Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de julio de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en la “reforma en perjuicio” y la defensa material; así como, en su elemento a la libertad; y, a los principios de impartir justicia, que se basan a su vez en la seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad, respeto de derechos y la impugnación en procesos judiciales; puesto que, el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 25 de 3 de febrero de 2023, confirmó el Auto Interlocutorio 01/23 de 17 de enero de igual año, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, al no haber enervado el riesgo procesal dispuesto por el art. 235.2 del CPP, respecto a que el imputado podría influenciar en los peritos, aspecto que no hubiese sido considerado en la Audiencia de Apelación de Medidas Cautelares de 14 de diciembre de 2022, el cual contemplaba sólo las declaraciones informativas policiales y no así a los peritos, actuando por ello de manera ultra petita, ampliando parámetros no contemplados en la mencionada acta de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La Fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 58 a 59 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1072/2026-S1 Sucre, 8 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54157-2023-109-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 58 a 59 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Alfonso Choque Choque en representación sin mandato de Lorgio Alejandro Aguilar Pérez contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 15 de febrero de 2023, cursante de fs. 49 a 50 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona Lorgio Alejandro Aguilar Pérez -accionante-, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, previsto y sancionado por los arts. 335 y 346 bis del Código Penal (CP), con Formulario Único de Denuncia (FUD) 701102012205277, bajo control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien emitió el Auto Interlocutorio 01/23 de 17 de enero de 2023, rechazando su solicitud de cesación de su detención preventiva. Apelada dicha determinación, se emitió el Auto de Vista 25 de 3 de febrero de igual año, por el Vocal ahora accionado, quien confirmó el citado Auto Interlocutorio, al considerar que si bien se tomaron las declaraciones informativas policiales de Abelardo Ardaya Ferreira y Sergio Daniel Romero Ruiz, su persona aún podría influenciar sobre los peritos.
De antecedentes se tiene, acta de audiencia de apelación de medidas cautelares de 14 de diciembre de 2022 y la emisión del Auto de Vista 663 de 14 de diciembre de 2022, por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en la cual se enervó los riesgos procesales, quedando latente el riesgo procesal establecido por el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); puesto que, la “autoridad jurisdiccional” identificó sobre qué personas el imputado podría influir negativamente, señalando que una vez que se cumpla con lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional, recién se tendría por enervado ese riesgo procesal; por lo que, habiéndose identificado a las personas que deben prestar su declaración informativa, consideró que dicho riesgo procesal continúa latente. El Vocal hoy accionado, en la audiencia de apelación a la cesación de su detención preventiva del “día de hoy” -3 de febrero de 2023-, determinó que se enervaba las declaraciones de los testigos; por cuanto, se constató que constan sus declaraciones informativas policiales; no obstante, confirmó el Auto Interlocutorio 01/23, respecto a que su persona aún puede influenciar de manera negativa en los peritos, aspecto que no fue considerado en el Auto de Vista 663, en el que figuran solo las declaraciones informativas policiales de Abelardo Ardaya Ferreira y Sergio Daniel Romero Ruiz ;y, no de los peritos, actuando de forma ultra petita; que en lugar de enervar el riesgo procesal aumentó parámetros no contemplados. En cuanto a la no reformatio in peius, citando las Sentencias Constitucionales 0202/2006-R de 21 de febrero; y, 1745/2010-R de 25 de octubre, dicho principio jurídico procesal deriva de la garantía del debido proceso, el cual establece la prohibición de que un Juez o Tribunal de alzada agrave la situación jurídica del recurrente; siempre y cuando la otra parte se conforme con lo dispuesto y no apele ni exprese agravios. Por tales motivos, precisó que el Vocal ahora accionado, no aplicó los principios de seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad y respeto a los derechos y libertades ciudadanas en su perjuicio, garantizándose el principio de impugnación en los procesos judiciales.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en la “reforma en perjuicio” y la defensa material; así como, en su elemento a la libertad -señalado en audiencia-; y, a los principios de impartir justicia, que se basan a su vez en la seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad, respeto de derechos y la impugnación en procesos judiciales, citando al efecto los arts. 117.I, 178.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 25 de 3 de febrero de 2023; b) Ordenar que de manera inmediata se renueve el acto procesal, desvirtúe el riesgo procesal determinado por el art. 235.2 del CPP; y, c) Conceder la cesación de la detención preventiva, disponiendo medidas cautelares menos gravosas a esa.
Celebrada la audiencia virtual el 16 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 57 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Se presentó nuevamente la acción de libertad, que el 8 de febrero de 2023 fue rechazada; ya que, el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no advirtió que se hubiese vulnerado derecho alguno, al no realizar alguna observación o solicitado complementación y enmienda, ante el supuesto error incurrido por el Vocal hoy accionado; por lo que, de acuerdo a la línea jurisprudencial establecida por la “SC 1499/2011”; y, la SCP 1617/2013 de 4 de octubre, que establecen que puede volverse a presentar una acción tutelar cuando no se ha considerado el fondo y al denegarse la tutela por subsidiariedad, ello no impide que superada dicha observación se ingrese al análisis de fondo de la problemática planteada; empero, no se consideró que se solicitó complementación y enmienda, misma que consta en el acta de audiencia de apelación a la cesación de su detención preventiva, agotándose con ello todas las etapas, aclarando que la complementación o enmienda no va al fondo; sin embargo, cumpliendo con la sugerencia se superó esa situación, presentándose nuevamente la acción de defensa; 2) Señaló que reclama el respeto al debido proceso en su elemento a la libertad; ya que, en una apelación se busca restituir dicho derecho; no obstante, el Auto de Vista 25, pronunciado por el Vocal ahora accionado, confirma el Auto 01/2023, emitido por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del citado departamento, y al haberse presentado los dos testigos faltando solo los peritos, conforme al acta de medidas cautelares de 14 de diciembre de 2022, el cual mereció el Auto de Vista 663, en mérito a una apelación formulada, en la que se determinó que sólo quedaría latente un riesgo procesal, en cuanto a los testigos plenamente identificados y una vez cumplida dicha actuación se enervaría el riesgo procesal; y, 3) El Auto de Vista 25 pronunciado por el mencionado Vocal, va más allá de lo previsto por ley y la SC 1745/2010-R de 25 de octubre, al haber exigido cosas que el juez de instrucción no solicitó.
Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 52.
El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 09/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 58 a 59 vta., denegó la tutela solicitad; bajo los siguientes fundamentos: i) Debe primar el principio de verdad material, y toda vez que el Vocal hoy accionado no remitió informe o el cuaderno de control jurisdiccional para que sea considerado, se entendería como una aceptación de lo fundamentado por el accionante; ii) La acción de libertad ya fue presentada anteriormente ante el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz y resuelta conforme la Resolución 08/2023 de 8 de febrero, la cual fue remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional en el término de ley; por cuanto, al tener antecedentes del caso en análisis no corresponde ingresar a considerar los fundamentos en la presente acción de libertad que ya fueron resueltos anteriormente, a través de la mencionada Resolución; y, iii) En cuanto a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales citadas por el abogado del accionante, por las que podría volverse a formular otra acción de libertad siempre y cuando no analice el fondo, las mismas no son vinculantes con la nueva acción de defensa presentada; toda vez que, la presente acción de libertad tiene los mismos fundamentos que la anterior en cuanto al sujeto, objeto y causa; por consiguiente, no corresponde ingresar a analizar ninguno de los elementos presentados, tampoco los fundamentos vertidos. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado solicitó al Tribunal de garantías quese pronuncie respecto a lo siguiente: a) Referente a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales citadas, sobre la presentación nuevamente de una acción tutelar, esas no serían vinculantes; y, b) Respecto a la parte considerativa de la Resolución 08/2023 emitida en una anterior acción de libertad, en la que se estableció que no se hubiese agotado instancias, en cuanto a una complementación y enmienda al Auto de Vista 25 del Vocal hoy accionado, denegándose la tutela, y no se ingresó a considerar el fondo por subsidiariedad; así mismo, en la presente acción tutelar. En mérito a esa solicitud, el Tribunal de garantías señaló que: al no haberse ingresado a analizar el fondo de la acción de libertad interpuesta, no corresponde complementación y enmienda; puesto que, dicha figura es para corregir o complementar algún error en que se hubiese incurrido y al no ingresar al fondo de la problemática, no corresponde lo solicitado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo. Mediante decreto constitucional de 20 de marzo de 2026, cursante a fs. 69, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 7 de julio del citado año, cursante a fs. 73; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares y la posterior emisión del Auto Interlocutorio 1748/2022 19 de noviembre, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, se dispuso la detención preventiva de Lorgio Alejandro Aguilar Pérez -ahora accionante-, a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento, por noventa días, al concurrir los riegos procesales establecidos por los arts. 234.1 y 2; y, 235.1 y 2 del CPP; es decir, está acreditado que el nombrado no tiene domicilio laboral, tiene facilidades de abandonar el país o permanecer oculto y de influenciar en los testigos y peritos; contra ese Auto interlocutorio el accionante a través de su abogado, formuló recurso de apelación incidental, al igual que las víctimas (fs. 2 a 16 vta.). II.2. Consta Acta de audiencia de apelación a la aplicación de medidas cautelares y posterior emisión del Auto de Vista 663 de 14 de diciembre de 2022, por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que resolvió declarar admisible e improcedente la apelación planteada por la parte civil -Karen Priscila Vargas Puña, Marco Antonio Suarez Paz y Luis Enrique Terrazas Vargas-; y, admisible y procedente en parte el recurso de apelación formulado por el accionante, revocando parcialmente el Auto Interlocutorio 1748/2022, enervándose los arts. 234.1 y 2 y 235.1 del CPP; sin embargo, no el descrito por el art. 235.2 del citado Código; ya que, podría influir en las personas que deben prestar su declaración informativa “Abelardo Ferreira” y “Sergio Romero”, una vez cumplida dicha actuación recién se tendría por cumplida la misma (fs. 17 a 24).
II.3. Cursa Acta de audiencia de cesación a la medida cautelar de detención preventiva impuesta al accionante, en la cual se emitió el Auto Interlocutorio 01/23 de 17 de enero de 2023, por la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz. que rechazó la cesación de la detención preventiva del nombrado, con el argumento de que no existe elemento actual que desvirtúe el art. 235.2 del CPP; ya que, existen declaraciones de 18 de octubre y 8 de noviembre de 2022, las cuales fueron anteriores a la audiencia de medidas cautelares de 19 de ese mes y año. Se solicitó complementación y enmienda; por la que, se pidió se efectúe una valoración integral de todo el cuaderno de control jurisdiccional y el de investigaciones; ya que, tanto en la audiencia de medidas cautelares como en la apelación de dicha medida cautelar, se establecieron dos testigos, los cuales no fueron utilizados dentro del proceso penal; por esa razón el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, estableció que deberían tomarse en cuenta las declaraciones y por eso se pidió la cesación de la detención preventiva, debiendo basarse en qué parte se hubiesen utilizado las declaraciones o si se necesitaría una declaración ampliatoria, no pudiendo obstaculizar si ya prestaron declaración, misma que fue respondida exponiendo que se rechazó al no haber arrimado ni demostrado nuevos elementos (fs. 25 a 31). II.4. A través del Acta de apelación de la cesación de la detención preventiva y posterior pronunciamiento del Auto de Vista 25 de 3 de febrero de 2023, emitido por Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy accionado-, se determinó declarar admisible e improcedente el recurso de apelación planteado, confirmando el Auto Interlocutorio 01/23, al considerar que conforme al Acta de Aplicación de Medidas Cautelares de 19 de noviembre de 2022, en cuanto al peligro de obstaculización se estableció que el referido Vocal tiene facilidades para influir negativamente sobre los testigos, peritos; así como, para falsificar elementos de prueba; sin embargo, en dicho razonamiento concreto y preciso, no se mencionó sobre qué testigos o peritos podría influir, empero, se sobreentiende a los testigos citados por el Fiscal de Materia en su imputación formal, con relación a los hechos y elementos de prueba presentados, el cual fue objeto del recurso de apelación; por lo que, se emitió el Auto de Vista 663, que señala respecto al riesgo de obstaculización, se tiene que la autoridad jurisdiccional identificó sobre qué personas el accionante podría influir negativamente; por lo que, una vez que se cumpla el cometido que señaló la mencionada autoridad, recién se tendría por enervado ese riesgo procesal y quienes deben presentar su declaración informativa son Abelardo Ardaya Ferreira y Sergio Daniel Romero Ruiz, respecto a los peritos no hace referencia, lo que da a entender que se mantiene vigente que el accionante puede influir sobre los peritos que realizaron los elementos de prueba que diligenció el Fiscal de Materia, y habiéndose tomado sus declaraciones informativas el 18 de octubre y 8 de noviembre ambos de 2022, anteriores a la audiencia de medidas cautelares y al Auto Interlocutorio 1748/2022, donde se dispuso su detención preventiva y al Auto de Vista 663, que resolvió el recurso de apelación; por consiguiente, no se dio cumplimiento al art. 239.1 del CPP, el mismo que exige nuevos elementos de juicio para modificar la medida de detención preventiva, que no concurren en el presente, por otra parte en cuanto a los peritos se mantiene no habiendo desvirtuado aquello (fs. 32 a 39).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en la “reforma en perjuicio” y la defensa material; así como, en su elemento a la libertad; y, a los principios de impartir justicia, que se basan a su vez en la seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad, respeto de derechos y la impugnación en procesos judiciales; puesto que, el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 25 de 3 de febrero de 2023, confirmó el Auto Interlocutorio 01/23 de 17 de enero de igual año, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, al no haber enervado el riesgo procesal dispuesto por el art. 235.2 del CPP, respecto a que el imputado podría influenciar en los peritos, aspecto que no hubiese sido considerado en la Audiencia de Apelación de Medidas Cautelares de 14 de diciembre de 2022, el cual contemplaba sólo las declaraciones informativas policiales y no así a los peritos, actuando por ello de manera ultra petita, ampliando parámetros no contemplados en la mencionada acta de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La Fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso; y, 2) Análisis del caso concreto.
La SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, haciendo referencia a jurisprudencia anterior, señala que: “‘…el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados...’.
Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: ‘…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita” (las negrillas son nuestras).
En coherencia con esos entendimientos jurisprudenciales, respecto a las medidas cautelares de carácter personal, se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o las mantenga; en ese sentido, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, mencionando jurisprudencia anterior, señala que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 1083/2014 de 10 de junio, establece que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos corresponden). La SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió al principio de congruencia como el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en la “reforma en perjuicio” y la defensa material; así como, en su elemento a la libertad; y, a los principios de impartir justicia, que se basan a su vez en la seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad, respeto de derechos y la impugnación en procesos judiciales; puesto que, el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 25 de 3 de febrero de 2023, confirmó el Auto Interlocutorio 01/23 de 17 de enero de igual año, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, al no haber enervado el riesgo procesal dispuesto por el art. 235.2 del CPP, respecto a que el imputado podría influenciar en los peritos, aspecto que no hubiese sido considerado en la Audiencia de Apelación de Medidas Cautelares de 14 de diciembre de 2022, el cual contemplaba sólo las declaraciones informativas policiales y no así a los peritos, actuando por ello de manera ultra petita, ampliando parámetros no contemplados en la mencionada acta de apelación. Consideraciones previas En mérito a que el presente cuaderno procesal fue sorteado conforme a lo desarrollado en el Punto I.3. de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional; es preciso que se tome en cuenta que la presente causa fue sorteada previamente a la que corresponde al expediente 53659-2023-108-AL, con la cual guarda relación. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, cursa acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares y la posterior emisión del Auto Interlocutorio 1748/2022, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, se dispuso la detención preventiva del accionante, a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento, por noventa días, al concurrir los riegos procesales establecidos por los arts. 234.1 y 2; y, 235.1 y 2 del CPP; es decir, está acreditado que el nombrado no tiene domicilio laboral, tiene facilidades de abandonar el país o permanecer oculto y de influenciar en los testigos y peritos; contra el referido Auto interlocutorio el accionante a través de su abogado, formuló recurso de apelación incidental, al igual que las víctimas (Conclusión II.1.), por acta de audiencia de apelación a la aplicación de medidas cautelares y posterior emisión del Auto de Vista 663, por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, que resolvió declarar admisible e improcedente la apelación planteada por la parte civil -Karen Priscila Vargas Puña, Marco Antonio Suarez Paz y Luis Enrique Terrazas Vargas-; y, admisible y procedente en parte el recurso de apelación formulado por el accionante, revocando parcialmente el Auto Interlocutorio 1748/2022, enervándose los arts. 234.1 y 2 y 235.1 del CPP; sin embargo, no el descrito por el art. 235.2 del citado Código; ya que, podría influir en las personas que deben prestar su declaración informativa “Abelardo Ferreira” y “Sergio Romero”, una vez cumplida dicha actuación recién se tendría por cumplida la misma (Conclusión II.2.). Posteriormente, el accionante solicitó cesación de la detención preventiva, y luego de llevarse a cabo la audiencia, se emitió el Auto Interlocutorio 01/23, por la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz. que rechazó la cesación de la detención preventiva del nombrado, con el argumento de que no existe elemento actual que desvirtúe el art. 235.2 del CPP; ya que, existen declaraciones de 18 de octubre y 8 de noviembre de 2022, las cuales fueron anteriores a la audiencia de medidas cautelares de 19 de ese mes y año. Se solicitó complementación y enmienda; por la que, se pidió se efectúe una valoración integral de todo el cuaderno de control jurisdiccional y el de investigaciones; ya que, tanto en la audiencia de medidas cautelares como en la apelación de dicha medida cautelar, se establecieron dos testigos, los cuales no fueron utilizados en el proceso penal; por esa razón el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento, estableció que deberían tomarse en cuenta las declaraciones y por eso se pidió la cesación de la detención preventiva, debiendo basarse en qué parte se hubiesen utilizado las declaraciones o si se necesitaría una declaración ampliatoria, no pudiendo obstaculizar si ya prestaron declaración, misma que fue respondida exponiendo que se rechazó al no haber arrimado ni demostrado nuevos elementos (Conclusión II.3.). En mérito a lo anterior, por Auto de Vista 25, el Vocal ahora accionado, declarar admisible e improcedente el recurso de apelación planteado, confirmando el Auto Interlocutorio 01/23, al considerar que conforme al acta de aplicación de medidas cautelares de 19 de noviembre de 2022, en cuanto al peligro de obstaculización se estableció que el referido Vocal tiene facilidades para influir negativamente sobre los testigos, peritos; así como, para falsificar elementos de prueba; sin embargo, en dicho razonamiento concreto y preciso, no se mencionó sobre qué testigos o peritos podría influir, empero, se sobreentiende a los testigos citados por el Fiscal de Materia en su imputación formal, con relación a los hechos y elementos de prueba presentados, el cual fue objeto del recurso de apelación; por lo que, se emitió el Auto de Vista 663, que señala respecto al riesgo de obstaculización, se tiene que la autoridad jurisdiccional identificó sobre qué personas el accionante podría influir negativamente; por lo que, una vez que se cumpla el cometido que señaló la mencionada autoridad, recién se tendría por enervado ese riesgo procesal y quienes deben presentar su declaración informativa son Abelardo Ardaya Ferreira y Sergio Daniel Romero Ruiz, respecto a los peritos no hace referencia, lo que da a entender que se mantiene vigente que el accionante puede influir sobre los peritos que realizaron los elementos de prueba que diligenció el Fiscal de Materia, y habiéndose tomado sus declaraciones informativas el 18 de octubre y 8 de noviembre ambos de 2022, anteriores a la audiencia de medidas cautelares y al Auto Interlocutorio 1748/2022, donde se dispuso su detención preventiva y al Auto de Vista 663, que resolvió el recurso de apelación; por consiguiente, no se dio cumplimiento al art. 239.1 del CPP, el mismo que exige nuevos elementos de juicio para modificar la medida de detención preventiva, que no concurren en el presente, por otra parte en cuanto a los peritos se mantiene no habiendo desvirtuado aquello (Conclusión II.4.). Precisada la relación de actuados cursantes en el cuaderno procesal y delimitada la problemática planteada por el accionante, se advierte que el nombrado precisa como acto vulneratorio a sus derechos, las determinaciones asumidas por el Vocal ahora accionado en el Auto de Vista 25, denunciando que el mismo vulnera los principios de la potestad de impartir justicia, la seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad y respeto de derechos, a la impugnación, al debido proceso vinculado con la libertad; por cuanto, considera que al resolver la apelación a la cesación de su detención preventiva en cuanto al riesgo procesal determinado por el art. 235.2 del CPP, el nombrado no fundamentó ni argumentó respecto a los peritos; puesto que, se estableció que existía el peligro de poder influenciar en los testigos, no así en los peritos, motivo por el cual el accionante considera que se agrava su situación y en virtud de la no reformatio in peius, existe una prohibición para que el Tribunal de alzada agrave la situación del recurrente, habiendo ido más allá de lo que el juez de instrucción le exigió, ahora bien, corresponde contrastar los argumentos expuestos por el nombrado en la audiencia de apelación incidental, que guardan relación con los aspectos que se denuncian ahora y lo resuelto por el señalado Auto de Vista, con la finalidad de determinar si existe la debida fundamentación y fundamentación: Así se tiene que el accionante señaló como agravios los siguientes: i) En la audiencia de apelación de medidas cautelares y posterior emisión del Auto de Vista 663, pronunciado por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se desvirtuaron los riesgos procesales, quedando uno, el establecido por el art. 235.2 del CPP, habiéndose identificado que debía tomarse la declaración informativa policial de Abelardo Ardaya Ferreira y Sergio Daniel Romero Ruiz; sin embargo, se tiene como verdad material que los mismos ya prestaron sus declaraciones el 18 de octubre y 8 de noviembre de 2022, aportando datos para que el Fiscal de Materia pueda investigar cumpliéndose a cabalidad lo pedido por la nombrada Sala Penal; empero, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del citado departamento, refiere que no se puede tomar esos elementos, porque fueron considerados antes y durante la audiencia de aplicación de medidas cautelares; por lo que, no serían nuevos elementos que puedan enervar o destruir los riesgos procesales, no habiendo efectuado una valoración de las pruebas aportadas, al ser consideradas anteriormente a la audiencia de cesación de la detención preventiva, tampoco consideró la SCP 0836/2014 de 30 de abril; por lo que, se estableció que al prestar sus declaración no se podría tomar en cuenta ese riesgo procesal.
ii) Conforme al Código de Procedimiento Penal no existe declaración ampliatoria policial de los testigos, solamente para el imputado si es que así lo requiere, enervándose el riesgo procesal; ya que, se cumplieron con las declaraciones informativas policiales de los testigos, alegando la SCP 0252/2018, que establece que el juez debe hacer una valoración integral primero sobre el hecho y segundo que no puede detener a una persona por un solo riesgo procesal, y al tratarse de un delito de estafa en el cual existen muchas incongruencias por parte del Fiscal de Materia, y habiéndose cumplido con las exigencias de los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no podría pedirse otra para enervar el peligro de obstaculización.
iii) Por vía de aclaración, complementación y enmienda el accionante solicita que conforme a la línea de las apelaciones debe suscribirse al último auto, en este caso la de cesación de la detención preventiva y lo que se pidió en audiencia de apelación de las medidas cautelares en la parte considerativa “En este caso una vez tomado la declaración informativa recién se tendrá por enervado este riesgo procesal, por lo que su autoridad ha ido mucho más allá de pedirme que declare los peritos o el imputado puede manifestarse a los peritos…” (sic). Por su parte el Auto de Vista 25, señaló que: a) Con relación al art. 235.2 del CPP, efectivamente como manifiesta el accionante, ese presupuesto procesal o peligro de obstaculización no puede fundarse en meras presunciones; ya que, vulneraría la parte final del mismo precepto, debiendo objetivamente establecer e identificar sobre quienes el nombrado podría obstaculizar durante el curso del proceso penal, siendo necesario remitirse a los antecedentes del proceso y del acta de aplicación de medidas cautelares de 19 de noviembre de 2022; por el que, se dispuso la detención preventiva del nombrado, en cuanto al peligro de obstaculización, se determinó que tiene las facilidades para falsificar elementos de prueba y de dicho razonamiento concreto y preciso realizado por la autoridad de primera instancia se entiende claramente que el imputado puede influir en testigos y peritos, sin identificarlos; no obstante, se entiende que son los testigos citados por el Fiscal de Materia en su imputación formal, en la relación de los hechos y elementos de prueba, el Auto Interlocutorio 1748/2022 fue recurrido emitiéndose el Auto de Vista 663.
b) “Se tiene que la autoridad jurisdiccional ha identificado sobre que personas el imputado puede influir negativamente, una vez que se cumpla el cometido que señalo la autoridad jurisdiccional, en ese caso recién se tendría por enervado este riesgo procesal, por lo que habiéndose identificado a las personas que deben prestar su declaración informativa que responde al nombre de Abelardo Ferreira y Sergio Romero, en consecuencia considero que este riesgo procesal del art. 235 núm. 2 del Código de Procedimiento Penal, continua latente” (sic), el Auto de Vista 663, identifica sobre qué testigos el imputado tiene facilidad de influir; puesto que, el Auto Interlocutorio 1748/2022 de primera instancia, no lo hizo, en cuanto a los peritos no hace referencia dando a entender que se mantiene vigente y que el accionante pueda influir sobre peritos que realizaron los elementos de prueba, fallos que se encuentran plenamente ejecutoriados, con base en ello el accionante, solicita la cesación de su detención preventiva en virtud del art. 239.1 del CPP, expresando en su fundamentación que ya se tiene las declaraciones informativas de Abelardo Ardaya Ferreira y Sergio Daniel Romero Ruiz, quienes presentaron sus declaraciones el 18 de octubre y 8 de noviembre de 2022, desvirtuándose así dicho riesgo procesal, subsanando también la observación realizada en el mencionado Auto Vista. c) Verificado el Auto Interlocutorio 01/2023 en revisión, el Vocal hoy accionado considera que no se desvirtúo ese riesgo procesal, en el sentido de que el accionante no presentó nuevos elementos de prueba; ya que, las declaraciones de 18 de octubre y 8 de noviembre de 2022, fueron anteriores a la audiencia de medidas cautelares, así como el Auto Interlocutorio 1748/2022 donde se dispuso su detención preventiva y el Auto de Vista 663 que resolvió el recurso de apelación, por ello no se hubiese dado cumplimiento al art. 239.1 del CPP, que exige nuevos elementos de juicio para modificar la medida cautelar de detención preventiva. El accionante en audiencia de apelación ratificó los argumentos expresados en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, solicitando que ahora se corrija en base al principio de verdad material consagrado por el art. 180 de la CPE, en ese sentido si bien es cierto que en audiencia de aplicación de medidas cautelares no se identificó sobre qué testigos podría influir el accionante; empero, el referido Auto de Vista identifica a las personas sobre las que podría influir, que serían los que prestaron su declaración informativa o testifical; por lo que, en mérito a esa verdad material efectivamente ya no existiría motivo o fundamento para mantener ese riesgo procesal respecto a los testigos; puesto que, presentaron su declaración informativa y las medidas cautelares no causan estado, pudiendo ser modificadas incluso de oficio en base a la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. d) En cuanto a la pericia que se hace referencia en el Auto Interlocutorio 1748/2022 de aplicación de medidas cautelares y ratificado en el Auto de Vista 663 pronunciado en apelación, el accionante no presentó ningún elemento de prueba, en consecuencia respecto a ese fundamento y razonamiento de los peritos establecidos en la audiencia de medidas cautelares se mantiene, y no hubiese sido desvirtuado con ningún elemento de prueba, si bien es cierto que la autoridad jurisdiccional, no tomó en cuenta el principio de verdad material, determinado en el art. 180 de la CPE; sin embargo, en el fondo actuó de manera correcta; ya que, en el fondo se mantiene el fundamento respecto a los peritos que se estableció en la Audiencia de medidas cautelares de 19 de noviembre y ratificado por el señalado Auto de Vista, “…razón por el cual se tiene que el imputado efectivamente no ha desvirtuado este riesgo procesal manteniéndose latente este riesgo procesal previsto en el art. 235 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal” (sic). e) Efectuando la complementación, el Vocal ahora accionado señaló que tomó en cuenta los antecedentes de las medidas cautelares, la resolución dictada en audiencia de medidas cautelares y el Auto de Vista 663 emitido en la fase del recurso, existiendo una verdad material que también el accionante a pedido su aplicación, establecido por el art. 178 del CPP, que hay una resolución de medidas cautelares, en la que se establece claramente; porque, el accionante podría influir sobre testigos y peritos, misma que se encuentra ejecutoriada; puesto que, fue confirmada y ratificada por el Auto de Vista 663, si bien en ese Auto de Vista no se hizo mención en su parte considerativa; sin embargo, en la parte resolutiva confirma el Auto Interlocutorio 01/23, lo que quiere decir que se mantiene subsistente respecto a ese elemento aún no lo hubiera pronunciado la autoridad de segunda instancia y basándose en el principio de verdad manterial que fue utilizado por el accionante para enervar los riesgos procesales en cuanto al “elemento testigo”; por lo que, el Vocal hoy accionado no dio lugar a la complementación y enmienda. Ahora bien, teniendo en cuenta que el accionante denuncia como acto vulneratorio el Auto de Vista 25, el cual confirmó el Auto Interlocutorio 01/23, respecto a que aún podría influenciar de manera negativa en los peritos, mismo que no fue considerado en la audiencia de apelación; acusando que el fallo cuestionado no tiene la debida fundamentación y argumentación, denunciando además la vulneración de su derecho al debido proceso en la “reforma en perjuicio” y la defensa material; así como, en su elemento a la libertad; y, a los principios de impartir justicia, que se basan a su vez en la seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad, respeto de derechos y la impugnación en procesos judiciales, en ese contexto, corresponde señalar que la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, precisó que el elemento al derecho al debido proceso es entendido como la estricta correspondencia que debe existir entre los aspectos reclamados y lo resuelto por la autoridad jurisdiccional. En tal sentido, considerando los cuestionamientos efectuados por el accionante en la audiencia del recurso de apelación incidental y lo resuelto por el Vocal ahora accionado por Auto de Vista 25, se evidencia la correspondencia; ya que, el prenombrado se manifestó puntualmente sobre el agravio denunciado relativo a que en la apelación de las medidas cautelares emitido por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se desvirtuó los riesgos procesales, quedando uno, el dispuesto por el art. 235.2 del CPP, identificándose que debía tomarse la declaración informativa policial de Abelardo Ardaya Ferreira y Sergio Daniel Romero Ruiz, y que en aplicación del principio de verdad material los mismos ya prestaron su declaraciones informativas el 18 de octubre y 8 de noviembre de 2022, aportando datos para que el Fiscal de Materia pueda investigar, cumpliéndose a cabalidad lo pedido por la citada Sala Penal; empero, la Jueza de Instrucción Penal Décima del citado departamento, precisa que no se puede tomar esos elementos porque fueron considerados antes y durante la audiencia de aplicación de medidas cautelares; y, no serían nuevos elementos que puedan enervar los riesgos procesales, no habiendo efectuado una valoración de las pruebas aportadas, tampoco consideró la SCP 0836/2014, en lo referente a prestar su declaración, no se podría tomar en cuenta ese riesgo procesal. Al respecto, el Vocal hoy accionado, refiriéndose al art. 253.2 del CPP y para sustentar la misma manifestó que, el presupuesto procesal o peligro de obstaculización no puede fundarse en meras presunciones, pues vulneraría la parte final del artículo, debiendo ser de manera objetiva que se establezca e identifique sobre quienes el imputado podría obstaculizar durante el curso del proceso, por ello se remite a los antecedentes del proceso, al acta de medidas cautelares de 19 de noviembre de 2022, habiéndose determinado en dicha Acta que tiene facilidades para falsificar elementos de prueba y de dicho razonamiento se entiende claramente que puede influir en testigos y peritos; sin identificarlos, pero entiende que son los testigos citados por el Fiscal de Materia en su imputación formal, al igual que en la relación de los hechos y elementos de prueba, el cual fue apelado y por Auto de Vista 663, se identifica a los testigos; así también, en cuanto a los peritos no hizo referencia, dando a entender que se mantiene vigente, siendo los que hubieran realizado los elementos de prueba; además que, dichas resoluciones se encuentran plenamente ejecutoriadas; asimismo, preciso que el accionante solicitó la cesación a su detención preventiva en virtud del art. 239.1 del CPP, indicando que ya se tendría las declaraciones informativas, las cuales fueron efectuadas el 18 de octubre y 8 de noviembre de igual año; sin embargo, no se presentó nuevos elementos de prueba y siendo que las declaraciones informativas fueron efectuadas antes de la audiencia de medidas cautelares, así como el Auto Interlocutorio 1748/2022 que las dispuso, incumpliendo el precepto citado, que exige nuevos elementos de juicio para modificar la medida de detención preventiva, en ese sentido si bien es cierto que en audiencia de medidas cautelares no se identificó sobre que testigos podría influir el imputado; empero el señalado Auto de Vista identifica a las personas sobre las personas que podría influir, que serían los que prestaron su declaración informativa o testifical, por lo que en mérito a esa verdad material efectivamente ya no existiría motivo o fundamento para mantener ese riesgo procesal respecto a los testigos, toda vez que presentaron su declaración informativa y las medidas cautelares no causan estado, pudiendo ser modificadas incluso de oficio en base a la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. Sin embargo, en cuanto a la pericia que se hace referencia en el referido Auto Interlocutorio, el cual fue ratificado a través del indicado Auto de Vista, pronunciado en apelación el accionante no presentó ningún elemento de prueba, por ello se mantendría respecto a los mismos. De la respuesta brindada por el Vocal ahora accionado, se advierte que se refiere puntualmente al motivo por el cual considera que aún permanece el riesgo procesal determinado por el art. 235.2 del CPP, y también porque no se consideraría las declaraciones de los testigos, quienes emitieron sus declaraciones con anterioridad a la determinación de disponer la detención preventiva, incumpliendo el art. 239.1 del citado Código, evidenciándose la correspondencia entre los aspectos reclamados y lo resuelto por el nombrado, no existiendo incumplimiento al derecho al debido proceso relacionado con la libertad, la fundamentación y motivación suficiente, de igual forma al responder la complementación y enmienda que en su punto principal reclamó, que se fue más allá de que declaren los peritos; sin embargo, el nombrado complementó precisando que se cuenta con los antecedes de las medidas cautelares, el Auto Interlocutorio 1748/2022 y el Auto Vista 663 pronunciado en apelación, en el que se establece claramente porque podría influir sobre testigos y peritos, aplicando el principio de verdad material solicitado por el accionante, explicando que si bien en su parte resolutiva no se mencionó si en la parte dispositiva confirma el fallo de primera instancia, cumpliendo el Auto de Vista impugnado en esta instancia constitucional, con responder al reclamo efectuado y el motivo por el cual fue considerado, habiendo analizado en forma conjunta los hechos y lo reclamado, manteniendo la correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto, así como la coherencia entre la parte considerativa y dispositiva, aclarando el motivo por el que considera que aún continua el riesgo procesal y explicando el porqué es considerado dicho aspecto. Finalmente, al no fundamentar adecuadamente la aparente vulneración de los principios de impartir justicia que se basan a su vez en la seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad, respeto de derechos y la impugnación en procesos judiciales, denunciados por el accionante, no existen elementos que nos lleven a considerar que se obró de manera incorrecta; ya que, se impartió justicia y seguridad jurídica, al determinar el motivo y por qué se consideraron también a los peritos; así como, el incumplimiento del art. 239.1 del CPP; puesto que, las declaraciones en las que sustenta su solicitud de cesación de la detención preventiva fueron efectuadas antes de la determinación de dicha detención preventiva, tampoco se constata denegatoria para efectuar la impugnación; ya que, la misma fue concedida y resuelta, no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto, debiendo denegarse la tutela solicitada sobre los mismos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros argumentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 58 a 59 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1072_2026-S1.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): f10804a8245de556098c40a90d9a79bf0402642e214bcf2de38a73c5dbbb516b
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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