Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de julio de 2026
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna y al debido proceso; en su triple dimensión y al principio de celeridad; puesto que, mediante memorial de 16 de noviembre de 2023, solicitó modificación de medidas cautelares ante el Juez ahora accionado, quien hasta la fecha -se entiende de interposición de esta acción de libertad-, no señaló audiencia para el referido acto procesal dentro del plazo previsto por ley, transcurriendo siete días de esa solicitud, dejándolo en un estado de indefensión, siendo que la detención domiciliara dispuesta contra su persona es una restricción a la libertad de locomoción.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; c) La solicitud de modificación de medidas cautelares personales el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023 de 25 de noviembre, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Dejar sin efecto la concesión de la tutela asumida por Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del indicado departamento, disponiendo que el Juez de dicho Juzgado, dentro de las veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional, señale audiencia para la modificación de medidas cautelares solicitada por Carmelo Valda Duarte, salvo que por el trascurso del tiempo y lo dispuesto por la referida Sala Penal, ya se hubiese cumplido esa solicitud, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1060/2026-S1 Sucre, 8 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 61174-2024-123-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2023 de 25 de noviembre, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner en representación sin mandato de Carmelo Valda Duarte contra Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz.
JURÍDICA
1.1. Contenido de la demanda El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 23 de noviembre de 2023, cursante de fs. 5 a 7 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carmelo Valda Duarte -accionante-, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado por el art. 27 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, se encuentra con detención domiciliaria impuesta mediante Resolución 507/2023 de 13 de julio, es así que mediante memorial de 16 de noviembre de 2023, solicitó modificación de medidas cautelares; empero, hasta la fecha -se entiende de la interposición de esta acción de libertad-, el Juez ahora accionado no señaló audiencia para dicho acto procesal, transcurriendo siete días de esa solicitud, dejándolo en estado de indefensión, provocando un acto dilatorio y vulnerador, como la restricción a su libertad.
En ese sentido procedió a realizar el seguimiento de su caso en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, el personal de ese Juzgado le informó que tienen mucha carga procesal, en ese contexto la ausencia de la disposición del Juez hoy accionado, por cuanto no tiene un asidero legal, sustento normativo, un razonamiento mínimo; además, la carga laboral, ni otra excusa no fundamenta ni justifica que se le deje en un estado de indefensión, siendo la detención domiciliara una restricción a la libertad de locomoción. 1.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta y oportuna y al debido proceso; en su triple dimensión y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 115, 23.I 178.1 y 180.1 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 1.1.3. Petitorio Solicita se conceda tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Ordenar al Juez ahora accionado, señale en el día audiencia de modificación de medidas cautelares; y, b) Remitir antecedentes ante el Consejo de la Magistratura.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de noviembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 11 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) La jurisprudencia constitucional es puntual al referir que una audiencia de medidas cautelares, la modificación o cesación de una medida cautelar cuando existe una restricción de la libertad, como en su caso, que se encuentra con detención domiciliaria, el Juez hoy accionado debió señalar audiencia de modificación de medidas cautelares dentro de los tres días; empero, en el caso de autos, no hubo dicho señalamiento; y, 2) Ante la ausencia del mencionado Juez ni la emisión de un informe, corresponde aplicar el principio de presunción de veracidad a lo alegado en la acción de libertad. 1.2.2. Informe de la autoridad accionada Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, ni remitió informe alguno pese a su citación, cursante a fs. 10.
1.2.3. Resolución La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 02/2023 de 25 de noviembre, cursante de fs. 12 a 13, denegó la tutela solicitada contra el Juez ahora accionado y concedió la tutela contra la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del mismo departamento; disponiendo que dicha Secretaria señale audiencia de modificación de medida cautelar dentro del plazo de veinticuatro horas; bajo los siguientes fundamentos: i) El memorial presentado el 15 de noviembre de 2023, sobre modificación de medidas cautelares, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, que de acuerdo a una copia del libro diario, efectivamente a la fecha no contaría con la respuesta a lo solicitado por parte del Juez ahora accionado; ii) De acuerdo a la reforma establecida por el art. 56.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- no le facultaría al señalado Juez emitir el decreto de mero trámite en cuanto al señalamiento de audiencia; empero, sí a la Secretaría de dicho Juzgado; en ese entendido la causal de mora e incumplimiento del plazo de cuarenta y ocho horas para desarrollar esa actuación procesal, es atribuible a esa Secretaría y no al referido Juez; y, iii) Efectivamente dicho Juez no emitió informe alguno; extremo que hace presumir como ciertos los fundamentos motivados por el accionante; resultando ser que no solamente se produjo una omisión que denota el perjuicio por parte del mencionado Juez, sino también que se omitió la remisión de informe; por lo que, se da lugar a lo argumentado por el accionante.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas. Por decreto constitucional de 30 de abril de 2026, cursante a fs. 22, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 7 de julio del citado año cursante a fs. 26; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2023, ante Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionado-, Carmelo Valda Duarte -ahora accionante-, solicitó modificación de medidas cautelares (fs. 3).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna y al debido proceso; en su triple dimensión y al principio de celeridad; puesto que, mediante memorial de 16 de noviembre de 2023, solicitó modificación de medidas cautelares ante el Juez ahora accionado, quien hasta la fecha -se entiende de interposición de esta acción de libertad-, no señaló audiencia para el referido acto procesal dentro del plazo previsto por ley, transcurriendo siete días de esa solicitud, dejándolo en un estado de indefensión, siendo que la detención domiciliara dispuesta contra su persona es una restricción a la libertad de locomoción.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; c) La solicitud de modificación de medidas cautelares personales el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226; y, d) Análisis del caso concreto.
La SCP 0349/2025-S1 de 25 de abril, citando a la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, establece que: “La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.
Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras. (…) ‘… cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos’. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0280/2025-S1 de 10 de abril, citando a la SC 0044/2010-R de 20 de abril, señaló que a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho señala que: “…se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos (…). Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; (…)” por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0507/2025-S1 de 20 de mayo, asumiendo el entendimiento de la SCP 0787/2022-S1 de 12 de agosto, establece que: “La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal dejó estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, el plazo en el que debe llevarse a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, así como el trámite que debe imprimirse a dicho pedido de acuerdo a la casual invocada, ha sido modificado mediante la Ley 1173, que entró en vigencia el 4 de noviembre de igual año, e introdujo las modificaciones al art. 239 del CPP; empero, dicha Ley a su vez fue modificada por la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019-, y esta a su vez fue modificada por la Ley de Protección a las Victimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño y Adolescente, de manera tal que texto vigente del art. 239 del citado Código, es el siguiente: Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;
No será aplicable el presente numeral en los delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12)
meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas; 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código (…). Por lo tanto, el precepto vigente del art. 239 del CPP, establece que ante la petición de cesación de las medidas cautelares personales basada en la existencia de nuevos elementos que evidencien que no concurren los motivos que la fundaron o se torne conveniente que sea sustituida por otra medida; así como cuando se funda en las causales previstas en los numerales 2, 5 y 6 de dicha norma, el juez o tribunal que conozca de tal solicitud deberá señalar audiencia para la resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva dentro de las cuarenta y ocho horas, debiendo tramitarla con la mayor celeridad posible en el nuevo plazo estipulado.
Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, debe tramitarla con celeridad y dentro del plazo establecido por el art. 239 del CPP, puesto que el incumplimiento de esta obligación impuesta por dicha norma, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual deben ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna y al debido proceso; en su triple dimensión y al principio de celeridad; puesto que, mediante memorial de 16 de noviembre de 2023, solicitó modificación de medidas cautelares ante el Juez ahora accionado, quien hasta la fecha -se entiende de interposición de esta acción de libertad-, no señaló audiencia para el referido acto procesal dentro del plazo previsto por ley, transcurriendo siete días de esa solicitud, dejándolo en un estado de indefensión, siendo que la detención domiciliara dispuesta contra su persona es una restricción a la libertad de locomoción. Ahora bien, de la revisión de antecedentes y según el accionante se encuentra con detención domiciliaria por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, dispuesto mediante Resolución 507/2023; por lo que, a través de memorial presentado el 16 de noviembre de 2023, ante el Juez ahora accionado, solicitó modificación de medidas cautelares (Conclusión II.1.); sin embargo, dicho Juez hasta la interposición de la presente acción de libertad no señalo’ el referido acto procesal, aspecto que debe tomarse por cierto; en el entendido que el señalado Juez, no se presentó a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, menos remitió informe alguno que desvirtúe lo denunciado por el accionante, presumiéndose en el caso concreto la veracidad de los hechos expuestos en la acción de libertad, conforme lo establece la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
Asimismo, el entendimiento desarrollado en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, refiere que la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de detención preventiva o de modificación de medidas cautelares personales que restrinjan el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, que de acuerdo a lo determinado por el art. 239 del CPP, modificado por la Ley 1173, es dentro de las cuarenta y ocho horas; ya que, el incumplimiento de esa obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida de ese derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente; puesto que, la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que, la vulneración del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
Asimismo, debe tomarse en cuenta que respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el Juez o Tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, de lo contrario se incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que se incurriría.
Bajo ese criterio jurisprudencial y de la normativa jurídica descrita, se constata que, el Juez ahora accionado incurrió en una indebida dilación vulnerando los derechos a la libertad, a la justicia pronta y oportuna y al debido proceso; y al principio de celeridad alegados por el accionante, al no señalar la audiencia de modificación de medidas cautelares dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, provocando una restricción indebida de los citados derechos; correspondiendo, en el presente caso aplicar el sustento jurisprudencial del Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, mediante la cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, entendimiento jurisprudencial que el mencionado Juez inobservó en el presente caso, dejando transcurrir más del plazo previsto; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada con relación al referido Juez, en la modalidad de acción de libertad de pronto despacho. Resulta pertinente que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie respecto a la Resolución 02/2023, emitida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; que concedió la tutela solicitada contra la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto del mencionado departamento, disponiendo que señale audiencia de consideración de modificación de medida cautelar dentro del plazo de veinticuatro horas; sin embargo, se debe tomar en cuenta que la referida Secretaria, no fue accionada en esta acción de libertad; por lo que, carece de legitimación pasiva, pues si bien se podría advertir alguna responsabilidad de la referida Secretaria en la dilación incurrida por la falta de señalamiento de audiencia del referido acto procesal dentro del plazo previsto por ley; empero, al no ser accionada, y no poder presentar su informe correspondiente y así ejercer su derecho a la defensa, al concederse la tutela respecto a esta funcionaria de apoyo jurisdiccional se estaría incurriendo en la vulneración de ese derecho; por consiguiente, no correspondía conceder la tutela respecto a la referida Secretaria. Por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la concesión de la tutela solicitada con relación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; sin embargo, lo dispuesto por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, para que dicha Secretaria señale audiencia de consideración de modificación de medida cautelar en un plazo no mayor de veinticuatro horas, es una decisión que causó efectos por el transcurso del tiempo; y en atención al principio de seguridad jurídica previsto por el art. 178 de la CPE, corresponde dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023 de 25 de noviembre, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Dejar sin efecto la concesión de la tutela asumida por Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del indicado departamento, disponiendo que el Juez de dicho Juzgado, dentro de las veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional, señale audiencia para la modificación de medidas cautelares solicitada por Carmelo Valda Duarte, salvo que por el trascurso del tiempo y lo dispuesto por la referida Sala Penal, ya se hubiese cumplido esa solicitud, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1060_2026-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2be4374210d1642efae0b26be6930c129325f923edbccba56aa2e0246cf6d2ed
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