Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 11 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, así como a la defensa; toda vez que: 1) Todas las resoluciones emitidas en el marco del proceso sumario interno administrativo seguido en su contra, tanto por la Autoridad Sumariante como por la autoridad demandada, carecieron de una motivación jurídica y razonada respecto de los agravios que denunció en instancia de revocatoria y jerárquica, limitándose a rechazarlos sin fundamento ni pronunciamiento sobre los mismos; y, 2) Mediante la Resolución Jerárquica SENAMHI/DIR/ 002/2022, emitida por la autoridad administrativa demandada, fue notificado el 12 de diciembre de 2022, y con la Resolución que declaró su Ejecutoria el 20 de diciembre de 2022, siendo esta última fecha la que marca el inicio del cómputo del plazo de inmediatez. Ante ello, la autoridad demandada sostuvo que, el plazo de seis meses para interponer la presente acción se computa de manera exacta, de momento a momento. En consecuencia, dado que el accionante fue notificado el 20 de diciembre de 2022 con el Auto Interlocutorio de 19 de diciembre de 2022 que declaró la Ejecutoria de la Resolución Jerárquica SENAMHI/DIR/ 002/2022, la acción fue interpuesta con un retraso de cuatro horas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 156/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 405 a 408 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1057/2025-S2 Sucre, 11 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57520-2023-116-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 156/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 405 a 408 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Luis Chávez Navarro contra Hugo Cristóbal Mamani Ticona, Director General a.i. del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
Por memoriales presentados el 20 de junio y 6 de julio de 2023, cursantes de fs. 47 a 55 y 58 a 62, el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso disciplinario instaurado en su contra, se dictó la Resolución Final Administrativa Disciplinaria Interna SNMH/AUT/-SUM/ 012/2022 de 24 de octubre, que declaró la existencia de responsabilidad administrativa por omisión atribuible a su persona, la prescripción de las faltas correspondientes a las gestiones 2016, 2018, 2019 y 2020, y la sanción administrativa equivalente al 20% de su haber mensual. Ante ello, impugnó la mencionada Resolución, en mérito a lo cual se dictó la Resolución de Revocatoria SENAMHI/AUT-SUM/REVOCATORIA/ 004/2022 de 15 de noviembre, que ratificó la resolución apelada sin acoger favorablemente los agravios formulados. En consecuencia, se vio obligado a interponer recurso jerárquico, en el cual, pese a insistir en los defectos de la Resolución Final y de la que resolvió la revocatoria, se emitió la Resolución Jerárquica SENAMHI/DIR/ 002/2022 de 9 de diciembre, que confirmó la decisión apelada; quedando ejecutoriada mediante Auto Interlocutorio de 19 de diciembre de 2022, con la cual fue notificado el 20 de diciembre del mismo año, encontrándose, por tanto, dentro del plazo de seis meses previsto para la interposición de la presente acción.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, así como a la defensa; citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo se deje sin efecto las siguientes Resoluciones: “1. RESOLUCIÓN FINAL SNMH/AUT/-SUM/N° 012/2022 de 24 de octubre de 2022, emitida por la Autoridad Sumariante de SENAMHI, dentro del proceso disciplinario interno promovido en mi contra. 2. RESOLUCIÓN REVOCATORIA SENAMHI/AUT-SUM/REVOCATORIA/N° 004/2022 de 15 de noviembre de 2022, emitida por la Autoridad Sumariante del SENAMHI, dentro del proceso disciplinario interno promovido en mi contra. 3. RESOLUCIÓN JERÁRQUICA SENAMHI/DIR/N° 002/2022 de 09 de diciembre de 2022 y; 4. RESOLUCIÓN EJECUTORIA de 19 de diciembre de 2022” (sic). En consecuencia, se ordene la emisión de una nueva Resolución Final por parte de la Autoridad Sumariante, en la que se consideren de manera favorable los agravios denunciados en el memorial presentado el 13 de octubre de 2022, con el objeto de establecer la inexistencia de responsabilidad administrativa, manteniendo incólume la parte en la que se declaró la prescripción de otras faltas administrativas y, por consiguiente, se proceda el archivo de obrados.
Celebrada la audiencia virtual el 27 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 398 a 404, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia de garantías, señaló que, se considere que el cómputo del plazo de inmediatez de seis meses se inicie el 20 de diciembre de 2022, fecha en la que fue notificado con el último acto administrativo, consistente en el Auto que declaró la Ejecutoria de la Resolución Jerárquica SENAMHI/DIR/ 002/2022, invocando para dicho efecto el principio pro actione.
Hugo Cristóbal Mamani Ticona, Director General a.i. del SENAMHI, por informe escrito cursante de fs. 394 a 395 vta., sostuvo que, en el marco del art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cómputo del plazo de inmediatez se realiza de momento a momento. En consecuencia, habiendo sido notificado el accionante con el Auto de Ejecutoria el 20 de diciembre de 2022, a horas 9:30, la presente acción fue interpuesta transcurridos seis meses y cuatro horas desde dicha notificación; es decir, fuera del plazo establecido.
Oscar Nain Puita Rodríguez no se conectó a la audiencia programada ni se apersonó a la tramitación de esta acción, pese a su notificación cursante a fs. 65.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 156/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 405 a 408 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El principio de inmediatez, desarrollado por la jurisprudencia constitucional, constituye un requisito de procedencia que produce efectos tanto para las partes como para el Tribunal de garantías, en la medida en que determina la caducidad del derecho de accionar y la consecuente prohibición de ingresar al análisis de fondo de la acción; y, b) En el marco de lo establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0040/2012 de 26 de marzo y 1265/2013 de 20 de diciembre, la última resolución administrativa es, indudablemente, la Resolución Jerárquica SENAMHI/DIR/ 002/2022, notificada al accionante el 12 de diciembre de 2022. Por consiguiente, la presente acción fue interpuesta de manera extemporánea, esto es, con ocho días de retraso.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución Jerárquica SENAMHI/DIR/ 002/2022 de 9 de diciembre, emitida por Hugo Cristóbal Mamani Ticona, Director General a.i. del SENAMHI -ahora demandado-, que confirmó en todas sus partes la Resolución de Revocatoria SENMH/AUT-SUM/REVOCATORIA/ 004/2022 de 15 de noviembre; cuya determinación fue notificado a José Luis Chávez Navarro -ahora accionante- el 12 de diciembre de 2022 (fs. 38 a 42 vta.). II.2. Cursa Auto Interlocutorio de 19 de diciembre de 2022, por el cual la autoridad demandada dispuso la ejecutoria, en sede administrativa, de la Resolución Jerárquica SENAMHI/DIR/ 002/2022. Dicho acto fue notificado al impetrante de tutela el 20 de diciembre del mismo año (fs. 43).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, así como a la defensa; toda vez que: 1) Todas las resoluciones emitidas en el marco del proceso sumario interno administrativo seguido en su contra, tanto por la Autoridad Sumariante como por la autoridad demandada, carecieron de una motivación jurídica y razonada respecto de los agravios que denunció en instancia de revocatoria y jerárquica, limitándose a rechazarlos sin fundamento ni pronunciamiento sobre los mismos; y, 2) Mediante la Resolución Jerárquica SENAMHI/DIR/ 002/2022, emitida por la autoridad administrativa demandada, fue notificado el 12 de diciembre de 2022, y con la Resolución que declaró su Ejecutoria el 20 de diciembre de 2022, siendo esta última fecha la que marca el inicio del cómputo del plazo de inmediatez. Ante ello, la autoridad demandada sostuvo que, el plazo de seis meses para interponer la presente acción se computa de manera exacta, de momento a momento. En consecuencia, dado que el accionante fue notificado el 20 de diciembre de 2022 con el Auto Interlocutorio de 19 de diciembre de 2022 que declaró la Ejecutoria de la Resolución Jerárquica SENAMHI/DIR/ 002/2022, la acción fue interpuesta con un retraso de cuatro horas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 129.II de la CPE establece que la acción de amparo constitucional podrá presentarse dentro del plazo de seis meses, computables desde el momento en que ocurre la vulneración alegada, desde la notificación de la última decisión administrativa o judicial, o desde que la parte afectada tenga conocimiento del acto u omisión que provocó la lesión a sus derechos y garantías constitucionales. Por su parte, el art. 55.I del CPCo dispone expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”. Respecto al cómputo del plazo de seis meses para la interposición de las acciones de amparo constitucional, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto señaló que: “…El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa” (negrillas agregadas). En ese sentido, respecto al cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, el AC 0239/2015-RCA de 28 de agosto señaló que: “…a fin de desvirtuar la concurrencia del principio de inmediatez, el tribunal de garantías, deberá conceder un plazo razonable para que la accionante adjunte la documentación extrañada, por cuanto el auto de ejecutoria, es irrelevante para el cómputo del plazo, el cual corre como se dijo desde la notificación con la Resolución de Recurso Jerárquico…” (la negrilla nos corresponden). Asimismo, la SCP 0545/2013 de 13 de mayo, sostuvo que: “…se concluye que el ahora demandante, una vez notificado con la Resolución Administrativa Jerárquica 034/2012, contaba con el plazo de seis meses, para interponer la acción de amparo constitucional, en razón a que la fase de impugnación en sede administrativa quedó agotada, quedando únicamente expedita en su favor la jurisdicción constitucional en procura de la rectificación de las supuestas vulneraciones de derechos que según él, ocurrieron en la sustanciación del proceso administrativo instaurado en su contra. No es aceptable la justificación invocada por el demandante, relacionada a que el plazo de los seis meses debe ser computado a partir de la notificación con la nota de destitución JEF. DE RR.HH.- 798/12 de fecha 15 de junio del año de 2012, emitida por la Jefatura de Recursos Humanos (RR.HH.) del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, por cuanto corresponde señalar que la comunicación efectuada por dicha Jefatura, únicamente tiene un carácter operativo y de ejecución, cuando en los hechos su desvinculación ya fue dispuesta en la varias veces citada Resolución Administrativa Jerárquica 034/2012, por lo cual, Javier Ramiro López Salazar, no podía alegar el desconocimiento de la sanción” (la negrilla es nuestra).
En la problemática traída, la Resolución Final Disciplinaria determinó, en lo principal a José Luis Chávez Navarro -ahora accionante- la responsabilidad administrativa por omisión, imponiéndole una sanción equivalente al 20% de su haber mensual. El impetrante de tutela interpuso el recurso jerárquico, el cual fue resuelto por Hugo Cristóbal Mamani Ticona, Director General a.i. del SENAMHI -ahora demandado-, mediante la Resolución Jerárquica SENAMHI/DIR/ 002/2022 de 9 de diciembre. A efectos del requisito de subsidiariedad, aplicable también a la presente acción de amparo constitucional, dicha Resolución constituye el último pronunciamiento en sede administrativa que resolvió los agravios que el procesado identificó, en cada etapa procesal, como vulneración de sus derechos fundamentales. En ese sentido, considerando que con la referida Resolución Jerárquica, el accionante fue notificado el 12 de diciembre de 2022 (Conclusión II.1), extremo que fue confirmado por su abogado en audiencia; y que la presente acción tutelar fue interpuesta el 20 de junio de 2023, se advierte que el accionante presentó la acción fuera del plazo de seis meses establecido por la norma y la jurisprudencia constitucional sentada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Por lo tanto, corresponde denegar la tutela solicitada por incumplimiento del requisito de inmediatez.
Finalmente, respecto al argumento del impetrante de tutela según el cual el cómputo del plazo debía iniciarse desde la emisión del Auto Interlocutorio de 19 de diciembre de 2022, que declaró la Ejecutoria de la Resolución Jerárquica y fue notificado el 20 del mismo mes y año, cabe precisar que dicho acto constituye un pronunciamiento que certifica el cierre de la vía administrativa y sus efectos consiguientes, pero no se configura como el actuado procesal sobre el cual recae la presunción de vulneración de los derechos invocados. En el mismo sentido, este Tribunal señaló la inidoneidad de considerar el Auto que declaró la Ejecutoria de una Resolución Administrativa como el punto de inicio para el cómputo del plazo de inmediatez, siguiendo el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución constitucional, así como lo establecido en el Auto Constitucional 0268/2024-RCA de 23 de septiembre, así como las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0888/2022-S3 de 21 de julio y 1466/2016-S3 de 9 de diciembre. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 156/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 405 a 408 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1057_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 22653b985d9fd6da4002205c1e94db8dccd80fbf0233b8a992ae21528ce2566f
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