B.IA.LEGAL

SCP 1054/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de septiembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55103-2022-111-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad vinculado al principio de celeridad, y a la defensa material; toda vez que, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, intentó tener acceso al cuaderno de control jurisdiccional de la causa, habiendo realizado constantes reclamos en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto de ese departamento, donde se llevó adelante su audiencia de consideración de medidas cautelares en suplencia legal por vacaciones judiciales; siendo el Juzgado de Instrucción Penal Primero de misma jurisdicción el Juzgado de origen; sin tener éxito en dichas solicitudes, a pesar de todos los intentos realizados, no tuvo acceso al cuaderno de control jurisdiccional de su causa; tampoco se le notificó con un nuevo señalamiento de audiencia de control de su situación jurídica, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad; y además que, en ambos juzgados intentan deslindarse de la responsabilidad sobre la tenencia del mencionado cuaderno de control jurisdiccional de la causa, imposibilitándole el acceso al mismo a objeto de hacer valer sus derechos y lo que en derecho corresponda. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/23 del 21 de abril de 2023, cursante de fs. 44 a 46, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1054/2025-S3 Sucre, 8 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55103-2022-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/23 de 21 de abril de 2023, cursante de fs. 44 a 46, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Karina Santivel Matta Choque en representación sin mandato de Breynner Eduardo Gómez Suñiga contra Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria y Carla Claudia Baltazar Baltazar, Auxiliar, ambas, del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, Jalmira Yara Sotez Lara, Secretaria y Víctor Hugo Quispe Limachi, Auxiliar, ambos, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de misma ciudad y departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de abril de 2023 cursante de fs. 29 a 32 vta., el accionante a través de su representante sin mandato expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1.Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio -previsto y sancionado por el art. 251 del Código Penal (CP)-, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; toda vez que, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal por vacaciones judiciales del Juez de Instrucción Penal Primero de la misma ciudad, donde radica la causa, en la audiencia de medidas cautelares, desarrollada el 31 de diciembre de 2021, dispuso su detención preventiva.

La referida autoridad jurisdiccional, quien tenía a su cargo el control jurisdiccional de la causa, por encontrarse de turno debido a la vacación judicial, al momento de otorgarle la detención preventiva estableció un plazo razonable para que se lleva adelante su audiencia de revisión de su situación jurídica; sin embargo, nunca fue citado desde la audiencia de medidas cautelares, y que hasta la fecha de interposición de la presente acción de tutelar, trascurrió el término de un año y cinco días, sin que su situación jurídica haya sido resuelta; motivo por el cual, presentó una serie de reclamos a ambos juzgados, entre los más relevantes, un memorial ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero esa ciudad, solicitando se ponga a la vista su cuaderno procesal; el cual, hasta el momento de desarrollarse la presente acción de libertad, no fue hallado; motivo por el cual, realizó la consulta al auxiliar y al personal de ese despacho, quienes le manifestaron que el expediente se encontraba en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la citada ciudad; sin embargo, en el referido juzgado le manifestaron que debía mostrar el sello de remisión a ese despacho; acudiendo nuevamente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero, le manifestaron que buscarían el expediente; concluyendo que, en ninguno de los dos juzgados le brindaron información certera, más al contrario, le negaron el acceso al expediente. Asimismo, añade que el 19 de abril de 2023, “se extiende fotocopias” por el Juzgado de Instrucción Penal Primero, donde hubiesen solicitado a su similar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa ciudad, la remisión del expediente a su Juzgado, circunstancia que no fue verificada al no haberse exhibido los oficios para ese fin; todo lo manifestado, hace concluir que el expediente hasta la fecha de la interposición de la presente acción tutelar no fue devuelto al Juzgado de origen; sin embargo, los funcionarios judiciales de ese despacho judicial no tomaron los recaudos necesarios para su remisión, menos aún, realizaron la denuncia correspondiente al Consejo de la Magistratura.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad vinculado al principio de celeridad y a la defensa material, citando al efecto los arts. 115 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga en el plazo de cuarenta y ocho horas que, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, remita los antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal Primero de esa ciudad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual de 21 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 40 a 43, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, se ratificó de manera íntegra en los términos de su memorial de acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló que: a) La audiencia de medidas cautelares fue desarrollada el 31 de diciembre de 2021, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; b) La acusación formal fue presentada en 22 de agosto de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de esa ciudad, por lo que, los funcionarios de apoyo jurisdiccional del referido Juzgado tenían conocimiento del requerimiento conclusivo desde el 22 de agosto de 2022; momento desde el cual, no hicieron ningún tipo de oficio a objeto de poder recabar el cuaderno de control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la citada ciudad; c) El Órgano Judicial tiene la obligación de controlar el cumplimiento de los plazos establecidos sobre las medidas cautelares que le impusieron; es decir, debe establecerse el día para que se lleve adelante la audiencia de control de su situación jurídica, la cual, desde la imposición de sus medidas cautelares, no se realizó; y, d) Conforme a la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, la Secretaria y el personal subalterno, entre ellos los auxiliares, tienen la responsabilidad de los cuadernos del despacho judicial.

I.2.2. Informe de los demandados

Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, señaló que: 1) El proceso fue sorteado ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de esa ciudad; sin embargo, no tuvo conocimiento de ello, toda vez que, de manera sorpresiva se enteraron cuando se presentó la acusación formal en contra del ahora impetrante de tutela, y tras haber indagado, el Fiscal de Materia le informó que su audiencia de medida cautelar fue tramitada de manera previa en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa aquella ciudad; 2) Indica que, insistió en reiteradas oportunidades, al auxiliar y a la secretaria, e inclusive al Juez de ese despacho jurisdiccional, para que se remita los antecedentes del proceso; sin embargo, cuando intentaron remitirlo, enviaron un legajo incompleto; por lo que, observaron el mismo y solicitaron se subsane; sin embargo, se olvidaron hacerlo y no lo remitieron; 3) Esa circunstancia fue informada al Juez de su despacho, motivo por el cual, la referida autoridad jurisdiccional emitió la providencia de 29 de marzo de 2023, demostrando que realizó todos los esfuerzos a fin de que el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa ciudad, arrimen el legajo procesal a los antecedentes que poseen, a objeto de que se dé continuidad al proceso penal;

y, 4) Existe un decreto de un día anterior, a la audiencia de la presente acción tutelar, por el cual se ordenó la remisión de los antecedentes por parte del otro Juzgado, y que su persona envió el oficio correspondiente; sin embargo, anoticiada de la acción de libertad fue a buscar el cuaderno procesal al referido juzgado, con la ayuda de la auxiliar de ese juzgado; sin embargo, no encontraron el expediente, por lo que suponen que se encontraba en el despacho del Juez. Carla Claudia Baltazar Baltazar, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, Jalmira Yara Sotez Lara, Secretaria y Víctor Hugo Quispe Limachi, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa ciudad, no presentaron informe escrito, tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación legal cursantes a fs. 36, 37 y 39, respectivamente.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 06/23 de 21 de abril de 2023, cursante de fs. 44 a 46, concedió la tutela solicitada; disponiendo: i) Que el Juzgado de Instrucción Penal Primero de esa ciudad, remita en el plazo de veinticuatro horas los antecedentes ante el Tribunal de Sentencia de turno, o al juzgado que corresponda la Acusación Fiscal de 15 de agosto de 2022; ii) En el mismo sentido; que los funcionarios del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de igual jurisdicción, en el mismo plazo determinado -veinticuatro horas-, remita la Resolución de imposición de medidas cautelares del ahora peticionante de tutela al Juzgado de Instrucción Penal Primero de esa ciudad; y, iii) La remisión de oficios al Juez Disciplinario de turno de los ahora demandados, por el incumplimiento de sus obligaciones y la omisión de sus deberes, responsabilidad que les alcanza desde que conocieron la audiencia de medida cautelar de carácter personal del ahora accionante hasta la fecha de emisión de dicha Resolución; determinación asumida en base en los siguientes fundamentos: a) Se tiene establecido que el Juez Natural de la causa es el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; b) La audiencia de medidas cautelares fue celebrada el 31 de diciembre de 2021, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa ciudad, siendo esa autoridad jurisdiccional quien determinó la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva al ahora impetrante de tutela; c) La Secretaria del citado Juzgado de Instrucción Penal Primero, no cumplió con sus obligaciones previstas en el art. 56.5 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-; toda vez que, no elaboró y mantuvo un inventario actualizado de los procesos, tampoco informó a las partes con la debida diligencia y buen trato sobre el estado de la causa, no dirigió al personal de apoyo jurisdiccional, no cumplió con las tareas encomendadas por el Juez, con la finalidad de mejorar el despacho; ante la existencia de la providencia de 16 de agosto y 26 de septiembre de 2022, no cumplió con el aviso al referido Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero, en procura de la remisión del cuaderno de control jurisdiccional, de igual manera se olvidó del control de cumplimiento de plazos procesales; d) Con relación al Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Primero de igual ciudad, no elevó ningún informe ni se conectó a la audiencia de garantías, por lo que, se da por cierto lo manifestado por el ahora impetrante de tutela respecto a él, es decir habría otorgado un mal trato a la abogada y defensa pública, quienes insistentemente buscaron el cuaderno de control jurisdiccional, motivo por el cual también tiene responsabilidad dentro de la presente acción de libertad; e) De igual manera, no se cumplió con lo establecido por el art. 325 del Código de Procedimiento Penal (CPP), toda vez que, presentada la acusación fiscal, el Juez debe remitir el cuaderno de control jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas al Juzgado o Tribunal de Sentencia de turno, bajo su responsabilidad; sin embargo, la actitud pasiva de la Secretaria y del Auxiliar del mencionado Juzgado de Instrucción Penal Primero, hizo que no se ponga a su conocimiento, además, no informaron sobre el resultado de los oficios que se remitieron al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa ciudad; f) Respecto a la Secretaria y auxiliar del citado Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Tercero, son responsables en la retardación de justicia, pues de igual manera otorgaron un mal trato y no atendieron oportunamente a la abogada y defensa del impetrante de tutela, no informaron con la debida diligencia, toda vez que tenían conocimiento de que la detención preventiva fue tramitada en el referido juzgado; y, g) El personal de apoyo jurisdiccional demandado de ambos juzgados, generó retardación de justicia y denegó el acceso a la justicia del ahora demandante de tutela, violando el principio constitucional de otorgarle una protección inmediata, vulnerando además su derecho a la libertad al estar privado de su libertad desde el 5 de enero de 2022, hasta la interposición de la presente acción de libertad, periodo en el que no se celebró ninguna audiencia de consideración de su situación jurídica, además se tiene que, el personal de apoyo jurisdiccional es responsable del expediente, teniendo la obligación de computar plazos, la devolución del mismo, habiendo transcurrido un año y cuatro meses aproximadamente de retardación de justicia atribuible a sus funciones.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado de Permanencia y Conducta de Breynner Eduardo Gómez Suñiga -ahora impetrante de tutela-, emitido el 10 de enero de 2023, por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del ahora accionante, por la presunta comisión del delito de homicidio; por el cual, se certificó su ingresó al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, el 5 de enero de 2022, con una permanencia de un año y cinco días hasta la fecha de emisión del mismo (fs. 27). II.2. Consta decreto de 16 de agosto de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por el cual dispuso se oficie por segunda vez al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa ciudad, toda vez que no se remitieron los actuados del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del ahora peticionante de tutela (fs. 6). II.3. Mediante oficio Cite 564/2022 de 26 de septiembre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, hizo conocer el contenido del señalado decreto de 26 de septiembre al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa ciudad, en el cual señala que a pesar de haberse oficiado al referido Juzgado por tercera vez, no remitieron los actuados del proceso penal (fs. 4). II.4. Consta Informe de 28 de marzo de 2023, emitido por Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandada-, dirigido al Juez de ese despacho jurisdiccional, en relación a todos los antecedentes de los actuados procesales realizados en el referido Juzgado (fs. 3). II.5. Mediante memorial de 15 de marzo de 2023, el ahora demandante de tutela solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, poner a la vista el cuaderno de control jurisdiccional de su proceso penal, además de remitirlo al juzgado de origen (fs. 28). II.6. Cursa fotografía de la queja interpuesta por el abogado del ahora demandante de tutela, el 13 de abril de 2023, en el libro del litigante del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del referido departamento, donde se hizo constar que no tuvo acceso al cuaderno procesal y que no tiene respuesta a las solicitudes realizadas en reiteradas ocasiones -inclusive a la previamente descrita en la conclusión previa-, y que el personal del referido juzgado le manifestó que iban a buscar el mismo (fs. 26).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad vinculado al principio de celeridad, y a la defensa material; toda vez que, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, intentó tener acceso al cuaderno de control jurisdiccional de la causa, habiendo realizado constantes reclamos en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto de ese departamento, donde se llevó adelante su audiencia de consideración de medidas cautelares en suplencia legal por vacaciones judiciales; siendo el Juzgado de Instrucción Penal Primero de misma jurisdicción el Juzgado de origen; sin tener éxito en dichas solicitudes, a pesar de todos los intentos realizados, no tuvo acceso al cuaderno de control jurisdiccional de su causa; tampoco se le notificó con un nuevo señalamiento de audiencia de control de su situación jurídica, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad; y además que, en ambos juzgados intentan deslindarse de la responsabilidad sobre la tenencia del mencionado cuaderno de control jurisdiccional de la causa, imposibilitándole el acceso al mismo a objeto de hacer valer sus derechos y lo que en derecho corresponda. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante. Entendimiento extraído de la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.

Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…) III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus 2El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”. 3El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

4El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo.

III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.

Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.

Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril9, en el Fundamento 7El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

8El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

9El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas). La sistematización jurisprudencial que antecede fue desarrollada en la SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.

III.4. Análisis del caso concreto

De manera previa a ingresar al análisis de fondo de la presente acción de libertad, se debe establecer que, respecto a Carla Claudia Baltazar Baltazar, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, Jalmira Yara Sotez Lara, Secretaria, y, Víctor Hugo Quispe Limachi, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa jurisdicción, no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia de garantías; en razón a ello, en el análisis del caso concreto, sobre la responsabilidad atribuible a cada uno de ellos con relación a la vulneración de los derechos supuestamente lesionados, es posible aplicar la presunción de la veracidad de los hechos y actos denunciados por el impetrante de tutela, puesto que lo manifestado y señalado por el mismo no fue desvirtuado, más aun, al tratarse de funcionarios públicos, se encontraban en la obligación de presentar un informe escrito o asistir a la audiencia de garantías a objeto de desvirtuar los hechos denunciados, así también lo establece la Jurisprudencia Constitucional desglosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. A objeto de delimitar la problemática jurídica, es necesario identificar los actos lesivos a los que hace alusión el peticionante de tutela; al respecto, considera que los mimos están íntimamente ligados a su situación jurídica; toda vez que, desde el 5 de enero de 2022, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar se encuentra detenido preventivamente (Conclusión II.1.); sin embargo, desde la realización de su audiencia de medidas cautelares, el cuaderno de control jurisdiccional de la causa no fue remitido del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz al Juzgado de origen; ya que a raíz de ello, antes de presentar cualquier solicitud para asumir defensa o recobrar su libertad, los funcionarios judiciales de ambos despachos limitaron su acceso al cuaderno de control jurisdiccional. Bajo ese contexto, a partir de los antecedentes y conforme a lo señalado por el impetrante de tutela, se debe precisar que el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del ahora accionante, por la presunta comisión del delito de homicidio radicó inicialmente en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, pero, al encontrarse en vacaciones judiciales, la causa fue asignada al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa ciudad, Juzgado en el que se desarrolló la audiencia de consideración de medidas cautelares el 31 de diciembre de 2021, donde esa autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva del impetrante de tutela. Sin embargo, este último, al no tener conocimiento de un nuevo señalamiento de audiencia para el control de su situación jurídica, quiso acceder a la información del expediente judicial, no teniendo una respuesta certera por parte del personal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa jurisdicción, quienes le indicaron que el expediente se encontraba en el Juzgado de origen; acudiendo al mismo, tampoco pudo obtener información precisa sobre su estado, llegando a concluir que, hasta la interposición de la acción de libertad, el peticionante de tutela no pudo tener acceso al cuaderno de control jurisdiccional. Conforme a los datos consignados en las conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que, desde la realización de su audiencia de medidas cautelares, existen varias solicitudes, para que se remita el expediente al juzgado de origen y para que el ahora accionante pueda acceder al mismo; en ese sentido, cursa decreto de 16 de agosto de 2022, por el cual el Juez de Instrucción Penal Primero de esa ciudad, solicitó se oficie -por segunda vez- al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de igual jurisdicción para que se remitan todos los antecedentes del proceso penal (Conclusión II.2.); el 26 de septiembre de 2022, el Juez de Instrucción Primero en lo Penal, mediante oficio dirigido a su similar de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Tercero, ambos de esa jurisdicción, solicitó -por tercera vez-, la remisión de los antecedentes del proceso penal a su despacho (Conclusión II.3.); de igual manera, el 15 de marzo de 2023, el ahora accionante presentó memorial dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa ciudad, solicitando que el cuaderno procesal se ponga a vista de las partes y se remita la causa al juzgado de origen (Conclusión II.5.); finalmente, el 13 de abril de 2023, el abogado del ahora peticionante de tutela, expresó en el libro del litigante del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de dicha jurisdicción, que no puede acceder al cuaderno procesal a pesar de haber acudido en reiteradas ocasiones, e incluso le habrían informado que iban a buscar el expediente (Conclusión II.6). En relación a Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, manifestó en la audiencia de garantías que, un día antes a la celebración del referido acto procesal, el Juez del citado despacho jurisdiccional, a través de un decreto ordenó al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa ciudad, se remitan los antecedentes del expediente al legajo que se encuentra en su juzgado. De lo señalado precedentemente, se evidenció que, desde el 31 de diciembre de 2021, cuando se llevó adelante la audiencia de consideración de medidas cautelares, parte del expediente procesal, como la imputación formal y los actuados correspondientes a la imposición de las medidas cautelares, se desarrollaron en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa ciudad, no se remitieron al Juzgado de Origen, habiendo transcurrido más de un año y tres meses, concluyendo que existió una demora excesiva en la remisión de esos antecedentes al Juzgado de origen; y que, la vulneración denunciada por el ahora impetrante de tutela respecto a sus derechos tiene directa relación con su libertad al encontrarse detenido preventivamente, de igual manera resulta evidente que al no haberse remitido dichos antecedentes dentro de un plazo razonable, una vez concluida la vacación judicial, provocó que el proceso penal estuviese sin el control jurisdiccional correspondiente durante todo ese periodo de tiempo; toda vez que, parte de los actuados procesales se encontraban con una autoridad que ya no tenía competencia respecto a la causa; con relación a ello, las autoridades jurisdiccionales y funcionarios de apoyo jurisdiccional deben considerar que la tramitación de los procesos judiciales con privados de libertad, como ocurre en el caso presente y conforme se ha establecido en el fundamento jurídico III.1 del presente fallo constitucional, deben ser tratadas con la mayor celeridad posible, evitando dilaciones innecesarias e injustificadas. Una vez determinada, la demora excesiva en la remisión de los antecedentes al juzgado de origen y la obstaculización de acceso al expediente que tuvo el impetrante de tutela a objeto de hacer valer lo que en derecho corresponda, más aun encontrándose privado de libertad, corresponde determinar, la responsabilidad de cada funcionario jurisdiccional demandado respecto a los actos lesivos que fueron identificados, en ese sentido, de manera previa al análisis de cada caso en particular y de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que los servidores públicos de apoyo judicial excepcionalmente pueden ser demandados, cuando la vulneración de los derechos tutelados emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial; así como, de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. 1. Con relación a Jalmira Yara Sotez Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

De los precedentemente concluido, líneas arriba, se advierte que, existió una dilación en el deber de devolución del expediente de aproximadamente un año y tres meses al juzgado de origen, situación que amerita la tutela que brinda la acción de libertad traslativa, debido a que la Secretaria codemandada, inobservó lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que establece que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, bajo los principios de celeridad, aspecto que aconteció en el caso presente, teniendo en cuenta que el accionante se encuentra con detención preventiva. Al respecto, el art. 56.I.9 del CPP, modificado por la Ley 1173, establece que la Secretaria tiene la obligación de cumplir con todas las funciones encomendadas por la autoridad jurisdiccional, en ese sentido, una vez desarrollada la audiencia de consideración de medidas cautelares el 31 de diciembre de 2021, debió haber remitido dentro de un plazo razonable los antecedentes del proceso jurisdiccional al Juzgado de origen, una vez concluido el periodo de la vacación judicial, de igual forma, el art. 56.I.1 del citado Código, sobre las funciones inherentes al Secretario establece que, tiene el deber de controlar el cumplimiento de los plazos procesales, debiendo informar oportunamente al Juez o Tribunal de la causa su vencimiento; además, de manera posterior, cuando el impetrante de tutela, acudió al Juzgado en reiteradas oportunidades, incluso a través del memorial de 15 de marzo de 2023, por el cual pretendió acceder al cuaderno jurisdiccional, se evidenció que el personal del referido juzgado, entre ellos, la Secretaria del mismo, no tenían información exacta de donde se encontraba el expediente lo que supone el incumplimiento del art. 56.I.5, que refiere su obligación de mantener un inventario actualizado de las causas que le permita informar con la mayor certeza respecto al estado de cada proceso, no pudiendo negar el acceso al conocimiento de las causas por las partes; con relación a todo lo manifestado, corresponde aclarar que, la dilación indebida y las omisiones en las que incurrió la demandada, no fueron refutadas, toda vez que, la misma no presentó informe escrito, ni se apersonó a la audiencia de garantías dentro de la acción de libertad. 2. Respecto a Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.

Del informe oral evacuado por la prenombrada, en la audiencia de la presente acción de libertad, se tiene que, el expediente no fue devuelto al Juzgado de origen hasta la fecha de celebración de la audiencia de garantías y que en reiteradas oportunidades, desde agosto del 2022, realizó el seguimiento correspondiente para la devolución del expediente, sin embargo, de los antecedentes de la acción de libertad, solo se evidencia, el Informe de 28 de marzo de 2023, dirigido al Juez de ese despacho jurisdiccional, en el cual informó que con relación a los decretos de 16 de agosto y 26 de septiembre ambos de 2022, en los que se ordena la devolución de los antecedentes del proceso penal, no se cuenta con una respuesta formal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa ciudad, sin adjuntar, ni evidenciar ninguna otra prueba que permita considerar la existencia de reclamos o el seguimiento realizado respecto a la devolución de la causa. En ese sentido, se concluye que la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, tuvo una actitud pasiva, pues no realizó las diligencias necesarias a objeto de que el expediente sea devuelto a su Juzgado, no observó sus atribuciones establecidas en el art. 56 del CPP, respecto al control de los plazos procesales, no informó a la autoridad jurisdiccional del estado de la causa, teniendo conocimiento de la demora superabundante que llevaba la devolución del mismo y si consideró que a pesar de haber realizado todas las actuaciones dentro de sus competencias y alcances, en su condición de Secretaria del referido juzgado, debió realizar la denuncia correspondiente al Consejo de la Magistratura por las faltas cometidas por la demora injustificada en la devolución e incluso el extravió del expediente por parte de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de esa ciudad.

3. Con relación a Víctor Hugo Quispe Limachi, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, Carla Claudia Baltazar Baltazar, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Primero de esa ciudad. El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, en la audiencia de garantías refirió que de manera posterior a la realización de la audiencia de medidas cautelares, en reiteradas oportunidades pretendió acceder al cuaderno jurisdiccional; sin embargo, tanto en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero y en el Juzgado de Instrucción Penal Primero, ambos de esa ciudad, no le otorgaron información precisa respecto al estado de su proceso; en ese sentido, de manera previa a arribar a una conclusión respecto a la responsabilidad atribuible a los auxiliares de ambos juzgados, en su calidad de demandados, corresponde señalar que la Ley 025, en su art. 101, establece las obligaciones inherentes a los mismos, entre ellas, la obligación en el manejo de registros, la atención a los abogados litigantes y coadyuvar a los Secretarios en las funciones que desempeñan dentro del despacho judicial. Al respecto, se concluye que, los auxiliares de juzgado, no pueden limitar su atención al público litigante en el sentido de brindar información incompleta o que no sea suficiente para satisfacer los requerimientos de las partes con relación a la información sobre sus causas, violando su derecho de acceso a la justicia, y en el caso de no tener la información adecuada, suficiente y exacta del estado de las causas, en su condición de funcionarios públicos, de manera diligente deben consultar e informar al Secretario de su juzgado sobre las irregularidades que advierten sobre el estado de los cuadernos jurisdiccionales para poder otorgar una información precisa y completa, que satisfaga el interés de las partes.

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/23 del 21 de abril de 2023, cursante de fs. 44 a 46, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 5El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 6El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.

misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1054_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 06b57fab3d0c268f11d178b47e27b1d018b216f4655a594e5d28dd49ef5bda9e

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