B.IA.LEGAL

SCP 1056/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de septiembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54769-2023-110-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante por medio de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; y al principio de celeridad, toda vez que: i) La Vocal y el Secretario de Sala Penal demandados no devolvieron el legajo de apelación incidental dentro del plazo de veinticuatro horas; ii) El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto, emitió el mandamiento de detención preventiva e su contra a pesar que el Auto de Vista 261/2023 de 3 de abril, revocó el Auto Interlocutorio 172/2023 de 22 de marzo, que dispuso la aplicación de dicha medida cautelar; iii) La Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Segunda no se pronunció sobre su memorial de 5 de abril del 2023, a través del cual hacia conocer que se dejó sin efecto la orden de detención preventiva; iv) La Fiscal de Materia codemandada, emitió requerimiento fiscal ordenando la ejecución del mandamiento de detención preventiva a pesar de tener conocimiento de la revocatoria del auto que dispuso su emisión; v) El Director de la FELCV codemandado, permitió la ejecución del referido mandamiento y sea conducido a las celdas policiales; y, vi) El funcionario policial, ejecutó el mencionado mandamiento que ya no estaba vigente; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se remita en el día el legajo de apelación al Juzgado de origen; b) Se disponga su libertad inmediata; y, c) Se envié antecedentes del Secretario …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 27 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia y contra la Violencia hacía la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Yuri Jesús Gómez Pérez, Vocal y Secretario, respectivamente, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 2° Disponer que la Vocal demandada devuelva el legajo del recurso de apelación incidental al juzgado de origen, en el día de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, emita mandamiento de libertad a favor del peticionante de tutela como consecuencia de lo determinado en el Auto de Vista 261/2023 de 3 de abril, siempre y cuando, aún no haya sido ejecutado conforme lo dispuesto por el Juez de garantías; y,

3° DENEGAR la tutela impetrada respecto a Mirian Laura Tarqui Flores y René Eduardo Foronda Escóbar, Jueces de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda y Tercero, respectivamente, de El Alto; Selma Soledad Yapu Limachi, Fiscal de Materia; Walter Paúl Lens Altamirano, Director Regional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia; y, Alex Vallejos Maquera, funcionario policial todos del departamento de La Paz, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen
  3. III.3. Supuestos para la legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio
  5. III.5. Análisis del caso concreto
  6. III.6. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1056/2025-S3 Sucre, 8 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54769-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 27 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Grover Rodríguez Bolo en representación sin mandato de Onny Tallacahua Huanca contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Yuri Jesús Gómez Pérez, Vocal y Secretario, respectivamente, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Mirian Laura Tarqui Flores y René Eduardo Foronda Escóbar, Jueces de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda y Tercero, respectivamente, de El Alto; Selma Soledad Yapu Limachi, Fiscal de Materia; Walter Paúl Lens Altamirano, Director Regional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV); y, Alex Vallejos Maquera, funcionario policial, todos del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales, presentados el 5 y 6 de abril de 2023, cursante de fs. 2 a 3 vta. y 5 a 6 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, René Eduardo Foronda Escóbar, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -codemandado-, en suplencia legal de su similar Segunda, emitió el Auto Interlocutorio 173/2023 de 22 de marzo, por medio del cual revocó su detención domiciliaria, y ordenó su detención preventiva en la Carceleta Provincial de Patacamaya del departamento de La Paz, motivo por el cual, contra dicha determinación interpuso recurso de apelación incidental; que fue resuelto mediante Auto de Vista 261/2023 de 3 de abril, por Rosmery Lourdes Pabón Chávez -demandada-, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocando el Auto Interlocutorio demandado, disponiendo se convoque a una nueva audiencia de consideración de su situación jurídica; sin embargo; incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, el cuaderno jurisdiccional no fue remitido al Juzgado de origen, en consecuencia, pese a que ,el señalado Auto de Vista dejó sin efecto la detención preventiva, el 5 de abril de 2023, se ejecutó el mandamiento de detención preventiva en su contra privándolo ilegalmente de su libertad. Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la citada Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no coadyuvó a la Vocal demandada con la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de origen, incumpliendo con el principio de celeridad, así como, con lo establecido en la Ley del Órgano Judicial, en cuanto a sus obligaciones como funcionario de apoyo jurisdiccional. Miriam Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto -codemandada- Violencia Familiar y Domestica, Segunda del El Alto del departamento de La Paz, no ejerció el control jurisdiccional de la causa, pese a que, mediante memorial de 5 de abril de 2023, se le hizo conocer que en alzada se revocó el Auto Interlocutorio 173/2023 que disponía su detención preventiva. Walter Paúl Lens Altamirano, Director Regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de El Alto -codemandado-, atentó contra su derecho a la libertad, al permitir su ingreso a celdas policiales, ejecutando un mandamiento que fue dejado sin efecto. Selma Soledad Yapu Limachi, Fiscal de Materia -codemandada-, emitió requerimiento disponiendo se ejecute el mandamiento de detención preventiva, a pesar que tenía conocimiento que el señalado Auto Interlocutorio que dispuso la emisión del mismo fue revocado. Finalmente, con relación a Alex Vallejos Maquera, funcionario policial, vulneró su derecho a la libertad al ejecutar el aludido mandamiento, quien se encontraba acompañado de otros policías que no se identificaron.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; y, al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) En el día se remita el testimonio de apelación al juzgado de origen; y, b) Se remita antecedentes del Secretario -codemandado- al Consejo de la Magistratura, por incumplimiento de funciones.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 6 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 26 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó de manera íntegra el contenido de su acción de libertad y ampliándola, señaló que: 1) El Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero codemandado, de manera ultra petita, emitió el mandamiento de detención preventiva y ordenó que el mismo se efectivice por intermedio de Secretaría del Juzgado, Fiscal o el Investigador asignado al caso, mandamiento que se encuentra sin firma y rúbrica, sin sello de recepción ni del Juzgado que lo ejecutó; 2) Mediante memorial de “4 de marzo de 2022”, presentado a la Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz -codemandada-, se le hizo conocer que el Auto Interlocutorio 173/2023 que disponía su detención preventiva fue dejado sin efecto en alzada; sin embargo, la autoridad jurisdiccional no se pronunció al respecto incluso hasta la fecha de interposición del mecanismo tutelar; 3) A momento de ser detenido debió ser remitido directamente a la Carceleta Provincial Patacamaya; sin embargo, aproximadamente a medio día del “4 de mayo de abril de 2022”, fue enviado a celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde estuvo detenido por más de dieciocho horas, subsanándose dicho acto; puesto que el 5 de abril de 2023, -día de presentación de la acción tutelar-, lo enviaron a la indicada Carceleta, motivo por el cual, solicitó se remitan antecedentes del Director Regional de la FELCV -codemandado-, al Ministerio Público, por el delito de incumplimiento de deberes, debiendo además ser procesado administrativamente; y, 4) La Fiscal de Materia codemandada, se encontraba presente en audiencia cuando la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 261/2023 que dejó sin efecto el Auto Interlocutorio 173/2023; a pesar de ello, insistió en que los funcionarios policiales cumplieran y ejecutaran un mandamiento ilegal en su contra; en consecuencia, al encontrarse ante una ilegal detención solicitó que de manera inmediata se libre mandamiento de libertad a su favor.

I.2.2. Informe de los demandados

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del informe escrito de 6 de abril de 2023, cursante a fs. 20, señaló que: i) Dentro del proceso seguido contra el impetrante de tutela, el 3 de abril del mismo año, su persona emitió el Auto de Vista 261/2023; por lo que, en el marco de sus competencias y atribuciones otorgadas por la Ley del Órgano Judicial, cumplió con resolver el recurso de apelación incidental planteado por el accionante; sin embargo, en caso que existieren actuados pendientes de realizar, no sería de su responsabilidad, sino, responsabilidad del personal de apoyo jurisdiccional de la Sala Penal; y, ii) Conforme lo informado por el Secretario de la citada Sala, a esa fecha el acta de la señalada audiencia ya se encontraba transcrita. Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del informe escrito de 6 de abril de 2023, cursante a fs. 19 y vta., señaló que: a) Debido a la carga procesal de la citada Sala Penal, considerándose que se llevan a cabo más de “quince” audiencias por día, el acta no se trascribió en el día; sin embargo, la amplía línea jurisprudencial otorga tres días para la transcripción de las resoluciones; b) La audiencia tuvo una duración de una hora y quince minutos, por lo que el impetrante de tutela no puede pretender que su acta se encuentre transcrita y resuelta de forma inmediata; y, c) Del informe emitido por el personal encargado de las transcripciones, el acta ya se encuentra transcrita, la cual se efectuó dentro del plazo establecido por la jurisprudencia existente, motivo por el cual solicitó se deniegue la tutela. Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz, a través del informe escrito de 6 de abril de 2023, cursante a fs. 17 y vta., señaló que: 1) Fue designada como suplente del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo -siendo lo correcto Tercero- de El Alto del departamento de La Paz de la referida fecha, razón por la cual, carece de legitimación pasiva, al no haber emitido el Auto Interlocutorio 173/2023; y, 2) Por consiguiente, no tiene competencia para remitir antecedentes a los tribunales de primera instancia, siendo atribución del personal de apoyo juridicial dicha remisión. Selma Yapu Limachi, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías manifestó que: i) El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, emitió el mandamiento de detención preventiva, disponiendo que la suscrita Fiscal ejecute el mismo en coordinación con el investigador asignado al caso, en ese sentido, dicho mandamiento se encontraba conforme a procedimiento y las normas del COVID-19; por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Juez de la causa el 24 de marzo de 2023, emitió el requerimiento fiscal, entregado al Director de la FELCV a efectos de que a través de su personal pueda dar cumplimiento al mismo; y, ii) Respecto a la celebración de la audiencia de consideración del recurso de apelación que se llevó a cabo el 3 de abril de igual año, en la que su persona estuvo presente, se tiene que mediante Auto de Vista 261/2023, se dejó sin efecto el Auto Interlocutorio 173/2023 dictado por el Juez de primera instancia; sin embargo, en el mismo actuado procesal la defensa del impetrante de tutela solicitó se deje sin efecto el referido mandamiento que fue expedido por la autoridad jurisdiccional, solicitud que fue rechazada por la Vocal del Tribunal de alzada, en consecuencia, no existió ninguna resolución que determinó que se dejara sin efecto la ejecución de detención preventiva emitida por el Juez de primera instancia. Néstor Luis Copana Calle, en representación sin mandato de Walter Paúl Lens Altamirano, Director Regional de la FELCV, señaló en audiencia de garantías que mediante requerimiento fiscal de 24 de marzo de 2023, se dispuso el mandamiento de detención preventiva del impetrante de tutela, no existiendo ningún otro documento o mandamiento que deje sin efecto dicha determinación, motivo por el cual se procedió a ejecutar el mismo. Alex Vallejos Maquera, funcionario policial, en audiencia de garantías, manifestó que: a) Fue asignado como investigador del caso; devolviéndose los actuados el 6 de marzo de 2023; y, b) Durante el tiempo que estuvo como investigador no se puso a su conocimiento ninguna orden de “aprehensión”. René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito y tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 11 y vta.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 18/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 27 a 34, concedió -en parte- la tutela impetrada, únicamente con relación a Selma Yapu Limachi, Fiscal de Materia, disponiendo que el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en el día, emita mandamiento de libertad en favor del impetrante de tutela, en cumplimiento a lo dispuesto mediante el Auto de Vista 261/2023 de 3 de abril. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Respecto al Juez Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero codemandado, se tiene que mediante Auto Interlocutorio 173/2023, dispuso la revocatoria de medidas sustitutivas del impetrante de tutela, librando en la referida fecha el mandamientos de detención preventiva, ordenando su ejecución por intermedio de la Fiscal de Materia; determinación que fue apelada por el solicitante de tutela, remitiéndose el testimonio de apelación al Tribunal de alzada; en consecuencia, no evidenció que el actuar del codemandado hubiere vulnerado algún derecho o garantía del accionante; 2)

Con relación a la Vocal demandada, quien mediante Auto de Vista 261/2023, determinó dejar sin efecto el referido Auto Interlocutorio, disponiendo además que en el plazo de veinticuatro horas, una vez devuelto el expediente, el Juez de primera instancia señale nueva audiencia a efectos de determinar la situación jurídica del impetrante de tutela; cumpliendo en consecuencia con su obligación de emitir la resolución correspondiente; sin embargo, en cuanto a la remisión del testimonio de apelación incidental al juzgado de origen, se debe tomar en cuenta que existe jurisprudencia en la que se dispone como tiempo prudente para la transcripción de las resoluciones, el plazo máximo de tres días, siendo que a la fecha de resolución de la acción tutelar, ésta ya se encontraría transcrita, evidenciando que la autoridad demandada no vulneró derecho alguno del impetrante de tutela; 3) Respecto a los Oficiales de la Policía, ahora codemandados, uno de ellos ya no es el investigador asignado al caso por lo que carece de legitimación pasiva, y con relación al actuar del Director de la FELCV, se determinó que se le hizo llegar el mandamiento de detención preventiva a través de un requerimiento fiscal con la finalidad de que fuera ejecutado, razón por la que simplemente cumplió ordenes emanadas del representante del Ministerio Público; 4) La Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz, al encontrarse en suplencia legal, recién desde el 6 de abril de 2023, carece de legitimación pasiva; y, 5) Respecto a la Fiscal de Materia, quien pese a encontrarse presente en la audiencia de consideración de la apelación incidental donde se emitió la Auto de Vista 261/2023 que dispuso la revocatoria del Auto Interlocutorio 173/2023, no informó a la autoridad encargada de efectivizar el mandamiento de detención preventiva, que la resolución de primera instancia fue dejada sin efecto, situación que generó una detención ilegal, motivo por el cual debe concederse la tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante acta de audiencia de consideración de la acción tutelar de 6 de abril de 2023, Grover Rodríguez Bolo representante sin mandato de Onny Tallacahua Huanca -accionante-, informó que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, mediante el Auto Interlocutorio173/2023 de 22 de marzo, se dispuso la revocatoria de la detención domiciliaria, disponiéndose su detención preventiva, resolución apelada incidentalmente, que posteriormente remitida a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes mediante Auto de Vista 261/2023 de 3 de abril, anularon el citado Auto Interlocutorio, audiencia en la que estuvo presente Selma Soledad Yapu Limachi, Fiscal de Materia -codemandada-; y cuyos antecedentes no fueron devueltos al Juzgado de origen hasta la fecha de interposición de la acción de libertad (fs. 22 a 26 vta.).

II.2. Conforme acta de audiencia de acción tutelar de 6 de abril de 2023, la Fiscal de Materia codemandada informó que el 24 de marzo de igual año, emitió el requerimiento para la ejecución del mandamiento de detención preventiva que había recibido y en esa misma fecha entregó al Director de la FELCV -hoy codemandado-para su cumplimiento; razón por lo cual, el mandamiento de detención preventiva fue ejecutado en cumplimiento de la determinación de la autoridad jurisdiccional, y pese a que los abogados del impetrante de tutela en el verificativo de consideración de la apelación solicitaron se deje sin efecto la ejecución del indicado mandamiento, dicha solicitud fue rechazada por la Vocal demandada (fs. 22 a 26 vta.).

II.3. Cursa Memorándum 419/2023/P.-TDJ de 6 de abril de 2023, por el cual se designa a Mirian Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz en suplencia de su similar Tercero, notificada en la referida fecha a horas 12:40 (fs. 18).

II.4. Consta informe de 6 de abril de 2023, emitido por Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, mediante el cual, justifica la demora en la transcripción del acta de audiencia de consideración de recurso de apelación incidental, debido a la alta carga procesal y sostiene que la referida acta se completó dentro del plazo de tres días, conferido por la jurisprudencia aplicable (fs. 19).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante por medio de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones; y al principio de celeridad, toda vez que: i) La Vocal y el Secretario de Sala Penal demandados no devolvieron el legajo de apelación incidental dentro del plazo de veinticuatro horas; ii) El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto, emitió el mandamiento de detención preventiva e su contra a pesar que el Auto de Vista 261/2023 de 3 de abril, revocó el Auto Interlocutorio 172/2023 de 22 de marzo, que dispuso la aplicación de dicha medida cautelar; iii) La Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Segunda no se pronunció sobre su memorial de 5 de abril del 2023, a través del cual hacia conocer que se dejó sin efecto la orden de detención preventiva; iv) La Fiscal de Materia codemandada, emitió requerimiento fiscal ordenando la ejecución del mandamiento de detención preventiva a pesar de tener conocimiento de la revocatoria del auto que dispuso su emisión; v) El Director de la FELCV codemandado, permitió la ejecución del referido mandamiento y sea conducido a las celdas policiales; y, vi) El funcionario policial, ejecutó el mencionado mandamiento que ya no estaba vigente; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se remita en el día el legajo de apelación al Juzgado de origen; b) Se disponga su libertad inmediata; y, c) Se envié antecedentes del Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -codemandado-, al Consejo de la Magistratura, por incumplimiento de funciones. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida.

Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a 1El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. Sobre el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen

La SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, respecto al plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes al juzgado de origen, luego de resolver la apelación, en su Fundamento Jurídico III.3. establece que:

[E]l art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste “resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas. Entendimiento reiterado en la SCP 0227/2019-S2 de 10 de mayo.

III.3. Supuestos para la legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea jurisprudencial, en el marco del estándar jurisprudencial más alto, se ha pronunciado sobre los supuestos para la legitimación pasiva, así como, del personal judicial subalterno en las acciones de libertad, con el siguiente desarrollo jurisprudencial: «Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la definió señalando que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde, la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, reforzó dicho entendimiento y precisó que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad. No obstante, la línea jurisprudencial a través de la SC 0332/2010-R, estableció una excepción a esta regla, señalando que el personal 5El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 7El FJ III.2, refiere: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 8El FJ III.4.1, manifiesta: “Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, subalterno puede ser demandado en los casos en los que contradigan lo dispuesto por la autoridad judicial o cometieran excesos en sus funciones, que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales, pero si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías, no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno. Más tarde, este Tribunal Constitucional a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, indicó que los funcionarios subalterno tienen legitimación pasiva, cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales. Finalmente, modificando los entendimiento descritos anteriormente, la SCP 0427/2015-S2, dentro de una acción de libertad, definió que los una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo”. 9El FJ III.2, expresa: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ʽCon relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ʽEl personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”. 10El FJ III. 2, señaló que: “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna servidores de apoyo jurisdiccional cuentan con legitimación pasiva para ser demandados, entendiendo que el acto lesivo puede derivar de actuaciones meramente administrativas como el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares y otras obligaciones; empero, la autoridad judicial por las facultades de supervisión que ejerce sobre este personal, no deja de asumir responsabilidad del juzgado.»

III.4. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio

Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana

Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0077/2018-S2, 0078/2018-S2 y 0101/2018-S2, entre otras, sistematizadoras de línea jurisprudencial, se han pronunciado sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana, recogiendo el siguiente desarrollo jurisprudencial:

«El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable…” (las negrillas son nuestras). 11El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 12El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”.

impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo, la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R.

13El FJ III.5, menciona: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 14El FJ III.4, indica: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”. 15El FJ III.4, refiere: “De donde se establece que la resolución que resuelva un incidente de nulidad por defectos absolutos, puede ser impugnada mediante un recurso idóneo, como es la apelación, ya sea incidental, si es interpuesta en la etapa preparatoria; o restringida, si es en el juicio oral, por lo que en los supuestos en que la norma procesal penal prevea de manera específica, medios de defensa oportunos para resguardar el derecho a la libertad ante situaciones en las que una persona se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, dichos mecanismos procesales deben ser activados con carácter previo e intra-proceso, operando por ello de manera excepcional la subsidiariedad la acción de libertad”. 16El FJ III.3, expresa: “La SC 0636/2010-R de 19 de julio, respecto a la apelación de incidentes de actividad procesal defectuosa, señaló lo siguiente: ‘De otro lado el capítulo IV del Título I del libro primero de la segunda parte del código de procedimiento penal, tiene como nomen juris «Excepciones e incidentes», cuyo procedimiento se rige por el art. 314 y ss del CPP, precisando: «las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes…», por ello dentro de un sentido amplio de interpretación de las normas analizadas, encontramos en el art. 403 inc. 2) del CPP, el derecho a impugnar resoluciones que resuelvan incidentes al incluirse su trámite dentro de las excepciones e incidentes, dado que sujetarnos a la enunciación que hace dicho precepto, correspondería a una interpretación restrictiva en desmedro de una norma internacional y de la propia constitución´”.

Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril, puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el Juez de Instrucción Penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los 17El FJ III.2, menciona: “De lo anterior es posible concluir, que ante el rechazo de un incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto durante la etapa preparatoria, corresponderá a los litigantes, por mandato constitucional, en uso de su derecho a impugnación, interponer apelación incidental; y sólo en caso de no obtener una resolución que atienda favorablemente a su solicitud, entonces recién quedará expedita la vía de la presente acción. Así la SCP 0639/2012 de 23 de julio, afirmó: ‘…en consecuencia asumiendo la interpretación amplia de los alcances del art. 403 del CPP desarrollada por la jurisprudencia glosada, concluimos que toda resolución de carácter incidental pronunciada en la etapa preparatoria del proceso penal, es susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación incidental previsto en la norma adjetiva penal antes citada´”. 18El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera-sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 19El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.

cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. (…)

Conforme a la sistematización de la línea jurisprudencial, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías-, lesivos a derechos fundamentales y garantías constitucionales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, no procediendo, por tanto, la activación directa de la acción de libertad» (las negrillas son nuestras).

III.5. Análisis del caso concreto

De manera previa al análisis del caso concreto, debe señalarse que, el impetrante de tutela, considera la existencia de varios actos lesivos, y cada uno de ellos, emerge de algún acto realizado de manera particular, por cada demandado; en ese sentido, se realizará el análisis de cada uno de ellos de manera individualizada:

Con relación a Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz

El accionante sostiene que la Vocal demandada, a la fecha del presente mecanismo tutelar, no remitió los antecedentes al juzgado de origen y como consecuencia de dicha demora, el 5 de abril de 2023, de manera ilegal, se ejecutó el mandamiento de detención preventiva librado en su contra, pese a que, el referido actuado procesal ya fue dejado sin efecto.

Conforme los datos consignados en las Conclusiones del presente fallo constitucional, así como, de lo constatado por el Juez de garantías, quien tuvo acceso al expediente del impetrante de tutela, se tiene que dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra; el 3 de abril de 2023, la autoridad demandada, emitió el Auto de Vista 261/2023, que revocó el Auto Interlocutorio 173/2023, que determinó su detención preventiva, disponiendo que la autoridad de primera instancia, en el plazo de veinticuatro horas de devuelto el testimonio de apelación incidental, debía señalar nueva audiencia y resolver su situación jurídica.

Del informe emitido por el Secretario de la señalada Sala Penal, se advierte que, hasta la fecha de interposición de la presente acción de tutela, el legajo de apelación incidental no fue devuelto ante el juez de primera instancia; el funcionario pretende justificar dicha demora remitiéndose al informe del personal de transcripciones, indicando que el acta de audiencia ya estaba transcrita a la fecha de la presente acción tutelar (Conclusión II.4). Ahora bien, conforme establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, una vez que el tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la resolución correspondiente al juzgado o tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro horas. En el caso que se examina, no se cumplió con dicho plazo; puesto que, habiéndose emitido el Auto de Vista 261/2023, hasta la fecha de realización de la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, que se llevó a cabo el 6 del mismo mes y año, transcurrieron tres días, sin que se hubiera devuelto el legajo de apelación; es decir se incumplió con el señalado plazo; con lo cual, efectivamente la Vocal demandada incurrió en dilación indebida denunciada, ya que, como directora del proceso, se encuentra compelida a supervigilar que sus determinaciones sean cumplidas por el personal de apoyo judicial; dado que, el cumplimiento de su deber no se agota con la emisión del fallo, sino se prolonga hasta la verificación de la ejecución de sus determinaciones, que conlleva realizar el seguimiento correspondiente a cada causa asignada a su despacho judicial e impartir instrucciones al personal de apoyo jurisdiccional a objeto de tramitar todos los procesos judiciales conforme a derecho; por lo que, la demora en la devolución del legajo de apelación incidental, por falta del libramiento de actos u otros incumplimientos en los que incurra el personal de su despacho, no le exime de responsabilidad, en caso de existir alguna demora o dilación, como sucede en este caso, que provocó como consecuencia no sólo la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de principio de celeridad, sino también del derecho a la libertad personal, dado que el peticionante de tutela ha sido privado de su libertad a pesar de haberse dejado sin efecto la resolución judicial que dispuso la aplicación de dicha medida cautelar; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada contra la referida Vocal. Respecto al Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz

El impetrante de tutela señaló que el referido funcionario de apoyo jurisdiccional incumplió sus deberes al no coadyuvar con la remisión del testimonio de apelación incidental al juzgado de origen dentro del plazo establecido por ley -veinticuatro horas- incumplimiento que derivó en la ejecución de un mandamiento de detención preventiva que fue dejado sin efecto, situación que pudo evitarse si el juez de primera instancia hubiera tenido conocimiento oportuno de la decisión emitida en alzada. En cuanto a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo judicial en las acciones de tutela, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, ha establecido que los funcionarios de apoyo judicial adquieren legitimación pasiva cuando la vulneración de derechos emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones que se les son conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. En el caso examinado, el Secretario codemandado en el informe presentado en esta acción de tutela, no niega que el legajo de la apelación no fuera devuelto dentro de las veinticuatro horas de emitido el indicado Auto de Vista que resolvió la apelación incidental; por el contrario pretende justificar la demora en la materialización de la devolución, alegando que el acta de la audiencia ya fue transcrita por el funcionario encargado de dicha transcripción, a pesar de la excesiva carga procesal que tenía la citada Sala Penal, acotando que la transcripción fue realizada dentro del plazo establecido por la línea jurisprudencial que otorga tres días para las trascripciones de las actas y resoluciones emitidas en audiencia; y, que el solicitante de tutela no podía pretender que el acta de una audiencia que duró una hora y quince minutos fuera transcrita de manera inmediata; razón por la que, carecería de responsabilidad alguna en la presente acción de libertad; sin embargo, la justificación esgrimida por el Secretario codemandado, en cuanto a la excesiva carga laboral, no fue respaldada con ninguna prueba idónea que la acredite. Ahora bien, conforme lo dispuesto por el art. 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Secretario, como funcionario de apoyo jurisdiccional, tiene la obligación de controlar, a través del sistema informático de gestión de causas, el cumplimiento de los plazos procesales; además, debe dirigir al personal auxiliar y cumplir con las disposiciones emitidas por la autoridad judicial; en el presente caso, el cumplimiento de dichas obligaciones implicaba garantizar que la devolución del legajo de apelación incidental al juzgado de origen sea ejecutada dentro del plazo de veinticuatro horas, conforme lo ha establecido la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; asimismo, al no haber cumplido con su obligación de dirigir al personal auxiliar para la elaboración del acta de la audiencia y en definitiva para que se proceda a la devolución del legajo de la apelación dentro del plazo de veinticuatro horas de emitido el Auto de Vista 261/2023, evidentemente incumplió con la obligación que le impone la citada norma procesal penal; y con ello contribuyó a la vulneración del derecho al debido proceso y al principio de celeridad; y por consiguiente, del derecho a la libertad personal del accionante; puesto que, a causa de esa demora se permitió que se ejecutara un mandamiento de detención preventiva que carecía de vigencia; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada respecto del Secretario codemandado. Con relación al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz

El impetrante de tutela denuncia que la autoridad judicial codemandada en suplencia legal de su similar Segunda, emitió el Auto de Interlocutorio 173/2023 que dispuso revocar su detención domiciliaria emitiendo el mandamiento de detención preventiva -ejecutado el 5 de abril de 2023-, a pesar que dicha autoridad ya tenía conocimiento de la existencia del Auto de Vista pronunciado por el Tribunal de alzada que dejó sin efecto su determinación. De lo informado por la Fiscal de Materia codemandada, en audiencia de consideración de esta acción de tutela, se advierte que el 24 de marzo del 2023, emitió el requerimiento fiscal para la ejecución del mandamiento de detención preventiva que había recibido para su cumplimiento, y en esa misma fecha lo entregó al Director de la FELCV para su cumplimiento; es decir, por una parte, habiéndose ya emitido y entregado el mandamiento de detención preventiva inclusive antes de celebrarse el verificativo de consideración de la apelación incidental, llevada a cabo el 3 de abril del mismo año; y, por otra parte, se halla acreditado que el legajo de apelación no fue devuelto hasta el día de la consideración de esta acción de tutela -el 6 de igual mes y año-, no resulta cierto que la autoridad judicial codemandada hubiera mandado a ejecutar el mandamiento de detención preventiva a pesar de tener conocimiento de la revocatoria de la decisión que ordenó su expedición, puesto que, como se tiene dicho, el referido mandamiento ya estaba recepcionado por la policía antes que se lleve a cabo la señalada audiencia de segunda instancia; por lo cual, no es evidente que la autoridad judicial codemandada haya incurrido en privación ilegal de la libertad personal del peticionante de tutela; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada.

Sobre la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz

El accionante señala que la referida autoridad codemandada no ejerció el control jurisdiccional correspondiente, debido a la falta de pronunciamiento respecto al memorial presentado el 5 de abril de 2023, en el que, se le hizo conocer que se dejó sin efecto la decisión que disponía su detención preventiva mediante el Auto de Vista 261/2023. Con relación a dicha denuncia, cabe precisar que tal como se acredita del Memorándum 419/2023/-P.- TDJ de 6 de abril del 2023, mediante el cual el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz (Conclusión II.3) le hizo conocer a la Jueza codemandada, que asumirá la suplencia de su similar Tercero, siendo notificada con dicho Memorándum, en señalada dato a horas 12:40; consecuentemente, al momento de la interposición de la presente acción de tutela -5 de igual mes y año- ésta no había asumido la referida suplencia del juzgado que emitió el mandamiento de detención preventiva, ante ello, no tenía responsabilidad sobre el caso que motiva este mecanismo de defensa, lo que implica que carece de legitimación pasiva en la presente causa; puesto que, no existe la coincidencia que se debe dar entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción, conforme lo establecido en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001; razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada. Con relación a la Fiscal de Materia, Alex Vallejos Maquera, funcionario policial y Walter Paúl Lens Altamirano, Director Regional de la FELCV de El Alto

El impetrante de tutela, denunció que cada uno de los codemandados citados en este apartado; es decir, la Fiscal de Materia, el Policía investigador asignado al caso y el Director Regional de la FELCV de El Alto, generaron una lesión a sus derechos fundamentales en la ejecución del mandamiento de detención preventiva emitida dentro del proceso penal que se le sigue en su contra.

Respecto a las vulneraciones en las que puedan incurrir la representante del Ministerio Público y los miembros de la policía boliviana durante el trámite de la etapa preparatoria de un proceso penal, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, ha establecido que dichos actos deben ser denunciados ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional, dado que dicha autoridad es la competente e idónea para conocer las supuestas vulneraciones de derechos y garantías constitucionales dentro de la investigación; por lo cual, sólo en el caso de persistir las vulneraciones, es posible activar la vía constitucional. En el caso presente, el accionante al estar bajo el control jurisdiccional del Juez de la causa, debió acudir de manera previa ante este, siendo esa autoridad la competente para toma conocimiento del mecanismo intraprocesal idóneo y oportuno, consistente en el incidente de actividad procesal defectuosa, instancia facultada para conocer las denuncias de posibles vulneraciones de derechos fundamentales que se hubiesen generado por los órganos encargados de la persecución penal, al no haber procedido de esa manera, no era posible acudir directamente ante la vía constitucional, lo que implica el incumplimiento de la subsidiariedad excepcional, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada.

III.6. Otras consideraciones

Por otro lado, resulta importante recordar al Juez de garantías que la SCP 0087/2012 de 19 de abril, se ha pronunciado sobre la obligación que tiene el juez o tribunal de garantías, de remitir la prueba sobre la que fundó su decisión, estableció lo siguiente:

[T]odo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática…” (las negrillas nos pertenecen). En la presente causa, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el Juez de garantías omitió remitir los antecedentes y pruebas sobre los que basó su decisión y a los que tuvo acceso; razón por la cual, corresponde llamarle la atención y exhortar a que en ulteriores oportunidades cumpla con la obligación prevista en dicho precedente constitucional, en consideración a que en esta instancia de revisión se debe contar con todos los elementos de prueba necesarios. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 27 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia y contra la Violencia hacía la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Yuri Jesús Gómez Pérez, Vocal y Secretario, respectivamente, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 2° Disponer que la Vocal demandada devuelva el legajo del recurso de apelación incidental al juzgado de origen, en el día de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, emita mandamiento de libertad a favor del peticionante de tutela como consecuencia de lo determinado en el Auto de Vista 261/2023 de 3 de abril, siempre y cuando, aún no haya sido ejecutado conforme lo dispuesto por el Juez de garantías; y,

3° DENEGAR la tutela impetrada respecto a Mirian Laura Tarqui Flores y René Eduardo Foronda Escóbar, Jueces de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda y Tercero, respectivamente, de El Alto; Selma Soledad Yapu Limachi, Fiscal de Materia; Walter Paúl Lens Altamirano, Director Regional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia; y, Alex Vallejos Maquera, funcionario policial todos del departamento de La Paz, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

4 El Cuarto Considerando: señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1056_2025-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 46de882e614bb6af58f90c15af3dc41a8137daf614379a654d3c97534f2e0d87

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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