Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 8 de septiembre de 2023
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, valoración probatoria "...EQUIVOCADA APLICACIÓN DE LA NORMA Y ERRADA APLICACIÓN DE JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DIRECTA DEL DERECHO…" (sic); toda vez que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Jian Guo Chen Zhou y Chaohua Zheng en su calidad de socios, accionistas, fundadores y propietarios de la Empresa Prospección Geológica Oriental S.A., por la presunta comisión de los delitos enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, los Vocales ahora demandados declararon probada la excepción de incompetencia presentada por los imputados bajo el fundamento que conforme el contrato suscrito por ambas sociedades comerciales, estas acordaron de manera mutua y voluntaria acudir previamente a la vía arbitral para dirimir cualquier conflicto que emerja de la relación comercial entre ambas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si lo extremos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) Sobre el derecho al juez natural; c) Sobre la excepción de incompetencia en materia penal por existir clausula arbitral, coactiva fiscal o civil para la resolución contractual; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 109/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 332 a 336, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada conforme a los Fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1060/2023-S1 Sucre, 8 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 49168-2022-99-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAC-SCIII 109/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 332 a 336, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Arístides Álvarez Velasco, Gerente General "MAXAM - FANEXA S.A.M." representado por Joaquín Alberto Trigo Guzmán y Juan Pablo Gómez Rojas contra Gladys Alba Franco y Ever Álvarez Orellana, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia y Albania Chane Caballero Saavedra, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primera de la Capital, todos de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 13 de junio de 2022, cursante de fs. 172 a 188, la parte accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
La Empresa "MAXAM - FANEXA S.A.M.", es una Sociedad Anónima de Economía Mixta con participación del Estado a través de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), la cual se encuentra legal y debidamente constituida en el Estado Plurinacional de Bolivia. Bajo ese entendido, el 15 de octubre de 2021, en representación de la referida Empresa, presentaron denuncia contra Jian Guo Chen Zhou y Chaohua Zheng, como propietarios y accionistas mayoritarios de la Empresa Prospección Geológica Oriental S.A., por la comisión de los delitos de enriquecimiento lícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, previstos en los arts. 28 y 29 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-. Esto en razón a que el 29 de junio de 2017 se firmó entre la Empresa que representa -MAXAM - FANEXA S.A.M.- y la de propiedad de los denunciados como socios accionistas mayoritarios -Prospección Geológica Oriental S.A.-, un contrato de suministro y prestación de servicio de explosivos y/o material de emisión y caps electrónicos (accesorios y magazines), el cual fue suscrito con Luis Leonel Ruiz Gutiérrez, en calidad de representante legal de Prospección Geológica Oriental S.A., entregándose la totalidad del material explosivo que asciende a la suma de Bs6 551 003,86 .- (seis millones quinientos cincuenta y un mil tres 86/100 bolivianos), sin haberse recibido pago alguno por la prestación otorgada. Al no haberse efectuado el mencionado pago, en diversas oportunidades se intentó tomar contacto con Jian Guo Chen Zhou, sin obtener resultado favorable, empero, realizadas las averiguaciones, se tomó conocimiento que el prenombrado y Luis Leonel Ruiz Gutiérrez, mediante Escritura Pública 989/2019 de 19 de noviembre de Transferencia de Acciones, transfirieron el total de sus acciones de la Empresa deudora, olvidándose maliciosamente del contrato suscrito con la Empresa que representan, que data del 29 de junio de 2017. Esto con la finalidad de eludir su responsabilidad penal incrementándose desproporcionalmente su patrimonio en razón de haber dispuesto de todo el material entregado a Prospección Geológica Oriental S.A. sin recibir pago alguno, peor aun cuando la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) canceló a Jian Guo Chen Zhou y Chaohua Zheng, más de Bs25 000 000.-(veinticinco millones de bolivianos), es así que al haberse advertido la existencia evidente de una conducta delictiva, el 3 de septiembre de 2021 se envió una carta notariada, agotando la vía conciliatoria y solicitando el pago de Bs6 551 003,86.-misiva que no mereció respuesta. Posteriormente, mediante memorial de 4 de marzo de 2022, el imputado Jian Guo Chen Zhou, formuló excepción de incompetencia y falta de acción, sustentando la indicada excepción en la existencia de una cláusula arbitral, específicamente la cláusula décima del contrato suscrito entre "MAXAM - FANEXA S.A.M." y Prospección Geológica Oriental S.A., de 29 de junio 2017, dicha excepción mereció el ilegal e infundado Auto Interlocutorio 90 de 25 de marzo de 2022, emitido por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, ahora demandada, bajo el fundamento de que no se hubiera demostrado que el Estado tuviere participación en "MAXAM - FANEXA S.A.M." y que de acuerdo a la cláusula décima, el incumplimiento de contrato debe ser resuelto en la vía arbitral. Apelada que fue la determinación, los Vocales codemandados como miembros de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz pronunciaron el ilegal e infundado Auto de Vista 80 de 14 de abril de 2022 que confirmó dicha vulneración al debido proceso, con el argumento que corresponde acoger el criterio asumido por la SCP 1337/2012 de 19 de septiembre, de proteger de mejor manera los derechos fundamentales de los justiciables, caso contrario se estaría anulando los arts. 308 inc. 2) y 310 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que reconocen la excepción de incompetencia como un medio de defensa para pretender que los hechos denunciados puedan ser resueltos por otros mecanismos menos gravosos que el penal. Asimismo, refieren que el referido Auto de Vista, acoge y aplica una Sentencia Constitucional Plurinacional que ha sido expresa y taxativamente modulada y reconducida, por ello incluso en vía de aclaración, se solicitó la consideración de la SCP 0477/2015-S1 de 15 de mayo, que en la última parte establece con precisión el cambio de la línea jurisprudencial de las sentencias anteriores, en este sentido, no resulta entendible, ni cuenta con sustento normativo o jurisprudencial, el hecho de que los Vocales demandados cataloguen el razonamiento de la SCP 0477/2015-S1, como un argumento simplista. Por otro lado, también se observa una errada aplicación de la norma, específicamente de las exclusiones establecidas en la Ley de Conciliación y Arbitraje, tanto de la anterior Ley 1770, como del actual marco normativo; dado que los Vocales ahora demandados indican el art. 4.11 de la Ley de Conciliación y Arbitraje -Ley 708 de 25 de junio de 2015- cuando la referida norma en el numeral 7) tiene como causal excluyente de conciliación cuestiones que afecten el orden público como sucede en el caso particular, al encontrarse en trámite un delito de acción pública. Así los Vocales ahora demandados, aplicaron una cláusula arbitral como sustento de procedencia de una excepción de incompetencia, dentro un proceso penal subsumido a los arts. 28 y 29 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, en virtud al hecho de que los sindicados se enriquecieron ilícitamente al suscribir un contrato con "MAXAM - FANEXA S.A.M.", para luego transferir la totalidad de sus acciones empresariales, sin cumplir con el pago en cuestión, ocasionando un daño económico de Bs6 551 003,86.-, y al ser COFADENA una institución del Estado el daño es de un 47.66%, de la suma antes referida. De igual forma, se enfatiza que el hecho sometido al proceso penal, no versa sobre algún aspecto contractual de cumplimiento y/o resolución, sino sobre la conducta delictiva de Jian Guo Chen Zhou y Chaohua Zheng, quienes con total conocimiento y dolo, mediante la Escritura Pública 989/2019, transfirieron el total de sus acciones de la empresa Prospección Geológico Oriental S.A., conociendo que tenían una obligación pendiente con "MAXAM - FANEXA S.A.M.", buscando así eludir su responsabilidad de pago por un material explosivo recibido, prueba documental que no fue valorada por la parte demandada en el Auto de Vista observado, que demuestra de manera explícita que la vía arbitral no puede conocer y resolver un hecho de característica inminentemente penal.
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, valoración probatoria "…EQUIVOCADA APLICACIÓN DE LA NORMA Y ERRADA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DIRECTA DEL DERECHO…" (sic); citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se anule el Auto de Vista 80 de 14 de abril de 2022, y se dicte una nueva resolución en base a los lineamientos de la resolución constitucional a dictarse.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa, se realizó el 5 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 328 a 331, produciéndose los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia ratificó in extenso los términos del memorial de acción de amparo constitucional presentado, y ampliando los mismos, refirió: a) El Auto de Vista 80 vulnera los derechos de "MAXAM- FANEXA S.A.M.", puesto que mediante éste los demandados determinan el cierre de un proceso penal por delitos de corrupción en mérito a una cláusula arbitral, cuando lo que se busca es sancionar conductas ilícitas y no el cumplimiento o resolución de un contrato; y, b) El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció mediante la SCP 0693/2016-S3 de 14 de junio, la prohibición de que los administradores de justicia utilicen la SCP 1337/2012, como sustento para declarar procedente la excepción de incompetencia en materia por una cláusula arbitral y la de aplicar precedentes válidos emitidos a partir de la SC 2634/2010-R de 6 de diciembre, la cual analiza un hecho similar al presente y ordena que independientemente de la cláusula arbitral, la conducta antijurídica debe ser investigada por los hechos que son ajenos a los del contrato, precedente que fue confirmado por la SCP 0477/2015-S1 de 15 de mayo, SCP 0774/2015-S1 de 17 de julio y SCP 0076/2016-S2 de 12 de febrero.
Albania Chane Caballero Saavedra, Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe prestado en audiencia, indicó que la parte accionante busca confundir sobre que "MAXAM - FANEXA S.A.M," pertenece al Estado; puesto que si tuviera tal calidad no podía firmar una cláusula arbitral, consecuentemente, en el contrato que se alude actuó como persona de derecho privado, por otro lado, no se verifica ninguna lesión del derecho al debido proceso, dado que en su demanda tutelar se limita a indicar que no se habrían realizado los pagos acordados, generando una deuda de más de seis millones de bolivianos, los cuales afectan a la indicada fábrica, sin embargo, en su denuncia aluden a que existió un incumplimiento de contrato, a tal efecto, al ser el derecho penal de ultima ratio se dictó resolución declarando procedente la excepción de incompetencia. Gladys Alba Franco y Ever Álvarez Orellana, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz no presentaron informe alguno, no obstante, sus legales notificaciones cursantes a fs. 285 y 286.
Henry Roni Bejarano Vargas en representación de Arturo Marcial Echalar Rivera representante de COFADENA, mediante escrito de 4 de julio de 2022, cursante de fs. 318 a 321, y en audiencia tutelar señaló: 1) Existe una relación contractual en calidad de socios entre COFADENA y "MAXAM - FANEXA S.A.M."; por lo que, las acciones que se realizan contra "MAXAM - FANEXA S.A.M.", también causan desmedro económico a COFADENA; 2) En la empresa "MAXAM - FANEXA S.A.M.", tiene participación el Estado a través de COFADENA, encontrándose la misma legal y debidamente constituida en el Estado Plurinacional de Bolivia; 3) La conducta delictiva de Jian Guo Chen Zhou y Chaohua Zheng, fue con conocimiento y dolo, al transferir acciones por Testimonio 989/2019 de 19 de noviembre, buscando eludir su responsabilidad; y, 4) El proceso del cual emerge la presente acción de tutela no versa sobre un aspecto contractual de cumplimiento, interpretación o resolución, demostrándose una vez más, la falta de fundamentación y motivación, lesionando de esta manera el derecho al debido proceso, analizándose hechos que no son parte del contrato.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución RAC-SCIII 109/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 332 a 336, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 80 de 14 de abril de 2022, debiendo emitirse una nueva en el plazo de tres días de notificada con la presente Resolución, bajo los siguientes razonamientos: i) La fundamentación y motivación no necesariamente debe ser ampulosa y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, sino que puede ser concisa pero clara y que resuelva todos los aspectos demandados, expresando las razones determinativas que justifique la decisión, que contenga la exposición de los hechos con la fundamentación legal y citando los preceptos que sustentan la parte dispositiva de la resolución, exigencia que se torna aún más relevante cuando el juez o tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores, lo que no ocurrió en el presente caso; ii) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional la cláusula arbitral en la suscripción de un contrato, no es causal suficiente para declarar la incompetencia de un juez en materia penal, asimismo, al haberse aplicado el principio de minina intervención del derecho penal recogido a través de la SCP 1337/2012, no ha dado cumplimiento exacto de los fundamentos jurídicos emitidos en la presente Resolución, concluyendo que, la cláusula arbitral invocada en la tramitación de un proceso penal, no surte efectos directos y únicamente podría ser abordada como un elemento de convicción para que el o los procesados pidan la declinatoria de competencia ante un juez civil, pues solo en esta jurisdicción podrá abordarse la validez o no de la cláusula compromisoria arbitral, pero de ninguna manera en la vía penal; iii) Los delitos denunciados ante el Ministerio Público, son delitos de corrupción previstos en la Ley 004, cuya investigación, determinara la existencia o no de responsabilidad penal; y, iv) En el referido Auto de Vista no se consideraron, los fundamentos expuestos por esa Sala Constitucional consecuentemente, no fundamentaron y motivaron su resolución, en sentido de utilizar jurisprudencia vinculante y actualizada para resolver las problemáticas, motivo por el que deberán emitir nueva resolución. Los miembros de la referida Sala Constitucional Tercera hicieron la aclaración que no se ingresó al análisis con relación a la actuación de la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, ello en razón que el Auto Interlocutorio 90 de 25 de marzo de 2022 fue objeto de recurso de apelación, habiéndose pronunciado en respuesta el Auto de Vista 80; por lo que, el análisis únicamente se circunscribió a la última resolución pronunciada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial de ampliación de imputación formal contra Jian Guo Chen Zhou y Luis Leonel Ruiz Gutiérrez, presentado ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz por Iván Solano Quintanilla Calvimontes, "Fiscal de Materia, asignado a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros Tributarios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra" (sic) (fs. 118 a 126 vta.). II.2. Cursa memorial presentado por Jian Guo Chen Zhou, mediante el que interpone ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, excepción de incompetencia y falta de acción, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público a denuncia de "Joaquín Alberto Trigo Guzmán, Hilton Jemmy Navarro Montaño y Rider Saucedo Tordoya contra Chaohua Zheng y otros" (sic), solicitando se lo excluya del proceso al ya no ser parte de la empresa Prospección Geológica Oriental S.A. y se remita antecedentes a conocimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Cruz (fs. 127 a 133). II.3. Consta Acta de audiencia de fundamentación de la excepción de incompetencia y falta de acción celebrada el 25 de marzo de 2022, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público contra Jian Gou Chen Zhou y otros, acto procesal en el que se pronunció el Auto Interlocutorio 90 de la misma fecha que declara fundada la excepción de incompetencia bajo el razonamiento que no se demostró que "MAXAM - FANEXA S.A.M." pertenezca al Estado y que al existir una cláusula arbitral los derechos en litigo deben ser resueltos en esa vía (fs. 156 a 160 vta.). II.4. Mediante Auto de Vista 80 de 14 de abril de 2022, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declararon admisible e improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público y la parte civil compuesta por "MAXAM - FANEXA S.A.M." y en consecuencia confirma el Auto Interlocutorio 90 (fs. 166 vta. a 170).
La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, valoración probatoria "...EQUIVOCADA APLICACIÓN DE LA NORMA Y ERRADA APLICACIÓN DE JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DIRECTA DEL DERECHO…" (sic); toda vez que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Jian Guo Chen Zhou y Chaohua Zheng en su calidad de socios, accionistas, fundadores y propietarios de la Empresa Prospección Geológica Oriental S.A., por la presunta comisión de los delitos enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, los Vocales ahora demandados declararon probada la excepción de incompetencia presentada por los imputados bajo el fundamento que conforme el contrato suscrito por ambas sociedades comerciales, estas acordaron de manera mutua y voluntaria acudir previamente a la vía arbitral para dirimir cualquier conflicto que emerja de la relación comercial entre ambas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si lo extremos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) Sobre el derecho al juez natural; c) Sobre la excepción de incompetencia en materia penal por existir clausula arbitral, coactiva fiscal o civil para la resolución contractual; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:
Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0228/2018-S2 de 28 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: El juez natural se encuentra previsto en la Norma Suprema como una garantía jurisdiccional que forma parte del debido proceso; el cual, conforme lo determinó la jurisprudencia constitucional, es también aplicable a los procesos administrativos de tipo sancionador y a los procesos disciplinarios. La SCP 1047/2013 de 27 de junio, reiterando el entendimiento de la SC 0074/2005 de 10 de octubre, indicó que la autoridad jurisdiccional debe estar establecida con anterioridad al hecho de la causa; haciendo referencia, que ninguna persona puede ser sometida a juzgados o tribunales que no hubieren estado instituidos antes del inicio de la causa; es decir, antes del inicio del juicio propiamente dicho, en el que la autoridad, con plena jurisdicción y competencia, conocerá y resolverá el proceso judicial o disciplinario; así en el Fundamento Jurídico III.3.3, estableció que:
El juez natural, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional contendida en la SC 0074/ 2005 de 10 de octubre, implica: “…el derecho que tiene toda persona a ser oída y juzgada, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez regular predeterminado, competente, independiente e imparcial, en la substanciación de cualquier acusación penal o disciplinaria formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, familiar o de cualquier otro carácter. Ahora bien, a los fines de la resolución de la problemática planteada, siguiendo la doctrina constitucional, corresponde describir de manera resumida la naturaleza jurídica de los elementos constitutivos del `juez natural´:
a) Juez predeterminado, se entiende por tal a la autoridad cuya jurisdicción y competencia es determinada por el ordenamiento jurídico con anterioridad al hecho cometido que será objeto del proceso, sea judicial o disciplinario administrativo, lo que supone que el órgano judicial o disciplinario haya sido creado por la norma legal previamente. De lo referido se infiere que, en el ámbito del derecho al debido proceso significa el derecho que tiene la persona a ser juzgada por la autoridad investida, por el ordenamiento jurídico, de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial o disciplinario, conforme corresponda. (…)
De lo referido se infiere que el derecho al Juez predeterminado es con relación al juzgado o tribunal con jurisdicción y competencia predeterminado, no es al titular, es decir, a la persona que ejerce la condición de Juez o miembro del Tribunal respectivo; por ello debe entenderse que la garantía (…) del derecho al juez predeterminado, se refiere a la creación y establecimiento del juzgado o tribunal con la respectiva jurisdicción y competencia, no a los jueces o miembros de un Tribunal como sujetos; así fue entendido por este Tribunal en su SC 0560/2002-R de 15 de mayo, en la que se expresó la siguiente doctrina constitucional: `...los alcances del precepto constitucional (art. 14) no pueden extraerse de la literalidad del precepto, sino de la finalidad que el mismo tiene dentro del orden constitucional. De ahí que, de manera congruente con lo anotado, cuando dicho precepto dice: 'Nadie debe ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causa', está desarrollando la garantía del Juez natural, dentro de los alcances anteriormente expuestos, y no a prohibir que un Juez designado después del hecho conozca y revuelva el caso, pues esto no sólo que no cumpliría la función teleológica del mismo, sino que sería de imposible aplicación; pues, ni aun existiendo jueces vitalicios podría cumplirse tal exigencia, que como ha quedado establecido no está presente en el espíritu de la norma´.
b) Juez competente, es el órgano que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme a criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; al igual que se manifestó al conceptuar al juez predeterminado dicha acepción de competencia no se refiere a la persona que ejerce circunstancialmente la jurisdicción, sino alude a la competencia del órgano creado con especificidad para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, vale decir que como juez competente se debe entender la autoridad que cumpliendo los criterios que legitiman su acción como tercero imparcial, independientemente de la persona, ejerce la potestad jurisdiccional en la dilucidación de una situación problemática para la que fue creada.
c) Juez independiente tiene una doble significación, por un lado, alude al órgano judicial, como Órgano del Estado, en ese sentido su configuración constitucional garantiza su independencia de los otros poderes (art. 116.VI y VIII de la CPE); y de otro lado, alude a la persona que ejerce la jurisdicción, la cual debe estar exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado.
d) Juez imparcial, también está referido al órgano jurisdiccional del Estado, y es un elemento propio y connatural de la jurisdicción; en otros términos, el ejercicio de la función jurisdiccional supone la existencia de un órgano imparcial, ajeno por completo al conflicto originado entre las partes contendientes en el proceso, cuya misión es la de dirimir un conflicto o la constatación de una situación jurídica, con efectos de cosa juzgada (las negrillas nos pertenecen).
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0310/2019-S2 de 29 de mayo, asumió el siguiente entendimiento:
En relación a la presentación de la excepción de incompetencia prevista en el art. 310 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en procesos penales instaurados a raíz de hechos emergentes de una relación contractual, en la cual se haya estipulado una cláusula rescisoria en la que se establezca la vía civil, comercial administrativa, o arbitral para la dilucidación de controversias; este Tribunal Constitucional Plurinacional entendió, inicialmente, en las SSCC 1244/2000-R, 0770/2006-R, 0068/2007-R y 0487/2007-R; que debe considerarse el contenido de la cláusula compromisoria del contrato, a objeto de determinar el tipo de conflictos sometidos a la vía arbitral, civil, en otras; Así, la SC 1244/2000-R, de 21 de diciembre, señala:
…de la interpretación correcta de la cláusula compromisoria del contrato se colige que ésta se refiere a ‘cualquier disputa, controversia o reclamo que surja entre las partes a raíz de o en conexión’, (incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier asunto relacionado con la validez, existencia, terminación o incumplimiento de este contrato), será referido y resuelto en única e inapelable instancia por un arbitraje final y vinculante (sic)..."; de cuyo contenido se extrae claramente y de forma única e inequívoca que al margen de los conflictos surgidos de la validez, existencia, terminación o incumplimiento del contrato, se pactó que también otras incidencias del mismo, donde bien se enmarca el reclamo por el incumplimiento del pago, podían ser resueltas ante un Tribunal Arbitral.
Entendimiento que también se encuentra contenido en la SCP 1337/2012 de 19 de septiembre, en la que el Tribunal, entendió que las autoridades judiciales demandadas, lesionaron el debido proceso al desconocer, en el caso concreto, la cláusula arbitral contenida en el contrato, que disponía que la solución de controversias, debía ser realizado a través de arbitraje.
No obstante lo anotado, en otras Sentencia, como la SC 2634/2010-R de 6 de diciembre, entendió que, en el caso concreto.
…la naturaleza de la excepción de incompetencia, que en este caso en particular fuera sustentada por el carácter civil de los hechos controvertidos y la obligatoria sujeción a la vía arbitral, no condice al contexto del juicio penal en el que fue planteada, que responde a la averiguación de la comisión de un delito de acción pública, sus autores o partícipes y su consecuente sanción, que no guarda relación alguna con el contenido del contrato en sí y las cuestiones que le atañen a éste; al contrario, sólo se supedita a investigar la presunta comisión de ilícitos de interés social, en el caso en cuestión, dentro de un proceso en el que intervendría el interés del Estado a través del Ministerio Público en defensa de la sociedad, entidad que está obligada a perseguir hechos con preeminencia penal… (las negrillas fueron añadidas).
En el mismo sentido, resolvieron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0477/2015-S1 de 15 de mayo; y, 0002/2016-S3 de 4 de enero de 2016, entre otras.
De lo anotado, podría desprenderse que no existe una solución uniforme respecto a si los procesos penales deben ser conocidos por la jurisdicción penal o si las autoridades judiciales, deben declararse incompetentes en mérito a la cláusula arbitral, civil administrativa, etc.; sin embargo, los precedentes citados deben ser entendidos en armonía con la cláusula analizada en el caso concreto, conforme a lo siguiente: 1) Si la cláusula es amplia y permite la resolución de cualquier controversia en la vía específicamente señalada en el contrato; es en ella, donde deben ser dilucidados todos los conflictos que podrían presentarse, conforme lo entendió la jurisprudencia constitucional en las SSCC 1244/2000-R, 0770/2006-R, 0068/2007-R, 0487/2007-R y 1337/2012, entre otras; con la aclaración que, si en dicha vía se observan indicios de responsabilidad penal, deberán remitirse antecedentes a la vía penal; y, 2) Si la cláusula está limitada a aspectos vinculados al cumplimiento del contrato, y en la acción penal el hecho investigado no está referida a dichos aspectos, corresponderá, que su conocimiento sea asumido por la jurisdicción penal, en el marco de lo establecido por las SC 2634/2010-R y Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0477/2015-S1 de 15 de mayo y 0002/2016-S3, entre otras.
Conforme a ello, queda claro que la existencia de una relación contractual, no determina la imposibilidad del procesamiento penal de cualquiera de las partes contratantes, sino que se deberá analizar la estipulación concreta, respecto a la resolución de controversias.
La entidad accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, valoración probatoria "...EQUIVOCADA APLICACIÓN DE LA NORMA Y ERRADA APLICACIÓN DE JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DIRECTA DEL DERECHO..." (sic); toda vez que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Jian Guo Chen Zhou y Chaohua Zheng en su calidad de socios, accionistas, fundadores y propietarios de la Empresa Prospección Geológica Oriental S.A., por la presunta comisión de los delitos enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, la Jueza demandada declaro probada la excepción de incompetencia presentada por los imputados que luego fue confirmada por los Vocales ahora demandados bajo el fundamento que conforme el contrato suscrito por ambas sociedades comerciales, estas acordaron de manera mutua y voluntaria acudir previamente a la vía arbitral para dirimir cualquier conflicto que emerja de la relación comercial entre ambas; por lo que, la jurisdicción competente era la civil y comercial y no así la vía penal.
Conforme los antecedentes que informan la presente acción de defensa, se evidencia que "MAXAM - FANEXA S.A.M." y la Empresa Prospección Geológica Oriental S.A. suscribieron un contrato de suministro y prestación de servicios explosivos y/o material de emisión y caps electrónicos (accesorios y magazines) de 29 de junio de 2017; en ese sentido y en cumplimiento de dicho contrato la empresa "MAXAM - FANEXA S.A.M." entrego la totalidad del material explosivo que asciende a la suma de Bs6 551 003,86.- sin recibir de parte de Prospección Geológica Oriental S.A. el pago por el suministro efectuado, así al no existir el mencionado pago se tomó conocimiento que Jian Guo Chen Zhou y Luis Leonel Ruiz Gutiérrez mediante Escritura Pública 989/2019 de Transferencia de Acciones transfirieron el total de sus acciones de la referida Empresa, esto con el fin de eludir su responsabilidad penal incrementándose desproporcionalmente su patrimonio en razón de haber dispuesto de todo el material entregado (Conclusiones II.1 y II.2). A tal efecto, la entidad comercial -ahora accionante- presentó denuncia formal contra Jian Guo Chen Zhou y Chaohua Zheng en su calidad de socios, accionistas, fundadores y propietarios de la Empresa Prospección Geológica Oriental S.A. por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, proceso que recayó en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; ante el cual, los imputados presentaron la excepción de incompetencia, que fue resuelta mediante el Auto Interlocutorio 90 de 25 de marzo de 2022, por el que se dispuso la suspensión del proceso penal y la remisión de antecedentes ante la autoridad competente llamada por ley; determinación, que fue objeto de apelación incidental por parte de la "MAXAM - FANEXA S.A.M." (Conclusiones II.3). Bajo ese marco, los Vocales ahora demandados mediante Auto de Vista 80 de 14 de abril de 2022, declararon admisible e improcedente la apelación presentada y en consecuencia confirmaron el Auto Interlocutorio apelado (Conclusiones II.4). Con carácter previo al estudio de la problemática de fondo planteada, cabe aclarar que no obstante que la parte accionante demandó a través de esta acción tutelar, a la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz y, a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento; concretizando su petitorio en que la Sala Penal denunciada, pronuncie uno nuevo Auto de Vista; de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional en las SSCC 1569/2004-R de 27 de septiembre, 1824/2004-R de 23 de noviembre y reiterada por la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, que fue uniforme al señalar, que dicho tribunal de apelación debe ingresar al análisis de fondo del recurso, a efectos de resolverlo, ya sea aprobando o revocando la resolución impugnada; en ese sentido, este Tribunal, de acuerdo a lo sustancial de las cuestiones jurídicas y fácticas denunciadas y en congruencia lo pedido en el presente caso, analizará y resolverá a partir de lo actuado por los Vocales demandados. En ese contexto, y conforme lo señalado por la parte accionante en la presente demanda tutelar, queda claro en lo fundamental que reclama la procedencia de la excepción de incompetencia presentada, al amparo de lo previsto en la cláusula décima del contrato de 29 de junio de 2017; sin embargo, de acuerdo a lo explicado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondía que las autoridades judiciales analizaran si dicha cláusula, permitía la resolución de cualquier controversia en la vía específicamente señalada en el contrato, con la excepción de que si los conflictos a ser dilucidados observaban indicios de responsabilidad penal, estos deberían remitirse en antecedentes a la vía penal; así la otra opción era que si la cláusula está limitada a aspectos vinculados al cumplimiento del contrato, y en la acción penal el hecho investigado no está referido a dichos presupuestos, por lo que debió ser asumido por la jurisdicción penal. En mérito a ello, y de la compulsa del Auto de Vista 80, concluye determinar la improcedencia el recurso de apelación incidental y en consecuencia confirma el Auto Interlocutorio 90, en base a los siguientes fundamentos: a) El precedente contenido en la SC 2634/2010-R, referida a la competencia del juez en materia penal, que de su lectura se puede entender que la misma no analiza la calidad de las partes involucradas en el conflicto penal y segundo, que es el proceso penal el que resuelve una denuncia y acusación mas no la cláusula arbitral, por otro lado, la SCP 1337/2012 de 19 de septiembre, también resolvió una controversia donde el accionante pretendía la remisión del caso a un tribunal arbitral; toda vez que, existía una cláusula arbitral dentro del documento de constitución de una empresa; esta pretensión fue acogida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en base al principio de mínima intervención del derecho penal, tomando en consideración que ambas partes habían acordado de manera voluntaria someterse a un juez natural que era la vía arbitral, renunciando a la justicia ordinaria; asimismo, la SCP 0477/2015-S1, el cual resolvió un caso en el que se cita la SC 2634/2010-R, pero ingresa a analizar el fondo del proceso penal, concluyendo que los delitos y los hechos de relevancia penal por los que se inició la acción penal no condicen con el documento donde existiría la cláusula arbitral; b) Existen dos ratio decidendi divergentes; por lo que, se está ante una colisión de criterios del Tribunal Constitucional Plurinacional, es así que corresponde aplicar alguno de los principios procesales para la aplicación preferente de una u otra sentencia, utilizando en su caso el precedente en vigor que proteja de mejor manera un derecho o garantía constitucional o lo que se denomina el "estándar jurisprudencial más alto", es así que bajo su criterio, aplicando el principio de mínima intervención, no resulta posible que la excepción de incompetencia en razón de la materia se tenga que rechazar bajo el argumento simplista de que existe una denuncia por delitos tipificados en la norma sustantiva, y la necesidad de llevarse a cabo un proceso penal para determinar si existió o no el delito, pues de ser así se estaría anulando, "hipotéticamente hablando", el art. 308 inc. 2) y 310 del CPP, que reconocen la excepción de incompetencia; por lo que, corresponde acoger el criterio asumido por la SCP 1337/2012, por proteger de mejor manera los derechos fundamentales de los justiciables y cumple con el objetivo de los arts. 308 inc. 2) y 310 del CPP; y, c) La empresa "MAXAN -FANEXA S.A.M." en la normativa boliviana se desarrolla en el ámbito del derecho privado, y la problemática jurídica emerge de un contrato de carácter privado entre dos empresas, una particular y otra mixta, y dicha empresa de sociedad mixta actuó como persona de derecho privado, por cuanto el problema debe ser solucionado en la vía arbitral. Ahora bien, de los argumentos precedentemente señalados, se puede concluir que los mismos se constituyen en arbitrarios; en efecto, las autoridades de alzada demandadas señalan que el proceso penal por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, no puede proseguir por cuanto al existir una cláusula arbitral dentro del contrato suscrito entre la Empresa accionante y la Prospección Geológica Oriental S.A., se debería previamente acudir a la jurisdicción del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Cruz en aplicación de la Ley de Arbitraje; razonamiento que sin duda, desconoce los alcances de la cláusula décima del contrato; por cuanto, si bien es cierto que ambas sociedades comerciales, en dicha cláusula establecieron como jurisdicción competente la citada vía conciliatoria, fue para que en ella se puedan dilucidar controversias o desavenencias contractuales; vale decir, aspectos relacionados al cumplimiento o incumplimiento del referido contrato, pero de ninguna manera la investigación y juzgamiento de la probable comisión de ilícitos penales, que puedan surgir a partir de la relación contractual, como acontece en el presente caso. Consecuentemente, los delitos por los cuales fueron denunciados los representantes legales de la Empresa Prospección Geológica Oriental S.A. a quienes se les atribuye la probable comisión de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, debe ser sustanciado en la vía penal, habida cuenta que se está debatiendo la comisión de ilícitos penales que se encuentran previstos y sancionados en el Código Penal. Extremo que no fueron considerados en el Auto de Vista observado, pues de manera errada sostuvo que la jurisdicción competente se constituía la conciliatoria y de arbitraje; determinación asumida, únicamente ante la existencia de una cláusula de resolución contractual, sin analizar los alcances de la misma; lo que evidentemente vulnera el derecho al juez natural en su elemento juez competente, que de acuerdo a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2, es el Órgano que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme a criterios de territorio, materia y cuantía, el llamado para conocer y resolver una controversia judicial. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 109/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 332 a 336, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada conforme a los Fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1060_2023-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 33677e6a2d53eaa98df91b7f7a0576281511fd40616c9dc897ea8d8523a30211
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