Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de julio de 2026
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y al principio de celeridad; puesto que, el Juez hoy accionado suspendió la audiencia de cesación de su detención preventiva que solicitó, sin explicar causal alguna y no obstante que se rechazó la recusación que formuló en contra del citado Juez, se tiene que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no señaló día y hora para la celebración de dicha audiencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrolláran los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación; b) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de una nueva audiencia por la suspensión de una anterior; c) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 225/2023 de 17 de junio, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en el día señale nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva de Christhian David Estévez Villca, salvo que ese actuado procesal ya se hubiese realizado por el transcurso del tiempo o por lo dispuesto por la Jueza de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1059/2026-S1 Sucre, 8 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 56444-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 225/2023 de 17 de junio, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Vladimir Christiam Choque Maldonado en representación sin mandato de Christhian David Estévez Villca contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 16 de junio de 2023, cursante de fs. 1 a 3, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Christhian David Estévez Villca -accionante- por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, previsto y sancionado por el art. 185 bis del Código Penal (CP), solicitó la cesación de su detención preventiva, fijándose audiencia para el 13 de junio de 2023; sin embargo, debido a que formuló recusación contra el Juez hoy accionado y a pesar que no es una causal establecida por el art. 113 del Código de Procedimiento Penal (CPP) para la suspensión de la audiencia de dicha cesación, el referido Juez suspendió la misma, sin que hasta la fecha -de interposición de la acción de libertad- señale nuevo día y hora de su realización, restringiendo de esa manera su derecho a la libertad; ya que, no puede pretender que presente una nueva solicitud; puesto que, una vez que resolvió la recusación planteada debió inmediatamente fijar audiencia, al no hacerlo vulneró su derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 23.I, 115.II, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene que en el día el Juez ahora accionado señale audiencia de cesación de su detención preventiva.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 18, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que, la audiencia señalada para el 13 de junio de 2023, a objeto de considerar su solicitud de cesación de su detención preventiva, fue suspendida sin merecer causa legal con desconocimiento de la ley, argumentando que habría un memorial de “acusación” presentado por la “defensa” lo que merecería una suspensión, sin considerar que se encuentra de por medio su libertad; ya que, ameritaba una respuesta pronta y oportuna; puesto que, su dilación ocasionó una situación de ansiedad que afectó su salud mental y física, más aun si la recusación que formuló contra el Juez ahora accionado fue resuelta por Auto Interlocutorio 361/2023 de igual fecha; circunstancia por la que, debió inmediatamente fijar día y hora de su realización conforme al art. 239.1 del CPP. 1.2.2. Informe de la autoridad accionada Elmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 12 y vta.
La Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 225/2023 de 17 de junio, cursante de fs. 19 a 20 vta., concedió la tutela solicitada; disponiendo que el Juez hoy accionado en el día señale nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, cumpliendo con los plazos establecidos por el art. 239 del CPP, en consideración a la persona detenida preventivamente; todo ello, bajo el fundamento de que, el referido Juez señaló audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante para el 13 de igual mes de 2023 a las 17:30 horas; y si bien se presentó recusación en contra del Juez hoy accionado, el nombrado resolvió esta rechazándola el mismo día del referido señalamiento; por lo que, no debió suspender dicho actuado procesal como lo hizo sin explicar las causales de suspensión del mismo; puesto que, debió continuar con el conocimiento del proceso penal; es así que, al 17 de junio de 2023, no se estableció por qué no se fijó la respectiva audiencia, la cual desde el 13 al 15 de igual mes y año, ya debió tener algún señalamiento y el Juez ahora accionado no se presentó para respaldar que cumplió lo establecido en la norma procesal siendo que en “esta audiencia” se demostró que existe inobservancia del principio de celeridad que tiene vinculatoriedad con el derecho a la libertad de locomoción, resultando viable por esa circunstancia, la concesión de la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SC-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. A través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.
Por decreto constitucional de 30 de abril de 2026, cursante a fs. 30 se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 7 de julio de igual año, cursante a fs. 34, por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa decreto de 12 de junio de 2023, emitido por Elmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionado-; por el cual señaló audiencia de cesación de la detención preventiva de Cristhian David Estévez Villca -hoy accionante-, para el 13 de igual mes y año a las 17:30 horas (fs. 7). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 361/2023 de 13 de junio, el Juez ahora accionado declaró infundado el incidente de recusación que fue formulado en su contra por el accionante y por consiguiente rechazó el mismo (fs. 8 a 10).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y al principio de celeridad; puesto que, el Juez hoy accionado suspendió la audiencia de cesación de su detención preventiva que solicitó, sin explicar causal alguna y no obstante que se rechazó la recusación que formuló en contra del citado Juez, se tiene que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no señaló día y hora para la celebración de dicha audiencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrolláran los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación; b) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de una nueva audiencia por la suspensión de una anterior; c) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, d) Análisis del caso concreto.
La SCP 0280/2025-S1 de 10 de abril, citando a la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, señala que a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho establece que: “…se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”.
La SCP 0586/2025-S1 de 30 de mayo, citando a la SCP 1045/2022-S1 de 21 de septiembre, haciendo mención al art. 239 del CPP referido a la cesación de las medidas cautelares de carácter personal, señala que: “…Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
(…)
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código. En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. (…) Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud”. (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0349/2025-S1 de 25 de abril, citando a la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, establece que: “La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.
Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.
En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: ‘…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos’. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y al principio de celeridad; puesto que, el Juez hoy accionado suspendió la audiencia de cesación de su detención preventiva que solicitó, sin explicar causal alguna y no obstante que se rechazó la recusación que formuló en contra del citado Juez, se tiene que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no señaló día y hora para la celebración de dicha audiencia. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene el decreto de 12 de junio de 2023; por el cual Juez ahora accionado señaló audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, para el 13 de igual mes y año a las 17:30 horas (Conclusión II.1.); luego en esa misma fecha por Auto Interlocutorio 361/2023, el citado Juez declaró infundado el incidente de recusación planteado por el accionante y por consiguiente rechazó ese incidente (Conclusión II.2.). En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, es el medio idóneo y eficaz para lograr que los trámites judiciales o administrativos se cumpla con la debida celeridad, sin incurrir en dilaciones indebidas que impidan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad, teniendo presente que todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones tiene el deber y la obligación de garantizar el respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, más aún de aquellas que se encuentran privadas de su libertad, con observancia estricta del principio de celeridad procesal en todas sus actuaciones, evitando dilaciones indebidas e innecesarias que generen perjuicio a las partes dentro de un proceso. De la misma manera, se debe recordar que, planteada la solicitud de cesación de la detención preventiva conforme al art. 239.1 del CPP, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, como lo refiere el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional. Para la resolución del presente caso, corresponde señalar que el Juez ahora accionado no asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar ni remitió informe alguno para desvirtuar los argumentos planteados por el accionante; por lo que, se debe aplicar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional respecto a la presunción de veracidad, misma que determina que cuando las autoridades demandadas no asisten a la audiencia ni presentan el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones del accionante, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la acción de defensa; bajo ese contexto, se constata que efectivamente el Juez hoy accionado no obstante de señalar audiencia para el 13 de junio de 2023, para considerar y resolver la cesación de la detención preventiva del accionante, suspendió esa audiencia a pesar que en la misma fecha rechazó la recusación formulada contra dicho Juez; circunstancia por la cual, al no allanarse a la misma; debió llevar a cabo el actuado procesal fijado, o en su caso, señalar otra audiencia inmediatamente sin necesidad de que el accionante presente una nueva solicitud; empero, al actuar en contrario dejó en incertidumbre al nombrado al incumplirse con la obligación citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional que expresó “…una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud…”; además que, con esa actuación también omitió su obligación como juzgador respecto a que las solicitudes en las que se encuentre involucrado el derecho a la libertad, como en el presente caso, deben ser tramitadas con la mayor celeridad que amerita, o cuando menos dentro de los plazos razonables; puesto que, de no hacerlo provoca una restricción indebida del citado derecho.
En ese sentido, el Juez hoy accionado desconoció que la garantía jurisdiccional consagrada por el art. 115.II de la CPE, impone a quien administra justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, al establecer que el Estado garantiza los derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal; puesto que, dichas peticiones deben ser atendidas y resueltas de manera inmediata si no existe una norma que establezca un plazo y si existe, debe ser cumplido estrictamente, como en el presente caso, en el que se advierte la vulneración del derecho a la libertad personal vinculado a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y al principio de celeridad, debido a lo cual corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 225/2023 de 17 de junio, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en el día señale nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva de Christhian David Estévez Villca, salvo que ese actuado procesal ya se hubiese realizado por el transcurso del tiempo o por lo dispuesto por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1059_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1c5daa377f30fbb97ef1b9c4b2189b9bce8fe15057aae48f25025432e4cfc70c
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