Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de julio de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad personal; puesto que, solicitó al Juez ahora accionado día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva como también salida judicial para firmar las garantías en favor de las supuestas víctimas ante la FELCC de El Alto del departamento de La Paz; motivo por el cual, el referido Juez señaló audiencia “presencial” para el 28 de ese mes y año a las 10:00 horas; sin embargo, dicho Juez no emitió “mandamiento de conducción” para que el accionante este presente en esa audiencia y tampoco expidió el “mandamiento de conducción” para que el nombrado firme las mencionadas garantías. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 26/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad personal de Orlando Machaca Machaca, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas Armando Herrera Huarachi, Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva así como se efectúe la emisión y entrega inmediata de los “mandamientos de conducción” al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para la celebración de dicha audiencia y para la firma de las garantías ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto del citado departamento, en favor de las víctimas, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que ello ya se hubiese efectuado.
2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la reparación de daños y “prejuicios”, solicitada por Orlando Machaca Machaca conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1057/2026-S1 Sucre, 8 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 56788-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 26/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Orlando Machaca Machaca contra Armando Herrera Huarachi, Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz.
El accionante, por memorial presentado el 3 de julio de 2023, cursante de fs. 1 a 3, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP); ya que, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Concluida la etapa preparatoria, el Fiscal de Materia emitió requerimiento conclusivo de acusación y se remitió la causa al Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; en ese sentido, el 22 de junio de 2023, solicitó al Juez ahora accionado señale día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva como también salida judicial para firmar las garantías en favor de las supuestas víctimas ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto del citado departamento; motivo por el cual, el referido Juez señaló audiencia “presencial” para el 28 de ese mes y año, a las 10:00 horas; sin embargo, dicho Juez no emitió “mandamiento de conducción” para estar presente en esa audiencia y tampoco expidió el “mandamiento de conducción” para que su persona firme las mencionadas garantías, para una posible solicitud de cesación de medidas cautelares.
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad personal; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Que el Juez ahora accionado cumpla de manera inmediata con lo establecido por el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y señale nuevo día y hora de audiencia de cesación de las medidas cautelares y emita “mandamiento de conducción” para que esté presente en dicha audiencia; b) Emitir “mandamiento de conducción” para que su persona firme las garantías ante la FELCC de El Alto del departamento de La Paz; y, c) Ordenar que en ejecución de fallos se establezca la reparación de daños y “prejuicios”, monto indemnizable en favor de su persona por el daño ocasionado, con responsabilidad conforme lo previsto por el art. 39.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) y art. 80 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Celebrada la audiencia virtual el 4 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 15, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo; manifestó que: 1) El 22 de junio de 2023, solicitó al Juez ahora accionado audiencia de cesación de su detención preventiva “…donde el mismo señala el día 28 de junio a horas 10:00 a.m. y siguientes, el que se va desarrollando de manera presencial, empero este es el acto vulneratorio, el día de ayer aproximadamente a horas 18:00 p.m., el suscrito abogado de constituyó al juzgado a ver si salió este proceso porque estaba en despacho y resulta que había habido señalado audiencia para esa fecha…” (sic); 2) El referido Juez no remitió el “mandamiento de conducción” al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y tampoco ordenó al personal subalterno que efectúe las notificaciones correspondientes a los sujetos procesales para que estén presentes en audiencia y solicitar la suspensión respectiva; 3) Cuando formuló la acción tutelar, se le notificó con el decreto de “5 de julio” como si supuestamente se hubiese llevado a cabo la audiencia de 28 de junio del mismo año, a las 15:30 horas, cuando eso no fue evidente; 4) El 22 del mencionado mes y año, solicitó salida judicial al Juez hoy accionado para que autorice dicha salida judicial para el 28 de ese mes y año, con la finalidad de que vaya a suscribir acta y garantías a la FELCC de El Alto del departamento de La Paz, para así solicitar cesación de su detención preventiva; y tampoco emitió la “orden de inducción” para esa fecha; 5) El citado Juez señaló audiencia de cesación de su detención preventiva para el 28 de igual mes y año también fijó audiencia de salida judicial para la misma fecha a las 10:00 horas “…es incongruente la autoridad accionada de esta manera, cómo va a señalar audiencia presencial para cesación y disponer salida judicial para la misma hora, misma fecha para la FELCC, no se va a partir en dos mi defendido, lo que nos parece ha habido una dilación indebida por parte de la autoridad accionada…” (sic); 6) La SCP 0180/2021-S2 de 26 de mayo, establece que el Juez tiene responsabilidad porque está revestido de la jurisdicción y no puede dejar al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo jurisdiccional y realizar el correspondiente seguimiento; puesto que, al no cumplir las mismas también asume la responsabilidad, más aun cuando él es el director del proceso; y, 7) El Juez ahora accionado no señaló en el plazo de cuarenta y ocho horas audiencia de cesación de su detención preventiva.
Armando Herrera Huarachi, Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 4 de julio de 2023, cursante a fs. 13 y vta.; manifestó que: i) La solicitud de cesación de la detención preventiva formulada por el accionante llegó al Juzgado a su cargo el 23 de junio de ese año, e ingresó a su despacho el 26 de igual mes y año y en la misma fecha conforme al decreto de 26 del citado mes y año, se señaló audiencia de cesación de la detención preventiva del nombrado para el 28 del referido mes y año, así como la orden de emitir el correspondiente “mandamiento de conducción” para el privado de libertad -accionante-; es decir, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas que establece el art. 239 del CPP y ante la no concurrencia de las partes procesales a dicha audiencia la misma se suspendió y se señaló nuevo día y hora de audiencia para el 5 de julio del mencionado año, a las 17:30 horas, tal como se establece en el acta de audiencia de 28 de junio de ese año; ii) La “orden de conducción” se encuentra en el decreto de 26 de igual mes y año y su cumplimiento debe ser ejecutado por el personal de apoyo jurisdiccional; en ese sentido, si el accionante no se presentó a la audiencia es porque no realizó el seguimiento de su trámite y ahora pretende justificar su no concurrencia con la presente acción de libertad; iii) No existe vulneración de ningún derecho del accionante, tomando en cuenta que se señaló audiencia a la que no asistió, motivo por el cual se volvió a señalar día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva del nombrado; y, iv) Los funcionarios de apoyo jurisdiccional en estricto cumplimiento de sus funciones son responsables de sus actos siendo responsabilidad personalísima el labrado de los “mandamientos de conducción” y de salida judicial; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada.
El Juez de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 26/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 16 a 18, denegó la tutela solicitada por falta de legitimación pasiva; bajo los siguientes fundamentos: a) El 22 de junio de 2023, el accionante pidió al Juez ahora accionado audiencia de cesación de su detención preventiva, previa salida judicial para firmar garantías en favor de las víctimas, solicitud que fue atendida por el citado Juez quien señaló audiencia de manera “presencial” para el 28 del referido mes y año, a las 10:00 horas; es decir, dentro de las cuarenta y ocho horas; ya que, fue remitida la solicitud el viernes 23 de ese mes y año y decretado el 26 de igual mes y año, remitiéndose el “oficio de conducción” el 27 del referido mes y año; empero, la audiencia fue suspendida debido a que el accionante y las demás partes procesales no asistieron a dicha audiencia; asimismo, el “oficio de conducción” si bien fue firmado y remitido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, dentro de las veinticuatro horas, el mismo no pudo ser recepcionado en cumplimiento de las disposiciones internas de la dirección del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en sentido que los “oficios de conducción” deben ser remitidos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia señalada; por lo que, el Juez hoy accionado en la misma audiencia, señaló nuevo día y hora de audiencia virtual para el 5 de julio de 2023 a las 17:30 horas, habiéndose notificado a las partes procesales con el señalamiento; b) Si bien es cierto que el “mandamiento de conducción” del accionante debe ser firmado por el citado Juez, el trámite para que dicho documento sea de conocimiento de la Dirección del referido Centro Penitenciario es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios subalternos como es la Secretaria, el Auxiliar y la defensa del acusado -accionante-, no se demostró cómo y de qué manera el accionante hubiese coadyuvado para que dicho “mandamiento de conducción” sea remitido antes del término de las cuarenta y ocho horas, previo verificativo de la audiencia; c) La Ley del Órgano Judicial establece las funciones y atribuciones tanto de la autoridad judicial como de sus funcionarios y personal de apoyo jurisdiccional y obviamente entre las funciones específicas del Juez, más allá de ejercer control sobre el personal, su función no es la de elaborar o faccionar “oficios de conducción” y menos efectuar remisiones de dichos oficios ante los centros penitenciarios, correspondiendo esa función al personal de apoyo jurisdiccional como es la Secretaria y Auxiliar de dicho Juzgado, conforme lo establecen los arts. 94 y 105 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; d) En el presente caso, el personal de apoyo jurisdiccional tiene legitimación pasiva para ser accionado en esta acción tutelar, extremo que no fue cumplido en el caso concreto; y, e) En esta acción de libertad, se verifica una falta de legitimación pasiva del Juez ahora accionado, al no ser su responsabilidad la remisión de “oficios de conducción” ante el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para que el accionante pueda asistir a la audiencia de cesación de su detención preventiva, sin desmerecer también la propia actitud asumida por el nombrado, que una vez presentada la solicitud no realizó ningún seguimiento verificando que el decreto de señalamiento de audiencia hubiese salido de despacho de manera oportuna, reclamando u observando los trámites al personal de apoyo jurisdiccional, entre otros, con la finalidad de evitar suspensiones indebidas como la ocurrida en el caso de análisis.
En vía de aclaración, complementación y enmienda el accionante, solicitó: 1) Si bien es cierto que ya se emitió el “oficio de conducción”, indique si existe alguna constancia de que dicha conducción fue presentada al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; 2) Refiera en qué parte de la norma adjetiva penal establece que es responsabilidad del solicitante de cesación de la detención preventiva hacer seguimiento y reclamar; y, 3) Señale por qué el Juez hoy accionado de manera negligente fijó audiencia el 28 de junio de 2023 a las 10:00 horas “…audiencia presencial y para la salida judicial también señala también el 28 de junio también a las 10:00 a.m., solicito me conceda la aclaración y enmienda y solicito me franqueé fotocopias legalizadas de la presente resolución para hacer mi proceso disciplinario en contra del juez accionado, es lo que pido en derecho” (sic). En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías mediante Auto de 4 de julio de 2023, manifestó que: i) Respecto a que la salida de conducción fue presentada al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, de la revisión de antecedentes el “oficio de conducción” se encuentra con fecha 27 de junio de ese año y cuenta con los sellos respectivos; sin embargo, no fue recepcionado por la disposición que se tiene en dicho Centro Penitenciario en cuanto a la presentación de los “oficios de conducción” con la debida antelación; ii) Con relación a que en qué parte de la norma adjetiva penal se establece que es responsabilidad del solicitante de cesación de la detención preventiva hacer seguimiento y reclamar, ese aspecto es una situación de lógica jurídica que deben asumir todas las partes procesales en cualquier trámite; ya que, deben coadyuvar ante un señalamiento de audiencia, siendo necesaria la participación de quien solicitó la audiencia, ya sea el abogado, el procurador o los familiares en caso que el acusado esté privado de libertad; y, iii) En cuanto a que el 28 de igual mes y año, se hubiese señalado dos actos procesales, una audiencia de cesación de la detención preventiva y salida judicial a la FELCC de El Alto del departamento de La Paz, para el otorgamiento de garantías a la misma hora, de los antecedentes se tiene que se “…dispone señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva para el 28 de junio del presente año, a horas 10:00 a.m., la misma que se desarrollará de forma personal en el salón de audiencias en el Juzgado de Sentencia Penal Octavo, debiendo notificarse a todos los sujetos procesales..” (sic); por lo que, en ningún momento se hizo referencia que el accionante debía concurrir a la FELCC de El Alto del citado departamento, lo que demuestra que no es evidente lo manifestado por el nombrado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal establecido. Mediante decreto constitucional de 30 de abril de 2026, cursante a fs. 28, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 7 de julio del citado año, cursante a fs. 32; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 22 de junio de 2023 y recepcionado el 23 de igual mes y año, ante Armando Herrera Huarachi, Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-, Orlando Machaca Machaca -hoy accionante-, solicitó día y hora de audiencia de “cesación a las medidas cautelares” (fs. 8 y vta); que mereció como respuesta el decreto de 26 de ese mes y año, a través del cual, el referido Juez señaló audiencia de cesación de su detención preventiva para el 28 del señalado mes y año, a las 10:00 horas, debiendo el personal de apoyo jurisdiccional notificar a todos los sujetos procesales; asimismo, dispuso que se emita el correspondiente “mandamiento de conducción” para el accionante (fs. 9). II.2. Cursa acta de audiencia de 28 de junio de 2023, mediante la cual, el Juez hoy accionado señaló que al no estar los sujetos procesales en sala -de audiencia-, se suspende la audiencia programada, señalando una nueva audiencia virtual para el 5 de julio de igual año, a las 17:30 horas (fs. 11). II.3. Consta Informe de 4 de julio de 2023, a través del cual la Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, informó al Juez ahora accionado que el 26 de junio de ese año, ingresó a despacho judicial dos memoriales “…que era una salida judicial y cesación mismo que en el decreto indica notificar y hacer los mandamientos de conducción cumpliendo el decreto se hizo el mandamiento” (sic [fs. 12]).
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad personal; puesto que, solicitó al Juez ahora accionado día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva como también salida judicial para firmar las garantías en favor de las supuestas víctimas ante la FELCC de El Alto del departamento de La Paz; motivo por el cual, el referido Juez señaló audiencia “presencial” para el 28 de ese mes y año a las 10:00 horas; sin embargo, dicho Juez no emitió “mandamiento de conducción” para que el accionante este presente en esa audiencia y tampoco expidió el “mandamiento de conducción” para que el nombrado firme las mencionadas garantías. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, c) Análisis del caso concreto.
La SCP 0813/2025-S1 de 14 de julio que citó a la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, establece que: “Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.
Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.
Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 1653/2025-S1 de 31 de diciembre, reiterando los razonamientos de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos corresponden).
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad personal; puesto que, solicitó al Juez ahora accionado día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva como también salida judicial para firmar las garantías en favor de las supuestas víctimas ante la FELCC de El Alto del departamento de La Paz; motivo por el cual, el referido Juez señaló audiencia “presencial” para el 28 de ese mes y año a las 10:00 horas; sin embargo, dicho Juez no emitió “mandamiento de conducción” para que el accionante este presente en esa audiencia y tampoco expidió el “mandamiento de conducción” para que el nombrado firme las mencionadas garantías.
De la revisión de antecedentes, se tiene que por memorial presentado el 22 de junio de 2023 y recepcionado el 23 de igual mes y año, por el Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, el accionante, solicitó día y hora de audiencia de “cesación a las medidas cautelares”, que mereció como respuesta el decreto de 26 de ese mes y año, a través del cual el Juez hoy accionado señaló audiencia de cesación de la detención preventiva para el 28 de igual mes y año, a las 10:00 horas, debiendo el personal de apoyo jurisdiccional notificar a todos los sujetos procesales; asimismo, dispuso la emisión del correspondiente “mandamiento de conducción” para el accionante (Conclusión II.1.); así también, cursa acta de audiencia de 28 de junio de 2023, mediante la cual, el Juez ahora accionado refiere que no estando los sujetos procesales en Sala -de audiencia-, se suspende la audiencia programada, señalando una nueva audiencia virtual para el 5 de julio de igual año, a las 17:30 horas (Conclusión II.2.); y, consta Informe de 4 del mismo mes y año, a través del cual la Auxiliar de Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, informó al Juez hoy accionado que el 26 de junio de igual año ingresó a despacho judicial dos memoriales “…que era una salida judicial y cesación mismo que en el decreto indica notificar y hacer los mandamientos de conducción cumpliendo el decreto se hizo el mandamiento” (sic [Conclusión II.3.]). Respecto a la omisión del Juez accionado en la emisión del “mandamiento de conducción” para estar presente en la audiencia de cesación de medidas cautelares
El accionante interpuso esta acción tutelar contra el Juez ahora accionado debido a que si bien el citado Juez señaló día y hora audiencia de cesación de su detención preventiva, no emitió “mandamiento de conducción” para que el accionante asista a esa audiencia; empero, el referido Juez por Informe presentado el 4 de julio de 2023, refirió que la solicitud de cesación de la detención preventiva, formulada por el accionante llegó al Juzgado a su cargo el 23 de junio de ese año, e ingresó a su despacho el 26 del mismo mes y año y en la misma fecha conforme al decreto de 26 de referido mes y año, señaló audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva para el 28 de igual mes y año y ordenó emitir el correspondiente “mandamiento de conducción” para el privado de libertad -accionante- y ante la no concurrencia de las partes procesales a dicha audiencia se suspendió y se señaló nuevo día y hora de audiencia para el 5 de julio de 2023, a las 17:30 horas, tal como se establece en el acta de audiencia de 28 de junio de ese año; asimismo, la orden de conducción se encuentra en el decreto de 26 del indicado mes y año y su cumplimiento debe ser efectuado por el personal de apoyo jurisdiccional; en ese sentido, concluye que si la parte solicitante no se hizo presente a la audiencia es porque no realizó seguimiento de su trámite y ahora pretende justificar su no concurrencia con la presente acción de libertad.
Asimismo, se establece que el Juez de garantías en la Resolución 26/2023, advirtió que el “mandamiento de conducción” si bien fue firmado y remitido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, dentro de las veinticuatro horas, el mismo no fue recepcionado en cumplimiento de las disposiciones internas de la Dirección de dicho Centro Penitenciario; puesto que, los “oficios de conducción” deberán ser remitidos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia señalada, motivo por el cual la audiencia programada tuvo que ser suspendida, lo que demuestra que dicho mandamiento sí fue emitido, desvirtuando así el reclamo del accionante; empero, el mismo no fue remitido oportunamente al referido Centro Penitenciario.
Por último, se tiene que la función de elaborar y remitir oficios y mandamientos es del personal de apoyo jurisdiccional; no obstante, la dirección y control del manejo de despacho y de las actuaciones de los funcionarios de apoyo jurisdiccional recaen sobre el Juez conforme a lo previsto en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional; asimismo, se debe recordar que toda autoridad, tiene el deber de atender con prioridad las solicitudes en las que este de por medio el derecho a la libertad, en ese sentido la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, señaló que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables…”; en consecuencia, el Juez ahora accionado en la situación concreta en análisis, asumió una conducta pasiva frente a la dilación producida en cuanto a la emisión del “mandamiento de conducción”, más aun considerando que dicha documentación debe ser tramitada en el día y remitida de manera oportuna en concreción del derecho a la libertad; por lo que, al omitir actuar bajo los principios constitucionales de celeridad, eficacia y eficiencia previstos por el art. 180.I de la CPE, corresponde conceder la tutela solicitada respecto al derecho a la libertad personal.
Respecto a la omisión del Juez hoy accionado en la emisión del “mandamiento de conducción” para que el accionante firme las garantías ante la FELCC de El Alto del departamento de La Paz
En el presente caso, se tiene que el accionante también planteó esta acción tutelar contra el Juez hoy accionado denunciando que no emitió el respectivo “mandamiento de conducción” para que firme las garantías ante la FELCC de El Alto del departamento de La Paz, para una posible solicitud de cesación de medidas cautelares; empero, si bien dicho Juez en el Informe presentado el 4 de julio de 2023, no se refirió al respecto; la Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, por Informe de igual fecha, hizo conocer al Juez hoy accionado que el 26 de junio de igual año, ingresó a despacho judicial dos memoriales, uno de salida judicial y otro de solicitud de cesación de la detención preventiva (fs. 12); sin embargo, de la revisión de antecedentes, se tiene que no cursa decreto de respuesta al primer memorial, referido a la salida judicial, sino, únicamente a la solicitud de día y hora de audiencia de cesación de medidas cautelares (fs. 9), situación que vulneró su derecho a la libertad personal; por cuanto, la omisión del citado Juez de expedir la salida judicial solicitada para que el accionante firme garantías constituye una vulneración de su derecho fundamental a la libertad personal, al impedirle acceder luego a un mecanismo legal imprescindible para solicitar cesación de la detención preventiva; ya que, la inacción judicial prolonga indebidamente la restricción de su libertad sin justificación legal, motivo por el cual corresponde conceder la tutela solicitada.
Finalmente, respecto a la solicitud de daños y perjuicios, de acuerdo al art. 39.I del CPCo, dicha posibilidad se constituye en una facultad de la jurisdicción constitucional y por lo tanto no obligatoria; a partir de lo cual, en el caso concreto no corresponde esa imposición y con relación al art. 80 de Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional que determinaba; “La resolución que conceda la Acción ordenará la restitución y la tutela de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, y podrá determinar la responsabilidad civil y penal del demandado”, no corresponde pronunciamiento alguno en atención a que el mismo se encuentra derogado. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 26/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad personal de Orlando Machaca Machaca, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas Armando Herrera Huarachi, Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva así como se efectúe la emisión y entrega inmediata de los “mandamientos de conducción” al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para la celebración de dicha audiencia y para la firma de las garantías ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto del citado departamento, en favor de las víctimas, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que ello ya se hubiese efectuado.
2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la reparación de daños y “prejuicios”, solicitada por Orlando Machaca Machaca conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1057_2026-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 400342fa4f8eac519f8b9c418eb4a7fcc2d267b7f7f082321a52fced2bd44bed
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