Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 6 de septiembre de 2023
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a una vida libre de violencia, a la dignidad y a la seguridad jurídica; toda vez que, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades: 1) Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción de Chimoré del departamento de Cochabamba, dentro el proceso de divorcio, emitió Decreto de 28 de enero de 2020; por el cual, impuso una medida cautelar en su contra, referida a la prohibición de acercarse al demandado Víctor Cadima Castro y su hija menor AA, sea a su domicilio, lugar de trabajo o unidad educativa de la menor; y, 2) Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinaota del departamento de Cochabamba, por Decreto de 15 de diciembre de 2021, no emitió en su favor la aplicación de las medidas de protección peticionadas en relación a la restitución a su domicilio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; por ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 13 de julio de 2022, cursante de fs. 346 a 347 vta., pronunciado por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada en base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1049/2023-S1 Sucre, 6 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 49058-2022-99-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 13 de julio de 2022, cursante de fs. 346 a 347 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marizol Mendoza Aruquipa contra Wilhelm Leandro Díaz Mendoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chimoré; y, Paola Isabel Angulo Campoverde, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinaota, ambos del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 23 de junio de 2022, cursante de fs. 289 a 298 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro el proceso de divorcio seguido contra de Víctor Cadima Castro -ahora tercero interesado- el: a) Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chimoré del departamento de Cochabamba, sin fundamento fáctico y jurídico emitió el Decreto de 28 de enero de 2020, en la cual dispuso “…que la demandante MARISOL MENDOZA ARUQUIPA a partir de la notificación SE ENCUENTRA POHIBIDA de acercarse al demandado Víctor Cadima Castro y a la menor Katherine Mendoza Aruquipa, a su domicilio, lugar de trabajo y unidad educativa de la mencionada menor, bajo advertencia de aplicarse lo previsto en el parágrafo I y II del art. 282 de la ley 603 en caso de incumplimiento” (sic), dictando una medida, la cual conforme al art. 274 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (Ley 603 de 19 de noviembre de 2014), debió ser temporal; empero, hasta el momento de la presentación de la acción de amparo constitucional transcurrieron dos años y medio, pese a las solicitudes constantes de que la misma pueda ser levantada, siendo la última solicitud el 31 de mayo de 2021, la misma no fue dado a lugar por parte del referido Juez; asimismo, en dicha resolución se observó una motivación arbitraria y una valoración irrazonable, omisiva de la prueba, pues no consideró: 1) El Certificado Médico Forense que le otorgó siete días de impedimento; 2) El Informe Psicológico mediante el que se demostró la afectación psicológica por los hechos de violencia sufridos por parte de Víctor Cadima Castro; y, 3) Tampoco las denuncias penales que pesan contra de Víctor Cadima Castro, en la que se emitió el 8 de octubre de 2019 medidas de protección en su favor, la cual es anterior a la emisión de la medida de restricción por el Juez demandado; de igual manera, al dictar la medida de restricción, la misma conforme lo establece los arts. 3.1 y 4.2, 4, 12, 13; y, 34 de la Ley Integral para garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia (Ley 348 de 9 de marzo de 2013), la misma debió ser provisional, y al no serlo, causó perjuicio en el vínculo materno de su persona hacia su hija, pues la misma quedó sin efecto el 18 de noviembre de 2020 a través de una conciliación inserto en el acta de audiencia de consideración de régimen de visitas; empero, el 28 de mayo de 2021, el Juez emitió una resolución de suspensión de régimen de visitas con base a un informe supuestamente elaborado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Chimoré, omitiendo la aplicación del art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE), señalando el 5 de abril de 2021 que se levante la medida restrictiva ya que la misma era provisional y no eterna; sin embargo, la misma no fue atendida por el juzgador incumpliendo lo establecido en el art. 86 de la Ley 348. b) La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primera de Shinaota del departamento de Cochabamba, dentro el proceso penal signado con el caso 324/21, solicitó al Juez demandado por memorial de 26 de noviembre de 2021, las medidas de protección descritos en el art. 35 de la Ley 348, concordante con el art. 389 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (Ley 1173 de 3 de mayo de 2019), siendo reiterada el 10 de diciembre del mismo año, con base a que el Ministerio Público no emitió las medidas de protección integrales y estables, pues no fueron suficientes para resguardar su integridad física y psicológica; empero, el 15 del mismo mes y año, el Juez demandado señala que al existir un Auto de 28 de mayo de 2021 pronunciado por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chimoré de igual departamento “…dentro el proceso familiar de divorcio seguido MARIZOL MENDOZA ARUQUIPA contra VICTOR CADIMA CASTRO, mediante el cual se determina la suspensión del derecho de visitas de la denunciante respecto a su hija en el domicilio ubicado en la Calle Naranjal de la población de Chimore, que resulta ser el domicilio donde habita el denunciado justamente a su hija y es el mismo domicilio donde la denunciante pretende que se le restituya a través de las medidas de protección impetrada, en ese sentido a fin de evitar incurrir en errores y resoluciones contradictorias, se dispone que con carácter previo la denunciante acompañe documentación relativa al proceso de divorcio donde se ha establecido estas medidas que restringen visitas de la denunciante en el hogar referido, para establecer el estado de estas medidas…” (sic); la cual al ser objeto del Recurso de Reposición, la misma fue rechazada por Auto Interlocutorio de 5 de enero de 2022, con fundamentos basados en lo valorado por predicho Juez de Chimoré, omitiendo efectuar una valoración de las pruebas, careciendo una fundamentación fáctica y jurídica y con una motivación arbitraria de dicha determinación.
La peticionante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a una vida libre de violencia, a la dignidad y a la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 15.I, II y III de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará).
Solicitó se conceda la tutela, disponiéndose: i) Se deje sin efecto el Decreto de 28 de enero de 2020, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción de Chimoré del departamento de Cochabamba; y, ii) La restitución de su hija menor al seno materno de forma inmediata, con la finalidad de precautelar la integridad de la menor, la cual debe ser ejecutada en acompañamiento por el personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la localidad de Entre Ríos de igual departamento.
Se realizó la audiencia pública el 13 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 344 a 347 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional.
Wilhelm Leandro Díaz Mendoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción de Chimoré del departamento de Cochabamba, por informe escrito de 11 de julio de 2022, cursante de fs. 312 a 313 vta., señaló que: a) La admisión de la acción de defensa es extraño, pues la misma no cumple los requisitos exigidos por el art. 33.IV y V del Código Procesal Constitucional (CPCo); ya que, tiene una redacción de antecedentes desordenada, siendo inentendible respecto a su pretensión, en la que aduce la vulneración de sus derechos en dos procesos diferentes (familiar y penal); b) Las resoluciones dictadas en el proceso de divorcio fueron debidamente notificadas a la accionante, mismas que no fueron impugnadas por los recursos que le franquea la Ley 603, operando la subsidiariedad de la acción de defensa; c) No es viable considerar el fondo de la acción, pues no puede ser utilizado como un medio alternativo o supletorio de los medios legales reconocido hacia las partes para proteger sus derechos y garantías fundamentales; d) No se demostró de manera objetiva y clara, que las decisiones asumidas desde el 2020 causen un daño en caso de no obtenerse una protección oportuna, o que los mecanismos ordinarios sean ineficientes para resguardar los derechos demandados; y, e) Las determinaciones que fueron asumidas en el proceso de divorcio no son arbitrarias, pues fueron pronunciados en relación a los antecedentes del proceso. Paola Isabel Angulo Campoverde, Jueza Pública Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinaota del departamento de Cochabamba, por informe escrito de 12 de julio de 2022, cursante de fs. 323 y vta., indicó que: 1) Efectuó control jurisdiccional en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Víctor Cadima Castro desde el 3 de diciembre de 2021, ratificando las medidas de protección en favor de la accionante por Auto de 21 del mismo mes y año; 2) El 10 de igual mes y año, se requirió la medida de protección de restitución a su domicilio del cual fue desalojada, la que fue respondida por Decreto de 15 de idéntico mes y año, en la que se solicitó los antecedentes del proceso de divorcio en la cual se dispuso el alejamiento de la impetrante de tutela, con la finalidad de no emitir resoluciones contrarias; y, 3) No se efectuó vulneración a derechos y garantías de la peticionante de tutela, ya que para no ingresar en error, se evidenció que la prenombrada fue alejada de su domicilio por medio de medidas cautelares en un proceso familiar.
Víctor Cadima Castro, por medio de su abogado, en audiencia de garantías refirió que: i) La acción de amparo constitucional es excepcional y no puede ser supletoria a un proceso ordinario, contando con requisitos, como lo es el plazo para su presentación de seis meses; ii) La acción de defensa presentada no es entendible pues hace referencia a procesos tanto familiares y penales, las que alega que fueron los causantes de vulneración a sus derechos y garantías constitucionales, refiriendo como vulnerador el Decreto emitido el 28 de enero de 2020; y, iii) Conforme establece el art. 54 del CPCo, se evidencia que desde el 28 de enero de 2020 al 13 de julio de 2022 -presentación de la acción de amparo constitucional- transcurrieron dos años, cinco meses y quince días, superabundante al plazo para la presentación de la acción de defensa, con el único afán de que se realice una revisión jurisdiccional ordinaria, en la que tampoco se identificó los derechos vulnerados.
El Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 13 de julio de 2022, cursante de fs. 346 a 347 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes argumentos: a) La accionante indicó que el Decreto de 28 de enero de 2020, dentro del proceso de divorcio sería el que vulneró sus derechos y garantías constitucionales, pues se encuentra prohibida de acercarse al demandado Víctor Cadima Castro y a la menor AA, siendo notificada el 29 del mismo mes y año; b) Contra el mencionada Decreto la impetrante de tutela no activó el recurso de apelación, o el de explicación y complementación para conocer las determinaciones por las cuales considera que dicha decisión no se encontraba debidamente fundamentada y motivada; y, c) La determinación de 28 de enero de 2020, al haber sido notificada en la audiencia de conciliación realizada por las partes, tuvo efectos jurídicos que fueron consentidos por la peticionante de tutela, no siendo posible la revisión de la acción de amparo constitucional al haberse perdido el objeto procesal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorial de 24 de enero de 2020, presentado por Víctor Cadima Castro -tercero interesado- hacia el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción de Chimoré del departamento de Cochabamba -ahora demandado- por el cual dentro del proceso de divorcio presentado por Marizol Mendoza Aruquipa -ahora accionante- solicitó:
“…RESTRINJA que la señora MARIZOL MENDOZA ARUQUIPA, se aproxime a inmediaciones de mi domicilio, fuente laboral y la unidad educativa de mi hija KATHERINE MENDOZA ARUQUIPA, toda vez que el trauma y efecto que está ocasionando en su personalidad podría llegar a tomas actitudes inadecuadas a su edad y sea conforme al art, 58 y siguientes de la C.P.E., Solicitud que la efectuó en mérito al art. 24 de la C.P.E.” (sic [fs. 22 y vta.]). II.2. Mediante Decreto de 28 de enero de 2020, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción de Chimoré del departamento de Cochabamba, señaló:
“…En lo que respecta a la aplicación de medidas cautelares de conformidad a lo previsto en el Art. 281 y siguientes de la Ley 603 y a la documental adjunta a los fines de protegerse de manera inmediata la integridad de las partes, se dispone que la demandante MARIZOL MENDOZA ARUQUIPA a partir de su notificación SE ENCUENTRA PROHIBIDA de acercarse al demandado Víctor Cadima Castro y la menor Katherine Mendoza Aruquipa, a su domicilio, lugar de trabajo y unidad educativa de la mencionada menor, bajo advertencia de aplicarse lo previsto en los parágrafos I y II del Art. 282 de la Ley 603 en caso de incumplimiento.
Asimismo se dispone la notificación a la Defensoría de la Niñez de Chimoré del Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré a los efectos de que pueda hacer el correspondiente seguimiento del presente caso” (sic [fs. 23]). II.3. Por Memorial de 4 de febrero de 2020, Marizol Mendoza Aruquipa, solicitó al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción de Chimoré del departamento de Cochabamba, el levantamiento de la medida cautelar dictada el 28 de enero del mismo año (fs. 38 a 39 vta.), la cual fue respondido por la misma autoridad jurisdiccional con el Decreto de 5 de febrero de citado año, en el que dispone la notificación del equipo multidisciplinario para que se efectúe el informe bio-psicosocial de la menor y de los progenitores (fs. 40). II.4. Consta Acta de Entrevista y Escucha de Opinión de la menor AA de 18 de noviembre de 2020, firmada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción de Chimoré del departamento de Cochabamba, en la que la menor señala:
“…Se procedió a llevar a cabo la entrevista de la niña Katherine Cadima Mendoza juntamente con el Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Chimoré Lic. Filiberto Jimenez, la cual señaló de manera general lo siguiente: “Que le gusta esta con su papa Víctor y no así con su mama Marisol porque los molesta mucho ya que siempre anda peleando con su papa y sacándole fotos con su celular; además de que no le gusta que su mama le lleve a Cochabamba porque le gusta estar en casa con su papa, y que solamente le gustaría estar con sus mama unas horas a en la semana” (sic [fs. 123]). II.5. Por Memorial de 9 de abril de 2021, la accionante volvió a solicitar al Juez demandado se levante la medida cautelar y la restitución de su hija al seno materno, señalando:
“…tengo a bien solicitar que en aplicación del art. 278 del Código de Las Familias y del Proceso Familiar, su Autoridad, dicte previdencia de levantamiento de medidas cautelares de carácter personal en todo su contenido, por resultar las resoluciones de fecha 28 de enero de 2020 y 18 de noviembre de 2020, faltos a los valores de equidad y justicia, resultando a todas luces desigual, discriminatoria, parcial, excesiva y lesivo a mi persona, al proteger solo a una de las partes, y por los motivos antes expuestos, sin velar el interés superior de la menor y mis derechos como mujer y madre, asimismo se han traspasado los principios fundamentales señalados por los el Art. 6 en los incisos c) e) y g), y los Arts. 274-I y II y 277 en cuanto a su contenido y alcance del Código de Las Familias y el Proceso Familiar, solicitando en consecuencia ordene la restitución inmediata de mi hija Katherine Cadima Mendoza bajo mi guarda y protección de forma inmediata” (sic [fs. 132 a 134 vta.]). Respondida por decreto de igual fecha, de que la solicitud pase a despacho para la respectiva resolución (fs. 135).
II.6. Cursa memorial de 31 de mayo de 2021, por el cual, la impetrante de tutela presenta ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción de Chimoré del departamento de Cochabamba, incidente de nulidad de obrados y regularización de procedimiento, solicitando:
“Por todo lo anteriormente expuesto y habiendo el recuerdo que al juez se le exponen los hechos y el nos dará el derecho es mas su excelentísima autoridad tiene la obligación de cuidad que el procedo se desarrolle sin vicios de nulidad; conforme al art. 17 de la Ley Órgano Judicial y en escrita aplicación del Art. 255 del Nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar (Ley N° 603), RESPETUOSAMENTE, interpongo en la vía incidental la nulidad de obrados (regularización de procedimiento); Por falta de notificación con el informe de seguimiento elevado por el Responsable de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Chimore, en este sentido, pido a su autoridad se digne admitir el presente incidente y que previo el trámite de rigor su autoridad DICTE LA NULIDAD; la RESOLUCION DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2021 Y decreto de fecha 09 de abril del 2021, y se procesa a notificarme con el informe de seguimiento con el fin de cumplir con el derecho a la defensa y debido proceso; toda vez que en el presente proceso por la inobservancia minuciosa se está vulnerando las normas jurídicas en su art. 314 (del Código de las familias y del Proceso Familiar Ley 603) y instructivo N° 02/2021 punto TERCERO, emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, del debido proceso, las seguridad jurídica; ya que los procedimientos realizados tienen vicios de nulidad; actuación que ocasiona defecto absoluto en el proceso y GENERA UNA INDEFENSION A LA PARTE AFECTADA” (sic [fs. 163 a 166 vta.]). II.7. Por Auto de 1 de junio de “2020” -siendo lo correcto 2021- la autoridad demandada rechazó el incidente de nulidad al haber sido planteado fuera de plazo, inobservando el art. 256 inc. b de la Ley 603 (fs. 167). II.8. Mediante Memorial de 31 de marzo de 2022, la peticionante de tutela solicitó la modificación de las medidas cautelares impuestas el 28 de enero de 2020 (fs. 214 a 217 vta.), solicitud que fue rechazada por Auto de 1 de abril del mismo año (fs. 218). II.9. Por memorial de 10 de diciembre de 2021, la accionante dirigiéndose a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinaota del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, solicitó aplicar en su favor medidas de protección, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Víctor Cadima Castro, señalando:
“En previsión del art. 35 de la ley 348 y el art. 389 bis del C.P.P. solicito a su autoridad medida de protección ordenando que se me restituya a mi domicilio del cual fui desalojada y encomendando su ejecución a la FELCV de Chimore” (sic [fs. 256 a 257 vta.]). II.10.Por Decreto de 15 de diciembre de 2021, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal
Primera de Shinaota del departamento de Cochabamba, en respuesta a la solicitud de medidas de protección incoada por la accionante, indicó:
“Se tiene presente lo manifestado en el memorial que antecede, sin embargo de ello de la revisión minuciosa de antecedentes se evidencia que cursa en antecedentes el Auto de fecha 28 de Mayo de 2021 emitido por el Juez Público Mixto de Chimore dentro el proceso familiar de divorcio seguido por MARIZOL MENDOZA ARUQUIPA contra VICTOR CADIMA CASTRO, mediante el cual se determina la suspensión del derecho de visitas de la denunciante respecto a su hija en el domicilio ubicado en la Calle Naranjal de la población de Chimore, que resulta ser el domicilio donde habita el denunciado juntamente a su hija y es el mismo domicilio donde la denunciante pretende que se le restituya a través de la medida de protección impetrada, en ese sentido a fin de evitar incurrir en errores y resoluciones contradictorias, se dispone que con carácter previo la denunciante acompañe documentación relativa a proceso de divorcio donde se ha establecido estas medidas que restringen las visitas de la denunciante en el hogar referido, para establecer el estado de estas medidas, así como para establecer la pertinencia de la aplicación de las medidas de protección impetradas por la denunciante mediante memorial que antecede y con su resultado se dispondrá lo que corresponda en derecho” (sic [fs. 258]). II.11.Por Memorial de 29 de diciembre de 2021, la peticionante de tutela, presentó Recurso de Reposición contra el Decreto de 15 del mismo mes y año, solicitando se revoque o modifique la misma, y disponiendo la aplicación de las medidas de protección en su favor (fs. 266 y vta.); siendo rechazada y por lo mismo confirmado por medio del Auto de 5 de enero de 2022 emitido por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinaota del departamento de Cochabamba (fs. 268 a 269).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a una vida libre de violencia, a la dignidad y a la seguridad jurídica; toda vez que, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades: 1) Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción de Chimoré del departamento de Cochabamba, dentro el proceso de divorcio, emitió Decreto de 28 de enero de 2020; por el cual, impuso una medida cautelar en su contra, referida a la prohibición de acercarse al demandado Víctor Cadima Castro y su hija menor AA, sea a su domicilio, lugar de trabajo o unidad educativa de la menor; y, 2) Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinaota del departamento de Cochabamba, por Decreto de 15 de diciembre de 2021, no emitió en su favor la aplicación de las medidas de protección peticionadas en relación a la restitución a su domicilio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; por ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional; y, ii) Análisis del caso concreto.
El art. art. 129.II de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la lesión alegada o desde la notificación de la última decisión administrativa o judicial; dicho plazo, expresa en la norma constitucional el principio de inmediación que rige ésta acción tutelar; en los mismos términos se tiene previsto el plazo de la inmediatez de la acción de amparo constitucional -extensivo a la acción de protección de privacidad y de cumplimiento-, en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo.). Respecto a este límite temporal fijado en la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional ha señalado que tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que disciplina la función de impartir o administrar justicia, puesto que su apertura por un tiempo ilimitado e indefinido, causaría inseguridad e incertidumbre para los justiciables sin duda alguna, por lo que la sabiduría del constituyente boliviano, fijó categóricamente el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional, a través de la acción de amparo constitucional; en ese entendido por un principio general del derecho ninguna persona puede pretender que la jurisdicción constitucional se encuentre a su disposición en forma indefinida, sólo podrá estarlo dentro del término fijado, si en ese plazo el afectado no acude ante la autoridad judicial, implicará la desidia o la ausencia de interés para que sus derechos y garantías le sean restituidos. Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional mediante la SC 0762 /2003-R de 6 de junio, ha razonado que el mencionado plazo no es rígido ni cerrado, admitiendo expresamente la posibilidad de flexibilización cuando se haya excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental o garantía constitucional sea evidente, de tal naturaleza que la jurisdicción constitucional no puede ni debe permitir su consumación, cuando los reclamos fueron permanentes sin obtener una respuesta, conforme el siguiente razonamiento:
“…plazo razonable el de seis meses para que la persona afectada presente el recurso; no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume. En el caso objeto del presente recurso, el último reclamo escrito formulado por la recurrente data del 22 de julio de 2002, lo que significa que al 8 de febrero, fecha en que presentó el amparo constitucional, han transcurrido 6 meses y 13 días, lo que, inicialmente, daría lugar a que se declare improcedente el recurso; empero, es importante considerar los siguientes elementos de juicio para no optar por esa vía; a) el exceso del tiempo es de apenas 13 días al plazo fijado en la jurisprudencia; b) la lesión denunciada es evidente, toda vez que los recurridos no han dado una respuesta debidamente motivada a la petición de la recurrente, no obstante que los reclamos fueron permanentes y, según la versión de la recurrente no desmentida por los recurridos, después de haber presentado su última nota el 22 de julio del 2002, siguió presentando su reclamación verbal al Concejo sin obtener una respuesta. En consecuencia, aplicando el principio de favorabilidad, este Tribunal ingresa a la consideración del fondo de la problemática planteada en el recurso” (las negrillas son adicionadas). En el mismo sentido se pronunció la SC 0200/2006-R de 21 de febrero, y fue citado por la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto, entre otras. En todo caso, se debe estar atentos a las particularidades del caso concreto y a los derechos fundamentales o garantías constitucionales puestos en litigio, que se encuentren afectados en su contenido esencial –verbigracia, la invocación del estado de gravidez por la accionante- que justifiquen prescindir o excusar el cumplimiento del plazo de inmediatez y la protección que se brinde, será circunstancial o provisional. En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional enfatizo de que el Juez o Tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, a condición de que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual -razonamientos expresados a partir del análisis de un caso vinculado a la imprescriptibilidad del derecho a la jubilación y la abstracción del principio de inmediatez-, tienen el deber de efectuar una revisión de cada caso concreto, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción, si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado.
3 Respecto a las condiciones de flexibilización del plazo de la inmediatez de manera excepción, la SC 0389/2004-R de 17 de marzo, expreso: “Empero, atentos a las particularidades del caso y a los derechos fundamentales puestos en litigio, que en casos análogos a los del presente han justificado prescindir de la subsidiariedad, por lo que en el caso presente es justificable también prescindir o excusar el cumplimiento del otro requisito cual es el de la inmediatez, ello debido a que la recurrente invocó en su momento su estado de gravidez, que no se quiso considerar en el proceso administrativo, además porque la protección que se le brindará, al igual que en el precedente jurisprudencial citado, será circunstancial, o sea hasta que su hijo cumpla el primer año de edad, sin que pueda prolongarse más allá, plazo hasta el cual deberá diferirse la ejecución de lo dispuesto en el proceso disciplinario, cuyas resoluciones efectivamente tienen valor de cosa juzgada. Sin embargo, conviene recordar que este Tribunal ha sentado jurisprudencia en el sentido de que cuando una resolución ilegal y arbitraria afecta al contenido esencial de un derecho fundamental, no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta cosa juzgada, en cuyo caso se abre inexcusablemente el ámbito de protección del amparo constitucional (SC 111/1999-R, de 6 se septiembre). 4 Respecto a la condiciones de la flexibilización de la inmediatez, la SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, expreso: “De esta forma, si bien es cierto que la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, establecen el plazo de caducidad de De la jurisprudencia descrita, es posible concluir en que, la acción de amparo constitucional debe ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la lesión alegada o desde la notificación con la última decisión administrativa o judicial; empero, esta regla tiene su flexibilización tal como lo precisó la indicada jurisprudencia constitucional; en tal antecedente, corresponderá flexibilizar el plazo de los seis meses para interponer el amparo constitucional cuando:
Se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente, no obstante que los reclamos fueron permanentes; este razonamiento conlleva a que, procede la flexibilización al excederse en algunos días y la lesión denunciada es evidente debido a los reclamos reiterados (elementos que deben presentarse de forma concurrente); al respecto, la SC 0762 /2003-R de 6 de junio que generó dicha reflexión constitucional, en su análisis aplico esta flexibilización tras evidenciar que transcurrió seis meses y trece días desde el último reclamo hasta la presentación del amparo constitucional. Cuando en su momento se invocó un estado de gravidez que no hubiera sido considerado en el proceso; así lo resolvió la SC 389/2004-R de 17 de marzo, cuando se planteó el amparo constitucional después de ocho meses de haberse procedido a la destitución laboral.
Reflexión, que conlleva a comprender la posibilidad de flexibilizar la inmediatez en amparo constitucional cuando se trate de derechos laborales, criterio que encuentra correspondencia en el art. 48.IV de la CPE, que prevé: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles“ (el resaltado es añadido).
Finalmente, la SC 1944 de 4 de noviembre, flexibilizó el principio de inmediatez atendiendo el carácter imprescriptible del derecho a la jubilación considerando que persistía la lesión con el tiempo y el mismo era actual.
Bajo ese marco jurisprudencial, tanto el Juez o Tribunal de garantías, como el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, deben realizar un análisis prolijo en cada caso particular verificando todos los elementos necesarios, toda vez que, si bien es cierto que el acceso a la justicia es un derecho constitucional; empero, bajo esa prerrogativa no es posible convalidar el desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos, quienes tardíamente pretenden ser atendidos, comprendiendo erradamente que los jueces y tribunales estarían a su merced de forma indefinida, generando con ello un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica. Consecuentemente, la instancia constitucional, tiene la posibilidad de flexibilizar el principio de inmediatez no en todos los casos, sino en aquellos supuestos que sean análogos a los identificados por la jurisprudencia constitucional.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a una vida libre de violencia, a la dignidad y a la seguridad jurídica; toda vez que, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades: a) Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción de Chimoré del departamento de Cochabamba, dentro el proceso de divorcio, emitió Decreto de 28 de enero de 2020; por el cual, impuso una medida cautelar en su contra, referida a la prohibición de acercarse al demandado Víctor Cadima Castro y su hija menor AA, sea a su domicilio, lugar de trabajo o unidad educativa de la menor; y, b) Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinaota del departamento de Cochabamba, por Decreto de 15 de diciembre de 2021, no emitió en su favor la aplicación de las medidas de protección peticionadas en relación a la restitución a su domicilio. De los antecedentes que cursan en el expediente traída en revisión, se tiene que el 24 de enero de 2020, dentro el proceso de divorcio, Víctor Cadima Castro solicitó al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción de Chimoré del departamento de Cochabamba, restrinja a la ahora accionante el acercamiento a su domicilio, fuente laboral y unidad educativa de su hija AA, petición que fue acogido por la autoridad judicial demandada, quien por medio de Decreto de 28 del mismo mes y año en aplicación del art. 281 y siguientes de la Ley 603, impuso con la finalidad de precautelar la integridad de las partes las medidas cautelares solicitadas; ante dicho aspecto, por memorial de 4 de febrero de 2020, la impetrante de tutela solicitó al Juez de la causa efectúe el levantamiento de dicha medida cautelar, la cual fue respondido por Decreto de 5 del mismo mes y año, disponiendo la notificación del equipo multidisciplinario para que efectúe el informe bio-psicosocial tanto de las partes como de su hija menor; por lo que, el 18 de noviembre de 2020 se labró el Acta de Entrevista y Escucha de Opinión de su hija menor AA, en la que indicó que le gusta estar con su padre y no con su madre -accionante-, queriendo vivir solamente con su padre y pasar unas horas a la semana con su madre, es así, que la peticionante de tutela por memorial de 9 de abril de 2021, volvió a solicitar al Juez demandado se levante la medida cautelar y la restitución de su hija al seno materno, la cual se ordenó el ingreso de los antecedentes al despacho para que se dicte la resolución respectiva por Decreto de igual fecha; ante lo cual, a través de escrito de 31 de mayo de igual año, la impetrante de tutela interpuso incidente de nulidad de obrado y regularización de procedimiento, peticionando la nulidad del Decreto de 9 de abril y Resolución de 28 de mayo ambos de predicho año, incidente rechazado por haberse presentado fuera de plazo por medio del Auto de 1 de junio de similar año, volviendo a solicitar el 31 de marzo de 2022 la modificación de las medidas cautelares restrictivas, la cual fue rechazada por Auto de 1 de abril de igual año (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7 y II.8). Así también, se tiene que dentro el proceso penal seguido contra Víctor Cadima Castro, la impetrante de tutela por memorial de 10 de diciembre de 2021, solicitó a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinaota del departamento de Cochabamba, la aplicación de la medida de protección en su favor de restitución a su domicilio del cual fuera desalojada, por lo que, la referida autoridad jurisdiccional por Decreto de 15 del mismo mes y año, indicó que previo a la aplicación de dicha medida de protección y con la finalidad de no incurrir en emitir resoluciones contradictorias adjunte todos los antecedentes del proceso de divorcio al existir el Auto de 28 de mayo de igual año de suspensión del derecho de visitas; por lo cual, la peticionante de tutela interpuso el Recurso de Reposición el 29 de similar mes y año, la cual fue rechazada y confirmado el decreto recurrido mediante Auto de 5 de enero de 2022 (Conclusiones II.9, II.10 y II.11). En ese orden de ideas, contextualizada la problemática, corresponde a este Tribunal analizar y verificar si las denuncias realizadas por parte de la impetrante de tutela, son evidentes o no, con el fin de otorgar resguardo a sus derechos fundamentales, denuncias y problemáticas que serán analizadas de la siguiente manera: Respecto al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción de Chimoré del departamento de Cochabamba
La accionante denuncia, que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción de Chimoré del departamento de Cochabamba, sin ningún tipo de fundamentación fáctica y jurídica, motivación y de forma incongruente, además sin haber valorado todas las pruebas, emitió el Decreto de 28 de enero de 2020; por el cual, impuso una medida cautelar en su contra, referido a la prohibición de acercarse al demandado Víctor Cadima Castro y su hija menor AA, sea a su domicilio, lugar de trabajo o unidad educativa de la menor, determinación que le causa agravios a sus derechos y garantías constitucionales.
En ese contexto, y previo a poder ingresar al análisis del problema planteado, en acciones de amparo constitucional es necesario por parte de los Jueces, Tribunales y Salas Constitucionales de garantías y de igual forma de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se analice el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad con los que se encuentra revestido esta acción de defensa; es decir, el cumplimiento de los principios de inmediatez, traduciéndose la misma en el plazo en la cual debe presentarse la acción de amparo constitucional que es en el tiempo de seis meses computables a partir de la última notificación con la determinación judicial o administrativa, o de conocer el último hecho de acción u omisión vulnerador de derechos; y, el de subsidiariedad, entendido como, el agotamiento de todos los recursos infra constitucionales sea judicial -reposición, apelación, casación, compulsa, revisión extraordinaria de sentencia- o administrativo -revocatoria, jerárquica y contencioso administrativa-. En ese orden, conforme se desprende del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene respecto al principio de inmediatez de la acción de amparo constitucional y su flexibilización excepcional que:
“…la acción de amparo constitucional debe ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la lesión alegada o desde la notificación con la última decisión administrativa o judicial; empero, esta regla tiene su flexibilización tal como lo precisó la indicada jurisprudencia constitucional; en tal antencedente, corresponderá flexibilizar el plazo de los seis meses para interponer el amparo constitucional cuando: Se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente, no obstante que los reclamos fueron permanentes; este razonamiento conlleva a que, procede la flexibilización al excederse en algunos días y la lesión denunciada es evidente debido a los reclamos reiterados (elementos que deben presentarse de forma concurrente… Cuando en su momento se invocó un estado de gravidez que no hubiera sido considerado en el proceso; así lo resolvió la SC 389/2004-R de 17 de marzo, cuando se planteó el amparo constitucional después de 8 meses de haberse procedido a la destitución laboral.
Reflexión, que conlleva a comprender la posibilidad de flexibilizar la inmediatez en amparo constitucional cuando se trate de derechos laborales, criterio que encuentra correspondencia en el art. 48.IV de la CPE, al prevér que: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles“ (el resaltado es añadido).
Finalmente, la SC 1944 de 4 de noviembre, flexibilizó el principio de inmediatez atendiendo el carácter imprescriptible del derecho a la jubilación considerando que persistía la lesión con el tiempo y el mismo era actual” (las negrillas son agregadas). Ahora bien, precisado las aclaraciones previas, es pertinente hacer un análisis respecto al cumplimiento del principio de inmediatez por parte de la impetrante de tutela a momento de presentar la presente acción de defensa; es decir, que lo haya presentado en el plazo máximo de seis meses o que concurra alguna de las flexibilizaciones de la inmediatez, so pena de incumplir dicho requisito declarar la improcedencia del mismo y por consiguiente no ingresar al análisis de fondo de la problemática. En ese orden, se tiene que la acción de amparo constitucional, fue presentada el 23 de junio de 2022, debiendo tomarse dicha fecha a efectos del cómputo de los seis meses para la presentación de la acción tutelar; ahora bien, la impetrante de tutela denuncia como hecho vulnerador de sus derechos y garantías constitucionales el Decreto de 28 de enero de 2020 pronunciado por el Juez ahora demandado; por la que, se dispuso la la prohibición de acercarse al demandado Víctor Cadima Castro y su hija menor AA, sea a su domicilio, lugar de trabajo o unidad educativa de la menor, y al ser dicha determinación la considerada como vulneradora de derechos por parte de la peticionante de tutela, se tiene que la acción de defensa fue presentada luego de dos años, cuatro meses y veintiséis días a la fecha de presentación de la acción tutelar, sobrepasando de forma superabundante el plazo de los seis meses normados para la presentación de la acción de amparo constitucional, además que tampoco se acomoda su solicitud a alguno de los presupuestos de flexibilización del principio de inmediatez inserto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, operando la improcedencia, y por lo mismo la imposibilidad que esta jurisdicción constitucional pueda ingresar al fondo de la problemática, correspondiendo denegar la tutela solicitada, por su improcedencia, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática. Sobre la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinaota del departamento de Cochabamba La accionante denuncia, que la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Shinaota del departamento de Cochabamba, sin ningún tipo de fundamentación fáctica y jurídica, motivación y de forma incongruente, además sin haber valorado todas las pruebas, emitió el Decreto de 15 de diciembre de 2021; por el cual, no pronunció en su favor la aplicación de las medidas de protección peticionadas en relación a la restitución a su domicilio, determinación que le causa agravios a sus derechos y garantías constitucionales. Ahora bien, es cierto, que la accionante, denuncia que el predicho Decreto vulneró sus derechos al no emitir en su favor la medida de protección solicitada; sin embargo, si bien, en el memorial de acción de amparo constitucional se encuentra como demandada la Jueza contralora de garantías; empero, en su petitorio no solicitó de forma expresa dejar sin efecto el referido Decreto de 15 de diciembre de 2021, siendo inviable que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda realizar el correspondiente análisis, cuando la misma si bien fue denunciado; sin embargo, no se tiene una petición material y efectiva contra el mismo; por lo que, corresponde denegar la tutela, con la aclaración de que no se ingresó al examen de fondo.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 13 de julio de 2022, cursante de fs. 346 a 347 vta., pronunciado por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada en base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 El entendimiento expresado en la citada jurisprudencia, fue ratificado en la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto.
2 La SCP 0605/2016-S2 de 30 de mayo, citado por la SC 0521/2010-R de 5 de julio, señaló que: “… por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”.
seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, el carácter imprescriptible del derecho a la jubilación y la situación particular en la que se encuentran sus beneficiarios, siendo un sector de vulnerabilidad que debe ser protegido de manera primordial por el Estado; deriva que en estos casos, deba hacerse una diferenciación particular, haciendo abstracción del principio de inmediatez a condición que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual. En ese sentido, deben presentarse ambas condiciones al efecto, debiendo el juez o tribunal de garantías, y en revisión el Tribunal Constitucional Plurinacional, realizar un análisis en cada caso en particular, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción; si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos; o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado” ( las negrillas son ilustrativas).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1049_2023-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): bfd7aa60c69220bd4995713eee1c1c613dbcb02f462a82272878480afdc9717e
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →