Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 12 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, no efectuó expresa invocación de derecho vulnerado; empero, se infiere la denuncia de la lesión de su derecho a la libertad personal, toda vez que, dentro del proceso de homologación de asistencia familiar seguido por Viviana Shirley Arancibia Borda, se ordenó el pago de Bs15 100.-; además, se dispuso su apremio. Cumplió la obligación mediante depósitos de Bs10 300.- y Bs4 800.-, y el 14 de abril de 2023, solicitó la emisión mandamiento de libertad; sin embargo, no obtuvo respuesta y continuó detenido en el Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba. Ante ello, la Jueza demandada señala que: i) El memorial de 14 de abril de 2023 fue respondido de inmediato, requiriéndose los originales de las transacciones, ya que solo se adjuntaron capturas de pantalla sin certeza de corresponder al pago de la asistencia familiar; ii) Los depósitos presentados no cubrían el monto total del mandamiento, por lo que, el decreto fue legal y correcto; iii) El memorial fue presentado al final de la tarde, cuando en los centros penitenciarios las secretarías ya no reciben mandamientos de libertad; iv) El accionante no subsanó las observaciones para acelerar la emisión del mandamiento de libertad; y, v) Se aplicó el art. 415.VII del CFPF, que dispone que el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso alguno ni generar responsabilidad judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5/2023 de 16 de abril, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1069/2025-S2 Sucre, 12 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54916-2023-110-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 5/2023 de 16 de abril, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Gonzalo Marzana Colque en representación sin mandato de Jorge Ernesto Michel Velásquez contra Tania Roxana Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 17 de abril de 2023, cursante a fs. 1 y 10 a 11, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso de homologación de asistencia familiar promovido en su contra por Viviana Shirley Arancibia Borda, mediante liquidación se le ordenó cancelar la suma de Bs15 100.- (quince mil cien bolivianos). En consecuencia, Tania Roxana Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, expidió el correspondiente mandamiento de apremio, disponiéndose su reclusión en el Centro Penitenciario San Antonio del mismo departamento. En cumplimiento de lo ordenado, efectuó dos depósitos: uno por la suma de Bs10 300.- (diez mil trescientos bolivianos) y otro por Bs4 800.- (cuatro mil ochocientos bolivianos). El “15” -lo correcto y en adelante es 14- de abril de 2023 solicitó la emisión de su mandamiento de libertad; empero, dicha petición no mereció respuesta, permaneciendo en detención preventiva en el Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba, pese a cumplir íntegramente con la obligación económica ordenada.
El accionante, a través de su representante sin mandato, no efectuó expresa invocación de derecho ni norma constitucional alguna; no obstante, se infiere la denuncia de la lesión de su derecho a la libertad personal.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la emisión del mandamiento de libertad, ordenando su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública virtual, el 16 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 37, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Tania Roxana Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe escrito cursante a fs. 23 y en audiencia de garantías, sostuvo que: a) El memorial presentado por el accionante el 14 de abril de 2023 a horas 17:34, mereció inmediatamente el correspondiente decreto de la misma fecha. En dicha resolución se extrañaron los originales de las transacciones, por cuanto únicamente se acompañaron capturas de pantalla, sin que se identificara con certeza si correspondían al pago de la asistencia familiar devengada que motivó la emisión del mandamiento de apremio; b) La suma de los depósitos adjuntos no alcanzaba el monto total por el cual se expidió el mandamiento de apremio, por lo que, el decreto de 14 de abril de 2023 fue legal y correctamente emitido, aspecto que puede verificarse de las diligencias que cursan en el proceso; c) Debe considerarse también que el memorial de referencia fue presentado al final de la tarde, siendo de conocimiento general que en los centros penitenciarios las secretarías únicamente reciben mandamientos de libertad hasta horas 17:00; d) No se presentó para corregir o subsanar las observaciones y, de esa manera, acelerar la emisión del mandamiento de libertad en caso de acreditarse el pago; y, e) Se aplicó lo previsto en el art. 415.VII del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), que establece que el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno ni generar responsabilidad del juez.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 5/2023 de 16 de abril, cursante de fs. 37 a 40 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) En el memorial de 14 de abril de 2023, el accionante solicitó mandamiento de libertad, indicando haber efectuado un depósito de Bs15 100.- a favor de Viviana Shirley Arancibia, por lo que requirió que, por Secretaría, se expidiera el respectivo mandamiento de libertad; sin embargo, se constató que la Jueza demandada emitió una providencia disponiendo que, antes de proveer lo solicitado, el accionante debía presentar el original de la boleta de depósito de asistencia familiar o documentación idónea que acreditará el pago total de la suma que motivó la emisión del mandamiento de apremio en su contra; y, 2) El único fundamento de la acción de libertad radica en la presunta falta de atención al referido memorial; no obstante, del análisis de los antecedentes, se constata que la autoridad demandada respondió oportunamente, disponiendo la presentación de la documentación que acreditara el pago realizado.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado de 22 de marzo de 2023, Viviana Shirley Arancibia Borda solicitó a Tania Roxana Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada- la aprobación de la liquidación de asistencia familiar presentada. Precisó que Jorge Ernesto Michel Velásquez -accionante- fue notificado el 16 del citado mes y año con el proveído de 9 del mismo mes y año, conforme al art. 415 del CFPF, para que formule observaciones en el plazo legal y no lo hizo (fs. 27). II.2. Por Auto Interlocutorio de 23 de marzo de 2023, la Jueza demandada aprobó la liquidación de asistencia familiar de Bs. 15.100.- presentada el 6 del citado mes y año, al no ser observado por el accionante; y, se lo intima a pagar dicha suma en tres días, bajo advertencia de emitirse mandamiento de apremio conforme al art. 127.II del CFPF (fs. 28). II.3. Consta mandamiento de apremio de 13 de abril de 2023, emitido por la autoridad demandada, mediante el cual se ordenó a cualquier funcionario policial hábil y no impedido del Estado Plurinacional de Bolivia, proceder al apremio del peticionante de tutela, disponiendo su conducción al Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba, hasta que cancele la suma de Bs15 100.-, correspondiente a la asistencia familiar devengada (fs. 9).
II.4. A través de memorial presentado el 14 de abril de 2023, el accionante solicitó a la Jueza demandada el franqueo de mandamiento de libertad, señalando encontrarse detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba por un mandamiento de apremio de 5 del citado mes y año, debido a un adeudo de asistencia familiar de Bs15 100.-, adjuntando para el efecto la boleta de depósito a favor de la beneficiaria Viviana Shirley Arancibia Borda (fs. 31). II.5. Por decreto de 14 de abril de 2023, la autoridad demandada dispuso que el peticionante de tutela presentara el original de las boletas de depósito de asistencia familiar o, en su defecto, la documentación idónea que acreditara el pago total de la suma correspondiente, la cual motivó la emisión del mandamiento de apremio de 13 del mismo mes y año (fs. 32). Resolución que fue notificada al accionante el 14 de igual mes y año (fs. 33). II.6. Se tiene nota de recepción de memorial de acción de libertad de 15 de abril de 2023 por Mauricia Mamani Ortega, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital departamento de Cochabamba (fs. 11). Asimismo, la constancia de recepción mediante Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) de 17 del mismo mes y año (fs. 1).
El accionante, a través de su representante sin mandato, no efectuó expresa invocación de derecho vulnerado; empero, se infiere la denuncia de la lesión de su derecho a la libertad personal, toda vez que, dentro del proceso de homologación de asistencia familiar seguido por Viviana Shirley Arancibia Borda, se ordenó el pago de Bs15 100.-; además, se dispuso su apremio. Cumplió la obligación mediante depósitos de Bs10 300.- y Bs4 800.-, y el 14 de abril de 2023, solicitó la emisión mandamiento de libertad; sin embargo, no obtuvo respuesta y continuó detenido en el Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba. Ante ello, la Jueza demandada señala que: i) El memorial de 14 de abril de 2023 fue respondido de inmediato, requiriéndose los originales de las transacciones, ya que solo se adjuntaron capturas de pantalla sin certeza de corresponder al pago de la asistencia familiar; ii) Los depósitos presentados no cubrían el monto total del mandamiento, por lo que, el decreto fue legal y correcto; iii) El memorial fue presentado al final de la tarde, cuando en los centros penitenciarios las secretarías ya no reciben mandamientos de libertad; iv) El accionante no subsanó las observaciones para acelerar la emisión del mandamiento de libertad; y, v) Se aplicó el art. 415.VII del CFPF, que dispone que el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso alguno ni generar responsabilidad judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.
De la revisión de antecedentes, se advierte que, el 22 de marzo de 2023, Viviana Shirley Arancibia Borda solicitó la aprobación de la liquidación de asistencia familiar, indicando que el accionante fue notificado con el proveído de 9 del citado mes y año y no formuló observaciones dentro del plazo legal (Conclusión II.1). En virtud de ello, mediante Auto Interlocutorio de 23 del mismo mes y año, la Jueza demandada aprobó la liquidación de asistencia familiar por Bs15 100.-, al no ser observada por el impetrante de tutela, intimándole a cancelar dicha suma en el plazo de tres días, bajo advertencia de emitirse mandamiento de apremio en su contra, conforme al art. 127.II del CFPF (Conclusión II.2).
El 13 de abril de 2023, la Jueza demandada expidió un mandamiento de apremio contra el peticionante de tutela, ordenando su aprehensión y traslado al Centro Penitenciario San Antonio del departamento Cochabamba, hasta la cancelación de la suma de Bs15 100.-, correspondiente a la asistencia familiar devengada (Conclusión II.3). El 14 del citado mes y año, el accionante solicitó el franqueo de mandamiento de libertad, adjuntando la boleta de depósito que acreditaba el pago a favor de la beneficiaria (Conclusión II.4). Ese mismo día, por decreto, la autoridad demandada dispuso la presentación el original de las boletas de depósito o, en su defecto, de documentación idónea que acredite el pago total. Dicho decreto fue notificado al impetrante de tutela el mismo día por intermedio de Isabel Rivas Valle, Oficial de Diligencias del referido Juzgado (Conclusión II.5). Por último, consta la recepción de la acción de libertad presentada por el accionante el 15 de abril de 2023 por la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, así como la constancia de recepción mediante el SIREJ el 17 del mismo mes y año, quedando formalmente registrada la acción ante la autoridad judicial competente (Conclusión II.6). Ahora bien, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud que involucre el derecho a la libertad física tiene el deber de tramitarla con celeridad o, al menos, dentro de plazos razonables, advirtiéndose que la vulneración al derecho se configura cuando se produce demora o dilación indebida en el trámite. En el presente caso, no se evidencia dilación atribuible a la autoridad demandada, toda vez que, frente a la solicitud de franqueo de mandamiento de libertad presentada el 14 de abril de 2023, se dictó decreto en la misma fecha, requiriendo la presentación de la documentación de respaldo correspondiente. Asimismo, dicho acto fue notificado a ambas partes el mismo día, otorgándoseles la posibilidad de pronunciarse y, en su caso, interponer los recursos que la ley les franquea. No obstante, el accionante, al día siguiente -15 de abril de 2023-, interpuso acción de libertad ante la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, cuya recepción fue registrada en el SIREJ el 17 del citado mes y año. De ello se desprende que, no aguardó la respuesta de la parte contraria a la notificación con el decreto de 14 del mismo mes y año, sino que, de manera apresurada, promovió la presente acción tutelar. En tal sentido, no resulta posible afirmar que el derecho a la libertad fuese restringido por omisión, demora o negligencia. Por el contrario, se evidencia que la autoridad demandada actuó con la debida diligencia, emitiendo en el mismo día las determinaciones necesarias y requiriendo la documentación de respaldo correspondiente. En consecuencia, no resulta posible atribuir vulneración de derechos fundamentales; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5/2023 de 16 de abril, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1069_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 29e775b229dccd8ca3e9bca4289d45f234c96be66dc76fa532affe029fed7bd0
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