Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de septiembre de 2025
Concede la tutela
El accionante, considera lesionados sus derechos a la libertad, y defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro, su abogado fue notificado para la audiencia de consideración del recurso de apelación que interpuso con un plazo inferior a las veinticuatro horas y fuera del horario judicial, quien debido a otras actividades programadas, no pudo conectarse a la audiencia, empero lo hizo su asistente legal para informar lo referido y solicitar un nuevo señalamiento; sin embargo, la Vocal demandada sin precautelar su derecho a la defensa, instaló la audiencia sin nombrar defensor público o de oficio, y emitió el Auto de Vista 103/2023 el 10 de febrero, mediante el cual se confirmó su detención preventiva, sin haber escuchado al accionante ni darle la oportunidad de exponer sus agravios de apelación; por lo cual, solicitó se conceda la tutela; en consecuencia: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 103/2023 de 10 de febrero; y, b) Ordenar a la autoridad demandada que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, convoque a una nueva audiencia para resolver el recurso de apelación incidental opuesto, observando el derecho irrenunciable a la defensa técnica y material. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 10/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 31 a 33, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 103/2023 de 10 de febrero, emitido por Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y ordenar que señale nueva audiencia de apelación incidental, garantizando el efectivo ejercicio del derecho a la defensa técnica del imputado, salvo que su situación jurídica a la fecha hubiera cambiado; y, 3º Exhortar a Marco Antonio Cuentas Rojas, Juez de Sentencia Penal Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, observar la jurisprudencia y entendimientos desarrollados en el presente fallo constitucional, a efectos de su aplicación en futuros casos.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1069/2025-S3 Sucre, 8 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54872-2023 110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 31 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Reinaldo Rivero Nina contra Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 12 de abril de 2023, cursante de fs. 18 a 21 vta.; el accionante, manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Rubén Castro Quisbert, en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro, que de “…manera arbitraria y prevaricadora…” (sic), Douglas Cecil Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 31/2023 de 2 de febrero, dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses en el Centro Penitenciario de San Pedro de ese departamento, por un delito para el cual no era procedente tal medida; decisión contra la cual, interpuso recurso de apelación incidental. En instancia de apelación, la audiencia fue señalada para el 10 de febrero de 2023, con la cual fue notificado su abogado a las 19:40 del día anterior, quien por tener otras actividades programadas no se conectó a la audiencia, empero lo hizo su asistente legal para informar a la Vocal ahora demandada lo referido y solicitar nuevo señalamiento; sin embargo, lejos de precautelar su derecho a la defensa nombrando defensor público o de oficio, emitió el Auto de Vista 103/2023 confirmando su detención sin considerar que se encontraba en indefensión, sin darle la oportunidad de exponer sus agravios. Esta actuación arbitraria lesionó el derecho a la defensa con clara incidencia en su derecho a la libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, y defensa; citando al efecto, los arts. 23.I, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; en consecuencia: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 103/2023 de 10 de febrero; y, b) Ordenar a la autoridad demandada que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, convoque a una nueva audiencia para resolver el recurso de apelación incidental opuesto, observando el derecho irrenunciable a la defensa técnica y material.
Celebrada la audiencia virtual el 13 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 29 a 30, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por medio de abogado, en audiencia ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) La audiencia de apelación fue señalada para el 3 de febrero de 2023 a hrs 09:30, con la cual su defensa técnica fue notificada con menos de veinticuatro horas de anticipación, fuera de horario judicial; razón por la cual, su abogado defensor no pudo asistir y únicamente estuvo presente su asistente legal; 2) La Vocal demandada, pese a conocer la inasistencia de su abogado, no dispuso la suspensión ni la designación de un abogado de oficio, dejándole en indefensión; 3) El derecho a la defensa tiene dos vertientes -material y técnica-las cuales no pueden separarse, siendo un derecho constitucional consagrado en los arts. 23.I, 115 y 119.II de la CPE, además de lo previsto en los arts. 8 y 9 de los instrumentos internacionales de derechos humanos; que la autoridad demandada vulneró tales derechos al no garantizar la presencia de un abogado defensor, lo que repercutió directamente en el derecho a la libertad; y, 4) Citó la jurisprudencia de las SSCCPP 0031/2018-S2 de 30 de abril, 0045/2014-S3 de 14 de octubre, 0068/2015-S3 de 30 de enero, 0138/2018-S2 y la SC 1556/2002-R.
Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 13 de abril de 2023, cursante de fs. 27 a 28, señaló lo siguiente: 1) Las formalidades de ley son verificadas por el personal de apoyo jurisdiccional -secretario- quien manifestó que el accionante se encontraba sin su defensa técnica debido a la notificación tardía; sin embargo, en audiencia se debía resolver las apelaciones presentadas por la víctima y la parte imputada; 2) La notificación tardía no era un justificativo válido para la ausencia del abogado, quien a través de los medios telemáticos disponibles podía enviar el justificativo correspondiente; 3) Confirmó la resolución apelada debido a la inasistencia de la defensa del accionante y la falta de presentación de agravios presentados; 4) Un Tribunal de Garantías no es un tribunal ordinario y su función no es revisar las decisiones de la justicia ordinaria; la jurisdicción constitucional solo puede analizar la actividad interpretativa realizada por el tribunal de alzada si se presenta una relación sucinta y precisa de la vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa argumentativa, aspecto que no fue cumplido por el accionante; y, 5) Las medidas cautelares tienen la característica de temporalidad y variabilidad, lo que significa que las resoluciones dictadas por el Juez a quo y los tribunales de alzada no causan estado y pueden variar conforme varían las circunstancias.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 10/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 31 a 33, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) El abogado del impetrante de tutela conocía perfectamente la existencia de la apelación incidental; en razón de ello, debió estar a la expectativa de que en cualquier momento se le notificaría con el señalamiento de audiencia para considerar los agravios; ii) Habiendo sido notificado noche antes, asumiendo una actitud negligente hace que se conecte su asistente, quien señaló que la notificación habría sido realizada a destiempo, razón por la cual no se podría conectar a la audiencia porque tiene programada otras actividades, sin precisar si se trataba de otra audiencia o de algún impedimento de carácter personal, generando de esta manera su propia indefensión sin considerar que el trámite de la apelación no puede ser interrumpido por ningún motivo; iii) No basta señalar que se tiene otras actividades programadas bajo el pretexto de haber sido notificado faltando pocas horas, anteponiendo y prefiriendo otras actividades a una audiencia de apelación invocada por el mismo abogado, peor aún sin haber presentado justificativo legal alguno, incluso hasta la fecha de realización de la audiencia tutelar; iv) En caso de existir una actividad procesal defectuosa al haberse desarrollado una audiencia de apelación sin la presencia de la defensa técnica, el accionante debió acudir ante la misma sala que habría ocasionado dicha irregularidad a través del incidente de actividad procesal defectuosa, pidiendo se reconsidere el desarrollo de dicha audiencia, antes de recurrir a la jurisdicción constitucional, incumpliéndose el principio de subsidiariedad; y, v) En la SCP 0138/2018-S2 de 30 de abril, invocada por el accionante, así como las otras sentencias, se determinó conceder la tutela cuando la situación de indefensión no correspondía a una maniobra dilatoria y maliciosa, como ocurrió en el presente caso.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Reinaldo Rivero Nina -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidentes de Tránsito y otro, el Juez de de Instrucción Penal Sexto de la capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 31/2023 de 2 de febrero, dispuso aplicar la detención preventiva del imputado, en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, por el plazo de seis meses; actuado procesal en el que el abogado defensor interpuso recurso de apelación incidental (fs. 8 a 12 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 103/2023 de 10 de febrero, Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hoy demandada, declaró la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el accionante; e improcedente por no haberse escuchado agravio alguno; y, en el fondo, confirmó la Resolución 31/2023 recurrida (fs. 17 y vta.).
El accionante, considera lesionados sus derechos a la libertad, y defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro, su abogado fue notificado para la audiencia de consideración del recurso de apelación que interpuso con un plazo inferior a las veinticuatro horas y fuera del horario judicial, quien debido a otras actividades programadas, no pudo conectarse a la audiencia, empero lo hizo su asistente legal para informar lo referido y solicitar un nuevo señalamiento; sin embargo, la Vocal demandada sin precautelar su derecho a la defensa, instaló la audiencia sin nombrar defensor público o de oficio, y emitió el Auto de Vista 103/2023 el 10 de febrero, mediante el cual se confirmó su detención preventiva, sin haber escuchado al accionante ni darle la oportunidad de exponer sus agravios de apelación; por lo cual, solicitó se conceda la tutela; en consecuencia: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 103/2023 de 10 de febrero; y, b) Ordenar a la autoridad demandada que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, convoque a una nueva audiencia para resolver el recurso de apelación incidental opuesto, observando el derecho irrenunciable a la defensa técnica y material. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre esta temática en particular la SCP 0138/2018-S2 de 30 de abril, ha establecido: «El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0155/2012 14 de mayo, confirmando el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, en la que establece que el derecho a la defensa: “…tiene dos dimensiones: a) La defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-… b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…”, señala en el Fundamento Jurídico III.1, que a partir del análisis de la Constitución Política del Estado y del bloque de constitucionalidad:
…si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado.
En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el 1El FJ III.1, señala: “Al respecto y según la opinión de Jorge Eduardo Vásquez Rossi, se puede decir que si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado. En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa”.
derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa.
Así, la referida SCP 0155/2012, al analizar el problema jurídico planteado, referido a la lesión del derecho a la defensa del accionante, por cuando la audiencia de apelación de medidas cautelares se desarrolló sin presencia de su abogado, concedió la tutela por lesión del derecho a la defensa técnica, toda vez que, los Vocales demandados la instalaron sin tomar en cuenta que el abogado del impetrante de tutela no estaba presente; añadiendo que las autoridades demandadas no podían ingresar a analizar las medidas cautelares en ausencia del abogado, y que en todo caso, debieron nombrar a un defensor de oficio.
Posteriormente, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0045/2014-S3 de 14 de octubre y 0068/2015-S3 de 30 de enero, confirmaron el criterio de la SCP 0155/2012, concediendo la tutela, porque los Vocales demandados instalaron la audiencia del recurso de apelación de medida cautelar, sin tomar en cuenta que el abogado del demandante de tutela, no estaba presente.
Cabe señalar, que todas las Sentencias Constitucionales Plurinacionales y la SC 1556/2002-R analizadas precedentemente, fueron pronunciadas en acciones de libertad, al existir una vinculación directa del derecho a la defensa con el de libertad física; por cuanto, la falta de nombramiento de abogado defensor en la audiencia de apelación de medidas cautelares, indudablemente supone una vulneración del derecho a la defensa, que repercute directamente en la imposición o confirmación de la detención preventiva contra el imputado, medida cautelar extrema rodeada de garantías constitucionales, a efecto de no tornarse en ilegal o arbitraria, siendo una de ellas, precisamente, la de ser impuesta previo ejercicio del derecho a la defensa, tanto material como técnica».
De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las conclusiones II.1 y 2 del presente fallo constitucional se advierte que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito y omisión de socorro, su abogado fue notificado para la audiencia de consideración del recurso de apelación que interpuso con un plazo inferior a las veinticuatro horas y fuera del horario judicial, quien debido a tener otras actividades programadas, no pudo conectarse a la audiencia, empero lo hizo su asistente legal para informar lo referido y solicitar un nuevo señalamiento; sin embargo, la Vocal demandada sin precautelar su derecho a la defensa, instaló la audiencia sin nombrar defensor público o de oficio, y emitió el Auto de Vista 103/2023 el 10 de febrero, mediante el cual se confirmó su detención preventiva, sin haber escuchado al accionante ni darle la oportunidad de exponer sus agravios de apelación. Del análisis del contenido de la acción de libertad, tanto como de su exposición oral en audiencia y los antecedentes contenidos en el expediente, se tiene que, el Ministerio Público sigue proceso penal contra el accionante, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro, dentro del cual por Auto Interlocutorio 31/2023 de 2 de febrero, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, por el plazo de seis meses; actuado procesal en el que su abogado defensor interpuso recurso de apelación incidental. En instancia de apelación, la Vocal demandada, a través del Auto de Vista 103/2023 de 10 de febrero, declaró la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el accionante, e improcedente por no haberse escuchado agravio alguno; y, en el fondo, confirmó la Resolución 31/2023 recurrida. En principio, incumbe señalar que si bien el accionante no presentó ni adjuntó el acta de audiencia de apelación, bajo los principios de celeridad y no formalismo que rigen los procesos constitucionales, establecidos en el art. 3.4 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), con el criterio que en la justicia constitucional debe primar la verdad material, la tutela judicial efectiva y el deber de procurar el acceso al control constitucional, a efectos de resolver la presente problemática, los hechos lesivos denunciados, se extraerán de los antecedentes y todo lo obrado en la presente acción de libertad. En ese contexto, se evidencia que el día de la audiencia de consideración del recurso de apelación, una vez instalada la misma, María “René” Quispe, asistente del abogado defensor del accionante, en su intervención hizo conocer que el abogado referido fue notificado para ese acto con un plazo inferior a las veinticuatro horas y fuera del horario judicial, que no podría conectarse porque tenía otras actividades programadas, y solicitó un nuevo señalamiento. Del mismo modo, se advierte que efectivamente la demandada corroboró la asistencia del apelante, más no la de su abogado, por consiguiente, ante la falta de fundamentación oral de agravios, procedió a dictar la resolución. Es necesario referir que, el art. 119.II de la CPE dispone que “Toda persona tiene el derecho inviolable a la defensa…”; en ese contexto, el art. 117.I de la Ley Fundamental, señala que “Ninguna persona puede ser condenado sin haber sido oído y juzgado previamente en un debido proceso…”, en concordancia con las normas citadas en forma precedente, los arts. 8 y 9 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establecen que toda persona imputada tiene el derecho a la defensa material y técnica; en ese marco y, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el derecho a la defensa material reviste trascendental importancia, debido a que el imputado podrá defenderse por sí mismo en todos los actos del proceso; del mismo modo la defensa técnica, como parte esencial de la garantía del debido proceso, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado; la inobservancia de estas garantías vulneraria los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la defensa. En la misma línea de resguardo del derecho a la defensa, el art. 113.II del CPP, establece que, si el abogado defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio; y, se le sancionará conforme prevé el art. 105 del Código referido.
En el presente caso, ante la conexión a la sala virtual únicamente del apelante, no obstante de conocer que su abogado no se encontraba conectado en plataforma virtual, continuó con el desarrollo de la audiencia, hasta consolidar el Auto de Vista hoy impugnado, por ausencia de fundamentación oral de agravios;
cuando en conocimiento de su inasistencia, debió aplicar lo previsto en el art. 113.II del CPP y designar un defensor estatal o de oficio; además de considerar que el abogado del apelante, a través de su asistente legal, hizo conocer que tenía otras actividades programadas, motivo por el que solicitó la suspensión de este acto; impidiendo de esa manera que el accionante ejerza su derecho a la defensa técnica exponiendo los agravios a objeto de que se examine el recurso de alzada y se pronuncie en el fondo, pues precisamente ante la falta de exposición de agravios que le correspondía efectuar al abogado defensor, se confirmó el Auto Interlocutorio apelado. Por consiguiente, al haberse resuelto la apelación incidental, en ausencia de la defensa técnica, se vulneró el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.II de la CPE, que tiene dos connotaciones, por una parte, es el derecho que tienen las personas, a tener un abogado que pueda patrocinarles y defenderles efectivamente, y por otra parte, es el derecho de los procesados a tener conocimiento y acceso de los actuados y a impugnar los mismos en igualdad de condiciones, derecho que es inviolable y que no puede ser impedido o restringido en su ejercicio. Finalmente, respecto al argumento de la notificación irregular al abogado del accionante, es necesario establecer que el mismo no es correcto, toda vez que éste conoció sobre la programación del acto procesal el día anterior a su realización al cual asistió por delegación su asistente legal; es decir, que materialmente la notificación cumplió su finalidad; razón por la cual no merece mayor consideración; sin embargo, este aspecto no exime a la Vocal de su obligación de garantizar la defensa técnica una vez instalada la audiencia, como se dijo anteriormente.
En consecuencia, siendo evidente en la presente acción tutelar la lesión de los derechos invocados por el accionante, al advertirse que se provocó su indefensión, con la consecuencia de no haber podido realizar un ejercicio pleno, de su derecho a la defensa material y técnica, corresponde la concesión de la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 10/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 31 a 33, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 103/2023 de 10 de febrero, emitido por Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y ordenar que señale nueva audiencia de apelación incidental, garantizando el efectivo ejercicio del derecho a la defensa técnica del imputado, salvo que su situación jurídica a la fecha hubiera cambiado; y, 3º Exhortar a Marco Antonio Cuentas Rojas, Juez de Sentencia Penal Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, observar la jurisprudencia y entendimientos desarrollados en el presente fallo constitucional, a efectos de su aplicación en futuros casos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
2 El FJ III.3, indica: “Ahora bien es preciso puntualizar que la SCP 0155/2012, a través de una interpretación desde y conforme a la Constitución interpretó el carácter irrenunciable de la defensa técnica determinando que, las autoridades judiciales no deben permitir durante el desarrollo del proceso, que el imputado asista a la audiencia sin la necesaria asistencia técnica, de lo contrario, deberán nombrar un defensor de oficio. Ello significa que, la exigencia de la defensa técnica determina las decisiones de las autoridades judiciales durante el desarrollo de una audiencia”. 3El FJ III.2, refiere: “…se hace mención a lo señalado en la SCP 0155/2012 de 14 de mayo, que dice: `…la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente…´; estableciéndose además en el citado caso, que: `…las autoridades demandadas no deben permitir durante el proceso, que el imputado asista a la audiencia sin la necesaria asistencia técnica, de lo contrario, deberían haber nombrado un defensor de oficio; vulnerándose su derecho a la defensa´”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1069_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): b732ae0b093ed9a037e8406bd69c1bbf71f47071bcc0914fd937de93f65719ba
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