B.IA.LEGAL

SCP 1054/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de septiembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
1 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54563-2023-110-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Juez ahora accionado le concedió la modificación de su medida socioeducativa de privación de libertad y le otorgó la medida socioeducativa de régimen domiciliario, condicionando la emisión del mandamiento de libertad, entre otras cosas a la presentación de domicilio, el cual ya se encontraba establecido en el Informe de Seguimiento y Evaluación del PIEM II del CENVICRUZ de 2 de marzo de 2023; sin embargo, mediante memorial de 21 de ese mes y año, hizo conocer su domicilio; empero, el citado Juez no libró el referido mandamiento en su favor. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; iii) La acción de libertad innovativa; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/23 de 28 de marzo de 2023, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, en la modalidad de acción de libertad innovativa, al haberse ya emitido el mandamiento de libertad extrañado, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. La acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1054/2025-S1 Sucre, 1 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54563-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/23 de 28 de marzo de 2023, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iris Ajhuacho Rojas, Defensora Pública del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato del menor de edad AA contra Danix Falon Cabello, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Segundo de Concepción del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 27 de marzo de 2023, cursante de fs. 10 a 15, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, en audiencia de modificación de medidas socioeducativas de 13 de marzo de 2023 solicitó la modificación de sus medidas socioeducativas de privación de libertad por otra más favorable; es así que el Juez ahora accionado al evidenciar que fue sentenciado a cuatro años de internamiento en el Centro de Reintegración Social Nueva Vida Santa Cruz (CENVICRUZ) Varones ubicado en el municipio el Torno, transcurriendo dos años, cinco meses y diez días en el mismo; es decir, la mitad del tiempo del régimen impuesto; por lo que, al amparo del art. 347.IV del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, determinó conceder la modificación de las medidas socioeducativas y otorgar una nueva medida socioeducativa de régimen domiciliario, con las siguientes condiciones: prohibición de acercarse a la víctima a doscientos metros, tomar bebidas alcohólicas, consumir sustancias controladas, la obligación de continuar con sus estudios escolares y de presentar domicilio. Es así que el Juez hoy accionado dispuso que una vez que se haga conocer el domicilio en el que viviría se emitiría mandamiento de libertad; empero, en vía de aclaración en audiencia de modificación de medidas socioeducativas de 13 de marzo de 2023 se le indicó que su domicilio ya se encontraba establecido, conforme estuviese descrito en el Informe de Seguimiento del CENVICRUZ de “3” de marzo de 2023; sin embargo, a pesar de aquello el citado Juez mantuvo su postura referida a que era necesario precisar los datos del domicilio. En ese entendido, mediante memorial de 21 de marzo de 2023, hizo conocer su domicilio y al cumplir con el art. 347.IV del CNNA y con la presentación del domicilio, solicitó se emita el correspondiente mandamiento de libertad bajo el principio de celeridad; no obstante, el Juez ahora accionado no emitió el citado mandamiento, el cual genera una vulneración al derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que se conmine al Juez hoy accionado emita mandamiento de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 22, se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) el mandamiento de libertad iba ser emitido previo cumplimiento de presentación de domicilio o especificar en el Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Individual de Ejecución de Medidas (PIEM); por lo que, presentó el memorial de 21 de marzo de 2023 haciendo conocer su domicilio y adjuntando un Certificado de la Organización Territorial de Base (OTB) de 13 de igual mes y año, un plano de ubicación y fotografías del domicilio; b) Desde el 21 de ese mes y año hasta la “fecha de ayer” no tenía conocimiento si se emitió o no el citado mandamiento; empero, continuaba detenido en el CENVICRUZ ubicado en el municipio el Torno; c) Se debe considerar el art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE), que determina también que se debe dar celeridad al proceso considerando el interés superior del niño; y, d) Bajo el principio de buena fe, refiere que el “día de hoy” -se entiende hasta la interposición de la presente acción de defensa- el Juez ahora accionado emitió a las 9:30 horas el mandamiento de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Danix Falon Cabello, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Segundo de Concepción del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni remitió informe alguno; pese a su citación, cursante de fs. 19 a 20.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/23 de 28 de marzo de 2023, cursante de fs. 22 a 23 vta., concedió la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes aparejados a esta acción de libertad el accionante no demostró documentalmente tener un domicilio; es decir, que no adjuntó copias de la documentación que hubiese sido adjuntado a su memorial presentado el 21 de ese mes y año, justificando que los mismos se encontraban en el expediente original; 2) Revisado el memorial de la citada fecha, se tiene que en el mismo, el accionante hace conocer al Juez ahora accionado que adjuntó un Certificado de la OTB, plano de ubicación y fotografías de domicilio y “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa- no tiene conocimiento de la resolución del Juez hoy accionado, ni se emitió mandamiento de libertad; 3) El referido mandamiento fue librado después de la notificación con la acción de defensa, luego de siete días, vulnerando con ello del derecho al debido proceso; y, 4) La jurisprudencia constitucional dispuso que cuando se trata de memoriales relativos a la libertad de una persona, los mismos deben ser resueltas dentro las veinticuatro horas, y no como sucedió en el presente caso donde la autoridad judicial ahora accionada emitió el mandamiento de libertad después de ser notificado con la acción tutelar; por lo tanto, es viable conceder la citada acción tutelar en su modalidad innovativa para que a futuro no se repita la vulneración del derecho a la libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Oficio AJ CENVICRUZ 358/2023 ARR de 2 de marzo, dirigido a Danix Falon Cabello, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Segundo de Concepción del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-, a través del cual, el Abogado II del “CERVICRUZ” hizo conocer y remitió el Tercer y Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación del PIEM II del menor de edad AA -hoy accionante- (fs. 3 a 9).

II.2. A través del memorial presentado el 21 de marzo de 2023, ante el Juez ahora accionado, el menor de edad AA -ahora accionante-, adjuntó documentos originales, debido a que el 13 de igual mes y año, se le solicitó que haga llegar documentación pertinente respecto al domicilio real, es así que, se emitió el Certificado de la OTB de la comunidad de San Silvestre que señala que NN -padre-, es comunario activo de su comunidad donde cuenta con vivienda propia, presentó dirección de catastro urbano de la zona Nor Este Uv:1, Manzano 9, lote 2, de propiedad del nombrado e impresiones fotográficas a color del domicilio señalado; por lo que, solicitó se libre mandamiento de libertad (fs. 2).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Juez ahora accionado le concedió la modificación de su medida socioeducativa de privación de libertad y le otorgó la medida socioeducativa de régimen domiciliario, condicionando la emisión del mandamiento de libertad, entre otras cosas a la presentación de domicilio, el cual ya se encontraba establecido en el Informe de Seguimiento y Evaluación del PIEM II del CENVICRUZ de 2 de marzo de 2023; sin embargo, mediante memorial de 21 de ese mes y año, hizo conocer su domicilio; empero, el citado Juez no libró el referido mandamiento en su favor. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; iii) La acción de libertad innovativa; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La SCP 0633/2019-S2 de 1 de agosto, establece que: “…la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad; más aún cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante”.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. La acción de libertad innovativa

La SCP 0970/2019-S2 de 21 de octubre, establece que: “Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma.

En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial:

El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación ‘…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…’, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general.

Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción.

A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.

Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal.

En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras.

Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.

En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:

…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Juez ahora accionado le concedió la modificación de su medida socioeducativa de privación de libertad y le otorgó la medida socioeducativa de régimen domiciliario, condicionando la emisión del mandamiento de libertad, entre otras cosas a la presentación de domicilio, el cual ya se encontraba establecido en el Informe de Seguimiento y Evaluación del PIEM II del CENVICRUZ de 2 de marzo de 2023; sin embargo, mediante memorial de 21 de ese mes y año, hizo conocer su domicilio; empero, el citado Juez no libró el referido mandamiento en su favor. De la revisión de antecedentes, cursa Oficio AJ CENVICRUZ 358/2023 ARR, dirigido al Juez ahora accionado, a través del cual, el Abogado II del “CERVICRUZ” hizo conocer y remitió el Tercer y Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación del PIEM II del accionante (Conclusión II.1.). Asimismo, se tiene que a través del memorial presentado el 21 de marzo de 2023, ante el Juez ahora accionado, el accionante adjuntó documentos originales debido a que el 13 de ese mes y año, se le solicitó se le haga llegar documentación pertinente respecto al domicilio real, es así que hizo llegar el Certificado de la OTB de la comunidad de San Silvestre que señala que NN -padre- es comunario activo de su comunidad donde cuenta con vivienda propia, presentó dirección de catastro urbano de la zona Nor Este Uv:1, Manzano 9, lote 2, de propiedad del nombrado e impresiones fotográficas a color del domicilio señalado; por lo que, solicitó se libre mandamiento de libertad (Conclusión II.2.).

De lo manifestado por el accionante se tiene que en audiencia de modificación de medidas socioeducativas de 13 de marzo de 2023 el Juez ahora accionado concedió la modificación de la medida socioeducativa de privación de libertad que venía cumpliendo el accionante a la medida socioeducativa de régimen domiciliario, para lo cual debía cumplir entre otras condiciones, con la presentación de un domicilio, una vez presentado, se emitiría mandamiento de libertad, antecedentes que no fueron desvirtuados por el referido Juez, siendo que a pesar de ser citado, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, cuando era su obligación al ser funcionario público, así se tiene de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que establece que ante el incumplimiento de dicha obligación es aplicable el principio de presunción de veracidad, que consiste en presumir la autenticidad de los hechos o actos denunciados por el accionante a través de esta acción de defensa.

En ese contexto, con relación a la acreditación de un domicilio, el accionante refirió en audiencia de modificación de medidas socioeducativas de 13 de marzo de 2023, que el mismo ya se encontraba determinado en el Informe de Seguimiento y Evaluación del PIEM II del CENVICRUZ de 2 de igual mes y año, extremo que correctamente no fue aceptado por el Juez ahora accionado, siendo que en dicho Informe menos en el Oficio AJ CENVICRUZ 358/2023 ARR de remisión, se señala la dirección o alguna referencia del domicilio del accionante; ahora bien, el nombrado posteriormente presentó el 21 de ese mes de 2023, documentación referente a su domicilio, como ser el Certificado de la OTB de la comunidad de San Silvestre, dirección de catastro urbano de la zona Nor Este Uv:1, Manzano 9, lote 2, de propiedad de NN -padre- e impresiones fotográficas a color del domicilio señalado, solicitando se libre mandamiento de libertad en su favor.

Memorial de 21 de marzo de 2023, que hasta la interposición de esta acción de defensa -27 de ese mes y año- se entiende que no fue considerado por el Juez ahora accionado, siendo que no emitió el mandamiento de libertad solicitado u observó el mismo, labor que realizó el indicado Juez recién en horas de la mañana, a las 9:00 horas del día que se desarrolló la audiencia de consideración de la presente acción de defensa programada como efecto de la interposición de esta acción de libertad -28 de igual mes y año-, al haberlo afirmado así el propio accionante en dicha audiencia.

Por lo que, se evidencia que el accionar del Juez hoy accionado no estuvo revestido de celeridad; ya que, no resolvió lo referente a la emisión de mandamiento de libertad del accionante desde el 21 de marzo de 2023 hasta el 27 de igual mes y año; es decir, durante siete días, yendo en contra del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado al derecho a la libertad del accionante, dilación innecesaria en la tramitación de la expedición del citado mandamiento que va contra la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que dispone que todo trámite administrativo o judicial en el que se encuentre involucrado la definición de la situación jurídica de una persona, tiene que ser tramitado con la mayor celeridad posible o dentro un plazo razonable; por lo que, en el presente caso corresponde conceder la tutela solicitada; empero, al haberse ya emitido el referido mandamiento extrañado por el accionante, corresponde la aplicación a la acción de libertad innovativa que tiene la finalidad de que esta conducta dilatoria en la que se incurrió no vuelva a repetirse en el futuro por parte del Juez ahora accionado (Fundamento Jurídico III.3.). En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/23 de 28 de marzo de 2023, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, en la modalidad de acción de libertad innovativa, al haberse ya emitido el mandamiento de libertad extrañado, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1054_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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