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SCP 1072/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 27 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
27 de agosto de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
57585-2023-116-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; toda vez que, los Magistrados accionados en la emisión del Auto Supremo 694/2022 de 22 de septiembre, a través del cual declararon infundado el Recurso de casación interpuesto por la peticionante de tutela, no dilucidan la problemática planteada en su contestación a la demanda de nulidad del contrato de anticresis, en sentido de que la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 694/2015-L, ha establecido que quien ha participado en la formación de la causal de nulidad de un acto jurídico, no puede demandar la nulidad de ese acto; puesto que, las justificaciones esgrimidas por los accionados para no aplicar dicho entendimiento, no son razonables. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 132/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 274 a 278 de obrados, pronunciada por La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismo términos dispositivos de la Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia
  2. III.2. Análisis del caso concreto.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1072/2025-S4 Sucre, 27 de agosto de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 57585-2023-116-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 132/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 274 a 278, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhenny Flor Fernández Clavijo de Camacho contra Juan Carlos Berrios Albizu, Presidente; y, Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrado, ambos de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial de demanda presentado el 27 de marzo de 2023 cursante de fs. 230 a 234; y, memorial de subsanación presentado el 12 de abril del mismo año, cursante a fs. 237 a 238, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su calidad de propietaria del inmueble situado en Bajo Llojeta, prolongación Los Sargentos, calle Libra 9 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, otorgó en calidad de anticrético un departamento situado en el primer piso del indicado inmueble, a Elizabeth Arias Pérez, por la suma de $us30 000.- (treinta mil dólares estadounidenses), de los cuales únicamente recibió la suma de $us17 000.-(diecisiete mil dólares estadounidenses), cuyo saldo de $us13 000.- (trece mil dólares estadounidenses) debía completarse el 5 de octubre de 2016, dicho acuerdo fue suscrito en un documento privado. Al no haber podido resolver el problema, el 9 de abril del 2019, la acreedora anticresista formalizó su demanda de nulidad de contrato por falta de forma y la consiguiente devolución del dinero, más el pago de daños y perjuicios e intereses, alegando que dicho contrato era nulo por no haberse celebrado en escritura pública, conforme lo establece el art. 1430 del Código Civil (CC); en respuesta a dicha pretensión, por su parte, alegó que no puede declararse probada la demanda; en razón a que, la demandante alegó la nulidad del contrato de anticresis, reconociendo que ella misma participó de la configuración de la nulidad; además, indicó que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia establece que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos; es decir, que nadie puede alegar la nulidad de un acto jurídico cuando quien lo alega, ha participado en la conformación de ese vicio de nulidad, habiendo trascrito en su respuesta el Auto Supremo 649/2015-L de 14 de agosto, que establece dicho entendimiento. Una vez sustanciado el proceso, mediante Sentencia 231/2021, se declaró probada la demanda y en consecuencia nulo el contrato de anticresis de 16 de julio de 2016, ordenando la devolución de $us17.000.-; en dicho fallo, la Jueza de primera instancia omitió pronunciarse respecto a la jurisprudencia que invocó. Contra la referida sentencia, interpuso Recurso de apelación, reclamando que la Jueza a quo no se había pronunciado sobre la jurisprudencia invocada; en respuesta, la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 215/2022 de 24 de junio. Finalmente, presentó Recurso de casación, que fue resuelto mediante el Auto Supremo 694/2022 de 22 de septiembre, por el cual se declara infundado su Recurso de casación. En la precitada resolución de casación, los accionados, indican que es evidente que el contrato de anticresis debe celebrarse mediante documento público para ser válido; consideran que el precedente jurisprudencial que presentó, fue rechazado por el ad quem de manera suficiente; para lo cual, realizan disquisiciones superficiales sobre la diferencia entre el contrato de venta y el contrato de anticresis; distinción que no tiene ligazón con la prohibición de que una persona pretenda la nulidad de un acto jurídico siendo ella misma la participe en la configuración o nacimiento del vicio de nulidad. Asimismo, alega que el contrato es ley entre partes y que cualquiera de ellas puede plantear la nulidad del mismo y que por ese solo hecho se activa este proceso y que por consiguiente si un contratante tiene la intención de impugnar el contrato puede hacerlo de acuerdo a las causales previstas por el ordenamiento jurídico, como lo establece el art. 519 del Código Civil (CC); empero, no dilucidan la problemática planteada en la defensa contra la demanda de nulidad, que consiste en que quien demanda la nulidad de un acto, en este caso un contrato, no puede ser quien ha participado en la formación de la causal de nulidad; los argumentos esgrimidos por los Magistrados demandados no refutan los fundamentos del Auto Supremo 694/2015-L que invocó. Los Magistrados accionados, en unas cuantas líneas, intentan justificar porqué la demandante había obrado legalmente al demandar la nulidad de un contrato en el que ella misma ha participado generándola, alegando que no está demostrado que la actora haya sido la que hubiere exigido la suscripción de un contrato de anticresis bajo la modalidad de documento privado; lo cual, resulta incorrecto; ya que, no es necesario que quien realice el acto viciado de nulo, haya sido sometido a exigencias para su suscripción, siendo suficiente que lo realice voluntariamente, sabiendo que tal realización no está conforme a las formalidades exigidas por la ley; ya que, la jurisprudencia que invocó no indica que quien participa en la creación de un acto viciado de nulidad tenga que hacerlo contra su voluntad o bajo exigencias; por el contrario establece que las personas que participan o son autoras de la nulidad no pueden luego pedir que se declare nulo el documento en que participaron voluntariamente. Los Magistrados accionados, señalan que la demandante debía haber planteado la resolución del contrato o su incumplimiento, pero no la nulidad, sustentando su afirmación con la cita de tres Autos Supremos, los cuales en realidad le dan la razón a su persona; puesto que, en ellos se establece que las personas demandantes no demandaron la nulidad del contrato; sino, su cumplimiento; precisamente lo que su persona observó no se hizo adecuadamente; además, esos contratos, lo que hacen es darle validez de prueba a los contratos de anticresis no celebrados ante Notaria de Fe Pública, aspecto que no estaba en debate; sino, el pedido de nulidad de documento por falta de forma, en vez de pedirse el cumplimiento o la resolución. En síntesis, la afirmación efectuada por los Magistrados accionados, de que existe una excepción particular a la regla de que nadie puede alegar la nulidad fundada en su propia culpa, cuando se firma un contrato viciado de nulidad, de tal manera que se puede demandar la nulidad, siempre que no haya sido sujeto de exigencia por la otra parte, es irracional; ya que, mientras la parte que ha firmado no alegue que fue presionada o engañada al firmar, sin esa forma, “no es posible exigir que se pruebe además una exigencia” (sic); además, los accionados se alejan de la experiencia diaria, ya que, quien firma un contrato lo hace ejercitando su autonomía de la voluntad; asimismo, el “principio lógico establece que, nadie puede alegar la ignorancia de la ley desde el día de su publicación” (sic); y, se presume que todos sabemos que un contrato de anticrisis nace a la vida jurídica cuando está celebrado ante Notario de Fe Pública, y la demandante lo sabe por ello no alegó la ignorancia de la norma. Asimismo, existe incongruencia externa y falacia de aparente abundancia en la fundamentación porque los ahora accionados innecesariamente discurren en las diferencias entre el contrato de venta y el de anticresis, porque al final aceptan que el principio procesal y la jurisprudencia que opuse en mi defensa son aplicables a todos los actos jurídicos, de modo tal que la cuestión la resuelven solo en 9 líneas, exhibiendo lo que se denomina una fundamentación aparente.

I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados

La accionante denunció la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda tutela; y en consecuencia se disponga la nulidad del Auto Supremo 694/2022 de 22 de septiembre; y, que los accionados, emitan otro, respetando los fundamentos que conforma esta acción de amparo constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 9 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 269 a 273 vta. de obrados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante, a través de su abogado, se ratificó en el contenido de su acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Juan Carlos Berrios Albizu, Presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 9 de junio del 2023, cursante de fs. 266 a 268 vta., informó lo siguiente: a) Respecto a que la decisión no se encuentra fundamentada, el accionante no señala sobre cuáles de los cargos descritos en el Auto Supremo se hace referencia a la fundamentación; debiendo considerarse lo que la fundamentación y motivación no debe ser ampulosa; por el contrario, puede ser sucinta e inteligible, de manera que se entienda el porqué de la decisión que asume; lo cual, consta en el desarrollo del Auto Supremo –se entiende impugnado–; b) se ha explicado sobre la procedencia de la nulidad contractual, la cual resulta ser de orden público, c) el problema esencial que el recurrente trajo al Recurso de casación y ahora lo reiteró en su acción de amparo constitucional; es que, no se puede acoger la nulidad contractual por culpa del contratante que la produjo; en el Auto Supremo –se entiende 694/2022 de 22 de septiembre– se indicó que: “En cuanto a la posibilidad de sancionar al contratante que actuó dolosamente, en sentido de que nadie puede alegar la nulidad fundada en su propia culpa, el cual es un principio general de derecho, sin embargo, dada la naturaleza del contrato, no se está demostrado que la actora haya sido la que hubiera exigido la suscripción de un contrato de anticresis bajo la modalidad de un documento privado. Se debe aclarar que el principio de derecho citado por la recurrente se aplica a los casos en los que una persona generó el defecto o causó la nulidad, en tal circunstancia la ley no protege al que generó ese defecto, sino que protege al adversario para fundar su derecho en tal defecto. Principio de derecho que no resulta aplicable al caso de autos” (sic); dicho argumento resulta ser suficiente para rechazar la postura traída por la recurrente en el Recurso de casación, la cual es inteligible y comprensible; el tema de que no se puede acoger una nulidad contractual fundada en un vicio que la generó el propio demandante, es correcto; empero, para ello debe considerarse en que forma el contratante generó ese vicio; diferentes autores del derecho describen que nadie puede acusar la nulidad fundada en su propia culpa, para ello se debe verificar cuál de los contratantes es el que generó el defecto; y, d) muchas veces el contratante que pretende sacar ventaja esconde aspectos relativos al negocio jurídico o sabiendo que el bien o el derecho tendrá consecuencias adversas contrata con otro de buena fe; en el caso de la suscripción de un documento privado, fue suscrito por ambas partes; refleja que el acto fue consentido y la forma descrita puede ser apreciable a simple vista de cualquier contratante; cosa distinta es que el asesoramiento dado por el abogado que redactó el contrato haya sido distinto al que correspondía en derecho; o que ambas partes por no generar gastos en una escritura pública hayan optado por la forma de dicho contrato; por ello, se argumentó en el Auto Supremo que no se ha demostrado que la demandante haya generado el defecto de la suscripción del contrato de anticrisis como documento privado; por lo que, no se aprecia infracción a la norma procesal ni vulneración de las directrices de la congruencia y la falta de fundamentación; pidiendo que se deniegue la tutela solicitada. El coaccionado Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia no ha comparecido a la audiencia ni ha presentado informe escrito; puesto que, si bien se consigna su nombre en el exordio del escrito presentado el 9 de junio del 2023, no consta su firma en el mismo.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

La tercera interesada Elizabeth Arias Pérez, no compareció a la audiencia, pese a su legal citación, conforme consta en la diligencia de fs. 247; y, si bien es cierto que a la audiencia de consideración de la presente acción de tutela se hizo presente su abogada Gabriela Isabel Hurtado Pacheco; sin embargo, al no constar un poder expreso para intervenir en representación de su cliente, no corresponde admitir su intervención.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 132/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 274 a 278 de obrados, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 694/2022; y que se emita una nueva resolución, en el plazo de setenta y dos horas a partir de la notificación. Determinación asumida con base a los siguientes fundamentos: 1) La Sala Constitucional no concuerda con el Tribunal Supremo de Justicia respecto a la consideración de que la teoría de las nulidades debe ser analizada discrecionalmente para cada acto jurídico negociable; la teoría de las nulidades previstas en el art. 546 y siguientes del CC, es una teoría transversal a todo acto jurídico negocial; asimismo, la ineficacia de los contratos se puede dar por la nulidad del contrato, la resolución del contrato y la rescisión del contrato, las cuales se aplican a cualquier fórmula contractual; 2) Esta Sala no concibe el tratamiento que ha hecho el Tribual Supremo de Justicia para considerar que un contrato de venta y un contrato de anticresis tengan otros contenidos; 3) el contrato de anticresis debe celebrase mediante escritura pública, conforme a lo establecido por el art. 491.3 del CC; cuando la ley establece que el contrato debe celebrarse mediante un documento público es porque tiene por finalidad la oposición a terceros, lo que tiene que ver con la publicidad; 4) nadie que ha omitido sus deberes puede alegar la nulidad del acto jurídico, de acuerdo a la teoría de los actos propios, quien realiza un acto propio con voluntad no puede alegar la nulidad del mismo, porque esto vicia las condiciones de todo acto negocial, se presume que los actos contractuales son celebrados por voluntad libre y expresamente; 5) un elemento esencial, es la fecha de la celebración del contrato de anticrisis, que data del 16 de julio del 2016; el cual tenía una vigencia de dos años por acuerdo de partes, computables desde el 5 de diciembre del 2016 por lo que al 19 de diciembre del 2018 habría vencido; consiguientemente, los Magistrados accionados no han considerado que no es posible la resolución del contrato ni la nulidad del contrato; es decir, su ineficacia total cuando el contrato ya no tenía vida legítima; es más, cuando se demanda la nulidad, se entiende que el contrato jamás ha nacido a la vida del derecho; por lo que, la tesis del demandante en materia civil parece no tener sustento; y, 6) consideran que este es un contrato formal y en consecuencia el razonamiento del Tribunal Supremo de Justicia se aparata del dispositivo normativo, establecido en el Código Civil en vigencia; por lo que, debe ser el propio Tribunal Supremo de Justicia, quien enmiende la decisión hoy impugnada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Supremo 694/2022 de 22 de septiembre, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declaró INFUNDADO del Recurso de casación, interpuesto por Jhenny Flor Fernández Clavijo de Camacho, contra el Auto de Vista 215/2022 de 24 de junio, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; con costas y costos a la recurrente; determinación asumida, con base a los siguientes fundamentos: i) Ccorresponde señalar que en el caso de autos, tiene su antecedente en el hecho de que Elizabeth Arias Pérez plantea su demanda alegando que con Jhenny Flor Fernández Clavijo de Camacho suscribió un contrato de anticresis el 16 de julio de 2016, en cuya fecha entregó la suma de $us17 0000.- (diecisiete mil dólares estadounidenses), comprometiéndose a efectuar un saldo por concepto del anticrético de $us13 000.- (trece mil dólares estadounidenses) hasta el 5 de octubre de ese año, y no llegó a ocupar el departamento otorgado en anticrético. Sin embargo, tal aspecto no fue cumplido por la renuencia de la propietaria del inmueble. Postulando su pretensión de nulidad del contrato de anticresis por falta de forma y el pago de daños y perjuicios por el capital entregado; ii) Por su parte, la demandada Jhenny Flor Fernández Clavijo de Camacho, señaló en su contestación que la actora fue la que no llegó a cancelar el saldo del anticrético y ocupó el ambiente; por lo que, solicitó la declaratoria de resolución del contrato más el pago de daños y perjuicios; La Sentencia pronunciada en el caso de autos, estimó que resulta viable la demanda de nulidad del contrato por falta de forma, y no acogió la demanda accesoria de pago de daños y perjuicios al considerar que el ambiente fue ocupado por la demandante y, posteriormente, fue devuelto al ser desocupado. Decisorio que fue confirmado en alzada; iii) La recurrente manifiestó que el Tribunal de alzada interpretó erróneamente el principio pacta sunt servanda, previsto en el art. 519 del Código Civil, debido a que la autoridad de segunda instancia acepta que este principio es aplicable a los contratos de venta; iv) Al respecto, corresponde señalar que el Tribunal de alzada estableció que el precedente invocado por la recurrente se refiere a un contrato de venta y el mismo no resulta aplicable al caso presente donde se debate el aspecto formal en la constitución de un contrato de anticresis; v) Este alto Tribunal considera suficiente el argumento expresado por el Tribunal de alzada; puesto que, conforme al art. 493 de Código Civil, un contrato solo es válido si es que cumple con la forma establecida por la ley, y para el caso del contrato de anticresis el art. 491 núm. 3 del mismo sustantivo civil determina que el contrato de anticresis debe ser celebrado mediante documento público; es decir, debe constituirse mediante escritura pública. Así lo describe la normativa señalada, conforme con los precedentes citados en la doctrina aplicable al caso; vi) Pese de ser suficiente el argumento del Ad quem para rechazar el precedente citado por la recurrente, corresponde explicar que la diferencia entre los contratos de venta y el contrato de anticresis, radica en que el primero es un contrato consensual, o sea, se conforma con el consentimiento de las partes, no requiere de formalidad alguna para su validez. En cambio, el contrato de anticresis es un contrato formal, requiere ser constituido mediante una escritura pública como requisito para su validez, esta exigencia se encuentra descrita en el catálogo de contratos solemnes que señalan los arts. 491 y 1430 del CC, y respaldada por el art. 493 del sustantivo de la materia. La exigencia de forma o solemnidad no se requiere para el contrato de venta; pues, este contrato no se encuentra descrito en los arts. 491 y 492 del CC, su conformación de acuerdo a ley se encuentra prevista en el art. 584 del Código de la materia; vii) Debe considerarse que, en cuanto a sus obligaciones, el contrato de venta por esencia es un contrato bilateral, por ello, su denominación de ser uno sinalagmático perfecto, no ocurre lo mismo con el contrato de anticresis que al ser considerado como un contrato de garantía, se encuentra calificado como un contrato unilateral, por tal aspecto se denomina como un contrato sinalagmático imperfecto. Porque el anticresista tiene la obligación de conservar el bien y devolverlo cuando deba acontecer tal obligación, del cual pueden surgir otras obligaciones conforme a la ejecución del contrato; viii) En cuanto a la denuncia de que nadie puede ir en contra de sus propios actos, apotegma jurídico que se encuentra descrito en el art. 519 del CC, corresponde señalar que, si bien la norma descrita establece que el contrato tiene la fuerza de ley entre las partes suscribientes y no puede ser disuelto sino por las causas autorizadas por ley; corresponde precisar que, en el caso de autos, el contrato suscrito entre la demandada y la demandante, desde el punto de vista de la actora, se encuentra viciado de nulidad; razón por la cual, se llegó a activar el presente proceso. A tal efecto, se asume que, en el ejercicio de los derechos subjetivos, si un contratante tiene la intención de impugnar el contrato, puede hacerlo de acuerdo a las causales previstas por el ordenamiento jurídico, así lo establece la última parte de la norma citada, donde se refiere que el contrato puede ser disuelto por las causas autorizadas por ley; lo cual, no implica que el contratante esté reatado a mantener un contrato inválido; ix) En cuanto a la posibilidad de sancionar al contratante que actuó dolosamente, en sentido de que nadie puede alegar la nulidad fundada en su propia culpa, el cual es un principio general de derecho, sin embargo, dada la naturaleza del contrato, no se está demostrado que la actora haya sido la que hubiera exigido la suscripción de un contrato de anticresis bajo la modalidad de un documento privado. Se debe aclarar que el principio de derecho citado por la recurrente se aplica a los casos en los que una persona generó el defecto o causó la nulidad, en tal circunstancia la ley no protege al que generó ese defecto, sino que protege al adversario para fundar su derecho en tal defecto. Principio de derecho que no resulta aplicable al caso de autos; x) En lo que concierne al reclamo que el contrato de anticresis debió ser ejecutado por la parte demandante mediante un proceso de resolución de contrato o su cumplimiento, tal como se asumió en la jurisprudencia pronunciada por la Sala Civil; xi) Corresponde señalar que esta Sala, emitió el Auto Supremo 262/2013, de 23 de mayo, en el que se asumió: “De la misma manera es preciso hacer notar que si bien el contrato de anticrético cuyo documento cursa a fojas uno, fue realizado mediante documento privado sin observar la forma prevista por el art. 1430 del Código Civil, mismo que al no haber sido demandado de nulidad por ninguna de las partes y encontrarse debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas por ante autoridad judicial, es perfectamente válido como prueba documental con la eficacia reconocida por el art. 399 parágrafo II numeral 1) del Código Procedimiento Civil, para efectos de probar la existencia de la acreencia y de la obligación...”; xii) También pronunció el Auto Supremo 222/2015 de 9 de abril, en el que se estableció que: “Finalmente, de la revisión de obrados se evidencia que la Juez A quo y el Tribunal Ad quem, si bien, desestimaron la pretensión de la parte demandada, de exigir de manera preferente la devolución del capital de anticrético; dichas autoridades, salvaron los derechos de los recurrentes de acudir a la vía legal correspondiente para recuperar los capitales de anticréticos, fundamentación que se encuentra respaldada con las documentales cursantes en obrados y en virtud que dichos contratos tienen eficacia entre los otorgantes y sus herederos y causahabientes y merecen la misma fe probatoria que un documento público conforme lo norma el art. 1297 del Código Civil, si bien éstos no observaron la forma prevista por el art. 1430 del Código Civil, éstos no fueron demandados de nulidad por ninguna de las partes y al encontrarse debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas son perfectamente válidos como prueba documental con la eficacia reconocida por el art. 399.II num. 1) del Código Procedimiento Civil, para efectos de probar la existencia de la acreencia y de la obligación existente con el anterior propietario”; xiii) En los referidos Autos Supremos 162/2013 y 222/2015 se estableció criterio referente a que el contrato de anticresis, pese a la carencia de forma, al ser celebrado mediante un documento privado podría surtir sus efectos inter partes, tal criterio se lo hizo con la condición de que en el escenario procesal no se haya demandado la nulidad del referido contrato de anticresis. Se entiende que tal postura fue asumida con la finalidad de proteger el derecho de crédito del anticresista, el que puede hacer valer como una obligación quirografaria frente al obligado; más, no como una con preferencia y retención respecto a terceros; xiv) En el caso presente, la demandante optó por la nulidad contractual. El ordenamiento jurídico no impide a que esta pueda plantear una demanda de nulidad de contrato por defectos de forma en el negocio jurídico; motivo por el cual, el agravio resulta infundado; xv) En cuanto a la incoherencia descrita por el Tribunal de alzada en sentido de haber asumido que no es correcto observar la nulidad dispuesta si ha planteado una demanda reconvencional de resolución del contrato; xvi) La acusación deducida por la recurrente es correcta. Las figuras y la finalidad de la resolución de contrato y la nulidad son distintas. Aunque la situación jurídica del efecto retroactivo tenga similitud en ambos institutos, conforme lo determinan los arts. 547 y 574 del CC; xvii) La nulidad del contrato busca dejar sin efecto un contrato por defectos en su formación; la resolución del contrato también busca dejar sin efecto un contrato, pero por causas relativas a la ejecución de un contrato, en esta figura lo que se busca con el proceso resolutorio es obtener una decisión que atribuya el incumplimiento al oponente, para que de esta manera se justifique la procedencia del pago de daños y perjuicios; y, xviii) Lo que pretende la parte demandada con el planteo de la resolución del contrato es atribuir la culpa de la disolución a la anticresista. Así, en el concurso de las pretensiones generalmente lo que se busca ante el órgano jurisdiccional el que la parte que postuló una pretensión pueda ser satisfecha con su postulado; xix) Por lo que, se considera errado el argumento del Tribunal de alzada sobre este punto; sin embargo, no es suficiente para establecer una modificación de la parte resolutiva del Auto de Vista, conforme se explicó en el punto anterior; xx) Corresponde señalar que en cuanto a lo alegado de que el Tribunal de alzada haya mencionado que la Jueza fundó su fallo sobre la base de los datos del proceso; xxi) Cuando el Tribunal de alzada expresó que la Jueza fundó su criterio sobre los datos del proceso, se entiende que hizo referencia al criterio asumido en el fondo de la controversia. Resulta evidente que la Jueza no consideró el argumento jurídico que planteó la demandada para ponerse a la demanda principal; sin embargo, el Tribunal de alzada en aplicación de lo dispuesto en el art. 218.III del Código Procesal Civil (CPC), amplió el argumento de la Jueza de instancia con el objeto de resolver la controversia; xxii) Por consiguiente, el yerro denunciado no resulta ser correcto; pues, apunta a considerar la literalidad del texto descrito por la Jueza. En lo demás, la consideración del argumento de defensa ya fue absuelto por el Tribunal de alzada; xxiii) De la respuesta al recurso de casación; debe considerar la demandante que el recurso se admitió con la orientación que describe la Sentencia Constitucional 2210/2012 de 8 de noviembre; xxiv) Sobre el reclamo concerniente a la validez del contrato de anticresis, se estima, que el contrato motivo del caso de autos, se encuentra viciado de nulidad conforme lo describen los arts. 491 núm. 3, 493 y 1430 del CC; y, xxv) No concurre el acto propio, por considerar que la demandante tiene abierto el ejercicio de sus derechos subjetivos para activar la nulidad del contrato o la que considere conveniente (fs. 214 a 219).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; toda vez que, los Magistrados accionados en la emisión del Auto Supremo 694/2022 de 22 de septiembre, a través del cual declararon infundado el Recurso de casación interpuesto por la peticionante de tutela, no dilucidan la problemática planteada en su contestación a la demanda de nulidad del contrato de anticresis, en sentido de que la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 694/2015-L, ha establecido que quien ha participado en la formación de la causal de nulidad de un acto jurídico, no puede demandar la nulidad de ese acto; puesto que, las justificaciones esgrimidas por los accionados para no aplicar dicho entendimiento, no son razonables. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia

Con relación al contenido esencial del derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, la citada SCP 0061/2018-S2 de 15 de marzo, señala lo siguiente: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una 1El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma (…).

…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el por qué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 4El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1)

resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que basa la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 5El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional a partir de la SC 0995/2004-R de 29 de junio, estableció que los errores o defectos 6El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 7El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

8El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 9El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”. 10El FJ III.2., menciona: “…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción de procedimiento -entre los que se encuentra el caso de la resolución arbitraria- para ser corregida por vía de amparo, debe tener relevancia constitucional; es decir, que siendo el error o defecto la causa de la lesión de los derechos y garantías denunciados, de no haberse incurrido en ellos, la resolución impugnada tendría una decisión de fondo diferente.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.” A lo señalado en la Sentencia Constitucional precitada, cabe añadir que con relación al principio de congruencia, en su dimensión externa, amerita precisar que la SC 0682/2004-R de 6 de mayo y la SCP 0007/2021-S2 de 23 de febrero, estableció que la obligación del Tribunal de alzada es de pronunciarse no solo respecto de los agravios formulados por el apelante sino también con relación a la contestación del recurso. Finalmente, cabe puntualizar que con relación a lo tipos de incongruencia la SC 0486/2010-R de 5 de julio de 2010, señaló que: “…respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: '…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia «ultra petita» en la que se incurre si el Tribunal concede «extra petita'» para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; «citra petita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.' (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438)”.

III.2. Análisis del caso concreto.

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; toda vez que, los Magistrados accionados en la emisión del Auto Supremo 694/2022 de 22 de septiembre, a través del cual declararon infundado el Recurso de casación interpuesto por la peticionante de tutela, no dilucidan la problemática planteada en su contestación a la demanda de nulidad del contrato de anticresis, en sentido de que la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 694/2015-L, ha establecido que quien ha participado en la formación de la causal de nulidad de un acto jurídico, no puede demandar la nulidad de ese acto; puesto que, las justificaciones esgrimidas por los accionados para no aplicar dicho entendimiento, no son razonables. El accionante cuestiona lo argumentado por los Magistrados accionados en sentido de considerar como suficientes los fundamentos esgrimidos por el Tribunal ad quem en torno al entendimiento establecido por Auto Supremo 694/2015-L de 14 de agosto, que invocó, no sería aplicable al caso examinado, en razón a que el indicado fallo se refería a un contrato de venta; por lo que, no guarda analogía con el contrato de anticresis sobre el que trata este proceso de nulidad; asimismo, por afirmar que cualquiera de las partes contratantes puede plantear la nulidad del contrato, conforme a lo que establece el art. 519 del CC; y también por sostener que no podía aplicarse el principio de que nadie puede demandar la nulidad fundada en su propia culpa, en razón a que no estaba demostrado que la actora haya sido la que hubiera exigido la suscripción del contrato de anticresis en un documento privado, lo que considera incorrecto; puesto que, considera que es suficiente que el acto se realice de forma voluntaria; y, que además esa exigencia no es conforme con la jurisprudencia invocada, y también se aleja de la experiencia diaria en sentido que quien firma un contrato lo hace ejerciendo su autonomía de la voluntad; y, sobre el reclamo de la vía procesal elegida por la demandante, quien debía haber planteado la resolución del contrato o su cumplimiento, pero no así la nulidad. Examinado el Auto Supremo 694/2022, hoy impugnado, se advierte, que efectivamente, las autoridades accionadas, a tiempo de justificar la inaplicación de la jurisprudencia ordinaria invocada por la peticionante de tutela, hacen referencia a la distinción del contrato de venta, al que se refiere el Auto Supremo 694/2015-L y el contrato de anticresis de la causa que motiva esta acción de tutela; asimismo, hacen alusión de que cualquiera de las partes contratantes puede demandar la nulidad del contrato cuando señalan “En cuanto a la denuncia de que nadie puede ir en contra de sus propios actos, apotegma jurídico que se encuentra descrito en el art. 519 del Código Civil, corresponde señalar que, si bien la norma descrita establece que el contrato tiene la fuerza de ley entre las partes suscribientes y no puede ser disuelto sino por las causas autorizadas por ley; corresponde precisar que, en el caso de autos, el contrato suscrito entre la demandada y la demandante, desde el punto de vista de la actora, se encuentra viciado de nulidad, razón por la se cual se llegó a activar el presente proceso. A tal efecto, se asume que, en el ejercicio de los derechos subjetivos, si un contratante tiene la intención de impugnar el contrato, puede hacerlo de acuerdo a las causales previstas por el ordenamiento jurídico, así lo establece la última parte de la norma citada, en donde se refiere que el contrato puede ser disuelto por las causas autorizadas por ley, lo cual no implica que el contratante esté reatado a mantener un contrato inválido.”; y, finalmente que no estaba demostrado que la actora haya sido quien exigió la suscripción del contrato de anticrisis, señalando “En cuanto a la posibilidad de sancionar al contratante que actuó dolosamente, en sentido de que nadie puede alegar la nulidad fundada en su propia culpa, el cual es un principio general de derecho, sin embargo, dada la naturaleza del contrato, no se está demostrado que la actora haya sido la que hubiera exigido la suscripción de un contrato de anticresis bajo la modalidad de un documento privado. Se debe aclarar que el principio de derecho citado por la recurrente se aplica a los casos en los que una persona generó el defecto o causó la nulidad, en tal circunstancia la ley no protege al que generó ese defecto, sino que protege al adversario para fundar su derecho en tal defecto. Principio de derecho que no resulta aplicable al caso de autos.” (Conclusión II.1). Como se advierte, las autoridades accionadas, no han justificado debidamente, por qué razón no es aplicable, en este caso, la teoría de los actos propios desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia; por el contrario, desconocen abiertamente la doctrina legal establecida por el Tribunal casacional respecto a dicha teoría como limitante del ejercicio de un derecho subjetivo; y, que conlleva la improponibilidad subjetiva de la demanda de nulidad de un contrato cuando se funda dicha pretensión en los propios actos; puesto que, en lugar de verificar si, en este caso, concurren los elementos del principio de que “nadie puede ir válidamente contra sus propios actos", se extravían en la justificación de la distinción sobre el contrato de venta y el de anticresis, sin explicar por qué razones jurídicas no sería aplicable dicha teoría respecto de los contratos de anticresis, a partir de los elementos de la misma. Tampoco explican a cuál de los elementos de la referida “teoría de los actos propios” invocados por la misma jurisprudencia ordinaria –1) que la primera conducta sea jurídicamente relevante, válida y voluntaria. 2) que ella produzca objetivamente un estado de hecho que permita generar confianza o expectativas legítimas. 3) que la segunda conducta sea contradictoria o incoherente con la primera y con ella se pretenda ejercer un derecho, facultad o pretensión. 4) que exista identidad entre el sujeto que desarrolló la primera conducta y el que ahora pretende desconocerla con un hecho contrario–; se referiría la demostración de la “exigencia de la suscripción del contrato de anticresis en documento privado”; es decir, esa especie de coacción para que el contrato de anticresis haya sido suscrito mediante documento privado, al que aluden. Si bien los accionados, reconocen la existencia del apotegma jurídico de que nadie puede ir contra sus propios actos, concluyen afirmando, de forma abstracta y sin salvedades, que el contratante puede impugnar el contrato por las causas previstas por ley; es decir, de forma implícita desconocen la aplicación del principio de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos; y, por consiguiente, de la necesidad de verificar si el comportamiento procesal de la demandante de la nulidad del contrato de anticresis, se hallaba regida por el principio de buena fe, del cual emerge la teoría de los actos propios; y, en ese orden, si era o no evidente que concurría la inadmisibilidad de actuación contra los propios actos que alegó como defensa la demandada, hoy accionante. En ese marco, resulta evidente que los Magistrados accionados, no solo esgrimen argumentos contradictorios entre sí; sino que, además no justifican debidamente las razones por las cuales, la doctrina legal referida a la teoría de los actos propios, como limitante para el ejercicio de una acción de nulidad de un acto jurídico, no resultaría aplicable en este caso en concreto, a partir del examen de los elementos de dicha teoría que la propia jurisprudencia ha reconocido. Si, por el contrario, se trata de una mutación del entendimiento establecido por la jurisprudencia ordinaria sobre el apotegma de que nadie puede ir en contra de sus propios actos, los Magistrados accionados, estaban en el deber de esgrimir una suficiente carga argumentativa, que justifique ese cambio jurisprudencial; argumentación que no se observa en el Auto Supremo 694/2022 de 22 de septiembre, hoy impugnado. Consiguientemente, resulta evidente, que los Magistrados accionados, han vulnerado el derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación, al no justificar debidamente por qué razones jurídicas o fácticas no es aplicable la teoría de los actos propios a la demanda de nulidad del contrato de anticresis interpuesto por la hoy tercera interesada, que fue invocado por la parte demandada, hoy accionante; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada. Por las consideraciones precedentes, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada en la presente acción de defensa, actuó de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 132/2023 de 9 de junio, cursante de fs. 274 a 278 de obrados, pronunciada por La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismo términos dispositivos de la Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Notas al pie

procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”.

11 1) que la primera conducta sea jurídicamente relevante, válida y voluntaria. 2) que ella produzca objetivamente un estado de hecho que permita generar confianza o expectativas legítimas. 3) que la segunda conducta sea contradictoria o incoherente con la primera y con ella se pretenda ejercer un derecho, facultad o pretensión. 4) que exista identidad entre el sujeto que desarrolló la primera conducta y el que ahora pretende desconocerla con un hecho contrario.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1072_2025-S4.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 046018d06f1ee2a70027abfe1b5e5d597e642f6246bf9d7312e37aa77c8e9dd6

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