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SCP 1073/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 12 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
12 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54938-2023-110-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, igualdad, presunción de inocencia, a la defensa y acceso a la justicia; puesto que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, los Jueces demandados por Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2023, dispusieron su detención preventiva alegando la concurrencia del art. 234. 2 y 7 del CPP, con base en elementos subjetivos y sosteniendo que fue declarado rebelde; por su parte, si bien el Vocal demandado, a través del Auto de Vista de 15 de ese mes y año, desvirtuó el art. 234.2 del citado Código -inherente al domicilio-; empero, mantuvo incólume la medida extrema, sin fundamentar ni motivar la concurrencia del art. 234.7 del referido Código -peligro efectivo para la víctima-; tampoco tomó en cuenta que el Fiscal de Materia asignado al caso ni la víctima solicitaron medidas cautelares. Ante ello, los Jueces demandados señalan que para determinar la detención preventiva, consideraron la acusación fiscal que a diferencia de la imputación formal no se basa en supuestos ni indicios sino en la prueba y, siendo que la causa involucra a una menor de edad en atención a los principios de convencionalidad y proporcionalidad aplicaron los arts. 13, 256 y 410 de la CPE para juzgar con perspectiva de género, sin quebrantar el derecho a la presunción de inocencia del solicitante de tutela. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 06/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 229 vta. a 237 vta. pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la exigencia que tienen los tribunales de apelación de motivar y fundamentar sus fallos al momento de resolver medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1073/2025-S2 Sucre, 12 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54938-2023-110-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 06/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 229 vta. a 237 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Darío Apaza Pérez contra Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, Cimar Álvarez Wáyar y Humberto Téllez Alurralde, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de abril de 2023, cursante de fs. 1 a 7 vta., el accionante manifiesta que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, se cometió una serie de irregularidades, entre ellas, el Fiscal de Materia asignado al caso no lo notificó para que preste su declaración informativa policial, no expidió mandamiento de aprehensión por inasistencia a ese acto ni lo declaró rebelde; pese a ello, el 28 de enero de 2021, lo imputó formalmente y solicitó su detención preventiva por el lapso de seis meses alegando la concurrencia de los riesgos procesales contenidos en el art. 234.1, 2, 4 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, no firmó ni rubricó el escrito, tampoco consignó sus generales de ley, constando como único dato el nombre de Ana María Chávez Cruz -abogada de defensa pública-; por otra parte, el Juez de control jurisdiccional sin conocer el informe de inicio de investigación y otros actuados -no indica cuáles- fijó audiencia para el 18 de febrero del señalado año; empero, dado que no se arrimó el croquis de su domicilio no pudo ser notificado, por lo que, la audiencia fue diferida y se dispuso la notificación por edictos -pese a que no fue declarado rebelde-; sin embargo, al no haberse cumplido la diligencia, las audiencias de 18 de marzo, 14 de abril y 3 de mayo de ese año fueron suspendidas; posteriormente, el Fiscal de Materia asignado al caso lo acusó formalmente; sin embargo, el Juez de la causa dispuso previamente su notificación con la imputación formal. Los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, ordenaron su notificación por edictos con la acusación formal y otorgaron el plazo de diez días al nombrado para que entregue la prueba de cargo. El 30 de noviembre de 2021, dictaron el Auto de Apertura de Juicio Oral y fijaron audiencia para el 16 de diciembre de igual año, en la que fue declarado rebelde, al enterarse de aquello, se presentó de manera voluntaria asesorado por Jaime Daniel Burgoa Romero -abogado-, por lo que, se dejó sin efecto la declaratoria de rebeldía y se fijó audiencia para el 9 de diciembre de 2022, pero al no haber concurrido fue suspendida. En audiencia de 22 de febrero de 2023, con base en el informe emitido por la Secretaria del enunciado Juzgado, los Jueces indicaron que se notificó a Luis Alejandro Huanca Paco, identificándolo como su abogado, no obstante que él mencionó que ya no trabajaba en copatrocinio con su defensor técnico y que el haberlo incluido se podía deber a un error de “taipeo” razón por la que fue erróneamente notificado; no obstante, su persona fue declarado rebelde en el marco de los arts. 87.1 y 89 del CPP, disponiendo la emisión del mandamiento de aprehensión, el arraigo y publicación de edictos en el portal judicial. En consecuencia, el 1 de marzo de 2023, Cimar Álvarez Wáyar y Humberto Téllez Alurralde, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí -hoy demandados- llevaron a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares -sin previa solicitud del Ministerio Público ni la parte civil-, acto procesal al que asistió con Marco Antonio Borda Belzú -su nuevo abogado- y planteó incidente de actividad procesal defectuosa denunciando las referidas irregularidades, el mismo que fue rechazado por Auto Interlocutorio de la citada data, aseverando que convalidó los actos al momento de su apersonamiento. Por otra parte, los demandados determinaron su detención preventiva alegando concurrencia del art. 234.2 y 7 del CPP; es decir, que no acreditó domicilio y es un peligro efectivo para la víctima, no obstante que, la Fiscal de Materia asignada al caso no presentó ningún elemento de convicción para acreditar que no cuenta con domicilio, como una certificación del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) o un informe policial que refleje que fue buscado y no encontrado; asimismo, alegó la existencia de imputación formal y acusación fiscal, sin siquiera presentar la entrevista de la víctima menor de edad; por lo que, con base a elementos subjetivos y la declaración de rebeldía de la que fue objeto, se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Cantumarca del departamento de Potosí, ante lo cual, interpuso recurso de apelación incidental denunciando la falta de fundamentación y motivación. El 15 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de fundamentación a la apelación incidental acto procesal en el que Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Potosí - hoy demandado-desvirtuó la concurrencia del art. 234.2 del CPP -domicilio-sosteniendo que su persona tiene un arraigo natural, empero, con fundamentos distintos al Auto Interlocutorio de 1 de ese mes y año, mantuvo vigente el art. 234.7 del citado Código, aludiendo la existencia de imputación formal, la acusación fiscal y la declaración de la menor, pese a que en la audiencia de aplicación de medida cautelar no se presentó ningún elemento de prueba, a más de tomarse la decisión con base a indicios, cuando en la tramitación de la causa penal se suscitaron las irregularidades que denunció.

I.1.2. Derechos presuntamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, igualdad, presunción de inocencia, a la defensa y acceso a la justicia, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene dejar sin efecto el Auto de Vista de 15 de marzo de 2023 -se infiere- y se disponga su libertad en el día.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 224 a 229, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de sus abogados, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) Desconocía la tramitación del proceso penal seguido en su contra; después de la acusación formal la causa radicó en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, posteriormente fue remitido a su similar Tercero; empero, desde su inicio se suscitaron varias irregularidades, tiene su domicilio en la “...Calle Smith Primero de Mayo y Tika Loma...” (sic); empero, el Fiscal de Materia asignado al caso nunca acudió al SEGIP a efectos de averiguar esa dirección; no obstante fue declarado rebelde, por lo que, el 22 de octubre de 2022, compareció al señalado Juzgado y se fijó audiencia para el 9 de diciembre de ese año; sin embargo, dicho acto procesal no fue llevado a cabo y en razón a una incorrecta notificación a otro abogado; no asistió a la audiencia de 22 de febrero de 2023; por lo que, nuevamente fue declarado rebelde emitiéndose el respectivo mandamiento de aprehensión; b) El 1 de marzo del citado año, se dispuso su detención preventiva, en una audiencia en la que primero se debió levantar su rebeldía; empero, con base en una mala valoración y fundamentación, se le impuso la medida extrema; c) En el Auto de Vista de 15 del señalado mes y año, el Vocal demandado sostuvo que la declaración de la víctima menor de edad goza de presunción de veracidad; que su persona empleó fuerza para el acceso carnal; además de tratarse de delitos contra la libertad sexual vincula el art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE), que tiende a poner por sobre cualquier circunstancia el interés superior de la niña, niño o adolescente; en tal sentido, la presunción de verdad pondera cuestiones subjetivas; sin embargo, para su detención preventiva no se presentó ningún elemento, pese a ello, se tomó en cuenta la declaración de la víctima -prueba MP2- otorgándole un valor cuando ni siquiera fue introducida y debería ser analizada en el juicio oral; d) La medida cautelar no fue solicitada por el Ministerio Público, por lo que, él no fundamentó con prueba la necesidad de su detención preventiva, y en el marco de los arts. 116 de la CPE y 6 del CPP goza de presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad; y, e) En sustanciación y resolución de la aclaración, complementación y enmienda que activó contra el indicado Auto de Vista, el Vocal demandado sostuvo que el hecho de haberse presentado la acusación fiscal constituye peligro para la víctima; sin embargo, siendo que la referida acusación incluye la imputación formal, la prueba MP2, el acta de declaración de la víctima, dicho Vocal efectuó una valoración que debió ser realizada en el juicio oral, pues en la aplicación de medidas cautelares se tiene que presentar indicios.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 15. Cimar Álvarez Wáyar y Humberto Téllez Alurralde, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del supra citado departamento, en audiencia de garantías pidieron que la tutela sea denegada y se imponga costas al accionante, al efecto señalaron que: 1) El incidente de actividad procesal defectuosa formulado por el nombrado fue declarado infundado determinación confirmada por la respectiva Sala Penal; al igual que la detención preventiva impuesta; 2) El 21 de octubre de 2022, el impetrante de tutela se apersonó a la causa penal, habiendo sido antes declarado rebelde se le impuso una multa y previo a la cancelación incluso se le otorgó fotocopias del proceso; por lo que, tenía pleno conocimiento del mismo; 3) Para la imposición de la medida extrema se consideró la existencia de la acusación fiscal, la que a diferencia de la imputación formal, no se basa en supuestos ni indicios sino en la prueba; y, 5) En el pliego acusatorio se encuentra inmersa una menor de edad que pertenece a un grupo vulnerable; lo cual, en aplicación de los principios de convencionalidad y proporcionalidad obliga a los juzgadores aplicar los arts. 13, 256 y 410 de la CPE para juzgar con perspectiva de género sin quebrantar el derecho a la presunción de inocencia del impetrante de tutela, ello en armonía con lo razonado en diferentes autos supremos y sentencias constitucionales plurinacionales.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 06/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 229 vta. a 237 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Las apelaciones correspondientes al incidente de actividad procesal defectuosa y de la medida cautelar de detención preventiva impuesta al accionante fueron remitidas al superior en grado de manera separada; en la presente acción de libertad se cuestiona el Auto de Vista de 15 de marzo de 2023 que sustanció y resolvió la impugnación inherente a la referida medida cautelar; ii) En el citado fallo, el Vocal demandado sostuvo que no era evidente que los Jueces demandados actuaron de forma ultra petita al fijar la audiencia para la consideración de medida cautelar; toda vez que, el Fiscal de Materia asignado al caso la solicitó desde que presentó la imputación formal; asimismo, la presunta víctima efectuó idéntico petitorio, cursando en obrados el respectivo memorial -no indica fecha-; iii) El nombrado también indicó que en la imputación formal cursan elementos de convicción sobre el hecho delictivo como la declaración de la víctima, informes policiales, en la que refleja que la nombrada identificó al autor y la agresión sexual, lo que permite establecer la probabilidad de la existencia del hecho criminal y la participación del impetrante de tutela en la agresión sexual a una menor de trece años, corroborada por la acusación fiscal, delitos en los cuales la sindicación realizada por una niña, niño o adolescente goza de presunción de veracidad mientras no se demuestre lo contrario; pues, en el marco del art. 60 de la CPE debe ponderarse sobre cualquier circunstancia el interés superior de la niña, niño o adolescente; por lo que, concluyó que la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, se encuentra fundamentado, pues existe la necesidad de garantizar la presencia del imputado en el normal desarrollo del proceso; y, iv) El referido Vocal identificó los agravios planteados por el solicitante de tutela, los resolvió con la debida fundamentación y motivación, explicando los motivos y circunstancias que lo llevaron a asumir su decisión, valoró de manera integral las pruebas aportadas ello en el marco de los arts. 124 y 398 del CPP.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia pública de consideración y resolución de apelación incidental de medida cautelar y Auto de Vista de 15 de marzo de 2023, emitido por Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -hoy demandado-; a través del cual declaró parcialmente procedente el recurso de apelación incidental formulado por Darío Apaza Pérez -hoy accionante- y mantuvo subsistente el art. 234.7 del CPP y en consecuencia la detención preventiva determinada por Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2023 (fs. 22 a 23 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, igualdad, presunción de inocencia, a la defensa y acceso a la justicia; puesto que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, los Jueces demandados por Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2023, dispusieron su detención preventiva alegando la concurrencia del art. 234. 2 y 7 del CPP, con base en elementos subjetivos y sosteniendo que fue declarado rebelde; por su parte, si bien el Vocal demandado, a través del Auto de Vista de 15 de ese mes y año, desvirtuó el art. 234.2 del citado Código -inherente al domicilio-; empero, mantuvo incólume la medida extrema, sin fundamentar ni motivar la concurrencia del art. 234.7 del referido Código -peligro efectivo para la víctima-; tampoco tomó en cuenta que el Fiscal de Materia asignado al caso ni la víctima solicitaron medidas cautelares. Ante ello, los Jueces demandados señalan que para determinar la detención preventiva, consideraron la acusación fiscal que a diferencia de la imputación formal no se basa en supuestos ni indicios sino en la prueba y, siendo que la causa involucra a una menor de edad en atención a los principios de convencionalidad y proporcionalidad aplicaron los arts. 13, 256 y 410 de la CPE para juzgar con perspectiva de género, sin quebrantar el derecho a la presunción de inocencia del solicitante de tutela. El Vocal demandado no emitió respuesta. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la exigencia que tienen los tribunales de apelación de motivar y fundamentar sus fallos al momento de resolver medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal

Respecto al enunciado la SC 0782/2005-R de 13 de julio, señaló que: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/o obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares…” (las negrillas nos corresponden). Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, el art. 398 del CPP, establece que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” (el énfasis nos pertenece).

III.2. Análisis del caso concreto

Previamente a ingresar al análisis de fondo, cabe señalar que en la audiencia de 1 de marzo de 2023, el accionante dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa -que fue rechazado-; asimismo, los Jueces demandados determinaron su detención preventiva; por lo que, planteó recurso de apelación contra ambas determinaciones; en consecuencia, las mismas fueron remitidas a las Salas Penales Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, resolviéndose de forma separada. A través de la presente acción de libertad se demanda a Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del indicado Tribunal, quien resolvió la apelación incidental de la medida extrema impuesta, razón por la cual, atinge compulsar el Auto de Vista de 15 del señalado mes y año. Por otra parte, el solicitante de tutela denuncia al supra citado Vocal y a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; en tal sentido, corresponde aclarar que en el marco del principio de subsidiariedad excepcional que rige este mecanismo constitucional la revisión de las determinaciones asumidas en la jurisdicción ordinaria, se realiza a partir de la última resolución; es decir, en el presente caso del Auto de Vista de 15 de marzo de 2023, por cuanto dicho fallo tiene la posibilidad de corregir, enmendar o anular las decisiones dispuestas. En tal contexto, el análisis se desarrollará a partir de los argumentos expuestos por la defensa técnica del accionante durante la audiencia de apelación incidental así como de los fundamentos contenidos en el Auto de Vista de 15 de marzo de 2023 (Conclusión II.1); empero, solamente en relación a la concurrencia del art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la víctima-; toda vez que, a decir del impetrante de tutela, esa determinación es la que carece de fundamentación y motivación. Ahora bien, en cuanto al agravio inherente a la concurrencia del art. 234.7 del CPP, el impetrante de tutela en la apelación incidental expuesta en la supra citada audiencia sostuvo que no se demostró que es un peligro para la víctima, inobservando los presupuestos establecidos en el art. 233 del citado Código y que se impuso medidas cautelares sin que exista solicitud del Ministerio Público, ni de la víctima. Al respecto, en el Auto de Vista de 15 de marzo de 2022, el Vocal demandado en cuanto al agravio referido a que no se demostró que es un peligro para la víctima sostuvo que a partir de la declaración de la víctima, informes de orden policial y el hecho -la supuesta agresión sexual-, existen elementos suficientes para establecer que la supuesta víctima es una menor de trece años y en el mismo se habría utilizado la fuerza para el acceso carnal a una menor vulnerable, por su condición de mujer y niña; en tal sentido, el art. 60 de la CPE manda aplicar el principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, vinculado a la presunción de verdad; por lo que, no resulta en su criterio irracional que existiendo el antecedente de la agresión sexual y la vulnerabilidad de la víctima que el accionante se constituya en peligro para ella. Asimismo, en cuanto a la conducta oficiosa que a decir del impetrante de tutela incurrieron los Jueces demandados, ya que, ni el Fiscal de Materia asignado al caso ni la víctima solicitaron medidas cautelares, el demandado indicó que tal aspecto no era evidente; toda vez que, en obrados cursa un memorial de la víctima solicitando la aplicación de medidas cautelares en virtud del cual los jueces demandados fijaron audiencia a ese efecto. Por otra parte, resolviendo la aclaración pedida por el accionante en cuanto a: “…en qué parte del acta se ha acreditado que el Ministerio Público ha presentado una declaración de la menor para supuestamente mantener vigente (…) el art. 234 núm. 7…” (sic); señaló que en la imputación formal se presentó la prueba MP2, inherente al acta de declaración de la víctima realizada mediante el Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Potosí; asimismo, de la prueba presentada en la acusación MP1 a MP10, constan diferentes elementos de convicción que fueron judicializados ante el Tribunal de instancia; por lo que, la prueba sí fue presentada. En tal sentido, de la deducción lógica y razonable de la imputación formal y la acusación formal, emerge la existencia del hecho y la identificación del presunto agresor. En ese entendido y de lo analizado, se tiene que, el Vocal demandado motivó y fundamentó el Auto de Vista de 15 de marzo de 2023 señalado por el accionante como lesivo; puesto que, aunque de manera breve, identificó y precisó las razones y elementos por los cuales, a su criterio, debe mantenerse la medida de detención preventiva por concurrencia del art. 234.7 del CPP; en ese entendido, no existiendo tampoco un cargo concreto y específico de la parte accionante corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 06/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 229 vta. a 237 vta. pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1073_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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