B.IA.LEGAL

SCP 1058/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 8 de septiembre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
8 de septiembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
49159-2022-99-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la petición; toda vez que, Edwin Fernández Maldonado y Edgar Suntura Morales, Administrador y Jefe de Recursos Humanos, ambos de la Caja Nacional de Salud Regional Pando, no emiten respuesta alguna a sus solicitudes de 24 de diciembre de 2020, 10 de mayo; y, 28 de junio de 2022, todas ellas, en relación a la extensión de un certificado de trabajo y copias de los contratos suscritos entre su persona y la CNS de la regional señalada; razón por la cual, acude a la jurisdicción constitucional buscado que sus derechos conculcados sean restablecidos, disponiéndose que la entidad demandada proceda a la entrega del certificado de trabajo y contratos solicitados correspondientes a su persona; y, además se le cancele costas por concepto de pago a su abogado. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se desarrollará los siguientes temas: a) Sobre el derecho de petición; a.1) Contenido esencial; a.2) Requisitos de procedencia; a.3) Legitimación activa; a.4) Legitimación pasiva; a.5) Plazo para emitir respuesta; b) Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 59/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 17 a 19 vta., emitida por la Sala Constitucional del departamento de Pando, bajo los Fundamentos Jurídicos desarrollos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, ordenándose al demandado Edwin Fernández Maldonado, Administrador de la Caja Nacional de Salud Regional Pando, que, en el plazo de veinticuatro horas, emita la respuesta a lo peticionado por el accionante mediante nota de 10 de mayo y 28 de junio ambos de 2022.

2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Edgar Suntura Morales, Jefe de Recursos Humanos, de la CNS Regional Pando; así como la solicitud de Cancelación de costas por concepto de pago a su abogado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el derecho de petición
  2. III.2. Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1058/2023-S1 Sucre, 8 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 49159-2022-99-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 59/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 17 a 19 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Jerry Chávez Abasto, contra Edwin Fernández Maldonado y Edgar Suntura Morales, Administrador y Jefe de Recursos Humanos, ambos de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Pando, respectivamente.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de julio de 2022, cursante de fs. 7 a 8 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde la gestión 2020, solicitó de manera escrita y verbal a la unidad de Recursos Humanos de la CNS Regional Pando, que le sea entregado un certificado de trabajo y las copias de sus contratos suscritos con su persona, entre julio de 2020 y junio de 2022, solicitudes que, al no ser contestadas, menos aún concedidas, le generaron perjuicio en sus intereses personales. Por lo expuesto, se vio en la obligación de contratar los servicios profesionales de un abogado, para que bajo su asesoría, pueda presentar una nota escrita por tercera oportunidad, llegando así a presentar el memorial de 28 de junio de 2022, reiterando una vez más su petitorio de obtener el certificado de trabajo, en el que se establezca el tiempo que desempeño funciones en dicha entidad en salud, así como la modalidad de sus contratos firmados a partir del julio de 2020 hasta junio de 2022.

Aseguró no tener conocimiento de los motivos para la negativa a su petición, que considera en derecho le corresponde, debido a que ni siquiera de forma verbal le dijeron cual la causa para no atender su solicitud; asimismo, aclaró que dejó señalado su número de celular y correo electrónico, además del hecho de que los demandados conocen donde realiza sus actividades laborales, por lo que no existe óbice alguno para ser habido.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionado su derecho a la petición, señalando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiéndose: a) Que la entidad demandada proceda a la entrega del certificado de trabajo y contratos desde el mes de junio de 2020 a julio de 2022, correspondientes a su persona; y, b) El pago de costas por concepto de pago a su abogado.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 19 de julio de 2022; según consta en acta cursante de fs. 15 a 16 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, presente en audiencia y acompañado de su abogado se ratificó de manera íntegra en el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de los demandados

Edwin Fernández Maldonado y Edgar Suntura Morales, Administrador y Jefe de Recursos Humanos, ambos de la Caja Nacional de Salud Regional Pando -ahora demandados-, presentes en audiencia y acompañados por el asesor legal de dicha entidad en salud, señalaron a su turno que: 1) Edwin Fernández Maldonado, fue posesionado en el cargo de Administrador de Recursos Humanos de la CNS Regional Pando recién seis días atrás; por ello y porque se encuentra despachando trámites que dejó pendientes la anterior gestión, desconocía de las solicitudes del accionante, habiendo tomado conocimiento de la situación recién el día anterior a la instalación de la audiencia de acción de amparo constitucional; por lo referido, indicó su total predisposición para que se entregue lo solicitado por el peticionante en el plazo de veinticuatro horas; 2) En el mismo sentido, Edgar Suntura Morales, Jefe de Recursos Humano de la misma entidad, señaló su voluntad para entregar la documentación requerida en el plazo que defina el Tribunal de garantías. 1.2.3. Resolución La Sala Constitucional del departamento de Pando, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 59/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 17 a 19 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que el Administrador a.i. de la Caja Nacional de Salud Regional Pando, en el plazo de veinticuatro horas, otorgue la respuesta formal a la petición de 10 de mayo de 2022 y su ratificación oral y escrita impetrada por el accionante; denegando en relación al Jefe de recursos humanos y la nota presentada el 28 de diciembre de 2020; Determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: i) Dentro del presente caso se verificó la falta de respuesta positiva o negativa en tiempo razonable a la petición del accionante en relación a las dos últimas notas presentadas; sin embargo respecto a la primera, correspondiente a la gestión 2020, existe incumplimiento al principio de inmediatez, por lo que no puede concederse la tutela respecto a la misma; y, ii) Respecto al Jefe de Recursos Humanos, codemandado, se deniega la tutela por lo que el mismo carece de legitimación pasiva para ser demandado dentro de esta acción tutelar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa nota de solicitud de 24 de diciembre de 2020, con fecha de recepción de 28 del mismo mes y año, mediante la cual, José Jerry Chávez Abaso –ahora peticionante de tutela–, solicitó a Erick D. Burgos Segovia, Administrador Regional a.i de la Caja Nacional de Salud de Pando, que se le otorgue un certificado de trabajo de julio a diciembre de 2020 (fs. 3). II.2. Mediante Cite de 10 de mayo de 2022, presentado en la misma fecha, José Jerry Chávez Abaso, pidió a Carlos Ayaviri, Administrador Regional a.i de la Caja Nacional de Salud de Pando, Certificado de Trabajo de julio a diciembre de 2020; enero a junio de 2021; julio a diciembre de 2021; y, enero a abril de 2022; de la misma forma, se le extienda copia de los con tratos de trabajo de las fechas señaladas (fs. 4). II.3. Consta escrito de 28 de junio de 2022, a través del cual, José Jerry Chávez Abaso, bajo la suma de “REITERA POR TERCERA VEZ SOLICITUD DE CERTIFICADO DE TRABAO Y ENTREGA DE CONTRATOS” (sic), se dirige al Administrador Regional a.i de la Caja Nacional de Salud de Pando, solicitando se le facilite certificado de trabajo en el cual se establezca el tiempo que trabajó como anestesista en el Hospital Obrero N° 9 y bajo cual modalidad de contrato de trabajo, y se le otorgue copias de los diferentes contratos suscritos con la CNS Regional Pando (fs. 5 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la petición; toda vez que, Edwin Fernández Maldonado y Edgar Suntura Morales, Administrador y Jefe de Recursos Humanos, ambos de la Caja Nacional de Salud Regional Pando, no emiten respuesta alguna a sus solicitudes de 24 de diciembre de 2020, 10 de mayo; y, 28 de junio de 2022, todas ellas, en relación a la extensión de un certificado de trabajo y copias de los contratos suscritos entre su persona y la CNS de la regional señalada; razón por la cual, acude a la jurisdicción constitucional buscado que sus derechos conculcados sean restablecidos, disponiéndose que la entidad demandada proceda a la entrega del certificado de trabajo y contratos solicitados correspondientes a su persona; y, además se le cancele costas por concepto de pago a su abogado. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se desarrollará los siguientes temas: a) Sobre el derecho de petición; a.1) Contenido esencial; a.2) Requisitos de procedencia; a.3) Legitimación activa; a.4) Legitimación pasiva; a.5) Plazo para emitir respuesta; b) Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el derecho de petición

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0730/2019-S2 de 28 de agosto, asumió el siguiente entendimiento:

El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando que: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición. En ese sentido, se abordarán las siguientes temáticas relativas al derecho de petición: 1) Contenido esencial; 2) Requisitos de procedencia; 3)

Legitimación activa; 4) Legitimación pasiva; y, 5) Plazo para emitir respuesta.

III.1.1. Contenido esencial

La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001, establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: i) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; ii) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada; vale decir, motivada y 1El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 2La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 3La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 4La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.

Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 5La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos

III.1.2. Requisitos de procedencia

La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:

…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable; y, d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) La existencia de una petición oral o escrita; y, b) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 1) Ausencia de respuesta formal; 2) Falta de respuesta material; 3) Inexistencia de argumentación-motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 4) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.

III.1.3. Legitimación activa

Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero.

III.1.4. Legitimación pasiva

En cuanto a la legitimación pasiva, la jurisprudencia realizó el siguiente desarrollo: La referida SC 218/01-R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas.

Sobre el particular, es necesario mencionar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, sostuvo que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la SC 1995/2010-R, precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre, determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 de 25 de febrero y 0083/2015-S3 de 10 de igual mes, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor.

Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconocieron su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando que: “…el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna…”. En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares.

III.1.5. Plazo para emitir respuesta

La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: a) En el término establecido por ley; y, b) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable.

III.2. Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0003/2019-S2 de 19 de febrero, asumió el siguiente razonamiento:

9El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 10El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.

…la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas).

Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.

El plazo de caducidad de seis meses para la acción de amparo constitucional en mérito al principio de inmediatez, fue inicialmente establecido en el AC 0112/99-R de 7 de septiembre de 1999, señalando en el Considerando Segundo:

Que, la censura y destitución del recurrente se ha producido en fecha 4 de junio de 1998 a través de la Resolución Municipal No. 019/98, pretendiendo dejarla sin efecto a través de este recurso de amparo constitucional presentado recién en fecha 26 de marzo de 1999, habiendo dejado transcurrir 9 meses y 22 días, al margen de los cinco meses que ha durado su tramitación, por lo que el presente recurso no cumple con uno de los requisitos fundamentales que son inherentes a su naturaleza y procedencia que es la inmediatez, lo que hace presumir la existencia de libre y expreso consentimiento, resultando improcedente el recurso de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 96 inc. 2) de la Ley del Tribunal Constitucional. Entendimiento asumido también por las SSCC 252/00-R, 091/01-R y 217/01-R, entre otras. Posteriormente, la SC 544/2002-R de 13 de mayo, aclaró con más precisión los seis meses para el plazo de caducidad; y este criterio, fue asumido de manera uniforme por las SSCC 703/2002-R, 720/2002-R, 0560/2003-R y 0632/2003-R, entre otras. Asimismo, la SC 1353/2003-R de 16 de septiembre, indicó que el plazo de seis meses se interrumpe con la interposición de un recurso constitucional; Luego, la SC 0814/2006-R de 21 de agosto, aclaró que el cómputo del plazo se suspende durante la interposición y tramitación del referido recurso constitucional, y luego, se reinicia a partir de la notificación con la resolución o sentencia constitucional. Finalmente, el art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”;

11El Considerando Cuarto, señala: “En el caso que se examina, el Amparo ha sido demandado después de más de seis meses de haberse emitido la Resolución que se impugna - referida al rechazo del recurso de apelación formulado contra el rechazo del incidente de nulidad de remate- desnaturalizando así la esencia de este Recurso, porque uno de los elementos primordiales que lo caracterizan y son inherentes a su fundamento mismo, es precisamente la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; sin embargo, el demandante ha cumplido con este requisito de buscar la protección jurídica inmediata, inviabilizando, por extemporánea, la aplicación de la garantía prevista en el art. 19 de la Constitución Política del Estado”. 12El FJ III.1, establece: “2) Sobre la supuesta falta de inmediatez. El Tribunal ha establecido que el plazo máximo para interponer el recurso es de seis meses, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas. En el caso analizado, el plazo aludido fue interrumpido con la interposición, en fecha 7 de marzo de 2003, del recurso de amparo constitucional que mereció la SC 726/2003-R de 30 de mayo de 2003, habiendo presentado la presente acción, en fecha 7 de junio de 2003, es decir dentro del término anteriormente señalado”. 13El FJ III.5, dispone: "...resulta necesario establecer que el cómputo del plazo de los seis meses para interponer el recurso de amparo constitucional, se inicia desde ocurrido el acto ilegal vulneratorio de derechos, y si este permite impugnación se inicia el cómputo desde la última actuación efectuada en reponer el derecho vulnerado; empero, en los casos en que como el presente, se interpuso un recurso de amparo constitucional que culminó con una resolución constitucional que no ingresó al fondo; el plazo se suspende durante ese periodo; es decir, que el cómputo se corta con la interposición del recurso de amparo constitucional en este caso, y luego se reinicia o continúa el cómputo desde la notificación de la Resolución o Sentencia Constitucional que no ingresó al fondo, -como la presente Sentencia Constitucional-”.

asimismo, el art. 55.I del Código de Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la petición; toda vez que, Edwin Fernández Maldonado y Edgar Suntura Morales, Administrador y Jefe de Recursos Humanos, ambos de la CNS Regional Pando, no dieron respuesta a sus notas de 24 de diciembre de 2020, 10 de mayo y 28 de junio de 2022, mismas que versan sobre el pedido de un certificado de trabajo y copias de los contratos suscritos entre su persona y la entidad en salud a la que representan lo demandados; motivo por el cual, interponiendo la presente acción tutelar, solicita la tutela de su derecho de petición, y se disponga que la entidad demandada proceda a la entrega del certificado de trabajo y contratos correspondientes a su persona, además de la cancelación de costas por concepto de pago a su abogado.

En el caso de autos, la problemática jurídica planteada recae en la falta de respuesta pronta y oportuna a sus notas de solicitud de 24 de diciembre de 2020, 10 de mayo y 28 de junio de 2022. Habiendo establecido aquello, corresponde realizar la compulsa de la documental arrimada al expediente por la parte accionante; es así que, se evidencia la existencia de la nota de solicitud de 24 de diciembre de 2020, con fecha de recepción de 28 del mismo mes y año, mediante la cual, el peticionante de tutela, solicitó a Erick D. Burgos Segovia, Administrador Regional a.i de la Caja Nacional de Salud de Pando, que se le otorgue un certificado de trabajo de julio a diciembre de 2020 (CONCLUSIONES II.1); En relación a dicha misiva corresponde señalar que a la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional, transcurrieron más de dieciséis meses; de ello, fácilmente se constata que sobrepaso sobreabundantemente el plazo de los seis meses, por lo que en relación a dicha misiva no se cumple el principio de inmediatez; emergente de ello, respecto a la solicitud de 24 de diciembre de 2020, presentada el 28 del mismo mes y año, se deniega la tutela sin ingresar al fondo de la temática planteada, por incumplimiento al principio de inmediatez, lo referido es en estricta sujeción al razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Por otra parte, se evidencia que, a través de la nota de 10 de mayo de 2022, presentado en la misma fecha, el accionante solicitó a Carlos Ayaviri, Administrador Regional a.i de la Caja Nacional de Salud de Pando, Certificado de Trabajo de julio a diciembre de 2020; enero a junio de 2021; de julio a diciembre de similar año; y, de enero a abril de 2022; asimismo, impetró se le extienda copia de los contratos de trabajo de las fechas señaladas (CONCLUSIONES II.2). Dicho petitorio fue repetido, mediante el memorial de 28 de junio de 2022, bajo la suma de “REITERA POR TERCERA VEZ SOLICITUD DE CERTIFICADO DE TRABAO Y ENTREGA DE CONTRATOS” (sic) (CONCLUSIONES II.3); notas que se encuentran dentro del plazo de seis meses hasta la interposición de la presente acción de defensa; correspondiendo en consecuencia ingresar al fondo de la problemática planteada respecto a ellas; toda vez que, fue incumplido el principio de inmediatez. De la breve intervención de los demandados en el desarrollo de la audiencia, se tiene que los mismos, señalaron que Edwin Fernández Maldonado fue posesionado en el cargo de Administrador recién seis días previos a la presentación de la demanda tutelar; motivo por el cual, este no tenía conocimiento alguno de las notas presentadas por el ahora impetrante de tutela; y, que al encontrarse diligenciando trámites que dejó pendientes la anterior titular del cargo, recién el día anterior a la audiencia de la acción de amparo constitucional, se enteró del caso; por ello, manifestando la voluntad de emitir lo requerido por el ahora impetrante de tutela, solicitó el plazo de veinticuatro horas para tal cometido. En el mismo sentido y tenor, se pronunció Edgar Suntura Morales, Jefe de Recursos Humanos de la CNS, señalando que estaría al plazo dispuesto por el Tribunal de Garantías; de ello, se evidencia que las notas de solicitud presentadas por el impetrante de tutela no fueron respondidas, por ende, se constata la vulneración de su derecho a la petición; No obstante, corresponde el advertir que en cuanto a Edgar Suntura Morales, Administrador y Jefe de Recursos Humanos -codemandado- no recibió ninguna nota dirigida a su persona, en calidad de titular del área de recursos humanos, sino que en la nota de 10 de mayo de 2022, el señalado fue mencionado como vía entre el peticionante y el Administrador quién es la MAE de la entidad la CNS Regional Pando, razón por la cual, respecto al referido codemandado, corresponde denegarse la tutela, por la inexistencia de legitimación pasiva en su caso. Otras consideraciones: El accionante en su petitorio solicita de forma expresa la cancelación de costas por concepto de pago a su abogado, extremo respecto al cual el Tribunal de Garantías no hizo pronunciamiento alguno; emergente de ello, corresponde a este Tribunal manifestar que para realizar dicha calificación existen determinados hechos a probarse y demostrase aspecto que no se ha demostrado en el presente caso;

correspondiendo en consecuencia denegarse la tutela respecto a dicho pago. Por lo desarrollado, se tiene que la Sala Constitucional al conceder la tutela únicamente respecto a la nota de 10 de mayo y al escrito de 28 de junio ambas de 2022; y, denegar la tutela en relación a la nota de 24 de diciembre de 2020, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 59/2022 de 19 de julio, cursante de fs. 17 a 19 vta., emitida por la Sala Constitucional del departamento de Pando, bajo los Fundamentos Jurídicos desarrollos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, ordenándose al demandado Edwin Fernández Maldonado, Administrador de la Caja Nacional de Salud Regional Pando, que, en el plazo de veinticuatro horas, emita la respuesta a lo peticionado por el accionante mediante nota de 10 de mayo y 28 de junio ambos de 2022.

2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Edgar Suntura Morales, Jefe de Recursos Humanos, de la CNS Regional Pando; así como la solicitud de Cancelación de costas por concepto de pago a su abogado.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho. Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se dá curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).

6 El FJ III.1, indica: “…el derecho de petición puede ser ejercido por toda persona de manera individual o colectiva, con el único requisito de la identificación de peticionario; es decir, puede ser ejercido por una persona física o por una persona colectiva, en este último supuesto, en cualesquiera de las formas reconocidas por la Constitución Política del Estado o la Ley”.

7 El FJ III.3, refiere: “Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano” (las negrillas son agregadas). 8El FJ III.2, indica: “…es lógico que de no dirigirse la petición a la autoridad pertinente, la misma al no tener oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente -siendo que este derecho no implica la otorgación de una respuesta positiva, sino formal, escrita y oportuna-, por falta de conocimiento de la solicitud, no puede atribuírsele una supuesta transgresión del derecho ni del mandato constitucional que lo contiene”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1058_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 098673833506c373cc93081d45b2752e49e4769a76b7e4c20c1343b2dc53a320

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