Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de octubre de 2023
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en su elemento de celeridad, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; puesto que, los Vocales ahora accionados dentro de una acción de amparo constitucional en la que su persona es tercera interesada, dieron lugar a la solicitud de medida cautelar efectuada por Luis Fernando Loayza Alayza -accionante en dicha acción tutelar-, disponiendo dejar en suspenso todo el proceso investigativo iniciado contra el nombrado, entre ellas las medidas de protección emitidas en su favor. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 62 de 13 de mayo de 2022, cursante de fs. 107 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Exhortar a los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a que en futuras acciones tutelares que sean de su conocimiento actúen conforme a las recomendaciones efectuadas en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1068/2023-S3 Sucre, 6 de octubre de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 47638-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 62 de 13 de mayo de 2022, cursante de fs. 107 a 108 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Andrés Ritter Zamora en representación sin mandato de Yanhel Solange Yaksic Laguna contra Carmiña Ninoska Vera Márquez y Rubén Ramírez Conde, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 12 de mayo de 2022, cursante de fs. 35 a 42, manifestó lo siguiente:
El 24 de marzo de 2021 a las 19:00 horas aproximadamente, luego de que su ex esposo llegara a su casa a dejar a su hijo menor de 2 años y 10 meses de edad, después de cumplir con su régimen de visitas, “…empezamos a discutir por un cumpleaños infantil del primo de mi hijo que tenía que ir el domingo y al no ponernos de acuerdo, empezó a pelear incluso de temas económicos, (…) me amenazó con meterles un tiro a mis padres…” (sic). Esa no fue la única ocasión en la que recibió maltrato verbal y psicológico, de parte de su ex esposo ya que fueron varias las agresiones también físicas que sufrió, como por ejemplo rompió la puerta de su casa en dos ocasiones, al inicio de la cuarentena quedándose con la puerta completamente rota e inutilizable durante toda la cuarentena y la segunda vez el mes de diciembre de 2020, “un día” a las 5:00 horas aproximadamente alegando que no le contestaba el teléfono. En “enero”, cuando fue de visita a la ciudad de La Paz a ver a su pequeño hijo, la agredió buscando en los cajones, vaciando su cartera para tomar las llaves de su casa y tener acceso directo, exigiéndole que le de llaves porque “era su casa”, siendo que el con anterioridad se quedó con un control remoto del portón de dicha casa, a pesar de las reiteradas veces que le pidió que le devolviera, en razón a que según la “Sentencia de divorcio” con acuerdo transaccional homologado esa casa pasó a ser de su propiedad. Por los hechos relatados, principalmente por la amenaza antes mencionada, presentó una denuncia contra el nombrado en el “DP8” el 25 de marzo de 2021, solicitando medidas de protección para su persona y su familia; dentro de la cual, la investigación preliminar “avanzo”, logrando establecer suficientes indicios para presentar una imputación formal, incluso para llegar a una acusación y posterior sentencia. Es así que, el 11 de mayo de ese año, mediante “Resolución Fiscal” le concedieron medidas de protección por ser víctima de violencia de género, para luego el 18 de abril de 2022, se presente imputación formal, programándose audiencia de consideración de medida cautelar para el 16 de mayo de igual año a las 9:30 horas, solicitando el Ministerio Público la medida cautelar de detención preventiva por el plazo de noventa días, ante la concurrencia de todos los requisitos establecidos por el art. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Sin embargo, tuvo conocimiento de que los Vocales ahora accionados como miembros de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispusieron la suspensión del mencionado proceso penal, dentro del cual es víctima, no solo de la audiencia de medidas cautelares, sino de todo el proceso investigativo; es decir, a la fecha suspendieron las medidas de protección dispuestas en su favor, permitiendo que su vida corra peligro.
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en su elemento de celeridad, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 9, 13, 15, 22, 23, 115, 120, 178 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que se ordene a los “…RECURRIDOS ABSTENERSE DE REALIZAR ACTOS QUE PARALICEN UNA INVESTIGACIÓN PERO SOBRE TODO QUE SE RESTABLEZCA LA VIGENCIA PLENA DE MIS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SEA CON COSTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL POR DAÑOS Y PERJUICIOS” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 13 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 103 a 106 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) El 11 de mayo de 2021, se dispuso en su favor medidas de protección, en cumplimiento a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; sin embargo, los Vocales ahora accionados ordenaron la paralización de todo el proceso penal, mediante la interposición de una acción de amparo constitucional, cuando las mismas no pueden ser paralizadas, en todo caso debieron disponer la suspensión de la audiencia cautelar, no así de toda la investigación; por lo que, debieron establecer de manera clara las medidas de protección vigentes, conforme a la protección reforzada que debe dar el Estado a las mujeres; b) La “SCP 0957/2021-S3” determinó los alcances de la acción de libertad en caso de que “…las medidas de protección sobre los derechos de la mujer afecten las medidas de protección establecidas…” (sic), con el objeto de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, abstrayéndose del principio de subsidiariedad; y, c) Según la “SCP 414/2019-S3”, se tiene que el incumplimiento de las medidas de protección ponen en riesgo la vida, siendo deber de las autoridades proteger y velar por el cumplimiento de las mismas.
Carmiña Ninoska Vera Márquez y Rubén Ramírez Conde, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 13 de mayo de 2022, cursante de fs. 101 a 102 vta., señalaron que: 1) Esa Sala recibió la acción de amparo constitucional registrada con el Numero de Registro Judicial (NUREJ) 204012750 el 18 de abril de ese año, formulado por Luis Fernando Loayza Alayza contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, contra la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-905/2021 de 24 de diciembre, por la supuesta vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de seguridad jurídica, fundamentación e incongruencia aditiva. Dicha acción tutelar fue admitida el 28 de abril de 2021, señalándose audiencia para el 6 de mayo de igual año a las 8:30 horas, extendiéndose provisión citatoria a la ciudad de Santa Cruz para citación al señalado Fiscal Departamental, así como también a la accionante; instalada dicha audiencia, se advirtió que no se notificó a los nombrados por lo menos con veinticuatro horas de anticipación para que puedan presentar su informe y las pruebas pertinentes; por lo que, en resguardo del derecho al debido proceso, de oficio, se dispuso el diferimiento de la audiencia con el objeto de que la accionante sea notificada; y, ante la solicitud expresa de Luis Fernando Loayza Alayza de una medida cautelar, se dio lugar a la misma conforme a lo previsto por los arts. 33.6 y 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo), estableciendo cesar, paralizar, cualquier efecto que corresponda de la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-905/2021, que se entiende como cualquier acto adyacente o accesorio “en la semana de espera” de la audiencia en ese caso, disponiendo poner en conocimiento mediante oficio de ley a la autoridad accionada, que es de carácter provisional establecida en la temporalidad, en función del desarrollo del acto; 2) Al momento de admitir la acción de defensa y pretender desarrollarla sin que tenga veinticuatro horas de conocimiento la accionante, y no habiéndose conectado al sistema virtual es que se reprogramó la audiencia para el 17 de mayo de 2022, a las 8:00 horas, con habilitación de horas extraordinarias; por lo cual, “…no se generó con el acto procesal previstos en el CPCo., al activar una medida cautelar que fue solicitada por la parte accionante bajo la naturaleza de ser provisional, por la temporalidad del desarrollo la audiencia…” (sic); por lo que, no se vulneró derechos o garantías constitucionales, como tampoco dicha acción procesal y jurisdiccional vulneró el derecho a la vida de la accionante, en razón a que no se dispuso contra la nombrada ninguna determinación, sino únicamente cumplir con lo previsto en la normativa procesal constitucional ante la solicitud de la parte; 3) Su determinación fue asumida de manera motivada, fundada y razonada, porcuanto no desconocieron la previsión legal constitucional establecida por el art. 125 de la CPE, como tampoco se vulneró o desconoció derecho o garantía constitucional alguno, para cuyo efecto adjuntaron los antecedentes correspondientes con la finalidad de establecer certeza de la decisión; y, 4) Se advirtió que la accionante señaló que no existen terceros interesados citando una línea jurisprudencial que fue superada, “…al efecto conforme se tiene en la acción tutelar promovida por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en acciones de libertad ha sido modulada la aceptación, presentación de tercero interesado conforme a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0975/2013-L, que basa su fundamento en el equilibrio de derechos y acceso a la justicia constitucional que puedan tener las partes que se vieran involucrados en cualquier proceso, que evoca entre otra jurisprudencia que ha modulado y conducido para tener terceros interesados en acciones de libertad, que bien podía haber sido señalado por la parte accionante” (sic)
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 62 de 13 de mayo de 2022, cursante de fs. 107 a 108 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Son conscientes de que las medidas de protección que se dictan dentro de un proceso tienen como finalidad evitar cualquier daño que pudiese darse o proferirse contra las víctimas que pudiesen estar expuestas a un posible daño y esa es una situación que sin duda alguna debió ser valorada por los Vocales ahora accionados que pudieron considerar la suspensión del proceso penal manteniendo vigentes las medidas de protección, situación que no ocurrió y que evidentemente en el presente caso fueron cuestionados por la accionante al interior de dicha acción constitucional; ii) Nuestro país suscribió muchos convenios internacionales, entre ellos el “…Pacto de José de Costa Rica, el Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos, las recomendaciones de la SEDAW, la Convención de BELEM DO PARÁ…” (sic), y muchos otros que protegen y garantizan la eliminación de la violencia dentro de un grupo social para llegar a ser una sociedad libre de violencia; iii) Se debe considerar la “SCP 829/2021-S3” que estableció justamente la limitación que tienen los Tribunal de garantías “…de conocer ningún tipo de Acción Constitucional en contra de las decisiones que ya están en manos y en control de otro Tribunal, en ese entendido, cuando hablamos de esta circunstancias, el proceso constitucional…” (sic), está regido por el principio de unidad, basado fundamentalmente en el hecho de que se concentran dentro de un proceso las acciones y las disposiciones que pudiesen tomarse para la protección de derechos; iv) Son conscientes de la reclamación de la accionante a través de la acción de libertad; sin embargo, es necesario señalar que se tienen dos límites establecidos, el primero que es una decisión tomada por un Tribunal de garantías, el cual tiene competencia para determinar el camino que debe seguir la acción tutelar planteada, y segundo, la jurisprudencia constitucional que establece que no existe la posibilidad de formular una acción constitucional contra una acción de defensa que se encuentre en curso; y, v) La jurisprudencia constitucional determinó bajo el principio de unidad y concentración que es el “Tribunal” el que está obligado a concretar y unificar las acciones tutelares que se formulen, en ese entendido, esa Sala Constitucional debe expresar y lamentar la decisión que tomaron los Vocales hoy accionados; empero, se tiene la limitación de orden legal y constitucional para efectos de conocer y resolver cualquier otra cuestión que no esté dentro de su competencia y que además de ello puede ser resuelto por la “autoridad constitucional” que conoce la acción.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa determinación de medidas de protección de 11 de mayo de 2021, emitida por la Fiscal de Materia, a través de la cual se impuso a Luis Fernando Loayza Alayza, las siguientes medidas: a) Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación; b) La prohibición al agresor de acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia; c) La prohibición al agresor de comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia; d) La prohibición de acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia; y, e) La prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima (fs. 3). II.2. Consta memorial de 18 de abril de 2022 -no se advierte fecha de presentación-, dirigido al Juez de la causa, a través del cual la Fiscal de Materia presentó imputación formal y solicitó la aplicación de medidas cautelares, contra Luis Fernando Loayza Alayza, en el proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 4 a 16). II.3. Cursa memorial de acción de amparo constitucional presentado el 18 de abril de 2022, formulado por Luis Fernando Loayza Alayza contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, identificando a Yanhel Solange Yaksic Laguna -ahora accionante- como tercera interesada, solicitando se conceda la tutela y se disponga dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-905/2021 de 24 de diciembre (fs. 52 a 71); la cual al ser observada fue subsanada por memorial de 27 de igual mes y año (fs. 73 a 86); siendo admitida mediante Auto de 28 de ese mes y año, por Carmiña Ninoska Vera Márquez y Rubén Ramírez Conde, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionados- (fs. 87 a 88). II.4. Consta Acta de suspensión de audiencia de consideración de acción de amparo constitucional de 6 de mayo de 2022, bajo el fundamento de que no se notificó a la accionante en su calidad de tercera interesada con veinticuatro horas de anticipación; puesto que, la misma fue notificada con el memorial de acción tutelar y su correspondiente señalamiento de audiencia el 5 de igual mes y año a las 14:10 horas, siendo que dicha audiencia fue programada para las 8:30 horas, razón por la cual se fijó nueva audiencia para el 17 de ese mes y año a las 8:00 horas. En el mismo acto procesal, el abogado de Luis Fernando Loayza Alayza, solicitó la aplicación de medidas cautelares de suspensión de todos los actos investigativos efectuados dentro del caso con Código Único de Denuncia (CUD) 701102022100540, seguido por el Ministerio Público a instancias de la accionante en contra del nombrado, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; en ese sentido, se declaró ha lugar a la solicitud, disponiendo como medida cautelar, “…cese, se paralice, se suspenda…” (sic), cualquier efecto correspondiente a la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-905/2021, consecuentemente, al señalar que en ese caso se suspenden los efectos de aquella, se entiende “que cualquier acto adyacente”, cualquier acto accesorio, también debe estar supeditado “…a la semana de espera de la audiencia, la cual es dispuesta a partir de la fecha…” (sic). En ese sentido, el nombrado solicitó se complemente si es que la suspensión o la paralización iba dirigida a la investigación o específicamente a algún acto concreto a emitirse por la Fiscal de Materia; respondiendo los Vocales ahora accionados que, “…a los efectos se refiere a todo el tema de la investigación hasta que se verifique si esta Resolución es objeto de vulneración de algún derecho y además a efecto de que no se ingrese tampoco en alguna contradicción…” (sic), debiéndose poner la misma en conocimiento de la “…Autoridad Jurisdiccional para que tome conocimiento de este acto y entendiéndose que la medida cautelar es absolutamente provisional y está establecida en la temporalidad en función del desarrollo del acto…” (sic [fs. 92 a 100]).
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en su elemento de celeridad, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; puesto que, los Vocales ahora accionados dentro de una acción de amparo constitucional en la que su persona es tercera interesada, dieron lugar a la solicitud de medida cautelar efectuada por Luis Fernando Loayza Alayza -accionante en dicha acción tutelar-, disponiendo dejar en suspenso todo el proceso investigativo iniciado contra el nombrado, entre ellas las medidas de protección emitidas en su favor. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0041/2014-S2 de 20 de octubre, al respecto señaló que: «La previsión contenida en el art. 23.I de la CPE, categóricamente determina que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, la que podrá ser sólo restringida en los límites señalados por ley, para lograr el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales; por su parte el art. 13.I de la Ley Fundamental, dispone que los derechos reconocidos por la Constitución, son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, siendo deber del Estado el promoverlos, protegerlos y respetarlos.
En este marco, el art. 125 de la CPE, respecto a su alcance y finalidad establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. Precisando los alcances de esta acción tutelar, respecto a sus presupuestos de activación, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo concluyó que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como 'recurso de habeas corpus', encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”. De lo expuesto, se concluye que la acción de libertad se encuentra destinada a la defensa del derecho a la vida y a la libertad personal; por lo tanto, es una acción de carácter extraordinario de tramitación especial y sumarísima, cuyo objeto es preservar el derecho a la vida, evitar una detención ilegal, o en su caso reparar la ilegal restricción de la libertad o el procesamiento indebido y de acuerdo a su nueva configuración, esta acción tutelar no sólo procede contra autoridades públicas sino contra particulares, tal cual se infiere de la previsión contenida en el art. 126 de la Constitución Política del Estado» (las negrillas fueron añadidas).
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en su elemento de celeridad, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; puesto que, los Vocales ahora accionados dentro de una acción de amparo constitucional en la que su persona es tercera interesada, dieron lugar a la solicitud de medida cautelar efectuada por Luis Fernando Loayza Alayza -accionante en dicha acción tutelar-, disponiendo dejar en suspenso todo el proceso investigativo iniciado contra el nombrado, entre ellas las medidas de protección emitidas en su favor. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que cursa determinación de medidas de protección de 11 de mayo de 2021, emitida por la Fiscal de Materia, a través de la cual se impuso a Luis Fernando Loayza Alayza, las siguientes medidas: 1) Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación; 2) La prohibición al agresor de acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia; 3) La prohibición al agresor de comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia; 4) La prohibición de acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia; y, 5) La prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima (Conclusión II.1.). Posteriormente, por memorial de 18 de abril de 2022 -no se advierte fecha de presentación-, dirigido al Juez de la causa, la Fiscal de Materia presentó imputación formal y solicitó la aplicación de medidas cautelares, contra Luis Fernando Loayza Alayza, en el proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.2.). Cursa memorial de acción de amparo constitucional presentado el 18 de abril de 2022, formulado por Luis Fernando Loayza Alayza contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, identificando a la accionante como tercera interesada, solicitando se conceda la tutela y se disponga dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-905/2021, la cual al ser observada fue subsanada por memorial de 27 de igual mes y año, siendo admitida mediante Auto de 28 de ese mes y año, los Vocales ahora accionados (Conclusión II.3.). Asimismo, consta Acta de suspensión de audiencia de consideración de acción de amparo constitucional de 6 de mayo de 2022, que estableció que no se notificó a la accionante en su calidad de tercera interesada con veinticuatro horas de anticipación; puesto que, la misma fue notificada con el memorial de acción tutelar y su correspondiente señalamiento de audiencia el 5 de igual mes y año a las 14:10 horas, siendo que dicha audiencia fue programada para las 8:30 horas, razón por la cual se fijó nueva audiencia para el 17 de ese mes y año a las 8:00 horas. En el mismo acto procesal, el abogado de Luis Fernando Loayza Alayza, solicitó la aplicación de medidas cautelares de suspensión de todos los actos investigativos efectuados dentro del caso con CUD 701102022100540, seguido por el Ministerio Público a instancias de la accionante en contra del nombrado, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; en ese sentido, se declaró ha lugar a la solicitud, disponiendo como medida cautelar, “…cese, se paralice, se suspenda…” (sic), cualquier efecto correspondiente a la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-905/2021, consecuentemente, al señalar que en ese caso se suspenden los efectos de aquella, se entiende “que cualquier acto adyacente”, cualquier acto accesorio, también debe estar supeditado “…a la semana de espera de la audiencia, la cual es dispuesta a partir de la fecha…” (sic). En ese sentido, el nombrado solicitó se complemente si es que la suspensión o la paralización iba dirigida a la investigación o específicamente a algún acto concreto a emitirse por la Fiscal de Materia; respondiendo los Vocales ahora accionados que, “…a los efectos se refiere a todo el tema de la investigación hasta que se verifique si esta Resolución es objeto de vulneración de algún derecho y además a efecto de que no se ingrese tampoco en alguna contradicción…” (sic), debiéndose poner la misma en conocimiento de la “…Autoridad Jurisdiccional para que tome conocimiento de este acto y entendiéndose que la medida cautelar es absolutamente provisional y está establecida en la temporalidad en función del desarrollo del acto…” (sic [Conclusión II.4.]).
Previamente y en virtud al alcance de la reclamación constitucional formulada se debe aclarar que, se ingresará al análisis respectivo dada la situación fáctica concreta que involucra una posible afectación al derecho primordial de la vida; en consecuencia, otras posibles irregularidades jurisdiccionales y/o procesales generadas intra proceso constitucional tutelar anterior deben ser reclamadas dentro del mismo.
Para resolver la presente acción de libertad, es preciso considerar la línea jurisprudencial citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que establece los alcances de protección de una acción de libertad y sus presupuestos de activación, la cual tiene por finalidad la protección de los derechos a la libertad física y a la vida, siempre y cuando estos se encuentren afectados o amenazados, así como actos u omisiones que constituyan procesamiento indebido o que impliquen persecución ilegal. Bajo ese contexto, considerando la denuncia efectuada mediante la presente acción de libertad, se tiene que la accionante refiere que los Vocales hoy accionados dentro de una acción de amparo constitucional donde es tercera interesada, dieron lugar a la solicitud de medida cautelar efectuada por Luis Fernando Loayza Alayza -accionante en dicha acción de defensa-, disponiendo dejar en suspenso todo el proceso investigativo iniciado contra el nombrado, entre ellas las medidas de protección emitidas en su favor; empero, a partir de la revisión de la determinación de medida cautelar dispuesta en la audiencia de consideración de la acción de defensa de 6 de mayo de 2022, se advierte que, en efecto los Vocales ahora accionados dieron curso a la solicitud efectuada por Luis Fernando Loayza Alayza en cuanto a la suspensión de todos los actos investigativos realizados dentro del caso con CUD 701102022100540, seguido por el Ministerio Público a instancias de la accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; sin embargo, se advierte que se declaró ha lugar a la solicitud, disponiendo que como medida cautelar, cese, se paralice, se suspenda, cualquier efecto correspondiente a la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-905/2021, suspendiéndose los efectos de aquella, se entiende cualquier acto adyacente, cualquier acto accesorio, de manera supeditada a la “semana de espera” de la audiencia -se entiende de consideración y resolución de la acción de amparo constitucional-; es decir, que la misma fue emitida de manera provisional. En ese entendido, de dicha determinación se tiene que los Vocales hoy accionados ordenaron el “…cese, se paralice, se suspenda, cualquier efecto correspondiente a la Resolución de Revocatoria de Rechazo N° 905/2021 del 24 de diciembre del año 2021…” (sic [fs. 99]); es decir, considerando que mediante la acción de amparo constitucional Luis Fernando Loayza Alayza cuestionó la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-905/2021, en razón a que la consideraba vulneratoria a sus derechos, fue justamente que los Vocales ahora accionados ordenaron que se paralice o suspenda cualquier efecto que devenga de la emisión de dicha Resolución; consecuentemente, y considerando que las medidas de protección dispuestas en favor de la accionante datan del 11 de mayo de 2021; vale decir, siete meses antes, esas no fueron dejadas sin efecto, en suspenso o paralizadas, ya que las mismas no fueron pronunciadas como efecto de la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-905/2021 -se reitera- objeto de la acción de amparo constitucional. En ese marco, no se acreditó de forma real y evidente la existencia de una amenaza o peligro del derecho a la vida de la accionante, en virtud a que los hechos denunciados no se constituyen en un riesgo inminente y objetivo a dicho derecho; consiguientemente, no corresponde la activación de la acción de libertad conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, debido a la naturaleza jurídica de la misma; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. Otras consideraciones Finalmente, y sin que implique una modificación del razonamiento precedentemente concluido, corresponde exhortar a los Vocales ahora accionados, a que en futuras acciones tutelares que sean de su conocimiento y en las que corresponda la aplicación de medidas cautelares, consideren las particularidades del caso con la finalidad de evitar interpretaciones incorrectas en cuanto a sus determinaciones, debiendo de manera expresa pronunciarse sobre las medidas de protección -en el caso de existir las mismas-, considerando los derechos que les asisten a las víctimas mujeres a objeto de garantizarles una vida libre de violencia, conforme a la protección reforzada que debe darles el Estado, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 348. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 62 de 13 de mayo de 2022, cursante de fs. 107 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Exhortar a los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a que en futuras acciones tutelares que sean de su conocimiento actúen conforme a las recomendaciones efectuadas en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1068_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): d49e0ee7a1ed70806734fd3e948fa66062523e13db1712bd5c4c6ea505b45549
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