Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de septiembre de 2025
Concede la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, el Juez hoy accionado en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y “otros”, en el que cumple detención preventiva, no llevó a cabo la audiencia de cesación de su detención preventiva solicitada el 7 de marzo de 2023 y si bien fue fijada la audiencia para el 16 de ese mes y año, fue suspendida para el 20 y luego para el 23 de ese mes y año, informándole una última reprogramación para el 28 del indicado mes y año, alegando problemas técnicos, baja médica de la Secretaria y el desarrollo de jornadas de descongestionamiento en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a las que asistió el Juez ahora accionado, siendo diferidas por tres veces consecutivas, a pesar que la audiencia era virtual y no requería de su presencia en el despacho, superando el plazo previsto por el art. 239 del CPP, para su verificativo, al transcurrir dieciséis días sin resolverse su situación jurídica procesal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1058/2025-S1 Sucre, 1 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54667-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 24/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ernesto Lucio Jáuregui Sempertegui en representación sin mandato de Yesica Anel Choqueticlla Castellón contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 3 a 6 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Yesica Anel Choqueticlla Castellón -accionante-, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal (CP) y “otros”, cumple detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del departamento de La Paz. Por lo cual, solicitó en diferentes oportunidades cesación de su detención preventiva, la cual fue negada, presentando la última solicitud el 7 de marzo de 2023, fijándose audiencia para su consideración de manera virtual para el 16 de ese mes y año, fuera del término previsto por el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP); a pesar de ello, concurrió a dicha audiencia; sin embargo, la misma fue reprogramada por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del indicado departamento, debido a problemas técnicos, para el 20 de ese mes y año, produciéndose una nueva suspensión, alegando que la Secretaria del indicado Juzgado se encontraba con baja médica, reprogramándose la misma para el 23 de ese mes y año. Posteriormente en audiencia de cesación de su detención preventiva el 23 de marzo de 2023, funcionarios de apoyo jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, le comunicaron que el Juez hoy accionado se encontraba en las jornadas de descongestionamiento en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento y, por ello no podía desarrollarse el acto procesal, informándole una última reprogramación para el 28 de marzo de 2023. Dichas suspensiones, provocaron que la solicitud de su cesación de la detención preventiva no sea considerada ni resuelta, sin que resulten una justa causa los motivos técnicos, la baja médica de la Secretaria del indicado Juzgado y las jornadas a las que asistió el Juez ahora accionado para dilatar su verificativo, obviando que debe actuar con responsabilidad, difiriendo su desarrollo por tres veces consecutivas, a pesar que la indicada audiencia era de manera virtual y no requería de su presencia en despacho, conducta que atenta contra su libertad, soslayando el plazo previsto por el art. 239 del CPP, transcurriendo dieciséis días sin que se hubiese celebrado la referida audiencia, menos emitirse resolución.
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: “…se ordene a la Autoridad recurrida, en el plazo de 24 horas resolver y tramitar la solicitud de Cesación a la Detención Preventiva, hasta dictar la Resolución que corresponda…” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 24 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 12 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de sus abogados, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) Según la “SCP 0224/2012”, la autoridad que no remita informe ni concurra a la audiencia de consideración de la acción de defensa, no niegue los hechos que se le endilgan, deberá asumirse en sede constitucional que tales hechos son ciertos y en consecuencia concederse la tutela solicitada; y, b) Se encuentra con detención preventiva un año y más de un mes, dispuesta mediante Auto Interlocutorio de 2 de febrero de 2022 y habiéndose presentado en virtud del art. 239 del CPP con nuevos elementos de prueba, solicitud de cesación a dicha medida cautelar el 7 de marzo de 2023, la audiencia fue diferida por tres veces continuas, accionar que afecta frontalmente su libertad, superando de manera grosera y arbitraria los plazos procesales para llevar a cabo la misma, inobservando el Juez hoy accionado su obligación de programar dicho acto procesal y resolver el planteamiento dentro de plazo, retrasándose de manera injustificada.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni remitió informe alguno; pese a su citación cursante a fs. 10 y vta.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 24/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 13 a 14 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez hoy accionado, ordene a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del referido departamento, señale audiencia y genere las notificaciones a objeto de resolver la cesación de la detención preventiva planteada por la accionante en el plazo que prevé el art. 239 del CPP, fundamentado que era su deber resolver la referida solicitud, conforme al art. 239.1 del CPP, cuya audiencia debió ser fijada dentro de las cuarenta y ocho horas, para luego resolverse; empero, si bien fue señalada la misma, también fue suspendida por tres veces consecutivas, sin considerar que la accionante tenía derecho a ser oída y se resuelva su situación jurídica, cuyo señalamiento además de corresponderle a la Secretaria del indicado Juzgado, es el Juez ahora accionando, como director del proceso quien debe resolver la pretensión de la cesación de su detención preventiva.
De la revisión de los antecedentes que cursan obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia del memorial presentado el 7 de marzo de 2023, ante Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-; por lo cual, Yesica Anel Choqueticlla Castellón -hoy accionante-solicitó cesación de su detención preventiva (fs. 2).
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, el Juez hoy accionado en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y “otros”, en el que cumple detención preventiva, no llevó a cabo la audiencia de cesación de su detención preventiva solicitada el 7 de marzo de 2023 y si bien fue fijada la audiencia para el 16 de ese mes y año, fue suspendida para el 20 y luego para el 23 de ese mes y año, informándole una última reprogramación para el 28 del indicado mes y año, alegando problemas técnicos, baja médica de la Secretaria y el desarrollo de jornadas de descongestionamiento en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a las que asistió el Juez ahora accionado, siendo diferidas por tres veces consecutivas, a pesar que la audiencia era virtual y no requería de su presencia en el despacho, superando el plazo previsto por el art. 239 del CPP, para su verificativo, al transcurrir dieciséis días sin resolverse su situación jurídica procesal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, 3) Análisis del caso concreto.
La SCP 0280/2025-S1 de 10 de abril, reiterando los razonamientos de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos corresponden).
La 0207/2025-S1 de 25 de marzo, reiterando los entendimientos de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, establece que:“En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos’; asimismo, el art. 180.I de la Ley Fundamental expresa: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez’; ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad, y la eficiencia persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones; de manera que, las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SCP 0023/2013 de 4 de enero.
Posteriormente, la SCP 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra interrelacionado con otros principios, derechos y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre”.
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, el Juez hoy accionado en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y “otros”, en el que cumple detención preventiva, no llevó a cabo la audiencia de cesación de su detención preventiva solicitada el 7 de marzo de 2023 y si bien fue fijada la audiencia para el 16 de ese mes y año, fue suspendida para el 20 y luego para el 23 de ese mes y año, informándole una última reprogramación para el 28 del indicado mes y año, alegando problemas técnicos, baja médica de la Secretaria y el desarrollo de jornadas de descongestionamiento en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a las que asistió el Juez ahora accionado, siendo diferidas por tres veces consecutivas, a pesar que la audiencia era virtual y no requería de su presencia en el despacho, superando el plazo previsto por el art. 239 del CPP, para su verificativo, al transcurrir dieciséis días sin resolverse su situación jurídica procesal.
De antecedentes remitidos a conocimiento de este Tribunal Constitucional Plurinacional, relativo al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y “otros”, con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012200570, se tiene fotocopia del memorial presentado por la accionante ante el Juez ahora accionado recepcionado el 7 de marzo de 2023, solicitando cesación de su detención preventiva (Conclusión II.1). Sobre cuyo antecedente, la accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, atribuyendo al Juez hoy accionado que al dilatar de manera injustificada la solicitud de la cesación de la detención preventiva y por lo tanto la resolución de su situación jurídica, contándose con el único antecedente en el caso a objeto de resolver la problemática; puesto que, el Juez ahora accionado omitió remitir informe al respecto y concurrir a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, con la finalidad de desvirtuar los términos de la acción de defensa; así como, remitir el cuaderno de control jurisdiccional del proceso penal a su cargo, a pesar que la jurisprudencia constitucional debido a la naturaleza de los derechos tutelados por el presente mecanismo constitucional, estableció la presunción de veracidad de los hechos alegados (SCP 0518/2021-S3 de 18 de agosto). En ese entendido, de la única prueba arrimada al memorial de acción de libertad concerniente a la solicitud de cesación de la detención preventiva, presentada por la accionante, cuya fecha de recepción data del 7 de marzo de 2023, de cuya presentación, se tiene -a decir de la accionante-, que la autoridad judicial hoy accionada señaló audiencia de cesación de la detención preventiva para el 16 de ese mes y año; la cual, habría sido reprogramada debido a problemas técnicos por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, para el 20 de ese mes y año; fecha en la cual, nuevamente se produjo la suspensión, alegando esta ves que la mencionada Secretaria se encontraba ausente y con baja médica, fijándose una nueva fecha para el 23 de ese mes y año, la cual tampoco se llevó a cabo, en razón a que el Juez ahora accionado participaba de las jornadas de descongestionamiento, informándose a la accionante un último señalamiento para el 28 de marzo del referido año. Por lo cual se evidencia que hasta la fecha de la audiencia de consideración de esta acción de libertad celebrada el 24 de marzo de 2023, no fue desarrollada la misma ni tampoco fue resuelta la situación jurídica de la accionante, provocando una dilación contraria a lo previsto por el art. 239 del CPP, para la tramitación de la audiencia de cesación de medidas cautelares, que prevé en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6 del referido artículo, su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas y para las causales 3 y 4 del citado artículo, en igual plazo luego de contestado o no el traslado a la contraparte; de modo que en el caso, desde la solitud -7 del referido mes y año-, hasta la audiencia de consideración de la presente acción de defensa -24 de ese mes y año-, llegó a transcurrir un término extenso por encima del previsto en dicha norma procesal, sin que se desarrolle el citado acto procesal ni resuelto la situación jurídico procesal de la accionante, encuadrándose a la protección constitucional otorgada por la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, glosada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que propende acelerar los trámites judiciales ante dilaciones indebidas, con la finalidad de resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad, como es el caso de la accionante, quien se encuentra con detención preventiva emergente de una medida cautelar y, sobre quien debía observarse mayor celeridad en su tramitación. Asimismo, el actuar del Juez ahora accionado, responde a una demora, que de ningún modo se enmarca a la previsión de celebrar la audiencia de la cesación de la detención preventiva solicitada, contrariamente a la administración de justicia y protección de los derechos y garantías constitucionales protegidos por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que tiene por objeto precisamente la concreción del principio de celeridad previsto por el art. 180 de la CPE, con objeto de apresurar un determinado trámite cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, aspecto omitido en el caso de autos, donde a la accionante se la tuvo por más de dieciséis días en una indeterminación de su situación procesal con suspensiones y diferimientos injustificados de llevar a cabo la audiencia solicitada, que hasta el desarrollo de la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, no fue absuelta dicha petición, lejos de considerar que esta se trataba de una solicitud vinculada a modificar su medida cautelar de ultima ratio. Con relación a que el motivo de las suspensiones de la audiencia de cesación de la detención preventiva, también se debería a la ausencia por baja médica de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, cabe recordar al Juez ahora accionado que sobre él recae la responsabilidad de dirección del personal de apoyo jurisdiccional dentro de su Juzgado; por cuya razón, la ausencia de dicha servidora pública pudo haber sido subsanada convocando a otro funcionario en suplencia legal; de modo que, tal posibilidad no puede admitirse como un justificativo para la suspensión ocurrida en el caso y, por ello diferir el tratamiento y desarrollo de la audiencia de cesación de la detención preventiva, lo que denota una conducta pasiva que generó dilación, provocando incertidumbre e indefinición de la situación jurídica procesal, de la accionante. Por consiguiente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional llega a la conclusión que la desidia en atender el pedido de la accionante por el Juez hoy accionado de llevar a cabo la audiencia de cesación de su detención preventiva, constituye un acto dilatorio vinculado a su derecho a la libertad que provocó una demora innecesaria en la tramitación judicial de la modificación de la medida cautelar que cumple, y con ello la irresolución de su situación jurídica, encuadrándose en la protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que se constituye en el medio idóneo y efectivo del resguardo de la libertad; así como, la garantía de celeridad en su procedimiento, deviniendo en consecuencia en la concesión de la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1058_2025-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): d11303447bb9ec8a2bf3b337df5414f3c54df0bc4824d1dd932f9c35405e6822
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