Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de septiembre de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y al principio de celeridad, señalando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de violencia familiar, fue sometido a procedimiento abreviado y mediante Sentencia condenatoria, le fue impuesta la pena de tres años de reclusión; contra dicha decisión, el 24 de octubre de 2024, la víctima interpuso recurso de apelación restringida; sin que el mismo, haya sido resuelto por los Vocales demandados, pese a haber vencido el plazo para subsanar observaciones, habiendo transcurrido más de siete meses y dieciocho días desde su interposición y más de treinta días desde la notificación sin pronunciamiento del Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2025 de 13 de junio, cursante de fs. 47 a 48 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiéndose que los demandados emitan resolución correspondiente dentro del recurso de apelación restringida, salvo que por el transcurso del tiempo los demandados ya hubieran emitido el auto de vista correspondiente. 2° Se exhorta, a los Vocales demandados a tener mayor cuidado en el cómputo de plazos de los casos que se encuentran a su cargo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1070/2025-S3 Sucre, 8 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 74535-2025-150-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 13/2025 de 13 de junio, cursante de fs. 47 a 48 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Willy Ronald Gutiérrez Surculento en representación sin mandato de Maycol Apaza Poma contra Alan Mauricio Zárate Hinojosa; y, Claudia Marcela Castro Dorado, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 13 de junio de 2025, cursante de fs. 32 a 36, el accionante por intermedio de su representante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar, mediante Auto Interlocutorio 139/2024 de 1 de marzo, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, se dispuso su detención preventiva a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento; posteriormente, tras la presentación de acusación fiscal, la causa fue remitida al Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimocuarto de El Alto, donde el 30 de agosto de 2024, se dictó Auto de apertura de juicio; sin embargo, el 30 de septiembre de igual año, dicho juzgado dictó Sentencia condenatoria en procedimiento abreviado imponiendo una pena de tres años de prisión; la víctima interpuso recurso de apelación restringida el 24 de octubre de 2024. Dicho recurso fue remitido inicialmente a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandada-, el 27 de noviembre de 2024 y nuevamente el 27 de enero de 2025; mediante decreto de 28 del citado mes y año, se otorgó a la parte apelante un plazo de tres días para subsanar observaciones, notificándose dicha providencia recién el 13 de mayo de 2025; sin embargo, a pesar de haber vencido dicho plazo sin que el apelante se pronuncie, el Tribunal de alzada no resolvió la causa, habiendo transcurrido más de treinta días desde la notificación y más de siete meses y dieciocho días desde la interposición del recurso, permaneciendo privado de libertad por más de un año y tres meses sin que se resuelva el recurso de apelación restringida, incurriendo las autoridades demandas en inacción que vulnera el principio de celeridad y su derecho al debido proceso.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso y del principio de celeridad, citando al efecto el art. 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que en el plazo de cuarenta y ocho horas los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental Justicia de La Paz, resuelvan el recurso de apelación restringida interpuesto hace más de siete meses y dieciocho días, máxime al encontrarse privado de libertad desde hace más de un año y tres meses.
Celebrada la audiencia el 13 de junio de 2025, según consta en acta cursante de fs. 45 a 46 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reiteró de manera íntegra el contenido de la acción de libertad y ampliándolo señaló lo siguiente: a) El expediente fue remitido por primera vez el 27 de noviembre de 2024 y devuelto por observaciones, siendo nuevamente remitido el 27 de enero de 2025; mediante decreto del 28 de igual mes y año, los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandados- otorgaron a los apelantes tres días para subsanar observaciones bajo apercibimiento de inadmisibilidad; sin embargo, la notificación recién se practicó el 13 de mayo de 2025 -según el demandado-, debido a insistencia de la defensa- generándose una demora de tres meses y quince días entre el decreto y la notificación; b) No obstante de haber transcurrido treinta días desde la notificación sin que los apelantes subsanen, los Vocales demandados no emitieron pronunciamiento alguno; c) La Secretaria Abogada de la citada Sala les indicó que debían “esperar seis meses” debido a la carga procesal, lo que consideró inadmisible; por cuanto, conculcaba sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva (art. 115 CPE); así como el principio de celeridad procesal, además del incumplimiento del art. 411 Código de Procedimiento Penal (CPP) relativo a los plazos para resolver apelaciones restringidas; por lo cual, conforme la jurisprudencia constitucional relativa al “habeas corpus traslativo”, la acción de defensa planteada era procedente para evitar dilaciones en causas que afectan a su libertad; y, d) Impetró se ordene a los Vocales demandados a resolver el decreto de 28 de enero de 2025, disponiendo la inadmisibilidad del recurso de apelación restringida si no fue subsanado dentro de plazo, al existir inacción de dicha autoridades pese al vencimiento del término otorgado a los apelantes.
Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe de 13 de junio de 2023, cursante a fs. 43 y vta., informó que la Vocal Claudia Castro Dorado, no pudo ser notificada por encontrarse con permiso y respecto a la acción de libertad presentada en su contra, señaló lo siguiente: 1) El expediente de apelación restringida promovido por el accionante contra la Sentencia 80/2024, fue recepcionado en su despacho inicialmente el 27 de noviembre de 2024; sin embargo, mediante decreto de 21 de noviembre de 2024, observaron aspectos formales del recurso; razón por la cual, fue devuelto al juzgado de origen el 14 de enero de 2025; subsanadas las observaciones, el expediente nuevamente les fue remitido el 27 de igual mes y año, y por decreto de 28 de enero, se radicó la causa, otorgándose tres días a la parte recurrente para corregir observaciones de conformidad a lo previsto por al art. 399 CPP; 2) La notificación al impetrante de tutela se realizó el 13 de mayo de 2025, sin que se hubiera presentado memorial alguno para subsanar lo requerido, debido a ello y conforme al decreto de 22 del indicado mes y año, la causa quedó en estado de sorteo de Vocal Relator para la emisión del Auto de Vista, desarrollándose dicho trámite acorde a lo establecido por ley, sin que exista vulneración de derechos; y 3) La acción de libertad no es procedente, dado que el accionante ya cuenta con sentencia condenatoria de tres años de privación de libertad por violencia familiar o doméstica; consiguientemente, no habría privación indebida ni procesamiento ilegal que habilite esta garantía constitucional; en tal mérito, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no concurrió a la audiencia de garantías, ni presentó informe escrito, pese a su notificación cursante a fs. 39.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante la Resolución 13/2025 de 13 de junio, cursante de fs. 47 a 48 vta., declaró “improcedente” la acción de libertad, denegando en el fondo conceder la tutela impetrada, sin perjuicio de conminarse a las autoridades demandadas a que dentro de los plazos y términos establecidos por ley, procedan a emitir el correspondiente Auto de Vista, tratándose el impetrante de un privado de libertad; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) En el trámite de la apelación restringida, el Juez de la causa constató que la parte apelante fue notificada con observaciones el 13 de mayo de 2025, y se le otorgó plazo de tres días para subsanar; en aplicación del art. 411 CPP, el término de veinte días hábiles para emitir el Auto de Vista se computa desde el 19 de mayo de 2025, venciendo el 13 de junio de ese mismo año; por lo que, al momento de la acción tutelar presentada no existía dilación indebida; además, mediante decreto de 22 de mayo de 2025, se dispuso sorteo de Vocal Relator, evidenciando continuidad procesal; ii) El accionante no demostró de qué manera la supuesta demora afectó su derecho a la libertad, considerando que pesaba contra él una Sentencia condenatoria de tres años por violencia familiar o doméstica, siendo el verdadero interés de la defensa la pronta emisión del Auto de Vista para gestionar beneficios o sanciones alternativas; lo cual, no constituye afectación directa a la libertad tutelable por esta vía; y, iii) En mérito a ello, declaró improcedente la acción de libertad y denegó la tutela solicitada, aunque conminó a los Vocales demandados a emitir Resolución de alzada dentro de los plazos legales, dado que el accionante permanecía privado de libertad. En vía de complementación y enmienda el impetrante de tutela, solicitó se explique si la Sala Penal demandada, a través del decreto de 28 de enero, ingresó a resolver el fondo de la apelación restringida. En sustanciación y resolución de lo impetrado, el Juez de garantías, declaró no ha lugar dicha solicitud; con la aclaración de haber conminado a la citada Sala Penal que emita en el tiempo previsto por ley el correspondiente Auto de Vista, señalando que, evidentemente el art. 399 del CPP, establece que si existe defecto absoluto y omisión de forma, el Tribunal de alzada lo hará saber al recurrente dándole el término de tres días para que amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo, si el recurso es inadmisible, lo rechazará sin pronunciarse en el fondo; sin embargo, tampoco dicho artículo, de forma directa, determina su situación jurídica, por ello, mencionó la aplicación del art. 411 del citado Código, respecto a los veinte días, además debía tomarse en cuenta que se dispuso pasen obrados a despacho el 22 de mayo de 2025, por lo que, dicha Resolución se encuentra dentro del término de ley, y en tiempo razonable entendido por ese Juzgado.
Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-01/2022 de 4 de febrero, se dispuso la priorización en el sorteo de causas relativas a violencia feminicida a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Maycol Apaza Poma -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, signado bajo el Código Único de Denuncia (CUD) 20286274, Mabel Yesica y Jhosseline Eli Bonifacio Choque, por memorial presentado el 24 de octubre de 2025, ante el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarto de El Alto del departamento de La Paz, interpusieron recurso de apelación restringida contra la Sentencia 80/2024 de 30 de septiembre, dictada contra el impetrante de tutela, en procedimiento abreviado, condenándolo a la pena de tres años de reclusión, sin considerar que se trataba de dos víctimas y que su conducta fue dolosa (fs. 25). II.2. Mediante decreto de 28 de enero de 2025, Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, otorgó el plazo de tres días a la parte apelante para que subsane y/o corrija los defectos en el recurso de apelación restringida presentada dentro del proceso penal en cuestión, bajo alternativa de declararse el rechazo del mismo (fs. 25). II.3. Cursa formulario de notificación en el que se consigna como fecha de notificación con el decreto de 28 de enero de 2025 a Mabel Yesica Bonifacio Choque el 13 de mayo del citado año (fs. 29).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y al principio de celeridad, señalando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de violencia familiar, fue sometido a procedimiento abreviado y mediante Sentencia condenatoria, le fue impuesta la pena de tres años de reclusión; contra dicha decisión, el 24 de octubre de 2024, la víctima interpuso recurso de apelación restringida; sin que el mismo, haya sido resuelto por los Vocales demandados, pese a haber vencido el plazo para subsanar observaciones, habiendo transcurrido más de siete meses y dieciocho días desde su interposición y más de treinta días desde la notificación sin pronunciamiento del Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o 1El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0233/2016-S1 de 18 de febrero, refirió que uno de los actos conclusivos a adoptarse al finalizar la etapa preparatoria es la salida alternativa referida al procedimiento abreviado, que constituye una de las formas de conclusión de un conflicto o contienda penal, que como la doctrina expone, a diferencia de otras salidas alternativas, no extingue ni suspende el ejercicio de la acción penal, sino, la abrevia y provoca la solución inmediata al litigio.
En ese sentido, conforme lo establecido por los arts. 373.I, II y III, y 374 del CPP, a la conclusión de la etapa preparatoria, el imputado o el Ministerio Público podrán solicitar se aplique el procedimiento abreviado ante la jueza o el juez de instrucción penal, en concordancia con lo establecido en el art. 323 inc. 2) del mismo cuerpo legal. A ese fin, cuando la petición sea presentada por el Fiscal de Materia, para ser procedente, debe contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, y estar fundada en la admisión del hecho y su participación en él; requerimiento que será negado, cuando la víctima se oponga o el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, caso en el que el juez podrá negar también la aplicación del procedimiento abreviado; vale decir, que señalada la audiencia oral, el juez escuchará al Fiscal de Materia, a efecto que fundamente su requerimiento conclusivo; la solicitud del imputado, para verificar con certidumbre la admisión de su participación en el delito atribuido y comprobar su renuncia al juicio oral ordinario de manera voluntaria; y, a la víctima o querellante, para que pueda en su caso, oponerse a la aplicación del procedimiento abreviado. Por consiguiente, conforme lo dispone el referido art. 374 del CPP, se deberá comprobar:
1) La existencia del hecho y la participación del imputado.
2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario, y, 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario.
Aceptado el procedimiento abreviado, el juez a cargo del conocimiento y análisis de la causa pronunciará sentencia en base a los hechos admitidos por el imputado, sin que la condena impuesta supere la pena requerida por el fiscal.
Pronunciada dicha determinación y ante el desacuerdo del condenado, en ejercicio de su derecho a impugnar o recurrir de las decisiones judiciales y el derecho que tiene todo encausado de ser oído y juzgado con las debidas garantías, podrá recurrir dicho fallo ante el superior en grado, pese a no existir una disposición legal expresa que prevea la procedencia de un medio de impugnación para cuestionar e impugnar la sentencia pronunciada por el juez instructor penal en dicho procedimiento especial; por cuanto, el derecho a la doble instancia, se encuentra reconocido por la Constitución Política del Estado como parte integrante del debido proceso; toda vez que, de acuerdo con los arts. 115.II y 117.I de la CPE, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, pues ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída ni juzgada previamente, así lo señaló este Tribunal en la SC 0788/2010-R de 2 de agosto y en la SCP 0275/2012 de 4 de junio; por consiguiente, al ser el derecho a la doble instancia, parte componente del debido proceso, el accionante puede 5EL FJ III.2.3, señala: “…el debido proceso, es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también administrativo”. 6El FJ III.2.2, indica: “En relación a la garantía del debido proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que no sólo es exigible a nivel judicial, sino también es de obligatorio cumplimiento por toda autoridad que ejerza funciones de carácter jurisdiccional en sede administrativa. En este sentido ha señalado: `De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo.... Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un «juez o tribunal competente» para la «determinación de sus derechos», esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana´.
El debido proceso es una garantía constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es también aplicable a los procesos sancionatorios en sede administrativa, dentro los cuáles se deba decidir respecto a la existencia o no de faltas disciplinarias, que con mayor razón deberá observarse en segunda instancia, con el objeto de garantizar en revisión un fallo justo, razonable y equitativo, que proporcione certeza al administrado respecto a la decisión asumida.
A su vez, el derecho a la defensa irrestricta, componente del debido proceso, se halla proclamado por el art. 115.II de la CPE, cuando señala: `El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…´. El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento integrante transversal a todas las fases sustantivas del proceso penal y también es inherente a la totalidad de procesos disciplinarios sin exclusión. Al respecto, Binder afirma: `El Derecho a la Defensa cumple dentro del Proceso Penal, un papel particular, por una parte actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás´.
El derecho a la defensa irrestricta es uno de los mínimos procesales que debe concurrir dentro de un proceso sancionatorio en el que se encuentre presente el debido proceso, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales dentro del procedimiento sancionador, siempre en procura de efectivizar un proceso justo. El derecho a la defensa, es un elemento adjetivo del debido proceso, que halla uno de sus resguardos en la garantía de la doble instancia, que a su vez tiene su consagración en las normas de derecho internacional, más propiamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), normas en las cuales se le asigna el carácter de garantía judicial, asumiéndola como un mecanismo de protección, dirigido a materializar los derechos. Esta impronta característica de la doble instancia, es aplicable también al derecho administrativo sancionatorio cuando así corresponda, otorgando al administrado la posibilidad de controvertir una decisión inicial, para en definitiva poder enmendar los errores o distorsiones en la aplicación de la normativa en primera instancia. La garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa.
La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es obligación ineludible de la instancia de alzada”.
asumir plena defensa sobre las resoluciones o actos que vulneren sus derechos, para que de esta forma, las autoridades superiores puedan corregir los errores de los inferiores, ya que una autoridad dotada de mayor jerarquía puede revisar, compulsar y/o corregir errores que estuviesen consignados en la decisión impugnada, permitiendo se reclamen elementos específicos que no hubieren sido considerados al tiempo de emitirse una decisión; y así, tener acceso irrestricto a la justicia. El precedente constitucional glosado ha sido extraído de la SCP 0626/2018-S2 de 8 de octubre.
Tal cual establece el art. 396 del CPP, los recursos a formularse deben regirse en base a reglas generales, señalando en el inciso 4) que: “Salvo el recurso de revisión, los recursos serán interpuestos ante el tribunal que dictó la resolución impugnada, quien no se pronunciará sobre su admisibilidad” (las negrillas y subrayado son nuestros). En ese entendido, pronunciada la sentencia dentro de un procedimiento abreviado, en observancia de los arts. 407 y 408 del CPP y dentro del plazo de quince días de notificada, corresponde, ya sea al Ministerio Público, al imputado o la víctima, interponer por escrito el recurso de apelación restringida, por inobservancia o errónea aplicación de la ley, al constituir un defecto del procedimiento inconvalidable; citando concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente observadas; y expresando, cómo se pretende sean aplicadas, siendo admisible, si el interesado hubiere solicitado su saneamiento, presentado el recurso oportunamente, dentro de plazo o hubiere efectuado la reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia, de conformidad a lo previsto por los arts. 169 y 370 de dicho Código.
Respecto de la impugnación de la sentencia pronunciada en procedimiento abreviado, este Tribunal dejó establecido en la señalada SCP 0233/2016-S1, que:
El tratadista William Herrera Añez en su libro Derecho Procesal Penal (El Nuevo Proceso Penal, página 365), afirma que en el procedimiento abreviado la sentencia no admite recursos. Sobre este particular, el nombrado autor boliviano dice textualmente lo siguiente: `…como el reconocimiento de culpabilidad y demás presupuestos legales, en el fondo, constituyen una declaración de voluntad unilateral del imputado y de su defensa, no se puede alegar, al mismo tiempo, la vulneración de los derechos fundamentales y de las garantías del debido proceso ni se puede apelar de la sentencia, ya que impera, también, el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos; de tal suerte que, reconocido un hecho, no puede posteriormente el imputado negarlo o modificarlo, menos impugnarlo, salvo en el extremo de que se hubieran vulnerado, precisamente, las previsiones contenidas para estos casos en el código procesal´.
De lo referido, se tiene que aun en los casos de renuncia a la apelación prevista contra una resolución pronunciada dentro de un procedimiento abreviado, es posible presentar un recurso de apelación restringida, cuando se advierta la inobservancia o errónea aplicación de la ley, al constituir defectos absolutos tanto en el procedimiento, como en la sentencia, que no son susceptibles de convalidación y permiten plantear un recurso de apelación restringida, cuya admisibilidad y resolución, corresponderá como se dejó establecido al tribunal de alzada. Entendimiento glosado en la SCP 0626/2018-S2 de 8 de octubre de 2018.
El accionante refiere que pese a haberse dictado una Sentencia condenatoria en procedimiento abreviado imponiéndole una pena de tres años de prisión, la decisión fue apelada por la víctima el 24 de octubre de 2024; sin embargo, el recurso de apelación restringida no fue resuelto dentro de los plazos legales, aun cuando el término otorgado para subsanar observaciones venció sin pronunciamiento de la parte apelante, habiendo a la fecha transcurrido más de siete meses y dieciocho días desde la interposición de la apelación y más de treinta días desde la notificación con el requerimiento de subsanación, sin que los Vocales demandados emitan resolución, generando una dilación procesal que afecta la tutela judicial efectiva y el debido proceso. De la revisión de antecedentes adjuntos al expediente contenidos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Maycol Apaza Poma -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, Mabel Yesica y Jhosseline Eli Bonifacio Choque, en su calidad de víctimas, interpusieron recurso de apelación restringida contra la Sentencia 80/2024 de 30 de septiembre, emitida por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarto de El Alto del departamento de La Paz, condenando al nombrado a tres años de reclusión, solicitando su revocatoria y la imposición de una pena privativa de libertad de cuatro años al acusado, bajo el argumento de que se trataba de dos víctimas y que la conducta atribuida habría sido dolosa. Mediante providencia de 28 de enero de 2025, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-, en ejercicio de control jurisdiccional previo, observó el recurso presentado, señalando que no cumplía con los requisitos previstos por los arts. 407 y 408 del CPP, concediendo a las recurrentes el plazo de tres días hábiles para subsanar las omisiones advertidas, de conformidad con el art. 399 del mismo cuerpo legal, bajo alternativa de rechazo e inadmisibilidad del recurso; asimismo, se les instó a citar de manera concreta las disposiciones legales supuestamente inobservadas o aplicadas erróneamente, fundamentar cada agravio, precisar la aplicación normativa pretendida e invocar precedentes contradictorios, aclarando expresamente que no podrían incorporar nuevos agravios, conforme a los dispuesto por el Auto Supremo 174/2013 de 19 de junio; finalmente, consta en obrados el formulario de notificación, del cual se evidencia que la apelante Mabel Yesica Bonifacio Choque, fue legalmente notificada con dicha providencia recién el 13 de mayo de 2025, habilitándose a partir de esa fecha el cómputo del plazo otorgado para la subsanación requerida. Ingresando al análisis de fondo, corresponde precisar que conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1, que este mecanismo constitucional, la acción de libertad de pronto despacho, está destinada a evitar las dilaciones o demoras indebidas e injustificadas en los procesos jurisdiccionales, cuando se trate de la situación jurídica de personas privadas de libertad que ya de por sí se encuentran en una situación de desventaja con relación al resto de la población. Ahora bien, en relación al recurso de apelación restringida motivo de esta acción de defensa, acorde a la jurisprudencia glosada en los Fundamentos Jurídicos III.2 y 3 de este fallo constitucional, dicho mecanismo de defensa, como medio impugnatorio ordinario previsto en el art. 407 del CPP, está sujeto a un trámite sumario y perentorio, siendo obligación del Tribunal de alzada resolver dentro del plazo máximo de veinte días hábiles una vez concluida la fase procesal de subsanación y radicación, conforme al art. 411 del CPP; este diseño normativo, responde a que la impugnación se encuentra directamente vinculada a la situación jurídica de la persona procesada y, por tanto, toda demora injustificada en su resolución puede afectar la garantía constitucional de libertad y el principio de justicia pronta. Sin embargo, el análisis de procedencia de esta garantía exige verificar si, en el caso concreto, el Tribunal de alzada efectivamente incumplió el plazo legal o si, por el contrario, el término aún se encontraba corriendo, pues la jurisdicción constitucional no puede sustituir la función del órgano jurisdiccional ordinario ni anticipar decisiones cuya emisión aún se halla dentro del marco temporal previsto por la ley; en este entendido, el principio de subsidiariedad de la acción de libertad cobra especial relevancia, pues esta acción extraordinaria no es una vía paralela para exigir la resolución anticipada de recursos judiciales, sino un mecanismo residual destinado exclusivamente a corregir demoras arbitrarias que comprometan la libertad personal. Bajo ese marco, de la revisión de antecedentes procesales, se advierte que Mabel Yesica y Jhosseline Eli Bonifacio Choque, en su condición de víctimas, dentro del proceso penal seguido contra el peticionante de tutela, por el delito de violencia familiar o doméstica, el 24 de octubre de 2024, presentaron recurso de apelación restringida contra la Sentencia 80/2024, solicitando su concesión para que el Tribunal de alzada -previa revisión integral de los antecedentes- revoque dicha Resolución y declare una sanción de cuatro años de pena privativa de libertad, conforme los arts. 272 bis del Código Penal (CP) y 407 y siguientes del CPP, resaltando la existencia de dos víctimas y la supuesta concurrencia de dolo en la conducta atribuida al imputado (Conclusión II.1). En mérito a dicho recurso, mediante decreto de 28 de enero de 2025, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Alan Mauricio Zárate Hinojosa, observó que la apelación interpuesta no cumplía con las exigencias legales establecidas en los arts. 407 y 408 del CPP, particularmente en relación con la correcta identificación de las normas presuntamente vulneradas, la fundamentación específica de los agravios y la cita de precedentes contradictorios; bajo ese entendido, en aplicación del art. 399 del mismo cuerpo normativo, otorgó a las apelantes el plazo de tres días hábiles para subsanar los defectos identificados, bajo alternativa de rechazo e inadmisibilidad del recurso; precisando además, que no podrían incorporarse nuevos agravios en esta fase conforme al Auto Supremo 174/2013 (Conclusión II.2). Asimismo, cursa en antecedentes el formulario de notificación correspondiente, en el cual consta que Mabel Yesica Bonifacio Choque fue legalmente notificada con el referido decreto el 13 de mayo de 2025, iniciándose desde esa fecha el cómputo del plazo procesal otorgado para la subsanación. En ese contexto, verificado el cómputo procesal aplicable, se advierte que la parte recurrente fue notificada el 13 de mayo de 2025, iniciando el cómputo del plazo el 14 del citado mes y año; sin embargo, a la fecha de interposición de la presente acción, esto es, el 13 de junio de 2025, trascurrieron veintitrés días hábiles, lo que supera los veinte días hábiles previstos por el art. 411 del CPP, para la emisión de la resolución de apelación restringida. De ello se concluye que los Vocales demandados, no resolvieron el recurso dentro del término legal, generando una dilación indebida contraviniendo el principio de celeridad procesal contenido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, y la doctrina constitucional desarrollada el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, deviniendo en procedente la activación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, cuyo objeto es precisamente evitar demoras injustificadas en la resolución de recursos que inciden en la situación jurídica de personas sometidas a proceso penal, con especial tutela cuando la demora afecta derechos vinculados a la libertad. En consecuencia, el Juez de garantías al declarar “improcedente” la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2025 de 13 de junio, cursante de fs. 47 a 48 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiéndose que los demandados emitan resolución correspondiente dentro del recurso de apelación restringida, salvo que por el transcurso del tiempo los demandados ya hubieran emitido el auto de vista correspondiente. 2° Se exhorta, a los Vocales demandados a tener mayor cuidado en el cómputo de plazos de los casos que se encuentran a su cargo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
4 El FJ III.2, indica: “En el Estado Plurinacional de Bolivia el procedimiento abreviado fue integrado al sistema procesal penal con el vigente Código de Procedimiento Penal, “Cuya aplicación sólo puede ser solicitada por los acusadores, constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado” (Comisión Redactora, exposición de motivos del Código de Procedimiento Penal). En base a lo precedentemente expuesto debemos enfatizar que para que sea efectiva la aplicación del procedimiento abreviado o alegación pre acordada, deben concurrir los presupuestos exigidos por el art. 373 del CPP y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron origen a la investigación y emisión del requerimiento conclusivo, cuya resolución en definitiva dependerá del juez de instrucción que conoce la causa y en audiencia pública. En estas circunstancias, el debido proceso se encuentra en cada uno de los actos procesales de la tramitación del procedimiento abreviado, cuyo requerimiento podrá ser formulado por el representante del Ministerio Público en dos momentos procesales: i) Al finalizar la investigación preliminar conforme el art. 301.I.4 del CPP; y, ii) A la conclusión de la etapa preparatoria, según el art.
323 inc. 2) del citado Código; sin perjuicio, de que las partes puedan proponer su aplicación, en ejercicio de la facultad que el art. 326 del mencionado cuerpo normativo, reconoce a las partes”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1070_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0d1003663829ccb10775989ccb94dd2e49aaa4abaa476440989442837a24806d
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