Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 10 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la propiedad privada y la garantía del debido proceso en su componente “aplicación objetiva de la ley”; toda vez que, los Vocales demandados emitieron el Auto Interlocutorio 129/2023, por el cual dispusieron el secuestro de los vehículos, decisión que fue ratificada por el Auto Interlocutorio 156/2023, del cual se observa: a) La concesión de la medida cautelar de secuestro resultó contradictoria con lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 99/2023; y, b) Se efectuó una incorrecta interpretación de los arts. 324 y 326.IV del CPC, los cuales prohíben el secuestro de bienes pertenecientes a su propietario. Ante ello, las autoridades judiciales demandadas señalan que, no se produjo vulneración alguna; toda vez que, analizaron y fundamentaron las razones por las cuales no corresponde aplicar el art. 326.I del CPC al caso concreto. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 53/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 267 a 270 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que respecto al derecho a la propiedad invocado no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1051/2025-S2 Sucre, 10 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57468-2023-115-AAC Departamento: Tarija En revisión de la Resolución 53/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 267 a 270 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Alejandro Guerra Camacho en representación legal de la Asociación Accidental “ITACUA” contra Jorge Horacio Paredes Carranza y Marcos Ramiro Miranda Guerrero, Vocales de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Por memoriales presentados el 28 de julio y 2 de agosto de 2023, cursantes de fs. 73 a 83; y, 94 y vta., la parte accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso contencioso administrativo seguido contra el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco-Villamontes, radicado ante Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, la parte demandada presentó un memorial solicitando la aplicación de medidas cautelares consistentes en anotación preventiva, prohibición de innovar y secuestro de seis vehículos pertenecientes y registrados a nombre de los miembros de la Asociación Accidental “ITACUA”. Dicha solicitud fue atendida mediante Auto Interlocutorio 76/2023 de 29 de marzo, que únicamente dispuso la medida cautelar de anotación preventiva, ordenando además la exhibición física de los vehículos para verificar su estado. Posteriormente, a solicitud de enmienda, la Resolución fue modificada por Auto Interlocutorio 99/2023 de 24 de abril, el cual adquirió ejecutoria. Sin embargo, la parte demandada a través de memorial de 10 de mayo de 2023, volvió a solicitar la medida cautelar de secuestro de los vehículos, argumentando la existencia de gravámenes sobre los mismos y el hecho de que dos de ellos se encontraban en la ciudad de Santa Cruz. De manera contradictoria, Jorge Horacio Paredes Carranza y Marcos Ramiro Miranda Guerrero, Vocales de la mencionada Sala -ahora demandados- emitieron el Auto Interlocutorio 129/2023 de 17 de mayo, otorgando de forma ilegal dicha medida cautelar, pese a la existencia de un impedimento legal. Contra esta decisión, se interpuso recurso de reposición, que fue resuelto por Auto Interlocutorio 156/2023 de 16 de junio, manteniendo firme e inalterable la resolución que dispuso el secuestro de los vehículos. Al emitir la Resolución impugnada, las autoridades judiciales demandadas no consideraron que las medidas cautelares no forman parte del proceso ordinario, sino que constituyen un procedimiento accesorio, sujeto a las disposiciones del Código Procesal Civil, conforme también lo establece la “Circular 1/2019” emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, realizaron una interpretación errónea del art. 326.IV del Código Procesal Civil (CPC), fundando su decisión en el art. 324 del mismo cuerpo normativo, sin advertir los siguientes aspectos: a) El art. 326.IV del CPC no limita la procedencia del secuestro a las causas en las que se pretenda un mejor derecho o situaciones análogas, sino que dicha restricción se aplicó a todos los casos en los cuales se solicitó un secuestro preventivo de bienes; b) Los Vocales demandados incurrieron en una contradicción con su propio fallo, específicamente con el Auto Interlocutorio 99/2023; c) Es incorrecta la conclusión a la que arribaron al sostener que en el proceso contencioso se discute la entrega de los vehículos, puesto que, mientras no exista una sentencia firme que determine la propiedad de los mismos, no corresponde disponer su secuestro; d) Se tergiversó el alcance del poder cautelar genérico previsto en el art. 324 del CPC; toda vez que, en primer lugar, su ejercicio corresponde a las partes y no a la autoridad judicial, y, en segundo lugar, su aplicación procede únicamente respecto de medidas cautelares no nominadas; y, e) La decisión adoptada vulneró su derecho a la propiedad, al imponer una restricción ilegal que les impide el uso y goce de bienes de su legítima pertenencia.
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la propiedad privada y la garantía del debido proceso en su componente “aplicación objetiva de la ley”, citando al efecto los arts. 56 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: 1) Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 156/2023; y, 2) Se ordena la emisión de una nueva resolución que aplique la ley de manera objetiva y garantice el respeto de los derechos y garantías constitucionales.
Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 265 a 267, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia señaló que: i) Mediante la presente acción tutelar, no se pretende el reconocimiento del derecho propietario; toda vez que, éste ya se encuentra debidamente acreditado y, además, fue utilizado como fundamento por el tercero interesado para solicitar las medidas cautelares dentro del proceso contencioso; ii) Lo que se busca es que, en virtud del registro del derecho propietario, se respete dicho derecho, puesto que, existiendo controversia sobre este aspecto, no corresponde disponer el secuestro de los vehículos; iii) La normativa Adjetiva Civil es clara al establecer que, cuando una persona acredita su derecho propietario sobre los bienes que posee, resulta improcedente ordenar su secuestro; y, iv) Se está frente a una controversia que no es de fondo, sino de forma.
Jorge Horacio Paredes Carranza y Marcos Ramiro Miranda Guerrero, Vocales de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe escrito cursante de fs. 263 a 264, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, sosteniendo que: a) El Auto Interlocutorio 156/2023 expuso de manera clara y precisa las razones por las cuales no correspondía dar curso al recurso de reposición interpuesto contra la Resolución que dispuso la medida cautelar de secuestro. En dicho fallo se analizó incluso la alegada vulneración del art. 326.I del CPC, concluyéndose que dicha norma no resulta aplicable al caso concreto; y, b) En cuanto a la supuesta lesión del derecho a la propiedad, el Auto Interlocutorio 156/2023 estableció expresamente que, conforme a los contratos suscritos, consta de manera fehaciente a quién corresponde el derecho propietario -esto es, a la entidad contratante-, y que la controversia se circunscribe a la tenencia y conservación de los bienes. Ello debido a que la parte accionante sostiene que tales bienes podrían formar parte del monto que le correspondería percibir en caso de que se declare la ilegalidad de la resolución contractual, negándose por ello a devolverlos. En otras palabras, la parte impetrante de tutela retiene los bienes como una supuesta garantía de pago que podría reconocerse en sentencia, sin considerar que, al tratarse de una entidad pública, esta cuenta con la solvencia suficiente para cumplir con las obligaciones que eventualmente adquiera, pudiendo incluso disponerse la retención de fondos si fuera necesario.
Karen Sánchez Valverde, Ejecutivo de Desarrollo del Gobierno Autónomo Regional de Gran Chaco-Villamontes, por memorial cursante de fs. 257 a 262, sostuvo que: 1) La parte accionante, anticipándose al resultado del proceso contencioso, pretende que la jurisdicción constitucional se pronuncie reconociendo su derecho propietario sobre los vehículos secuestrados. Sin embargo, conceder tutela sobre este aspecto implicaría emitir un juicio que actualmente se encuentra sometido a conocimiento de la jurisdicción contenciosa, por lo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad; 2) La parte impetrante de tutela intentó forzar la interpretación del marco normativo a su conveniencia, confundiendo los conceptos de “prohibición” y “procedencia”, así como distorsionando la protección que corresponde al “cautelado” con aquella del “demandado”; 3) En su calidad de demandada, la parte peticionante de tutela no puede sustentar su pretensión en el art. 263.IV del CPC; 4) Los vehículos objeto de litigio debían ser utilizados exclusivamente en la ejecución del proyecto de “Construcción y Pavimentado del Camino Villa Montes-Isiri (Tramo Central - Isiri)”, correspondiendo su transferencia al contratante una vez concluida la obra; 5) De forma reiterada, se enfatizó que la propiedad de los vehículos constituye materia del litigio que se ventiló en la vía contenciosa, por lo que la parte accionante no puede alegar vulneración del derecho a la propiedad; 6) Los vehículos reclamados fueron adquiridos por la Asociación Accidental “ITACUA” en cumplimiento del contrato administrativo suscrito entre el Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño-Villamontes y el representante legal de dicha Asociación, en el marco de la propuesta adjudicada para la ejecución del mencionado proyecto. En consecuencia, no pueden considerarse bienes de propiedad particular, mientras no se dilucide en la vía contenciosa su derecho propietario. Por tanto, cualquier uso, desgaste, desperfecto, depreciación o utilización distinta a la prevista para la ejecución del proyecto podría ocasionar un daño económico al Estado, siendo el secuestro la medida más idónea para precautelar los derechos de las partes; 7) No se advierte que los Vocales demandados hayan incurrido en inobservancia de los principios de justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; toda vez que, emitieron la Resolución conforme a lo establecido en la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso administrativo, en la vigencia del anterior Código de Procedimiento Civil y de la Circular 01/2019 de 14 de febrero, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; y, 8) Solicitó se deniegue la tutela solicitada y se mantenga firme el Auto Interlocutorio 156/2023 emitido por las autoridades demandadas.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 53/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 267 a 270 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La jurisprudencia constitucional desarrolló la doctrina de las autorrestricciones, la cual delimitó la competencia de la jurisdicción constitucional frente a la jurisdicción ordinaria; ii) El Auto Interlocutorio 156/2023 contiene un razonamiento jurídico y una aplicación normativa que consideró pertinente para el caso concreto, en el marco de la interpretación de la norma Adjetiva Civil. Si bien la parte accionante discrepó con dicho criterio, esa disconformidad no implicó, por sí misma, la existencia de una vulneración constitucional, por lo que no se evidenció afectación alguna al derecho al debido proceso; iii) En cuanto a los demás artículos invocados por la parte impetrante de tutela, no se advierte que posean relevancia constitucional que justifique ingresar al análisis de fondo; y, iv) Respecto al derecho a la propiedad, tampoco se evidenció lesión alguna; puesto que, si bien se dispuso el secuestro de los vehículos, dicha medida proviene de una autoridad judicial que expuso los fundamentos que la motivan, razón por la cual no puede considerarse lesiva de dicho derecho.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 76/2023 de 29 de marzo, emitido por Jorge Horacio Paredes Carranza y Marcos Ramiro Miranda Guerrero, Vocales de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandados-, se resolvió la solicitud presentada por el Gobierno Autónomo Regional del Chaco-Villa Montes, en su calidad de parte demandada dentro del proceso, referida a la adopción de medidas cautelares de prohibición de innovar, secuestro, inventario, designación de depositario fiable y anotación preventiva. Dicha Resolución dispuso otorgar la medida cautelar de anotación preventiva. Posteriormente, solicitó complementación y enmienda, que fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 99/2023 de 24 de abril (fs. 8 a 10 vta.; y, 14 y vta.). II.2. Consta Auto Interlocutorio 129/2023 de 17 de mayo, dictado por los Vocales demandados, que ordenaron la ejecución de la medida cautelar de “SECUESTRO” de seis vehículos. La Resolución fundamenta dicha decisión en el art. 314 del Código Civil (CC), señalando que los vehículos no cuentan con seguro y que la demanda reconvencional tiene por objeto precisamente la transferencia formal de estos bienes a la entidad reconvencionante (fs. 21 a 22). II.3. Mediante memorial presentado el 1 de junio de 2023, Jorge Alejandro Guerra Camacho (hoy accionante) y Diego Alejandro Guerra Ávila representantes legales de la Asociación Accidental “ITACUA” interpusieron recurso de reposición contra el Auto Interlocutorio 129/2023 (fs. 23 a 26 vta.).
II.4. A través de Auto Interlocutorio 156/2023 de 16 de junio, las autoridades judiciales demandados, declararon “sin lugar” el recurso de reposición interpuesto por la parte accionante. En dicha Resolución, se señaló que el alcance de la prohibición de secuestrar bienes establecidos en el art. 326.IV del CPC no resultaba aplicable al caso concreto, dado que dicha norma está orientada principalmente a evitar restricciones sobre bienes que constituyan el objeto central de la controversia o que se pretendan constituir en garantía. Es decir, cuando se litiga sobre la declaratoria de mejor derecho propietario sobre un bien, no procedería el secuestro. Asimismo, la medida cautelar solicitada por la parte impetrante de tutela tenía como finalidad la conservación de los bienes, a fin de formalizar posteriormente su entrega y transferencia. Por ello, y conforme al art. 324 del CPC, correspondía otorgar la medida cautelar (fs. 30 a 31).
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la propiedad privada y la garantía del debido proceso en su componente “aplicación objetiva de la ley”; toda vez que, los Vocales demandados emitieron el Auto Interlocutorio 129/2023, por el cual dispusieron el secuestro de los vehículos, decisión que fue ratificada por el Auto Interlocutorio 156/2023, del cual se observa: a) La concesión de la medida cautelar de secuestro resultó contradictoria con lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 99/2023; y, b) Se efectuó una incorrecta interpretación de los arts. 324 y 326.IV del CPC, los cuales prohíben el secuestro de bienes pertenecientes a su propietario. Ante ello, las autoridades judiciales demandadas señalan que, no se produjo vulneración alguna; toda vez que, analizaron y fundamentaron las razones por las cuales no corresponde aplicar el art. 326.I del CPC al caso concreto. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0006/2024-S2 de 30 de enero, estableció que: […la SCP 1539/2011-R de 10 de octubre -citada por la SCP 0206/2023- S2 de 25 de abril- señaló: «El art. 128 de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Del texto de este precepto constitucional, es posible inferir que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa o estén en controversia. Al respecto, la SC 1079/2010-R de 27 de agosto, determinó de manera clara que los hechos controvertidos o aún pendientes de ser resueltos en la vía judicial o administrativa, no pueden ser solucionados por la vía constitucional; así la SC 0680/2006-R de 17 de julio, en lo pertinente señaló lo siguiente: “'…a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados, aspecto que no ocurre en el caso que se compulsa conforme se ha señalado reiteradamente…’. A su vez la SC 0278/2006-R de 27 de marzo, también sostuvo que: ‘…la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos; así en la SC 1370/2002- R de 11 de noviembre, a través de la cual fue expresada la siguiente línea jurisprudencial: (...) el ámbito del amparo constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales’”»] (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original).
Del expediente se verifica que, en el proceso contencioso seguido contra el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco - Villamontes -tercero interesado-, dicha instancia alegó que la Asociación Accidental “ITACUA” -parte accionante-, en el marco de lo inicialmente acordado, procedió a adquirir seis vehículos con el dinero desembolsado. Ante la resolución del contrato, la entidad pública consideró que los vehículos no podían ser utilizados hasta que se resolviera su situación. En consecuencia, se emitió el Auto Interlocutorio 76/2023 de 29 de marzo, emitido por Jorge Horacio Paredes Carranza y Marcos Ramiro Miranda Guerrero, Vocales de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandados-, que otorgaron la medida cautelar de anotación preventiva, decisión que fue aclarada por el Auto Interlocutorio 99/2023 de 24 de abril, el cual dispuso la exhibición de los vehículos para garantizar que se encontraran en óptimas condiciones. Posteriormente, ante un nuevo pedido se ordenó el secuestro de los vehículos mediante el Auto Interlocutorio 129/2023 de 17 de mayo, alegándose la existencia de gravámenes y su traslado a otras ciudades. Frente a ello, interpuso recurso de reposición, que fue rechazado por el Auto Interlocutorio 156/2023 de 16 de junio. Ahora bien, respecto al punto i), es decir, al argumento relativo a que la concesión del secuestro contradice el Auto Interlocutorio 99/2023, se observa que dicho planteamiento no fue formulado en el recurso de reposición. Por lo que, no se respetó el principio de subsidiariedad, dado que la procedencia de la acción de amparo constitucional, conforme al art. 129.I de la CPE, está condicionada a casos en los que: “…no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. Sobre el punto ii), relativo a la presunta interpretación errónea del art. 326.IV del CPC, que establece: “El secuestro no procede cuando el demandado tenga título de propiedad o posesión del bien por más de un año”, ya que, en virtud de dicho mandato, no sería procedente el secuestro de los seis vehículos, dado que, ello podría afectar su derecho de propiedad, se observa que los Vocales demandados consideraron que dichos vehículos fueron adquiridos con desembolsos efectuados para la construcción de una carretera. Por lo tanto, la propiedad se encontraba en disputa dentro del proceso. En ese contexto, las autoridades demandados sostuvieron que, en la medida cautelar, no se debate el derecho propietario, señalando: “…sino que la controversia radica en la tenencia y conservación de los mismos, puesto que la empresa demandante refiere que estos bienes pueden constituir parte de lo que le corresponderá cobrar como efecto de la declaratoria de ilegalidad de la resolución contractual, por lo que se niega a devolverlos; mientras que la entidad demandada, asumiendo su derecho propietario, por efecto de lo estipulado en las cláusulas contractuales, exige la entrega de éstos bienes para asegurar su conservación y posterior transferencia formal” (sic [fs. 30 vta.]). De lo anterior, se deduce que consideraron que el art. 326.IV del CPC no era aplicable al caso, evidenciando la existencia de una decisión razonable. En este contexto, mediante la acción de amparo constitucional se pretende dejar sin efecto el secuestro ordenado, argumentando que no procede sobre bienes de su propietario; es decir, se busca que se reconozca la propiedad de los vehículos en controversia. Sin embargo, como se explicó en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, a través de la acción tutelar no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos en disputa, sino únicamente proteger aquellos que se encuentran debidamente consolidados. Por consiguiente, en el presente caso, a efectos de aplicar el art. 326.IV del CPC, no es posible determinar la propiedad de los vehículos en cuestión, pues hacerlo implicaría reconocer un derecho controvertido, lo que excede el ámbito de esta acción tutelar.
En el caso concreto, el derecho propietario reclamado no se encuentra consolidado, lo que evidencia en el propio memorial de acción de amparo constitucional, donde la parte accionante reconoce que “…la parte demandada pretende también la transferencia de la propiedad de estos [vehículos], por lo que estaría en litigio la propiedad (…) hasta que exista sentencia firme (…) no puede disponerse su secuestro…” (sic [fs. 78 vta.]). Asimismo, el tercero interesado -demandado en la vía contenciosa-confirmó que la titularidad de los vehículos se dilucidará en ese proceso. Por otro lado, los Autos Interlocutorios 129/2023 y 156/2023 se dictan en el marco de una reconvención que busca precisamente la transferencia de los mismos bienes; por lo que, se deniega de la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 53/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 267 a 270 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que respecto al derecho a la propiedad invocado no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1051_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2de9cfaf0ff16aa129d4a19c9a27caa0d610200cc8740705f629d697cf2f71e6
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