B.IA.LEGAL

SCP 1056/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 11 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
11 de septiembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57517-2023-116-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y a la “…legalidad, tipicidad y taxatividad y proporcionalidad…” (sic), al trabajo, a ejercer su profesión, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la impugnación o a la “segunda instancia”, y a una ”vida libre de violencia”, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del sumario administrativo tramitado en su contra, se emitió la Resolución Sumarial RES ASRLP/076-RJ/2021 en su calidad de ex médico de la CNS, presentó una solicitud de explicación, complementación y enmienda de dicha Resolución. En ese mismo acto, señaló como domicilio procesal la oficina de su abogado; además, de indicar medios alternativos para su notificación, tales como correo electrónico y número de celular con acceso a WhatsApp, conforme a las disposiciones vigentes y adaptadas a las circunstancias excepcionales de la emergencia sanitaria; sin embargo: a) El 15 de julio de 2022 fue notificado con el Auto Interlocutorio de 14 del citado mes y año, que resolvía la solicitud de explicación, complementación y enmienda, únicamente en su domicilio procesal, omitiendo por completo el uso de los medios alternativos de notificación previamente aceptados en el proceso (correo electrónico y WhatsApp). […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 103/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 181 a 185 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El incidente de nulidad en materia administrativa
  2. III.2. De la inmediatez en las acciones de amparo constitucional y la no suspensión del plazo a través de la interposición de recursos inidóneos
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1056/2025-S2 Sucre, 11 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57517-2023-116-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 103/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 181 a 185 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Aldo Germán Quino Espinoza contra Milenka Thania Chávez Coarite, Autoridad Sumariante e Israel Rey Arellano Chávez, Procurador de la Autoridad Sumariante, ambos de la Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud (CNS).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 17 de febrero y 2 de marzo de 2023, cursantes a fs. 96 a 109 y 112 a 119 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su calidad de médico oncólogo de planta en la CNS, fue denunciado por presuntamente atender a pacientes no asegurados. A raíz de ello, se emitió una imputación formal en su contra y se le impuso como medida cautelar la detención preventiva. Para obtener su libertad, se vio obligado a renunciar a su cargo. Posteriormente, tras ser acusado formalmente, fue absuelto en la etapa de apelación restringida. Paralelamente, se le inició un sumario administrativo por un supuesto incumplimiento de contrato laboral y otras presuntas faltas, a pesar de que ya no era funcionario de la CNS. En ese marco, se emitió la Resolución Sumarial ASRLP/042/2019 de 19 de julio. Consecutivamente, durante la etapa de impugnación (recurso de revocatoria y jerárquico) promovida por su persona, se dictó la Resolución “047/2020”, que confirmó la resolución impugnada. Sin embargo, por Resolución Jerárquica 34 de 5 de noviembre de 2021, se dispuso la anulación de obrados hasta la Resolución Sumarial ASRLP/042/2019, ordenando a la autoridad sumariante emitir una nueva resolución, garantizando el resguardo de sus derechos. En cumplimiento de la disposición emitida por la autoridad jerárquica, Milenka Thania Chávez Coarite, Autoridad Sumariante de la CNS -ahora demandada-dictó la Resolución Sumarial RES ASRLP/076-RJ/2021 de 19 de diciembre, que estableció responsabilidad administrativa e impuso la sanción de destitución (en la fecha no ejercía funciones públicas); además, se ordenó su registro ante la Contraloría General del Estado (CGE), con el fin de dejar constancia e inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública. Sin embargo, dicha resolución fue ejecutada sin observar las garantías dispuestas por la autoridad jerárquica. En particular, el 13 de julio de 2022, Israel Rey Arellano Chávez, Procurador de la Autoridad Sumariante de la Regional La Paz de la CNS -ahora codemandado-, procedió a notificar en el domicilio de sus padres de la tercera edad, fijando las copias de ley de la resolución en la puerta del inmueble, lo que causó susto en ellos. En ese entendido, el 14 de julio de 2022, presentó una solicitud de explicación, complementación y enmienda de la Resolución Sumarial ASRLP/076-RJ/2021, reclamando la falta de notificación y señalando que su domicilio real se encuentra en la calle Lucas Jaime 1725, zona Miraflores -dato conocido por la CNS, consignado en el proceso y donde incluso cumplió detención domiciliaria-. Asimismo, indicó su domicilio procesal, el correo electrónico de su abogado, así como los números de celular tanto de su persona como de su abogado, quien, debido a su alto riesgo de contagio por COVID-19 (por padecer de hipertensión y sobrepeso), no asistía regularmente a su oficina, utilizando en su lugar la aplicación WhatsApp para efectos de comunicación. En respuesta, la autoridad demandada emitió el Auto Interlocutorio de 14 del mismo mes y año, rechazando su solicitud sin fundamento alguno, y limitándose a disponer que el señalamiento de domicilio real y procesal, se tenga presente. El procurador codemandado procedió a notificar, el 15 de julio de 2022, a horas 15:00, supuestamente en el domicilio procesal, correspondiente a la oficina de su abogado ubicada en la calle Yanacocha 441, edificio Arco Iris, piso 13, oficina 1304. Sin embargo, dicha notificación se realizó sin considerar que, debido a la pandemia del COVID-19, esa oficina se encontraba cerrada, situación de conocimiento público y notorio. En tal contexto, se había solicitado expresamente que las notificaciones se realicen en su domicilio real, o, en su defecto, mediante los medios electrónicos previamente señalados: correo electrónico y WhatsApp. Pese a ello, no se realizó notificación alguna por esos medios, incumpliendo lo dispuesto y afectando directamente su derecho a la defensa. La notificación del auto de complementación, explicación y enmienda -parte integrante de la Resolución Sumarial ASRLP/076-RJ/2021, que impone una sanción- fue ejecutada de manera maliciosa, con la aparente intención de evitar que el afectado ejerza los recursos que la ley le franquea. Dicha notificación consistió únicamente en la fijación de una copia en la puerta de la oficina cerrada y su posterior fotografía. Empero, dicha copia fue retirada, pues el 18 del referido mes y año los dependientes del abogado, al presentarse en el lugar, no encontraron constancia alguna de notificación. Ante esta vulneración de derechos, el 26 de julio de 2022 interpuso un incidente de nulidad contra la supuesta e ilegal notificación de 15 del mismo mes y año, señalando que dicha diligencia debió efectuarse en su domicilio real o mediante los medios electrónicos previamente propuestos por su persona -WhatsApp y correo electrónico-, los cuales fueron expresamente aceptados por la autoridad sumariante demandada. No obstante, por Auto Interlocutorio de 27 de julio de 2022, se rechazó su incidente, fundando la decisión únicamente en la cita del art. 72.I del Código Procesal Civil (CPC), y sosteniendo que la notificación realizada en la oficina de su abogado cumplía con la finalidad del acto de comunicación. No obstante, de manera indebida y deliberada, omitió considerar el parágrafo II del mismo artículo, el cual autoriza expresamente la utilización de medios electrónicos, telemáticos o de infotelecomunicación para efectuar notificaciones. Cabe destacar que, a pesar de no habérsele notificado mediante estos canales en la fecha observada, sí se le realizaron notificaciones a través de correo electrónico y WhatsApp, el 2 y 4 de agosto del mismo año, lo que evidenció una aplicación selectiva y contradictoria de los medios de notificación. En consecuencia, el Auto cuestionado carece de fundamento y motivación suficientes, incumple con los requisitos estructurales de una resolución debidamente motivada y se limitó a abordar parcialmente los argumentos expuestos en el incidente planteado. Contra el Auto Interlocutorio de 27 de julio de 2022, se agotaron todos los recursos en sede administrativa, habiéndose interpuesto recurso de revocatoria y jerárquico. Mediante Auto Interlocutorio de 5 de agosto del mismo año se resolvió declarar no ha lugar el recurso de revocatoria, Resolución que fue notificada por correo electrónico y WhatsApp el 11 de agosto de 2022. Posteriormente, mediante Auto Interlocutorio de 15 del citado mes y año, se resolvió también declarar no ha lugar el recurso jerárquico, notificación que se efectuó el 19 del referido mes y año por los mismos medios. Ambas Resoluciones dictadas en la etapa recursiva fundamentaron su decisión en que, conforme al marco normativo aplicable a la responsabilidad administrativa, no procede la vía recursiva respecto a Resoluciones que resuelven incidentes, lo cual vulneró su derecho fundamental a recurrir y acceder a una segunda instancia. Cabe señalar que no existe trámite pendiente respecto a la fraudulenta notificación del Auto Interlocutorio de 14 de julio del mencionado año, efectuada el 15 del mismo mes y año. En este marco, el plazo de seis meses desde la última notificación se cumple el 19 de febrero de 2023, por lo que la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta dentro del plazo de inmediatez establecido por la jurisprudencia constitucional.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y a la “…legalidad, tipicidad y taxatividad y proporcionalidad…” (sic), al trabajo, a ejercer su profesión, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la impugnación o a la “segunda instancia”, y a una ”vida libre de violencia”; y, los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.I, 116, y 119.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Disponga se declare la nulidad de la notificación de 15 de julio de 2022, así como los Autos Interlocutorios de 27 de julio, 5 y 15 de agosto del mismo año; b) Se ordene a las autoridades demandadas procedan a la notificación del Auto Interlocutorio de 14 de julio de mismo año de forma personal, en su domicilio real, en su correo electrónico o mediante la aplicación WhatsApp; y, c) Sea con costas, pago de daños y perjuicios, y con las formalidades del caso.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 176 a 180 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Juan Carlos Heredia Parra, Autoridad Sumariante e Israel Rey Arellano Chávez, Procurador de la Autoridad Sumariante, ambos de la Regional La Paz de la CNS, por informe escrito cursante de fs. 156 a 161 vta., y en audiencia de garantías sostuvieron que: 1) El domicilio del accionante registrado en el Sistema Enterprise Resource Planning (ERP) de la CNS corresponde al domicilio de sus padres (Estados Unidos 1299). Dicho sistema contiene todos los datos personales de los servidores de esa Entidad y puede ser utilizado por el Procurador para efectos de notificación. Es obligación del sumariado mantener actualizada esta información, a fin de evitar contratiempos. En ese sentido, la finalidad del acto de comunicación fue cumplida; 2) Si bien la Pandemia por Covid-19 se propagó el 2020, no resulta razonable suponer que un profesional abogado estuviera alejado de su oficina por más de dos años. Además, el acto de notificación cuestionado se realizó en el año 2022, cuando ya regían medidas como el horario continuo (de horas 08:30 a 16:30) debido a la emergencia sanitaria. La notificación se efectuó a horas 15:00, dentro de dicho horario, por lo que no correspondía al Procurador verificar si la oficina estaba abierta o cerrada. No existió dolo ni mala fe en el acto, como se demuestra en la diligencia de notificación de 15 de julio de 2022, que cuenta con firma de testigo de actuación, placas fotográficas e informe correspondiente; 3) El proceso administrativo disciplinario, en el marco del régimen de responsabilidad por la función pública, se encuentra regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo. En tal sentido, aun cuando se alegue que la notificación no se realizó mediante correo electrónico, WhatsApp o al domicilio real declarado -invocando como justificación el horario continuo, el desfile de teas o la pandemia- tales argumentos no invalidan la notificación. La diligencia realizada el 15 de julio de 2022, respecto al Auto Interlocutorio de 14 del citado mes y año, cumplió con todos los requisitos legales esenciales, así como con la finalidad del acto procesal, pese a que el accionante lo niegue mediante incidentes, recursos de revocatoria y jerárquico. Estas acciones pretenden introducir procedimientos ajenos a los establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y vulneran el procedimiento específico del régimen de responsabilidad por la función pública previsto en los Decretos Supremos 23318-A de 3 de noviembre de 1992 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y 26237 de 29 de junio de 2001 modificaciones al Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, con la aparente intención de dilatar el proceso y evitar los efectos de la resolución sumarial final, sin haber interpuesto recurso contra la misma; y, 4) Considerando que la vía administrativa concluyó con la ejecutoria de la Resolución Sumarial ASRLP/076-RJ/2021, correspondía al impetrante de tutela acudir a la vía contencioso-administrativa si lo que pretendía era la revisión de los actos procesales realizados en sede administrativa. En consecuencia, no es procedente la interposición de una acción de amparo constitucional; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Hilarión Hernán Bilbao Quispe, Elvin Vladimir Aliaga Alconini, Patricia López Cuentas y, Teodosio Walter Laura Cruz no presentaron memorial alguno, ni asistieron a la audiencia de garantías programada, pese a su notificación cursantes de fs. 124 a 125 y 169 a 175 vta.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 103/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 181 a 185 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que se practique una nueva notificación del Auto Interlocutorio de 14 de julio de 2022, mediante correo electrónico o número de celular consignado en el memorial. En su defecto, se efectué de forma personal en el domicilio procesal del abogado, si éste se encontrara desempeñando funciones en dicho lugar. Todo ello deberá realizarse en el plazo de setenta y dos horas, quedando sin efecto la notificación previamente practicada; con base en los siguientes fundamentos:

i) Se cumplió con el principio de subsidiariedad; toda vez que, se agotó la vía recursiva, disponiéndose no ha lugar el recurso jerárquico, notificado el 19 de agosto del citado año; ii) Considerando la notificación de dicha Resolución y la presentación de la acción de amparo constitucional el 17 de febrero de 2023, se verificó que la acción tutelar fue interpuesta dentro del plazo legal de seis meses establecido para su procedencia; iii) El accionante denunció la vulneración al principio de seguridad jurídica; sin embargo, debe señalarse que dicho principio, por su naturaleza, no puede ser tutelado de forma directa mediante la acción de amparo constitucional, al no tratarse de un derecho fundamental autónomo; iv) En su momento, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió el Instructivo 01/2021 de 14 de enero, relativo a las notificaciones procesales en el contexto de la Pandemia, disponiendo que las partes debían registrar el número de WhatsApp y correo electrónico del abogado patrocinante en el Sistema Hermes, como requisito para la presentación de memoriales. Por tanto, las notificaciones debían realizarse por los medios electrónicos señalados. En la misma línea, el “reglamento de notificaciones”, aplicable a los nueve Tribunales Departamentales de Justicia y extensible a procesos administrativos, ratificó esta modalidad; y, v) El caso en análisis, se refiere a un proceso administrativo en el cual se emitieron las siguientes resoluciones: la Resolución Sumarial ASRLP/076-RJ/2021, que se declaró ejecutoriada, y el Auto Interlocutorio de 14 de julio de 2022 -objeto de la presente acción- que resolvió la solicitud de explicación y enmienda de la mencionada Resolución, notificado al impetrante de tutela el 15 de julio de 2022 en el domicilio procesal señalado: calle Yanacocha 441, edificio Arco Iris, piso 13, oficina 1304, con firma de testigo de actuación. No obstante, el peticionante de tutela también señaló como medios de notificación un correo electrónico y un número de celular, a los que no se dio cumplimiento, omitiendo así la aplicación de las disposiciones establecidas durante la Pandemia, que no fueron suspendidas. Esta omisión impidió que el abogado tenga conocimiento del acto procesal, dejando a la parte accionante sin la posibilidad de ejercer su derecho a impugnación. En tal virtud, dicha notificación no cumplió con su finalidad de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución Sumarial RES ASRLP/076-RJ/2021 de 19 de diciembre, Milenka Thania Chávez Coarite, Autoridad Sumariante de la CNS -ahora demandada-, dentro del proceso seguido contra Aldo Germán Quino Espinoza -ahora accionante- y otros, se declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte del mencionado accionante y de Teodocio Walter Laura Cruz. En consecuencia, se les impuso la sanción de destitución. Al tratarse de exfuncionarios, también se ordenó su registro correspondiente ante la CGE (fs. 71 a 84 vta.).

II.2. Por memorial presentado el 14 de julio de 2022, el accionante solicitó la complementación, explicación y enmienda de la Resolución Sumarial ASRLP/076-RJ/2021. En respuesta, en la misma fecha, la autoridad demandada resolvió dicha solicitud señalando que, al no obrar en antecedentes la Resolución Sumarial “ADRM-M058/2019”, existe una imposibilidad material para proceder a complementar, explicar o enmendar lo solicitado (fs. 151 y 152 vta.). II.3. A través diligencia de 15 de julio de 2022, a horas 15:00, Israel Rey Arellano Chávez, Procurador de la Autoridad Sumariante de la Regional La Paz de la CNS -ahora codemandado- notificó al impetrante de tutela con el Auto Interlocutorio de 14 de julio de 2022, correspondiente al proceso administrativo interno ASRLP 058/2018. La notificación se efectuó en el domicilio procesal señalado: calle Yanacocha 441, edificio Arco Iris, piso 13, oficina 1304, en presencia de un testigo de actuación. Se adjuntaron placas fotográficas e informe del funcionario actuante (fs. 147 a 150). II.4. Por memorial presentado el 26 de julio de 2022, el accionante interpuso incidente de nulidad respecto de la notificación realizada el 15 del mismo mes y año, junto con su auto interlocutorio complementario, solicitando que dicha actuación sea dejada sin efecto y se disponga su notificación personal o, en su defecto, por correo electrónico (fs. 143 a 146). II.5. A través Auto Interlocutorio de 27 de julio de 2022, la autoridad demandada rechazó el incidente de nulidad interpuesto contra la notificación del Auto Interlocutorio de 14 del mismo mes y año, al considerar que dicha notificación cumplía con todos los requisitos formales e indispensables para alcanzar la finalidad prevista por la norma (fs. 141 a 142). II.6. Cursa Auto Interlocutorio de 5 de agosto de 2022, emitido por el Sumariante demandado, que resolvió el incidente de nulidad de notificación promovido por el impetrante de tutela a través del recurso de revocatoria y recurso jerárquico, declarando improcedente el recurso de revocatoria. Asimismo, se tiene Auto Interlocutorio de 15 del mismo mes y año, que dispuso su improcedencia el recurso jerárquico (fs. 10 y 23).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y a la “…legalidad, tipicidad y taxatividad y proporcionalidad…” (sic), al trabajo, a ejercer su profesión, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la impugnación o a la “segunda instancia”, y a una ”vida libre de violencia”, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del sumario administrativo tramitado en su contra, se emitió la Resolución Sumarial RES ASRLP/076-RJ/2021 en su calidad de ex médico de la CNS, presentó una solicitud de explicación, complementación y enmienda de dicha Resolución. En ese mismo acto, señaló como domicilio procesal la oficina de su abogado; además, de indicar medios alternativos para su notificación, tales como correo electrónico y número de celular con acceso a WhatsApp, conforme a las disposiciones vigentes y adaptadas a las circunstancias excepcionales de la emergencia sanitaria; sin embargo: a) El 15 de julio de 2022 fue notificado con el Auto Interlocutorio de 14 del citado mes y año, que resolvía la solicitud de explicación, complementación y enmienda, únicamente en su domicilio procesal, omitiendo por completo el uso de los medios alternativos de notificación previamente aceptados en el proceso (correo electrónico y WhatsApp). Esta omisión lo dejó en estado de indefensión, impidiéndole presentar los recursos correspondientes en tiempo hábil; b) Ante esta situación, interpuso un incidente de nulidad de notificación con el fin de corregir el acto irregular; sin embargo, la autoridad demandada rechazó dicho incidente a través del Auto Interlocutorio de 27 del referido mes y año. Posteriormente, en la etapa de impugnación (a través de los recursos de revocatoria y jerárquico), la decisión de rechazo fue mantenida, lo que le impidió ejercer plenamente su derecho a la doble instancia. Ante ello, los demandados, señalan que: 1) La notificación realizada en la oficina del abogado del accionante, domicilio procesal señalado, cumplió con los requisitos tanto de forma -incluida la firma del testigo de actuación- como de finalidad del acto. El hecho de que la oficina se encontrara cerrada debido a la emergencia sanitaria escapa al control del Procurador; 2) Aun cuando el impetrante de tutela niegue la validez de la diligencia mediante el incidente planteado y los recursos presentados -introduciendo así un procedimiento ajeno al régimen de responsabilidad por el ejercicio de la función pública-, lo cierto es que se cumplió con la finalidad del acto de comunicación; y, 3) Una vez ejecutoriada la Resolución Sumarial RES ASRLP/076-RJ/2021, correspondía al peticionante de tutela acudir a la vía contencioso-administrativa para solicitar la revisión de las actuaciones procesales en sede administrativa, y no interponer una acción de amparo constitucional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El incidente de nulidad en materia administrativa

Sobre el tema, la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, estableció que: “De lo mencionado se puede colegir que el incidente de nulidad es una figura jurídica de aplicación al ámbito jurisdiccional, instancia ante la cual, previo a acudir a la vía constitucional deberá demandarse la lesión de derechos fundamentales y/o garantía constitucionales y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar.

En materia administrativa no resulta razonable exigir el cumplimiento de este requisito, porque la tramitación de una nulidad en la vía incidental, daría lugar a la emisión de una segunda resolución administrativa definitiva, cuando de las características de los actos administrativos, mencionadas anteriormente, se observa que los actos administrativos definitivos se encuentran revestidos de varias características, entre ellas, la irrevocabilidad de los mismos en sede administrativa dado su carácter legitimidad del acto, lo que no debe confundirse con su revocatoria en uso de los mecanismos de impugnación administrativa, porque en el primer caso, nos encontramos frente a una tramitación incidental; es decir, un procedimiento paralelo que podría dar lugar a la duplicidad de resoluciones contradictorias con igual jerarquía y validez, dado que ambas definirían situaciones jurídicas concretas, y como actos administrativos, en el marco jurídico antes referido, se presumirían legales, legítimas, lo que no es posible, en virtud a que la estabilidad del mismo constituye una de sus esencias principales. En consecuencia cuando se aleguen errores procedimentales cometidos por la administración pública, éstos deberán ser impugnados mediante la interposición de los recursos administrativos contemplados expresamente en la ley; esto es, dentro del proceso principal, aspecto que impide tanto al administrado como a la instancia administrativa, tramitar un incidente de nulidad por cuerda separada o accesoria, al margen de los procedimientos de impugnación previstos (revocatorio o alzada y jerárquico), porque como se señaló, el mismo órgano emisor de la resolución cuestionada, por imperio legal, no está legitimado para anular su propio acto administrativo, un razonamiento contrario, infringiría el principio de seguridad jurídica en detrimento del administrado” (las negrillas son añadidas). De lo expuesto en el razonamiento de la Resolución que precede, se desprende que la interposición y resolución del incidente de nulidad dentro del proceso administrativo no debe realizarse de manera paralela al trámite principal. Por el contrario, dicho incidente debe presentarse, según corresponda, conjuntamente con el recurso de revocatoria o con el recurso jerárquico. En consecuencia, se colige que el administrado no puede tramitar el mencionado incidente de nulidad por cuerda separada durante el desarrollo del proceso administrativo. Este entendimiento no contempla la posibilidad de errores procedimentales ocurridos con posterioridad a la emisión de una resolución final, que impidan la presentación del mecanismo recursivo correspondiente. Tal es el caso de una notificación defectuosa que no brinde certeza sobre la posibilidad de interponer un recurso, al imposibilitar el cómputo del plazo legal. Ante esta situación excepcional, resulta admisible la interposición de un incidente de nulidad. Ello responde a los principios de inmediación y subsidiariedad, en virtud de los cuales corresponde, en primera instancia, acudir a la jurisdicción ordinaria antes de activar la vía constitucional. Será precisamente la resolución de dicho incidente la que determinará la viabilidad o no de interponer el recurso pertinente. No obstante, y en coherencia con la jurisprudencia citada, la resolución que se emita en torno a este incidente de nulidad no será susceptible de impugnación mediante los recursos de revocatoria ni jerárquico, a fin de evitar la generación de un proceso paralelo.

III.2. De la inmediatez en las acciones de amparo constitucional y la no suspensión del plazo a través de la interposición de recursos inidóneos

El principio de inmediatez constituye un requisito de procedencia de la acción de amparo constitucional, la cual debe ser interpuesta dentro del plazo de seis meses, computables desde la comisión de la vulneración de derechos, o desde la notificación con la última decisión administrativa o judicial, conforme a lo dispuesto en los arts. 129.II de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En este sentido, los mecanismos activados previamente a la interposición de la acción de tutela deben ser idóneos y legales. Al respecto, la SC 0079/2007-R de 23 de febrero sostuvo que: “…para poder ingresar al análisis de fondo de la problemática que se plantea en este tipo de recursos, quien recurre de amparo constitucional debe interponer su acción dentro del plazo de seis meses de conocido el acto o hecho ilegal o de agotados los medios o recursos que la ley le otorga para subsanar la supuesta lesión; asimismo, que cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden interrumpir el plazo de seis meses de caducidad del recurso de amparo, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica habilitante para impedir la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso administrativo seguido contra Aldo Germán Quino Espinoza -ahora accionante- y otros, Milenka Thania Chávez Coarite, Autoridad Sumariante de la CNS -ahora demandada-, emitió la Resolución Sumarial RES ASRLP/076-RJ/2021 de 19 de diciembre, mediante la cual se declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte del impetrante de tutela, imponiéndosele la sanción de destitución. Al tratarse de un exfuncionario, se dispuso además su registro ante la CGE (Conclusión II.1). Posteriormente, mediante Auto Interlocutorio de 14 de julio de 2022, se resolvió la solicitud de complementación y enmienda presentada por el accionante (Conclusión II.2), cumpliéndose con el acto de notificación de dicho Auto el 15 del citado mes y año, a horas 15:00, en el domicilio procesal señalado: calle Yanacocha 441, edificio Arco Iris, piso 13, oficina 1304, -oficina del abogado-, en presencia de testigo de actuación (Conclusión II.3). No obstante, el impetrante de tutela sostiene que, habiendo señalado también un correo electrónico y un número de celular con WhatsApp, la notificación debió realizarse igualmente por esos medios. El incidente de nulidad de notificación interpuesto fue rechazado por la autoridad demandada mediante Auto Interlocutorio de 27 de julio de 2022, al haberse comprobado que la notificación se realizó en el domicilio señalado por el accionante, cumpliendo con los requisitos legales y la finalidad del acto (Conclusiones II.4 y II.5). Este Auto fue notificado el 4 de agosto del mismo año (fs. 31), hecho que fue reconocido expresamente por el impetrante de tutela, quien manifestó: “…y ahora ha cumplido con su obligación de notificar con el Auto de fecha 27 de julio de 2022, por correo electrónico y WAPSAP, y fueron idóneos y por estos medios de forma responsable y AHORA TENGO certeza y no exista duda alguna de la legalidad de estas dos notificaciones de fechas 2 y 4 de agosto de 2022” (sic [fs. 102]). De lo expuesto, se advierte que el accionante impugna: i) La notificación practicada en su domicilio procesal el 15 de julio de 2022, relativa al Auto Interlocutorio de 14 del citado mes y año, que resolvió la solicitud de explicación, complementación y aclaración, considerando que dicha notificación debió realizarse a través de su correo electrónico y/o por medio de aplicaciones de mensajería como WhatsApp; y, ii) El rechazo, de la autoridades demandada, del incidente de nulidad de notificación promovido para subsanar el acto que estima ilegal. Es así que, corresponde a este Tribunal analizar exclusivamente este último agravio; toda vez que, de su resolución depende la procedencia o no de la nulidad reclamada. Conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Auto Interlocutorio de 27 de julio de 2022 no era susceptible de ser impugnado mediante los recursos de revocatoria y jerárquico, como se estableció en los Autos Interlocutorios de 5 y 15 de agosto del mismo año (Conclusión II.6). De haberse admitido dichos recursos, se habrían generado dos procedimientos paralelos. En ese sentido, la vía adecuada para el accionante era la interposición de la acción de amparo constitucional a fin de obtener la restitución de los derechos fundamentales denunciados en la acción tutelar, siempre que se cumpliera previamente con el principio de inmediatez. Por tanto, la presentación de los recursos de revocatoria y jerárquico no podía suspender el cómputo del plazo correspondiente a dicho principio. Entonces, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, al haber interpuesto el impetrante de tutela un recurso inidóneo, este no fue apto para interrumpir el plazo de caducidad de la presente acción tutelar, al no constituir el mecanismo legal idóneo; por lo que, no pudo generar efecto jurídico alguno. En tal sentido, el cómputo del principio de inmediatez debe realizarse desde el 4 de agosto de 2022 -fecha en la que el peticionante de tutela fue notificado con el Auto Interlocutorio de 27 de julio del mismo año- hasta la presentación de la presente acción de amparo constitucional, ocurrida el 17 de febrero de 2023. Por tanto, ha transcurrido un lapso mayor a seis meses, superando el plazo razonable para la interposición de esta acción tutelar, lo que implica el incumplimiento del principio de inmediatez. Por consiguiente, corresponde denegar la acción de defensa sin necesidad de ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicita, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 103/2023 de 25 de mayo, cursante de fs. 181 a 185 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1056_2025-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 93a74b00ae53a8030e8a93d8ba8e93601118d1301a1228d54d888d262d049c7d

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