B.IA.LEGAL

SCP 1062/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 8 de septiembre de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
8 de septiembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
49171-2022-99-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación, acceso a la justicia, al principio de congruencia externa y dinámica e interpretación de la legalidad ordinaria (correcta aplicación de la norma); toda vez que, las autoridades demandadas mediante el referido Auto Supremo 893/2021-RI, declararon improcedente su recurso de casación: i) Con una incorrecta fundamentación, siendo que aplicaron equivocadamente las normas procesales a una demanda de naturaleza muy distinta a la que se tramitó en todo el proceso, siendo que el proceso familiar de nulidad de filiación se llevó a cabo conforme al art: 420.II de la Ley 603, empero, las autoridades ahora demandadas, sin ingresar al análisis de fondo sobre los agravios planteados en dicha demanda, modificaron su naturaleza jurídica (Ordinario-Familiar), por el de un proceso extraordinario de Impugnación de Filiación en atención de los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 134/2022 de 6 de junio, cursante de fs. 135 a 139, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1) CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 893/2021-RI de 6 de octubre, debiendo las autoridades judiciales demandadas emitir uno nuevo, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La interpretación de la legalidad ordinaria
  2. III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  3. III.3. Casos de flexibilidad en el cómputo del plazo de seis meses para plantear la acción de amparo constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1062/2023-S1 Sucre, 8 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 49171-2022-99-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 134/2022 de 06 de junio, cursante de fs. 135 a 139, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edgar Ramiro Estrella Dorado contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 28 de abril y 13 de mayo de 2022, cursantes de fs. 70 a 76; y, 112 a 116 vta., el impetrante de tutela expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso familiar de nulidad de filiación y consiguiente nulidad de partida de nacimiento y declaratoria de herederos, que siguió contra Jaime Amed Scussel Dorado; Ronald Marcelo y Giovanni Christian ambos Scussel Uzquiano; y, Giovanna Shedenka y Lesslie Denisse ambas Scussel Choque, se emitió la Sentencia 135/2020 de 9 de marzo, que declaró improbada la demanda; en cuya razón, interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de La Paz, quien pronunció la Resolución S-20/2021 de 19 de enero; mediante la cual, se confirmó la Sentencia de primera instancia; motivo por el cual, el 30 de junio de 2021 planteó recurso de casación, que fue resuelto por Auto Supremo 893/2021-RI de 6 de octubre, mismo que no atendió ninguno de los puntos de agravio reclamados, además de haber aplicado equivocadamente las normas procesales.

Esta última determinación, quebrantó sus derechos por los siguientes motivos: a) Lesionó el debido proceso, pues se aplicó normativa a un proceso de naturaleza muy distinta a la que se tramitó en todo el proceso, además de no haber esgrimido ningún fundamento lógico o jurídico para establecer la aplicación de dicha norma; b) Quebrantó el principio de congruencia externa, pues el proceso familiar de nulidad de filiación se llevó a cabo conforme al art. 420.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; sin embargo, una vez remitido el recurso de casación, los ahora demandados, por no ingresar al análisis de fondo sobre los agravios planteados, modificaron la naturaleza jurídica del proceso familiar (Ordinario-Familiar) por uno extraordinario de Impugnación de Filiación en atención a los arts. 420.I y 434 de la misma norma, con la finalidad de que su recurso no sea admisible, transgrediendo con ello, el principio señalado, además del debido proceso; c) De igual forma, vulneró el principio de congruencia externa, pues existió contradicción en el Considerando III referido a la doctrina aplicable al caso, donde las autoridades demandadas invocaron el Auto Supremo 517/2020-RI de 5 de noviembre, que establecía la improcedencia del recurso de casación en los procesos extraordinarios, sin considerar que en dicho proceso, las partes solicitaron la adecuación del proceso a la Ley 603, emitiéndose una resolución que ordenó la prosecución del proceso como extraordinario; es decir, que ese caso existió un consentimiento expreso, para que se tramite como causa extraordinaria y no exista casación; y, por otro lado, “…este precedente invocado es totalmente DIFERENTE Y CONTRADICTORIO a lo analizado en el CONSIDERANDO IV, ya que del mismo análisis que realiza los magistrados ahora accionadnos, logras establecer que tanto las PARTES como las AUTORIDADES JURISDICCIONALES consienten que el proceso sea ORDINARIO y en ningún momento del proceso se solicitó una ADECUACIÓN DEL PROCESO para que se lo trámite como PROCESO EXTRAORDINARIO, en ese sentido es claro que existe contradicción en ambos considerandos, puesto que en el presente caso JAMÁS EXISITIÓ CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES Y MENOS RESOLUCIÓN ALGUNA que adecue el proceso para que se lo tramite como PROCESO EXTRAORDINARI y sea inviable el RECURSO DE CASACIÓN, por lo cual es claro que el auto supremo ahora analizado TRANSGREDE también el PRINCIPIO DE CONGRUENCIA INTERNA que es una vertiente del derecho al DEBIDO PROCESO”(sic); y, d) Hubo errónea aplicación de la norma, pues si bien se tramitó un proceso familiar ordinario de nulidad de filiación, donde si es procedente el recurso de casación, los ahora demandados con la finalidad de no ingresar al análisis de fondo de los agravios planteados, señalaron que no era correcto tramitar el proceso conforme el art. 420.II de la Ley 603, sino un proceso extraordinario de impugnación de filiación, en atención a los arts. 420.I y 434 de la Ley 603, extremo que no se les estaba permitido hacer, pues de acuerdo a lo dispuesto por el art. 400.I de la misma norma, en esta instancia los Magistrados solo tenían que verificar los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, pero el argumento de que el proceso se tramitó de forma incorrecta fue un tema de fondo que debió analizarse de forma responsable pudiendo incluso mediante el instituto del saneamiento procesal, ordenar la nulidad de actuados de acuerdo al art. 401 de la Ley 603 “…los magistrados ahora accionados APLICARON e interpretaron de manera INCORRECTA LA NORMATIVA PROCESAL FAMILIAR en específico el art. 400 par. I del CFPF, transgrediendo con ello el PRINCIPIO DE INTEPRETACIÓN DE LEGALIDAD ORDINARIA…” (sic).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación, al acceso a la justicia, al principio de congruencia externa y dinámica e interpretación de la legalidad ordinaria (correcta aplicación de la norma); citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo en consecuencia se deje sin efecto el Auto Supremo 893/2021-RI de 6 de octubre; y, se ordene a las autoridades demandadas, emitan una nueva resolución “…estableciendo los requisitos de admisibilidad del PROCESO FAMILIAR ORDINARIO DE NULIDAD DE FILIACIÓN, en atención al art. 400.I de la Ley 603” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de esta acción de amparo constitucional se realizó el 06 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 131 a 134 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El demandante de tutela en audiencia, ratificó íntegramente en los términos de su memorial de acción de defensa.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito, con fecha de presentación el 7 de junio de 2022, cursante de fs. 144 a 148, (sin embargo, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, se informó que habían presentado informe antes de llevarse a cabo la misma); en ese sentido, manifestaron: 1) En primera instancia, solicitaron se revise la fecha de presentación de la acción interpuesta, en consideración a que el Auto Supremo que se alega de arbitrario, fue notificado al solicitante de tutela el 26 de octubre de 2021; por lo que, el término máximo para el planteamiento de la presente, era hasta el 26 de abril de 2022; es decir, que la misma fue presentada de forma extemporánea (28 de octubre de 2022); 2) La acción de amparo constitucional, no es un instancia procesal casacional ni supletoria que forma parte de las vías legales ordinarias; 3) Con relación a la denuncia que con la emisión del citado Auto Supremo 893/2021-RI de 6 de octubre, se hubiera modificado arbitrariamente la naturaleza jurídica del proceso familiar sustanciado, y que solo correspondía en esta instancia verificar los requisitos de admisibilidad; al respecto, el solicitante de tutela no estableció de que forma se hubiera lesionado el debido proceso en sus vertientes de congruencia y motivación, dado que solo señaló que debió aplicarse el art. 420.II de la Ley 603, sin establecer cuáles fueron los actos u omisiones en los que se incurrió a momento de emitir el Auto Supremo, no permitiendo con ello, advertir cual fue el nexo de causalidad entre los hechos y los derechos supuestamente quebrantados; 4) Por otro lado, se evidencia que el Auto Supremo contuvo un análisis adecuado de los actuados procesales, estableciendo de forma clara, precisa y motivada las razones por las que se llegó a establecer la improcedencia del recurso de casación, siendo dicha determinación congruente en su contenido, “…existiendo total concordancia entre lo requerido por el recurso de casación y la determinación de improcedencia que aplica los motivos que imposibilitan al fondo del recurso…”(sic); y, 5) Finalmente, a manera de aclaración se debía considerar que la norma familiar tiene establecido catálogos de pretensiones y en función a estos, parámetros para su sustanciación; por lo que las partes no pueden, de forma unilateral e indebida, modificar su tratamiento por otras vías no asignadas, intentando burlar el alcance de la Ley en la imposición de denominativos a su pretensión.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Giovanna Shedenka y Lesslie Denisse ambas Scussel Choque, pese a que se hicieron presentes a audiencia de consideración de la presente acción tutelar, no participaron de la misma. Ronald Marcelo, Giovanni Cristhian y Aleyda Jaqueline todos Scussel Uzquiano, no se hicieron presentes en audiencia de consideración de la presente acción de defensa, ni presentaron memorial alguno, pese a su notificación cursante a fs.126 y 130 de obrados.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, a través de la Resolución 134/2022 de 6 de junio, cursante de fs. 135 a 139, denegó la tutela solicitada, señalando que el Auto Supremo 893/2021 RI de 6 de octubre, fue notificado al ahora peticionante de tutela el martes 26 de abril de ese mismo año, lo que implicó la presentación de esta acción fuera del plazo que dispone la ley, no siendo por ende, factible ingresar al análisis de fondo por incumplimiento de la inmediatez.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Memorial presentado el 30 de junio de 2021, Edgar Ramiro Estrella Dorado -impetrante de tutela- interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista S-20/2021 de 19 de enero, “1.- SOBRE EL ERROR DE HECHO EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA (Art. 393 inc. c del CF) I.1 Tal como advertirá de antecedentes, luego de haber sido legalmente notificado con la Sentencia No. 135/2020 de fecha 09 de marzo de 2020, es que interpuse un recurso de apelación contenido en el memorial de fecha 08 de julio de 2020, es asi al momento de establecer como punto de agravio la "ERRÓNEA aplicación del art.65 del CPE., al no ser aplicable a personas adultas que voluntariamente habrian obtenido su filiación, porque en ese caso NO SE PRESUME LA FILIACIÓN, sino debe demostrarse judicialmente para su legalidad" es así que el TRIBUNAL ADQUEM luego del trámite de ley emiten la resolución objeto de casación donde en su parte pertinente al momento de resolver este punto de agravio refieren textualmente lo siguiente: "Lo mismo sucede en relación a que existiría aplicación errónea del art. 65 del CPE., puesto que no sería aplicable a personas adultas, toda vez que se advierte carencia de fundamente jurídico en el recurso, YA QUE DICHO REGISTRO FUE REALIZADO EN EL AÑO 1970 CUANDO EL DEMANDO NO ALCANZABA LA ADULTEZ (...) Este argumento es completamente falso y demuestra un ERROR DE HECHO en la valoración de la prueba, ya que si bien es evidente que el Sr. JAIME AMED SCUSSEL DORADO registró su PARTIDA DE NACIMIENTO en 1970 y para ser más precisos el 09 de enero, empero dicho registro se realizó cuando el demandado tenía 33 años de edad, así lo deja ver claramente los documentos cursantes a fs. 45, 46, 185, 186 y 206, en ese sentido e claro cometieron un error de hecho al valorar la PARTIDA DE NACIMIENTO del demandado JAIME AMED SCUSSEL DORADO AL "REFERIR QUE EL DEMANDADO FUE REGISTRADO EN EL AÑO 1979 CUANDO NO ALCANZABA LA ADULTEZ", ya que como se mencionó y lo establece las pruebas antes descritas, el demandado realizó dicho registro cuando tenía 33 años de edad,hecho que me genera un agravio ya que los vocales ahora recurridos rechazaron un punto de agravio en base a una ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA 1.2 Otro aspecto que demuestra que dentro de la resolución ahora recurrida existe ERROR DE HECHO al momento de valorar la prueba es respecto al AGRAVIO referente a la NULIDAD DE LA PARTIDA BAUTISMAL del demandado JAIME AMED SCUSSEL DORADO y precisamente los vocales ahora recurridos al memento de rechazar dicho agravio mencionaron lo siguiente: "Asimismo, en relación a que la partida bautismal hubiera sido anulada se advierte que dicha afirmación FALTA A LA VERDAD puesto que en la sentencia recurrida, a tiempo de efectuar la valoración judicial se ha determinado que a is. 309 cursa el informe de fecha 11 de julio de 2017 emitido por Hugo Trujillo Ramos Canciller del Arzobispado de La Paz. que refiere que el bautismo de Jaime Amed Scussel Dorado tiene como registro de padres a Giovanni Scussel y Elena Carlota Dorado, lo mismo ocurre en relación a la inscripción de nacimiento y filiación en la Dirección General de Registro Civil, actualmente SERECI -Servicio de Registro Cívico, puesto que si bien se ha determinado que no cursaría antecedentes del registro, ello no implica su ausencia por la aplicación de la presunción de filiación."

Al respecto de este cabe mencionar que quien falta a la verdad y realizan una ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA son los vocales ahora recurridos, ya que si bien es evidente que el INFORME cursante a fs. 309 de obrados establece que la PARTIDA DE BAUTISMO del Sr. JAIME AMED SCUSSEL DORADO se encuentra vigente y registraría como padres a Giovanni Scussel y Elena Carlota Dorado, empero no es menos cierto que las literales cursantes a fs. 53, 54 y 447 de obrados establecen que por demanda de la supuesta madre del demandado la Sra. ELENACARLOTA DORADO se procedió a la NULIDAD de la PARTIDA DE BAUTISMO del demandado JAIME AMED SCUSSEL DORADO por contener FALSEDAD EN SU CONTENIDO, empero dicha partida de BAUTISMO fue repuesta en la gestión 2010 paradójicamente luego del fallecimiento de la Sra. ELENA CARLOTA DORADO, en ese sentido es claro que el tribunal ADQUEM no realizó una correcta compulsa de los antecedentes y realizó un MALA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 2. SOBRE EL ERROR DE DERECHO EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA QUE FUE DENUNCIADO EN PRIMERA INSTANCIA Y NO FUE RESUELTO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA (Art. 393 inc. e del CF). Tal como advertirá de antecedentes, mi persona luego de ser notificado con la Sentencia No. 135/2020 de fecha 09 de marzo de 2020 presentó un recurso de apelación por el cual establecí como punto de agravio la APRECIACIÓN DEFECTUOSA DE LAS PRUEBAS APORTADAS, al respecto tanto el juez AQUO y el tribunal ADQUEM no advirtieron que la ilegal filiación del demandado genera o inicia por el falso e irregular CERTIFICADO DE BAUTISMO del Sr. Jaime Amed Scussel Dorado, el mismo que supuestamente se habría realizado el 12 de mayo de 1951,empero revisado el informe cursante a Fs. 446 de obrados se puede establecer que esta persona habría sido bautizado como DORADO SCUSSEL JAIME AMED tal como se advierte del LIBRO 11. PS. 94 No. 282 y no así como SCUSSEL DORADO JAIME AMED, como falsamente refiere el certificado de bautismo de fs. 450, es mas de la compulsa del informe cursante a fs. 448 se puede establecer que el demandado al momento de casarse refirió que se BAUTIZO el 22 de agosto de 1937 el mismo que se habría registrado en el libro 15, pág. 94 No. 282, empero dicho registro no existe tal como se advierte del informe cursante a fs. 446, por lo cual claramente estos documentos demuestran la FALSEDAD del CERTIFICADO DE BAUTISMO que utilizó el demandado y es precisamente en base a este documento es que esta persona empieza a utilizar el apellido SCUSSEL DORADO, supuesto hijo de los esposos Giovanni Scussel y Elena Carlota Dorado, es así que empieza a realizar su vida civil con ese nombre, ingresando al colegio, ejercito, llegando a obtener documentos con dicho nombre, precisamente gracias a esos documentos, es que consigue su carnet de identidad, dentro de obrados cursa las TARJETAS PRONTUARIO del demandado, los mismos que no fueron valorados y menos compulsados por el juez AQUO, donde claramente se establece que el Sr. SCUSSEL DORADO no tenía PARTIDA DE NACIMIENTO, empero pese a ello y en base a otros documentos como su CERTIFICADO DE BAUTISMO, LIBRETA MILITAR Y LIBRETAS DE COLEGIO es que logra obtener su carnet de identidad, empero lo que se debe establecer que todos estos documentos que fueron compulsados por el juez AQUO y tribunal ADQUEM, se generaron en base a un DOCUMENTO FALSO que es. el CERTIFICADO DE BAUTISMO ya que de la compulsa de las literales cursantes a fs. 53, 54 y 447 de obrados se puede establecer que dicho documento en fecha 02 de marzo de 1964 fue ANULADO por contener datos falsos y dicha disposición surtió efecto hasta el 28 de septiembre de 2010 en cuya techa se dispuso la reposición de la partida, en ese sentido el TRAMITE realizado por el demandado para la INSCRIPCIÓN JUDICIAL de SU PARTIDA DE NACIMIENTO en lit gestión 1970 es completamente ilegal, ya que se utilize documentación ANULADA así como documentos que se generaron en base a u CERTIFICADO DE BAUTIZMO con DATOS FALSOS y que fue ANULADO Por otra parte, el juez AQUO y el tribunal ADQUEM no compulsaron el TESTAMENTO ABIERTO Giovanni Scussel donde menciona no tener hijos cursante a fs. 55, lo propio ocurre con el INFORME 000196 cursante a fs. .59 donde la Sra. ELENA CARLOTA DORADO refiere que no tiene hijos, aspecto corroborado por la LIBRETA DE MATRIMONIO de estas personas donde no figura ningún hijo registrado, documentos que establecen claramente que el demandado de forma ilegal y unilateral se apropió de un apellido que no le corresponde, documentos que no fueron debidamente compulsados por el juez AQUO y tribunal ADQUEM. 3. SOBRE LA INDEBIDA APLICACIÓN DE LA LEY REFERENTE A LAS PRESUNCIONES LEGALES. (Art. 393 inc. c del CF). Del contenido tanto de la Sentencia No. 135/2020 de fecha 09 de marzo de 2020y el Auto de vista No. 520/2021 de fecha 19 de noviembre de 2021, se puede establecer que las autoridades que emitieron dichas resoluciones se apoyaron en PRESUNCIONES LEGALES, tal como es el caso de la PRESUNCION DE FILIACION que se genera en base al principio de FAVOR FILII reconocido dentro de la Sentencia Constitucional Plurinacional no. 934/2016 de fecha 05 de octubre de 2016, criterio que tiene como fundamento el art. 65 de la CPE., empero el instituto, de las presunciones legales que si bien es una atribución de la autoridad jurisdiccional al momento de resolver una determinada causa, la misma no puede estar sujeto al arbitrio del mismo, ya que debe responder a las REGLAS O MAXIMAS DE EXPERIENCIA que la jurisprudencia ha establecido y al respecto el. Auto Supremo No. 896/2019 de fecha 06 de septiembre de 2019 refiere lo siguiente:

"III.2. De las presunciones. El autor Víctor de Santo, indica: "El vocablo "presumir" (preasumere) implica la suposición de que determinada cosa es cierta sin que se halle demostrada o conste. (..). La presunción es un juicio lógico del legislador o del juez (según se trate de presunción legal o judicial). En su mérito, se toma como cierto o probable un hecho (esto último cuando la presunción es judicial o de hombre) con base en las reglas o máximas de la experiencia, que le dicen cuál es la forma normal en que ocurren las cosas y los hechos." Alexander Rioja Bermúdez, mantiene: "La presunción es el razonamiento lógico-critico que a partir de uno o más hechos indicadores lleva al juez a la certeza del hecho investigado, esta es de carácter legal o judicial, (..). Las presunciones no constituyen propiamente medios de prueba en tanto que no pueden ser aportados por las partes o solicitados de oficio en el proceso son más bien juicios lógicos o críticos basados en los hechos indicadores que producen convicción en el juez respecto de algún hecho trascendente en el proceso". Existe controversia sobre si las presunciones son o no medios de prueba, sin embargo, es evidente, que la presunción es un juicio de razonamiento lógico critico valorativo que conduce al juzgador, determinar la probabilidad o certeza de un hecho o acto jurídico en la forma como pudo acontecer y que es importante para la resolución del proceso. En el ámbito procesal existen dos tipos de presunción, legal y judicial; como su nombre indica la presunción legal proviene de la ley y esta puede ser iuris tantum o juris et de iure, Víctor de Santo orienta: "Las presunciones legales son necesariamente de derecho y pueden ser iuris tantum e iuris et de iure, no pueden existir sin norma legal expresa que las contemple. Las presunciones iuris tantum permiten probar en contrario del hecho presumido, en tanto que las iuris et de iure no, y consecuentemente son definitivas y concluyentes. Alexander Rioja Bermúdez las denomina absolutas y relativas: "Si, la norma procesal señala que en el caso que la ley califique una presunción con carácter absoluto no cabe prueba en contrario. El beneficiario de tal presunción solo ha de acreditar la realidad del hecho que a ella le sirve de base. Cuando la ley presume una conclusión con carácter relativo, la carga de la prueba se invierte en favor del beneficiario de tal presunción. Empero, este ha de acreditar la realidad del hecho que a ella le sirve de presupuesto, de ser el caso". Es decir, cuando la presunción es absoluta o iuris et de iure, no admite prueba en contrario, en cambio cuando la presunción es iuris tantum o relativa, puede ser refutada mediante prueba contraria. De la presunción judicial Víctor de Santo, indica: "Las presunciones judiciales tiene la finalidad de servirle de guía al magistrado para evaluar las pruebas. El juzgador, según las circunstancias, infiere una presunción judicial a favor o en contra de la verosimilitud de los hechos que son objeto de esas pruebas y de la sinceridad del sujeto que se los hace conocer.". Alexander Rioja Bermúdez describe: "Constituye aquella actividad mental que realiza el magistrado para considerar la existencia, de un hecho como probable, por tanto es una actividad meramente procesal, en tanto que orienta al juez respecto. del material probatorio, infiriendo este como consecuencia de su raciocinio una presunción con relación a los hechos objeto de prueba, es la aplicación de la máxima de la experiencia para la valoración probatoria.". La presunción judicial se encuentra librada al criterio del juzgador quien en base al presupuesto expuesto y la prueba que no llega a ser concluyente del todo, forma raciocinio presumiendo como pudo configurarse el hecho o acto jurídico. Finalmente, el Auto Supremo N° 295/2013 de 07 de junio, informa: "Para orientar el presente fallo corresponde citar a Arturo Alessandri R, Manuel Gomarriva U., y Antonio Vodanovic H., quienes en la obra de Tratado de Derecho Civil señalan: "..que por presunción se entiende como el resultado de una operación lógica, mediante la cual partiendo de un hecho conocido se llega a aceptar otro desconocido o incierto. Las presunciones se basan en el supuesto de que debe ser verdadero en el caso concreto lo que suele serlo de ordinario en la mayor parte de los casos en que entran los antecedentes o circunstancias conocidas...", en criterio de los mencionados autores y como está legislado en la mayoría de los cuerpos legales en materia de prueba diremos que, las presunciones se clasifican en judiciales y presunciones legales, las primeras entendidas como simples o del hombre, son las que establece el Juez, fundado en las circunstancias o antecedentes concomitantes o subsiguientes al hecho principal que se examina, obviamente que siendo propias del operador de justicia (conjeturas), la ley no las enumera por su carácter infinito; en cambio las presunciones legales pueden ser las propiamente dichas o las de derecho, según admitan o no prueba en contrario, las primeras consideradas como debatibles (iure et de iure, derecho por derecho que no admite prueba en contrario) y las segundas como perentorias (juris tantum, que admiten prueba en contrario)." En el presente caso tanto el juez de PRIMERA INSTANCIA como también el tribunal de ALZADA utilizaron una presunción legal para establecer la LEGALIDAD de la inscripción de la partida de NACIMIENTO registrado en la Oficialía de Registro Civil No. A4, Libro No. 1-70, Partida No. 30, Folio No. 2, la misma que fue ordenada"aparentemente" en fecha 05 de enero de 1970 por orden del Juez de Instrucción Dr. Darío Rodríguez, ya que para ellos independientemente que NO EXISTA DICHA ORDEN JUDICIAL en los registros del SERECI, así como en el JUZGADO PUBLICO CIVIL Y COMERCIAL 20 DEL TRIBUNAL DE LA PAZ donde habría fungido como juez el Dr. DARIO RODRIPEZ, esto no significa que dicha orden judicial no se emitió o sería falsa, ya que simplemente no se tiene constancia en los archivos por la data del tiempo, por lo cual dicha inscripción habría sido legal y apoyan dicho argumento en la PRESUNCIÓN DE FILIACION, empero como se dijo las PRESUNCIONES LEGALES deben estar sujetas a la REGLA O MAXIMAS DE EXPERIENCIA y no simplemente llegar a una conclusión y pretender sustentarla con una presunción legal, en ese sentido si se hubiera cumplido con dichas reglas el juez y tribunal se hubieran dado cuenta, que dicho trámite en el caso de establecer su existencia, no habría sido legal ya que se utilizó documentación que fueron generadas en base a un CERTIFICADO BAUTISMAL FALSO Y ADEMAS que en esa fecha (1970) el mismo se encontraba ANULADO, por otra parte se debió tomar en cuenta la actitud desplegada de la supuesta madre del demandado quien solicitó la NULIDAD DE LA PARTIDA DE BAUTISMO y esto ocurrió porque ella sabía que no era su hijo y que dicho documento se la elaboró con datos falsos, precisamente por ello es que el demandado esperó el fallecimiento de la Sra. ELENA CARLOTA DORADO para realizar la reposición de su PARTIDA BAUTISMAL que se realizó en la gestión 2010,en ese sentido es claro que el juez de primera instancia así como el tribunal de alzada al utilizar una PRESUNCIÓN LEGAL para establecer la legalidad de la PARTIDA DE NACIMIENTO del demandado, sin no tomar en cuenta la documentación que acreditaba que dicho trámite no tiene respaldo documental para su existencia, asi como de su LEGALIDAD al existir elementos de prueba que dicho trámite se realizó en base a documentación falsa y nula, realizaron una INDEBIDA APLICACIÓN DE LA LEY, hecho que va en contra de PRINCIPIO DE LEGADAD Y EL DEBIDO PROCESO previsto y sancionado en el art. 115 y 118 de la CPE., evidenciarse (sic [fs.62 a 68]). II.2. Cursa Auto Supremo 893/2021-RI de 6 de octubre; mediante el cual, las autoridades ahora demandadas, declararon improcedente el recurso de casación interpuesto por el accionante, argumentando:

"CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Edgar Ramiro Estrella Dorado, mediante memorial de cursante de fs. 81 a 90 vta., subsanado de fs. 98 a 99 vta., y a fs. 106 y vta., y ratificado a fs. 342 vta., inició proceso de nulidad de filiación contra Jaime Amed Scussel Dorado, Ronald Marcelo, Giovanni Christian, Aleyda Jaqueline todos Scussel Uzquiano, Giovanna Shedenka y Lesslie Denisse ambas Scussel Choque; quienes, una vez citados, Ronald Marcelo Scussel Uzquiano, Giovanni Christian Scussel Uzquiano y Aleyda Jaqueline Scussel Uzquiano según memorial de fs. 158 a 160 vta. respondieron negativamente a la demanda y opusieron excepciones de incompetencia, incapacidad y prescripción, por su parte Jaime Amed Scussel Dorado y Lesslie Dennise Scussel Choque contestaron de forma negativa a la demanda y opuso excepción de falta de legitimación por memorial de fs. 175 a 179 vta., y Giovanna Shedenka Scussel Choque por memorial de fs. 351 a 354 vta., contestó negativamente a la demanda y opuso excepción de prescripción; desarrollándose de esa manera el proceso hasta la emisión de la Sentencia No 135/2020 de 09 de marzo, cursante de fs. 611 a 618,donde el Juez Público de Familia 4° de la ciudad de La Paz, declaró IMPROBADA la demanda. 2. Resolución de primera instancia que al ser recurrida en apelación por Edgar Ramiro Estrella Dorado mediante memorial de fs. 626 a 627 vta.; originó que la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N°S-20/2021 de 19 de enero, cursante de fs. 661 a 662, CONFIRMANDO la Sentencia apelada.

3. Resolución de segunda instancia recurrida en casación por Edgar Ramiro Estrella Dorado, mediante memorial de fs. 670 a 673, recurso que es objeto de análisis en cuanto a su admisibilidad. CONSIDERANDO II: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN En el marco de lo preceptuado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, principio por el cual las partes pueden solicitar a otro juzgador superior que revise la resolución del inferior con la finalidad de que se fiscalice no solo la decisión asumida sino también su legalidad de ésta; empero, no se debe dejar de lado el hecho de que este principio, en determinados casos se encuentra limitado a determinados procesos, que el Código de las Familias y del Proceso Familiar (Ley N° 603) ha establecido, por lo que para su viabilidad o procedencia se debe verificar si se reúne ciertos requisitos establecidos en la norma procedimental señalada; en ese entendido y ante la vigencia plena de la Ley No 603, corresponde a continuación, considerar los requisitos de admisibilidad que todo recurso de casación debe contener, conforme al procedimiento establecido en el art. 400 con relación a los arts. 393, 395, 396 de la mencionada ley. 1. De la resolución impugnada. Del Auto de Vista No S-20/2021 de 19 de enero, cursante de fs. 661 a 662; se advierte que el mismo absuelve un recurso de apelación que fue interpuesto contra una Sentencia dictada dentro de un proceso sobre nulidad de filiación; acción que estaría comprendida para su trámite como un proceso extraordinario conforme al art. 434. c) de la Ley N° 603 y que conforme al art. 444 de la citada norma contra dicho Auto de Vista no procede recurso de casación, conforme se explica consiguientemente. CONSIDERANDO III: DOCTRINA APLICABLE AL CASO III.1. De la improcedencia del recurso de casación en proceso extraordinarios El Auto Supremo N° 517/2020-RI de 05 de noviembre expresó al respecto:"...la juez A quo, pronunció el Auto definitivo de 21 de marzo de 2019 (fs. 339 a 341) declarando probado el incidente y disponiendo el archivo de obrados, con el fundamento principal en sentido que, por disposición de la Ley No 603, la filiación debe ser impugnada por la o el interesado o su representante o quién ejerza la tutela cuando sienta que es afectado por la misma, o que legalmente no le corresponda. Esta resolución definitiva motivó el presente recurso tras haber sido confirmada por el Auto de Vista ahora recurrido. Ahora bien, del análisis precedente de los antecedentes que informan de la causa, se concluye de manera indubitable lo siguiente: a) Fue el propio recurrente quién de manera reiterada solicitó la adecuación del proceso a la nueva normativa del Código Procesal Civil y Código de las Familias; b) En audiencia pública (fs. 315), la demandada planteó incidente de actividad procesal defectuosa al no haberse adecuado hasta ese momento el proceso a la nueva normativa del Código de las Familias, declarado probado por Auto de 08 de enero de 2019 (fs. 316), y se determinó la prosecución del proceso como PROCESO EXTRAORDINARIO; c) La adecuación del proceso dentro del alcance del art. 434 inc. b) dela Ley NO 603, no fue observada por ninguna de las partes, extremo que importa total consentimiento a la tramitación del proceso como proceso extraordinario.

Bajo el marco establecido precedentemente, es indispensable considerar entonces que la causa fue adecuada al sistema de procesos prevista por el art. 420.I del Código de las Familias, bajo la naturaleza del proceso extraordinario, haciéndose necesario ver si bajo la normativa establecida para este tipo de proceso, está permitido el recurso de casación. (...) Sobre el tema el art. 364.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar señala: I.- Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código; norma que otorga un criterio generalizador para el tema de recursos, orientando en sentido de que las resolución judiciales son impugnables, de acuerdo a lo que determine o permita la normativa de la Ley No 603,ahora en conformidad con lo referido de la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación, el art. 392.I del mismo Código es claro al establecer: 'El recurso de casación procede para impugnar autos de vista, en los casos previstos en el presente código', la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita que el recurso de casación procede en los casos expresamente establecidos por Ley, por lo que debe precisarse cuáles resultan ser esos casos. Al fin indicado se tiene que la Ley N° 603, ha establecido un nuevo esquema procedimental, generando dentro de estas diversas clases de procesos, como ser el proceso ordinario, proceso extraordinario y el proceso por resolución inmediata. El art. 434 inc. b) cataloga a la presente causa como proceso extraordinario siendo aplicable la disposición contenida en el art, 444 del mismo cuerpo legal que señala:'(Remisión) Presentada la apelación, previo traslado a la parte contraria, la autoridad judicial remitirá al superior los actuados correspondientes. Contra el Auto de Vista no procede recurso de casación', resultando entones que, por la determinación de la disposición legal glosada, no es posible que los fallos emitidos en procesos catalogados como extraordinarios puedan ser impugnados con recurso de casación". CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN Expuesta como está la doctrina legal aplicable al presente caso, corresponde realizar un análisis de los actuados procesales a efectos de determinar la procedencia del presente recurso de casación. En ese entendido de la revisión de antecedentes, del memorial de demanda cursante de fs. 81 a 90 y vta. de obrados, subsanado de 98 a 99 vta., y a fs. 106 y vta., Edgar Ramiro Estrella Dorado pretende la nulidad de filiación de hijo y consiguiente nulidad de partida de nacimiento contra Jaime Amed Scussel Dorado y Ronald Marcelo, Giovanni Christian, Aleyda Jaqueline todos Scussel Uzquiano, Giovanna Shedenka y Lesslie Denisse ambas Scussel Choque; señalando que el certificado de nacimiento de Jaime Amed Scussel Dorado fue obtenido con orden judicial, además inexistente en archivos, documento con el que se hizo declarar heredero y con ello hizo prosperar la anulabilidad del proceso civil ordinario; también señala que el demandado no tiene un vínculo de consanguineidad como para establecer ser hijo legítimo de Giovanni Scussel y Elena Carlota Dorado Vda. de Scussel. Que por Resolución N° 763/2016 de 28 de julio, se admite la demanda de nulidad de filiación de conformidad al art. 420.II del Código de las Familias. Corrido en traslado a la parte demandada, responde por memoriales cursantes de fs. 175 a 179 vta., y 351 a 354 vta. por el cual señala que el presente proceso es una impugnación de su filiación que está previsto de forma expresa en el Código-de las Familias, y que el demandante no explicó el fundamento legal que valide su petición como "Nulidad de Filiación", más aún cuando cualquier impugnación a su filiación prescribió al tener su persona 79 años, siendo imprescriptible únicamente en el caso de los hijos conforme el art. 22 del Código de las Familias. Llevada adelante la audiencia preliminar y complementaria, de conformidad a los arts. 420, 427 y 429 de la Ley N° 603, en Sentencia se determinó declarar IMPROBADA la demanda debido a que se llegó a establecer que el nacimiento y filiación de Jaime Amed Scussel Dorado fue establecida mediante una orden judicial emitida por autoridad judicial y que, en base a su inscripción en el Registro Civil, él realizó todos los actos de su vida pública (estudios, familia y otros), refiriendo que la declaración unilateral de Giovanni Scussel, así como de Elena Carlota Vda. de Scussel no constituyeron medios probatorios idóneos para dejar sin efecto la inscripción de la partida de nacimiento, debiendo ser los padres quienes inicien la acción correspondiente para invalidar esa inscripción. Resolución de primera instancia que al ser recurrida en apelación por Edgar Ramiro Estrella Dorado mediante el memorial de fs. 626 a 627 vta.; originó que la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista No S-20/2021 de 19 de enero, cursante de fs. 661 a 662, CONFIRMANDO la Sentencia apelada, en la que se señala "..no es suficiente la declaración unilateral de su desconocimiento, ya que la filiación de acuerdo al art. 12 de la Ley N° 603 constituye un derecho y garantía de las hijas e hijos y vínculo jurídico y social que genera identidad de éstos en relación a su madre, a su padre o a ambos, y a partir de la cual el ser humano realiza todos los actos de su vida civil...". Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por Edgar Ramiro Estrella Dorado, mediante memorial de fs. 670 a 673, siendo concedida por Auto de 26 de agosto de 2021 en conformidad al art. 399 num. I del Código de las Familias y del Proceso Familiar. Conforme a los antecedentes descritos, para establecer la admisibilidad o la improcedencia del presente recurso, se pasa a analizar la pretensión del demandante por la que interpuso el presente proceso denominado "Nulidad de filiación". En ese entendido, se tiene que el instituto de la filiación se encuentra descrito en el título III y sus cinco capítulos de la Ley N° 603, definida en el art. 12 como: "I. La relación jurídico familiar que genera derechos y obligaciones de la madre; el padre o de ambos con relación a sus hijas o hijos. En relación a la madre, se la denomina maternidad, en relación al padre, se la denomina paternidad". II La filiación como derecho de las hijas e hijos se constituye en un vínculo jurídico y social que genera identidad de éstos en relación a su madre, a su padre o a ambos". Este instituto jurídico, puede a su vez ser opuesto por dos vías legales: 1. La Negación de Maternidad o Paternidad y 2, La Impugnación de Filiación (arts. 18 y sgtes. de la Ley N° 603). EI primero, faculta a quien figure en el registro como padre o madre en el plazo de seis meses desde que conoció el registro, así también se podrá impugnar por la persona que registró una filiación errónea en el término de cinco años computable desde la inscripción en el SERECI. Por otro lado, en cuanto a la impugnación de filiación, faculta a su interposición al interesado o su representado, o por quien ejerce la tutela cuando la filiación no le corresponda o se sintiere afectado por ella. Conforme la descripción normativa, se ha dispuesto únicamente estas dos vías legales para cuestionar la filiación de una persona, la primera en función a los progenitores y la segunda desde la postura del interesado o de quien se sintiere afectado por dicha filiación, por lo que los hechos que se postulen para cuestionar la filiación se deben subsumir a estas figuras preestablecidas por ley.

Bajo ese entendido, la pretensión del demandante de nulidad de filiación tiene por objeto el de impugnar la filiación de Jaime Amed Scussel Dorado y sus hijos Ronald Marcelo, Giovanni Christian y Aleyda Jaqueline Scussel Uzquiano, así como sus nietos Giovanna Shedenka y Leslie Denisse Scussel Choque, y que más allá del nombre que le haya puesto a su petición, su objeto estaba enfocado a cuestionar esa filiación, y ésta debió ser tramitada a través de la vía legal que el Código de las Familias y del Proceso Familiar ha establecido en su arts. 12 y sgtes. concordante con el sistema de procesos instituido en los art. 420.I y 434 de la misma normativa legal, por la que debe probar aquella impugnación en función a los hechos que deduce mediante proceso extraordinario. Que, si bien en el presente proceso se ha llevado adelante como si se tratase de una pretensión innominada, conforme al art. 420.II de la Ley N° 603, lo cual no es correcta, pues lo que se pretende es impugnar la filiación, y como lo referido ut supra no es la vía procesal pertinente, no obstante, se puede concluir que los de instancia otorgaron el derecho a la defensa de forma amplia a ambas partes para poder demostrar o desvirtuar la pretensión, emitiéndose la respectiva Sentencia y Auto de Vista; por lo que, conforme a la naturaleza del proceso que le corresponde a su pretensión de impugnación de filiación, el mismo no puede ser impugnado en casación. Bajo ese entendido el art. 434 de la Ley N° 603 establece en sus incisos c) y d) que la impugnación de filiación y negación de maternidad y paternidad será tramitada a través de un proceso extraordinario y que conforme al art. 444 de la misma normativa, contra el Auto de Vista interpuesto en este tipo de procesos, no procede el recurso de casación, así ya se tiene expuesto en el Auto Supremo N° 517/2020-RI de 05 de noviembre que señala: "El art. 434 inc. b) cataloga a la presente causa como proceso extraordinario siendo aplicable la disposición contenida en el art. 444 del mismo cuerpo legal (...) resultando entones que, por la determinación de la disposición legal glosada, no es posible que los fallos emitidos en procesos catalogados como extraordinarios puedan ser impugnados con recurso de casación". De lo expuesto precedentemente, se puede advertir que la resolución que dio origen al presente recurso, no es admisible en casación, pues de conformidad al art. 444 de la Ley No 603 el único recurso que admite las pretensiones de filiación acorde a los procesos extraordinarios es el de apelación, concluyéndose ahí el litigio (sic [fs.2 a 7]). II.3. Por Diligencias de Notificación realizada el 29 de octubre; por la cual, se notificó al ahora impetrante de tutela con “…Memorial de 28 de octubre de 2021 y proveído de 29 de octubre 2021…” (sic [fs.8]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación, acceso a la justicia, al principio de congruencia externa y dinámica e interpretación de la legalidad ordinaria (correcta aplicación de la norma); toda vez que, las autoridades demandadas mediante el referido Auto Supremo 893/2021-RI, declararon improcedente su recurso de casación: i) Con una incorrecta fundamentación, siendo que aplicaron equivocadamente las normas procesales a una demanda de naturaleza muy distinta a la que se tramitó en todo el proceso, siendo que el proceso familiar de nulidad de filiación se llevó a cabo conforme al art: 420.II de la Ley 603, empero, las autoridades ahora demandadas, sin ingresar al análisis de fondo sobre los agravios planteados en dicha demanda, modificaron su naturaleza jurídica (Ordinario-Familiar), por el de un proceso extraordinario de Impugnación de Filiación en atención de los arts. 420.1 y 434 de la misma norma; ello, con la finalidad de que su recurso no sea admisible, no se ingrese al análisis de fondo y consecuentemente, no se resuelvan los agravios planteados; ii) Con una evidente falta de congruencia externa, ya que contiene contradicciones entre sus considerandos III y IV; iii) Transgrediendo también el principio de congruencia interna, por cuanto, el precitado Auto Supremo 517/2020-RI no es aplicable al presente caso, pues, las partes no consintieron expresamente su tramitación a través de un proceso extraordinario; y, iv) Infringiendo asimismo el principio de legalidad ordinaria, toda vez que, las autoridades demandadas aplicaron incorrectamente los preceptos de los procesos extraordinarios a las de un proceso ordinario familiar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) De la interpretación de la legalidad ordinaria; b) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; c) Casos de flexibilidad en el cómputo del plazo de seis meses para plantear la acción de amparo constitucional; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. La interpretación de la legalidad ordinaria

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0231/2018-S2 de 28 de mayo, realizando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, asumió el siguiente entendimiento: En torno a la interpretación de la legalidad ordinaria, en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre se indicó que si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa, no se quebrantaron los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; dicho razonamiento fue ratificado por la SC 1917/2004-R de 13 de diciembre.

Posteriormente, a partir de las SSCC 0718/2005-R de 28 de junio y 0085/2006-R de 25 de enero, se estableció la carga argumentativa como requisito para el análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria. La interpretación de la legalidad ordinaria y su carga argumentativa, como criterio de autorestricción para el ejercicio del control de constitucionalidad, fue también ratificada de forma uniforme por las SSCC 0083/2010-R de 4 de mayo y 1038/2011-R de 22 de junio, entre otras y confirmada por la SCP 0039/2012 de 26 de marzo. Posteriormente, a través de la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, en una interpretación del modelo constitucional vigente a partir del 2009, se recondujo el entendimiento al sentido original del canon de constitucionalidad en la interpretación, plasmado en la Sentencia Constitucional 1846/2004-R; suprimiendo los requisitos de carga argumentativa exigidos en las líneas antes vigentes, para la interpretación de la legalidad ordinaria.

III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

2El FJ III.1, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional verificar si en la labor interpretativa desarrollada por la jurisdicción ordinaria se cumplieron con los requisitos de interpretación admitidos por el derecho y el juez o tribunal intérprete se ha sujetado al sistema de valores y principios que sustentan el sistema constitucional boliviano, para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional. No debe olvidarse que el art. 97 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión”. 3El FJ III.2, indica: “Conforme a ello, y atendiendo a que la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”. 4El FJ III.2, refiere: “Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de 7El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 8El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 9El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

(…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito 10El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 11El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 12El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela 13El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 14El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.3. Casos de flexibilidad en el cómputo del plazo de seis meses para plantear la acción de amparo constitucional

Al respecto, el art. 129.II de la CPE, establece que: "La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial". Sin embargo, la SC 0762/2003-R de 6 de junio, en su Fundamento Jurídico III.1 estableció que: …previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, cabe señalar que, si bien es cierto que, a través de su jurisprudencia, este Tribunal ha establecido que el recurso de amparo constitucional, adoptado en Bolivia como una De lo precisado en forma presente, se establece que el término de seis meses previsto en el art. 129.I de la Norma Suprema, se constituye en un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la acción de amparo constitucional pero que en atención al valor justicia, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad que impele otorgar un trato diferente a situaciones disímiles, dicha consideración no puede ser automática sino lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso en concreto; al efecto, si bien la norma y jurisprudencia, ha establecido que la acción de amparo constitucional, debe ser interpuesto en el plazo razonable de seis meses, no es menos cierto que, conforme a la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y/o grosera, de tal forma que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ni debe permitir se consuma.

III.4. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación, acceso a la justicia, al principio de congruencia externa y dinámica e interpretación de la legalidad ordinaria (correcta aplicación de la norma); toda vez que, las autoridades demandadas mediante Auto Supremo 893/2021-RI de 6 de octubre, declararon improcedente su recurso de casación: 1) Con una incorrecta fundamentación, siendo que aplicaron equivocadamente las normas procesales a una demanda de naturaleza muy distinta a la que se tramitó en todo el proceso, siendo que el proceso familiar de nulidad de filiación se llevó a cabo conforme al art: 420.II de la Ley 603, empero, las autoridades ahora demandadas, sin ingresar al análisis de fondo sobre los agravios planteados en dicha demanda, modificaron su naturaleza jurídica (Ordinario-Familiar), por el de un proceso extraordinario de Impugnación de Filiación en atención de los arts. 420.1 y 434 de la misma norma; ello, con la finalidad de que su recurso no sea admisible, no se ingrese al análisis de fondo y consecuentemente, no se resuelvan los agravios planteados; 2) Con una evidente falta de congruencia externa, ya que contiene contradicciones entre sus considerandos III y IV; 3) Transgrediendo también el principio de congruencia interna, por cuanto, el Auto Supremo 517/2020-RI de 5 de noviembre, no es aplicable al presente caso, pues, las partes no consintieron expresamente su tramitación a través de un proceso extraordinario; y, 4) Infringiendo asimismo el principio de legalidad ordinaria, toda vez que, las autoridades demandadas aplicaron incorrectamente los preceptos de los procesos extraordinarios a las de un proceso ordinario familiar. Identificadas las problemáticas traídas en revisión y previo a ingresar a su consideración, es necesario contextualizar los hechos de los cuales emergen las problemáticas; así se tiene que, el 13 abril de 2016, el ahora peticionante de tutela interpuso una demanda de nulidad de filiación hijo, consiguiente nulidad de partida de nacimiento y declaratoria de herederos contra Jaime Amed Scussel Dorado; Ronald Marcelo y Giovanni Christian ambos Scussel Uzquiano; y, Giovanna Shedenka y Lesslie Denisse ambas Scussel Choque; proceso familiar en el cual, el Juez Público de Familia Cuarto de La Paz emitió la Sentencia 135/2020 de 9 de marzo, declarando improbada la demanda, posteriormente, ante la impugnación interpuesta por el ahora accionante contra la referida Sentencia, los Vocales de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de Auto de Vista S-20/2021 de 19 de enero, resolvieron confirmar la Sentencia 135/2020 de 9 de marzo, lo cual generó que, el 30 de junio de 2021, el impetrante de tutela interponga recurso de casación contra el Auto de Vista S-20/2021 de 19 de enero solicitando "...ADMITA EL RECUSO DECLARANDO FUNDADO E INGRESANDO AL ANALISIS DE FONDO CASE EL AUTO DE VISTA No. S-20/2021 de fecha 19 de noviembre de 2021 y FALLANDO EN LO PRINCIPAL DECLARE PROBADA LA DEMANDA Y DISPONGA LO SOLICITADO EN LA MISMA O EN SU CASO AL EVIDENCIARSE LA MALA VALORACIÓN DE LA PRUEBA POR PARTE DEL JUEZ, AQUO Y EL TRIBUNAL ADQUEM, DISPONGA LA NULIDAD DE OBRADOS HASTA LA SENTENCIA A EFECTOS DE QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PROCEDA E EMITIR UN NUEVO FALLO CON LAS PRUEBAS CURSANTES EN EL EXPEDIENTE" (sic [Conclusión II.1]), impugnación que es resuelta por los Magistrados ahora demandados mediante el referido Auto Supremo 893/2021-RI, en el cual declararon improcedente el recurso de casación interpuesto (Conclusión II.2); finalmente, cursa Diligencia de Notificación realizada el 29 de octubre, por el cual, consta la notificación con Memorial de 28 de octubre de 2021 y proveído de 29 de octubre 2021, al demandante de tutela (Conclusión II.3). Ahora, previo al análisis de la problemática planteada, resulta pertinente establecer si en la presente causa, concurre una de las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional, como es el caso del cumplimiento del principio de inmediatez; al respecto, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional ha señalado que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; empero, también refirió que ese término no es rígido ni cerrado, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente. Tomando en cuenta que el impetrante de tutela identifica como al acto vulneratorio al Auto Supremo 893/2021-RI de 6 de octubre, con el cual se le habría notificado el 26 del mismo mes y año, se tiene que transcurrieron seis meses y dos días hasta la presentación de la acción tutelar, es decir, dos días posteriores al plazo previsto por los arts. 129.II de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por lo que, en observancia de la citada jurisprudencia que permite flexibilizar el plazo de la inmediatez por haberse excedido en solo dos días, al margen y en prescindencia de mecanismos legales establecidos, corresponde ingresar al examen de fondo de la problemática planteada. Conocidos los antecedentes del presente caso, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados por el demandante de tutela son evidentes y si en efecto los Magistrados ahora demandados actuaron apartándose de la normativa vigente; en ese sentido, se tiene que:

III.4.1. En cuanto a la lesión del debido proceso en su elemento congruencia

El solicitante de tutela denunció que los Magistrados ahora demandados al momento de proferir el citado Auto Supremo 893/2021-RI, lesionaron el derecho al debido proceso en su elemento congruencia; toda vez que, por una parte, se apartaron de los datos del proceso modificando arbitrariamente la naturaleza jurídica del proceso familiar sustanciado, y por otra, entraron en contradicción en sus considerandos III y IV al momento de invocar el señalado Auto Supremo 517/2020-RI, manifiestan la improcedencia del recurso de casación en procesos extraordinarios, sin percatarse que, en dicho precedente jurisprudencial las partes solicitaron la adecuación del proceso a la Ley 603, prosiguiéndose con tramitación del mismo como un proceso extraordinario, aspecto que no ocurre en el presente caso. Consiguientemente, en virtud a lo señalado precedentemente, considerando que en la presente problemática se denuncia la carencia de congruencia en el Auto Supremo, es preciso hacer alusión al entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, por el cual se sostuvo que el principio de congruencia como parte esencial del debido proceso posee una doble dimensión, pues por una parte exige la plena correspondencia o coincidencia entre lo peticionado y lo resuelto por las autoridades judiciales -congruencia externa-, lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, de incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos en incongruencia citra petita, al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes; y, por otra se refiere a la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión -congruencia interna-.

En relación a la congruencia externa Con la finalidad de establecer si es evidente o no que el referido Auto Supremo 893/2021-RI carece de congruencia externa, debido a que los Magistrados ahora demandados se habrían limitado a realizar una arbitraria modificación de la naturaleza jurídica del proceso que emergió como un proceso familiar ordinario innominado "Nulidad de Filiación" que si admite recurso de casación, a un proceso Extraordinario de "Impugnación de Filiación" que no admite recurso de casación; el análisis se hará a partir de la contrastación y verificación de los argumentos contenidos en el recurso de casación y los fundamentos expuestos en el observado Auto Supremo, los cuales fueron referidos en las Conclusiones II.1 y II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en tal sentido, se tiene: Agravios denunciados en el recurso de casación El peticionante de tutela, interpuso demanda de nulidad de filiación y otros contra Jaime Amed Scussel Dorado y ampliada contra sus hijos, alegando que no es hijo biológico de sus tíos Giovanni Scussel De Col y Elena Carlota Dorado viuda de Scussel, y que la inscripción de su filiación en el registro civil es nula, en contrapartida, el demandado sostiene que la inscripción de su filiación es válida y que es hijo de los fallecidos Giovanni Scussel De Col y Elena Carlota Dorado viuda de Scussel. La demanda en primera instancia fue declarada IMPROBADA mediante Resolución 135/2020 de 29 de marzo, y en segunda instancia fue CONFIRMADA mediante Auto de Vista S-20/2021 de 19 de enero, por lo que, presentó recurso de casación contra el referido Auto de Vista argumentando que existió: Error de hecho en la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada incurrió en un error de hecho al valorar la prueba, pues, sostiene que el tribunal no valoró correctamente la prueba documental que demuestra que su filiación es nula, como por ejemplo, la partida de bautismo anulada y el informe del Arzobispado de La Paz, al respecto manifestó:

“I.1 Tal como advertirá de antecedentes, luego de haber sido legalmente notificado con la Sentencia No. 135/2020 de fecha 09 de marzo de 2020, es que interpuse un recurso de apelación contenido en el memorial de fecha 08 de julio de 2020, es así al momento de establecer como punto de agravio la "ERRÓNEA aplicación del art.65 del CPE., al no ser aplicable a personas adultas que voluntariamente habrían obtenido su filiación, porque en ese caso NO SE PRESUME LA FILIACIÓN, sino debe demostrarse judicialmente para su legalidad" es así que el TRIBUNAL ADQUEM luego del trámite de ley emiten la resolución objeto de casación donde en su parte pertinente al momento de resolver este punto de agravio refieren textualmente lo siguiente:

"Lo mismo sucede en relación a que existiría aplicación errónea del art. 65 del CPE., puesto que no sería aplicable a personas adultas, toda vez que se advierte carencia de fundamente jurídico en el recurso, YA QUE DICHO REGISTRO FUE REALIZADO EN EL AÑO 1970 CUANDO EL DEMANDO NO ALCANZABA LA ADULTEZ (...)

Este argumento es completamente falso y demuestra un ERROR DE HECHO en la valoración de la prueba, ya que si bien es evidente que el Sr. JAIME AMED SCUSSEL DORADO registró su PARTIDA DE NACIMIENTO en 1970 y para ser más precisos el 09 de enero, empero dicho registro se realizó cuando el demandado tenía 33 años de edad, así lo deja ver claramente los documentos cursantes a fs. 45, 46, 185, 186 y 206, en ese sentido e claro cometieron un error de hecho al valorar la PARTIDA DE NACIMIENTO del demandado JAIME AMED SCUSSEL DORADO AL "REFERIR QUE EL DEMANDADO FUE REGISTRADO EN EL AÑO 1979 CUANDO NO ALCANZABA LA ADULTEZ", ya que como se mencionó y lo establece las pruebas antes descritas, el demandado realizó dicho registro cuando tenía 33 años de edad, hecho que me genera un agravio ya que los vocales ahora recurridos rechazaron un punto de agravio en base a una ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

1.2 Otro aspecto que demuestra que dentro de la resolución ahora recurrida existe ERROR DE HECHO al momento de valorar la prueba es respecto al AGRAVIO referente a la NULIDAD DE LA PARTIDA BAUTISMAL del demandado JAIME AMED SCUSSEL DORADO y precisamente los vocales ahora recurridos al memento de rechazar dicho agravio mencionaron lo siguiente: "Asimismo, en relación a que la partida bautismal hubiera sido anulada se advierte que dicha afirmación FALTA A LA VERDAD puesto que en la sentencia recurrida, a tiempo de efectuar la valoración judicial se ha determinado que a fs. 309 cursa el informe de fecha 11 de julio de 2017 emitido por Hugo Trujillo Ramos Canciller del Arzobispado de La Paz. que refiere que el bautismo de Jaime Amed Scussel Dorado tiene como registro de padres a Giovanni Scussel y Elena Carlota Dorado, lo mismo ocurre en relación a la inscripción de nacimiento y filiación en la Dirección General de Registro Civil, actualmente SERECI - Servicio de Registro Cívico, puesto que si bien se ha determinado que no cursaría antecedentes del registro, ello no implica su ausencia por la aplicación de la presunción de filiación."

Al respecto de este cabe mencionar que quien falta a la verdad y realizan una ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA son los vocales ahora recurridos, ya que si bien es evidente que el INFORME cursante a fs. 309 de obrados establece que la PARTIDA DE BAUTISMO del Sr. JAIME AMED SCUSSEL DORADO se encuentra vigente y registraría como padres a Giovanni Scussel y Elena Carlota Dorado, empero no es menos cierto que las literales cursantes a fs. 53, 54 y 447 de obrados establecen que por demanda de la supuesta madre del demandado la Sra. ELENACARLOTA DORADO se procedió a la NULIDAD de la PARTIDA DE BAUTISMO del demandado JAIME AMED SCUSSEL DORADO por contener FALSEDAD EN SU CONTENIDO, empero dicha partida de BAUTISMO fue repuesta en la gestión 2010 paradójicamente luego del fallecimiento de la Sra. ELENA CARLOTA DORADO, en ese sentido es claro que el tribunal ADQUEM no realizó una correcta compulsa de los antecedentes y realizó un MALA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.” (sic). Error de derecho en la valoración de la prueba, el impetrante de tutela alega que el Tribunal de Alzada incurrió en un error de derecho también al valorar la prueba, toda vez que, aplicó indebidamente la presunción de filiación, ya que esta presunción no puede ser aplicada en este caso porque existen pruebas que demuestran que la filiación es nula, en ese sentido expresó que:

“Tal como advertirá de antecedentes, mi persona luego de ser notificado con la Sentencia No. 135/2020 de fecha 09 de marzo de 2020 presentó un recurso de apelación por el cual establecí como punto de agravio la APRECIACIÓN DEFECTUOSA DE LAS PRUEBAS APORTADAS, al respecto tanto el juez AQUO y el tribunal ADQUEM no advirtieron que la ilegal filiación del demandado genera o inicia por el falso e irregular CERTIFICADO DE BAUTISMO del Sr. Jaime Amed Scussel Dorado, el mismo que supuestamente se habría realizado el 12 de mayo de 1951,empero revisado el informe cursante a Fs. 446 de obrados se puede establecer que esta persona habría sido bautizado como DORADO SCUSSEL JAIME AMED tal como se advierte del LIBRO 11. PS. 94 No. 282 y no así como SCUSSEL DORADO JAIME AMED, como falsamente refiere el certificado de bautismo de fs. 450, es más de la compulsa del informe cursante a fs. 448 se puede establecer que el demandado al momento de casarse refirió que se BAUTIZO el 22 de agosto de 1937 el mismo que se habría registrado en el libro 15, pág. 94 No. 282, empero dicho registro no existe tal como se advierte del informe cursante a fs. 446, por lo cual claramente estos documentos demuestran la FALSEDAD del CERTIFICADO DE BAUTISMO que utilizó el demandado y es precisamente en base a este documento es que esta persona empieza a utilizar el apellido SCUSSEL DORADO, supuesto hijo de los esposos Giovanni Scussel y Elena Carlota Dorado, es así que empieza a realizar su vida civil con ese nombre, ingresando al colegio, ejercito, llegando a obtener documentos con dicho nombre, precisamente gracias a esos documentos, es que consigue su carnet de identidad, dentro de obrados cursa las TARJETAS PRONTUARIO del demandado, los mismos que no fueron valorados y menos compulsados por el juez AQUO, donde claramente se establece que el Sr. SCUSSEL DORADO no tenía PARTIDA DE NACIMIENTO, empero pese a ello y en base a otros documentos como su CERTIFICADO DE BAUTISMO, LIBRETA MILITAR Y LIBRETAS DE COLEGIO es que logra obtener su carnet de identidad, empero lo que se debe establecer que todos estos documentos que fueron compulsados por el juez AQUO y tribunal ADQUEM, se generaron en base a un DOCUMENTO FALSO que es el CERTIFICADO DE BAUTISMO ya que de la compulsa de las literales cursantes a fs. 53, 54 y 447 de obrados se puede establecer que dicho documento en fecha 02 de marzo de 1964 fue ANULADO por contener datos falsos y dicha disposición surtió efecto hasta el 28 de septiembre de 2010 en cuya techa se dispuso la reposición de la partida, en ese sentido el TRAMITE realizado por el demandado para la INSCRIPCIÓN JUDICIAL de SU PARTIDA DE NACIMIENTO en la gestión 1970 es completamente ilegal, ya que se utilizó documentación ANULADA así como documentos que se generaron en base a un CERTIFICADO DE BAUTIZMO con DATOS FALSOS y que fue ANULADO

Por otra parte, el juez AQUO y el tribunal ADQUEM no compulsaron el TESTAMENTO ABIERTO Giovanni Scussel donde menciona no tener hijos cursante a fs. 55, lo propio ocurre con el INFORME 000196 cursante a fs. .59 donde la Sra. ELENA CARLOTA DORADO refiere que no tiene hijos, aspecto corroborado por la LIBRETA DE MATRIMONIO de estas personas donde no figura ningún hijo registrado, documentos que establecen claramente que el demandado de forma ilegal y unilateral se apropió de un apellido que no le corresponde, documentos que no fueron debidamente compulsados por el juez AQUO y tribunal ADQUEM.” (sic). Inadecuada aplicación de la ley referente a las presunciones legales, manifestando que los Vocales que emitieron el cuestionado Auto de Vista, aplicaron indebidamente la ley referente a las presunciones legales, por cuanto, no tomaron en cuenta las reglas o máximas de experiencia al valorar la prueba y que, por ello, su decisión es contraria al principio de legalidad y al debido proceso, expresando al respecto lo siguiente:

Del contenido tanto de la Sentencia No. 135/2020 de fecha 09 de marzo de 2020y el Auto de vista No. 520/2021 de fecha 19 de noviembre de 2021, se puede establecer que las autoridades que emitieron dichas resoluciones se apoyaron en PRESUNCIONES LEGALES, tal como es el caso de la PRESUNCION DE FILIACION que se genera en base al principio de FAVOR FILII reconocido dentro de la Sentencia Constitucional Plurinacional no. 934/2016 de fecha 05 de octubre de 2016, criterio que tiene como fundamento el art. 65 de la CPE., empero el instituto, de las presunciones legales que si bien es una atribución de la autoridad jurisdiccional al momento de resolver una determinada causa, la misma no puede estar sujeto al arbitrio del mismo, ya que debe responder a las REGLAS O MAXIMAS DE EXPERIENCIA que la jurisprudencia ha establecido y al respecto el. Auto Supremo No. 896/2019 de fecha 06 de septiembre de 2019 refiere lo siguiente:

"III.2. De las presunciones.

El autor Víctor de Santo, indica: "El vocablo "presumir"

(preasumere) implica la suposición de que determinada cosa es cierta sin que se halle demostrada o conste. (..). La presunción es un juicio lógico del legislador o del juez (según se trate de presunción legal o judicial). En su mérito, se toma como cierto o probable un hecho (esto último cuando la presunción es judicial o de hombre) con base en las reglas o máximas de la experiencia, que le dicen cuál es la forma normal en que ocurren las cosas y los hechos."

Alexander Rioja Bermúdez, mantiene: "La presunción es el razonamiento lógico-critico que a partir de uno o más hechos indicadores lleva al juez a la certeza del hecho investigado, esta es de carácter legal o judicial (…). Las presunciones no constituyen propiamente medios de prueba en tanto que no pueden ser aportados por las partes o solicitados de oficio en el proceso son más bien juicios lógicos o críticos basados en los hechos indicadores que producen convicción en el juez respecto de algún hecho trascendente en el proceso". Existe controversia sobre si las presunciones son o no medios de prueba, sin embargo, es evidente, que la presunción es un juicio de razonamiento lógico critico valorativo que conduce al juzgador, determinar la probabilidad o certeza de un hecho o acto jurídico en la forma como pudo acontecer y que es importante para la resolución del proceso.

En el ámbito procesal existen dos tipos de presunción, legal y judicial; como su nombre indica la presunción legal proviene de la ley y esta puede ser iuris tantum o juris et de iure, Víctor de Santo orienta: "Las presunciones legales son necesariamente de derecho y pueden ser iuris tantum e iuris et de iure, no pueden existir sin norma legal expresa que las contemple. Las presunciones iuris tantum permiten probar en contrario del hecho presumido, en tanto que las iuris et de iure no, y consecuentemente son definitivas y concluyentes. Alexander Rioja Bermúdez las denomina absolutas y relativas: "Si, la norma procesal señala que en el caso que la ley califique una presunción con carácter absoluto no cabe prueba en contrario. El beneficiario de tal presunción solo ha de acreditar la realidad del hecho que a ella le sirve de base. Cuando la ley presume una conclusión con carácter relativo, la carga de la prueba se invierte en favor del beneficiario de tal presunción. Empero, este ha de acreditar la realidad del hecho que a ella le sirve de presupuesto, de ser el caso". Es decir, cuando la presunción es absoluta o iuris et de iure, no admite prueba en contrario, en cambio cuando la presunción es iuris tantum o relativa, puede ser refutada mediante prueba contraria.

De la presunción judicial Víctor de Santo, indica: "Las presunciones judiciales tiene la finalidad de servirle de guía al magistrado para evaluar las pruebas. El juzgador, según las circunstancias, infiere una presunción judicial a favor o en contra de la verosimilitud de los hechos que son objeto de esas pruebas y de la sinceridad del sujeto que se los hace conocer.". Alexander Rioja Bermúdez describe: "Constituye aquella actividad mental que realiza el magistrado para considerar la existencia, de un hecho como probable, por tanto es una actividad meramente procesal, en tanto que orienta al juez respecto del material probatorio, infiriendo este como consecuencia de su raciocinio una presunción con relación a los hechos objeto de prueba, es la aplicación de la máxima de la experiencia para la valoración probatoria.". La presunción judicial se encuentra librada al criterio del juzgador quien en base al presupuesto expuesto y la prueba que no llega a ser concluyente del todo, forma raciocinio presumiendo como pudo configurarse el hecho o acto jurídico. Finalmente, el Auto Supremo N° 295/2013 de 07 de junio, informa: "Para orientar el presente fallo corresponde citar a Arturo Alessandri R, Manuel Gomarriva U., y Antonio Vodanovic H., quienes en la obra de Tratado de Derecho Civil señalan: "..que por presunción se entiende como el resultado de una operación lógica, mediante la cual partiendo de un hecho conocido se llega a aceptar otro desconocido o incierto. Las presunciones se basan en el supuesto de que debe ser verdadero en el caso concreto lo que suele serlo de ordinario en la mayor parte de los casos en que entran los antecedentes o circunstancias conocidas...", en criterio de los mencionados autores y como está legislado en la mayoría de los cuerpos legales en materia de prueba diremos que, las presunciones se clasifican en judiciales y presunciones legales, las primeras entendidas como simples o del hombre, son las que establece el Juez, fundado en las circunstancias o antecedentes concomitantes o subsiguientes al hecho principal que se examina, obviamente que siendo propias del operador de justicia (conjeturas), la ley no las enumera por su carácter infinito; en cambio las presunciones legales pueden ser las propiamente dichas o las de derecho, según admitan o no prueba en contrario, las primeras consideradas como debatibles (iure et de iure, derecho por derecho que no admite prueba en contrario) y las segundas como perentorias (juris tantum, que admiten prueba en contrario)."

En el presente caso tanto el juez de PRIMERA INSTANCIA como también el tribunal de ALZADA utilizaron una presunción legal para establecer la LEGALIDAD de la inscripción de la partida de NACIMIENTO registrado en la Oficialía de Registro Civil No. A4, Libro No. 1-70, Partida No. 30, Folio No. 2, la misma que fue ordenada "aparentemente" en fecha 05 de enero de 1970 por orden del Juez de Instrucción Dr. Darío Rodríguez, ya que para ellos independientemente que NO EXISTA DICHA ORDEN JUDICIAL en los registros del SERECI, así como en el JUZGADO PUBLICO CIVIL Y COMERCIAL 20 DEL TRIBUNAL DE LA PAZ donde habría fungido como juez el Dr. DARIO RODRIPEZ, esto no significa que dicha orden judicial no se emitió o sería falsa, ya que simplemente no se tiene constancia en los archivos por la data del tiempo, por lo cual dicha inscripción habría sido legal y apoyan dicho argumento en la PRESUNCIÓN DE FILIACION, empero como se dijo las PRESUNCIONES LEGALES deben estar sujetas a la REGLA O MAXIMAS DE EXPERIENCIA y no simplemente llegar a una conclusión y pretender sustentarla con una presunción legal, en ese sentido si se hubiera cumplido con dichas reglas el juez y tribunal se hubieran dado cuenta, que dicho trámite en el caso de establecer su existencia, no habría sido legal ya que se utilizó documentación que fueron generadas en base a un CERTIFICADO BAUTISMAL FALSO Y ADEMAS que en esa fecha (1970) el mismo se encontraba ANULADO, por otra parte se debió tomar en cuenta la actitud desplegada de la supuesta madre del demandado quien solicitó la NULIDAD DE LA PARTIDA DE BAUTISMO y esto ocurrió porque ella sabía que no era su hijo y que dicho documento se la elaboró con datos falsos, precisamente por ello es que el demandado esperó el fallecimiento de la Sra. ELENA CARLOTA DORADO para realizar la reposición de su PARTIDA BAUTISMAL que se realizó en la gestión 2010,en ese sentido es claro que el juez de primera instancia así como el tribunal de alzada al utilizar una PRESUNCIÓN LEGAL para establecer la legalidad de la PARTIDA DE NACIMIENTO del demandado, sin no tomar en cuenta la documentación que acreditaba que dicho trámite no tiene respaldo documental para su existencia, asi como de su LEGALIDAD al existir elementos de prueba que dicho trámite se realizó en base a documentación falsa y nula, realizaron una INDEBIDA APLICACIÓN DE LA LEY, hecho que va en contra de PRINCIPIO DE LEGADAD Y EL DEBIDO PROCESO previsto y sancionado en el art. 115 y 118 de la CPE., evidenciarse…” (sic). Al respecto, las autoridades demandadas emitieron el Auto Supremo 893/2021-RI de 6 de octubre, centrando su análisis en dos puntos relevantes respecto de la demanda de nulidad de filiación planteada por el ahora recurrente de tutela, y de la normativa aplicable al presente caso, como sigue: Sobre la naturaleza del proceso, al respecto, expresaron que el demandante erróneamente inició un proceso de “nulidad de filiación", cuando la pretensión debía tramitarse como un proceso extraordinario de “impugnación de filiación” según el Código de las Familias y del Proceso Familiar, justificando:

“En el marco de lo preceptuado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, principio por el cual las partes pueden solicitar a otro juzgador superior que revise la resolución del inferior con la finalidad de que se fiscalice no solo la decisión asumida sino también su legalidad de ésta; empero, no se debe dejar de lado el hecho de que este principio, en determinados casos se encuentra limitado a determinados procesos, que el Código de las Familias y del Proceso Familiar (Ley N° 603) ha establecido, por lo que para su viabilidad o procedencia se debe verificar si se reúne ciertos requisitos establecidos en la norma procedimental señalada; en ese entendido y ante la vigencia plena de la Ley No 603, corresponde a continuación, considerar los requisitos de admisibilidad que todo recurso de casación debe contener, conforme al procedimiento establecido en el art. 400 con relación a los arts. 393, 395, 396 de la mencionada ley.

1. De la resolución impugnada.

Del Auto de Vista No S-20/2021 de 19 de enero, cursante de fs. 661 a 662; se advierte que el mismo absuelve un recurso de apelación que fue interpuesto contra una Sentencia dictada dentro de un proceso sobre nulidad de filiación; acción que estaría comprendida para su trámite como un proceso extraordinario conforme al art. 434. c) de la Ley N° 603 y que conforme al art. 444 de la citada norma contra dicho Auto de Vista no procede recurso de casación, conforme se explica consiguientemente.

EI Auto Supremo N° 517/2020-RI de 05 de noviembre expresó al respecto:"...la juez A quo, pronunció el Auto definitivo de 21 de marzo de 2019 (fs. 339 a 341) declarando probado el incidente y disponiendo el archivo de obrados, con el fundamento principal en sentido que, por disposición de la Ley No 603, la filiación debe ser impugnada por la o el interesado o su representante o quién ejerza la tutela cuando sienta que es afectado por la misma, o que legalmente no le corresponda. Esta resolución definitiva motivó el presente recurso tras haber sido confirmada por el Auto de Vista ahora recurrido.

Ahora bien, del análisis precedente de los antecedentes que informan de la causa, se concluye de manera indubitable lo siguiente: a) Fue el propio recurrente quién de manera reiterada solicitó la adecuación del proceso a la nueva normativa del Código Procesal Civil y Código de las Familias; b) En audiencia pública (fs. 315), la demandada planteó incidente de actividad procesal defectuosa al no haberse adecuado hasta ese momento el proceso a la nueva normativa del Código de las Familias, declarado probado por Auto de 08 de enero de 2019 (fs. 316), y se determinó la prosecución del proceso como PROCESO EXTRAORDINARIO; c) La adecuación del proceso dentro del alcance del art. 434 inc. b) dela Ley NO 603, no fue observada por ninguna de las partes, extremo que importa total consentimiento a la tramitación del proceso como proceso extraordinario.

Bajo el marco establecido precedentemente, es indispensable considerar entonces que la causa fue adecuada al sistema de procesos prevista por el art. 420.I del Código de las Familias, bajo la naturaleza del proceso extraordinario, haciéndose necesario ver si bajo la normativa establecida para este tipo de proceso, está permitido el recurso de casación. (...)

Sobre el tema el art. 364.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar señala: I.- Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código; norma que otorga un criterio generalizador para el tema de recursos, orientando en sentido de que las resolución judiciales son impugnables, de acuerdo a lo que determine o permita la normativa de la Ley No 603,ahora en conformidad con lo referido de la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación, el art. 392.I del mismo Código es claro al establecer: 'El recurso de casación procede para impugnar autos de vista, en los casos previstos en el presente código', la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita que el recurso de casación procede en los casos expresamente establecidos por Ley, por lo que debe precisarse cuáles resultan ser esos casos.

Al fin indicado se tiene que la Ley N° 603, ha establecido un nuevo esquema procedimental, generando dentro de estas diversas clases de procesos, como ser el proceso ordinario, proceso extraordinario y el proceso por resolución inmediata. El art. 434 inc. b) cataloga a la presente causa como proceso extraordinario siendo aplicable la disposición contenida en el art, 444 del mismo cuerpo legal que señala:'(Remisión) Presentada la apelación, previo traslado a la parte contraria, la autoridad judicial remitirá al superior los actuados correspondientes. Contra el Auto de Vista no procede recurso de casación', resultando entones que, por la determinación de la disposición legal glosada, no es posible que los fallos emitidos en procesos catalogados como extraordinarios puedan ser impugnados con recurso de casación". El agotamiento de la vía recursiva y la inadmisibilidad del recurso de casación en procesos extraordinarios: La parte demandada considera que las instancias previas (primera instancia y apelación) otorgaron el derecho a la defensa de las partes, por lo que el Auto de Vista no es susceptible de impugnación en casación, así lo establece el art. 444 de la referida Ley, al referir que contra el Auto de Vista en procesos extraordinarios, como la impugnación de filiación, no procede el recurso de casación. Esta disposición fue reiterada en el mencionado Auto Supremo 517/2020-RI, expresando las autoridades demandadas, lo siguiente:

“En ese entendido de la revisión de antecedentes, del memorial de demanda cursante de fs. 81 a 90 y vta. de obrados, subsanado de 98 a 99 vta., y a fs. 106 y vta., Edgar Ramiro Estrella Dorado pretende la nulidad de filiación de hijo y consiguiente nulidad de partida de nacimiento contra Jaime Amed Scussel Dorado y Ronald Marcelo, Giovanni Christian, Aleyda Jaqueline todos Scussel Uzquiano, Giovanna Shedenka y Lesslie Denisse ambas Scussel Choque; señalando que el certificado de nacimiento de Jaime Amed Scussel Dorado fue obtenido con orden judicial, además inexistente en archivos, documento con el que se hizo declarar heredero y con ello hizo prosperar la anulabilidad del proceso civil ordinario; también señala que el demandado no tiene un vínculo de consanguineidad como para establecer ser hijo legítimo de Giovanni Scussel y Elena Carlota Dorado Vda. de Scussel.

Que por Resolución N° 763/2016 de 28 de julio, se admite la demanda de nulidad de filiación de conformidad al art. 420.II del Código de las Familias. Corrido en traslado a la parte demandada, responde por memoriales cursantes de fs. 175 a 179 vta., y 351 a 354 vta. por el cual señala que el presente proceso es una impugnación de su filiación que está previsto de forma expresa en el Código-de las Familias, y que el demandante no explicó el fundamento legal que valide su petición como "Nulidad de Filiación", más aún cuando cualquier impugnación a su filiación prescribió al tener su persona 79 años, siendo imprescriptible únicamente en el caso de los hijos conforme el art. 22 del Código de las Familias. Llevada adelante la audiencia preliminar y complementaria, de conformidad a los arts. 420, 427 y 429 de la Ley N° 603, en Sentencia se determinó declarar IMPROBADA la demanda debido a que se llegó a establecer que el nacimiento y filiación de Jaime Amed Scussel Dorado fue establecida mediante una orden judicial emitida por autoridad judicial y que, en base a su inscripción en el Registro Civil, él realizó todos los actos de su vida pública (estudios, familia y otros), refiriendo que la declaración unilateral de Giovanni Scussel, así como de Elena Carlota Vda. de Scussel no constituyeron medios probatorios idóneos para dejar sin efecto la inscripción de la partida de nacimiento, debiendo ser los padres quienes inicien la acción correspondiente para invalidar esa inscripción.

Resolución de primera instancia que al ser recurrida en apelación por Edgar Ramiro Estrella Dorado mediante el memorial de fs. 626 a 627 vta.; originó que la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista No S-20/2021 de 19 de enero, cursante de fs. 661 a 662, CONFIRMANDO la Sentencia apelada, en la que se señala "… no es suficiente la declaración unilateral de su desconocimiento, ya que la filiación de acuerdo al art. 12 de la Ley N° 603 constituye un derecho y garantía de las hijas e hijos y vínculo jurídico y social que genera identidad de éstos en relación a su madre, a su padre o a ambos, y a partir de la cual el ser humano realiza todos los actos de su vida civil...". Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por Edgar Ramiro Estrella Dorado, mediante memorial de fs. 670 a 673, siendo concedida por Auto de 26 de agosto de 2021 en conformidad al art. 399 num. I del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

Conforme a los antecedentes descritos, para establecer la admisibilidad o la improcedencia del presente recurso, se pasa a analizar la pretensión del demandante por la que interpuso el presente proceso denominado "Nulidad de filiación".

En ese entendido, se tiene que el instituto de la filiación se encuentra descrito en el titulo III y sus cinco capítulos de la Ley N° 603, definida en el art. 12 como: "I. La relación jurídico familiar que genera derechos y obligaciones de la madre; el padre o de ambos con relación a sus hijas o hijos. En relación a la madre, se la denomina maternidad, en relación al padre, se la denomina paternidad". II La filiación como derecho de las hijas e hijos se constituye en un vínculo jurídico y social que genera identidad de éstos en relación a su madre, a su padre o a ambos". Este instituto jurídico, puede a su vez ser opuesto por dos vías legales: 1. La Negación de Maternidad o Paternidad y 2, La Impugnación de Filiación (arts. 18 y sgtes. de la Ley N° 603). EI primero, faculta a quien figure en el registro como padre o madre en el plazo de seis meses desde que conoció el registro, así también se podrá impugnar por la persona que registró una filiación errónea en el término de cinco años computable desde la inscripción en el SERECI. Por otro lado, en cuanto a la impugnación de filiación, faculta a su interposición al interesado o su representado, o por quien ejerce la tutela cuando la filiación no le corresponda o se sintiere afectado por ella. Conforme la descripción normativa, se ha dispuesto únicamente estas dos vías legales para cuestionar la filiación de una persona, la primera en función a los progenitores y la segunda desde la postura del interesado o de quien se sintiere afectado por dicha filiación, por lo que los hechos que se postulen para cuestionar la filiación se deben subsumir a estas figuras preestablecidas por ley. Bajo ese entendido, la pretensión del demandante de nulidad de filiación tiene por objeto el de impugnar la filiación de Jaime Amed Scussel Dorado y sus hijos Ronald Marcelo, Giovanni Christian y Aleyda Jaqueline Scussel Uzquiano, así como sus nietos Giovanna Shedenka y Leslie Denisse Scussel Choque, y que más allá del nombre que le haya puesto a su petición, su objeto estaba enfocado a cuestionar esa filiación, y ésta debió ser tramitada a través de la vía legal que el Código de las Familias y del Proceso Familiar ha establecido en su arts. 12 y sgtes. concordante con el sistema de procesos instituido en los art. 420.I y 434 de la misma normativa legal, por la que debe probar aquella impugnación en función a los hechos que deduce mediante proceso extraordinario.

Que, si bien en el presente proceso se ha llevado adelante como si se tratase de una pretensión innominada, conforme al art. 420.II de la Ley N° 603, lo cual no es correcta, pues lo que se pretende es impugnar la filiación, y como lo referido ut supra no es la vía procesal pertinente, no obstante, se puede concluir que los de instancia otorgaron el derecho a la defensa de forma amplia a ambas partes para poder demostrar o desvirtuar la pretensión, emitiéndose la respectiva Sentencia y Auto de Vista; por lo que, conforme a la naturaleza del proceso que le corresponde a su pretensión de impugnación de filiación, el mismo no puede ser impugnado en casación. Bajo ese entendido el art. 434 de la Ley N° 603 establece en sus incisos c) y d) que la impugnación de filiación y negación de maternidad y paternidad será tramitada a través de un proceso extraordinario y que conforme al art. 444 de la misma normativa, contra el Auto de Vista interpuesto en este tipo de procesos, no procede el recurso de casación, así ya se tiene expuesto en el Auto Supremo N° 517/2020-RI de 05 de noviembre que señala: "El art. 434 inc. b) cataloga a la presente causa como proceso extraordinario siendo aplicable la disposición contenida en el art. 444 del mismo cuerpo legal (...) resultando entones que, por la determinación de la disposición legal glosada, no es posible que los fallos emitidos en procesos catalogados como extraordinarios puedan ser impugnados con recurso de casación".

De lo expuesto precedentemente, se puede advertir que la resolución que dio origen al presente recurso, no es admisible en casación, pues de conformidad al art. 444 de la Ley No 603 el único recurso que admite las pretensiones de filiación acorde a los procesos extraordinarios es el de apelación, concluyéndose ahí el litigio…” (sic). Según lo denunciado, se advierte que en el referido Auto Supremo 893/2021-RI, de inicio, los Magistrados ahora demandados si bien efectúan una contextualización cronológica de la demanda desde su planteamiento hasta llegar al recurso de casación, identifican inmediatamente que la naturaleza del proceso corresponde a la de un proceso extraordinario de "impugnación' de filiación", que no debió ser tramitada como proceso ordinario innominado de "nulidad de filiación", por lo que, esgrimieron su fundamentación centrada en la naturaleza de la demanda para declarar la improcedencia del recurso de casación, de lo que se advierte, que ni siquiera se refirieron a los agravios planteados por el recurrente en casación, es decir que, respecto al error de hecho en la valoración de la prueba denunciado, no hubo pronunciamiento por parte de las autoridades demandadas; con relación al error de derecho en la valoración de la prueba, tampoco hubo pronunciamiento alguno, así como también omitieron pronunciarse, respecto de' la inadecuada aplicación de la ley referente a las presunciones legales denunciada como agravio en el recurso de casación. En virtud a todo lo expuesto precedentemente queda demostrado que las autoridades ahora demandados omitieron la consideración de los agravios alegados y su consecuentemente resolución, vulnerando el derecho al debido proceso en un elemento congruencia en su dimensión externa, al incurrir en lo que se denomina incongruencia citra petita que se constituye en una omisión de pronunciamiento que quiebra la correlación entre los puntos controvertidos y los resueltos en la decisión. Lo concerniente a la congruencia interna Debe precisarse que, si bien a partir del análisis efectuado en el acápite precedente, sería posible determinar que el Auto Supremo impugnado también carecería de congruencia interna, debido a que no existiría una lógica y coherencia interna de la resolución judicial; no obstante, en el caso concreto, es necesario ingresar a analizar en particular la denuncia del solicitante de tutela, relativa a que existirían contradicciones que afectan la congruencia interna del Auto Supremo 893/2021-RI; entonces del: "análisis que realiza los magistrados ahora accionados, logran establecer que tanto las PARTES como las AUTORIDADES JURISDICCIONALES consienten que el proceso sea ORDINARIO y en ningún momento del proceso se solicitó una ADECUACIÓN DEL PROCESO para que se lo tramite como PROCESO EXTRAORDINARIO, en ese sentido es claro que existe contradicción en ambos considerandos, puesto que en el presente caso JAMAS EXISTIÓ CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES Y MENOS RESOLUCIÓN ALGUNA que adecue el proceso para que se lo tramite como PROCESO EXTRAORDINARIO y sea inviable el RECURSO DE CASACIÓN" (sic). En tal sentido, del Auto Supremo en cuestión, se advierte que el Considerando III, denominado como DOCTRINA APLICABLE AL CASO, las autoridades demandadas invocaron al señalado Auto Supremo 893/2021-RI refiriendo que respecto a la improcedencia del recurso de casación en proceso extraordinarios, estableció que la Ley 603 instituye la filiación como un derecho fundamental y regula dos vías para impugnarla: negación de maternidad/paternidad e impugnación de filiación, que al respecto, el demandante no utilizó la vía legal adecuada, lo que motivó la improcedencia del recurso de casación, pues, como se dijo, el recurso de casación solo procede en los casos expresamente establecidos por ley, y la impugnación de filiación no se encuentra dentro de esos casos, así lo establece el artículo 444 de la Ley 603, identificando además, que las partes consintieron en la tramitación del proceso como extraordinario al no objetar la adecuación a la nueva normativa, aclarando que la Ley 603 establece un nuevo esquema procedimental que excluye el recurso de casación en procesos extraordinarios como la impugnación de filiación, siendo su pronunciamiento literal:

“El Auto Supremo N° 517/2020-RI de 05 de noviembre expresó al respecto:"...la juez A quo, pronunció el Auto definitivo de 21 de marzo de 2019 (fs. 339 a 341) declarando probado el incidente y disponiendo el archivo de obrados, con el fundamento principal en sentido que, por disposición de la Ley No 603, la filiación debe ser impugnada por la o el interesado o su representante o quién ejerza la tutela cuando sienta que es afectado por la misma, o que legalmente no le corresponda. Esta resolución definitiva motivó el presente recurso tras haber sido confirmada por el Auto de Vista ahora recurrido.

Ahora bien, del análisis precedente de los antecedentes que informan de la causa, se concluye de manera indubitable lo siguiente: a) Fue el propio recurrente quién de manera reiterada solicitó la adecuación del proceso a la nueva normativa del Código Procesal Civil y Código de las Familias; b) En audiencia pública (fs. 315), la demandada planteó incidente de actividad procesal defectuosa al no haberse adecuado hasta ese momento el proceso a la nueva normativa del Código de las Familias, declarado probado por Auto de 08 de enero de 2019 (fs. 316), y se determinó la prosecución del proceso como PROCESO EXTRAORDINARIO; c) La adecuación del proceso dentro del alcance del art. 434 inc. b) dela Ley NO 603, no fue observada por ninguna de las partes, extremo que importa total consentimiento a la tramitación del proceso como proceso extraordinario.

Bajo el marco establecido precedentemente, es indispensable considerar entonces que la causa fue adecuada al sistema de procesos prevista por el art. 420.I del Código de las Familias, bajo la naturaleza del proceso extraordinario, haciéndose necesario ver si bajo la normativa establecida para este tipo de proceso, está permitido el recurso de casación. (...)

Sobre el tema el art. 364.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar señala: I.- Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código; norma que otorga un criterio generalizador para el tema de recursos, orientando en sentido de que las resolución judiciales son impugnables, de acuerdo a lo que determine o permita la normativa de la Ley No 603,ahora en conformidad con lo referido de la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación, el art. 392.I del mismo Código es claro al establecer: 'El recurso de casación procede para impugnar autos de vista, en los casos previstos en el presente código', la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita que el recurso de casación procede en los casos expresamente establecidos por Ley, por lo que debe precisarse cuáles resultan ser esos casos.

Al fin indicado se tiene que la Ley N° 603, ha establecido un nuevo esquema procedimental, generando dentro de estas diversas clases de procesos, como ser el proceso ordinario, proceso extraordinario y el proceso por resolución inmediata. El art. 434 inc. b) cataloga a la presente causa como proceso extraordinario siendo aplicable la disposición contenida en el art, 444 del mismo cuerpo legal que señala:'(Remisión) Presentada la apelación, previo traslado a la parte contraria, la autoridad judicial remitirá al superior los actuados correspondientes. Contra el Auto de Vista no procede recurso de casación', resultando entones que, por la determinación de la disposición legal glosada, no es posible que los fallos emitidos en procesos catalogados como extraordinarios puedan ser impugnados con recurso de casación" (sic.) Ahora bien, el cuestionado Auto Supremo refirió en su considerando IV denominado Fundamentos de la Resolución, entre otros aspectos, que el demandante debió haber interpuesto una demanda de impugnación de filiación para poder cuestionar la filiación de Jaime Amed Scussel Dorado y sus descendientes, concluyendo que: “Que, si bien en el presente proceso se ha llevado adelante como si se tratase de una pretensión innominada, conforme al art. 420.II de la Ley N° 603, lo cual no es correcta, pues lo que se pretende es impugnar la filiación, y como lo referido ut supra no es la vía procesal pertinente, no obstante, se puede concluir que los de instancia otorgaron el derecho a la defensa de forma amplia a ambas partes para poder demostrar o desvirtuar la pretensión, emitiéndose la respectiva Sentencia y Auto de Vista; por lo que, conforme a la naturaleza del proceso que le corresponde a su pretensión de impugnación de filiación, el mismo no puede ser impugnado en casación.

Bajo ese entendido el art. 434 de la Ley N° 603 establece en sus incisos c) y d) que la impugnación de filiación y negación de maternidad y paternidad será tramitada a través de un proceso extraordinario y que conforme al art. 444 de la misma normativa, contra el Auto de Vista interpuesto en este tipo de procesos, no procede el recurso de casación, así ya se tiene expuesto en el Auto Supremo N° 517/2020-RI de 05 de noviembre que señala: "El art. 434 inc. b) cataloga a la presente causa como proceso extraordinario siendo aplicable la disposición contenida en el art. 444 del mismo cuerpo legal (...) resultando entones que, por la determinación de la disposición legal glosada, no es posible que los fallos emitidos en procesos catalogados como extraordinarios puedan ser impugnados con recurso de casación".

De lo expuesto precedentemente, se puede advertir que la resolución que dio origen al presente recurso, no es admisible en casación, pues de conformidad al art. 444 de la Ley No 603 el único recurso que admite las pretensiones de filiación acorde a los procesos extraordinarios es el de apelación, concluyéndose ahí el litigio.” (sic). Sobre el punto anterior, refirió en el acápite anterior, el análisis y fundamentación del mencionado Auto Supremo 893/2021-RI se centró en la naturaleza del proceso, el agotamiento de la vía recursiva y la inadmisibilidad del recurso de casación en procesos extraordinarios, de cuyos considerandos III y IV se desprende que los Magistrados demandados citan el citado Auto Supremo 517/2020-RI para fundamentar su decisión de declarar improcedente el recurso de casación; aspecto que fue observado por la parte demandante, aludiendo contradicción entre ambos Considerandos. Al respecto, se tiene que, resulta ser evidente que este precedente jurisprudencial no sería aplicable al caso concreto, ya que se refiere a un proceso en el cual las partes consintieron expresamente la tramitación como proceso extraordinario; siendo además evidente la contradicción existente en su Considerando IV al momento en que los Magistrados afirman que el proceso no se adecuó a la Ley 603 para tramitarse como proceso extraordinario, afirmación con la cual se contradice lo señalado en el Considerando III, ya que, si el proceso no se adecuó, no existió consentimiento de las partes para tramitarlo como proceso extraordinario. Consecuentemente, a partir del análisis efectuado ut supra, se pudo establecer de manera clara, concreta y contundente que lo denunciado por el peticionante de tutela (respecto a que existiría contradicción entre los Considerandos III y IV del Auto Supremo 893/2021-RI, y por consiguiente, vulneración. del principio de congruencia interna); teniendo que, resulta ser evidente el hecho de que las partes no dieron su aquiescencia para tramitar la causa como una extraordinaria, como contradictoriamente se señala en los Considerandos III y IV del Auto Supremo; en tal sentido, reflexionando que ambos Considerandos también se apartaron del punto central que es la naturaleza de demanda de Nulidad de Filiación, confundiéndola con la de la acción de impugnación de filiación, es evidente que no se cuidó el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad a todo fallo, lo que generó incertidumbre sobre el alcance de lo resuelto, lesionando el derecho al debido proceso en su elemento congruencia específicamente en su dimensión interna.

III.4.2. Lo referente a la lesión del debido proceso en su elemento fundamentación

En relación a esta problemática, el impetrante de tutela denunció que los Magistrados ahora demandados al momento de proferir el señalado Auto Supremo 893/2021-RI; aplicaron equivocadamente las normas procesales a una demanda de naturaleza muy distinta a la que se tramitó en todo el proceso, siendo que el proceso familiar de nulidad de filiación se llevó a cabo conforme al art. 420.II de la Ley 603, empero, las autoridades ahora demandados, sin ingresar al análisis de fondo sobre los agravios planteados en dicha demanda, modificaron su naturaleza jurídica (Ordinario-Familiar), por el de un proceso extraordinario de Impugnación de Filiación en atención de los arts. 420.I y 434 de la misma norma; ello, con la finalidad de que su recurso no sea admisible, no se ingrese al análisis de fondo y consecuentemente, no se resuelvan los agravios planteados. Consecuentemente, tomando en cuenta que en la presente problemática el demandante de tutela denuncia la carencia de fundamentación en el Auto Supremo, es necesario hacer alusión al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el que se sostuvo que, el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, emerge de sus finalidades implícitas, como lo es el lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria sino por el contrario observa el valor justicia, finalidad que conlleva que las decisiones que adopten las autoridades judiciales deben citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable -fundamentación-, y además está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad -motivación-. Bajo el parámetro anterior, con la finalidad de constatar si es vidente o no lo alegado por el solicitante de tutela, el análisis se efectuará partiendo de la denuncia de vulneración del derecho a la debida Fundamentación que fue objeto de impugnación. Ahora, con la finalidad de determinar lo alegado, se contrastarán los argumentos contenidos en el recurso de casación y el mencionado Auto Supremo 893/2021-RI, asimismo, se realizará un análisis de la carga normativa aplicable al caso concreto; en tal sentido se tiene:

i) Del memorial del recurso de casación. La accionante, en su memorial de recurso de casación alegó que, el Tribunal de Alzada cometió un error de hecho al valorar la prueba en relación a la edad del demandado al momento de registrar su partida de nacimiento, por cuanto, este tenía 33 años al momento de registrar su partida de nacimiento, mientras que el Tribunal de Alzada sostuvo que el demandado era menor de edad; asimismo, sostiene que el mismo Tribunal de Alzada cometió también un error de hecho al valorar la prueba en relación a la nulidad de la partida de bautismo del demandado, pues, afirma que la partida de bautismo del demandado, fue anulada por contener datos falsos, mientras que el Tribunal de Alzada sostuvo que la partida de bautismo del demandado era válida; sostuvo también que el Tribunal de Alzada aplicó indebidamente la presunción de filiación al no tomar en cuenta la documentación que demostraba que el trámite de inscripción de la partida de nacimiento del demandado se realizó en base a documentación falsa y nula. El recurrente argumenta que la presunción de filiación solo puede aplicarse cuando no existen pruebas que la contradigan, y que en este caso sí existían pruebas que demostraban que el demandado no era hijo del padre que figuraba en su partida de nacimiento. ii) Del Auto Supremo 893/2021-RI, tal y como se compulsó en el punto III.5.1 del presente fallo constitucional, las autoridades demandadas emitieron el Auto Supremo 893/2021-RI de 6 de octubre, centrando su análisis en la naturaleza del proceso y el agotamiento de la vía recursiva y la inadmisibilidad del recurso de casación en procesos extraordinarios, perdiendo totalmente de vista los agravios expuestos en el memorial de casación, pues consideraron simplemente que el recurso era inadmisible en aplicación del Auto Supremo 517/2020-RI, lo que los llevó a apartarse de la justificación normativa del recurso, y a aplicar la jurisprudencia del referido Auto Supremo 517/2020-RI.

Al respecto, incumbe referirnos también a lo normado en los arts. 420.II y 434.inc c) del CFPF, estableciendo que las pretensiones innominadas deben ser tramitadas en proceso ordinario y que la impugnación de filiación debe tramitársela en proceso extraordinario; por ende, se advierte que la demanda de "Nulidad de Filiación" planteada por el ahora peticionante de tutela, admitida y resuelta en primera instancia mediante Resolución 135/2020 por el Juez Público Familiar Cuarto de La Paz, confirmada en apelación por Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante Auto de Vista S-20/2021, la que fue recurrida en casación y resuelta por las autoridades ahora demandadas mediante el Auto Supremo 893/2021-RI que nos ocupa, fue tramitada en el marco del art. 420.II de la Ley 603, como una demanda con pretensión innominada en proceso ordinario, hasta la casación de la misma, en la que, las autoridades demandadas analizaron que el proceso debió tramitarse como un proceso extraordinario familiar de "Impugnación de Filiación", acorde al art. 434.c)de la mencionada Ley 603 descrita ut supra, ya que la pretensión del demandante era impugnar la filiación de Jaime Amed Scussel Dorado y sus hijos; y que, al no haberse tramitado el proceso como un proceso extraordinario familiar, el recurso de casación interpuesto por el demandante resulta ser improcedente. Ahora, respecto a la acción de impugnación de filiación, de la lectura de los arts. 20, 21 y 22 del citado cuerpo normativo familiar, alegados como idóneos y aplicables al caso concreto por las autoridades jurisdiccionales demandadas, no aplican al mismo en ninguno de los parágrafos e incisos; consecuentemente, correspondía su tramitación en el marco del art. 420.I del mismo cuerpo normativo, es decir, como una pretensión innominada dentro de un proceso ordinario, entendiéndose a la pretensión innominada como aquella solicitud o acción presentada ante un juez de familia que no se ajusta a ninguna de las categorías típicas o expresamente previstas en la normativa vigente, en otras palabras, se trata de una pretensión que busca la tutela de un derecho o interés familiar, pero que no encuentra un encaje perfecto dentro de las figuras jurídicas establecidas en la ley. Por esta razón, en relación al elemento fundamentación, de los antecedentes descritos de manera precedente, se advierte que, los Magistrados ahora demandados aplicaron el art. 434.c) de la Ley 603 referido al alcance de la tramitación del proceso extraordinario, transmutando erróneamente la naturaleza jurídica de la demanda primigenia, de una demanda con pretensión innominada dentro de un proceso ordinario, al de un proceso extraordinario, sin considerar que la pretensión del ahora requirente de tutela no se acomoda a ninguno de los preceptos del art. 21 de la misma Ley, lo que lo convierte en una pretensión innominada. Bajo ese contexto normativo, respecto a que las autoridades judiciales al momento de resolver la casación hicieron alusión al señalado Auto Supremo 517/2020-RI, que no aplica a la demanda de la parte actora; por lo que, es posible establecer a las autoridades demandadas incurrieron en una falta de Fundamentación en relación a la pretensión del peticionante de tutela en su memorial de casación, por lo que con relación a este aspecto corresponde conceder la tutela.

III.4.3. Respecto a la lesión del principio de legalidad ordinaria

Previo al análisis del punto, es imperativo señalar que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo, el Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra facultado para revisar la interpretación de legalidad ordinaria en base a la denuncia constitucional, realizada a través de las acciones de tutela sin la exigencia de requisitos previos. Precisado tal aspecto; se tiene que, el impetrante de tutela considera que legalidad ordinaria dentro del proceso de nulidad de filiación, fue vulnerada por las autoridades demandadas, por cuanto, aplicaron incorrectamente la Ley de procesos extraordinarios a un proceso ordinario familiar, siendo la misma arbitraria, que viola los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. Al respecto, conforme se compulsó en el punto III.5.2 de este fallo, las autoridades demandadas aplicaron incorrectamente los preceptos de la naturaleza jurídica de la demanda, al de una distinta a la que se tramitó desde su planteamiento, de lo cual, sin lugar a dudas se evidencia que se quebranta la legalidad ordinaria de la presente causa, siendo que al no acomodarse la demanda principal a ninguna de las disposiciones del art. 21 de la Ley 603, se constituye en un proceso de pretensión innominada como proceso ordinario que sí admite recurso de casación y no, como erróneamente asumieron los Magistrados demandados, convirtiéndolo en un proceso extraordinario; por lo que, en este caso en particular con respeto a los arts. 21, 21,22, 420 y 434 de la Ley 603, no podía transmutarse el proceso de uno ordinario al de uno extraordinario; lo cual, erróneamente acontece en el presente caso; consecuentemente, corresponde conceder la tutela solicitada en relación a este agravio -derecho al debido proceso en su componente legalidad-.

En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 134/2022 de 6 de junio, cursante de fs. 135 a 139, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1) CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 893/2021-RI de 6 de octubre, debiendo las autoridades judiciales demandadas emitir uno nuevo, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, expresa: “Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales”.

5 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 6El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

acción tutelar de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene por naturaleza jurídica el de ser un recurso regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez, debiendo en atención a este último principio, el recurrente solicitar su tutela en forma inmediata, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y agote las vías legales ordinarias, a cuyo efecto se ha establecido como un plazo razonable el de seis meses para que la persona afectada presente el recurso; no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume.

15 Fallo constitucional que fue reiterado entre otras por la SCP 0975/2012 de 22 de agosto y SCP 0936/2019-S1 de 12 de septiembre.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1062_2023-S1.pdf · páginas 1 a 44.

Huella digital del PDF (SHA-256): e4ad902a1c391d8a18983458b0a4d5dbadff360a1a87e53c66020aea874a5889

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