Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de octubre de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “justicia transparente”, a la igualdad de las partes, a la honra, honor y dignidad, así como a la garantía de presunción de inocencia, y los principios de independencia, imparcialidad y celeridad; debido a que, solicitó en tres oportunidades al Juez ahora accionado, -en su condición de Juez de turno por la vacación judicial- audiencia para considerar la solicitud de cesación de su detención preventiva por cumplimiento del plazo y para desvirtuar peligros procesales; empero, dicho acto procesal fue suspendido el 24 y 29 de diciembre de 2021, alegando la referida autoridad judicial una sobrecarga laboral, así como la falta de notificación a los sujetos procesales con el memorial de su solicitud; y, con relación a la última audiencia programada para el 4 de enero de 2022-, esta no se llevó a cabo debido a que la misma autoridad que la había programado, no remitió el cuaderno procesal ante el Juzgado de origen para su sustanciación, generando una dilación en la consideración de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si se debe conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 001/2022 de 5 de enero, cursante de fs. 56 a 60, pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Sica Sica del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, por la lesión del derecho al debido proceso en su elemento celeridad vinculado a la libertad del accionante, en base a los fundamentos precedentemente expuestos y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2º DENEGAR la tutela solicitada, en relación a los derechos a la igualdad de las partes, a la “justicia transparente”, a la honra, honor y dignidad, a la garantía de presunción de inocencia y los principios de independencia e imparcialidad, así como a la solicitud de remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en este fallo constitucional. 3° Llamar la atención a Jorge Luis Antequera Bernal, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Sica Sica del departamento de La Paz, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1071/2023-S3 Sucre, 6 de octubre de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 47636-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 001/2022 de 5 de enero, cursante de fs. 56 a 60, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eben García Condori contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 4 de enero de 2022, cursante de fs. 46 a 50, el accionante, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, se suscitaron una serie de irregularidades; toda vez que, mediante Resolución 022/2021-P de 14 de abril, emitida por el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, se dispuso su detención preventiva por el plazo de seis meses, el cual fue ampliado por dos meses más mediante Resolución 136/2021-P de 14 de octubre; por lo que, encontrándose recluido en el Centro Penitenciario Qalauma del citado departamento, durante más de ocho meses, en aplicación del art. 239.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó en tres oportunidades al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz (Juez de turno que estuvo a cargo de su causa durante la vacación judicial) -ahora accionado-, audiencia para considerar su solicitud de cesación de la detención preventiva; empero, dicho acto procesal no fue llevado a cabo; por cuanto, habiendo efectuado su primera petición el 21 de diciembre de 2021, el Juez accionado señaló audiencia para el viernes 24 de ese mes y año, a horas 14:00, la cual se suspendió, informando la Secretaria de dicho Juzgado, que el motivo radicaría en la existencia de muchos detenidos y procedimientos abreviados. Asimismo, ante su nueva solicitud efectuada el “21” -lo correcto es 27- de diciembre de 2021, por decreto de igual fecha, la autoridad accionada programó audiencia para el 29 del citado mes y año, a horas 13:00; sin embargo, una vez instalada la misma en sala virtual, esta fue suspendida, bajo el argumento de que se habría notificado a las partes procesales con el decreto emitido pero no así con el memorial de solicitud, fijándose nueva audiencia para el 4 de enero de 2022, la cual debió llevarse a cabo ante el Juzgado de origen; empero, el citado acto procesal tampoco pudo sustanciarse, debido a que el expediente no se encontraba en dicha instancia, existiendo una dilación en la consideración de su solicitud de cesación a la extrema medida, ya que “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa- no se pudo llevar a cabo la audiencia ante el Juez de turno, menos aún ante el Juzgado de origen.
El impetrante de tutela, alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “justicia transparente”, a la igualdad de las partes, y a la honra, honor y dignidad, así como a la garantía de la presunción de inocencia y los principios de independencia, imparcialidad y celeridad; citando al efecto, los arts. 8.II, 21.2, 22, 23, 115, 116.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia “…SE GUARDE TUTELA DE MI VIDA, SE RESTABLEZCAN LAS FORMALIDADES LEGALES Y SE ME RESTITUYA MI DERECHO A LA LIBERTAD” (sic) En audiencia de consideración de la presente acción de defensa, solicitó se conmine a la autoridad accionada a remitir en el día el expediente de referencia ante el Juzgado de origen; asimismo, se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura a efectos de que se inicie proceso disciplinario contra el Juez accionado por incumplimiento de las instructivas respecto a la devolución de las causas por los Juzgados de turno.
Celebrada la audiencia pública virtual de 5 de enero de 2022, según consta en el CD con el registro del audio y video de dicho acto procesal, cursante a fs. 55 vta., con la presencia del peticionante de tutela asistido por su abogado patrocinante, ausente la autoridad accionada; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su demanda tutelar, y ampliándolos, añadió: a) El de 14 de abril de 2021, el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, determinó su detención preventiva; posteriormente, debido a la vacación anual colectiva, dispuso la remisión de la causa ante el Juez ahora accionado, quien suspendió en “tres” ocasiones el actuado para la consideración de su solicitud de cesación a la detención preventiva, y habiendo sido fijada la última audiencia para el 4 de enero de 2022, la misma no se llevó a cabo debido a que la referida autoridad accionada no remitió el expediente en cuestión -ante el Juez de origen-, situación que continua “hasta la fecha” -5 de enero de 2022-, lo que impide que pueda solicitar una vez más la cesación de la extrema medida dado el cumplimiento del plazo de su detención preventiva por más de ocho meses, así como para enervar los riesgos procesales, pese a existir un instructivo que ordena la devolución de los expedientes; y, b) Solicita se conmine a la autoridad accionada a remitir en el día el expediente de referencia ante el Juzgado de origen; asimismo, se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura a efectos de que se inicie proceso disciplinario contra el Juez accionado por incumplimiento de las instructivas respecto a la devolución de las causas por los Juzgados de turno.
Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito, cursante de fs. 53 a 54, señaló que: 1) Mediante Circulares 23/2021-SP-TDJLPB y 24/2021-SP-TDJLP se dispuso la remisión de los cuadernos de control jurisdiccional de detenidos preventivos, detenidos domiciliarios, así como los declarados rebeldes ante el Juzgado a cargo de su autoridad; 2) El 24 de diciembre de 2021, efectivamente se produjo la suspensión de la audiencia programada, toda vez que en la señalada fecha y horario, ingresó por sistema la remisión de inicios de investigaciones e imputaciones formales con aprehendidos en una cantidad “exasperante”, puesto que durante el periodo de la vacación anual se encontraba a cargo de diez Juzgados de provincias y tres Juzgados de Instrucción de El Alto; en ese sentido, considerando que los plazos son fatales y perentorios, no correspondía dejar en incertidumbre la situación jurídica de tales personas; por lo que, por fuerza mayor se procedió a dar prioridad a los mismos; 3) Respecto a la segunda audiencia suspendida, el accionante reconoce que esta fue instalada; sin embargo, conforme a la Ley del Órgano Judicial el personal de apoyo jurisdiccional tiene designadas funciones específicas, entre ellas la de notificar a las partes con todos los actuados procesales en coordinación con la Oficina Gestora de Procesos; por consiguiente, si bien es cierto que dicho personal subalterno se encuentra a su cargo, su persona en su condición de autoridad, ordenó la notificación con todos los actuados procesales, debiéndose considerar ese aspecto a efectos de determinar responsabilidad; 4) Con relación a la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de origen, se tiene que “…cursa resolución 345/2021 de 31 de diciembre de 2021, en el cual se ha procedido a la realización de audiencia del señor RENE MOLLO, del cual conforme a procedimiento tienen el plazo de 3 días hábiles para cumplir con las medidas impuestas, por lo que su autoridad debe de considerar que hasta la fecha está en proceso de cumplimiento dichas medidas impuestas por mi persona…” (sic); y, 5) Si bien debía remitir -se entiende el cuaderno de control jurisdiccional- es necesario considerar que el municipio de Patacamaya se encuentra alejado, y más aún que su personal de apoyo jurisdiccional no ejerce sus labores debido a los casos de Coronavirus (COVID-19), habiéndose procedido a su repliegue a sus domicilios; por lo que, su autoridad se encuentra desarrollando sus funciones únicamente con la Secretaria y la Auxiliar, existiendo a su vez la gran carga procesal; no obstante, el “día de hoy” en horas de la mañana se dispuso el traslado de dicho cuaderno.
El Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Sica Sica del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 001/2022 de 5 de enero, cursante de fs. 56 a 60, concedió la tutela solicitada, disponiendo que “en el día” la autoridad accionada remita el cuaderno de control jurisdiccional del proceso penal de referencia signado con el número 2131-108 ante la autoridad jurisdiccional: i) La línea jurisprudencial respecto al principio de celeridad estableció la obligación a la cual están compelidas las autoridades de atender con prontitud los casos en los cuales se encuentre de por medio la libertad de las personas; ii) El accionante solicitó en reiteradas oportunidades la cesación de su detención preventiva, habiéndose señalado día y hora de audiencia para la consideración de su situación jurídica, actos procesales que no se materializaron en razón a las recargadas labores de la autoridad accionada; iii) Con relación a que no se habría desarrollado la audiencia fijada para la consideración de su situación jurídica por la falta de remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de origen, se debe mencionar que la celeridad procesal, se encuentra relacionada con los arts. 178.I, 180.I y 115.II de la CPE, y compele a quienes administran justicia a su observancia, evitando dilaciones indebidas e innecesarias que vulneren el derecho a la libertad en aquellos casos en los que se encuentre de por medio la definición de su situación jurídica, garantías judiciales que también están reguladas por el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), así también por el art. 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que estipula la garantía mínima a ser juzgado sin dilaciones indebidas, por lo que actuar en contrariedad a dichos preceptos vulnera el derecho a la libertad previsto por el art. 23.I de la CPE; y, iv) Entonces no debe confundirse el principio de celeridad con la gestión de despacho, pues la celeridad procesal es un principio que persigue la administración de justicia a fin de que el juzgamiento culmine de manera pronta y oportuna, en tanto que la gestión de despacho son todas las actividades que desarrolla la autoridad jurisdiccional con la finalidad que el Despacho judicial funcione de manera eficaz y eficiente, de lo que se concluye que la autoridad accionada incurrió en una omisión involuntaria al no haber instruido de manera oportuna se proceda a la devolución del cuaderno de control jurisdiccional ante el Juez de origen, lo que generó la suspensión de una audiencia que fue programada por el mismo Juez ahora accionado.
En vía de enmienda y complementación, la parte accionante solicitó pronunciamiento respecto a la remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura; ante lo cual, el Juez de garantías señaló que, de conformidad a lo previsto por la Ley del Órgano Judicial se tiene la vía expedita para iniciar las medidas disciplinarias que creyeren convenientes, de acuerdo a lo previsto por el Reglamento del Proceso Disciplinario aprobado por el Pleno del Consejo de la Magistratura.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Eben García Condori -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, por Resolución 022/2021-P de 14 de abril, el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario de Qalauma del citado departamento por el plazo de seis meses (fs. 13 a 18 vta.); plazo que fue ampliado por dos meses mediante Resolución 136/2021-P de 14 de octubre (fs. 19 a 23 vta.). II.2. Constan: a) Memorial presentado el 21 de diciembre de 2021, dirigido ante el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -en suplencia legal del Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del mismo departamento- por el cual el accionante solicitó se fije audiencia de cesación de la detención preventiva, el cual mereció decreto de 22 de igual mes y año, por el que se programó audiencia para el viernes 24 de ese mes y año a horas 14:00; y, b) Memorial presentado el 27 de diciembre de 2021, dirigido ante la misma autoridad mediante el cual el impetrante de tutela solicitó nuevamente el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva, fijándose tal actuado para el viernes 29 del mismo mes y año a horas 13:00 (fs. 1 a 8).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “justicia transparente”, a la igualdad de las partes, a la honra, honor y dignidad, así como a la garantía de presunción de inocencia, y los principios de independencia, imparcialidad y celeridad; debido a que, solicitó en tres oportunidades al Juez ahora accionado, -en su condición de Juez de turno por la vacación judicial- audiencia para considerar la solicitud de cesación de su detención preventiva por cumplimiento del plazo y para desvirtuar peligros procesales; empero, dicho acto procesal fue suspendido el 24 y 29 de diciembre de 2021, alegando la referida autoridad judicial una sobrecarga laboral, así como la falta de notificación a los sujetos procesales con el memorial de su solicitud; y, con relación a la última audiencia programada para el 4 de enero de 2022-, esta no se llevó a cabo debido a que la misma autoridad que la había programado, no remitió el cuaderno procesal ante el Juzgado de origen para su sustanciación, generando una dilación en la consideración de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si se debe conceder o denegar la tutela solicitada.
Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres Al respecto, la SCP 0735/2020-S3 de 21 de octubre, a partir de la celeridad como elemento del debido proceso establecido por la Norma Suprema, y además su incidencia y aplicación en la norma procesal penal y las modificaciones efectuadas a esta, estableció: «La Norma Suprema ha instituido al debido proceso en su triple dimensión, como derecho, garantía y principio, a partir de lo cual los jueces y tribunales tienen la obligación de proteger oportuna y efectivamente a toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y la de garantizar a las partes procesales el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones (art. 115 de la CPE); a cuyo efecto, la propia Norma Fundamental, reconoce que la potestad de impartir justicia y el cimiento de la jurisdicción ordinaria, se basa, entre otros, en los principios procesales de celeridad, eficiencia, eficacia, como componentes esenciales a su vez del debido proceso (art. 178.I y 180.I de la CPE). Es en ese sentido, que este Tribunal ha ido construyendo una sólida jurisprudencia en cuanto al principio de celeridad dentro de los procesos judiciales, que conlleva el cumplimiento de los plazos procesales cuando estos estén fijados por la norma y en su defecto de no existir los mismos, el cumplimiento de actuaciones procesales en el plazo razonable y más 9 breve posible, máxime si se trata del ámbito penal y de por medio se encuentran solicitudes vinculadas a la libertad del procesado. En ese marco constitucional y de garantías procesales, se tiene la acción de libertad en su dimensión de pronto despacho, misma que fue precisada por la SCP 0127/2018-S1 de 16 de abril, que efectuando una sistematización de la jurisprudencia y denotando la connotación de la celeridad como valor y principio inherente al debido proceso como base de la potestad de impartir justicia, señaló que: “La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Del mismo modo, el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en su Fundamento Jurídico III.4, determinó que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Entonces, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”. Es a partir de esta sólida línea jurisprudencial que propende al cumplimiento del principio de celeridad en el marco de la garantía del debido proceso, que el legislador implementó procedimientos para agilizar y dinamizar la tramitación de las causas penales, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia en el país para garantizar una justicia pronta, oportuna, en el marco de los principios consolidados en la Constitución Política del Estado, lo que incluye a su vez la garantía de las partes procesales a partir del principio de celeridad, procurando que el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva sean eficaces y materializados en procesos cortos y una administración de justicia eficiente; en ese sentido se promulgó la Ley 1173 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, de 3 de mayo de 2019-, que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal, concretamente al art. 239 de la citada norma referido al plazo que se tiene para resolver la cesación de la detención preventiva, cuando señala: “(CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio; 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código”. En esa misma línea de análisis, el código adjetivo penal regula la celebración de audiencia y las cuestiones incidentales que pudiesen presentarse en estas, estableciendo en su parágrafo II sobre la presencia de las partes, lo siguiente: II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código. Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez 12 librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia. Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro. Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación. La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad. En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación. La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal”. Asimismo, en lo que hace a la suspensión de audiencias de cesación por causales no justificadas ni establecidas en la norma procesal, la SCP 0124/2018-S1 de 16 de abril, asumiendo la línea jurisprudencial establecida al respecto, señaló: “…en cuanto a las dilaciones indebidas en la tramitación de la cesación a la detención preventiva, la SCP 0078/2010-R de 3 de mayo, reiterada en numerosas sentencias constitucionales, especificó en tres incisos las circunstancias por las cuales se debe entender que se encuentran en tal situación, puntualizando las mismas de la siguiente manera: ‘(…) c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad’”. Los entendimientos jurisprudenciales y normativos referidos, son aplicables a cualquier modalidad de modificación de medidas cautelares y más aún en el actual régimen de dichas medidas, en el marco de la celeridad y dinámica establecidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres» (las negrillas son nuestras).
La problemática traída en revisión centra su análisis en dos aspectos principales; por una parte, en la suspensión de las audiencias de cesación de la detención preventiva de 24 y 29 de diciembre de 2021 programadas por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado- (en suplencia legal del Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del mismo departamento), y con relación a la última audiencia fijada para el 4 de enero de 2022, señalada por la misma autoridad, y que el accionante denuncia que no se llevó a cabo debido a que la indicada autoridad judicial no remitió el cuaderno procesal ante el Juzgado de origen para la celebración de dicho acto procesal, generando una dilación en la consideración de su situación jurídica. A partir del reclamo constitucional que motivó la interposición de la presente acción de defensa, es preciso remitirse a los actuados de la causa de origen; así, de los antecedentes que cursan en el expediente, como de lo manifestado por la parte accionante y la autoridad accionada, se tiene que habiéndose determinado por Resolución 022/2021-P de 14 de abril, la detención preventiva del impetrante de tutela por el plazo de seis meses en el Centro Penitenciario de Qalauma del citado departamento, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, ampliado por dos meses mediante Resolución 136/2021-P de 14 de octubre; el prenombrado, solicitó ante el Juez ahora accionado -en su condición de Juez de turno- la cesación a dicha medida extrema, habiéndose fijado a efectos de su consideración dos audiencias el 24 y 29 de diciembre de 2021 (Conclusiones II.1 y II.2), las cuales el accionante refiere que a su turno fueron suspendidas, señalándose por último nueva audiencia para el 4 de enero de 2022, la cual se denuncia que tampoco pudo desarrollarse, ya que la mencionada autoridad judicial no procedió a la devolución de los actuados correspondientes ante el Juzgado de origen.
Al respecto, se tiene que la autoridad judicial hoy accionada en su informe escrito presentado dentro de esta acción tutelar, no desvirtuó los reclamos efectuados en su contra, y al contrario, señaló que la audiencia de 24 de diciembre de 2021, en efecto fue suspendida debido a que en la indicada fecha, le fueron remitidos inicios de investigaciones e imputaciones formales con aprehendidos en una cantidad “exasperante”, dado que durante el periodo de la vacación anual se encontraba a cargo de diez Juzgados de provincias y tres Juzgados de Instrucción de El Alto, por lo que dio prioridad a los mismos, a fin de no dejar en incertidumbre la situación jurídica de tales personas; asimismo, respecto a la suspensión de la segunda audiencia -de 29 de diciembre de 2021- indicó que la suspensión se generó debido a que, pese a que su persona ordenó la notificación con todos los actuados procesales su personal de apoyo jurisdiccional no dio cumplimiento a esa determinación; y, en cuanto a la falta de remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de origen, de forma un tanto confusa, hizo referencia de una parte a que conforme a la Resolución 345/2021 de 31 de diciembre, respecto a la situación jurídica de “Rene Mollo” -coimputado dentro el proceso penal en cuestión-, el mismo tendría el plazo de tres días hábiles para cumplir con las medidas impuestas, para luego señalar que considerando la distancia con el municipio de Patacamaya y que su personal de apoyo jurisdiccional no se encuentra ejerciendo sus labores debido a los casos de COVID-19, y la gran carga procesal, recién el “día de hoy” en horas de la mañana dispuso el traslado de dicho cuaderno.
En ese contexto fáctico procesal, corresponde señalar que conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad judicial que conozca una solicitud vinculada con la libertad del procesado, tiene el deber de tramitarla en cumplimiento del principio de celeridad como elemento constitutivo del debido proceso; es decir, dentro de los plazos establecidos por ley y en su defecto de no encontrarse contemplado un plazo procesal, el cumplimiento de actuaciones procesales deben efectuarse en el plazo razonable y más breve posible; por lo que, ante la inobservancia de dicho principio, el agraviado puede recurrir a la justicia constitucional a través de esta acción tutelar en su modalidad de pronto despacho, instituida como un mecanismo de defensa constitucional idóneo para reclamar dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación de la persona privada de libertad.
Entendimiento que resulta aplicable al presente caso, pues de las actuaciones desarrolladas por el Juez accionado, se advierte que incurrió en una dilación indebida en la tramitación de la solicitud de cesación de detención preventiva formulada por el accionante, traducida en varias actuaciones y/u omisiones; toda vez que, en cuanto a la suspensión de las audiencias, se tiene que la primera audiencia fijada para el 24 de diciembre de 2021, según lo aseverado por la propia autoridad accionada no fue desarrollada por la carga procesal existente respecto a otras causas; es decir que, pese a estar señalada dicha audiencia por la propia autoridad judicial accionada, la misma actuando contrario a lo estipulado en la norma procesal penal, ni siquiera instaló dicho acto procesal, intentando justificar dicho actuar en una sobrecarga laboral ante la remisión de múltiples casos con aprehendidos, primero sin acreditar dicho extremo, y segundo alegando que durante el periodo de la vacación anual se encontraba a cargo de diez Juzgados de provincias y tres Juzgados de Instrucción de El Alto, lo cual no puede deslindarle de responsabilidad, pues dicha autoridad a momento de fijar la audiencia solicitada, conocía del rol de turno y suplencia que ejercía oportunamente; por ende, le correspondía organizar su agenda conforme a ello, y cumplirla, y no así dejar de instalar y desarrollar un actuado procesal fijado por él mismo, pues en ningún caso puede disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación, tomando en cuenta la situación de privación de libertad en la que se encontraba el accionante, por lo que correspondía a la autoridad accionada exponer el motivo justificado para la suspensión y señalar nueva audiencia con la diligencia del caso. En esa línea de análisis, con relación a la segunda audiencia programada para el 29 de diciembre de 2021, como efecto de una nueva solicitud formulada por el accionante, se establece que si bien dicho acto procesal en esta oportunidad sí fue instalado; sin embargo, fue suspendido una vez más, en razón a la falta de notificaciones a las partes procesales con todos los actuados; es decir, con el memorial de solicitud de cesación de detención preventiva, aspecto que no cuenta con un fundamento jurídico válido, dado que la norma procesal penal regula la celebración de audiencia y las cuestiones incidentales que pudiesen presentarse en estas, no encontrándose dicha situación -notificación a las partes con el memorial-como un impedimento para la realización del acto procesal, más aun considerando que anteriormente ya se había suspendido una primera audiencia con el mismo tenor de su solicitud; por lo que, correspondía a la autoridad judicial adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal, no ameritando tal omisión la suspensión de la audiencia. Así, se tiene que dicha situación dilatoria se agravó aún más ante la falta de devolución de los actuados procesales al Juzgado de origen, a pesar de ser de conocimiento de la propia autoridad accionada que se hallaba programada la audiencia de consideración de la cesación de detención preventiva del accionante con anterioridad, pues fue la propia autoridad la que fijó la tercera audiencia, pretendiendo justificar su actuar el Juez accionado en la emisión de la Resolución 345/2021 respecto a la situación jurídica de “Rene Mollo” -coimputado dentro el proceso penal en cuestión-, y el plazo de tres días hábiles que tendría el mismo para cumplir con las medidas impuestas, además de la distancia con el municipio de Patacamaya, indicando que recién el “día de hoy” -se comprende de la celebración de la audiencia de acción de libertad y posterior a la interposición de la misma y a su citación como autoridad accionada- en horas de la mañana dispuso el traslado de dicho cuaderno procesal; lo que, implica que se habría procedido a la remisión del cuaderno procesal, un día después del día fijado para la celebración de la audiencia, sin que ninguna de las dos situaciones alegadas constituya además un justificativo probado para dicha devolución tardía al Jugado de origen, despliegue que demuestra que dicha autoridad, no actuó con la debida diligencia y celeridad que le compelía, correspondiendo enfatizar a ese efecto que de acuerdo al art. 239 del CPP referido al plazo que se tiene para resolver la cesación de la detención preventiva, se establece que: “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”. Asimismo, el art. 113 del CPP modificado por el art. 7 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres- determina que: “Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles” (el resaltado es añadido); preceptos que no fueron cumplidos por la autoridad jurisdiccional accionada, pues a pesar de haber señalado las audiencias para su resolución, procedió a suspenderlas sin un motivo justificado, fijando la última audiencia programada inclusive más allá del plazo dispuesto por ley, incidiendo dichas circunstancias en la falta de resolución oportuna de la situación jurídica del peticionante de tutela, incurriendo en el mismo acto lesivo en dos veces consecutivas y agravándose con la falta de devolución de actuados ante el Juzgado de origen; en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada por lesión del debido proceso, en su elemento celeridad, vinculado a la libertad, aclarando que el alcance de dicha concesión solo es a efecto de la remisión inmediata y material del expediente del proceso penal ante la autoridad que conoce la causa, a objeto que la misma tramite y celebre, la audiencia suspendida de medidas cautelares, y se resuelva la situación jurídica del accionante conforme corresponda en derecho.
En lo que respecta a la denuncia de lesión de los derechos, a la igualdad de las partes, a la “justicia transparente”, a la honra, honor y dignidad, a la garantía de presunción de inocencia, y los principios de independencia e imparcialidad, el peticionante de tutela no explicó, de qué forma los mismos hubiesen sido afectados en su núcleo esencial y alcance de ejercicio por la dilación e incumplimiento advertidos, y que fueron objeto de tutela en función a la lesión de derechos inherentes a ese actuar, conforme se desarrolló precedentemente; por lo que, sin mayor pronunciamiento corresponde denegar la tutela solicitada sobre los mismos.
Finalmente, en cuanto a la solicitud del accionante de remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura; el prenombrado, cuenta con las vías expeditas para promover si considera pertinente el inicio de las acciones que crea convenientes ante las autoridades llamadas por ley.
Resuelta la problemática planteada, amerita en el presente caso señalar que se observa que el Juez de garantías, remitió el acta de audiencia de la acción de libertad en un CD, inobservando el mandato del art. 29.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece que: “El expediente constará por escrito y estará integrado por: (…) f) el acta de audiencia”; motivo por el que corresponde llamar la atención a la mencionada autoridad, por cuanto el acta de audiencia se constituye en una pieza procesal importante para la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional, cuya omisión en su envío puede generar inclusive la suspensión del plazo a fin de contar con esa pieza procesal, con la consecuente dilación en la emisión del fallo correspondiente; situación que, si bien no repercutió en la resolución del presente caso, por constar el informe escrito de la autoridad accionada; sin embargo, ello no salva la negligencia de dicha autoridad de garantías, siendo evidente e innegable que incurrió en una omisión inherente al procedimiento y trámite procesal constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró en parte de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 001/2022 de 5 de enero, cursante de fs. 56 a 60, pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Sica Sica del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, por la lesión del derecho al debido proceso en su elemento celeridad vinculado a la libertad del accionante, en base a los fundamentos precedentemente expuestos y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2º DENEGAR la tutela solicitada, en relación a los derechos a la igualdad de las partes, a la “justicia transparente”, a la honra, honor y dignidad, a la garantía de presunción de inocencia y los principios de independencia e imparcialidad, así como a la solicitud de remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en este fallo constitucional. 3° Llamar la atención a Jorge Luis Antequera Bernal, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Sica Sica del departamento de La Paz, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1071_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4d91e5e9bb10e127095018012f4d102304c8fa28fc7acf149b7af9e5aaed3f9b
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