B.IA.LEGAL

SCP 1055/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de septiembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54799-2023-110-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; por cuanto en audiencia de salida alternativa fue sentenciado a tres años de privación de libertad y beneficiado con la suspensión condicional de la pena, en la que el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la capital del Departamento de Santa Cruz, determinó su libertad siempre y cuando cumpla con indicar su domicilio real; sin embargo, habiendo dado cumplimiento a dicha disposición, dilataron en la emisión del mandamiento de libertad; por lo que solicita se conceda la tutela y se disponga se extienda el mandamiento de libertad con responsabilidad de los demandados. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2023 de 1 de marzo, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada respecto a los demandados, bajo la modalidad innovativa, por haber incurrido en dilación injustificada, conforme los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar a los demandados, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional; y, 3º Exhortar a Gabriela Cuellar Velasco, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, a observar los fundamentos de esta sentencia con relación a los efectos de la acción de libertad innovativa y preste mayor atención cuando se denuncien torturas en contra de los solicitantes de tutela; y 4º Disponer que la Jueza de garantías, remita los antecedentes ante las instancias pertinentes a objeto de que se inicie la investigación por tortura cometida en contra del solicitante de tutela, debiendo hacer seguimiento al mismo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal subalterno judicial en la acción de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1055/2025-S3 Sucre, 8 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54799-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/2023 de 1 de marzo, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por América Vanesa Morales Carrasco en representación sin mandato de Carlos Silvio Salamanca Cardozo contra Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez; y, Roger Condori Marcos, Secretario, ambos del Juzgado Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de marzo de 2023, cursante de fs. 5 a 7 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por el delito de falsificación de sellos y timbres, falsedad material, falsedad ideológica, falsificación de documento privado y usos de documento privado -sancionado y previsto en el art. 190, 198, 200 y 203 del Código Penal (CP) a fs. 16-; por ello, el 23 de febrero de 2023, se llevó a cabo la audiencia de salida alternativa de procedimiento penal, siendo beneficiado con la suspensión condicional de la pena, en dicho acto procesal la autoridad jurisdiccional ahora demandada, ordenó su libertad, siempre y cuando cumpla con indicar su domicilio real. Mediante memorial de 24 de febrero de 2023, dio cumplimiento a lo dispuesto por el Juez demandado y pidió se emita mandamiento de libertad a su favor; sin embargo, pese hacer seguimiento por parte de su defensa, hasta la interposición de la presente acción tutelar, no se había decretado su solicitud -una resolución de mero trámite- y el Secretario codemandado tampoco realizó el mismo conforme le faculta la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, a emitir providencias de mero trámite. Encontrándose privado de su libertad desde el 24 de ese mes y año, cumpliendo con lo ordenado por el Juez a quo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 9, 13, 22, 23, 115, 120, 178 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y; en consecuencia, se ordene se extienda el mandamiento de libertad con responsabilidad de los demandados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 1 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 19 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos de su acción de libertad y ampliándola señaló que: a) Dado que a esa fecha ya se había emitido el mandamiento de libertad, pero que no se realizó en los plazos establecidos, sino después de interpuesta la acción tutelar y que en ese tiempo su defendido fue trasladado al PC-4, donde fue torturado porque no había pagado su multa, debido a que los demandados demoraron en emitir el respectivo mandamiento de libertad situación que vulneró su derecho a la libertad inmediata e irrestricta conforme lo establece el art. 24 de la CPE. y lo realizaron previo a tener conocimiento de la acción de libertad y no antes; b) Sea con costas.

I.2.2. Informe de los demandados

Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz y Roger Condori Marcos, Secretario del mismo juzgado, por informe escrito presentado el 28 de febrero de 2023, cursante a fs. 18 y vta., solicitaron se deniegue la tutela, indicando que: 1) Siendo falso que no se haya decretado la resolución de mero trámite, dado que en el cuaderno procesal, cursa decreto de 27 del mismo mes y año, en el que se dispuso acumúlese a sus antecedentes y póngase a conocimiento de las partes a los fines de ley y por secretaría líbrese el correspondiente mandamiento de libertad; 2) También mandamiento de libertad suscrito por el Juez y Secretario, quién es el encargado de elaborar los mismos; 3) Cursa reporte de notificaciones realizada al Gobernador del Centro de Rehabilitación de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz, con la orden emitida; y, 4) Que la acción de libertad fue presentada el 28 de febrero a horas 08:15, sin antes haber verificado el estado de su proceso y que ya se encontraba el mandamiento de libertad ante el personal del juzgado; por lo que, no se había incurrido en ningún acto que lesione el debido proceso y celeridad del solicitante de tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 04/2023 de 1 de marzo, cursante de fs. 20 a 21 vta. denegó la tutela impetrada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Que en la audiencia de salida alternativa desarrollada el 23 de febrero de 2023, el demandante de tutela fue sentenciado a pena privativa de libertad de tres años, solicitando en el mismo acto procesal suspensión condicional de la pena, la cual fue concedido por el Juez ahora demandado, en el que dispuso que se emitirá el mandamiento de libertad, una vez se cumpla en la presentación del croquis de domicilio por parte del impetrante de tutela; ii) Asimismo el solicitante de tutela, dio cumplimiento a dicha disposición, presentado memorial el 24 de igual mes y año, pidiendo se emita el mandamiento de libertad, afirmación que fue contrastada con la información remitida por la autoridad demandada; iii) Empero el 27 de febrero de 2023, se ordenó por secretaria se libre el mandamiento de libertad; por lo que, se emitió en el día el mandamiento de libertad en favor de Carlos Silvio Salamanca Cardozo, corroborado por la Juez de garantías, quién tuvo acceso al expediente y los documentos remitidos con el informe por parte de los demandados; y, iv) Se realizó la notificación por la oficina gestora, a medio día del 28 de similar mes y año; sin embargo, fue remitido el mandamiento de libertad por la autoridad jurisdiccional el 27 del citado mes y año.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Silvio Salamanca Cardozo -ahora accionante-, por el delito de falsedad material y otros, el 23 de febrero de 2023, se llevó a cabo la audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado, en el que fue sentenciado y posteriormente beneficiado con la suspensión condicional de la pena, en el que la autoridad jurisdiccional ordenó su libertad, siempre y cuando cumpla con hacer conocer su domicilio real (fs. 5 a 7 vta.).

II.2. El 24 de febrero de 2023, a horas 10:00, el impetrante de tutela mediante memorial de la misma fecha, dio cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional y solicitó se emita el mandamiento de libertad, memorial que fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal Décimo Quinto de la capital del departamento de Santa Cruz el mismo día a horas 10:28 (fs. 14 y vta.). petición que mereció decreto de 27 del mismo mes y año, por la autoridad jurisdiccional demandada, en el que dispuso se ponga a conocimiento de las partes y que por secretaria se libre el correspondiente mandamiento de libertad (fs. 15). II.3. Cursa mandamiento de libertad emitido el 27 de febrero de 2023, suscrito por los ahora demandados (fs. 16), que una vez generada la notificación para el Gobernador del Recinto Penitenciario de Palmasola, fue derivado a la oficina Gestora, el 28 del mismo mes y año a horas 12:14 (fs. 17). II.4. Por informe presentado el 28 de febrero de 2023, Carlos Alberto Moreira Rivero Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la capital del departamento de Santa Cruz -ahora autoridad demandada- y Roger Condori Marcos Secretario del mismo Juzgado -ahora codemandado-, hicieron conocer que el mandamiento de libertad ya fue emitido y notificado (fs. 18 y vta.). II.5. Conforme el acta de audiencia de la acción tutelar, el accionante hizo conocer que por la demora en la emisión del mandamiento de libertad, fue traslado al Pabellón PC-4 y día antes del desarrollo de la audiencia tutelar, fue torturado porque no pago su multa (fs. 19 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; por cuanto en audiencia de salida alternativa fue sentenciado a tres años de privación de libertad y beneficiado con la suspensión condicional de la pena, en la que el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la capital del Departamento de Santa Cruz, determinó su libertad siempre y cuando cumpla con indicar su domicilio real; sin embargo, habiendo dado cumplimiento a dicha disposición, dilataron en la emisión del mandamiento de libertad; por lo que solicita se conceda la tutela y se disponga se extienda el mandamiento de libertad con responsabilidad de los demandados. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:

[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril3, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el 2 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 3 El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo- (las negrillas son nuestras).

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad (las negrillas son nuestras). Entendimiento extraído de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril.

III.3. La legitimación pasiva del personal subalterno judicial en la acción de libertad

Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.

Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.

Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre , ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado (las negrillas son añadidas).

La sistematización jurisprudencial que antecede fue desarrollada en la SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; toda vez que, el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora autoridad demandada- y Roger Condori Marcos Secretario del mismo juzgado, dilataron la elaboración del mandamiento de libertad en su favor, al haber sido beneficiado con la suspensión condicional de la pena y cumplido la disposición impuesta, prolongando indebidamente su privación de libertad.

Al respecto, corresponde aplicar el precedente constitucional desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en sentido que, opera la acción de libertad innovativa, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas, siendo que lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no sólo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con el propósito de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales, por lo que corresponde ingresar al análisis de fondo del presente caso.

Tomando en cuenta que la presente acción de libertad ha sido dirigida contra dos servidores públicos, se analizará la causa de la siguiente manera:

a) Respecto al Juez demandado

En ese contexto, con carácter previo corresponde referirse a la emisión del mandamiento de libertad (Conclusión II.3), emitido el 27 de febrero de 2023 y remitido a la oficina gestora el 28 de similar mes y año, día antes al desarrollo de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar.

Conforme los datos consignados en el presente fallo constitucional, identificada la problemática traída a revisión, se advierte que el demandante de tutela dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de falsedad material y otros, en audiencia de salida alternativa desarrollada el 23 de febrero de 2023, fue sentenciado a tres años de privación de libertad, siendo beneficiado con la suspensión condicional de la pena, en el que el Juez ahora demandado, ordenó su libertad, siempre y cuando cumpla con hacer conocer su domicilio real (Conclusión II.1), disposición que fue cumplida por el solicitante de tutela, por memorial presentado el 24 de similar mes y año (Conclusión II.2), solicitud que no mereció pronunciamiento por parte de la autoridad demandada, hasta el 27 del citado mes y año -tres días después- de su presentación, generando dilación indebida en su derecho a la libertad; por lo que, se advierte que el Juez demandado inobservó lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el que se establece, que toda autoridad judicial o fiscal que conozca una solicitud que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables, el no hacerlo provoca una restricción indebida del citado derecho, aspecto que aconteció en el presente caso, dado que la solicitud del accionante se encuentra directamente vinculado a su libertad y si bien mediante informe la autoridad judicial demandada señaló que se emitió y notificó con el mandamiento de libertad, lo realizó tres días después de presentada su solicitud, más aún considerando que el referido memorial fue entregado al Juzgado a su cargo el 24 del mencionado mes y año, horas 10:28, sin tomar en cuenta que se encontraba privado de libertad en un Centro Penitenciario.

ii) En cuanto al Secretario codemandado

En efecto, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, los servidores públicos de apoyo judicial excepcionalmente pueden ser demandados a través de la acción de libertad traslativa, cuando la vulneración de los derechos tutelados emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial; así como de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, en el caso concreto se advierte el incumplimiento por el referido funcionario a lo previsto en el art. 94.I.1 de la Ley Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- en el que se establece que es obligación de los secretarios pasar en el día a despacho, los expedientes en los que se hubiera presentado escritos y otros actuados, para su providencia, así como cualquier otro libramiento, situación que acontece en el caso de autos.

En ese contexto, se advierte que el Secretario codemandado al no asistir a la autoridad jurisdiccional con la debida diligencia a objeto de que se decrete el memorial presentado por el impetrante de tutela y se libre el mandamiento de libertad en el día con la respectiva notificación (Conclusión II.2, II.3); asimismo, pasando a la oficina gestora recién el 28 de febrero de 2023 -cuatro días después-, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el que se establece que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado, situación que aconteció en el presente caso, en el que se evidencia una demora injustificada que ha vulnerado el derecho a la libertad del accionante de tutela por parte del Secretario codemandado, en el que desconoció que tratándose de una persona privado de libertad y que fue beneficiado con la suspensión condicional de la pena, estando involucrado el derecho a la libertad física o personal, ésta debe ser tramitada con la celeridad que la norma exige, incurriendo así en una demora injustificada, que permite evidenciar su legitimación pasiva con los hechos denunciados. Por tanto, se constata que la actuación omisiva del funcionario judicial codemandado constituye una vulneración directa al derecho fundamental a la libertad física, al mantener privado de libertad al impetrante de tutela pese a existir una orden judicial de libertad vigente y que debía ser cumplida el día de su presentación sin mayor formalidad, más aún considerando que se venía un fin de semana.

III.5. Otras consideraciones

De otra parte, corresponde referirse a la tramitación realizada por el Juez de garantías en la presente acción de defensa, que omitió pronunciarse en lo señalado por el demandante de tutela, en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, en el que hizo conocer que ante la demora en la emisión del mandamiento de libertad, fue trasladado al Pabellón PC-4 y fue torturado porque no pago su multa (Conclusión II.5). Al respecto este Tribunal ha establecido mediante numerosas Sentencias, que otro derecho que se encuentra estrechamente vinculado con la vida, es la integridad física, psicológica, sexual y la consiguiente prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así; el art. 114.I de la CPE, establece: “Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley” (las negrillas son nuestras). Asimismo, la regulación normativa de la tortura en el ámbito internacional se dirige fundamentalmente a instituir su prohibición absoluta. Así el art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), señala: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…” Por su parte el art. 5 de la CADH, dispone: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…”. Esta sistematización fue desarrollada en la SCP 0104/2018-S2 de 11 de abril, entre otras.

De igual forma la Corte IDH a través de la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, reconoció la función que cumple el hábeas corpus -acción de libertad para Bolivia- como un medio para garantizar el respeto a la vida e integridad de la persona, a efectos de impedir su desaparición, la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; entendimiento que fue reiterado en el Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, a través de la Sentencia de 19 de enero de 1995 sobre Fondo. El art. 15.I y III de la CPE, prohíbe el ejercicio de la tortura, los tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, en razón a la protección del derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual; estableciendo además que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor, sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

De igual forma, el art. 114 de la CPE, establece:

I. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley. II. Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia, son nulas de pleno derecho (las negrillas son nuestras).

De igual forma, el art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, establece que:

Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura. Igualmente, los Estados partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (el resaltado es nuestro).

En su art. 8, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, dispone:

Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado (las negrillas son incorporadas). Sobre la base de este entendimiento, la Corte IDH en el Caso J. Vs. Perú, amplió su razonamiento sobre la obligación de investigar las violaciones a la integridad personal, estableciendo:

341. De conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta obligación de investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura que obligan al Estado a “toma[r] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como a “prevenir y sancionar [...] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de dicha Convención, los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. (…)

347. Respecto de ambas razones, la Corte aclara que de la Convención Interamericana contra la Tortura surgen dos supuestos que accionan el deber estatal de investigar: por un lado, cuando se presente denuncia, y, por el otro, cuando exista razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de la jurisdicción del Estado. En estas situaciones, la decisión de iniciar y adelantar una investigación no es una facultad discrecional del Estado, sino que constituye una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole. Además, como ya ha señalado este Tribunal, aún cuando los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes no hayan sido denunciados ante las autoridades competentes, en todo caso en que existan indicios de su ocurrencia, el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento (…) las negrillas son nuestras) Por lo desarrollado precedentemente, con base a los estándares nacionales e internacionales contra la tortura; a efectos de que las autoridades demandadas rehúsen el inicio del respectivo proceso investigativo contra la presunta comisión del delito de tortura o justificándose entre ellas; para otros asuntos similares sometidos a su conocimiento, se debe disponer el inicio inmediato del referido proceso; ello en cumplimiento de las responsabilidades internacionales adquiridas por el Estado Boliviano.

En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2023 de 1 de marzo, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada respecto a los demandados, bajo la modalidad innovativa, por haber incurrido en dilación injustificada, conforme los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar a los demandados, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional; y, 3º Exhortar a Gabriela Cuellar Velasco, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, a observar los fundamentos de esta sentencia con relación a los efectos de la acción de libertad innovativa y preste mayor atención cuando se denuncien torturas en contra de los solicitantes de tutela; y 4º Disponer que la Jueza de garantías, remita los antecedentes ante las instancias pertinentes a objeto de que se inicie la investigación por tortura cometida en contra del solicitante de tutela, debiendo hacer seguimiento al mismo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa, así como en la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.

Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

4 La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, señala en el artículo 1: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o

de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas”. 5Resumen del párrafo 35. 6El art. 15 de la CPE, establece que: I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. (…) II. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

7 En la Sentencia de 27 de noviembre de 2013, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, serie C N° 275, párrafo 341 y 347.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1055_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3738b0ab8ae26e358b86a355c695877348e50276cd0e48a1543d4aeb358c0080

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