Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de julio de 2026
Concede la tutela
Las accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y a la seguridad jurídica; puesto que, el Secretario hoy accionado, ocasionó una dilación innecesaria; ya que: i) El 28 de junio de 2023, se tenía señalada audiencia para considerar sus situaciones jurídicas -cesación a la detención preventiva- y de “otros” coimputados; sin embargo, a momento de la convocatoria de la misma ésta se suspendió informándose por el nombrado Secretario, que el Juez del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, estaba de duelo y que se señalaría nuevo día y hora de audiencia de oficio; y, ii) Con relación a la accionante, pese a que solicitó audiencia de aplicación de procedimiento abreviado en varias oportunidades, desconoce sus respuestas; ya que, el cuaderno de control jurisdiccional lo tiene el citado Secretario, quien indicó hace más de un mes que revisaría el caso y pondría en conocimiento del Juez el estado de la causa y las solicitudes de audiencia para su señalamiento; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la presente acción de libertad, no se señala día y hora de audiencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La legitimación pasiva en acción de libertad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 69/2023 de 12 de septiembre, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1053/2026-S1 Sucre, 8 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECILIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58460-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 69/2023 de 12 de septiembre, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Doris Huanca Reyes en representación sin mandato de Evelyn Yuri Paz Bejar y Melany Adriana Gemio Cordero contra Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.
Las accionantes a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 11 de septiembre de 2023, cursante de fs. 15 a 17, manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Evelyn Yuri Paz Bejar y Melany Adriana Gemio Cordero -accionantes-; y, “otros”, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 318 del Código Penal (CP), el 28 de junio de 2023, se tenía programada audiencia para considerar sus situaciones jurídicas y de “otros” coimputados; sin embargo, la misma se suspendió, informándose por Secretaría del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, que el Juez de dicho Juzgado, se encontraba de duelo y que se señalaría de oficio nuevo día y hora de audiencia y se realizarían las debidas notificaciones; empero, “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de libertad-, no se señaló nueva audiencia, continuando detenidas preventivamente de manera injusta. Por otro lado, Evelyn Yury Paz Bejar -accionante-, cuenta con requerimiento conclusivo de salida alternativa de procedimiento abreviado; por lo cual, se señaló audiencia para el 8 de mayo de 2023, la cual fue suspendida por inasistencia del representante del Ministerio Público, señalando una nueva para el 18 de igual mes y año, misma que tampoco se llevó a cabo por falta de notificaciones; por lo que, se incumplieron los plazos previstos por el art. 328.II del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece que tratándose de privados de libertad, la audiencia de procedimiento abreviado deberá llevarse a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas de realizada la solicitud; empero, no se señaló audiencia pese a que se solicitó mediante memoriales, de los cuales desconocen las respuestas; ya que, el cuaderno de control jurisdiccional lo tiene el Secretario ahora accionado, con quien se realizó el seguimiento e indicó hace más de un mes que revisaría el caso y pondría en conocimiento del “Juez” el estado de la causa y las solicitudes de audiencia, para que se señale en un mismo día las dos audiencias pendientes; sin embargo, el nombrado Secretario se excusó indicando que no cuentan con Juez, que estarían de turno y tendrían carga procesal en exceso; cuando se tiene un Juez suplente en los casos de que el titular no se encuentre, conforme lo establecido por los arts. 94.I.14 y 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, 56 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y 135 del CPP.
Las accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y a la seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 23, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que se señale en el plazo de cuarenta y ocho horas audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado para la accionante y audiencia de consideración de su situación jurídica para Melany Adriana Gemio Cordero -coaccionante-, garantizándose las debidas notificaciones a las partes en el proceso penal.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 30 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Las accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe de 16 de agosto de 2023, cursante a fs. 29, manifestó que: a) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra las accionantes y “OTROS”, por el delito de corrupción de niña, niño o adolescente, signado con el Código Único de Denuncias (CUD) 201502022211779, se debe considerar que si bien se presentó solicitud de procedimiento abreviado y “solicitud de situación jurídica”, estas fueron atendidas con señalamiento de audiencia; empero, fueron suspendidas; ya que, el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, se encontraba con Juez en suplencia legal; mismo que, subsanó el hecho reclamado, señalando día y hora de audiencia, estando notificadas las partes; y, b) Por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 69/2023 de 12 de septiembre, cursante de fs. 31 a 32 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Las accionantes mediante la presente acción de libertad, hacen alusión a una dilación en el proceso penal seguida en contra de sus personas; ya que, no se tiene señalamiento de audiencia de aplicación de procedimiento abreviado, así como audiencia de situación jurídica, dejando de lado lo que establece el debido proceso en su elemento de celeridad en los procesos, los cuales les incumben a personas privadas de libertad; 2) A partir de la SCP 0046/2021-S2 de 15 de abril y la SC 0862/2005-R de 27 de julio, se tiene que las nombradas pertenecen a un sector vulnerable pasible de protección por parte del Estado; por lo que, conforme a la SC “1662/2003-R” se tiene previsible asumir la perspectiva de género al tratarse de mujeres privadas de libertad, debiendo considerarse las reglas de “Bangkok” dentro de las medidas no privativas de libertad, así como las establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ya que, a partir de las pautas de interpretación constitucional de derechos se permite una interpretación evolutiva más favorable y progresiva de derechos en el marco de control de convencionalidad, los cuales no deben ir alejados del principio de celeridad y la debida diligencia, siendo también exigible a todo funcionario que asuma conocimiento de las solicitudes que son presentadas por las personas que están privadas de libertad y obviamente atendiendo el estándar más alto; y, 3) De acuerdo a las literales adjuntas al informe remitido por el Secretario, hoy accionado, cabe “asumir” que en razón al petitorio que devino de la presente acción tutelar, al presente los mismos resultan insubsistentes; considerando que, identificado el acto lesivo, se advierte que dicho y sus consecuencias ya no existen; considerando que, se tiene señalamiento de audiencia y sus debidas diligencias, tal como lo establece la SCP “0727/2018-S1”;
por lo cual, se entiende la imposibilidad de pronunciarse en razón al análisis de fondo de la pretensión en la presente acción de defensa; por cuanto, la solicitud plasmada en la misma ya fue atendida; por lo que, no corresponde ingresar a otros aspectos de fondo.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, mediante decreto constitucional de 6 de abril de 2026, cursante a fs. 38, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 7 de julio de igual año, cursante a fs. 42; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el -fecha ilegible-, dirigido ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, Evelyn Yuri Paz Bejar -ahora accionante-, solicitó se señale audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado (fs. 3). II.2. Por memorial presentado el 27 de febrero de 2023, ante el Ministerio Público, la accionante, solicitó salida alternativa de procedimiento abreviado en su favor, pidiendo la pena máxima privativa de libertad de tres años, por el delito de corrupción de niña, niño o adolescente (fs. 5). II.3. Consta Resolución de Requerimiento Conclusivo de Procedimiento Abreviado, presentado el 26 de abril de 2023, ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por el Ministerio Público, en favor de la accionante, solicitando se señale audiencia para que se considere dicha petición (fs. 11 a 14 vta.). II.4. Cursa acta de audiencia de consideración de procedimiento abreviado de 9 de mayo de 2023, a favor de la accionante; por lo cual, el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, suspendió la misma por ausencia del Ministerio Público, la víctima y su abogado, pese a estar notificados, reprogramándose para el 18 de mayo de 2023 a las 08:30 horas (fs. 4). II.5. A través de memorial de 26 de mayo de 2023, dirigido ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, Melany Adriana Gemio Cordero -hoy coaccionante-, solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva, conforme lo dispuesto por el art. 239 núm. 2 del CPP, al haber señalado “…audiencia de situación jurídica para fecha 08 de Mayo de 2023, empero la misma no se instaló…” (sic [fs. 8]). II.6. Mediante memorial presentado el 28 de junio de 2023, dirigido ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, la coaccionante, solicitó se señale audiencia de cesación de su detención preventiva, conforme a la previsión señalada por el art. 239 núm. 2 del CPP, “Siendo que a la fecha se cuenta ya con una aplicación injusta por el lapso de 30 días ya cumplidos…” (sic [fs. 9]). II.7. Por memorial presentado el 13 de julio de 2023, ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, la coaccionante, solicitó se señale audiencia de cesación de su detención preventiva, de conformidad a lo dispuesto por el art. 239 núm. 2 del CPP, al no haberse instalado la audiencia de 7 de similar mes y año; ya que, en la misma se manifestó que el “Juez” estaría de duelo (fs. 10). II.8. Consta Nota Marginal de 5 de septiembre de 2023, emitida por Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-; en la cual, señaló que para la citada fecha a las 15:00 horas, se fijó audiencia pública virtual de procedimiento abreviado; sin embargo, encontrándose el Juez del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, con licencia y no habiendo designado suplencia legal no se pudo llevar a cabo dicho acto procesal, dejando constancia de la presencia de la parte imputada sin su abogado y el Fiscal de Materia, ausentes la víctima y su abogado; por lo que, habiendo sido notificado por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, el 8 de septiembre de 2023, con la suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del citado departamento, “…puesto en despacho la presente solicitud…” (sic). Asimismo, cursa decreto de 8 de igual mes y año, suscrito por Juan Carlos Taco Espinal, Juez de su similar Séptimo, señalando audiencia de consideración de procedimiento abreviado para la accionante y “otro” para el 13 de similar mes y año, a las 9:30 horas; así también, señaló audiencia de situación jurídica procesal dentro de la misma causa para el 14 de igual mes y año a las 9:30 horas (fs. 22).
Las accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y a la seguridad jurídica; puesto que, el Secretario hoy accionado, ocasionó una dilación innecesaria; ya que: i) El 28 de junio de 2023, se tenía señalada audiencia para considerar sus situaciones jurídicas -cesación a la detención preventiva- y de “otros” coimputados; sin embargo, a momento de la convocatoria de la misma ésta se suspendió informándose por el nombrado Secretario, que el Juez del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, estaba de duelo y que se señalaría nuevo día y hora de audiencia de oficio; y, ii) Con relación a la accionante, pese a que solicitó audiencia de aplicación de procedimiento abreviado en varias oportunidades, desconoce sus respuestas; ya que, el cuaderno de control jurisdiccional lo tiene el citado Secretario, quien indicó hace más de un mes que revisaría el caso y pondría en conocimiento del Juez el estado de la causa y las solicitudes de audiencia para su señalamiento; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la presente acción de libertad, no se señala día y hora de audiencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La legitimación pasiva en acción de libertad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; c) La acción de libertad innovativa; y, d) Análisis del caso concreto.
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, citando a la SCP 0055/2012 de 9 de abril, señala que: ‘“…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tuteladosʼ. En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: ʽ…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemploʼ. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ‘…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’ (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras. En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: ‘ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completoʼ. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ʽ…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccionalʼ. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0269/2018-S2 de 25 de junio, citando a la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, establece que: establece que: “…el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.
Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir, que determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
A través de la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, razonó a partir del principio ético-moral ama quilla -no seas flojo-, vinculándolo con el de celeridad procesal, estableciendo que las autoridades judiciales, en virtud a dichos principios, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva. La SCP 0112/2012 de 27 de abril recogió los supuestos de dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad; resaltando el respeto al principio de celeridad, su carácteres normativo y vinculante; y, su aplicación necesaria en supuestos en los que la situación jurídica de las personas deba ser definida” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0703/2024-S3 de 22 de agosto, reiterando los entendimientos de la SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre y SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, señala que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos corresponden).
Las accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y a la seguridad jurídica; puesto que, el Secretario hoy accionado, ocasionó una dilación innecesaria; ya que: 1) El 28 de junio de 2023, se tenía señalada audiencia para considerar sus situaciones jurídicas -cesación a la detención preventiva- y de “otros” coimputados; sin embargo, a momento de la convocatoria de la misma ésta se suspendió informándose por el nombrado Secretario, que el Juez del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, estaba de duelo y que se señalaría nuevo día y hora de audiencia de oficio; y, 2) Con relación a la accionante, pese a que solicitó audiencia de aplicación de procedimiento abreviado en varias oportunidades, desconoce sus respuestas; ya que, el cuaderno de control jurisdiccional lo tiene el citado Secretario, quien indicó hace más de un mes que revisaría el caso y pondría en conocimiento del Juez el estado de la causa y las solicitudes de audiencia para su señalamiento; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la presente acción de libertad, no se señala día y hora de audiencia.
De los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene que en el proceso penal seguido contra las accionantes y “otros”; por lo cual, la accionante, solicitó ante al Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, señale audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado (Conclusión II.1.); así también, mediante memorial presentado el 27 de febrero de 2023, la nombrada pidió al Ministerio Público salida alternativa de procedimiento abreviado en su favor, pidiendo la pena máxima privativa de libertad de tres años, por el delito de corrupción de niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 318 CP (Conclusión II.2.).
En ese sentido, el 25 de abril de 2023, el Ministerio Público presentó ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, Resolución de Requerimiento Conclusivo de Procedimiento Abreviado, en favor de la accionante, solicitando se señale audiencia para que se considere dicha petición (Conclusión II.3.); constando acta de audiencia de consideración de procedimiento abreviado de 8 de mayo de ese año; misma que, fue suspendida ante la ausencia del Ministerio Público, la víctima y su abogado, pese a estar notificados, reprogramándose la misma para el 18 de igual mes y año a las 8:30 horas (Conclusión II.4.). Por otro lado, la coaccionante, por memorial de 26 de mayo de 2023, dirigido ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, solicitó audiencia de cesación conforme a la previsión establecida por el art. 239 núm. 2 del CPP, al haberse señalado “…audiencia de situación jurídica para fecha 08 de Mayo de 2023, empero la misma no se instaló…” (sic [Conclusión II.5.]).
De igual manera, el 28 de junio de 2023, la coaccionante solicitó al Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, señale audiencia de cesación de su detención preventiva, conforme a la previsión del art. 239 núm. 2 del CPP, “Siendo que a la fecha se cuenta ya con una aplicación injusta por el lapso de 30 días ya cumplidos…” (sic [Conclusión II.6.]).
Así también, por memorial presentado el 13 de julio de 2023, ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, la coaccionante, solicitó se señale audiencia de cesación a la detención preventiva de conformidad a lo dispuesto por el art. 239 núm. 2 del CPP, al no haberse instalado la audiencia de 7 de julio de similar año, informándoles que el referido Juez estaría de duelo (Conclusión II.7.). Finalmente, consta Nota Marginal de 5 de septiembre de 2023, emitido por el Secretario ahora accionado; en la cual, señaló que para esa fecha a las 15:00 horas, se fijó audiencia pública virtual de procedimiento abreviado; sin embargo, encontrándose el Juez del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, con licencia y no habiéndose designado suplencia legal no se pudo llevar a cabo dicho acto procesal, dejando constancia de la presencia de la parte imputada sin su abogado y el Fiscal de Materia, ausentes la víctima y su abogado; por lo que, habiendo sido notificado por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paz, el 8 de septiembre de 2023, con la suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del citado departamento, “…puesto en despacho la presente solicitud…” (sic); ante lo cual, Juan Carlos Taco Espinal, Juez de su similar Séptimo, emitió el decreto de 8 de igual mes y año, señalando audiencia de consideración de procedimiento abreviado para la accionante y “otro” para el 13 de septiembre de 2023, a las 9:30 horas; así también señaló audiencia de situación jurídica procesal dentro de la causa para el 14 de igual mes y año a las 9:30 horas (Conclusión II.8.).
Ahora bien, identificadas como se tienen las problemáticas planteadas a través de la presente acción tutelar, se establece que a partir de ellas las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos por la inactividad del Secretario hoy accionado en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a sus obligaciones respecto al informe que debió realizar al Juez encargado de la causa -sea titular o suplente-sobre el vencimiento de los plazos con relación a las solicitudes de señalamientos de audiencias de cesación de la detención preventiva y aplicación de procedimiento abreviado, mismas que hasta la presentación de la acción de libertad no fueron fijadas.
Por lo cual, es pertinente establecer que el accionado es el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por ende su responsabilidad se ve analizada a partir de sus competencias otorgadas por ley; teniéndose en ese sentido lo establecido por el art. 94.I.14 de la LOJ, que determina que es su deber controlar e informar de oficio al Juez y/o Tribunal sobre el vencimiento de los plazos procesales, situación concordante con el art. 56 del CPP; por lo que, cuenta con legitimación pasiva para ser accionado en la presente acción de libertad, conforme establece la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional.
Además, considerando los antecedentes precedentemente citados, se evidenció que el 8 de mayo de 2023, se instaló la audiencia de consideración procedimiento abreviado en favor de la accionante, misma que fue suspendida, fijándose una nueva para el 18 de igual mes y año; así como también la coaccionante, efectuó las solicitudes de cesación de la detención preventiva conforme lo previsto por el art. 239 núm. 2 del CPP -modificado por la Ley 1173-, mediante memoriales de 26 de mayo, 28 de junio y 13 de julio, todos de 2023. En ese marco, se concluye que las solicitudes antes mencionadas -señalamientos de audiencia de procedimiento abreviado y cesación a la detención preventiva- no fueron atendidas hasta el 8 de septiembre de 2023, por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Segundo, ello en razón a un informe de 5 de igual mes y año realizado por el Secretario ahora accionado al tenerse pendientes actuaciones procesales, -se reitera- fijando audiencias para el 13 y 14 de ese mes y año. Bajo ese contexto, es pertinente considerar en cuanto a las solicitudes de procedimiento abreviado que “El art. 328.II del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, señala que: ‘La aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o la conciliación, deberán resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro del plazo de diez (10) días siguientes de solicitadas. Cuando el imputado guarde detención preventiva, la audiencia deberá llevarse a cabo dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse horas y días inhábiles. La audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificada, en tal caso la resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o querellante”’ (las negrillas nos pertenecen). En cuanto a la tramitación de la sanción alternativa la SCP 0419/2025-S2 de 15 de mayo, señala que: “…debe sujetarse al establecido en el art. 328.II del CPP, por ser el más ágil para su resolución.” Así lo estableció la SCP 0537/2024-S3 de 22, la cual fue citada por la SCP 1637/2025-S1 de 30 de diciembre. Así también, el art. 239 núm. 2 del CPP, establece que las medidas cautelares personales cesarán cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el Fiscal de Materia no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención preventiva; planteada la solicitud en el caso de ese numeral, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En ese sentido, de acuerdo a los antecedentes, normativa y jurisprudencia precedentemente citada, se concluye que el Secretario hoy accionado, no cumplió con informar al Juez encargado de la causa, de la cual deviene la presente acción tutelar -sea titular o suplente-, el vencimiento de los plazos procesales a efectos de que se considere la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado, así como la consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, no se observó que el nombrado hubiese cumplido con dicha obligación; es decir, en cuanto al vencimiento de los plazos procesales a efecto de que se evalué tanto la situación jurídica de las accionantes como la solicitud de procedimiento abreviado de una de ellas, observándose que recién se efectivizó el señalamiento de las audiencias correspondientes; sin embargo, la papeleta de notificación personal cursante a fs. 23, establece haber notificado a las accionantes el 12 de septiembre de 2023, a las 14:45 horas -en forma posterior a la notificación con la presente acción de libertad al Secretario ahora accionado, realizada el 12 de septiembre de 2023 a las 10:15 horas- con la Nota de 5 de igual mes y año y decreto de 8 de ese mes y año señalando que fue “notificado vía whatsapp”, sin embargo, no consta un número de celular al que se procedió a realizar dicha diligencia y menos alguna imagen de captura de pantalla que respalde que se haya efectuado la misma; consiguientemente, pese a que ya se señalaron las audiencias extrañadas por las accionantes, se debe tomar en cuenta que las mismas fueron realizadas después del plazo establecido para cada uno de los institutos procesales objeto de autos, teniéndose que habrían transcurrido más de cuatro meses desde que se efectuaron dichas solicitudes, generándose una dilación indebida con la afectación directa de los derechos de las nombradas por parte del Secretario ahora accionado, quien tampoco consideró que se trataban de personas privadas de libertad cuyas peticiones merecían ser atendidas de forma oportuna; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, con la aclaración que la concesión de la tutela no implica la libertad de las accionantes, ni un análisis del fondo de la solicitud de aplicación de procedimiento abreviado ni de la consideración y resolución de cesación a la detención preventiva, al haberse apartado de la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Conforme se tiene precedentemente concluido, el petitorio de las accionantes se encuentra satisfecho; puesto que, ya se señalaron las audiencias extrañadas, correspondiendo definir el alcance de esta acción de libertad a partir de los fundamentos de la acción de libertad innovativa desarrollados en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, estableciéndose que la acción de libertad innovativa es un mecanismo procesal por el cual el juez de garantías asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran en el ámbito de su protección aunque la vulneración o restricción hubiese cesado o desaparecido; por lo que, corresponde pronunciarse en el fondo de la problemática tal como se efectuó en el presente caso para determinar la responsabilidad de quien transgredió los derechos invocados como vulnerados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional y así, evitar futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, la finalidad que se busca es no dejar en la impunidad el actuar lesivo de quienes lesionaron el derecho a la libertad; por lo cual, en el presente caso corresponde conceder la tutela solicitada por las accionantes. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 69/2023 de 12 de septiembre, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1053_2026-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 859009b40dc1152e8eb4374cc5b882b7e9dd28d8dd458e643de4553b30b00841
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