Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de septiembre de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; puesto que, habiendo presentado el 13 de abril de 2022, solicitud de cesación de la detención preventiva conforme a la previsión del art. 239.1 del CPP modificado por la ley 1173, el Juez ahora accionado hasta la interposición de ésta acción de libertad no señaló audiencia dentro del plazo establecido para ese efecto, dejando que el mismo transcurra superabundantemente sin resolverse su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 10/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 12 a 14, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1052/2023-S3 Sucre, 26 de septiembre de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 47598-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 12 a 14, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edgar Manolo Rojas Paz en representación sin mandato de Gonzalo Edmundo Rodrigo Zarabia contra Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 28 de abril de 2022, cursante de fs. 3 a 5, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, solicitó el 13 de abril de 2022, cesación de su detención preventiva, conforme a la previsión del art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar se haya señalado audiencia para considerar la misma, superándose el plazo de cuarenta y ocho horas, establecido en la mencionada norma, transcurriendo más de quince días, ocasionando el Juez ahora accionado una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica, apartándose de lo establecido en la SC 0078/2010-R de 3 de mayo.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad;
citando los arts. 22 y 23.I de Constitución Policía del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga el señalamiento de día y hora de audiencia “…EN EL ACTO” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 28 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 9 a 11 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción libertad y ampliándolo manifestó que: a) A través de su defensa hizo seguimiento de su solicitud de cesación de su detención preventiva, efectuada el 13 de abril de 2022, indicándole en el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, que existen varios procesados; por lo que, todos ellos se encuentran solicitando cesación de la detención preventiva, por nuevos hechos; es decir, por el primer motivo establecido por el art. 239.1 del CPP modificado por la ley 1173; por lo que, no se estaría señalando audiencia. Posteriormente, le indicaron que se encuentran dos recursos de apelaciones incidentales pendientes; posteriormente le dieron a conocer de que ya habían sido resueltas las mismas de manera inmediata, dentro de los cuales se cumplieron los plazos procesales, habiendo remitido el cuaderno original al Tribunal de alzada, lo que en ninguna parte del procedimiento penal establece aquello; b) El art. 112 del CPP, “…según y criterio de muchos jueces que he escuchado en ese sentido nosotros entendemos que también hay un agravio porque está articulado nos habla de la presentación de memoriales y se deben prever las copias necesarias, pero no habla de los incidentes de apelación no habla de la presentación de Cesación a la Detención Preventiva (…) es más el derecho a la defensa respecto a este tipo de incidentes de Cesación a la Detención Preventiva y la jurisprudencia nos permite inclusive presentar el audiencia documentación obviamente respetando el protocolo de audiencias virtuales, entonces en tal sentido nosotros no entendemos por qué hasta la fecha 29 de abril del año 2022 no conocemos el señalamiento de audiencia…” (sic) menos conocen de alguna determinación asumida por el Juez ahora accionado; y, c) El Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, cuenta con libro de resoluciones, donde pueden obtener la Resolución de la medida cautelar del presente caso, considerando que es la primera audiencia de cesación de la detención preventiva que se interpuso de los demás coprocesados; por lo que, no se lo puede dejar en indefensión al tratarse de una persona de la tercera edad, que por su avanzada edad las enfermedades pueden hacerse más crónicas.
Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: 1) El abogado del accionante desconociendo los antecedentes del cuaderno procesal arguyó que el mismo se habría remitido en original en grado de apelación al Tribunal de alzada, extremo totalmente falso; 2) El referido cuaderno procesal original del proceso penal, se encuentra en su poder, proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de aborto y otros, signado con el Código Único (CU) 201102012202127, habiéndose llevado a cabo el 25 de marzo de 2022, audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, en la que se emitió la Resolución 98/2022 de 25 de marzo, mediante la cual se dispuso la medida cautelar del accionante, determinándose su detención preventiva, oportunidad en la que el nombrado interpuso recurso de apelación incidental de manera verbal, remitiéndose la misma a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 29 de marzo de 2022, a través del oficio de remisión en la misma fecha; empero, dirigido a la Sala Penal Primera del referido Tribunal; por lo que, se enmendó ese extremo, sin que hasta la fecha se haya devuelto el legajo del recurso de apelación incidental; 3) El accionante presentó el 14 de abril de ese año, solicitud de cesación de la detención preventiva, habiendo emitido un decreto indicando “ʽA lo principal en atención al Memorial que antecede previamente la parte imputada Gonzalo Edmundo Rodrigo Sarabia deberá aclarar su petición siendo que el proceso se encuentra en grado de apelación ante la Sala Penal Primera lo que generaría un doble criterio y contradicción en un acto procesal o en su defecto la parte imputada deberá retirar su apelación que habría interpuesto en contra de la resolución 98/2022 de fecha 25 de marzo, siendo que a la fecha no se tiene las resultas desde dicha apelación remítase el presente memorial ante la sala penal correspondiente para su consideración sea con nota de atenciónʼ” (sic). Ese memorial de cesación de la detención preventiva se remitió a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a objeto de que asuma conocimiento de esa solicitud, desmintiendo de esa manera que no se haya dado ninguna respuesta a esa solicitud, remisión efectuada mediante Oficio de 14 de abril; 4) El 18 de abril de 2022, el abogado del accionante se apersonó al Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, donde el Secretario le informó, que se encuentra pendiente un recurso de apelación incidental y que hasta el día de la presentación del memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva no fue devuelto el legajo, desconociendo el resultado del mismo; por lo que, en ningún momento se le indicó que no se señaló audiencia por ser varios los imputados, desmintiendo de esa manera dicha afirmación realizada por el abogado del accionante, así como tampoco se remitió en original el cuaderno procesal, menos se le exigió al nombrado que provea fotocopias para el legajo del recurso de apelación incidental, ya que dicho Juzgado se hizo cargo de ello; 5) No pueden ingresar a una solicitud de cesación de la detención preventiva, desconociendo el resultado del recurso de apelación incidental; puesto que, como se mencionó, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no devolvió el legajo correspondiente; por lo que, podría generarse doble criterio; en ese entendido, no se le vulneró derecho alguno del accionante, más aún -reiteró- que el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva fue remitido a la mencionada Sala de forma inmediata para que les devuelvan el respectivo legajo y señalar la audiencia correspondiente, en ese sentido, no se cumplió con el principio de subsidiariedad, no teniendo en qué basarse para resolver su petición; además, al imputado -accionante- le corresponde la carga de la prueba; y, 6) Por lo expuesto solicitó se deniegue la tutela. Ante una consulta del Tribunal de garantías, el Juez ahora accionado señaló que en la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares se dictó dos resoluciones, la “Resolución 97/2022” respecto al incidente de legalidad de aprehensión que se remitió a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 29 de marzo de 2022, y la Resolución 98/2022 de 25 de marzo, que resolvió la medida cautelar, la cual fue remitida a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, el 29 de marzo de 2022, aclarando que el último oficio a la nombrada Sala se remitió para que resuelva el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, enviado “…a su Auxiliar para que pueda recibirle ese documento PDF para su consideración” (sic).
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 10/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 12 a 14, “otorgó” la tutela solicitada; y en consecuencia, dispuso que el Juez ahora accionado señale día y hora de audiencia en el término de cuarenta y ocho horas; bajo los siguientes fundamentos: i) De lo expuesto a tiempo de plantearse la acción de libertad y su ratificación en audiencia, se puede establecer que la defensa del accionante solicitó la cesación de la detención preventiva el 13 de abril de 2022, en función al art. 239.1 del CPP modificado por la ley 1173; mereciendo el decreto de 14 de ese mes y año, mediante el cual el Juez ahora accionado, determinó que previamente la parte imputada -accionante- aclare su petición siendo que el proceso penal se encuentra en grado de apelación ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, lo que generaría un doble criterio y contradicción en el acto procesal o en su defecto deberá retirar su recurso de apelación incidental interpuesto contra la Resolución 98/2022 de 25 de marzo, siendo que a la fecha no se tienen las resultas de dicha apelación, así como también dispuso la remisión del memorial presentado el 13 de abril de 2022, ante la Sala Penal correspondiente; ii) El art. 239.1 del CPP modificado por la ley 1173, establece que ante la solicitud de cesación de la detención preventiva conforme a dicho numeral, la autoridad jurisdiccional deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas; iii) Cuando se trata de la solicitud de un privado de libertad, las autoridades jurisdiccionales deben obrar con un criterio que no afecte el derecho a la libertad, debiendo realizar las audiencias de manera oportuna, cumpliendo los plazos procesales. Es así que el plazo establecido para la solicitud del caso concreto es de cuarenta y ocho horas indudablemente, evidenciándose que la autoridad jurisdiccional más allá de haber determinado que el recurso de apelación incidental de medida cautelar habría sido remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y que debería de haberse planteado la presente acción de libertad contra las autoridades de esa instancia, no siendo atribuible al mismo a los efectos de no emitir doble criterio, en ese entendido, es necesario tomar en cuenta que ante el decreto de 14 de abril de 2022, el Juez hoy accionado vulneró el debido proceso y a la libertad del accionante, en cuanto al incumplimiento de plazos a los fines de su consideración a la cesación de la detención preventiva; por el cual, el Juez ahora accionado no actuó de manera oportuna respectivamente a los plazos procesales que deben ser de cumplimiento obligatorio por las autoridades jurisdiccionales, tal cual lo determina el art. 130 del CPP, que los plazos son improrrogables y perentorios, salvo disposición contraria; es decir, que en el presente caso se tiene el art. 239.1 del CPP modificado por la ley 1173, que determina el plazo de cuarenta y ocho horas para el señalamiento de audiencia computables a partir de la presentación de la solicitud de cesación de la detención preventiva, extremo que no fue cumplido por el Juez ahora accionado; y, iv) De esa manera el Juez hoy accionado no obró de manera diligente y oportuna en cuanto al señalamiento de audiencia, tal como lo estableció la SCP 0032/2019-S2 de 5 de marzo, considerando que la solicitud de cesación de la detención preventiva fue efectuada el 13 de abril de 2022, demostrándose la vulneración del derecho a la libertad, existiendo una demora injustificada en el señalamiento de la audiencia al memorial de solicitud de cesación dela detención preventiva solicitada, evidenciándose que no se providenció de manera oportuna el mismo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 13 de abril de 2022, ante Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionado-, por el cual Gonzalo Edmundo Rodrigo Zarabia -ahora accionante- solicitó cesación de la detención preventiva, conforme a la previsión del art. 239.1 del CPP (fs. 2).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; puesto que, habiendo presentado el 13 de abril de 2022, solicitud de cesación de la detención preventiva conforme a la previsión del art. 239.1 del CPP modificado por la ley 1173, el Juez ahora accionado hasta la interposición de ésta acción de libertad no señaló audiencia dentro del plazo establecido para ese efecto, dejando que el mismo transcurra superabundantemente sin resolverse su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
La jurisprudencia constitucional, ha desarrollado un entendimiento respecto a la posibilidad de solicitar la cesación de la detención preventiva estando pendiente de tramitación y resolución un recurso de apelación incidental de la medida cautelar, interpuesta por la propia parte imputada o acusada, así la SCP 0271/2019-S1 de 22 de mayo, recogiendo los razonamientos jurisprudenciales establecidos sobre este tópico, precisó que: «Sobre la posibilidad de solicitar cesación de la detención preventiva cuando la parte imputada tiene pendiente de resolución una apelación incidental de medida cautelar, la jurisprudencia contenida entre otras en la SCP 1902/2014 de25 de septiembre, que cita a su vez a la SC 1500/2011-R de 11 de octubre, precisó: “ʽ…cuando la autoridad jurisdiccional, en uso de la atribución conferida por el art. 250 del CPP, rechaza un petitorio de cesación a la detención preventiva, al afectado le queda expedito el recurso de apelación incidental, lo que implica la exteriorización irrefutable de su desacuerdo con la decisión del aquo y, precisamente por ello, acude a una instancia superior del órgano jurisdiccional para solicitar la revisión de la ponderación realizada por el inferior; por lo tanto, como se señaló, una vez activada la vía de impugnación ante el tribunal de alzada, deberá continuarse hasta obtener una resolución final, de otro modo, se estaría movilizando inútilmente todo el aparato judicial.
Por lo tanto, mientras no exista un desistimiento o renuncia expresa al recurso de alzada presentado por el agraviado, al órgano jurisdiccional no le cabe la posibilidad de atender una nueva petición de cesación a la detención preventiva, cuando la primera aún no fue resuelta, porque significaría restarle competencia a la instancia revisora. En consecuencia, si bien, como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1, las medidas cautelares tienen el carácter de modificables y por ende, pueden ser presentadas cuantas veces el imputado considere pertinente, ello no implica que sea posible activar dos vías en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación y de darse, inviabilizaría la segunda solicitud al activar en forma paralela dos peticiones con idéntica finalidad, para que ambas conozcan y resuelvan en el fondo, creando una disfunción procesal contraria al orden jurídico, dando lugar a la emisión de varias resoluciones relacionadas a la misma problemática y que podrían ser contrarias, lo que provocaría un problema jurídico a tiempo de su cumplimiento…ʼ”
(…)
De lo anterior se concluye que por el carácter provisional de las medidas cautelares, una vez apelada la resolución que disponga detención preventiva por la parte imputada, ésta debe ser resuelta de manera oportuna por las autoridades de alzada; y, si en ese ínterin el imputado presenta una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva ante el Juez a quo, con argumentos que puedan contraponerse a la resolución anterior, éste se encontrará imposibilitado de resolverla, pues de hacerlo se daría un trámite paralelo a dos solicitudes impetradas por una misma persona y que persiguen un mismo fin; en ese sentido, se generarían disfunciones procesales innecesarias -v.gr. que los vocales, en apelación, revoquen la detención preventiva (disponiendo, por ende, la libertad del imputado) y, que el juez o tribunal de primera instancia emita resolución denegando la nueva solicitud de cesación de la detención preventiva, en la cual incluso pudieron acompañarse nuevos elementos de convicción, resolución que también es apelable; es decir, en este hipotético caso, la presentación paralela de apelación y nueva solicitud de cesación de la detención preventiva, le sería desfavorable al propio imputado y se generaría un conflicto respecto a cuál decisión debería de aplicarse» (entendimiento jurisprudencial que también fue asumido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0056/2015-S3 de 29 enero, 0117/2018-S4 de 10 de abril, entre otras).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; puesto que, habiendo presentado el 13 de abril de 2022, solicitud de cesación de la detención preventiva conforme a la previsión del art. 239.1 del CPP modificado por la ley 1173, el Juez ahora accionado hasta la interposición de ésta acción de libertad no señaló audiencia dentro del plazo establecido para ese efecto, dejando que el mismo transcurra superabundantemente sin resolverse su situación jurídica.
De los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, se advierte que el accionante presentó memorial el 13 de abril de 2022, ante el Juez ahora accionado, por el que solicitó cesación de su detención preventiva, conforme a la previsión del art. 239.1 del CPP modificado por la ley 1173 (Conclusión II.1.); teniéndose a partir del informe efectuado por el referido Juez ante el Tribunal de garantías de manera oral y corroborado el mismo por dicho Tribunal a través de la revisión de los antecedentes que le fueron remitidos, que el mencionado memorial mereció el decreto de 14 de igual mes y año, mediante el cual el Juez ahora accionado dispuso que el accionante previamente aclare su petición siendo que el proceso penal se encuentra en grado de apelación ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; puesto que, al no tenerse conocimiento de las resultas del recurso de apelación incidental, podría generarse un doble criterio y contradicción o en su defecto retire su recurso de apelación incidental interpuesto contra de la Resolución 98/2022 de 25 de marzo, así como también se remita el citado memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva ante la Sala Penal correspondiente para su consideración, sea con nota de atención. En ese marco, considerando la problemática planteada mediante la acción de libertad objeto de autos y de los antecedentes citados precedentemente, corresponde considerar, que si bien el art. 250 del CPP, establece que por el carácter provisional de las medidas cautelares, la resolución mediante la cual imponga una medida cautelar o la rechace, es revocable o modificable, aún de oficio, pudiendo al efecto el imputado o acusado pedir su modificación o cesación cuantas veces considere necesario con la finalidad de obtener su libertad. No obstante, con la finalidad de evitar una disfunción procesal innecesaria, la jurisprudencia constitucional establecida en el Fundamento Jurídico precedente, refirió que si el detenido preventivo interpuso recurso de apelación contra la resolución de aplicación de dicha medida cautelar de carácter personal, y si el mismo recurso se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal de alzada, en cuyo ínterin el nombrado presenta una nueva petición de cesación de la detención preventiva ante el Juez de primera instancia, dicha autoridad no podrá resolverla; puesto que, de hacerlo daría un trámite paralelo a dos solicitudes efectuadas por una misma persona y que persiguen un mismo fin, y se provocaría una disfunción procesal y se generaría una inseguridad jurídica; por cuanto, será el Tribunal de alzada el que determine la revocatoria, modificación o confirmación del primigenio fallo apelado, circunstancia que en los hechos incidiría en la medida cautelar determinada y consiguientemente podría afectar a la resolución de la cesación que eventualmente se resolvería. Dicho entendimiento jurisprudencial es aplicable al caso concreto; puesto que, de los antecedentes precedentemente citados, el accionante al solicitar la cesación de su detención preventiva, activó un trámite paralelo a dos solicitudes con idéntico fin, el cual es el cese de la mencionada medida cautelar de carácter personal, ya que se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación incidental que interpuso contra una resolución anterior que dilucidó su situación jurídica, sin que se advierta de antecedentes ni de lo referido por las partes procesales que el nombrado haya desistido del recurso formulado a objeto de que dicha solicitud de cesación de la medida extrema sea considerada. Bajo ese contexto, si el Juez ahora accionado de forma paralela al recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, mismo que se encuentra pendiente de resolución, resolviese la nueva petición de cesación de la detención preventiva, correría el riesgo de que se emitan resoluciones contradictorias respecto al mismo objeto, siendo ello el dejarse sin efecto la detención preventiva, con lo que ocasionaría un problema jurídico a tiempo de su cumplimiento. Consecuentemente, la determinación asumida por el Juez hoy accionado mediante decreto de 14 de abril de 2022, no vulneró los derechos del accionante; por cuanto, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, el desarrollo de una audiencia de cesación de la detención preventiva y su consiguiente resolución, mientras esté pendiente de trámite el recurso de apelación incidental formulado por el accionante impugnando el fallo que determinó su detención preventiva, generaría una disfunción procesal, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada. En consecuencia; el Tribunal de garantías, al “otorgar” la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 10/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 12 a 14, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1052_2023-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 71f957d6bf53cbc58d816da1fabfd15e49979b235db38b29fad2e688eee0a068
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