Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de septiembre de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la impugnación y al acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, por Auto Interlocutorio 20/2023 de 8 de febrero, fue rechazada su solicitud de cesación de la detención preventiva, contra el cual formuló recurso de apelación incidental; una vez instalada la audiencia de consideración no pudo conectarse, es así que, el Vocal demandado tampoco no permitió la intervención de su defensa, aplicando el art. “50” del Reglamento 12/2019 de 10 de junio, incluso ordenando el retiro de los abogados presentes, por consiguiente, dictó el Auto de Vista 191/2023 de 16 de febrero, notificado de manera irregular en Secretaría de Sala, en contravención a los arts. 160, 161 y 163.5 del CPP, modificados por la Ley 1173, lo que impidió a su defensa pudiera pedir complementación y enmienda.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2023 de 8 de marzo, cursante a fs. 146 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer la anulación de la audiencia de consideración de la apelación incidental de medida cautelar de 16 de febrero de 2023 y el correspondiente Auto de Vista 191/2023, con el objeto de que la autoridad judicial demandada convoque una nueva audiencia de apelación incidental en la que se garantice el ejercicio pleno del derecho de defensa de la parte apelante, a través de su defensa técnica, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante hubiera cambiado. 3° Llamar la atención a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la conducta arbitraria e indebida asumida en el verificativo de consideración de la apelación incidental de medida cautelar de 16 de febrero de 2023, dejándose expresa constancia de que, en caso de incurrir nuevamente en similares actuaciones, se remitirá de oficio los antecedentes a la instancia disciplinaria competente para la imposición de las sanciones que en derecho correspondan.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1066/2025-S3 Sucre, 8 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54787-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2023 de 8 de marzo, cursante a fs. 146 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michael Adolfo Riveros Revollo en representación sin mandato de Guimer Ramos Poma contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal; y, Verónica Gómez Laura, Oficial de Diligencias, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 7 de marzo de 2023, cursante de fs. 127 a 131, el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, se emitió la Resolución de Imputación 63/2022 de 27 de junio; consecuentemente, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 216/2022 de 28 de junio. Posteriormente, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del mismo departamento, celebró audiencia de cesación a la detención preventiva el 8 de febrero de 2023, la cual fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 20/2023; contra dicha determinación interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, puesta a conocimiento por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -demandado-, quien convocó audiencia para el 16 de febrero del citado año. En dicho verificativo, pese a encontrarse presentes los abogados defensores, entre ellos Marisol Mamani Laruta y Michael Adolfo Riveros Revollo, la autoridad judicial demandada, sin otorgarles la palabra, dispuso se pasen obrados a despacho, amparándose en el art. “50” del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal -Reglamento 12/2019 de 10 de junio-, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, ordenando además su retiro de la sesión virtual. Posteriormente, el Auto de Vista 191/2023 de 16 de febrero, le fue notificado de manera irregular y en Secretaría de Sala, contraviniendo lo previsto en los arts. “160, 161 y Art. 163.5” de la Ley 1173, lo que impidió a su defensa solicitar complementación y enmienda. En contradicción con el art. 25.II del referido Reglamento, el Vocal demandado no permitió que su abogado defensor fundamente los agravios de su apelación, pese a que la norma expresamente dispone que la inasistencia del imputado no constituye causal de suspensión siempre que el abogado se encuentre presente, ese proceder vulneró su derecho de impugnación reconocido en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), así como, a ser oído y las garantías judiciales previstas en el art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), configurando una lesión al debido proceso y al acceso a la justicia.
Denunció como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la impugnación y al acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, 24, 115, 116.I, 117.I, 119.I y 180.II de la CPE; 8.1 y 2, y 25 de CADH; y, 14.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga, la nulidad del Auto de Vista 191/2023; por cuanto, el Vocal demandado, en cumplimiento con el art. 25.II del Reglamento 12/2019, debió haber permitido la fundamentación de los agravios en audiencia de apelación incidental.
Celebrada la audiencia virtual el 8 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 143 a 145 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de su acción tutelar y ampliándolo manifestó que: a) Como emergencia del proceso penal seguido en su contra, interpuso recurso de apelación incidental contra la negativa de cesación a la detención preventiva; el cual, fue sorteado a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fijándose audiencia para el 16 de febrero de 2023; b) Es así que, su defensa técnica se conectó a la audiencia virtual; empero, su persona no pudo ingresar a la plataforma; situación, por la cual, el Vocal demandado, en lugar de dar la palabra a su abogado como corresponde según el art. 25 del Reglamento 12/2019 -que faculta a los abogados defensores a alegar aun en ausencia del imputado-, aplicó de manera indebida el art. “50” del indicado Reglamento, disponiendo resolver en despacho y excluyendo a la defensa de la audiencia; emitiendo, ese mismo día el Auto de Vista 191/2023, con el cual, fue notificado en Secretaría de la citada Sala; acto que califica como una “notificación clandestina”, pues previamente fue emplazado utilizándose medios electrónicos (WhatsApp y llamadas celulares); sin embargo, en esa oportunidad se optó por un mecanismo distinto, limitando su derecho a recurrir; c) La Oficial de Diligencias codemandada incurrió en simulación de notificación, contraviniendo los arts. 160, 161 y 163 del CPP, que regulan la forma, las modalidades y la validez de las notificaciones, puesto que, no cumplió con la obligación de utilizar los medios previamente habilitados por las partes; y, d) En precedentes constitucionales como la SCP 0938/2021-S3 de 18 de noviembre y la “Resolución Constitucional 35/2022”, ya se advirtió una actuación similar del Vocal demandado, consistente en negar la palabra a la defensa y resolver en despacho sin audiencia efectiva. A las preguntas realizadas por el Juez de garantías, el accionante manifestó que, el agravio principal proviene de la actuación de la autoridad demandada, quien vulneró sus derechos a la impugnación, a la defensa y al debido proceso al impedir la fundamentación de su recurso de apelación incidental, pese a encontrarse su abogado presente en la audiencia virtual; asimismo, denunció que la Oficial de Diligencias codemandada, incurrió en irregularidades en el diligenciamiento de notificaciones, simulando un emplazamiento en Secretaría de la Sala Penal, sin utilizar los medios autorizados para garantizar la comunicación efectiva con las partes (llamadas, mensajes o notificación electrónica).
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 8 de marzo de 2023, cursante de fs. 139 a 141 vta., señaló que: 1) El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, fue puesto a su conocimiento en grado de apelación incidental; por lo que, conforme al art. 406 del CPP, modificado por la Ley 1173, programó la audiencia dentro del plazo legal para el 16 de febrero de igual año, garantizando su celeridad y legalidad; 2) El Auto de Vista 191/2023, fue fundamentado en hechos, derecho y jurisprudencia, sin afectar el debido proceso ni los derechos de locomoción o defensa del accionante, aclaró que, el abogado defensor no solicitó la palabra para argumentar su recurso de impugnación, y en su solicitud de corrección de procedimiento tampoco justificó su inasistencia; 3) La conexión a las audiencias virtuales depende del personal del Centro Penitenciario Qalauma de La Paz; empero, también de la disposición del imputado, quien debía estar presente quince minutos antes según el Protocolo de Audiencias Virtuales; empero, el peticionante de tutela, no se conectó, tampoco justificó su ausencia con certificaciones del “penal” ni presentó documentos que acrediten imposibilidad; por lo que, la falta de asistencia fue atribuible al nombrado; 4) El art. 49 del Reglamento “19/2019”, establece la perención de la apelación incidental cuando el apelante no asiste, se concluyó que la inasistencia del solicitante de tutela, implicó un abandono tácito de su recurso y tampoco el abogado de la defensa pidió motivar los agravios, por lo que, emitió el Auto de Vista 191/2023 en apego estricto a la normativa; 5) El Tribunal que preside, no podía suspender la audiencia sin justificación, en observancia al principio de celeridad y los plazos perentorios del art. 406 CPP; por tanto, la emisión del fallo emitido fue a consecuencia de la propia conducta procesal del impetrante de tutela; 6) El accionante no observó los fundamentos del Auto de Vista, limitándose a pedir que se reponga la audiencia ya resuelta; además, no solicitó la explicación, complementación y enmienda previsto en el art. 125 del citado Código, lo que demuestra la conformidad con la decisión y configura un incumplimiento del principio de subsidiariedad de las acciones constitucionales; y, 7) No existió vulneración de derecho alguno, ya que nunca dispuso la detención preventiva del accionante ni se afectó a su libertad; asimismo, la acción de defensa planteada no especifica de forma clara la supuesta transgresión ni el nexo causal con los derechos invocados. Verónica Gómez Laura, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 8 de marzo de 2023, cursante a fs. 142 y vta., señaló: i) Por decreto de 15 de febrero de igual año, se señaló audiencia de apelación incidental, y en cumplimiento de sus funciones practicó las notificaciones a todos los sujetos procesales, incluyendo al Director del Centro Penitenciario Qalauma de La Paz, a fin de garantizar la participación de las partes; ii) El 16 del citado mes y año, se instaló el referido acto procesal, en el que se dejó constancia de la legal notificación a las partes y la presencia de las mismas, y se informó que el abogado defensor del accionante estaba presente en la sala virtual; iii) En dicho verificativo se dictó el Auto de Vista 191/2023, la cual fue puesta en conocimiento de las partes y notificada el mismo día en Secretaría de la citada Sala, conforme consta en los actuados procesales; y, iv) Cumplió estrictamente con todas las formalidades de ley dentro del proceso identificado con el Número Único de Registro Judicial (NUREJ) 201502022204064, garantizando la legalidad de las actuaciones.
La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 16/2023 de 8 de marzo, cursante a fs. 146 y vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El Vocal demandado actuó en el marco de los principios de celeridad, transparencia y sin dilaciones indebidas previstos en la Constitución Política del Estado, descartando la existencia de retardación de justicia, puesto que la suspensión de la audiencia se realizó en consideración al plazo establecido por el art. 406 del CPP, modificado por la Ley 1173, el cual es de carácter improrrogable y perentorio; b) El accionante no utilizó el “recurso” previsto en el art. 125 del CPP, que regula la reclamación por defectos de procedimiento, lo cual evidencia que no agotó el principio de subsidiariedad antes de acudir a la vía constitucional, pretendiendo remediar por esta vía su propia negligencia procesal; c) El impetrante de tutela, no logró demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales, al no precisar de manera clara y específica en qué consistían tales vulneraciones ni establecer el nexo causal entre los actos cuestionados y los derechos supuestamente afectados; y, d) La autoridad demandada en ningún momento dispuso la detención preventiva del accionante; razón por la cual, no advierte afectación alguna a sus derechos o garantías constitucionales, resultando improcedente la acción planteada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular contra Guimer Ramos Poma -accionante- por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, mediante Auto Interlocutorio 20/2023 de 8 de febrero, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva; fallo contra el cual, el peticionante de tutela formuló recurso de apelación incidental en la misma audiencia (fs. 75 a 77 vta.) II.2. Cursa acta de audiencia pública de consideración de apelación incidental de 16 de febrero de 2023, celebrada por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-, que dispuso, al no encontrarse presente la parte recurrente en dicho acto procesal se aplicará el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal -Reglamento 12/2019 de 10 de junio-, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia- (fs. 84).
II.3. Por Auto de Vista 191/2023 de 16 de febrero, la autoridad judicial demandada, admitió el recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela; sin embargo, al no haberse fundamentado agravio alguno, resolvió confirmar el fallo impugnado (fs. 85 a 86 vta.). II.4. Mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2023, por el accionante al Vocal demandado, solicitó la corrección del procedimiento, siendo respondido por Auto de 23 de igual mes y año, declarando no ha lugar a lo impetrado, señalando no existir error alguno en el procedimiento (fs. 106 a 108).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la impugnación y al acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, por Auto Interlocutorio 20/2023 de 8 de febrero, fue rechazada su solicitud de cesación de la detención preventiva, contra el cual formuló recurso de apelación incidental; una vez instalada la audiencia de consideración no pudo conectarse, es así que, el Vocal demandado tampoco no permitió la intervención de su defensa, aplicando el art. “50” del Reglamento 12/2019 de 10 de junio, incluso ordenando el retiro de los abogados presentes, por consiguiente, dictó el Auto de Vista 191/2023 de 16 de febrero, notificado de manera irregular en Secretaría de Sala, en contravención a los arts. 160, 161 y 163.5 del CPP, modificados por la Ley 1173, lo que impidió a su defensa pudiera pedir complementación y enmienda.
El derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, conforme lo entendió la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, consiste en la posibilidad de acudir ante un tribunal de justicia y así obtener una sentencia fundamentada que pueda ser impugnada, y en consecuencia, conseguir el cumplimiento efectivo de la misma, garantizando el restablecimiento de su situación jurídica vulnerada en pleno ejercicio de su derecho a la defensa. En ese contexto, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1, establece tres elementos constitutivos del derecho al acceso a la justicia:
[1]) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. A lo señalado, la SCP 1953/2012 de 12 de octubre, ampliando el contenido del derecho de acceso a la justicia, refiere que en el ámbito procesal, debe ser interpretado por las autoridades jurisdiccionales a partir del principio pro actione, el cual deriva del principio pro homine -también pro persona o favorabilidad-, que implica la obligación de aplicar las normas procesales de manera más favorable, que asegure una justicia material por encima de una formal. Finalmente, la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, sobre la base de las SSCC 0944/2001-R, 0125/2003 y 1206/2010-R; y, la SCP 1450/2013 de 19 de agosto, entiende que el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales -como componente del derecho a la tutela judicial efectiva- debe ser en la medida de lo determinado por las autoridades judiciales, pues de lo contrario, se lesiona el derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. La sistematización precedente, relativa al derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, fue desarrollada a través de la SCP 0017/2018-S2 de 28 de febrero, entre otras.
El derecho a la defensa cumple en el proceso un papel particular; pues por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; y por otra, es la garantía que hace operativas a todas las demás; por ello, su inviolabilidad es la garantía fundamental con que cuenta el procesado; el cual se encuentra previsto en el art. 119.II de la CPE, que señala: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”.
El derecho a la defensa tiene dos dimensiones: i) El derecho a la defensa técnica, a la que se halla vinculada la norma constitucional precitada; y, i) El derecho a la defensa material que se concreta en el derecho a ser oído o derecho a declarar en el proceso. El desarrollo jurisprudencial respecto del derecho a la defensa en su dimensión material, reconoce el derecho a defenderse por sí mismo y a intervenir en toda la actividad procesal; y en su dimensión técnica, consistente en el derecho irrenunciable de contar con la asistencia de un abogado, entendimiento que tiene su antecedente en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, siendo confirmado por la SCP 0155/2012 de 14 de mayo. Por su parte, la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, estableció que el derecho a la defensa comprende a la vez, los derechos a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia; dicho criterio fue reiterado en la SC 0183/2010-R de 24 de mayo. Más adelante, la SCP 0647/2012 de 2 de agosto, amplía el alcance del derecho a la defensa, estableciendo que el mismo comprende otros derechos, como son el contar con un tiempo razonable para preparar la defensa; a la comunicación privada con su defensor; a que el Estado le proporcione un defensor cuando carezca de medios económicos o nombrar un abogado particular; a acceder a las 3El FJ III.1, señala: “…fundamentalmente el derecho a la defensa que es inviolable por mandato del art. 16.IV CPE, el cual tiene dos dimensiones: a) la defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal; principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio; b) la defensa técnica, consistente en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena. Así lo ha reconocido este Tribunal a través de las SSCC 347/2002-R y 1272/2002-R”. 4El FJ III.1, menciona: “Por otra parte, la Constitución Política del Estado en su art. 119.II, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa; es decir, que el Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en casos que no cuenten con los recursos económicos necesarios y según los arts. 8 y 9 del CPP y la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional a través de la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, el derecho a la defensa: `…tiene dos dimensiones: a) La defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal; principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio; y, b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…´”. 5El FJ III.1, indica: “El debido proceso comprende a su vez el derecho a la defensa, previsto por el art. 16-II CPE, como potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.
pruebas de cargo y a observarlas; a no declarar contra sí mismo ni contra sus parientes; y, a contar con traductor o intérprete. En síntesis, de la jurisprudencia glosada, se establece que como una manifestación del derecho a la defensa, comprenden también los derechos a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia, a contar con un tiempo razonable para preparar la defensa, a la comunicación privada con su defensor, a que el Estado le proporcione un defensor cuando carezca de medios económicos o no nombre un abogado particular, a acceder a las pruebas de cargo y a observarlas, a no declarar contra sí mismo y/o sus parientes, a contar con traductor o intérprete. Entendimiento desarrollado en la SCP 0312/2018-S2 de 28 de junio. Por su parte, el derecho a la impugnación como garantía procesal y su vínculo con el derecho a la defensa, se encuentra universalmente reconocido y garantizado en el art. 8.2 inc. h) de la CADH, habiéndose previsto por el orden constitucional vigente y las leyes que nos rigen, recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior, de considerar lesionados sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, pues la garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa, así lo señala el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio, entre otras.
El razonamiento jurisprudencial citado precedentemente se halla contenido en la SCP 0312/2018-S2 de 28 de junio, reiterada por la SCP 0016/2022-S1 de 31 de marzo, entre otras.
El accionante señaló que, dentro del proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, en audiencia de apelación de medidas cautelares, como consecuencia de su imposibilidad de conectarse a dicho verificativo, el Vocal demandado, impidió la participación de su defensa técnica, ordenando su retiro del mencionado acto procesal, dictando el Auto de Vista 191/2023, el cual le fue notificado de forma irregular en Secretaría de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conculcando sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la impugnación y al acceso a la justicia. De manera previa a realizar cualquier consideración, cabe referirse a un punto argumentado por el Vocal demandado, que también fue razonado por el Juez de garantías de esta acción tutelar, quienes sostienen que la presente acción de defensa sería improcedente en aplicación del principio de subsidiariedad, al no haberse promovido previamente la solicitud de explicación, complementación y enmienda prevista en el art. 125 del Adjetivo Penal; sobre el particular, cabe señalar lo siguiente: Conforme la jurisprudencia desarrollada en la SCP 0049/2019-S2 de 1 de abril, el principio de subsidiariedad exige que, antes de acudir a la jurisdicción constitucional, se agoten los medios de impugnación idóneos y eficaces para restablecer el derecho que se alega vulnerado. Dichos mecanismos deben ser aptos para modificar o revertir el acto lesivo; de lo contrario, no resultan exigibles como presupuesto para habilitar el control constitucional. En el caso concreto, el medio procesal referido por la autoridad demandada -la solicitud de complementación, enmienda y aclaración- no constituye recurso idóneo, en tanto, de acuerdo a la naturaleza prevista por el art. 125 CPP, únicamente habilita a la autoridad judicial para aclarar expresiones oscuras, suplir omisiones o corregir errores materiales o de hecho, siempre que ello no implique modificación esencial de la resolución. De esta manera, su alcance es meramente formal y no permite alterar el fondo de lo resuelto en el Auto de Vista 191/2023, que constituye el acto cuya constitucionalidad se cuestiona en la presente acción. Por consiguiente, exigir la interposición de la solicitud de complementación, enmienda y aclaración como condición de subsidiariedad resulta jurídicamente incoherente y contrario al propio diseño constitucional de la acción de libertad; toda vez que, el objetivo de la subsidiariedad radica en la posibilidad de reparar el daño ocasionado mediante un medio de impugnación eficaz; sin embargo, en el presente caso ello no podría ocurrir, en razón de la naturaleza limitada de la referida solicitud, la cual únicamente habilita a la autoridad judicial a corregir errores materiales, suplir omisiones o aclarar expresiones oscuras, sin incidir en lo sustantivo de la decisión cuestionada. En consecuencia, asumir que dicho mecanismo constituye un medio idóneo a agotar para efectos de la subsidiariedad es una conclusión incorrecta, y su exigencia no puede válidamente justificar la denegatoria de este mecanismo constitucional sin un pronunciamiento de fondo sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales. En ese entendido, corresponde destacar que la subsidiariedad excepcional no puede transformarse en un obstáculo formalista que prive al accionante del acceso a la justicia constitucional. La jurisdicción de garantías debe evaluar la idoneidad y eficacia real de los medios alternativos, descartando aquellos que, como en el caso de la complementación, enmienda y aclaración, carece de aptitud para reparar la lesión denunciada. En conclusión, este Tribunal establece que la falta de interposición de la solicitud prevista en el art. 125 del CPP, no constituye óbice válido para la procedencia de la presente acción de libertad; por lo que, corresponde desestimar la objeción de subsidiariedad y analizar el fondo de la problemática planteada, a objeto de garantizar el acceso efectivo a la tutela de los derechos fundamentales invocados. Ahora bien, ingresando al análisis de fondo, conforme a las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la acusación particular contra el accionante por el delito de feminicidio en grado de tentativa, por Auto Interlocutorio 20/2023, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela, considerando que persistían los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, vinculados a la situación de vulnerabilidad de la víctima y a la necesidad de asegurar la presencia del imputado en el juicio oral. Dicha decisión fue impugnada en apelación incidental en la misma audiencia por la defensa del procesado (Conclusión II.1). Remitido el legajo de apelación, a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el Vocal demandado, audiencia pública de consideración de la apelación incidental de 16 de febrero de 2023, aplicó lo dispuesto en el art. “50” del Reglamento 12/2019, al considerar que el accionante no se encontraba presente y no se justificó su ausencia, pese a la asistencia de su defensa técnica; por lo que, decidió dar por no fundamentado el mecanismo de impugnación; en consecuencia, dictó el Auto de Vista 191/2023, por el cual resolvió admitir la apelación incidental, empero, al no haberse expuesto los agravios en audiencia, confirmó el fallo impugnado; instancia que asimismo, mediante Auto de 23 de febrero de 2023, rechazó la solicitud de corrección de procedimiento con base en el art. 168 del CPP, argumentando que no existió error ni defecto alguno en la tramitación, toda vez que, las notificaciones fueron legalmente practicadas y que la ausencia del imputado en la audiencia de apelación justificaba la aplicación del art. “50” del Reglamento 12/2019 (Conclusiones II.2 y II.3). Ahora bien, con ese preámbulo, corresponde precisar que, revisado el Reglamento aplicable, en su art. 50 señala: “(AUTOS DE VISTA).- I. Los Autos de Vista dictados en apelación de medidas cautelares, así como en los demás supuestos de apelación incidental, serán emitidos inmediatamente de finalizado el debate en alzada, excepto en la circunstancia en que no concurra a audiencia alguna o ninguna de las partes. II. Los Autos de Vista en apelación restringida serán emitidos en conformidad al art. 411 última parte del Código de Procedimiento Penal”.
De la simple lectura de esta disposición se constata que la misma no guarda relación alguna con el aspecto objeto de análisis en la presente problemática, por lo que su invocación resulta errónea e impertinente; sin embargo, de la revisión del propio cuerpo reglamentario, se observa que es en el art. 49, donde se establece la regulación específica para las audiencias de fundamentación de apelación incidental, cuyo tenor es el siguiente: “(AUDIENCIAS DE FUNDAMENTACIÓN DE APELACIÓN INCIDENTAL).- I. Para la sustanciación de audiencia de fundamentación oral en recursos de apelación incidental, el debate se regirá por lo previsto en los artículos anteriores, en lo que le sea aplicable. II. La resolución deberá ser emitida inmediatamente a la conclusión de la intervención de las partes. III. Cuando no asista la parte apelante, se declarará la perención de su derecho a fundamentación. En caso que no asista alguna o ninguna de las partes, la resolución será notificada de manera escrita” (las negrillas nos corresponden).
En efecto, el parágrafo III del art. 49, regula expresamente los supuestos de inasistencia de la parte apelante y las consecuencias procesales que de ello se derivan, lo cual evidencia una falta de cuidado y precisión en la cita normativa efectuada por el Vocal demandado, puesto que se atribuyó al art. “50” un contenido que en realidad corresponde al art. 49 del Reglamento 12/19. No obstante dicha deficiencia formal en la fundamentación de la autoridad demandada, este Tribunal no puede limitar su análisis a meras incorrecciones en la cita normativa, sino que debe continuar con la revisión de fondo de la problemática planteada, en observancia de los principios de tutela judicial efectiva, verdad material y primacía del derecho sustantivo sobre las formas, con el fin de garantizar un pronunciamiento que atienda de manera integral los derechos constitucionales en discusión. Ingresando al análisis de la problemática, en primer término, cabe precisar que aun cuando se admitiera que la norma aplicable es el art. 49.III del Reglamento 12/2019, lo cierto es que su interpretación y aplicación no puede realizarse de manera estrictamente literal, restrictiva ni formalista, sino conforme a los principios constitucionales que informan el debido proceso. En efecto, del análisis de la prueba adjunta al expediente constitucional -concretamente el Disco Compacto (CD) cursante a fs. 117, que contiene el video de la audiencia de 16 de febrero de 2023- se observa que al minuto 1:52, el Secretario de Sala informa sobre la notificación y presencia de las partes, y posteriormente, al minuto 2:34, el Vocal demandado, de manera inmediata y sin escuchar a los abogados que se encontraban presentes en representación de la parte apelante, dispuso la conclusión del acto procesal y cerró la audiencia virtual. Este proceder resulta contrario a los principios de tutela judicial efectiva, al debido proceso y al derecho a la defensa desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siendo la defensa técnica parte sustancial del derecho de defensa; por consiguiente, el hecho de que el procesado no se encontrara presente en la audiencia no habilitaba de ningún modo al Vocal demandado a impedir la intervención de sus abogados, quienes sí se hallaban conectados y tenían la obligación de ejercer la defensa técnica en resguardo de los intereses de su defendido. Desde la perspectiva del principio pro homine, que ordena la aplicación e interpretación más favorable a la vigencia de los derechos fundamentales, correspondía que la nombrada autoridad judicial, permita a la defensa técnica del impetrante de tutela la exposición de los agravios presuntamente sufridos, negarle esa posibilidad bajo un criterio rígido y descontextualizado en la aplicación de un Reglamento, coloca al mismo por encima de la Norma Suprema, lo cual vulnera el principio de supremacía constitucional contenido en los arts. 13 y 410.II de la CPE. Ahora bien, corresponde enfatizar que la interpretación realizada por el Vocal demandado en la audiencia de 16 de febrero de 2023, constituye una vulneración directa a los derechos y garantías constitucionales reconocidos por la Constitución Política del Estado, los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional consolidada. En primer lugar, el principio de supremacía constitucional, antes descrito, establece que ninguna norma infra constitucional, sea de rango legal o reglamentario, puede contradecir ni limitar indebidamente los derechos fundamentales. En ese sentido, la aplicación del art. 49.III del Reglamento 12/2019 de manera aislada, sin ponderar la presencia efectiva de la defensa técnica de la parte apelante, vulnera este principio, dado que, se privilegió una interpretación puramente literal y restrictiva por encima de la garantía al derecho a la defensa, contemplado en los arts. 115 y 119 de la Ley Fundamental. Asimismo, conforme al principio pro persona o pro homine, reconocido en el art. 13 de la CPE y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado, las autoridades judiciales están obligadas a interpretar y aplicar las normas en el sentido más favorable a la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales. En el caso analizado, ante la presencia de los abogados de la parte apelante, el Vocal demandado debió permitir su participación activa en el acto procesal, habilitándolos a la argumentación de agravios, pues ello, garantizaba la continuidad de los derechos de impugnación y el acceso a un recurso efectivo. En esa misma línea, debe recordarse que los reglamentos procesales son instrumentos auxiliares cuyo objeto es organizar y ordenar el desarrollo de las audiencias, pero en ningún caso pueden ser interpretados de manera que restrinjan la esencia de los derechos constitucionales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido que la función jurisdiccional no puede ser ejercida de manera formalista, sino que debe garantizar siempre la vigencia de los derechos sustantivos de las partes, bajo el principio de verdad material, contenido en el art. 180.I de la CPE. Por otra parte, es importante señalar que la defensa técnica constituye un elemento integrante de los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva, en ese sentido, la presencia de los abogados de la parte apelante en la audiencia de alzada no podía ser ignorada ni menospreciada por el Vocal demandado. Entender que la ausencia física de la parte procesada equivale a la ausencia total de la parte apelante, aun cuando sus abogados se encontraban presentes y solicitaban intervenir, resulta contrario al principio de razonabilidad que debe orientar toda interpretación normativa, además de desconocer el valor jurídico de la defensa técnica.
Aún más, el principio de igualdad procesal de las partes, contemplado en el art. 119.I de la Norma Suprema, impone a las autoridades judiciales la obligación de garantizar que ninguna de ellas sea colocada en una situación de desventaja injustificada. El hecho que la autoridad judicial demandada haya dado por concluida la audiencia, incluso cuando uno de los abogados intentaba hacer uso de la palabra, refleja un comportamiento arbitrario que restringió injustificadamente el derecho de una de las partes, configurándose así una actuación desigual y discriminatoria frente a la contraparte. Asimismo, debe destacarse que las audiencias virtuales, implementadas inicialmente como mecanismo de continuidad judicial durante la pandemia por el COVID-19, no pueden convertirse en instrumentos para limitar el derecho de defensa ni para facilitar decisiones apresuradas o arbitrarias. La modalidad virtual exige de los jueces un mayor compromiso con la transparencia, la escucha activa y el respeto de las intervenciones de las partes, precisamente para que no se consolide la percepción de que la virtualidad es un pretexto para recortar derechos fundamentales. En ese entendido, corresponde puntualizar que la actuación desplegada por el Vocal demandado en la audiencia virtual de apelación incidental no se encuentra acorde a los parámetros de protección de derechos fundamentales establecidos por la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. El derecho a la defensa, reconocido en los arts. 115 y 119 de la Ley Fundamental, constituye un pilar esencial del debido proceso y, conforme lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia constitucional, no puede ser restringido mediante interpretaciones estrictamente literales o aplicaciones formales de disposiciones procesales o reglamentarias. Por el contrario, el juez constitucional y ordinario están llamados a garantizar su vigencia plena, inclusive mediante la corrección de actuaciones que pudieran traducirse en una restricción arbitraria o irrazonable. De igual manera, el principio de verdad material, impone a las autoridades judiciales la obligación de priorizar el esclarecimiento real de los hechos y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales por encima de cualquier formalismo procesal que, como en el presente caso, derive en la desestimación del recurso de impugnación sin que la parte apelante haya podido ejercer su derecho a fundamentar. En ese orden, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha advertido que los órganos jurisdiccionales deben actuar con base en la interpretación más garantista de los derechos, incluso en escenarios de duda o conflicto normativo.
Así también, el derecho al recurso efectivo, reconocido en los arts. 8.2.h y 25 de la CADH, exige que las personas cuenten con la posibilidad real de impugnar una decisión judicial adversa mediante un recurso idóneo que sea sustanciado y resuelto con respeto al contradictorio. En este caso, la decisión del Vocal demandado de dar por concluida la audiencia sin escuchar la fundamentación de agravios de los abogados de la parte apelante provocó un vació de contenido de este derecho, configurando una vulneración de carácter constitucional e internacional. En consecuencia, se advierte que la aplicación acrítica del art. 49.III del Reglamento 12/2019, en desmedro del derecho de defensa, la igualdad procesal y el acceso a un recurso efectivo, constituye una actuación que vulnera derechos fundamentales, lo cual justifica plenamente la intervención del Tribunal Constitucional en el presente caso. Ahora bien, corresponde puntualizar que, si bien, dentro de la problemática planteada también se ha observado la forma en que se realizó la notificación por parte de Verónica Gómez Laura, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dicha observación carece de relevancia para el análisis de fondo en el presente proceso constitucional. Ello, debido a que el objeto de la notificación cuestionada recaía sobre el Auto de Vista 191/2023, cuya validez ha quedado sin efecto en virtud del presente fallo constitucional. En ese sentido, conforme a la reiterada jurisprudencia constitucional, cuando el acto impugnado pierde eficacia jurídica por decisión de la justicia constitucional, todas las actuaciones procesales que dependían de dicho acto carecen de objeto de control y, por tanto, no corresponde que este Tribunal realice un pronunciamiento específico sobre ellas. El principio de economía procesal y la propia lógica de la tutela constitucional imponen que la revisión de actos accesorios o derivados resulte innecesaria cuando el acto principal que les da sustento ha sido dejado sin efecto. Así, la notificación observada en este caso deviene en irrelevante, puesto que la decisión adoptada en el presente fallo anula el Auto de Vista que constituía su objeto, restando toda eficacia a la diligencia practicada. En consecuencia, aun cuando se haya advertido una posible irregularidad en la actuación de la Oficial de Diligencias codemandada, no corresponde a este Tribunal efectuar un análisis específico sobre la misma, pues el acto que motivaba dicha observación -Auto de Vista 191/2023- ha sido anulado en su integridad, perdiendo de esta manera sentido jurídico cualquier pronunciamiento adicional al respecto. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2023 de 8 de marzo, cursante a fs. 146 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer la anulación de la audiencia de consideración de la apelación incidental de medida cautelar de 16 de febrero de 2023 y el correspondiente Auto de Vista 191/2023, con el objeto de que la autoridad judicial demandada convoque una nueva audiencia de apelación incidental en la que se garantice el ejercicio pleno del derecho de defensa de la parte apelante, a través de su defensa técnica, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante hubiera cambiado. 3° Llamar la atención a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la conducta arbitraria e indebida asumida en el verificativo de consideración de la apelación incidental de medida cautelar de 16 de febrero de 2023, dejándose expresa constancia de que, en caso de incurrir nuevamente en similares actuaciones, se remitirá de oficio los antecedentes a la instancia disciplinaria competente para la imposición de las sanciones que en derecho correspondan. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.3.4, señala: “La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” .
2 El FJ III.2, refiere que: "En el ámbito procesal, el derecho de acceso a la justicia, debe ser interpretado ampliamente por parte de los administradores de justicia, con la finalidad de subsanar los defectos procesales y evitar de esta manera su rechazo, por lo que se puede señalar que el derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra regida por el principio pro actione; el cual deriva del principio pro homine, que postula una interpretación amplia de los derechos fundamentales, en busca de su máxima efectividad, por lo que se entiende que los jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones, deberán interpretar y aplicar las normas procesales de manera más favorable, buscando en lo posible la procedencia del derecho de acción, de las instancias de impugnación e incidentales, que de igual manera forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, el principio pro actione, como criterio de interpretación de los derechos humanos, postula la interpretación más favorable al ejercicio del derecho a la acción, tratando de asegurar en lo posible, una justicia material por encima de una formal".
6 El FJ III.1.2, señala: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de
2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del 'derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior', estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones, cuyo subrayado es añadido: 1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158) 2. El derecho de recurrir '…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona'. (párrafo 158) 3. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)”. 7El FJ III.2.2. refiere: “…La garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa. La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o
distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es obligación ineludible de la instancia de alzada” (las negrillas son nuestras).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1066_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 93104f06a70c967dc23180bc67b4986f3e89fb8de4f9a7d86c7eb1e43dfca5fb
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