Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de julio de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, a pesar que su presentación espontánea de 13 de septiembre de 2023, fue atendida .
programándose audiencia de declaración informativa para el 19 del mismo mes y año; sin embargo, al apersonarse el 14 de ese mes y año ante el Fiscal de Materia ahora accionado, fue aprehendido sin que el hecho que cometió sea flagrante y se expida directamente orden de aprehensión sin antes haberle escuchado su declaración; incluso se lo aprehendió a pesar de haber sido citado ese día con una orden de citación para presentarse a declarar al día siguiente hábil a las 8:30 horas; asimismo, el requerimiento fundamentado de aprehensión emitido en su contra no cumple con los requisitos del art. 226 del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 91/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1073/2026-S1 Sucre, 8 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58395-2023-117-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 91/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosario Quispe Bustamante en representación sin mandato de Francisco Lunario Mendoza contra Ronald Martín Armando Vargas Montaño, Fiscal de Materia.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 14 de septiembre de 2023, cursante a fs. 12 y vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona Francisco Lunario Mendoza -accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, con agravante, previsto y sancionado por el art. 308 bis con relación al art. 310 inc. g) y m) del Código Penal (CP), recibió el 6 de septiembre de 2023, una notificación de inicio de investigación; por lo que, el 13 de ese mes y año, presentó memorial de presentación espontánea, solicitando día y hora de declaración informativa, en ese sentido, se apersonó el 14 del citado mes y año ante Fiscal de Materia ahora accionado para saber cuándo se realizaría su declaración informativa; sin embargo, a las “15:25” horas de ese día fue aprehendido, a pesar que incluso dicho día fue citado con una orden que indica que debía presentarse al día siguiente hábil de su citación, a las 8:30 horas; es decir, el 15 del referido mes y año. Asimismo, refiere que recién se enteró, por el portafolio digital que, ante su presentación espontánea el Fiscal de Materia hoy accionado señaló audiencia de .
declaración informativa para el 19 de septiembre de 2023. Ahora bien, en el entendido que el supuesto hecho que cometió no es flagrante, no podía expedirse directamente orden de aprehensión en su contra sin haberse escuchado su declaración informativa, que incluso ya se encontraba programada para el 19 de septiembre de 2023; además, el Requerimiento Fundamentado de Aprehensión de 13 de septiembre del citado año, no cumple con los requisitos establecidos en el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que se deje sin efecto el Requerimiento Fundamentado de Aprehensión de 13 de septiembre de 2023 y la Orden de Aprehensión de igual fecha.
Celebrada la audiencia pública el 15 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 18 a 22 vta., se produjeron los siguientes actuados.
El accionante a través de su abogada, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo; manifestó que: a) El 14 de septiembre de 2023, el Fiscal de Materia ahora accionado indicó que iba a atenderlo, pero hizo que lo esperara cerca de una hora y media, para luego proceder a su aprehensión sin entregarle el Requerimiento Fundamentado de Aprehensión de 13 de igual mes y año, pero ante su reclamó se procedió a la entrega del referido requerimiento; b) Fue objeto de un indebido procesamiento, siendo que no tiene certeza de cuando debía prestar su declaración, si lo iba a realizar el 19 del citado mes y año, el 15 de ese mes y año o el día que fue efectivamente aprehendido -14 de septiembre de 2023-; c) Se le notificó para que preste su declaración informativa a las 18:00 horas del 14 del indicado mes y año, pero su declaración se la realizó a las 18:57 horas; d) Desconoce los motivos por los cuales existió la urgencia de ejecutar su aprehensión, cuando ya tenía señalada su audiencia de declaración, existiendo una total incongruencia; e) El argumento del Fiscal de Materia ahora accionado seguramente será que se trata de un delito de la Ley 348; empero, no es posible que, por el hecho que exista protección reforzada en favor de la víctima, se vulnere la legalidad; f) Sobre el requerimiento fundamentado de aprehensión, no existe en el cuaderno procesal ningún elemento que demuestre que pueda ocultarse, fugarse u obstaculizar la investigación, siendo lo único que se realiza en dicho requerimiento es copiar el informe psicológico realizado por la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO); por lo tanto, el mismo carece de fundamento, además se .
hace referencia únicamente al art. 234.7 del CPP; g) Los hechos lo debatió en audiencia de medidas cautelares que se desarrolló en horas de la mañana y van a ser objeto de debate en la audiencia de apelación restringida y probablemente en otra acción de libertad; y, h) Se refiere al procesamiento indebido y al hecho que el Fiscal de Materia emite requerimientos por doquier, sin respetar sus propias decisiones y con el único objetivo de ejecutar una orden de aprehensión, sin que se hubiese cumplido con los presupuestos del art. 226 del CPP.
Ronald Martín Armando Vargas Montaño, Fiscal de Materia, en audiencia, manifestó que: 1) En la mañana de ese día se desarrolló una audiencia de medidas cautelares, en la cual se concedió la palabra al accionante antes de ingresar al fondo de la citadas medidas, el cual denunció su aprehensión ilegal y solicitó control de la misma; por lo que, fue resuelto, estableciendo la ilegalidad de la pretensión, decisión que fue apelada, en ese entendido no puede existir doble tutela o criterios encontrados; 2) Cuando existe una autoridad jurisdiccional ordinaria se debe acudir en primera instancia ante la misma; 3) Respecto a la orden de aprehensión emitida como efecto del Requerimiento de Aprehensión de 13 de septiembre de 2023, y ejecutado el 14 de ese mes y año, se debe referir que el Ministerio Público se encuentra facultado para emitir requerimiento fundamentado de aprehensión, a pesar a que se tenga una presentación espontánea, que se hubiese notificado con la citación al imputado, esto debido a que el art. 226 del CPP no pone excepciones al respecto sino más bien requisitos a la concurrencia del hecho, a la probabilidad de autoría y a la concurrencia de un riesgo procesal; 4) El Ministerio Público tomó como base un indicio que se obtuvo durante la investigación, el cual es el informe psicológico recepcionado a la víctima de 16 años de edad, quien probablemente sufrió violación, hecho ocurrido entre sus 10 a 11 años y siendo el probable autor, su padrastro, es decir el accionante; 5) Se debe considerar el art. 234 del CPP, sobre el peligro efectivo para la víctima, concepto desarrollado en la “SCP 15/2020”; y, 6) El requerimiento fundamentado de aprehensión tiene elementos de carácter sustancial, como de carácter procesal que comprueban el riesgo procesal; por lo que, solicita se pueda “rechazar” la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 91/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 23 a 25 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad interpuesta contiene dos tópicos, el primero es el contenido del requerimiento de respuesta al memorial de presentación espontánea y el segundo es el contenido formal y estructural de un Requerimiento Fundamentado de Aprehensión; ii) En el proceso penal seguido contra el accionante existe un inicio de investigación, que el accionante reconoce conoció y a partir del cual ejerce su derecho a la defensa presentando el memorial de presentación espontánea; es decir, que la competencia del Juez cautelar se encontraba a disposición de las partes para poder acudir en vía de control jurisdiccional y así todos los reclamos sobre un procesamiento indebido, motivo .
por el cual no se puede ingresar a analizar el fondo de las denuncias realizadas; y, iii) Corresponde a la autoridad que ejerce el control jurisdiccional en el ámbito ordinario en materia penal hacer el análisis respectivo sobre si la resolución de aprehensión se encuentra debidamente fundamentada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 6 de abril de 2026, cursante a fs. 29, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 7 de julio del citado año, cursante a fs. 33; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 1 de septiembre de 2023, dirigido al Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Oruro; Ronald Martín Armando Vargas Montaño Fiscal de Materia -hoy accionado-comunicó inicio de investigación, contra Francisco Lunario Mendoza -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, el cual fue decretado por la referida autoridad en la misma fecha (fs. 2 a 3). II.2. Cursa memorial presentado de 13 de septiembre de 2023, ante el Fiscal de Materia ahora accionado; puesto que, el accionante se presentó espontáneamente, solicitando se señale día y hora de audiencia de declaración informativa, recibiendo en respuesta el decreto fiscal de igual fecha, donde se fijó actuado de declaración, para el 19 del mismo mes y año (fs. 4 y vta.). II.3. Consta Requerimiento Fundamentado de Aprehensión de 13 de septiembre de 2023, emitida por el Fiscal de Materia ahora accionado contra el accionante y se adjunta la orden de aprehensión (fs. 5 a 10).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, a pesar que su presentación espontánea de 13 de septiembre de 2023, fue atendida .
programándose audiencia de declaración informativa para el 19 del mismo mes y año; sin embargo, al apersonarse el 14 de ese mes y año ante el Fiscal de Materia ahora accionado, fue aprehendido sin que el hecho que cometió sea flagrante y se expida directamente orden de aprehensión sin antes haberle escuchado su declaración; incluso se lo aprehendió a pesar de haber sido citado ese día con una orden de citación para presentarse a declarar al día siguiente hábil a las 8:30 horas; asimismo, el requerimiento fundamentado de aprehensión emitido en su contra no cumple con los requisitos del art. 226 del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, b) Análisis del caso concreto.
Al respecto la SCP 0022/2019-S2 de 15 de marzo, señala que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.
En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.
Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible .
ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.
Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa.
Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente: 1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, .
sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar.
Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre[6] moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal.
En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; 2) Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley.
De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, a pesar que su presentación espontánea de 13 de septiembre de 2023, fue atendida programándose audiencia de declaración informativa para el 19 del mismo mes y año; sin embargo, al apersonarse el 14 de ese mes y año ante el .
Fiscal de Materia ahora accionado, fue aprehendido sin que el hecho que cometió sea flagrante y se expida directamente orden de aprehensión sin antes haberle escuchado su declaración; incluso se lo aprehendió a pesar de haber sido citado ese día con una orden de citación para presentarse a declarar al día siguiente hábil a las 8:30 horas; asimismo, el requerimiento fundamentado de aprehensión emitido en su contra no cumple con los requisitos del art. 226 del CPP.
De lo manifestado en audiencia por el accionante, se advierte que el nombrado pretende dividir en dos situaciones el acto presuntamente vulneratorio a su derecho a la libertad, uno que tendría que ver con la denuncia sobre la actuación incongruente del Fiscal de Materia ahora accionado, quien habría fijado la declaración del accionante para el 19 de septiembre de 2023, ante su presentación espontanea de 13 del citado mes y año (Conclusión II.2.); sin embargo, cuando este se presentó ante el Fiscal de Materia ahora accionado el 14 de ese mes y año, se ejecutó en su contra una orden de aprehensión, a pesar incluso que ese mismo día fue citado para que se presente al día siguiente a las 8:30 horas -se entiende el 15 de septiembre de 2023- para prestar su declaración informativa, determinaciones que el accionante considera que fueron emitidas por el Fiscal de Materia ahora accionado sin respetar sus propias decisiones; y, la otra situación se constituiría en el hecho que el Requerimiento Fundamentado de Aprehensión emitido por el Fiscal de Materia hoy accionado en contra del accionante no cumpliría con los requisitos previstos por el art. 226 del CPP (Conclusión II.3.); cuando ambos aspectos no son en sí dos situaciones distintas; debido a que, ambas tienen que ver con un presunto indebido procesamiento ejecutado por el citado Fiscal de Materia ahora accionado que derivó en la aprehensión del accionante.
En ese entendido, se tiene que, al haber interpuesto el accionante esta acción de libertad el 14 de septiembre del 2023, pese a que, desde el 6 de ese mes y año era de su conocimiento el inicio de investigaciones de 1 del citado mes y año en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante ante el Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Oruro (Conclusión II.1.).
En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que trata sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, siendo que acudió directamente a la justicia constitucional sin agotar previamente los medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida por el Fiscal de Materia ahora accionado, siendo que cualquier denuncia de una supuesta ilegalidad o indebida aprehensión, así como todos los pormenores que dieron lugar a la misma, ejecutados por parte del Ministerio Público, desde los actos .
iniciales de la investigación hasta la conclusión de la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de instrucción penal conforme establecen los arts. 54.1 y 279 del CPP, constituyéndose en una condición previa para acudir a la vía constitucional.
Finalmente, se tiene por lo manifestado por el propio accionante y corroborado por el Fiscal de Materia hoy accionado que en la audiencia de medidas cautelares realizada en horas de la mañana del 15 de septiembre de 2023, -mismo día en que se realizó la audiencia de esta acción de defensa- el accionante reclamó su aprehensión ilegal, que al ser considerado por el Juez de la causa fue rechazado, ante lo cual el accionante interpuso recurso de apelación que se encuentra en trámite concurriendo por ello, en la activación simultánea de la acción de libertad y un recurso ordinario, extremo expresamente establecido por la SCP 0549/2018-S2 de 25 de septiembre, que dispuso: “…cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico (…), es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos (…), para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”, si bien no se tiene claro cuál de las dos situaciones que fueron diferenciadas por el accionante, fue reclamado en la audiencia de medidas cautelares, al manifestar el nombrado que solo unas de las dos fue reclamado en dicha audiencia; sin embargo, por todo lo expuesto, corresponde denegarse la tutela solicita por incumplimiento de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 91/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
.
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1073_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): f125f7ba5848939148199b310bbd581c73fbc48e02163f7e81281d0e1d4a3bc2
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