Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 8 de julio de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 058/2025 de 10 de marzo, cursante de fs. 176 a 187, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a Leonardo García Álvarez, ex Presidente; y, Leydi Laura Carreño Paredes, ex Vicepresidenta, ambos de la Junta Escolar de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, por la vulneración de los derechos a la educación, a la libertad y a no sufrir discriminación; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación a la Directora de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional;
a) Dejar sin efecto la Resolución Administrativa Departamental 358/2025 de 6 de marzo, dejando vigente e incólume la inscripción de la menor de edad AA, de diecisiete años, en la Unidad Educativa Mariscal Sucre, en el curso 6º “C” del nivel Secundario, dejándose sin efecto y valor legal alguno, la citada Resolución Administrativa. 3° Ordenar a la Directora de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, garantice la normal asistencia a clases de la menor de edad AA, y el uso de todos los ambientes del establecimiento educativo; especialmente, el acceso al servicio sanitario en las mismas condiciones del personal docente y administrativo femenino, en tanto, se mantengan las condiciones de refacción de las dos baterías de baños con las que cuenta la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria y a la nueva Directiva de la Junta Escolar, representada por “Martha Choque” y Julio César Mallcu Torrez, Presidenta y Vicepresidente, junto a las madres y padres de familia de los alumnos de la mencionada Unidad Educativa, cesar en sus medidas de presión, incluida la huelga de hambre que según medios de prensa realiza “Martha Choque”, reclamando el derecho de que el establecimiento educativo reciba únicamente alumnos del sexo masculino; puesto que, como se desarrolló en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ello no es constitucional ni legalmente posible. Al efecto, se encomienda a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, notificar a “Martha Choque” y Julio César Mallcu Torrez, como representantes de la Junta Escolar de esa Unidad Educativa y al Director Departamental de Educación del citado departamento, con el presente fallo constitucional.
Promover Cursos de Sensibilización de Análisis e Información sobre los Derechos de Niñas y Mujeres a la Educación por un año, como medida preventiva para futuros casos, con la participación de padres de familia, personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Mariscal Sucre. 4° Encomendar a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, notifique a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Oruro/Dirección de Igualdad de Oportunidades, efectuar una entrevista con la menor de edad AA, para verificar su estado emocional; puesto que, en apariencia, lo dispuesto por la jurisdicción constitucional no está siendo cumplida estrictamente y notificar al Comando Departamental de Oruro de la Policía Boliviana, para que verifique e informe respecto a la existencia de alguna medida de hecho que se estuviera cumpliendo para impedir el normal desarrollo de las actividades escolares de la mencionada menor.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1048/2026-S1 Sucre, 8 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 71838-2025-144-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 058/2025 de 10 de marzo, cursante de fs. 176 a 187, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por NN en representación de su hija menor de edad AA contra Martha Callejas Astete, Directora de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria; Leonardo García Álvarez, ex Presidente; y, Leydi Laura Carreño Paredes, ex Vicepresidenta, ambos de la Junta Escolar de la misma Unidad Educativa.
La parte accionante, por memorial presentado el 27 de febrero de 2025, cursante de fs. 6 a 10 vta., manifestó lo siguiente:
La Directora ahora accionada, negó la inscripción de su hija menor de edad AA, para la gestión 2025, sin brindar motivo razonable de tal negativa; circunstancia por la cual, acudió a la Dirección Departamental de Educación de Oruro; instancia que, emitió la Resolución Administrativa Departamental I-251 de 14 de febrero, ordenando se proceda a la inscripción de la mencionada menor a sexto de secundaria, determinación que fue incumplida, porque contrariamente, los entonces Presidente y Vicepresidenta hoy accionados, orquestaron la negativa con argumentos discriminatorios respecto a que su hija “que es mujer”, podría influir negativamente en la Junta Escolar de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, cuando esa no era una razón suficiente para impedir el acceso de su hija menor a la educación. Asimismo, el entonces Presidente ahora coaccionado, envió mensajes contra su persona y de la menor de edad AA vía WhatsApp, convocando a los padres de familia a constituirse en la Unidad Educativa Mariscal Sucre para impedir el ingreso de las nombradas. Ahora bien, el 20 de febrero de 2025, en ocasión de que su hija ingresaba al referido Colegio conjuntamente la Defensoría del Pueblo, los padres de familia reunidos bajo las instrucciones de los entonces Presidente y Vicepresidenta hoy coaccionados, procedieron a retirarla mediante gritos y empujones refiriéndole que su hija no debería estar allí por ser colegio de varones; hechos que grabó y al constatar aquello, le fue arrebatado el celular a la citada menor, razones suficientes que motivaron la presentación de esta acción de defensa, para lograr el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados de su hija menor de edad AA. correspondiendo la abstracción del principio de subsidiariedad, por pertenecer a un grupo vulnerable. El art. 2.V de la Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” -Ley 070 de 20 de diciembre de 2010- vinculado con el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE), el “bloque de constitucionalidad” y el art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), reconoce el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y en el mismo sentido, el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), respetan y reconocen el derecho preferente de los padres de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y escoger la unidad educativa, con el fin de materializar el derecho a la educación de sus hijas e hijos, teniendo la libertad de escoger una institución distinta a las establecidas por las autoridades públicas; en ese sentido, el derecho a la educación no puede ser interrumpido por las arbitrariedades de los entonces Presidente y Vicepresidenta hoy accionadas, que no permite ejercer el derecho a la educación en igualdad de oportunidades; ya que, se priva a su hija del acceso a la Unidad Educativa Mariscal Sucre, simplemente por ser mujer, fomentando de esta manera una sociedad injusta que la retrotrae a un estado arcaico y sin considerar que los derechos son progresivos.
La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos, a la educación, a la libertad y a no sufrir discriminación; citando al efecto los arts. 17, 23 y 77 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Proceder a la inmediata inscripción de su hija menor de edad AA en la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria y se ordene a la Directora hoy accionada, adoptar las medidas educativas y psicopedagógicas para reponer las horas educativas perjudicadas; y, b) Prohibir a los miembros de la Junta Escolar de la citada Unidad Educativa, interrumpir, restringir o realizar cualquier acto en contra del derecho a la educación, en todos sus elementos.
Celebrada la audiencia pública el 10 de marzo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 151 a 175, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo; manifestó que: 1) Su hija menor de edad AA cursó hasta el cuarto grado de secundaria en la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, habiéndose trasladado a la ciudad de Cochabamba, por cambio de residencia; y al retornar nuevamente a Oruro, solicitó su inscripción en la misma Unidad Educativa, lo que desvirtúa que no exista infraestructura y que la menor no hubiese convivido en la misma; puesto que, la negativa a su ingreso emerge de los miembros de la Junta Escolar ahora accionados, quienes -reiteró-, fueron los que convocaron a reuniones tanto a padres de familia como a los alumnos del establecimiento educativo; y, 2) Quienes ocasionaron las ideas retrógradas que no condicen con la Constitución Política del Estado, fue la Directora hoy accionada de la referida Unidad Educativa, además de desconocer que los centros educativos deben ser mixtos; por lo que, la simple voluntad de los ahora coaccionados, no puede sobreponerse a la Norma Suprema.
Martha Callejas Astete, Directora de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, a través de su abogado en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, alegando que: i) El Ministerio de Educación anualmente emite diferentes instructivos y resoluciones ministeriales estableciendo el cronograma de inscripciones que debe aplicarse en todo el territorio nacional, y para la gestión 2025, la “Resolución Ministerial 0001/2025”, que aprobó las Normas Generales para la citada Gestión Educativa del Subsistema de Educación Escolar, estableció el plazo para las inscripciones escolares del 20 al 24 de enero del citado año, en las unidades educativas; sin embargo, la parte accionante se constituyó en la citada Unidad Educativa fuera del plazo establecido para la inscripción, habiéndole explicado que precluyó el periodo de inscripciones, y aclarándole que no se negó el ingreso de la menor de edad AA por razón de sexo, edad, color y/u otra razón; ii) La parte accionante retornó a la referida Unidad Educativa, con la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, en cuyo cumplimiento se inscribió extraordinariamente a la referida menor, conforme lo dispuesto por el Director Distrital de Educación de Oruro, habiendo al efecto el 19 de igual mes y año, impreso el formulario de inscripción de estudiantes extemporáneos, aspecto que se hizo conocer el 24 del mismo mes y año, a la Dirección Departamental de Educación del citado departamento, para la habilitación del sistema de inscripción; es decir, que al momento de la interposición de esta acción de defensa ya se había procedido a la inscripción de la estudiante AA, probando con ello que su persona no coartó, amenazó ni vulneró el derecho a la educación denunciado; y, iii) Contestando a las interrogantes de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por qué la negativa de la inscripción de la citada menor, explicó que los padres de familia le transmitieron su molestia al conocer inicialmente que la madre de la menor de edad AA, tuvo denuncias de malos manejos y otros antecedentes, como de la “Resolución de 2020 de la DNA”, en la que recomendó se autorice el cambio de colegio de la nombrada, porque tuvo roces con algunos compañeros, de cuyo resultado tres fueron expulsados, considerando que ello se debió a la falta de condiciones de infraestructura de la referida Unidad Educativa siendo la preocupación ese aspecto de los padres de familia, lo que ocasionaría mala interpretación con la estudiante, siendo esa la susceptibilidad de los progenitores, quienes no se oponen al tema del sexo, sino a la infraestructura. Leonardo García Álvarez, entonces Presidente y Leydi Laura Carreño Paredes, entonces Vicepresidenta, ambos de la Junta Escolar de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, en audiencia, manifestaron que: a) Se deniegue la tutela solicitada; puesto que, ya no son miembros de la Junta Escolar; sin embargo, ante la denuncia de que supuestamente tomaron medidas de hecho para impedir el ingreso a la citada Unidad Educativa a la parte accionante, habiendo para ello, convocado a los padres de familia, cabe señalar que se distorsionó la génesis del conflicto, que surgió porque la madre de la menor de edad AA realizó mal manejo de unos dineros; razón por la que, se auto convocaron y reunieron los padres de familia para poner el hecho en conocimiento de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, mediante tres notas y de ninguna manera con el fin de impedir el ingreso de la referida menor al establecimiento; b) Se convocó a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), para que intervengan en el conflicto, elaborándose los informes respectivos, en los que se recomendó a la progenitora de la menor de edad AA la transfiera a otra unidad educativa, al no contar la mencionada Unidad Educativa con la infraestructura adecuada para que ingrese entre quinientos alumnos varones; por cuanto, ni las profesoras cuentan con baños a los que acuden fuera del citado establecimiento educativo; c) Asumieron conocimiento de la emisión de la Resolución Administrativa Departamental 358/2025 de 6 de marzo; por la cual, la Dirección Departamental de Educación del citado departamento, dejó sin efecto a su similar que autorizó la inscripción de la referida menor a la referida Unidad Educativa, autorizando su transferencia a otra Unidad Educativa, considerando que la decisión adoptada se debió a la falta de condiciones, como por el interés superior de la estudiante; d) En respuesta a la pregunta de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, al entonces Presidente ahora coaccionado; manifestó que, la madre de la estudiante, es conflictiva, razón por la que, los padres de familia se oponen que se la inscriba en el mencionado Colegio, porque por alguna situación, presenta demandas, existiendo conflictos con la estudiante cuando estuvo en la referida Unidad Educativa de manera presencial el 2019, virtual en 2020 y semipresencial 2021, hasta que el 2022 se retiró de dicho Colegio; y, e) Por su parte, la entonces Vicepresidenta ahora coaccionada, absolviendo la consulta de la referida Sala Constitucional expresó que el 2020, la “D.I.O” -Dirección de Igualdad de Oportunidades-. recomendó el cambio de Unidad Educativa de la señalada menor de edad, porque cuatro estudiantes fueron expulsados por conflictos que se suscitaron, permaneciendo en la mencionada Unidad Educativa la estudiante, quien pasó clases virtuales por la pandemia, luego semipresencial y finalmente presencial hasta que se retiró del colegio el 2022; no siendo evidente, que fue objeto de bullying, sin tener en ese tiempo mucho contacto con los demás alumnos.
Germán Cardozo Olguín, Director Departamental de Educación de Oruro, por memorial presentado el 10 de marzo de 2025, cursante de fs. 37 a 40 vta., manifestó que: 1) En atención a la solicitud de la parte accionante, el 14 de febrero de igual año, pronunció la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, autorizando la inscripción excepcional de la estudiante menor de edad AA, al sexto grado de educación secundaria comunitaria productiva dentro de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria de la ciudad de Oruro; 2) Como resultado de esa autorización, surgieron cuestionamientos, observaciones y solicitudes de la comunidad educativa que consideraron inadecuado el ingreso de la estudiante a un colegio compuesto íntegramente por quinientos estudiantes varones, básicamente por los presuntos peligros a los que estaría expuesta la menor de edad AA, así también por temas vinculados a abusos y agresiones de carácter sexual, como a la carencia de infraestructura sanitaria y de vestidores adecuados para su comodidad y seguridad; y, 3) Transcurrido el tiempo, el conflicto fue creciendo, esencialmente por la posición que asumió la madre de la mencionada menor, quien a sabiendas del rechazo de la comunidad educativa, persistió en su propósito de mantenerla en la citada Unidad Educativa; por esa circunstancia, y velando por su interés superior, tuvieron que intervenir instituciones que resguardan derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes, como la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, que llegó a las siguientes conclusiones: i) Los padres de familia están preocupados por la presencia de la referida menor de edad y temen que por cualquier malentendido o conflicto sus hijos salgan perjudicados; además, tampoco existe infraestructura adecuada para ella, tanto en las aulas como en los baños porque la unidad educativa está en construcción; ii) Los profesores por la emergencia, comparten baños con los estudiantes y las profesoras salen del establecimiento a baños en el exterior, también se estableció que por esos actos de violencia se estaría generando un estado de aflicción e inestabilidad emocional en los estudiantes del plantel educativo; iii) La DIO, respaldándose en las disposiciones legales contenidas en los arts. 60 de la CPE, 12 del Código Niña, Niño y adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; y, 1 y 2 de la Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, bajo el precepto constitucional del vivir bien y velando por el interés superior de la referida menor, concluyó que por la carencia de infraestructura adecuada; por el conflicto social entre la citada menor y los estudiantes de sexo masculino que repercute en sus progenitores y que resulta en actos de violencia, recomienda a la progenitora tomar en cuenta esos antecedentes; a la Unidad Educativa mejorar su infraestructura; a la Dirección Distrital de Educación del citado departamento, considerar el análisis de la Resolución 001/2025 y una valoración psicológica a los estudiantes; iv) Por otra parte, el Informe Social evacuado por la DIO, advierte las mismas falencias y peligros, haciendo énfasis en que la estudiante ya habría tenido inconvenientes con sus compañeros en años pasados y ante la eventualidad de que los mismos se reactiven con consecuencias mucho más graves, recomendó a la progenitora que velando por el bien de su hija, la cambie a una unidad educativa cercana a su domicilio; v) Corresponde informar que la estudiante AA, anteriormente fue estudiante de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria y por esas y otras causas, mediante Resolución Administrativa 001/2020 de 5 de marzo, emitida por la DIO del Gobierno Autónomo Municipal del mencionado departamento, se autorizó su transferencia a otra unidad educativa mixta cercana a su domicilio; vi) La Dirección de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, informó sobre la gravedad de los conflictos suscitados como emergencia de la inscripción de la estudiante AA, puntualizando que existe un total rechazo de los padres, estudiantes y comunidad a su ingreso, generándose en caso de confirmarse la inscripción, una espiral de violencia permanente en contra de la estudiante, además de la falta de infraestructura; vii) La Unidad de Infraestructura del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, presentó un informe con placas fotográficas, que muestra el actual estado de los sanitarios en construcción, así como otras obras civiles, que permite objetivamente establecer que las condiciones físicas del establecimiento educativo no son las más adecuadas; viii) El 26 de febrero de 2025, la Junta de Padres de Familia de la citada Unidad Educativa, hizo llegar un pronunciamiento solicitando que se solucione el conflicto suscitado como resultado de la inscripción de la estudiante; y, ix) La Dirección Departamental de Educación del referido departamento, en ningún momento privó del derecho al estudio a la estudiante AA, en esa dimensión, es también su obligación, velar porque el proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolle en un espacio y ambiente de calidad, calidez, seguridad física e intelectual; en ese antecedente, velando por el interés de la estudiante, el 6 de marzo del mismo año, se emitió la Resolución Administrativa Departamental 358/2025, dejando sin efecto la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, que prioriza el bienestar intelectual y psicológico de la estudiante y dispone su traslado o inscripción inmediata en otra Unidad Educativa. Juan Carlomagno Arroyo Martínez, Delegado Defensorial Departamental de Oruro, mediante informe NE: DP/DDOR/035/2025 de 6 de marzo, cursante a fs. 27 y vta., y en audiencia, manifestó que: a) El 18 de febrero de 2025, se registró el caso DP/SSP/4128/2025, por el que la parte accionante solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para que su hija acceda a su derecho a la educación, luego de solicitar su inscripción excepcional y obtener la autorización dispuesta en la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025; sin embargo, señaló que la Directora ahora accionada, le dio largas y a la fecha de presentación de su solicitud, desconoce si se cumplió lo ordenado; por lo que, la menor de edad AA no pasa clases, igualmente refirió que existiría una oposición de los padres de familia, para que ingrese al establecimiento; b) Se efectuó el acompañamiento al padre de familia y a la referida menor, de manera que el 20 de febrero de 2025, a las 14:30 horas, se constituyeron en la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria y al pretender ingresar, se presentaron madres de familia que se pusieron en fila y no permitieron el ingreso de la estudiante señalando que es un establecimiento de varones y que no podía ingresar por ser mujer, añadiendo que la madre de la citada menor tiene deudas pendientes. Al indicarles que cuenta con toda la documentación para consolidar su inscripción, fueron empujados a la salida de la citada Unidad Educativa y luego cerraron las puertas impidiendo el ingreso de las personas, con excepción de los estudiantes varones que iban llegando al plantel educativo; motivo por el cual, la menor de edad y su padre, se retiraron, quedando únicamente el personal de la Defensoría del Pueblo, para pedir una reunión con la Junta de Padres de Familia, Dirección Departamental de Educación de Oruro y la DIO del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; y, c) Como Defensoría del Pueblo inició una investigación que seguramente va a determinar las responsabilidades que correspondan al sistema educativo y a los particulares que impiden que setecientos cincuenta y un estudiantes pasen clases de manera normal por la decisión de algunas personas. Boris Delgado Gutiérrez, Director de la DIO del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en audiencia, manifestó que: 1) Como Defensoría de la Niñez y Adolescencia, nunca recibieron una denuncia de la parte accionante o de sus abogados pidiendo su intervención, y únicamente ante la convocatoria del Delegado de la Defensoría del Pueblo, tomaron conocimiento de la existencia de un conflicto en la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, y en ese contexto, fueron consultados, desconociendo que la estudiante estaba inscrita, y enviaron especialmente a Trabajo Social para que efectúe las averiguaciones correspondientes y si existen condiciones para que realice las averiguaciones respectivas; 2) Cuestionó la competencia de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, para otorgar ese tipo de resoluciones porque rompió el conducto regular; ya que, inclusive, la Dirección Distrital de Educación del citado departamento, desconoce la solicitud de inscripción; puesto que, se saltó directamente a la citada Dirección Departamental de Educación; y, 3) En la última parte del informe social se recomienda claramente a la Directora hoy accionada realizar las gestiones necesarias para permitir el acceso a las estudiantes de sexo femenino y que no exista ningún percance en el momento de la inscripción; puesto que, el derecho a la educación está garantizado en la Constitución Política del Estado; sin embargo, deben existir condiciones, en este caso incluso el personal docente de sexo femenino debe acudir a un baño público fuera del establecimiento, habiendo tomado conocimiento la Dirección de Infraestructura del Gobierno Autónomo Municipal del referido departamento, recientemente ingresó a restaurar los baños; es decir, que no existe una infraestructura adecuada para el plantel femenino; razón por la cual, se sugirió a la madre que vea la conveniencia de cambiar a su hija a otra unidad educativa; sin que con ello, se advierta la vulneración a su derecho a la educación.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 058/2025 de 10 de marzo, cursante de fs. 176 a 187, concedió la tutela solicitada, disponiendo: i) Dejar vigente e incólume la inscripción de la menor de edad AA en la Unidad Educativa Mariscal Sucre, Sexto “C”; y en consecuencia, dejó sin efecto la Resolución Administrativa Departamental 358/2025 de 6 de marzo; ii) El cese de toda medida de hecho, amedrentamiento, discriminación y cualquier tipo de violencia ya sea física, psicológica o de cualquier índole en contra de AA y su entorno familiar; iii) Ordenó que la nueva directiva conjuntamente los padres de familia, cesen las medidas de presión, hostigamiento y de obstaculización del orden legal y constitucional; iv) La notificación al Comando Departamental del citado departamento de la Policía Boliviana para que despliegue funcionarios policiales en caso de que exista alguna resistencia u oposición de personas que pretendan desacatar lo determinado; v) Quienes incumplan la determinación, serán pasibles a multas progresivas a favor del Estado e inclusive ser remitidas al Ministerio Público por incumplimiento de Resoluciones Constitucionales; y, vi) Ordenó a la Dirección Departamental de Educación de Oruro, viabilizar de manera inmediata el traslado o cualquier solicitud formulada por los padres de la menor de edad AA, si acaso decidieran cambiarla de establecimiento educativo; decisión asumida con los siguientes fundamentos: a) La “SCP 0141/2022-S2”, refiere que el art. 112 del CNNA, reconoce el derecho a la educación que permita el desarrollo integral como preparación para el ejercicio de la ciudadanía y los cualifique para el trabajo, fallo constitucional que establece que debe existir igualdad de condiciones no solamente para ingresar a un establecimiento sino para permanecer en él, de manera que las personas de sexo masculino y femenino o una persona con discapacidad tienen igualdad de condiciones para ingresar en un establecimiento sea cual sea, porque la educación es un derecho universal y está plenamente protegido por la Constitución Política del Estado; b) Conforme a la documentación que se ha presentado, se denunció a la Directora ahora accionada porque no habría dado cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección Departamental de Educación de Oruro, lo que no es evidente porque el 24 de febrero de 2025, remitió un formulario de solicitud de inscripción de estudiantes extemporáneos y a la fecha, se encuentra legalmente inscrita, resultando que la acción de amparo constitucional fue presentada el 27 del mismo mes y año, tres días después de la remisión del formulario de inscripción de estudiantes extemporáneos; por lo que, no se advirtió ninguna vulneración a derechos y garantías constitucionales que hubiese ejercido contra la parte accionante; c) Respecto a los ahora coaccionados se debe establecer la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, que autorizó a la citada Unidad Educativa la inscripción de la menor de edad AA, que debe ser cumplida; sin embargo, la oposición de los padres de familia no le permiten el ingreso a la menor por ser mujer; lo que, constituye una vulneración del derecho a la educación por género, lo que también es un mal ejemplo para sus hijos; razón por la cual, la reticencia en su cumplimiento porque se trata de una mujer no tiene justificación, extrañando el informe de la DIO, de que no existirían las condiciones para que la estudiante pase clases, fundamentos que carecen de solidez porque no pueden impedir que reciba educación; y, d) Se afirmó también que no existirían garantías para que la estudiante pase clases, en contra de todo lo determinado por la Ley de la Educación, que prescribe el vivir bien y en armonía, prejuzgando un actuar de los estudiantes porque no se puede determinar que los niños y adolescentes van a actuar de forma violenta en contra de una niña, lo cual no puede ser un fundamento para negar el acceso a la educación. En vía de aclaración, complementación y enmienda, la abogada de los ahora coaccionados, solicitó a la Sala Constitucional complemente respecto a que conforme a la fundamentación fáctica - jurídica de la Resolución 058/2025, se indicó que la Directora ahora accionada, no vulneró ningún derecho y garantía en su condición de Directora de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria; sin embargo, en la parte resolutiva se englobó a los nombrados; solicitando por ello, se individualice y se especifique la procedencia con relación a los tres accionados, en vista que no se advirtió ninguna vulneración referente a la referida Directora. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, señaló que siendo razonable y viable lo referido por la defensa de los hoy coaccionados, se enmienda el por tanto de la Resolución 058/2025 concediendo en parte, en este caso, se deniega con relación a la Directora hoy coaccionada en la presente causa.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal establecido. Mediante decreto constitucional de 10 de abril de 2026, cursante a fs. 378, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 7 de julio del citado año, cursante a fs. 382; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución Administrativa Departamental I-251/2025 de 14 de febrero, emitida por el Director Departamental de Educación de Oruro, se autorizó a la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, inscribir excepcionalmente a la menor de edad AA, en el sexto año de educación secundaria comunitaria productiva (fs. 59). II.2. Por informe de 17 de febrero de “2024” -2025-, Martha Callejas Astete, Directora de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria -hoy coaccionada-, hizo conocer al Director Departamental de Educación Oruro, que: 1) Por instrucciones de la Dirección Distrital se realizó el cierre del proceso de inscripción el 13 de igual mes de 2025, y que al siguiente día, se apersonó la madre de la menor de edad AA, y entregó la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025. (fs. 134 a 135); y, 2) La planilla correspondiente al Sistema de Información Educativa, Subsistema de Educación Regular, Estudiantes Inscritos por Curso - Gestión 2025, en el cual da cuenta que la referida menor, se encuentra con Matrícula efectiva, para el turno de la tarde en la citada Unidad Educativa (fs. 57 a 58). II.3. Consta Voto Resolutivo 001/2025 de 15 de febrero, presentado a la Dirección Departamental de Educación de Oruro, suscrito por Leydi Laura Carreño Paredes, entonces Vicepresidenta de la Junta Escolar de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria -ahora coaccionada-, Secretario de “G.E.S.”, Vocal, Secretario de Actas, todos de la Junta Escolar de la mencionada Unidad Educativa y el Presidente de la Asociación de exalumnos de la citada Unidad Educativa, al que adjuntaron una lista de nombres, firmas y cédulas de identidad de padres y madres de familia que concurrieron a la Asamblea General, realizada en la indicada fecha, donde se consideró la inscripción de una menor de edad AA a la mencionada Unidad Educativa ordenada por la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, que no consideró que la Unidad Educativa, se fundó como colegio de varones y que así funcionaba hasta la actualidad con quinientos alumnos de sexo masculino, y si se llegara a inscribir a una mujer, sería la única que sufriría o sería víctima de cualquier índole de agresiones, por eso no se reciben mujeres en el establecimiento para evitar ese tipo de problemas. Con dicho antecedente, se resolvió el rechazo a la citada Resolución que ordena la inscripción, solicitando la intervención de la DNA por la irresponsabilidad materna de NN -ahora accionante-, quien a sabiendas del riesgo que puede sufrir su hija, persiste en su intención de inscribirla en el referido establecimiento educativo. Finalmente, se declaró persona no grata a NN por antecedentes de agresión física y psicológica al plantel administrativo -Portera- y deudas pendientes con la Junta Educativa por no rendir cuentas cuando acabó su gestión (fs. 139). II.4. A través de Informe de 26 de febrero de 2025, dirigido al Director Departamental de Educación de Oruro, la parte accionante puso en su conocimiento que el 25 de igual mes y año, se hicieron presentes personeros de la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de indagar sobre el proceso de inscripción de la menor de edad AA, y cuando se estaba desarrollando la reunión, ingresaron padres de familia de la Junta Escolar y el Presidente de la Junta Escolar del Distrito, quienes conversaron con los representantes de la referida Defensoría, señalando su oposición a la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025 y a pesar de que se les explicó que corresponde su cumplimiento, se mantuvieron firmes en su posición. Luego, pusieron cadenas en la puerta de ingreso del establecimiento, impidiendo la salida de los docentes, estudiantes y a mucha insistencia e intervención del Presidente de la Junta Escolar del Distrito, permitieron que los alumnos retornen a sus domicilios; empero, tomaron como rehenes al personal administrativo y a los dos personeros de la Defensoría del Pueblo. La intervención de la Policía Boliviana fue infructuosa. Finalmente, informó que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, continúa realizando trabajos de mantenimiento de la batería de baños, que solo existe un baño para los estudiantes y que las maestras salen del establecimiento para utilizar el servicio sanitario (fs. 63 a 64). II.5. Mediante memorial el 21 de febrero de 2025, el Fiscal de Materia de Oruro, comunicó al Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del citado departamento, el inicio de investigación a denuncia de NN contra el entonces Presidente de la Junta Escolar de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria -hoy coaccionado- y la entonces Vicepresidenta -ahora coaccionada-, por la presunta comisión del delito de discriminación (fs. 52 a 56). II.6. Por Nota con Cite: GAMO/SMDH/DIO/CENTRAL/41/2025 de 27 de febrero, el Director de la DIO del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, remitió a la Dirección Departamental de Educación de Oruro, el Informe Técnico 002/25 de 27 de febrero de 2025 y el Informe Social de 26 del mismo mes y año, señalando que, la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria contaba con quinientos alumnos varones y una mujer, con pupitres compartidos y no se contaba con un ambiente sanitario; puesto que, solo existe uno con ocho inodoros y urinarios con piletas que son compartidos por los alumnos y los Profesores, mientras que las Profesoras utilizaban un baño en el exterior del establecimiento educativo; además, que actualmente, los baños están en remodelación; sugiriendo a NN madre de la menor de edad AA, tome en cuenta dichos antecedentes a fin de precautelar el bien de su hija y que se efectúe una valoración psicológica a la referida menor, quien se encuentra en una situación vulnerable porque no tiene ninguna noción de peligro; asimismo, extraña que no se haya efectuado una valoración psicológica al alumnado de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria con el propósito de realizar una ponderación de derechos y garantías. Por su parte, el referido Informe Social de la menor de edad AA, recomienda a la madre que tome en cuenta los aspectos de infraestructura del establecimiento educativo, velando por el bienestar de su hija, y que es recomendable el cambio a una unidad educativa más cercana al domicilio de la estudiante que presente condiciones adecuadas de infraestructura. Finalmente señaló que, para el futuro la mencionada Unidad Educativa, debe mejorar sus condiciones en cuanto a baños para las alumnas (fs. 80 a 89). II.7. A través de la Resolución Administrativa 001/2020 de 5 de marzo, la Directora de la DIO del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, autorizó la transferencia de la menor de edad AA, a otra unidad educativa mixta cercana a su domicilio, al no existir condiciones de infraestructura en la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria; y en relación a la valoración psicológica de la misma, refirió ser su decisión permanecer en la citada Unidad Educativa porque se siente muy cómoda en ese ambiente escolar; además, prefiere la compañía masculina; ya que, puede entablar mejor relación con ellos, que tiene el apoyo de su familia, está estable; y aunque siente mucha hostilidad y presión del medio, tiene mecanismos de defensa sanos y adaptados a su realidad para enfrentar las situaciones externas. Asimismo, señaló que se encuentra cómoda en la señalada Unidad Educativa porque conoce a la mayoría de sus compañeros desde el nivel inicial, que no son torpes con ella y siempre se comportan bien. Adiciona, que AA, no tiene noción de peligro porque no tiene miedo a nada y se enfrenta a cualquier situación que se presenta en su camino; sin embargo, el hecho de no reconocer situaciones peligrosas o se enfrente a ellas, aun sabiendo lo que está afrontando, la pone en una posición vulnerable. Concluyó señalando que es recomendable a pesar que la estudiante desea permanecer en la mencionada Unidad Educativa, por ser deber precautelar su bienestar, que no permanezca en un colegio en el que estudian solo varones, y que, es innecesario exponerla a una situación de vulnerabilidad. No obstante, con el fin de dar cumplimiento a la Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” y a la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, la Unidad Educativa Mariscal Sucre, debe prever la presencia de estudiantes mujeres en dicha institución; por lo tanto, debe brindar las condiciones necesarias para que estudiantes de ambos sexos estudien en dicho establecimiento (fs. 67 a 70). II.8. Por Resolución Administrativa Departamental 358/2025 de 6 de marzo, la Dirección Departamental de Educación de Oruro, dejó sin efecto la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, argumentando que por disponer la admisión de la menor de edad AA en la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, se suscitaron una serie de actos y acciones de rechazo, que permitieron establecer que no existen garantías que la expondrían a posibles actos de discriminación, así como a una afectación de su integridad física y psicológica en el proceso de enseñanza y aprendizaje, razones por las que dispuso el traslado o la inscripción inmediata en una unidad educativa pertinente o aquella que escoja la progenitora (fs. 106 a 113). II.9. Mediante Nota con Cite: D.I.E.S.D. OF 055/2025 de 7 de marzo, el Director de Infraestructura Educación, Salud y Deportes del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, remitió al Director Departamental de Educación, informe referido al mantenimiento de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria (fs. 114 a 130).
La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos, a la educación, a la libertad y a no sufrir discriminación; puesto que: i) La Directora hoy accionada, se niega a inscribir a la menor de edad AA en la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria al sexto curso de secundaria, por ser mujer; y, ii) Los directivos de la Junta Escolar, convocando a los padres de familia del estudiantado y ejerciendo vías de hecho, impiden el ingreso de la referida menor al citado establecimiento para integrarse como alumna regular. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Fundamentos de la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia; b) Resumen de presupuestos procesales para acceder a la jurisdicción constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho; c) Las actuaciones o decisiones judiciales o administrativas que vulneran el debido proceso, se asumen como medidas de hecho; d) Marco normativo que garantiza el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes; e) Derecho a la igualdad y no discriminación; f) Sobre la prohibición de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo; y, g) Análisis del caso concreto.
La SCP 0669/2020-S1 de 30 de octubre, con relación al tema establece que: “La concepción del modelo de Estado Constitucional de Derecho, entre otros fines, persigue la convivencia pacífica y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Entre los principios que lo sustentan, se hallan la supremacía constitucional y la subordinación, que suponen la sujeción al orden jurídico que emana de la Constitución Política del Estado y la obligación de las autoridades públicas y particulares, de desarrollar sus actuaciones en el marco y dentro los límites establecidos por el texto constitucional. Consiguientemente, en un Estado Constitucional de Derecho, resulta reprochable jurídicamente, la adopción de las acciones que omiten los cánones institucionales y normativos, así como el respeto por los derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad.
Ahora bien, la justicia constitucional en varias Sentencias relevantes, como en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad”.
La SCP 0956/2025-S1 de 15 de agosto, asumiendo el entendimiento jurisprudencial de la SCP 0669/2020-S1, señala que: “La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: i) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; ii) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; iii) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por lo que, no se aplica el plazo de caducidad de seis meses; y, iv) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”.
De manera general, las vías o medidas de hecho, fueron definidas por la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, que señala que: “…en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas ‘vías de hecho’, a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”. El entendimiento jurisprudencial precedente, deja claramente establecido que cualquier acto ejecutado en prescindencia, omisión y desobediencia absoluta a postulados constitucionales y legales, que ocasione vulneración a derechos fundamentales, se constituye en una medida o vía de hecho; indistintamente se trate de un servidor público o de un particular; puesto que, se comprende que su actuación no encuentra respaldo legal en norma alguna.
El art. 17 de la CPE, señala que: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”. En coherencia con dicho precepto constitucional, el art. 77 de la referida Norma Suprema, indica: I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación. III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio. Por su parte el Código Niña, Niño y Adolescente, sancionado por Ley 548 de 17 de julio de 2014, dispone: “ARTICULO 115. (DERECHO A LA EDUCACIÓN). I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, integral y de calidad, dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades físicas y mentales. II. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y calidez, intracultural, intercultural y plurilingüe, que les permita su desarrollo integral diferenciado, les prepare para el ejercicio de sus derechos y ciudadanía, les inculque el respeto por los derechos humanos, los valores interculturales, el cuidado del medio ambiente y les cualifique para el trabajo”. Del mismo modo, el cuerpo normativo citado, hace referencia a las garantías para el efectivo cumplimiento de todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, indicando: “ARTICULO 8. (GARANTÍAS). I. Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este Código y las leyes. II. Es obligación primordial del Estado en todos sus niveles, garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. III. Es función y obligación de la familia y de la sociedad, asegurar a las niñas, niños y adolescentes oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad”. De las normas citadas se infiere la garantía del ejercicio pleno del derecho a la educación por parte del Estado a todas las personas sin distinción, habiendo sido especificado dicho derecho para las niñas, niños y adolescentes por el Nuevo Código Niña, Niño y Adolescente. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0859/2015-S2 de 25 de agosto, señala que: “Se debe tomar en cuenta que la educación no es un derecho más, sino que se constituye en un derecho de especial importancia para el Estado. El art. 9 de la Ley Fundamental, señala que es uno de los fines del Estado garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud, y al trabajo. En esta misma línea se demuestra la importancia de la educación según el art. 77, indicando que es una función suprema y primera responsabilidad del Estado. La formulación constitucional respecto al mencionado derecho supone a las personas como sujetos pasivos, pues éste implica la educación, si se es taxativo con la redacción de recibir únicamente. No obstante, existe otro derecho que contempla dar la educación, a diferencia de otras redacciones posibles que abarcarían tanto los derechos a aprender como el de enseñar. La educación debido a su importancia para la sociedad cumple en la Constitución Política del Estado una doble función de recibir educación (derecho) y formarse (deber), configurándose así en un derecho fundamental y deber de toda persona formarse hasta el bachillerato (art. 108.6 de la CPE). Cabe destacar que la educación es competencia exclusiva del nivel central del Estado que podría ser ejercida de manera concurrente con las entidades territoriales autónomas. Asimismo, dentro de la jurisdicción de las autonomías indígena originario campesinas se puede ejercer como competencias concurrentes la organización, planificación y ejecución de planes, programas y proyectos de educación (arts. 298.II.17, 299.II.2 y 304.III.2 de la Norma Suprema). El art. 17 de la CPE, además de establecer el derecho a recibir educación determina las características que ésta debe tener para el ejercicio pleno del derecho. En este sentido establece la universalidad, la productividad, la gratuidad, la integralidad e interculturalidad, así como la no discriminación. A su vez, el art. 13.I de la indicada Norma, sostiene que todos los derechos son universales, sin discriminación alguna, entonces el derecho a recibir educación al ser universal no puede ser limitado por disposiciones discriminatorias. La educación debe ser guiada para que no sea una simple transmisión de conocimientos, debe implicar una utilidad particular dirigida a la productividad así lo establece el art 78.IV de la citada Ley Fundamental. El acceso a la educación debe ser gratuito, esto implica que cualquier persona puede acceder a recibir educación sin que esto implique un pago o retribución económica, así lo estipula el art. 81.II de la Norma Suprema, por tanto el Estado debe cubrir los gastos que implica la gratuidad hasta el nivel superior; en correlato, el art. 82.II de dicha Norma, señala que el Estado apoyará prioritariamente a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, con recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar; y en áreas dispersas, con residencias estudiantiles. Asimismo, los arts. 64.I y el 80.I de la CPE, se refieren a la educación como un conjunto de actividades humanas, consideradas en su totalidad y conjunto; parámetros educativos que consideren a la persona como una totalidad, tarea en la que se encuentran involucrados y participan los padres y madres de familia, juntas vecinales, control social, entre otros; referidos concretamente a la formación integral de las personas. La Constitución determina también que la educación es intercultural, fomenta el diálogo intercultural contribuye al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como el entendimiento y el enriquecimiento de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino en tanto sus saberes y conocimientos tradicionales son respetados y valorados y tienen el derecho a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo (arts. 30.II.9 y 12; 78.II; 79; 80.II ). Finalmente, de acuerdo con los arts. 14.II y 82.I de la Norma Suprema, el Estado garantiza el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de plena igualdad; sin discriminación. El entonces Tribunal Constitucional, también se pronunció con relación a este derecho en la SC 1975/2011-R de 7 de diciembre, que cita a la SC 0235/2005-R de 21 de marzo, respecto a sus alcances, indicó: ‘…el derecho a recibir instrucción y el derecho a la educación -salvando las diferencias de ambas categorías conceptuales- implican que la persona tiene la potestad de acceder al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura, pero, además, recibirla de modo que al existir un sistema nacional de instrucción, enseñanza, aprendizaje o educación, el núcleo esencial de esos derechos no esta tan sólo en el acceso a dicho sistema, sino también a la permanencia de ese sistema”’. En el sistema educativo boliviano, a partir de la Ley 1565 de 7 de julio de 1994, Ley de la Reforma Educativa, la educación boliviana es integral, coeducativa, activa, progresista y científica -art. 1.8 de la citada Ley-, lo que implica que la educación es mixta; es decir, que hombres y mujeres estudian y aprenden juntos, promoviendo la igualdad de género y la participación equitativa en el aprendizaje; consecuentemente, a partir de dicha normativa legal, los colegios segregados por sexo o de educación diferenciada debían adaptar su infraestructura y recibir sin discriminación alguna hombres y mujeres. La Ley 070, no ha modificado la integralidad del sistema educativo; puesto que, entre sus bases incluye la educación inclusiva -art. 3.1- que asume la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el país, con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna; y fundamentalmente, porque promueve la realización de la identidad, afectividad, espiritualidad y subjetividad de las personas y comunidades, vivir en armonía con la Madre Tierra y en comunidad entre los seres humanos; y, conforme manda el art. 4.6 de la citada norma, tiene como fin promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos; es decir, que la educación busca crear un espacio educativo más justo e igualitario, donde se promueva el respeto, la inclusión y la transformación de las relaciones de poder, para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente sin la influencia de la desigualdad de género y otros sistemas de opresión. En ese orden, no es aceptable que los establecimientos educativos que deben cumplir la Norma Constitucional y la ley que regula su funcionamiento, no promuevan la igualdad, la equidad y la inclusión, brindando a todos los participantes del proceso enseñanza aprendizaje las mismas oportunidades de aprender, crecer y desarrollarse sin que se vean limitados por estereotipos, prejuicios o creencias preconcebidas sobre los roles que son apropiados para hombres o mujeres o para personas de diferentes orígenes o capacidades que deben ser desmontados en el sistema educativo; puesto que la educación de niñas, niños y adolescentes en una cultura de igualdad, no discriminación ni violencia y con plena vigencia de los derechos humanos, repercute indudablemente en la deconstrucción de la visión que puedan tener los padres de familia o parte de la sociedad, objetivando así los principios constitucionales de unidad, igualdad, inclusión, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación para vivir bien. Dentro de la comunidad que constituye el sistema educativo, el rol de las Juntas de Padres de Familia es fundamental, para mejorar la calidad del servicio educativo, fomentar el desarrollo integral de los estudiantes y fortalecer el vínculo entre la familia y la escuela.
El art. 14 de la CPE, en sus parágrafos II y III determina: “I. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. II. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”.
En ese orden, para comprender el derecho a la no discriminación, es necesario hacer referencia al valor-derecho-garantía de la igualdad; respecto al cual, el art. 8.II de la Norma Suprema, refiere: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienestar social, para vivir bien”. Por su parte, el art. 9.2 de la Ley Fundamental, establece que uno de los fines esenciales del Estado es: “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”. y en el art. 14.II de la CPE, se instituye como derecho fundamental de las personas, al manifestar que: “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”. Así, el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), determina que: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición social”. El art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), refiere que: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Conforme a lo señalado, todas las personas tienen igual protección de la ley, en mérito a ello, se prohíbe toda forma de discriminación, la cual, de acuerdo a la definición dada en el art. 5 inc. a) de la Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación -Ley 045 de 8 de octubre de 2010- es entendida como: “...toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual y sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional. No se consideran discriminación a las medidas de acción afirmativa”. Acorde a las normativa y definiciones citadas, discriminar implica desplegar cualquier trato de distinción, exclusión, restricción o preferencia, brindada a una persona o colectividad, fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual y sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras; que tengan por objetivo o resultado anular o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el Derecho Internacional; aclarándose que actualmente, las acciones afirmativas (antes denominada discriminación positiva) es decir, aquellas destinadas a favorecer a grupos o sectores vulnerables, para que ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones, no se constituyen en medidas discriminatorias En ese orden, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 0125/2010-R de 10 de mayo, señala que: “En definitiva, diremos que el derecho a la igualdad se entiende como aquel derecho genérico, concreción y desarrollo del valor igualdad, por lo que supone el reconocimiento por parte de las normas jurídicas del principio de no discriminación al momento de reconocer y garantizar los derechos, y además, del cumplimiento social efectivo de la misma”.
El Código Niña, Niño y Adolescente reconoce a las niñas, niños y adolescentes el derecho a una educación con calidad y calidez que además de permitir su desarrollo integral diferenciado, los prepare para el ejercicio de sus derechos y ciudadanía, les inculque el respeto por los derechos humanos, los valores interculturales, el cuidado del medio ambiente y les cualifique para el trabajo. En ese contexto, el Sistema Educativo Plurinacional les garantiza no solo que el proceso enseñanza aprendizaje se realizará sin violencia en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, preservando su integridad física, psicológica, sexual y/o moral, promoviendo una convivencia pacífica, con igualdad y equidad de género y generacional, sino que no existirá racismo ni ninguna forma de discriminación, debiendo promoverse una cultura pacífica y de buen trato que tenga como núcleo los derechos de la niña, niño y adolescente, su desarrollo integral y la calidad de la educación y al tratarse de menores de dieciocho años, debe protegerse igualmente su interés superior; es decir, que como expresa el art. 12 del CNNA, en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor, además de considerar la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas.
La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos, a la educación, a la libertad y a no sufrir discriminación; puesto que: 1) La Directora hoy accionada, se niega a inscribir a la menor de edad AA en la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria al sexto curso de secundaria, por ser mujer; y, 2) Los directivos de la Junta Escolar, convocando a los padres de familia del estudiantado y ejerciendo vías de hecho, impiden el ingreso de la referida menor al citado establecimiento para integrarse como alumna regular. Al respecto, de los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, se advierte que mediante Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, emitida por el Director Departamental de Educación de Oruro, se autorizó a la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, inscribir excepcionalmente a la menor de edad AA, en el sexto año de educación secundaria comunitaria productiva (Conclusión II.1.); en cuyo cumplimiento la Directora hoy accionada, informó al citado Director Departamental de Educación, que la citada menor, se encontraba matriculada efectivamente para el turno de la tarde en la referida Unidad educativa (Conclusión II.2.); empero, la Junta Escolar de ese establecimiento educativo, por Voto Resolutivo 001/2015, rechazaron de la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, argumentando que ese plantel educativo se fundó como colegio únicamente de varones y no recibía a mujeres (Conclusión II.3.), posición que motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo, ante cuyos representantes la Junta escolar hizo conocer su oposición, procediendo a poner cadenas en la puerta de ingreso del establecimiento impidiendo el ingreso al mismo, habiendo posteriormente depuesto su actitud (Conclusión II.4.). Ahora bien, la parte accionante formuló denuncia penal contra los miembros de la Junta Escolar ahora accionada, por la presunta comisión del delito de discriminación, habiendo el Fiscal de Materia informado del inicio de la investigación al Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Oruro (Conclusión II.5). Posteriormente el Director de la DIO del Gobierno Autónomo Municipal del referido departamento, informó al Director Departamental de Educación que la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, que al ser colegio de varones, las Profesoras no contaban con un sanitario para ellas; por lo que, tenían que salir fuera del mismo, sugiriendo que la parte accionante velando por el bienestar de la menor de edad AA cambie de unidad educativa (Conclusión II.6.); por lo cual, la Directora de la DIO, por Resolución Administrativa 001/2020, autorizó la transferencia de la menor de edad AA, a otra unidad educativa mixta más cercana a su domicilio al no existir condiciones de infraestructura en la referida Unidad Educativa, a pesar que la estudiante deseaba permanecer en dicho plantel educativo, siendo innecesario exponerla a una situación de vulnerabilidad (Conclusión II.7.); para luego la citada Dirección Departamental de Educación mediante Resolución Administrativa Departamental 358/2025, dejar sin efecto la Resolución Administrativa Departamental I-251-2025, argumentando que la admisión de la menor de edad AA a la mencionada Unidad Educativa, ocasionó una serie de actos y acciones de rechazo que permitieron establecer que no existían garantías para ella, y que se la expondría a posibles actos de discriminación, disponiendo por ello su traslado o la inscripción inmediata en una Unidad Educativa pertinente o la que escoja la progenitora (Conclusión II.8.). Finalmente, a través de la Nota con Cite: D.I.E.S.D. OF 055/2025, el Director de Infraestructura Educación, Salud y Deportes del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, remitió al Director Departamental de Educación, informe sobre el mantenimiento de la mencionada Unidad Educativa (Conclusión II.9.).
Planteado el problema jurídico, de los antecedentes cursantes en el cuaderno procesal, se advierte que emerge de la solicitud formulada por la parte accionante a la Dirección de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, para que su hija menor de edad AA de diecisiete años de edad, sea inscrita en el sexto de secundaria en ese plantel educativo, con el antecedente que años anteriores fue alumna regular del mismo y del que se retiró por razones de traslado de residencia con su familia a la ciudad de Cochabamba; a cuyo retorno, fue negada su petición, así como su ingreso al establecimiento por oposición y a través de medidas de hecho ejercidas por la citada Junta Escolar de la indicada Unidad educativa; a cuyo respecto al haber acudido a esta instancia constitucional, corresponde ingresar a su análisis, a objeto de verificar si es evidente lo denunciado a través de esta acción de defensa; por ello, se examinará la actuación de los ahora accionados.
Sobre los actos de la Directora de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria La parte accionante alegó que la Directora ahora accionada, se negó a inscribir a su hija menor de edad AA en dicho plantel educativo; decisión que motivó acuda en reclamo ante el Director Departamental de Educación de Oruro, quien mediante Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, autorizó a la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, inscribir excepcionalmente a la referida menor, en el sexto año de educación secundaria comunitaria productiva (Conclusión II.1.). Cumpliendo con la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, la Directora hoy accionada, por Informe de 17 de febrero de 2025, comunicó al Director Departamental de Educación de Oruro que: i) Por instrucciones de la Dirección Distrital, se realizó el cierre del proceso de inscripción el 13 de igual mes de 2025, y que al día siguiente, se apersonó la madre de menor de edad AA, y entregó la citada Resolución; y, ii) La planilla correspondiente al Sistema de Información Educativa, Subsistema de Educación Regular, Estudiantes Inscritos por Curso - Gestión 2025, en el cual da cuenta que la mencionada menor, se encuentra con Matrícula efectiva para el turno de la tarde en la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria; es decir, que la referida Directora, dio cumplimiento a lo instruido procediendo conforme a la autorización expresa de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, en respuesta a la petición formulada de inscripción de la menor AA, una vez cerrado el periodo de inscripciones para el año lectivo 2025. En consecuencia, verificada la actuación de la Directora hoy accionada, se advirtió que no ejerció medida de hecho alguna, ni vulneró los derechos de la parte accionante, invocados en la acción de defensa; puesto que, inicialmente cumplió con informar a la parte accionante que el periodo de inscripciones para la gestión 2025 había concluido y luego cuando la Dirección Departamental de Educación de Oruro, emitió la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, la cumplió; por lo que contrariamente a lo alegado por la parte accionante, la menor se encuentra inscrita en el establecimiento como alumna regular del 6º “C” del nivel Secundario, sin que exista documental que acredite oposición ni negativa de la citada Directora al referido registro escolar, como tampoco que hubiese revertido el mismo ante la emisión de la Resolución Administrativa Departamental 358/2025, que dejó sin efecto la Resolución Administrativa Departamental I-251-2025, argumentando que la admisión de la menor de edad AA a la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, ocasionó una serie de actos y acciones de rechazo que permitieron establecer que no existían garantías para ella, y que se la expondría a posibles actos de discriminación, disponiendo por ello su traslado o la inscripción inmediata en una unidad deductiva pertinente o la que escoja la progenitora, decisión que no incidió en la mencionada
Directora, quien mantuvo la inscripción de la señalada menor en la referida Unidad Educativa; lo que, determina la denegatoria de la tutela solicitada con relación a la autoridad de dicha Unidad Educativa. Respecto a los actos ejercidos por la Junta Escolar, madres y padres de familia de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria Por Voto Resolutivo 001/2025, suscrito por la entonces Vicepresidenta hoy coaccionada, Secretario de G.E.S., Vocal y Secretario de Actas de la Junta Escolar de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria y el Presidente de la Asociación de ex alumnos, al que adjuntaron una lista de nombres, firmas y cédulas de identidad, la Junta Escolar de la mencionada Unidad Educativa hizo conocer a la Dirección Departamental de Educación de Oruro, la oposición al cumplimiento de la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025, que dispuso la inscripción de la menor de edad AA, porque la misma no consideró que la referida Unidad Educativa se fundó como colegio de varones y así funcionaba hasta la actualidad con quinientos alumnos, y que si se llegara a inscribir a una mujer, sería la única que sufriría o sería víctima de cualquier índole de agresiones; razón por la cual, no se reciben mujeres en el establecimiento para evitar ese tipo de problemas. Asimismo, solicitaron la intervención de la DNA por la irresponsabilidad materna de NN, sabiendo el riesgo que puede sufrir su hija, y declarando persona no grata a la nombrada por antecedentes de agresión física y psicológica al plantel administrativo -Portera-, deudas pendientes con la Junta Educativa y por no haber rendido cuentas cuando acabó su gestión, declarándose dicha Junta Escolar de padres de familia de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, en estado de emergencia (Conclusión II.3.).
Al respecto, evidenciándose la clara oposición de la Junta escolar para el ingreso de la menor de edad AA, a la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, la parte accionante acudió a la Defensoría del Pueblo, entidad que a través de su representante -Delegado Defensorial-, como consta del informe que presentó en la audiencia de 18 de febrero de 2025, intervino en el presente caso, ante la vulneración del derecho a la educación de la referida menor, a quien la Junta Escolar le impedía el acceso a ese derecho, habiendo al efecto acompañado a la madre de familia y a la referida menor, el 20 de igual mes y año, a las 14:30 horas, a la citada Unidad Educativa cuyo ingreso les fue impedido por las madres de familia que se pusieron en fila y no permitieron el acceso de la estudiante vociferando que era un establecimiento educativo para personas de sexo masculino y que no podía ingresar por ser mujer, añadiendo que la madre de la menor, tenía deudas pendientes en la referida Unidad Educativa; situación por la cual, les indicó que se contaba con la documentación para consolidar su inscripción, siendo empujados a la salida de dicho establecimiento Educativo y luego cerrarles las puertas impidiendo el ingreso de toda persona, con excepción de los estudiantes varones que iban llegando al señalado plantel educativo. De esa manera, AA y su progenitora se retiraron, quedando únicamente el personal de la referida Defensoría, para pedir una reunión con la Junta de Padres de Familia, Dirección Departamental de Educación de Oruro y la DIO del Gobierno Autónomo Municipal del citado departamento, para buscar una solución.
Del contexto referido, se advierte que la actuación de la Junta Escolar, se encuentra acreditada no solo por los hechos acontecidos, sino que fue corroborada por el informe de 26 de febrero de 2025, remitido por la Directora hoy accionada al Director Departamental de Oruro, por el que puso en su conocimiento que el 25 de igual mes y año, se hicieron presentes personeros de la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de indagar sobre el proceso de inscripción de la menor de edad AA, y cuando se estaba desarrollando la reunión, ingresaron padres de familia de la Junta Escolar y el Presidente de la Junta Escolar Distrital, quienes conversaron con los representantes de la Defensoría, señalando su oposición a la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025 y a pesar que se les explicó que correspondía su cumplimiento, se mantuvieron firmes en su posición, para luego colocar cadenas en la puerta de ingreso al establecimiento, impidiendo la salida de los docentes y estudiantes; por lo que, a mucha insistencia y con la mediación del Presidente de la Junta Escolar Distrital, permitieron que los alumnos retornen a sus domicilios, procediendo a continuación a tomar como rehenes a miembros del personal administrativo y a los dos personeros de la Defensoría del Pueblo, siendo en esa ocasión infructuosa la intervención de la Policía Boliviana, concluyendo dicho informe señalando que el Gobierno Autónomo Municipal continuaba realizando trabajos de mantenimiento de la batería de baños, porque solo existía un baño para los estudiantes y que las maestras salen del establecimiento para utilizar el servicio sanitario.
Por lo relacionado, resulta evidente que la Junta Escolar en representación de los padres de familia de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, se opuso a la inscripción de una sola mujer en un colegio integrado por más de quinientos hombres, aduciendo primero, que la madre de la menor de edad AA era conflictiva, tenía deudas por no haber rendido cuentas de su gestión a cargo de la Junta Escolar, y que tenían temor de que la referida menor corra peligro y además, por sus hijos porque ante cualquier denuncia, serían los más perjudicados, el accionar de los padres de familia que permiten concluir que fue instado por la Junta Escolar de la citada Unidad Educativa, quienes impidieron y persisten en impedir que la menor de edad AA de diecisiete años, ejerza su derecho a recibir educación en el indicado establecimiento porque tradicionalmente estuvo y está integrado por estudiantes del sexo masculino señalando que, por ese motivo, era imposible recibir a una mujer en sus aulas; no obstante, desconocieron o pretenden desconocer que a partir de la Ley de Reforma Educativa, la educación boliviana es integral, coeducativa, activa, progresista y científica, lo que implica que la educación es mixta; es decir, que hombres y mujeres estudian y aprenden juntos, promoviendo la igualdad de género y la participación equitativa en el aprendizaje; consecuentemente, a partir de dicha normativa legal, los colegios segregados por sexo o de educación diferenciada debían adaptar su infraestructura y recibir sin discriminación alguna a hombres y mujeres.
En ese contexto, la Ley 070, no ha modificado la integralidad del sistema educativo; puesto que, entre sus bases establecidas en el art. 3 incs. 6), 11) y 12) de la citada Ley incluye la educación inclusiva que asume la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el país, con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna; y fundamentalmente, porque promueve la realización de la identidad, afectividad, espiritualidad y subjetividad de las personas y comunidades, vivir en armonía con la Madre Tierra y en comunidad entre los seres humanos; y, tiene como finalidad lo que prevé el art. 4 inc. 6) de la misma Ley, promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos; es decir, que la educación busca crear un espacio educativo más justo e igualitario, donde se promueva el respeto, la inclusión y la transformación de las relaciones de poder, para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente sin la influencia de la desigualdad de género y otros sistemas de opresión. En ese sentido, todos los establecimientos educativos deben cumplir la ley que regula su funcionamiento; puesto que, resulta claro que no es posible que existan colegios en los que se segregue a las personas por su sexo, correspondiendo más bien, que se adecuen las instalaciones para recibir a ambos sexos indiscriminadamente, extrañándose que la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria desde 1994 hasta el 2025, no efectuó ninguna acción para adecuar las baterías de baños y vestidores en preparación para cumplir las normas legales que obligan a todas las unidades educativas a recibir en igualdad de condiciones a estudiantes mujeres y hombres sin discriminación, aun cuando las limitaciones presupuestarias sean evidentes, garantizando el acceso a la educación y la permanencia de ciudadanas y ciudadanos en condiciones de plena igualdad y equiparación de condiciones, como lo señala el art. 5 inc. 10) de la Ley 070. Por ello, siendo incorrecto, reprochable e injusto el accionar de la Junta Escolar de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, cuyo rol es fundamental para mejorar la calidad del servicio educativo, fomentar el desarrollo integral de los estudiantes y fortalecer el vínculo entre la familia y la escuela, en el caso de autos, no es admisible que como habitantes del territorio boliviano se nieguen a cumplir con la Norma Constitucional que consagra el derecho a la igualdad y no discriminación y los preceptos legales que regulan la educación boliviana y que de manera intransigente y sin justificativo legal alguno se nieguen a promover la igualdad, la equidad e inclusión, brindando a todos los participantes del proceso enseñanza-aprendizaje las mismas oportunidades de aprender, crecer y desarrollarse sin que se vean limitados por estereotipos, prejuicios o creencias preconcebidas sobre los roles que son apropiados para hombres o mujeres o para personas de diferentes orígenes o capacidades que deben ser desmontados en el sistema educativo; puesto que, la educación de niñas, niños y adolescentes en una cultura de igualdad, no discriminación ni violencia y con plena vigencia de los derechos humanos, repercute indudablemente en la deconstrucción de la visión que puedan tener los padres de familia o parte de la sociedad, objetivando así los principios constitucionales de unidad, igualdad, inclusión, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación para vivir bien, instituidos en el art. 8.II de la CPE. Por los razonamientos expuestos, resultan inaceptables los justificativos expresados en la audiencia de la presente acción de defensa, entre los cuales y a pesar de reconocer que la menor de edad AA, ya cursó estudios en la unidad educativa, pretendan oponerse a su retorno al establecimiento educativo, formulando como excusa temores que resultan absurdos, en consideración a que como bolivianos se encuentran sometidos y obligados a cumplir la Constitución Política del Estado que garantiza la educación integrada e inclusiva; es decir, mixta en la que hombres y mujeres estudien y aprendan juntos, sin discriminación de sexo, nacionalidad, color o cualquier otro sesgo que genere desigualdad de las personas; y, teniendo presente además que todas las razones expuestas se basan en supuestos cuando señalan que “podrían producirse” actos de violencia o eventualmente denuncias de la menor de edad AA por malos entendidos que perjudicarían a sus hijos; es decir, en aspectos contingentes que no se han producido o cuando menos, acreditado y que pueden ser evitados, si efectivamente asumen su rol formador de sus propias familias, asumiendo una cultura de paz y de convivencia pacífica. Si bien es evidente que, en apariencia, esos actos de hecho cesaron cuanto a través del Voto Resolutivo 001/2025, solicitaron la intervención de la DNA y de la Defensoría del Pueblo, y cuando la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, concedió la tutela solicitada por la parte accionante, no puede dejar de reprocharse a los accionados la conducta asumida respecto a impedir el ingreso de la parte accionante al establecimiento, perjudicando igualmente el normal desarrollo de las actividades educativas, o que haya privado del derecho a la libre locomoción de las personas que estudian y trabajan en la Unidad Educativa; puesto que, esas medidas de hecho, están en contraposición con la Norma Constitucional y con sus obligaciones como padres y madres de familia en su rol de formadores de sus hijas e hijos. Igualmente, los ahora accionados o a quienes ellos representaban en ese momento, ignoraron que el Sistema Educativo Plurinacional que garantiza no solo que el proceso enseñanza-aprendizaje se realizará sin violencia en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, preservando su integridad física, psicológica, sexual y/o moral, promoviendo una convivencia pacífica, con igualdad y equidad de género y generacional, sin ninguna forma de discriminación. Como parte de dicho Sistema, las Juntas Escolares, sus representantes y sus integrantes -art. 83 de la CPE-, están obligados a promover una cultura pacífica y de buen trato que tenga como núcleo los derechos de la niña, niño y adolescente, su desarrollo integral, la calidad y calidez de la educación. En consecuencia, resulta evidente la flagrante vulneración del derecho a la educación de la menor de edad AA, así como su derecho a la igualdad, no discriminación y a vivir una vida libre de violencia en el sistema educativo, aspectos que fueron considerados en el marco de la existencia de acciones de hecho; puesto que, los hoy accionados, representantes de la Junta Escolar y sus integrantes, tomaron justicia por propia mano, lo que hace innecesario agotar otras vías, menos la vía procesal penal que fue iniciada por la parte accionante. Finalmente, este Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante consulta a medios de prensa de la ciudad de Oruro, correspondientes al 8 y 9 de abril de 2025, evidenció que aunque ya no se impide el ingreso de la menor de edad AA, al establecimiento educativo, aparentemente existen actos hostiles en su contra tales como que permanece encerrada en su curso y no puede utilizar el baño, ante la afirmación que no existe un sanitario para mujeres, no constando existir denuncia al respecto como tampoco si la Directora hoy accionada hubiese adoptado alguna medida con relación a esos aparentes actos hostiles; empero, al margen de aquello, corresponde aclarar una vez más, que no es evidente que los padres y madres de familia de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, tengan un derecho para exigir que sus hijos reciban una educación exclusiva para personas del sexo masculino; puesto que, como se tiene señalado, tal tipo de educación ha desaparecido en Bolivia, a partir de la Ley de Reforma Educativa, la educación boliviana es integral, coeducativa, activa, progresista y científica -art. 1.8 inc. 8 de la citada Ley-, lo que implica que la educación es mixta; es decir, que hombres y mujeres estudian y aprenden juntos, promoviendo la igualdad de género y la participación equitativa en el aprendizaje; en consecuencia, a partir de dicha normativa legal, los colegios segregados por sexo o de educación diferenciada debían adaptar su infraestructura y recibir sin discriminación alguna hombres y mujeres, de manera que no hay establecimiento educativo público o privado que pueda apartarse de la normativa vigencia, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional.
Otras consideraciones
No obstante lo determinado, es necesario referirse a la intervención de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, cuyo titular no fue accionado en la presente acción de defensa, señalando que emergente del informe presentado por la Directora ahora accionada y de la solicitud de intervención de la Junta Escolar contenida en el Voto Resolutivo 001/2025, se constató que esa instancia requirió informes a la Dirección de Igualdad de Oportunidades del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y del Director de Infraestructura Educación, Salud y Deportes de la misma entidad edil, que mereció la Nota con Cite: GAMO/SMDH/DIO/CENTRAL/41/2025, por el que el Director de Igualdad de Oportunidades del citado Gobierno Municipal, remitió a la Dirección Departamental de Educación del referido departamento, el Informe Técnico 002/25 y el Informe Social de 26 de febrero de 2025; el primero, señaló que, el establecimiento cuenta con quinientos alumnos varones y una mujer, que los pupitres son compartidos y no se cuenta con un ambiente sanitario; puesto que, solo existe uno con ocho inodoros y urinarios con piletas para los alumnos y que actualmente son utilizados también, por los profesores, mientras que las profesoras utilizan un baño en el exterior del establecimiento educativo. Añadió que los baños están en remodelación. El indicado informe sugiere que la madre de la estudiante, tome en cuenta esos antecedentes a fin de precautelar el bienestar de su hija menor de edad AA y si bien se efectuó una valoración psicológica a la referida menor, se encuentra en una situación vulnerable porque no tiene ninguna noción de peligro. Finalmente, extraña que no se haya efectuado una valoración psicológica al alumnado de la Unidad Educativa Mariscal Sucre con el propósito de realizar una ponderación de derechos y garantías (Conclusión II.6.).
Corresponde aclarar que la valoración psicológica de la menor de edad AA a la que se refiere la Encargada del Área “PROPREMI”, fue realizada en la gestión 2020 y sirvió de sustento para la emisión de la Resolución Administrativa 001/2020, pronunciada por la entonces Directora de la DIO, autorizando la transferencia de la menor de edad AA, a otra unidad educativa mixta cercana a su domicilio, debido a las condiciones de infraestructura de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria; en consecuencia, la Resolución Administrativa Departamental 358/2025, consideró una entrevista psicológica realizada cinco años antes de su pronunciamiento, lo cual no fue advertido por la autoridad departamental de educación de Oruro. En cuanto al segundo: Informe Social de 26 de febrero de 2025, emitido por la Trabajadora Social DIO “PROPREMI” del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, sobre la menor de edad AA, recomendó a la madre que tome en cuenta los aspectos de infraestructura del establecimiento educativo, velando por el bienestar de su hija, y que es recomendable el cambio a una unidad educativa más cercana al domicilio de la estudiante que presente condiciones de infraestructura más adecuadas a las necesidades de la referida menor. Finalmente señaló que, para el futuro la Unidad Educativa Mariscal Sucre, debe mejorar sus condiciones en cuanto a baños para las alumnas (Conclusión II.6.). Asimismo, el informe del Director de Infraestructura Educación, Salud y Deportes del Gobierno Autónomo Municipal, adjunto a la Nota con Cite: D.I.E.S.D. OF 055/2025, sobre el mantenimiento de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, refiere que la batería de baños del establecimiento se encuentra en plena remodelación y contempla un ambiente segregado para las alumnas (Conclusión II.9.). Al respecto la documentación referida precedentemente, así como los informes de la Directora hoy accionada, fueron el sustento para la emisión de la Resolución Administrativa Departamental 358/2025, que dejó sin efecto la Resolución Administrativa Departamental I-251/2025; es decir, la que autorizó la inscripción de la menor de edad AA, decisión que asumió y justificó -como refirió-, velando por el interés superior de la menor, quien estaría en riesgo de sufrir actos discriminatorios y de posible violencia por la oposición de la comunidad educativa Mariscal Sucre Secundaria; resolución que, contrariamente además de no contener motivación alguna, solo citas de informes y normativas y de reflejar haber sido emitida en protección e interés superior de la referida menor, y de sus derechos a la educación y no discriminación, fue la que sirvió -entre otros-, como fundamento de la oposición manifiesta de la Junta Escolar de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria; lo que permite advertir que la Autoridad Departamental de Educación de Oruro, convalidó los actos ilegales ejercidos por la Junta Escolar, cuya pretensión de impedir el ingreso de la menor a la citada Unidad Educativa como alumna regular, se lograría efectivizar en cumplimiento a dicha Resolución; la que, en vez de haberse constituido en una medida protectora, resultó ser una de hecho al convalidar como se señaló, la discriminación por el género sancionada por el Estado y que no responde a la igualdad e inclusión proclamada en la Constitución Política del Estado, constriñéndole al mencionado Director Departamental -al no haber sido accionado en esta acción de defensa-, que en lo sucesivo en casos análogos, proceda cumpliendo y aplicando la Constitución Política del Estado que establece como mandato, que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación, norma que es replicada por el art. 115.I del CNNA y las leyes, cuyo acatamiento y sometimiento es un deber legal.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 058/2025 de 10 de marzo, cursante de fs. 176 a 187, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a Leonardo García Álvarez, ex Presidente; y, Leydi Laura Carreño Paredes, ex Vicepresidenta, ambos de la Junta Escolar de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, por la vulneración de los derechos a la educación, a la libertad y a no sufrir discriminación; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación a la Directora de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional;
a) Dejar sin efecto la Resolución Administrativa Departamental 358/2025 de 6 de marzo, dejando vigente e incólume la inscripción de la menor de edad AA, de diecisiete años, en la Unidad Educativa Mariscal Sucre, en el curso 6º “C” del nivel Secundario, dejándose sin efecto y valor legal alguno, la citada Resolución Administrativa. 3° Ordenar a la Directora de la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria, garantice la normal asistencia a clases de la menor de edad AA, y el uso de todos los ambientes del establecimiento educativo; especialmente, el acceso al servicio sanitario en las mismas condiciones del personal docente y administrativo femenino, en tanto, se mantengan las condiciones de refacción de las dos baterías de baños con las que cuenta la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria y a la nueva Directiva de la Junta Escolar, representada por “Martha Choque” y Julio César Mallcu Torrez, Presidenta y Vicepresidente, junto a las madres y padres de familia de los alumnos de la mencionada Unidad Educativa, cesar en sus medidas de presión, incluida la huelga de hambre que según medios de prensa realiza “Martha Choque”, reclamando el derecho de que el establecimiento educativo reciba únicamente alumnos del sexo masculino; puesto que, como se desarrolló en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ello no es constitucional ni legalmente posible. Al efecto, se encomienda a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, notificar a “Martha Choque” y Julio César Mallcu Torrez, como representantes de la Junta Escolar de esa Unidad Educativa y al Director Departamental de Educación del citado departamento, con el presente fallo constitucional.
Promover Cursos de Sensibilización de Análisis e Información sobre los Derechos de Niñas y Mujeres a la Educación por un año, como medida preventiva para futuros casos, con la participación de padres de familia, personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Mariscal Sucre. 4° Encomendar a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, notifique a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Oruro/Dirección de Igualdad de Oportunidades, efectuar una entrevista con la menor de edad AA, para verificar su estado emocional; puesto que, en apariencia, lo dispuesto por la jurisdicción constitucional no está siendo cumplida estrictamente y notificar al Comando Departamental de Oruro de la Policía Boliviana, para que verifique e informe respecto a la existencia de alguna medida de hecho que se estuviera cumpliendo para impedir el normal desarrollo de las actividades escolares de la mencionada menor. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 https://www.urgente.bo/noticia/el-ingreso-de-una-adolescente-en-un-colegio-de-varones-de-oruro-hace-estallar-un- conflicto
2 https://unitel.bo/noticias/sociedad/conflicto-por-la-inscripcion-de-una-estudiante-en-un-colegio-tradicional-de-varones- genera-polemica-FF15548085
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1048_2026-S1.pdf · páginas 1 a 33.
Huella digital del PDF (SHA-256): 60ee39af20fb62955c117bfa4b9d41816d8af85950572d66e5336e3a264d1edf
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