio alternativo o sustitutivo de los mecanismos intraprocesales previstos en la jurisdicción ordinaria.
Consecuentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR Resolución 09/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1074_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): a2ee3004f0c24ca917e0383832068f1feb6ae20080f364cfac1f848922f9c9f4
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