Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de la debida fundamentación y motivación; toda vez que, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 26/2023 de 6 de febrero, declaró procedente el recurso de apelación incidental, interpuesto por el Ministerio Público y revocó el Auto Interlocutorio que dispuso su cesación a la 8 detención preventiva, declarando subsistente la medida de ultima ratio por la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP; todo sin considerar que la detención preventiva es de carácter excepcional, sin establecer por qué resultan insuficientes las demás medidas cautelares personales ni explicar porque después de más de una año y medio sigue siendo la detención preventiva la medida cautelar idónea, tomando en cuenta que es una medida excepcional; por lo que solicita se emita nueva resolución con la debida fundamentación y motivación a los efectos de aplicar medidas cautelares previstas en el art. 231 bis 1 al 9 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
30 El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 28 de marzo, cursante de fs. 107 a 116 vta., pronunciada por Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos precedentemente expuestos en el presente fallo constitucional.
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1 SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1065/2025-S3 Sucre, 8 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54786-2023-110-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 05/2023 de 28 de marzo, cursante de fs. 107 a 116 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rubén Alberto Saavedra Zambrana en representación sin mandato de Juan Pablo Lazarte Sejas contra Jesús Víctor Gonzáles Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 27 de marzo de 2023, cursante de fs. 84 a 93 vta., el accionante a través de su representante sin mandato refirió los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante niña, niño o adolescente; se dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 8 de septiembre de 2021 por la concurrencia de los presupuestos insertos en los arts. 233.1, 234.7; y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), esta Resolución fue confirmada por el Auto de Vista de 8 de octubre de 2022.
2 En ese marco solicitó una primera audiencia de cesación a la detención preventiva la cual fue rechazada mediante Auto Interlocutorio de 22 de noviembre de 2021, manteniendo los riesgos procesales. Por segunda vez, efectuó solicitud de cesación a la detención preventiva, y nuevamente fue rechazada mediante Auto Interlocutorio de 1 de febrero de 2022, por lo que interpuso recurso de apelación que fue declarado procedente en parte mediante Auto de Vista de 3 de marzo de 2022, en el cual se tiene por desvirtuado el art. 235.1 del CPP Posteriormente, solicitó cesación a la detención preventiva, por tercera vez, pero ya ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, quien le rechazó su solicitud, manteniendo los riesgos procesales. En ese marco por cuarta oportunidad solicitó cesación a la detención preventiva, misma que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2022, pero bajo los criterios de favorabilidad y duda razonable se desvirtuó el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP. Este Auto fue apelado por la parte acusadora particular y mediante Auto de Vista de 5 de julio de 2022 fue revocado el referido Auto Interlocutorio, manteniéndose el riesgo señalado. Ante una nueva solicitud a la detención preventiva, por Auto Interlocutorio de 7 de octubre de 2022, nuevamente se desvirtúa el art. 235.2 del CPP e impugnada la Resolución, por Auto de Vista de 25 de octubre de 2022, se declaró inadmisible la apelación, a partir de lo cual sólo quedaba latente el art. 234.7 del ritual penal. Por sexta vez, impetró cesación a la detención preventiva, audiencia que se desarrolló el 1 de febrero de 2023, en la cual el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, en suplencia legal de su similar Primero, le otorgó la cesación a la detención preventiva, disponiendo medidas cautelares personales consistentes en la detención domiciliaria, realizar la presentación periódica cada quince días ante el Tribunal de Sentencia titular, prohibición de comunicarse con la víctima y su entorno familiar, fianza económica de Bs50 000 (cincuenta mil bolivianos) y arraigo; sin embargo, esa Resolución fue impugnada y revocada mediante Auto de Vista 26/2023 de 6 de febrero. El citado Auto de Vista es el que vulneró sus derechos, toda vez que al revocar el Auto Interlocutorio que le concedía las medidas cautelares personales menos gravosas, ha desconocido lo estipulado en los arts. 7, 124, 221, 231 bis, 235 ter, 239.1 y 250 del CPP; debido a que no se consideró que 3 al no concurrir un solo riesgo procesal tendría que emitirse la libertad irrestricta y ante la concurrencia de un solo riesgo es posible acceder a las medidas cautelares menos gravosas que eviten el riesgo latente imponiéndose también medidas de protección. El Vocal demandado se limitó a verificar los presupuestos descritos en el art. 233.1 y 2 del CPP, sin cumplir con la fundamentación y motivación del por qué las otras medidas cautelares de carácter personal resultan insuficientes ya que la detención preventiva es excepcional, no explica la necesidad y razonabilidad para mantener la detención preventiva después de más de un año y medio de detención.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de la debida fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 22, 23 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga que la autoridad demandada, emita una resolución debidamente fundamentada y motivada al momento de aplicar medidas cautelares.
Celebrada la audiencia virtual de 28 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 105 a 106, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.
Jesús Víctor Gonzáles Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de informe escrito presentado el 28 de marzo de 2023, cursante de fs. 104 y vta., pidió se deniegue la tutela impetrada, conforme a los siguientes argumentos: a) Fue de su conocimiento, la apelación incidental interpuesta por el Ministerio Público contra el Auto Interlocutorio de 1 de febrero de 2023, pronunciado por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, que declaró fundada la solicitud de cesación a la detención preventiva y le impuso 4 medidas sustitutivas al ahora accionante, es así que mediante Auto de Vista 26/2023 de 6 de febrero, declaró procedente el recurso de apelación incidental y revocó el Auto Interlocutorio de 1 de febrero de 2023; b) El agravio argumentado por el Ministerio Público estaba vinculado a la subsistencia del riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP y conforme a la competencia del Tribunal de alzada, se circunscribió a los arts. 396.3 y 398 del CPP, resaltando que ni en el recurso ni en la contestación no se refirió la cuestión relativa a la proporcionalidad de la detención preventiva para el caso de restituirse el peligro procesal extraído de manera incorrecta por el Tribunal a quo; c) No existió variación alguna en la situación jurídico procesal del imputado para efectuar un nuevo juicio de proporcionalidad de la detención preventiva y no resulta admisible el reclamo vía acción de libertad de un supuesto que no ha planteado en apelación; y, d) Se cumplió con la fundamentación y motivación, de forma y de fondo, por lo que la mera disconformidad con lo resuelto no constituye causa suficiente para reclamar.
La Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 05/2023 de 28 de marzo, cursante de fs. 107 a 116 vta., denegó la tutela impetrada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) En la apelación el Ministerio Público argumentó que se omitió la valoración de la prueba obviando los principios de legalidad y seguridad jurídica al derecho acceso a la justicia que tiene la víctima, al no tomar en cuenta el acto judicial por el cual fue constituido el riesgo y que fue objeto de revisión en múltiples oportunidades, alegando también que el Tribunal a quo, se limitó en señalar, que la conducta del imputado si bien sirvió al inicio del proceso para fundar el riesgo se evidenció la ausencia de reiteración del mismo; 2) Igualmente señaló el Ministerio Público que existe una carencia de elementos probatorios en relación al contacto del imputado con la menor, lo que es evidente ya que conforme la sentencia que adjuntó el propio accionante, refiere que no obstante haberse trasladado un tiempo a Santa Cruz la menor víctima volvió con su madre, por lo que no habría certeza de que no existirá contacto con la víctima, resultando evidente la transgresión a lo previsto por el art. 124 del CPP; 3) El razonamiento de la autoridad demandada respecto a que la sentencia condenatoria 53/2022 no tendría vinculación al riesgo procesal de fuga, por lo que subsistiría latente el riesgo, es evidente ya que una sentencia condenatoria con pena privativa de libertad de veinte años no puede enervar el peligro efectivo para la víctima; 4) Por el acta de juicio oral con la sentencia condenatoria, se evidenció la falta de certeza respecto a la situación de la ubicación de la menor víctima, por lo que el razonamiento del inferior en grado respecto a la distancia existente entre ambos fue equívoco; 5) Respecto al informe psicológico de 11 de enero de 5 2023, en su parte conclusiva, no refiere ningún concepto que pueda ser vinculado a la vulnerabilidad de la menor y tampoco los otros elementos presentados no se vinculan con la situación de vulnerabilidad; 6) Al momento de resolver la persistencia o no del riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP debió considerarse las características del delito que se atribuye al acusado y la conducta exteriorizada por este en contra de la víctima conforme se ha desarrollado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0394/2018-S2 de 3 de agosto y 0001/2019-S2 de 15 de enero, lo que no ha sido cumplido por el Auto apelado en ese marco la autoridad accionada cumplió con la valoración probatoria omitida por el Tribunal inferior en grado y habiéndose advertido la no concurrencia de nuevos elementos de convicción tendientes a dar curso a la pretensión del imputado, resolvió procedente la apelación interpuesta por el Ministerio Público disponiendo que la situación jurídica procesal del imputado sea aquella vigente antes de la emisión del Auto apelado; 7) El Auto de Vista 26/2023 de 6 de febrero de 2023, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, respecto a los agravios expuestos por el Ministerio Público, vinculados a la subsistencia del riesgo procesal establecido por el art. 234.7 del CPP, conforme lo previsto por los arts. 396.3 y 398 del CPP; 8) En el planteamiento del recurso, ni en su contestación no existe ninguna cuestión relativa a la proporcionalidad de la detención preventiva para el caso de restituirse el peligro procesal extraído de manera incorrecta por el Tribunal de instancia por lo que el Tribunal de alzada no tenía por qué pronunciarse sobre este principio; 9) Siendo que la autoridad demandada consideró las situaciones y antecedentes del caso para resolver de manera integral la solicitud que le fue planteada, aplicó la perspectiva de género teniéndose una víctima mujer niña que merece protección reforzada conforme el art. 60 de la CPE, efectuó una correcta determinación ya que la defensa no adjunto ningún elemento de convicción tendiente a la enervación del riesgo; y, 10) La autoridad demandada efectuó un razonamiento correcto y una correcta valoración de los antecedentes.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 8 de septiembre de 2021, desarrollada dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Pablo Lazarte Sejas -accionante- por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; en la cual mediante Auto Interlocutorio de la referida fecha la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba dispuso la detención preventiva del 6 ahora accionante por la concurrencia de los presupuestos insertos en los arts. 233.1 y 234.7 y 235.1 y 2 del CPP (Fs. 8 a 22). II.2. Consta acta de audiencia revisora de apelación incidental de medida cautelar de 8 de octubre de 2021, en la cual mediante Auto de Vista 431/202, de la misma fecha el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental Justicia de Cochabamba, declaró improcedentes las apelaciones y confirmó totalmente el Auto Interlocutorio descrito anteriormente (fs. 23 a 28). II.3. Corre acta de audiencia de cesación a la detención preventiva 22 de noviembre de 2021, en la cual, mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha, la Jueza que ejercía el control jurisdiccional rechazó la solicitud manteniendo latentes los riesgos determinados a momento de disponer la detención preventiva (fs. 29 a 32). II.4. Cursa acta de cesación a la detención preventiva de 1 de febrero de 2022, en la cual la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de igual fecha rechazó la solicitud, por lo que el ahora accionante interpone recurso de apelación incidental (fs. 33 a 36). II.5. Consta acta de audiencia de consideración de apelación incidental de 3 de marzo de 2022, en el cual el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de similar fecha, revocó en parte el Auto Interlocutorio 1 de febrero de 2022 y dio por desvirtuado el peligro del art. 235.1 del CPP (fs. 37 a 42). II.6. Corre acta de audiencia de modificación de medida cautelar de 22 de abril de 2022, desarrollada ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, que mediante Auto Interlocutorio de la citada fecha rechazó la solicitud, manteniendo los riesgos procesales (43 a 48 vta.). II.7. Consta acta de audiencia de consideración de cesación a detención preventiva, de 7 de junio de 2022, en el cual el referido Tribunal, rechazó la solicitud, pero tiene por desvirtuado el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, mismo que fue apelado por la parte acusadora particular (fs. 50 a 56 vta.). II.8. Corre acta de audiencia revisora de apelación incidental de medida cautelar de 5 de julio de 2022, en el cual el Vocal de la Sala Penal Tercera del ya citado Tribunal, mediante Auto de Vista 192/2022 de la misma fecha, revocó en parte el Auto Interlocutorio descrito en la 7 conclusión precedente, restituyendo el riesgo art. 235.2 del CPP (fs. 58 62 vta.). II.9. Cursa acta de audiencia de cesación a la detención preventiva, de 7 de octubre de 2022, en el cual el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo de Cochabamba por Auto Interlocutorio de igual fecha, rechazó la solicitud y nuevamente desvirtuó el art. 235.2 del CPP (fs. 63 a 71). II.10.Mediante por Auto de Vista de 25 de octubre de 2022, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró inadmisible la apelación quedando latente solamente el peligro del art. 234.7 del ritual penal ( fs. 72 a 79). II.11.Cursa acta de audiencia de consideración a la cesación a la detención preventiva de 1 de febrero de 2023, celebrada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba en Suplencia Legal de su similar Primero; en la cual mediante Auto Interlocutorio de la referida fecha se declaró fundado el pedido de cesación a la detención preventiva, disponiéndose medidas cautelares personales consistentes en la detención domiciliaria cada quince días, presentación ante secretaría del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo departamento de Cochabamba, Prohibición de contacto con la víctima y su entorno familiar; Fianza económica de Bs50 000 (cincuenta mil 00/100 bolivianos) y el arraigo tanto departamental como nacional, razón por la cual el Ministerio Público inmediatamente interpuso el recurso de apelación incidental (fs. 74 a 79). II.12.Consta Auto de Vista 26/2023 de 6 de febrero, por la cual Jesús Víctor Gonzáles Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –demandado- dispone declarar procedente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y revocó el Auto Interlocutorio de 1 de febrero de 2023, disponiendo el rechazo de la solicitud de cesación a la detención preventiva y subsistente la detención preventiva del imputado en función a la concurrencia del riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP (fs. 80 a 83).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de la debida fundamentación y motivación; toda vez que, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 26/2023 de 6 de febrero, declaró procedente el recurso de apelación incidental, interpuesto por el Ministerio Público y revocó el Auto Interlocutorio que dispuso su cesación a la 8 detención preventiva, declarando subsistente la medida de ultima ratio por la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP; todo sin considerar que la detención preventiva es de carácter excepcional, sin establecer por qué resultan insuficientes las demás medidas cautelares personales ni explicar porque después de más de una año y medio sigue siendo la detención preventiva la medida cautelar idónea, tomando en cuenta que es una medida excepcional; por lo que solicita se emita nueva resolución con la debida fundamentación y motivación a los efectos de aplicar medidas cautelares previstas en el art. 231 bis 1 al 9 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0487/2025-S3 de 5 de junio reiterando el razonamiento de la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, señaló:
«El análisis de la cesación de la detención preventiva debe partir de la consideración que las medidas restrictivas de la libertad son necesarias para asegurar los fines procesales legítimos. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), persiguen evitar que la persona imputada por un delito, se sustraiga de la acción de la justicia u obstaculice el desarrollo eficiente de la investigación. Dichas medidas son impuestas por decisión judicial y se rigen por los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad y jurisdiccionalidad, tal cual se lo desarrolla en el Caso López Álvarez Vs. Honduras, en la Sentencia de 1 de febrero de 2006 sobre Fondo, Reparaciones y Costas. En cumplimiento del principio de presunción de inocencia, la regla del proceso penal acusatorio debe ser la libertad de la persona procesada, mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. En suma, la aplicación de la detención preventiva, que es la medida cautelar más restrictiva de la libertad, debe ser excepcional y racional. Las características personales del imputado o acusado y la gravedad del delito que se le imputa no son justificación suficiente para imponérsela. Asimismo, la imposición de la medida cautelar no puede constituir una pena anticipada.
9 Dada la excepcionalidad de la detención preventiva, el legislador boliviano ha previsto la posibilidad que una persona privada de libertad pueda solicitar la cesación de la detención preventiva, estableciendo varios supuestos en el art. 239 del CPP, modificado por la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 -Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal».
La SCP 0011/2018-S2 reiterada por la SCP 0487/2025-S3 de 5 de junio, asumió el siguiente entendimiento: El art. 239.1 del CPP señala que la detención preventiva cesará: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; a partir de dicha causal, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0320/2004-R de 10 de marzo, determina que la resolución de las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se amparen en dicha causal, debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: i) Determinar cuáles fueron los motivos que establecieron la imposición de la detención preventiva; que se traduce en el deber de valoración de las razones que fundaron la detención preventiva, y, ii) Establecer cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; es decir, el deber de analizar los nuevos elementos introducidos por la o el imputado. Este criterio fue reiterado de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0039/2017-S3 de 17 de febrero y 1153/2017-S2 de 9 de noviembre, entre muchas otras-.
10 Posteriormente, la SC 1249/2005-R de 10 de octubre, complementa el anterior criterio, señalando que es la autoridad judicial quien, analizando en forma integral todos los nuevos elementos presentados por la o el imputado, debe determinar si su situación jurídica ha sido modificada y si en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención; consiguientemente, la jueza o el juez deben analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias, que tienen que ser considerados para adoptar la decisión final. La indicada Sentencia también establece que el análisis integral de los nuevos elementos presentados por la o el imputado, no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva. Por su parte, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, asume los entendimientos anteriores, señalando que las juezas, los jueces y los tribunales de alzada, deben efectuar una valoración integral de todas las circunstancias existentes y no basarse en una sola de ellas; además, tienen que considerarse los elementos de prueba de la parte acusadora y de la víctima. Ulteriormente, la SC 1147/2006-R de 16 de noviembre, reiterando la jurisprudencia anterior, señala que la resolución que resuelva una solicitud de cesación de la detención preventiva debe reunir las condiciones de validez; y para ello, la autoridad judicial al 3El FJ III.1, establece: “Consecuentemente, es el imputado el que debe demostrar, con los elementos de convicción necesarios, que los motivos que fundaron su detención preventiva han sido modificados o ya no existen, para que sea el juez quien, analizando en forma integral todos esos nuevos elementos, determine si su situación jurídica se ha modificado, y si, en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención, dado que esos nuevos elementos deben estar orientados a desvirtuar las causas que determinaron la detención preventiva, de no ocurrir ello, no podrá otorgarse la cesación de la detención; por lo mismo, el juzgador debe analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias que existan y que deben ser considerados para adoptar la decisión final. Ahora bien, el análisis integral de los nuevos elementos presentados por el imputado para obtener la cesación de la detención preventiva, no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine revocar la concesión o rechazo de la cesación de la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada y de la necesidad de realizar una valoración integral de los nuevos elementos presentados por el imputado, expresando si los mismos destruyen o no los motivos que fundaron la detención preventiva”. 4El FJ III.1.1, indica que: “…la resolución que resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva debe reunir las condiciones de validez, para ello la autoridad judicial competente a tiempo de contrastar los nuevos elementos presentados por el imputado, deberá fundamentar la decisión de conceder o rechazar la solicitud de cesación de la detención expresando los motivos de hecho y de derecho en que funda su determinación, los cuales deben obedecer a criterios objetivos, exponiendo el valor otorgado a los medios de prueba presentados y sujetando su análisis a los presupuestos que fundaron la detención preventiva del imputado, fundamentación que no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, sino las razones jurídicas que justifican la decisión adoptada”.
11 tiempo de contrastar los nuevos elementos presentados por el imputado, deberá fundamentar la decisión de conceder o rechazar la solicitud de la cesación, expresando los motivos de hecho y derecho en que sostenga su determinación, los cuales deben obedecer a criterios objetivos, exponiendo el valor otorgado a los medios de prueba presentados y sujetando su análisis a los presupuestos que fundaron la detención preventiva del imputado, fundamentación que no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, sino las razones jurídicas que justifican la decisión adoptada. La SCP 0014/2012 de 16 de marzo, contextualiza los entendimientos asumidos por este Tribunal, que deben ser considerados al resolver problemáticas vinculadas o referidas a la cesación de la detención preventiva, enfatizando que es deber del juez y del tribunal de alzada, tomar en cuenta en forma integral los nuevos elementos de juicio aportados por el imputado, que demuestran que no concurren los motivos que fundaron la disposición de su detención preventiva o existen otros que tornen conveniente sustituirla por otra medida; así como los aportados como prueba por la parte acusadora o víctima que acreditan que tales motivos subsisten.
Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, asumió el siguiente entendimiento:
5El FJ III.3, refiere: “…cuando se trata de la valoración objetiva e integral de los elementos probatorios en la cesación de detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP, es deber del juez y también del tribunal de alzada tomar en cuenta en forma integral los nuevos elementos de juicio aportados por el imputado que demuestran que no concurren los motivos que fundaron se disponga su detención preventiva o existen otros que tornen conveniente sustituirla por otra medida; y los aportados como prueba por la parte acusadora o víctima que acreditan que tales motivos subsisten, exigencia que está prevista en la ley, conforme lo establece el párrafo segundo del art. 234 del CPP, respecto al peligro de fuga que establece que para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo igual redacción el art. 235 del CPP, respecto al riesgo procesal de peligro de obstaculización. Ello, en razón a que para acordar y mantener una detención preventiva hay que valorar todas las circunstancias que concurren en cada caso, teniendo en cuenta el criterio favorable al derecho a la libertad personal o física. En efecto, para que una resolución judicial de detención preventiva o de rechazo de cesación a la detención sea fundada en derecho, debe pronunciarse cuidadosamente evaluando todas las circunstancias concurrentes en el caso, es decir, toda la prueba disponible en el momento en que ha de adoptarse la decisión que hubiere sido aportada por las partes, por lo que no podrá fundarse una resolución judicial basándose únicamente en una circunstancia existiendo otras que puedan confirmar la inexistencia de los peligros de fuga y obstaculización”.
12 Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP.
Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.
En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial 13 que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.
Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.
14 Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo 15 fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de 8El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
16 detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria.
17 En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2018-S2, asumió el siguiente entendimiento: «Conforme a los entendimientos desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.2.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad judicial que resuelva una solicitud de cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, está obligada a realizar un análisis ponderado, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 1) Determinar cuál fue el motivo o razones que establecieron la imposición de la detención preventiva; 2) Establecer cuál el nuevo o nuevos elementos de convicción que aportó la o el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva o en su caso, demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; 3) Realizar una valoración integral de las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP; 4) Valorar los elementos de prueba aportados por la o el imputado, así como por la parte acusadora y por la víctima, de manera razonable; y, 5) Pronunciar una resolución debidamente fundamentada y motivada, en la que se expresen las razones de hecho y derecho en las que se basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, efectuando un análisis a partir 18 del principio de proporcionalidad, que considere la idoneidad de la medida cautelar de detención preventiva, su necesidad y la proporcionalidad, en sentido estricto de la misma, efectuando una ponderación del derecho que se restringe -libertad personal- y la finalidad perseguida por la medida cautelar».
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0881/2025-S3 de 5 de agosto asumió el siguiente razonamiento:
«Otro aspecto que debe considerarse en los casos de delitos de violencia contra niñas o adolescentes y mujeres en general, entre ellos, los casos de delitos de violencia sexual, es el deber de las autoridades de analizar la aplicación de los riesgos procesales desde una perspectiva de género. Así, en el marco de las normas internacionales e internas con relación a los casos de violencia hacia las mujeres y desde una perspectiva de género, la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, se ha pronunciado sobre el riesgo procesal del peligro efectivo para la víctima o el denunciante, estableciendo que:
El peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Conforme a ello, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el anterior Fundamento Jurídico III.1 y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, considere la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante.
Conforme a ello, las medidas orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como la contenida en el art. 234.10 del CPP [ahora 234.7 del CPP] -peligro efectivo para la víctima o el denunciante-, de ninguna manera deben significar una revictimización; en ese sentido, tanto las autoridades fiscales como judiciales, deben considerar que la solicitud de garantías personales o mutuas, que en muchos casos, son pedidas por los imputados para desvirtuar el riesgo de fuga antes mencionado, se constituyen en medidas 9 Ibid., p. 89
19 revictimizadoras, porque las víctimas tienen que enfrentarse con su agresor; pero además, a través de las mismas, se desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia; pues, en todo caso, son ellas las que, en el marco del art. 35 de la Ley 348, tienen el derecho de solicitar las medidas de protección pertinentes, las cuales, de acuerdo con el art. 32.I de la citad Ley, tienen la finalidad de: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente” (La aclaración es nuestra).
Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante (…) » [el marcado es nuestro]. Ahora bien, los estándares internacionales se han pronunciado sobre la obligación de los Estados de aplicar un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de género y edad. Así, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través del Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, se pronunció sobre el estándar de la debida diligencia, cuando las investigaciones y proceso penal se dan en el marco de un caso de violencia o violación sexual cometida contra una niña, niño o adolescente, señalando que los Estados deben adoptar un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de género y edad, de tal forma que las autoridades deben actuar con la debida diligencia reforzada, estableciendo varios elementos de protección especial, siendo uno de esos componentes el referido a que:
Los Estados deben reforzar las garantías de protección durante la investigación y proceso penal, cuando el caso se refiere a la violación sexual de una niña, más si fue ejercida en la esfera familiar, en un ambiente en el cual debió ser protegida; en estos supuestos, las obligaciones de la debida diligencia y de adopción de medidas de protección deben extremarse; además las investigaciones y el proceso penal deben ser dirigidos con una perspectiva de género y niñez, con base en la condición de niña de la víctima y tomando en cuenta la naturaleza agravada de la violación sexual, así como los efectos que podrían causar en la niña.
20 En el mismo orden de tutela reforzada con la que debe guiarse toda autoridad administrativa o judicial en los casos violencia sexual contra niñas, niños y/o adolescentes, la Corte IDH en el Caso Angulo Losada vs. Bolivia fortaleció los entendimientos sobre la debida diligencia reforzada y sus componentes esenciales, relacionados con el deber de protección especial en investigaciones y procesos penales relacionados con violencia sexual cometida contra niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y violación sexual y el deber de la no revictimización; en ese sentido, estableció, entre otros, los siguientes entendimientos:
Los Estados deben reforzar las garantías de protección durante la investigación y proceso penal, cuando el caso se refiere a la violación sexual de una niña, máxime si esta violencia sexual fue ejercida en la esfera familiar; en estos supuestos, la obligación de la debida diligencia y de adopción de medidas de protección deben extremarse; además, las investigaciones y el proceso penal deben ser dirigidos por el Estado con una perspectiva de género y niñez, con base en la condición de niña de la víctima y tomando en cuenta la naturaleza agravada de la violación sexual, así como los efectos que podría causar; y,
De lo contrario, los Estados se convierten en un segundo agresor, cuando comente distintos actos revictimizantes que se constituyen en violencia institucional; siendo que conforme al art. 1 de la Convención de Belém do Pará, se resalta que la violencia contra la mujer, también incluye, aquella que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra.
Consiguientemente, recogiendo el desarrollo jurisprudencial interno y los estándares internacionales referidos, en los casos de delitos violencia sexual cometidos contra una niña, niño o adolescente, para la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, se debe adoptar un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de género y edad de la víctima, de tal forma que al momento de analizar los riesgos procesales se tome en cuenta también, conforme ha establecido la jurisprudencia constitucional, su situación de extrema vulnerabilidad y desventaja, las características del delito y la conducta exteriorizada por el acusado contra la víctima, antes y con posterioridad a la comisión del delito, ponderando ante todo el riesgo con base en su condición de niña, niño y/o adolescente víctima, más aun si la violencia sexual fue ejercida en la esfera familiar».
21
El demandante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de la debida fundamentación y motivación; toda vez que el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 26/2023 de 6 de febrero, declaró procedente el recurso de apelación incidental, interpuesto por el Ministerio Público y revocó el Auto Interlocutorio que dispuso su cesación a la detención preventiva y declaró subsistente la medida de ultima ratio por la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP; todo sin considerar que la detención preventiva es de carácter excepcional, sin establecer por qué resultan insuficientes las demás medidas cautelares personales ni explicar porque después de más de una año y medio sigue siendo la detención preventiva la medida cautelar idónea, tomando en cuenta que es una medida excepcional. A efectos de establecer si evidentemente el Auto de Vista 26/2023 de 6 de febrero -denunciado- ha lesionado los derechos alegados por el demandante de tutela, es menester realizar un análisis integral tomando en cuenta todos los antecedentes conforme los siguientes acápites: i) Respecto a los motivos que fundaron el riesgo del art. 234.7 del CPP; ii) Fundamentos del Tribunal a quo para disponer la disminución del riesgo y declarar fundada la solicitud de cesación; iii) Agravios del apelante y contestación de las partes; iv) Análisis del Auto de Vista denunciado. a) Respecto a los motivos que fundaron el riesgo del art. 234.7 del CPP De los antecedentes adjuntos y desarrollados en las Conclusiones se tiene que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Pablo Lazarte Sejas -accionante- por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de 8 de septiembre de 2021, dispuso la detención preventiva del ahora impetrante de tutela por la concurrencia de los presupuestos insertos art. 233.1 y 234.7 y 235.1 y 2 del CPP, Resolución que fue confirmada íntegramente mediante Auto de Vista 431/2021 de 8 de octubre de 2021 (Conclusión II.1 y II.2). Revisadas las Resoluciones descritas, se evidencia que se declaró latente el peligro del art. 234.7 del CPP con los siguientes argumentos: 1) La naturaleza del hecho y la facilidad de contacto con la víctima- Porque el 22 entonces imputado que tenía veintisiete años de edad era el novio de la tía de la menor -víctima de trece años de edad- y se conocían desde unos cinco años atrás al hecho; así también el imputado tenía acceso a la vivienda de la víctima porque ahí vivía junto a su madre, padrastro y tía -novia del imputado-, existía entonces tal confianza al extremo que fueron intercambiando fotos desnudos, y el hecho ilícito se produjo en la madrugada del 16 de julio de 2021, en un lote baldío cerca al colegio de la menor, donde se habían citado; y, 2) La vulnerabilidad y afectación de la víctima que merece una protección reforzada, ya que si bien se alegaba que hubo consentimiento de la víctima, primero el Juez y luego el Vocal establecieron que fue por “la minoridad y la falta de madurez de la misma, que no ha asimilado la afectación que hubiera provocado la agresión sexual”. Los fundamentos del referido peligro, no fueron desvirtuados durante la tramitación de las cinco primeras solicitudes de cesación a la detención preventiva que impetró el ahora accionante (Conclusión II.3 al II.10). Cabe resaltar que, en las cinco primeras solicitudes de cesación a la detención referidas, sólo se desvirtuó: i) El art 235.1 del CPP mediante Auto de Vista de 3 de marzo de 2022 y ii) El art. 235.2 del ritual penal por Auto interlocutorio de 7 de octubre de 2022 confirmado por Auto de Vista de 25 de igual mes y año; con lo que se dejó latente sólo el art. 234.7 del CPP. b) Fundamentos del Tribunal a quo para disponer la disminución del riesgo del art. 234.7. CPP y declarar fundada la solicitud de cesación Ante una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba en Suplencia Legal de su similar Primero desarrolló audiencia el 1 de febrero de 2023, en la cual mediante Auto Interlocutorio de la referida fecha, declaró fundado el pedido de cesación a la detención preventiva y se dispuso medidas cautelares personales consistentes en la detención domiciliaria cada quince días, presentación ante secretaría del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo departamento de Cochabamba, Prohibición de contacto con la víctima y su entorno familiar; fianza económica de Bs50 000 y el arraigo tanto departamental como nacional, razón por la cual el Ministerio Público inmediatamente interpuso el recurso de apelación incidental (Conclusión II.11). La decisión fue asumida bajo los siguientes argumentos:
23 En cuanto a la probabilidad de autoría refiere que está persiste, ya que aparte de no haberse intentado enervar, el proceso ya contaba con la sentencia condenatoria 53/22 contra el acusado. En lo referente al peligro del art. 234.7 del CPP se argumentó que en relación a la conducta inicial desplegada por el acusado, que fundo el riesgo ya cumplió su fin al usarse la versión de la víctima como prueba madre para fundar la sentencia condenatoria y que de la revisión de los antecedentes no cursaría elemento alguno que haga ver que la referida conducta negativa del acusado se haya reiterado, al contrario argumenta que en virtud al certificado de permanencia, certificado de trabajo y el de estudios, el imputado estaría asumiendo una conducta positiva. Respecto a la vulnerabilidad de la menor víctima, el Tribunal a quo, refiere que ya no concurre materialmente y objetivamente, porque “al no vivir la menor en Quillacollo, al haberse ido al departamento de Santa Cruz de la Sierra, esa potencialidad material y objetiva ya no es posible” puesto que al estar viviendo en otro lado, bajo la protección de su padre estaría fuera del alcance y manipulación del imputado; argumenta también que el “usar la vulnerabilidad de manera literal en su máxima potencialidad importaría eternizar este riesgo y volverlo de por vida indesvirtuable“ y que por ello discrepan del criterio que el Tribunal titular hubiera plasmado en la audiencia de 7 de octubre de 2022, ya que la protección de la menor debe ser proporcional a la necesidad de garantizar los fines del proceso, que en este caso no tiene mérito sostener el riesgo toda vez que la causa ya cuenta con sentencia condenatoria, debilitando el riesgo. En relación a la afectación de la víctima, el Tribunal a quo argumenta que es un pilar del riesgo, que está latente al no haber prueba que lo desvirtué; es decir, solo sostuvieron la disminución del riesgo y no su enervación. Asimismo, argumentaron que no están otorgando la libertad irrestricta, sino que estarían tomando en cuenta la instrumentalidad de las medidas cautelares, e imponen medidas cautelares personales que persistirán hasta que concluya su trámite, que además no habría elementos objetivos que evidencien que en libertad el imputado pueda trasladarse de un punto del país a otro. Argumentaron también que bajo la enunciación de la perspectiva de género no resulta aceptable mantener la detención preventiva ante un 24 sólo riesgo y que se están asumiendo medidas idóneas para la protección de la menor. c) Agravios del apelante y contestación de las partes Según el propio Auto de Vista denunciado, el Ministerio Público en la audiencia de apelación alegó como agravio error en la valoración de la prueba en el sentido que no se habría presentado documental idónea para desvirtuar el riesgo, ya que contrariamente a lo argumentado en relación a que la víctima vive en Santa Cruz bajo el cuidado del padre; según el testimonio de la madre de la víctima, ésta viviría con su madre en Quillacollo, cabe resaltar que la parte víctima se adhirió a estos fundamentos y pidió se mantenga la detención preventiva, de igual forma la defensoría de la niñez y adolescencia. De contrario el acusado ahora accionante en su contestación se limitó a defender el Auto Interlocutorio apelado, reiterando el hecho que la menor vive en Santa Cruz con su padre, que se dio aplicación al principio de favorabilidad y que las medidas cautelares están destinadas a asegurar la presencia del imputado en el proceso. d) Análisis del Auto de Vista denunciado. El Vocal demandado en primera instancia deja plenamente establecido que conforme el art. 239.1 del CPP la procedencia de esta vertiente se da ante la presentación de nuevos elementos que demuestren que ya no concurren los motivos que fundaron la detención preventiva o que demuestren que se torne conveniente sustituir dicha medida. Seguidamente analiza punto por punto la Resolución impugnada, es así que en relación al argumento del Tribunal a quo respecto a que la acción inicial desplegada por el acusado que fundó el riesgo no habría sido reiterada sino más bien por la prueba presentada por el ahora accionante, el mismo estaría asumiendo una conducta positiva lo que enerva esta vertiente del riesgo aplicando la “SC 0807/2005-R” de 19 de julio; el Vocal señala que la jurisprudencia invocada no corresponde a un hecho similar sino que está vinculada al riesgo procesal del art. 234.4 del CPP y su aplicación no es acorde a las reglas vigentes para la aplicación de la jurisprudencia constitucional conforme la vinculatoriedad prevista en el art. 203 de la CPE. Respecto al argumento del Tribunal a quo en relación a que la víctima viviría en Santa cruz, basándose en los antecedentes presentados por el acusado ahora accionante, señala que la víctima fue a vivir 25 temporalmente a Santa Cruz y que luego retornó a Quillacollo, por ello el Vocal demandado establece que hubo una trasgresión a lo previsto por el art. 124 del CPP.
En relación a la valoración de la prueba fundamentada en el agravio el Vocal señaló:
III.5. La labor del Tribunal de alzada no puede circunscribirse, dada la condición de privado de libertad del imputado, a examinar tan solo las omisiones en las que incurrió el Tribunal inferior en grado, pues la privación de la libertad física-se reitera- de Juan Pablo Lazarte Sejas, obliga a que se le dé certeza en relación a su situación jurídica, realizando la actividad valorativa que no realizó el a quo, a fin de evidenciar si en función a los supuestos que motivaron la detención preventiva estos nuevos elementos de convicción se tornan suficientes para deferir su pretensión de cesación de la detención preventiva Examinada la sentencia condenatoria N° 53/2022, se tiene que no se halla vinculación de la misma al riego procesal de fuga por el que subsiste la detención preventiva del imputado, pues en el decisorio de la sentencia condenatoria, además de imponerse la pena privativa de libertad de veinte (20) años, no se anota algún elemento que pueda vincularse con la enervación del peligro efectivo para la víctima en función a la inversión probatoria que rige en incidentes como el que se aborda, esto teniendo presente el juzgamiento con perspectiva de género, pues ciertamente el caso incumbe a un delito inserto en la Ley 348. Contrastada el acta de juicio oral con la sentencia condenatoria, no se tiene certeza respecto a la situación de ubicación de la menor víctima en el modo afirmado por el imputado, de modo tal que se pueda razonar conforme hizo equivocamente el inferior en grado, esto es que la distancia existente entre ambos, en caso de la puesta en libertad del imputado, enervaría la situación de vulnerabilidad atingente a la menor. Igualmente, el informe psicológico acompañado por el imputado y que data del 11 de enero de 2023, en su parte conclusiva no refiere ningún concepto que pueda ser vinculado a la vulnerabilidad de la menor víctima, pues el informe referido se limita a las condiciones en las cuales se hallaría el imputado, que comprende la ansiedad y preocupación respecto a su situación, circunstancias que analizadas en función a la lógica que hace a la sana critica, de modo general toca a todos los privados de libertad; las demás consideraciones que se anotan en el informe referidas a su disposición a enfrentar y defenderse, su refugio en el trabajo, ciertamente no se vinculan con la situación de vulnerabilidad, como tampoco ocurre con el certificado que cursa a fs. 330, que da cuenta de su titulación en gastronomía y alimentación, menos aún se advierte algún elemento de variación de la vulnerabilidad a partir del certificado de permanencia y disciplina, pues éste se limita a exteriorizar el tiempo y la conducta observada por el imputado dentro el penal. A mayor abundamiento, cabe recordar que conforme fue expuesto en los Autos de Vista preindicados, además de los Autos Interlocutorios que motivaron su pronunciamiento, a momento de resolver la persistencia o no del riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, debe considerarse las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado y la conducta exteriorizada por éste contra la víctima, conforme se ha Desarrollado, entre otras, en las SSCC 394/2018-S2 de 3 de agosto y 001/2019-52 de 15 de enero, circunstancia que no ha sido cumplida en el Auto venido en apelación.
26 III.6 Habiéndose cumplido con la valoración probatoria omitida por el Tribunal inferior en grado y no habiéndose advertido la concurrencia de nuevos elementos de convicción tendientes a deferir la pretensión del imputado, corresponde atender favorablemente lo solicitado por el Ministerio Público ordenando la situación jurídico –procesal del imputado sea aquella vigente antes de la dictación del Auto apelado, aclarando que la incongruencia relativa a la nominación de los riesgos procesales denunciada por el Ministerio Público carece de relevancia por cuanto obedece a un error meramente formal que no indujo en error a las partes en el acto en el cual fue dictado el Auto recurrido.
Ahora bien, ante este Tribunal Constitucional Plurinacional se denuncia que el Vocal no consideró que la detención preventiva es de carácter excepcional, que no estableció por qué resultan insuficientes las demás medidas cautelares personales, que no explicó porque después de más de una año y medio sigue siendo la detención preventiva la medida cautelar idónea. Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1.2, se advierte que los Tribunales de alzada al resolver una apelación vinculada a las medidas cautelares, debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamentan el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. Por otra parte, en el caso específico de la cesación a la detención preventiva en la vertiente establecida en el art. 239.1 del CPP conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, esta vertiente se apertura ante la presentación de nuevos elementos para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva o en su caso, demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra. En ese marco podemos aseverar que el Vocal demandado cumplió debidamente su labor al establecer en primera instancia los presuntos nuevos elementos presentados para la interposición de la cesación que en este caso fueron: Sentencia Condenatoria 53/2022 y acta de juicio oral; Certificado de permanencia y disciplina; certificado que da cuenta de su titulación en gastronomía y alimentación; informe de trabajo; e Informe Psicológico del imputado que data del 11 de enero de 2023.
27 Asimismo, el Auto de Vista ha cumplido con establecer con claridad cuáles fueron los motivos que fundaron la imposición del riesgo del art. 234.7 del CPP -único vigente al momento de la solicitud-, que en este caso más allá de la división que hizo el Tribunal a quo en tres motivos, en realidad son los mismos establecidos en el inciso a) del presente acápite y que también están plasmados en distinta redacción en el Auto de Vista denunciado. Se ha pronunciado sobre el argumento del Tribunal a quo respecto a que la conducta negativa del acusado para imponer el riesgo cumplió su función al ser valorada la acción en la sentencia y que esa conducta no hubiera sido reiterada desde la imposición de la medida cautelar, sino que por el contrario por las documentales consistentes en certificado de permanencia, certificado de trabajo y el de estudios; estaría asumiendo una conducta positiva; en el análisis el Vocal demandado señala que la jurisprudencia que el Tribunal a quo aplicó para señalar que la conducta negativa no fue reiterada es en relación al peligro del art. 234.4 del CPP y no en relación al riesgo del numeral 7, y que las documentales que valora no están vinculadas a los motivos que fundaron el riesgo procesal. Si bien el razonamiento del Vocal es evidente y correcto, este Tribunal Constitucional Plurinacional debe resaltar además que la presente demanda tutelar deviene de un proceso penal por la comisión de un delito de violencia sexual contra una menor adolescente de trece años de edad, correspondiendo en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional aplicar un enfoque interseccional por el que se debe plasmar la debida diligencia; ahora bien, esta obligación nacional e internacional de aplicar la debida diligencia no sólo es aplicable en la investigación y proceso sino también en la sanción de los delitos de violencia en razón de género, por lo que el razonamiento del Tribunal a quo al establecer que el riego ha disminuido al contarse ya con una sentencia condenatoria es en definitiva sesgada e incorrecta. Así también el Auto de Vista cumplió con la valoración de la prueba presentada por el imputado como presuntos nuevos elementos llegando a establecer en síntesis que no inciden ni modifican los fundamentos por los cuales se fundó el riesgo previsto en el art.234.7 del CPP, ya que como se tiene claro son dos motivos los que fundaron el riesgo, el primero vinculado a la naturaleza del hecho y la facilidad de contacto con la víctima; y, el segundo la vulnerabilidad y afectación de la víctima.
28 La conclusión a la que arriba el Vocal demandado es evidente, considerando que ninguno de los elementos probatorios presentados por el ahora accionante está vinculado al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, primero porque el mismo presenta una Sentencia Condenatoria emitida en su contra en la cual se le impone la pena privativa de libertad de veinte años de presidio, documental que en todo caso más bien confirma los motivos que fundaron el riesgo procesal, por lo que mal podría esta documental aminorar o disminuir el riesgo hacia la víctima, tal como se tiene descrito ut supra. En relación al acta de audiencia de juicio, si bien el Tribunal a quo habría referido que demuestra que la víctima vive en Santa Cruz al cuidado de su progenitor y que por ello habría aminorado el riesgo por la distancia que se tendría con la victima; al respeto el Vocal demando señala que basado en el mismo acta por la declaración de la madre de la víctima, la menor habría ido a vivir a Santa Cruz temporalmente y de nuevo estaría viviendo con ella en Quillacollo, razonando que no habría ninguna disminución del riesgo. Ahora bien, revisados los antecedentes vinculados al Auto Interlocutorio de 7 de octubre de 2022, que sería justamente un intento anterior a la cesación a la detención preventiva, se tiene que el argumento de que la víctima ya no vive en Quillacollo si no en Santa Cruz, ya fue planteado en esa oportunidad donde también presentó como prueba el acta de audiencia de juicio oral, por lo que en definitiva no se trataba ni siquiera de un nuevo elemento, ya que este ya fue valorado en una anterior audiencia, consiguientemente entendemos que en definitiva no se podía revalorizar la referida acta de juicio oral por no constituirse en un nuevo elemento, máxime cuando conforme los fundamentos que fundaron el riesgo, establecen que la cercanía del imputado a la víctima no sólo era de manera física por la facilidad de acceso a su vivienda, si no también se explica una conectividad digital a través del celular haciendo referencia al intercambio de fotografías íntimas. En ese contexto el Vocal demandado razonó correctamente al determinar que este elemento -acta de audiencia de juicio oral- no aminora el riesgo procesal, máxime si conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional para la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, se debe adoptar un enfoque interseccional que tenga en cuenta la condición de género y edad de la víctima, de tal forma que al momento de analizar los riesgos procesales se tome en cuenta también, 29 conforme ha establecido la jurisprudencia constitucional, su situación de extrema vulnerabilidad y desventaja, las características del delito y la conducta exteriorizada por el acusado contra la víctima, antes y con posterioridad a la comisión del delito, ponderando ante todo el riesgo con base en su condición de niña, niño y/o adolescente víctima. Respecto a los otros elementos probatorios presentados por el imputado consistentes en certificado de permanencia y disciplina; Certificado que de titulación en gastronomía y alimentación; certificado de trabajo; e Informe Psicológico del imputado que data del 11 de enero de 2023; el Vocal demandado señala que estos no tendrían ninguna incidencia para modificar los motivos que fundaron el riesgo, lo cual es evidente pues no tienen ninguna vinculación ni con la cercanía y facilidad de acceso a la víctima, ni con la vulnerabilidad y la afectación de la víctima. En conclusión el Vocal demandado, cumplió con pronunciarse de forma integral sobre el Auto Interlocutorio apelado, sobre el agravio y la contestación de las partes, además de que en el análisis determinó cuál fue el motivo o razones que fundaron el riesgo procesal; estableció cuales eran los presuntos nuevos elementos de convicción que aportó el imputado y realizó la valoración integral de los elementos determinando que estos no demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva o en su caso, ni que sea conveniente que la medida sea sustituida por otra. Por todo lo desarrollado, el imputado no habría cumplido con el primer presupuesto para la procedencia de su solicitud, consecuentemente no aperturó la posibilidad del análisis sobre la necesidad de mantener a detención preventiva, ni sobre el análisis de la excepcionalidad de la detención preventiva y la posibilidad de aplicar las medidas cautelares menos gravosas -extrañados por el accionante-, consiguientemente no se advierte vulneración a los derechos alegados por el accionante, observándose que el Auto de Vista denunciado cumplió a cabalidad con la debida fundamentación y motivación correspondiendo denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
30 El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 28 de marzo, cursante de fs. 107 a 116 vta., pronunciada por Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos precedentemente expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 Los párrafos 66 y 67, sostienen: “66. El artículo 7.3 de la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de proporcionalidad. Además, la detención podrá tornarse arbitraria si en su curso se producen hechos atribuibles al Estado que sean incompatibles con el respeto a los derechos humanos del detenido. 67. La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal”.
2 El FJ III.1, señala: “El art. 233 CPP determina que para la procedencia de la detención preventiva, luego de realizada la imputación formal y el pedido fundamentado del Fiscal o del querellante, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y 2) la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; ambos requisitos deben concurrir de manera simultánea. Por su parte, el art. 239.1) CPP, determina que la detención preventiva cesará cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. De las disposiciones glosadas se establece claramente que la resolución judicial que resuelva la solicitud de la cesación de la detención preventiva, por la causal prevista en el art. 239.1) CPP, debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: 1) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y 2) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra”.
6 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las
razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 7El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
10 Corte IDH Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua En la Sentencia de 8 de marzo de 2018 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C N° 350. 11Corte IDH Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua. Resumen del párrafo 292.
12 Corte IDH, Caso Angulo Losada vs. Bolivia, Sentencia de 18 de noviembre de 2022 (Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones).
13 Entendimiento del párrafo 162.
14 Ibidem, resumen del párrafo 170.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1065_2025-S3.pdf · páginas 1 a 30.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5c7f146e7e9816c443703fcefef66764b5cf0f6ce78500192f96a352580059a3
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