Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, la Jueza ahora accionada, emitió mandamiento de apremio contra su persona, cuando se encontraba con su hijo menor de un año y medio de edad, y con el cual se encuentra privada de libertad; no obstante las irregularidades relacionadas con las indebidas y anómalas notificaciones, las que fueron permitidas por la referida Jueza, quien desde el principio del desarchivo de la “demanda” accedió a ese indebido proceso, tomando como ciertos los domicilios presentados por la parte demandante, y en ningún momento corroboró los datos de los señalamientos de domicilio; es decir, que se encuentra ilegalmente detenida sin ser debidamente notificada; ya que, no llegaron a su domicilio; y si bien conforme el art. 442 del CFPF, prevé que las notificaciones pueden realizarse en el último domicilio procesal y en secretaria del juzgado de ser necesario; empero, no contempla que se realice vía WhatsApp y menos a un número que no fue mencionado en ningún memorial por su abogado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad emergente de los procesos familiares sobre asistencia familiar; y, b) Análisis de caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 79 a 82, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto de departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1061/2025-S1 Sucre, 1 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54686-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 08/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 79 a 82, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Oro Ramos en representación sin mandato de Nilda Castro Chino contra Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza Pública de Familia Primera de El Alto del Departamento de La Paz.
La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 31 de marzo de 2023, cursante de fs. 64 a 70 vta., manifestó lo siguiente:
El 9 de agosto de 2017, Hugo Marcial Mamani Rivas, presentó demanda de divorcio contra su persona, dentro de la cual la Jueza ahora accionada, emitió la “Resolución N° 122/2018”, en la que se dispuso asistencia familiar en favor de sus dos hijos, Ronald y José ambos de apellidos Mamani Castro, quienes contarían en la actualidad con 18 y 22 y años de edad respectivamente; proceso en el que ocurrieron una serie de irregularidades relacionadas con las indebidas y anómalas notificaciones, las que fueron permitidas por la referida Jueza hoy accionada quien desde el principio de la demanda accedió a ese indebido proceso, tomando como ciertos los domicilios presentados por el demandante, y en ningún momento corroboró los datos de los señalamientos de domicilio y menos ordenó oficio judicial para el Servicio de Registro de Identificación Personal (SEGIP) o el Servicio de Registro Cívico (SERECI), más aun si en su Cédula de Identidad obtenida el 2019, se señaló como domicilio la calle Sucre 26, zona San Jorge - Senkata de El Alto del departamento de La Paz; lo que suscitó que a raíz de esas indebidas notificaciones se presenten las presuntas liquidaciones de asistencia familiar, respecto a las cuales no tuvo conocimiento, porque de ser así hubiese presentado documentación que demuestre los depósitos bancarios realizados; disponiéndose en consecuencia, el Mandamiento de Apremio de 2 de marzo de 2023, contra su persona, sin considerar que los actuados no fueron notificados de manera legal y no llegaron a su domicilio, Mandamiento de Apremio que fue ejecutado el 27 de ese mes y año, cuando se encuentra con su hijo menor de un año y medio de edad y con quien se encuentra privada de libertad en la actualidad. Finalmente refiere que, si bien conforme el art. 442 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, la notificación puede realizarse en el último domicilio procesal y en secretaría del juzgado de ser necesario; empero, se notificó por cedulón en el último domicilio procesal de su abogado Silver Chávez Choque, sin identificarse de la revisión de las imágenes o placas fotográficas adjuntas a la notificación, y qué memoriales o documentación fueron con los que se le notificó; asimismo, el memorial de liquidación de 2 de febrero de 2023, el Auto de 3 de ese mes y año, el memorial de 15 de igual mes y año, y el Auto de esa fecha, fueron notificados al número de celular “72529339” que supuestamente pertenece al referido abogado; empero, ese abogado en su memorial presentado el 7 de junio de 2019, no señaló número de WhatsApp; además, no se podía notificar en Secretaría del Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del Departamento de La Paz, porque las partes procesales no tenían ingreso a los juzgados, y se notificó en un domicilio real señalado por la parte demandante, el cual nunca fue corroborado mediante informe.
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 115.I; y, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) Que sea “PROBADA LO MANIFESTADO” en la acción de libertad, y se emita inmediatamente mandamiento de libertad en su favor; b) Se llame severamente la atención a la Jueza ahora accionada; y, c) Se dejen sin efecto las notificaciones con: el memorial de liquidación “128415939” de 2 de febrero de 2023, Auto de 3 de igual mes y año, memorial “128611976” de 15 del citado mes y año; y, Auto de 15 de igual mes y año, con la finalidad de ejercer debida defensa.
Celebrada la audiencia pública el 31 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 75 a 78, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza Pública de Familia Primera de El Alto del Departamento de La Paz; en audiencia, manifestó que: 1) La demanda corresponde a un divorcio interpuesto el 2017, por Hugo Marcial Mamani Rivas contra la accionante; demanda de divorcio en la que el demandante en primera instancia hizo conocer como domicilio real de la nombrada la calle Sucre 26, zona Senkata; posteriormente, modificó el domicilio de la demandada señalando la zona San Jorge Calle Sucre 20, de El Alto de ese departamento; es decir, la “parte” señaló un domicilio real y posteriormente otro domicilio de esa misma naturaleza; 2) De acuerdo al “art. 261” del CFPF, la demanda puede ser modificada o ampliada, en el presente caso conforme a procedimiento fue modificado el domicilio de la accionante, siendo citada la misma en el domicilio de zona San Jorge de El Alto, la nombrada asumió defensa hasta antes del momento de emitirse la correspondiente resolución de medidas provisionales; es decir, que se apersonó y tomó conocimiento sobre dichas medidas, que en ese entonces se dispuso; posteriormente continuó asumiendo defensa, teniéndose como último apersonamiento junto a su abogado Silver Chávez Choque, quien señaló como domicilio procesal la Av. 6 de Marzo, “lado” edificio Génesis 1158; 3) Como antecedente se tiene que la “demanda” posteriormente fue archivada, sin embargo, el demandante solicitó el desarchivo de la misma en septiembre de 2022, ante lo cual se dispuso que se ponga en conocimiento de la otra parte, debiendo el demandante actualizar domicilios procesales de ambas partes procesales en consideración de la “SC 346/2017”; 4) El demandante hizo conocer como último domicilio de la accionante “…Senkata, zona San José No. 3220…” (sic), poniéndose en su conocimiento el “desarchivo”; es decir, que en dicho actuado procesal se hizo conocer el último domicilio real de la parte demandante; 5) Con relación a que se hubiesen hecho conocer diferentes domicilios reales, su autoridad tomando en cuenta el principio de buena fe de las partes no podía oficiar al SEGIP y SERECI; puesto que, ello procede únicamente cuando no se tiene conocimiento del domicilio de las partes procesales conforme el “art. 308.III” del CFPF, y en el caso, ya se tenía establecido el domicilio de la accionante; además, de que no se realizan actos de investigación, al no estar dentro de su competencia efectuar esa actividad con relación a los domicilios de las partes procesales; 6) Respecto a que la accionante no tuvo la oportunidad de presentar boletas de pago, cabe indicar que la nombrada desde un principio tomó conocimiento de la demanda; es decir, desde el 2017, en ese sentido tenía la obligación de apersonarse a ese Juzgado a fin de hacer seguimiento de la demanda de divorcio, cuando tuvo conocimiento sobre las medidas provisionales, así como sobre su cumplimiento de obligación en favor de sus hijos que en ese entonces eran menores de edad; 7) Si bien la accionante tenía las boletas de pago; empero, de acuerdo a lo previsto en los arts. 415.I y ss -del citado Código- debió observar la liquidación de asistencia familiar; situación que no pasó a pesar que fue puesta en su conocimiento; además, que no presentó ningún incidente de acuerdo a lo previsto por el art. 256 del CFPF, a pesar que tenía el recurso de nulidad para conocer que esos domicilios no le correspondían, pretendiendo que esa negligencia sea atribuida a su autoridad; 8) La accionante presentó depósito judicial y no como dice liquidación, existiendo una contradicción, es decir, que presentó depósito judicial como parte del cumplimiento de la asistencia familiar y estableció como último domicilio del “Dr. Silver”, Av. 6 de Marzo, “lado” edificio Génesis 1158, según lo previsto por el art. 72.V del Código Procesal Civil (CPC), se establece claramente que el domicilio subsistirá hasta que sea cambiado por otro; 9) Velando que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, el 9 de noviembre de 2022, emitió el “Auto” en el cual dejó sin efecto y anuló todas las liquidaciones anteriores al 2022; es decir, desde el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 incluidos los mandamientos de apremio que se hubiesen emitido contra la accionante; de igual manera, en noviembre de 2022, se pidió a las partes procesales, se practique otra liquidación a partir de la fecha de la citación, hasta “la fecha” se dejó anteriores liquidaciones sin efecto; 10) Dando cumplimiento a ese “Auto” en el cual dispuso que se notifique la liquidación, para lo cual la parte demandante hizo conocer el último domicilio real de la accionante, ubicado en Senkata, zona San José 3220, calle Rosedales, en ese entendido la única liquidación de asistencia familiar que cursa en obrados fue puesto en conocimiento de la accionante en su domicilio real conforme se tiene de la diligencia a “fs. 168”, dejado por cédula a su abogado Silver Chávez Choque; por lo que, no se vulneró ninguna norma prevista en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; por lo tanto, se dio cumplimiento al notificarse en su domicilio procesal; 11) Por Auto de 3 de febrero de 2023, se aprobó la liquidación, con la cual el “24 de enero” se le puso en conocimiento de la accionante, y después de un mes se aprobó dicha liquidación, acto procesal que fue puesto en conocimiento de la accionante en Secretaría del Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz y vía WhatsApp, conforme al art. 314 del CFPF, que establece que toda demanda será puesta en conocimiento de la parte en su domicilio real, posteriormente toda diligencia debe ser en su domicilio real, excepto aquella que impone la administradora de justica, que en el presente caso no se dispuso que se notifique en el domicilio real; por lo tanto, se debe dar cumplimiento a lo establecido por el referido artículo, que señala que todo actuado posterior debe ser notificado en Secretaría de juzgado; 12) Con relación a que no se tenía el WhatsApp del abogado Silver Chávez Choque, quien fue el último abogado que hizo conocer el domicilio procesal de la accionante; en el caso, la Oficial de Diligencias velando el principio de economía procesal, ingresó al registro público de los abogados y obtuvo como dato del WhatsApp del nombrado abogado; sin embargo, aparte de darse cumplimiento al art. 314 del CFPF, que señala que se puede notificar en la Secretaría del juzgado, también fue notificado vía WhatsApp el abogado Silver Chávez Choque; 13) El procedimiento familiar difiere del penal, al tener el primero como regente el principio de no formalismo; es decir, que por el hecho de no señalarse el número de WhatsApp el Oficial de Diligencias tendría que obviar esas circunstancias, más aun cuando el art. 331 -del CFPF- indica que los administradores de justicia pueden conseguir medios de prueba y realizar algunos actos, como en el caso conseguir números de celular; y, 14) El “15 de febrero” se emitió el mandamiento de apremio, el que fue puesto en conocimiento del último abogado -Silver Chávez Choque- de la accionante, en Secretaría del Juzgado y vía WhatsApp, en ese entendido no es evidente que se hubiese vulnerado ningún derecho de la accionante, sino más al contrario se dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 442 del citado Código y la “SC 346”; por otro lado, el mandamiento de apremio emitido por el Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del Departamento de La Paz, se encuentra dirigido contra la accionante, y no así contra el “niño” respecto al cual manifiesta que tiene un año de edad; puesto que, el procedimiento fue contra la accionante quien es parte de la demanda, y desde un principio asumió defensa; por lo que, debe denegarse la tutela solicitada.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 08/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 79 a 82, declaró “LA IMPROCEDENCIA” de la acción de libertad, y denegó la tutela solicita, bajo los siguientes fundamentos: i) El art. 314 del CFPF, establece que las notificaciones se deben practicar en Secretaría del Juzgado a excepción de aquellas que la autoridad judicial disponga fundadamente se practiquen en domicilio procesal fuera estrados; es decir, cuando se inicia un proceso en materia familiar y se cumplió con el requisito de hacer conocer a las pates procesales de la existencia de un proceso familiar a través de las notificaciones en el domicilio real, las posteriores comunicaciones procesales deben realizarse en Secretaría del Juzgado; ii) La obligada “ahora privada de libertad” conocía de la existencia del proceso-, ya que posterior de señalar su domicilio procesal en el memorial de 5 de mayo de 2019, la misma nunca más se apersonó al Juzgado ni con otro memorial ni físicamente; iii) Por su parte el art. 442 del citado Código con relación a la notificación con la liquidación, establece de manera clara que se practicará en el domicilio procesal y en caso de fijarse el mismo, se lo practicará en Secretaria del Juzgado; iv) El último actuado procesal efectuado por la accionante corresponde al memorial de 5 de junio de 2019, mediante el cual adjuntó un depósito judicial, y solicitó plan de pagos del saldo pertinente y fijó domicilio procesal, memorial que mereció el decreto de 10 de junio de 2019, emitido por la Jueza hoy accionada, quien dio por señalado el domicilio procesal, debiendo ser considerado por el Oficial de Diligencias; dicho decreto fue puesto en conocimiento de la parte demandante y posteriormente conforme el art. 314.I del CFPF, todas las demás notificaciones se practicaron en Secretaría del Juzgado; v) Los demandantes beneficiarios de la asistencia familiar señalaron un domicilio ubicado en el sector Senkata, zona San José 3220, calle Rosedales de El Alto, sin embargo, de la revisión de obrados se tiene que la liquidación también fue notificada en el domicilio procesal señalado por la propia obligada -accionante- en su memorial de 5 de junio de 2019; vi) La Jueza ahora accionada mediante Auto de 9 de noviembre de 2022, señaló que respecto a algunas liquidaciones que no fueron cumplidas a cabalidad por la obligada -accionante-, en consideración a la liquidación a “fs. 130” de obrados no fue calculada de manera correcta y a fin de contar con los datos precisos de lo adeudado, dejó sin efecto todas las liquidaciones practicadas en obrados, así como los autos de aprobación y mandamientos “…debiendo deducir del total y justo pago que corresponde con las formalidades de ley, y por ante la oficial de diligencias del juzgado considérese el domicilio procesal de la obligada, la cursante a fs. 95 de obrados” (sic); siendo ese domicilio procesal el señalado por la propia obligada -accionante-, en la Av. 6 de marzo, “lado” edificio Génesis 1158, Ceja de El Alto, que corresponde a su abogado Silver Chávez Choque; vii) El apersonamiento de los beneficiarios Ronald y José ambos de apellidos Mamani Castro, así como la liquidación, el traslado de la liquidación y el decreto de 30 de noviembre de 2022, fueron notificados a la accionante en el último domicilio procesal señalado por la propia accionante, ubicado en la Av. 6 de marzo, “lado” edificio Génesis 1158, mediante cédula, en cumplimiento de los arts. 313 y 314 del CFPF y la posterior notificación con la aprobación de la liquidación de 3 de febrero de 2023, efectuada a la nombrada, en Secretaría del Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del Departamento de La Paz, el 7 de igual mes y año, según diligencia cursante a “fs. 168” de obrados; y, viii) De lo mencionado, es evidente que en ningún momento se vulneró algún derecho o garantía constitucional ni menos al debido proceso en materia familiar, siendo más bien que el abogado, Silver Chávez Choque, a pesar que fue notificado en más de una oportunidad en su domicilio procesal en representación de su cliente -accionante-, e incluso vía WhatsApp, no asumió su responsabilidad de comunicarle, sin dejar de lado igualmente la conducta asumida por la accionante, quien al presentar su último memorial en junio de 2019, no acudió más al referido Juzgado para la revisión de su proceso, no obstante que el “Tribunal de Justica” tuvo sus puertas abiertas toda la gestión 2022 hasta la fecha. En vía de complementación y enmienda la accionante a través de su abogado solicitó al Juez de garantías, que se complemente, en base a qué artículo, ley o fundamento, se estableció como legal la notificación vía WhatsApp al número de celular del abogado, cuando esas notificaciones conllevaron a que su persona sea privada de libertad, y no se señaló ningún número de celular -en la documentación presentada- y haciendo una suposición se indicó que fuese su número, más aun si se encuentran vulnerados los derechos de una mujer y por lo tanto de su hijo menor lactante de un año y seis meses de edad. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías, señaló que, lo único que se verificó fue la notificación con la liquidación efectuada en el domicilio procesal indicado que cursa a “fs. 163” con los actuados correspondientes; fueron adjuntadas cuatro liquidaciones actualizadas en favor de los beneficiarios, señalándose domicilio real, donde debía realizarse la notificación; empero, “…el mismo no fue atendido por la Sra. Juez, ahora accionada, sino ha sido en el domicilio cursante en el último apersonamiento realizado…” (sic) por la accionante; asimismo, complementó respecto a que si se estuviese vulnerando algún derecho respecto al menor de edad, refiriendo que se acuda ante la misma autoridad judicial que conoce el caso, con la finalidad de que se pueda hacer valer y precautelar los derechos del referido menor de edad que estuviese en situación de privación de libertad, conforme indica el abogado de la nombrada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 9 de agosto de 2017, ante el Juzgado Público de Familia de turno de El Alto del departamento de La Paz, Hugo Marcial Mamani, interpuso demanda de divorcio contra Nilda Castro Chino -ahora accionante-, en la que también solicitó se fije una asistencia familiar en favor de sus dos hijos (fs. 2 a 4).
II.1.1. Por Resolución 1172/2017 de 16 de agosto, Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza Pública de Familia Primera de El Alto del departamento de La Paz, -hoy accionada- admitió la demanda de divorcio en la vía extraordinaria, disponiendo el traslado a la demandada -accionante- (fs. 8). II.2. A través de memorial presentado el 7 de junio de 2019, ante la Jueza ahora accionada, la accionante, señaló que tuvo conocimiento de una liquidación de asistencia familiar que cursaría en obrados, y con la finalidad de dar cumplimiento a la misma, adjuntó depósito judicial en la suma de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) y sobre el saldo solicitó un plan de pagos; fijando como domicilio procesal de su abogado, en la “…Av. 6 de marzo, lado edificio Génesis N° 1158, Ceja El Alto” (sic [fs. 18]).
II.2.1. Por decreto de 10 de junio de 2019, la Jueza ahora accionada, dio por señalado el domicilio procesal, indicando que debía ser considerado por el Oficial de Diligencias del Juzgado, asimismo, hizo conocer a la parte demandante que según lo previsto por el art. 314.I del CFPF, todas las notificaciones serán practicadas en la Secretaría del Juzgado, excepto aquellas que la autoridad judicial disponga (fs. 18 vta.). II.3. Mediante memorial presentado el 29 de agosto de 2022, ante la Jueza hoy accionada, Hugo Marcial Mamani Rivas, dentro de la demanda de divorcio interpuesta contra la accionante, solicitó “…se PONGA A LA VISTA el proceso…” (sic) con la finalidad de presentar liquidación de asistencia familiar devengada (fs. 13).
II.3.1. Cursa decreto de 29 de agosto de 2022, emitido por la Jueza hoy accionada, por el que dispuso que por Secretaría del Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz, se ponga a la vista el expediente (fs. 13 vta.); y por decreto de 2 de septiembre del mismo año, la referida Jueza señaló “En conocimiento de partes, el desarchivo, para tal fin, actualice domicilios reales y procesales, WhatsApp y/o correo electrónico de AMBAS PARTES” (sic [fs. 14]). II.4. Consta Auto de 3 de febrero de 2023, emitido por la Jueza ahora accionada, por el que señaló que las partes procesales fueron legalmente notificadas con la liquidación cursante de “fs. 157 a 158” de obrados, de acuerdo a la diligencia de notificación de “fs. 161 y 163”, sin que se hubiese opuesto observación legal alguna contra la misma; por lo que, se aprobó en toda forma de derecho, debiendo en consecuencia, pagar la obligada -accionante-, la suma de Bs58 733.-(cincuenta y ocho mil setecientos treinta y tres bolivianos) dentro del tercero día de su legal notificación, bajo alternativa de expedirse en su contra mandamiento de apremio (fs. 34). II.5. Por memorial presentado el 15 de febrero de 2023, ante a la Jueza ahora accionada, Hugo Marcial Mamani Rivas, en representación legal de sus hijos Ronald y José ambos de apellidos Mamani Castro, solicitó, se expida mandamiento de apremio contra la accionante, por el monto de Bs58 733.- en aplicación del art. 415.III del CFPF (fs. 35).
II.5.1. A través de Auto de 15 de febrero de 2023, la Jueza ahora accionada, señaló que la obligada -accionante-, “a la fecha” no habría cancelado el importe de la liquidación de “fs. 157 a 158” de obrados aprobado mediante Auto de 3 de febrero del mismo año, a pesar de su notificación conforme se advierte de la diligencia a “fs. 168” de obrados en consideración de lo previsto por el art. 127.I del CFPF, que señala que la obligación de la asistencia familiar es de interés social, su oportunidad y suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno; por lo que, dispuso que se expida mandamiento de apremio contra la accionante, hasta que pague la suma de Bs58 733.- (fs. 35 vta.). II.5.2. Cursa Notificación de 17 de febrero de 2023, en Secretaría del Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz, a la accionante, con el Memorial de 15 de igual mes y año y el Auto de la misma fecha, que dispuso el mandamiento de apremio; -documento en el cual se indicó que se hubiese puesto en conocimiento de dichas piezas procesales vía WhatsApp al celular 72529339 del “Dr. Silver Chávez”- (fs. 28).
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, la Jueza ahora accionada, emitió mandamiento de apremio contra su persona, cuando se encontraba con su hijo menor de un año y medio de edad, y con el cual se encuentra privada de libertad; no obstante las irregularidades relacionadas con las indebidas y anómalas notificaciones, las que fueron permitidas por la referida Jueza, quien desde el principio del desarchivo de la “demanda” accedió a ese indebido proceso, tomando como ciertos los domicilios presentados por la parte demandante, y en ningún momento corroboró los datos de los señalamientos de domicilio; es decir, que se encuentra ilegalmente detenida sin ser debidamente notificada; ya que, no llegaron a su domicilio; y si bien conforme el art. 442 del CFPF, prevé que las notificaciones pueden realizarse en el último domicilio procesal y en secretaria del juzgado de ser necesario; empero, no contempla que se realice vía WhatsApp y menos a un número que no fue mencionado en ningún memorial por su abogado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad emergente de los procesos familiares sobre asistencia familiar; y, b) Análisis de caso concreto.
La SCP 0876/2024-S3 de 2 de octubre, haciendo mención a la SCP 0797/2019-S2 de 11 de septiembre, indica que: “En el diseño constitucional previsto en el art. 125 de la CPE, la acción de libertad constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz, idóneo y oportuno que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción y el derecho a la vida, para que el accionante logre la tutela a su vida cuando se encuentre en peligro; el cese de la persecución indebida, en caso de que exista persecución ilegal o indebida; el restablecimiento de las formalidades legales, cuando exista procesamiento ilegal o indebido; o la restitución de la libertad, ante la evidencia de privación de libertad indebida, destacando la jurisprudencia constitucional, su naturaleza no subsidiaria, cuyo procedimiento se encuentra caracterizado por el informalismo, la inmediatez, la sumariedad, la generalidad y la inmediación.
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional desarrollada por el anterior Tribunal Constitucional expresó la imperiosa necesidad de establecer criterios de coordinación que impidan el desbordamiento, la intromisión de los límites de su competencia y la emisión de las decisiones contradictorias, entre la funciones de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, disciplinados por los principios y valores constitucionales con la finalidad de promover actuaciones jurisdiccionales en los marcos de razonabilidad y equilibrio, en ese entendido el Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco precedentemente citado, el desarrollo jurisprudencial sistematizo la subsidiariedad excepcional generando subreglas al respecto y fijando supuestos concernientes principalmente a casos derivados de procesos penales; sin embargo, en casos derivados de procesos familiares sobre peticiones de asistencia familiar, pueden alcanzar a restringir el derecho a la libertad física con la ejecución del mandamiento de apremio, previa aprobación de la liquidación de asistencia familiar y el cumplimiento de los requisitos de legalidad material y formal ampliamente explicitado en la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre, ejecución que puede ser realizada por funcionarios policiales o servidores públicos que la autoridad judicial comisione o encargue su ejecución. En ese contexto, las eventuales denuncias de lesión al derecho fundamental a la libertad personal en la ejecución del mandamiento de apremio por el incumplimiento del pago de asistencia familiar deben ser conocidas por el juez público de familia, quien es la autoridad competente para la consideración y resolución de las cuestiones de fondo y cuestiones incidentales como las mencionadas denuncias que deben ser resueltas en la vía incidental prevista en la normativa procesal de familia, aún en el periodo de vacación judicial colectiva, lapso de tiempo en el cual no puede suspenderse la ejecución de los mandamientos de apremio y cuya atención y control debe estar a cargo de juzgados de familia de turno, acordados y programados por los Tribunales Departamentales de Justicia, entendimiento establecido en la SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre. Por los razonamientos expuestos puede concluirse en especie, el ordenamiento procesal en materia familiar establece el medio de defensa idóneo para reparar de manera urgente, pronta y eficaz, la presunta lesión del derecho a libertad ilegalmente restringido durante la ejecución del mandamiento de apremio por incumplimiento de asistencia familiar, tramitada en la vía incidental ante el juez público de familia dentro del proceso de petición de asistencia familiar; por lo que, la acción de libertad no puede activarse de manera directa e inmediata, sino, agotando el medio intraprocesal ante el juez de familia en la vía incidental” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, la Jueza ahora accionada, emitió mandamiento de apremio contra su persona, cuando se encontraba con su hijo menor de un año y medio de edad, y con el cual se encuentra privada de libertad; no obstante las irregularidades relacionadas con las indebidas y anómalas notificaciones, las que fueron permitidas por la referida Jueza, quien desde el principio del desarchivo de la “demanda” accedió a ese indebido proceso, tomando como ciertos los domicilios presentados por la parte demandante, y en ningún momento corroboró los datos de los señalamientos de domicilio; es decir, que se encuentra ilegalmente detenida sin ser debidamente notificada; ya que, no llegaron a su domicilio; y si bien conforme el art. 442 del CFPF, prevé que las notificaciones pueden realizarse en el último domicilio procesal y en secretaría del juzgado de ser necesario; empero, no contempla que se realice vía WhatsApp y menos a un número que no fue mencionado en ningún memorial por su abogado.
De los antecedentes descritos en la presente acción de libertad, se tiene que a emergencia de la demanda de disolución de vínculo matrimonial, planteada el 9 de agosto de 2017, por Hugo Marcial Mamani Rivas, contra la accionante, en la cual igualmente se solicitó se fije una asistencia familiar en favor de sus hijos, en ese entonces menores de edad (Conclusión II.1.); la Jueza ahora accionada, por Resolución 1172/2017, admitió la demanda de divorcio en la vía extraordinaria, disponiendo se corra traslado a la demandada -accionante- (Conclusión II.1.1.). Se tiene igualmente que A través de memorial presentado el 7 de junio de 2019, ante la Jueza ahora accionada, la accionante, hizo conocer a la referida Jueza, que tuvo conocimiento de una liquidación de asistencia familiar que cursaría en obrados, y con la finalidad de dar cumplimiento a la misma, adjuntó depósito judicial en la suma de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) y sobre el saldo solicitó un plan de pagos; fijando como domicilio procesal de su abogado, en la “…Av. 6 de marzo, lado edificio Génesis N° 1158, Ceja El Alto”(sic [Conclusión II.2.]); asimismo, por decreto de 10 de igual mes y año, la Jueza ahora accionada, dio por señalado el domicilio procesal, indicando que debía ser considerado por el Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz, igualmente hizo conocer a la parte demandante que según lo previsto por el art. 314.I del CFPF, todas las notificaciones serían practicadas en la Secretaría de ese Juzgado, excepto aquellas que la autoridad judicial disponga (Conclusión II.2.1.). Posteriormente, el 29 de agosto de 2022, Hugo Marcial Mamani Rivas, solicitó el desarchivo del expediente referente al proceso de divorcio, con el fin de presentar liquidación de asistencia familiar devengada (Conclusión II.3.), ante lo cual, por decreto de la misma fecha, la Jueza hoy accionada, dispuso que por Secretaria del Juzgado se ponga a la vista el expediente; y por decreto de 2 de septiembre del mismo año, señaló que “En conocimiento de partes, el desarchivo, para tal fin, actualice domicilios reales y procesales, WhatsApp y/o correo electrónico de AMBAS PARTES” (sic [Conclusión II.3.1.]). Asimismo, se observa que mediante Auto de 3 de febrero de 2023, la Jueza ahora accionada otorgó legalidad a las notificaciones con la liquidación presentada por la parte demandante dentro del proceso de “asistencia familiar”, respecto a la cual no habría observación alguna, la misma fue aprobada; por lo que, dispuso que la obligada -accionante-, debía pagar la suma de Bs58 733.-, dentro de tercero día de su legal notificación, bajo alternativa de expedirse el correspondiente mandamiento de apremio contra la obligada -accionante- (Conclusión II.4.); situación que fue materializada, por Auto de 15 de febrero de 2023, emitido por la Jueza hoy accionada, señalando que la obligada -accionante-, “a la fecha” no habría cancelado el importe de la liquidación de “fs. 157 a 158” de obrados, aprobado mediante Auto de 3 del citado mes y año, a pesar de su notificación conforme se advierte de la diligencia a “fs. 168” de obrados, ante lo cual dispuso que se expida mandamiento de apremio contra la accionante, hasta que pague la suma adeudada por asistencia familiar (Conclusión II.5.); actuados procesales que fueron notificados el 17 de febrero de 2023, a la accionante en la Secretaría del Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz, -documento en el cual se indica que se hubiese puesto en conocimiento de dichas piezas procesales vía WhatsApp al celular 72529339 del “Dr. Silver Chávez”-(Conclusión II.5.2.) Ahora bien, y en consideración a que la accionante denuncia que a consecuencia de las supuestas irregularidades que se fueron suscitando a lo largo del desarrollo de la solicitud de asistencia familiar, relacionadas con la manera en que la Jueza ahora accionada procedió a la comunicación procesal con los diferentes actuados dentro de la referida demanda; es decir, que no tuvo conocimiento de varios actos procesales debido a que la referida Jueza, no habría verificado donde se realizaron las notificaciones fue su domicilio real o no, y que a consecuencia de ello, se encontraría -a su criterio- indebidamente detenida gracias al mandamiento de apremio del cual no tuvo conocimiento, así como no pudo demostrar sobre la existencia de depósitos realizados con anterioridad; y que no existiría una norma que permita notificar vía número de celular a través del WhatsApp a su abogado. Sobre las supuestas irregularidades en las notificaciones que habrían dado lugar a la ejecución de mandamiento de apremio por incumplimiento de pagos de asistencia familiar y su privación de libertad junto a su hijo menor de un año y medio de edad; corresponde hacer regencia a la naturaleza jurídica de la asistencia familiar, así la SCP 0654/2024-S3 de 15 de agosto, indicó que: “Bajo este paraguas jurídico-normativo interno como del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y respeto del principio del interés superior del niño, que se constituye en principio rector y básico que fue gradualmente incorporado, y que es considerado esencialmente como principio interpretativo de las medidas que puedan afectar directa o indirectamente a los niños, niñas o adolescentes; postulado del cual se denota su prevalencia a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, cuando el mandato constitucional es imperativo al establecer el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que abarca la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE- y la normativa que regula el instituto de la asistencia familiar cuando, taxativamente establece su contenido y garantiza la provisión de este derecho de los niños, niñas y adolescentes, determinando la observancia coercitiva de dicho derecho y obligación, con la posibilidad de que opere el apremio corporal en caso de incumplimiento y precisamente por su trascendencia vital, al comprender los recursos que garanticen lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta del beneficiario -art. 109.I del CF-. A partir de la connotación e importancia social del oportuno suministro de la asistencia familiar, la normativa especial familiar concordante con el plexo jurídico constitucional y convencional, expresamente estableció que el cumplimiento de dicha obligación “...no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, -arts. 127.I y 415.VII del CF-, razonamiento normativo por el que se afianza el principio del interés superior del niño, a través de esta medida concerniente y atingente a la preminencia y garantía de sus derechos, esencialmente al oportuno suministro de la asistencia familiar, ante la imposibilidad de proveer para sí mismo los medios necesarios para su subsistencia y desarrollo integral” (las negrillas son nuestras). Señalado ese marco jurisprudencial, resulta evidente que debe primar el interés superior de los hijos e hijas -que no necesariamente deben ser menores de edad- beneficiarios de la asistencia familiar respecto a los cuales no debe existir ninguna diferenciación; asimismo, en el caso de que sea la madre o el padre, la persona que debe cumplir con esa obligación; puesto que, a partir de un enfoque familiar tanto la madre como el padre pueden estar obligados a otorgar la asistencia familiar, así como ante su incumplimiento ser objeto de la restricción de su libertad personal a través de un mandamiento de apremio emitido por una autoridad competente; lo que de ninguna manera implica el desconocimiento del enfoque de género y una visión de protección a la mujer; es así que, al ser el instituto de la asistencia familiar un derecho y obligación de las familias, la misma puede involucrar beneficiarios, que como se dijo, no necesariamente tienen que ser menores de edad; por lo que, al no establecer una diferenciación en cuanto a la cualidad de los beneficiarios al momento del cumplimiento de la asistencia familiar; asimismo, no hace una distinción respecto a la obligada u obligado de ese beneficio, pudiendo ser tanto el progenitor como la progenitora. Efectuada dicha aclaración, y en coherencia con lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, las eventuales denuncias de situaciones irregulares respecto a las notificaciones y de todo lo que pudiese surgir en la ejecución del mandamiento de apremio por el incumplimiento del pago de asistencia familiar, deben ser de conocimiento del Juez Público de Familia; autoridad que tiene la competencia para conocer y resolver tanto aspectos de fondo como las cuestiones incidentales; y en el caso de análisis la accionante, no formuló ningún incidente respecto a las supuestas irregularidades que hubiesen surgido al momento de la comunicación procesal, así como con relación a la notificación del abogado de la nombrada vía celular mediante WhatsApp, aspectos que al considerarlos ilegales y lesivos a sus derechos, debió en aplicación excepcional al principio de subsidiariedad en la acción de libertad, ser denunciados ante la autoridad judicial que conoce la causa, y agotarse ese medio de defensa, idóneo, eficaz y oportuno, como es el planteamiento de un incidente, medio de impugnación permitido por el Código de las Familias y el Proceso Familiar, que da vía a la autoridad judicial, reparar las eventuales vulneraciones de derechos en las que se hubiesen incurrido en la tramitación de la liquidación de la asistencia familiar devengada, relacionadas en el caso, a las notificaciones con el memorial de liquidación “128415939” de 2 de febrero de 2023, el Auto de 3 del mismo mes y año, el memorial “128611976” de 15 de igual mes y año y Auto de similar fecha, situación que al no ser reclamada por la accionante, impidió que la Jueza ahora accionada pueda pronunciarse sobre la legalidad o no de las notificaciones efectuadas en el domicilio real, en Secretaría del Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz y vía WhatsApp al abogado de la accionante. En cuanto a que la accionante se encuentra privada de libertad junto con su hijo lactante menor de un año y medio de edad, ello corresponde igualmente ser reclamado y valorado por la Jueza que conoce la causa; por lo que, al respecto no corresponde realizar ningún análisis. Por todas las consideraciones mencionadas precedentemente, y siendo que en el caso concurre el incumplimiento de la subsidiariedad excepcional aplicable de la acción de libertad, corresponde denegar la tutela solicitada; con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 08/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 79 a 82, declaró “LA IMPROCEDENCIA” de la acción de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al declarar “LA IMPROCEDENCIA” de la acción de libertad, aunque con terminología errónea, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 79 a 82, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto de departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1061_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6de6381e40434b0a355f9b6310c42cce9e6b9747d591d7e3f66f20cc8d415742
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →