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SCP 1048/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
1 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
54643-2023-110-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro un proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, la Jueza ahora demandada rechazó su solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado, con el pretexto que falta realizar algunas investigaciones, provocando que continúe detenido preventivamente. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; sin embargo, previamente corresponde analizar si se agotaron los medios de impugnación intraprocesales existentes. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 104 vta. a 109 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1048/2025-S1 Sucre, 1 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 54643-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 104 vta. a 109 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Ariel Cárdenas Zambrana contra Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de febrero de 2023, cursante de fs. 90 a 93, la parte accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que el 2 de enero de 2023, se suscitó un lamentable hecho de tránsito provocado por Simón Canasa Poma, quien se encontraba en estado de ebriedad, que al mando de una bicicleta se estrelló con la parte trasera de un acople (chata) que llevaba su vehículo; por lo que, procedió a auxiliarle y llevarle a la “Clínica Milagrosa” ubicada en la rotonda del Plan 3000, donde fue atendido y al ver que le cobraron por la atención, el lesionado decidió irse, “…haciéndome firmar el retiro…” (sic). Al no encontrar la dirección de la casa de Simón Canasa Poma, éste se quedó a dormir dentro de un vehículo en el garaje de su inmueble; sin embargo, en la mañana cuando fue a verlo ya había fallecido y llamó a la Policía para el legal levantamiento del cadáver.

Asimismo, en el plazo establecido -dentro del proceso penal seguido en su contra de oficio por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, previsto y sancionado en el art. 261 del Código Penal (CP)- fue celebrada la audiencia de medidas cautelares en la cual la Jueza demandada determinó su detención preventiva, siendo trasladado al Centro Penitenciario “Palmasola” de Santa Cruz, transcurriendo cuarenta y un días de su privación de libertad. Subsanó el riesgo procesal de domicilio, con la correspondiente Verificación Domiciliaria efectuada por un Notario de Fe Pública, que en la audiencia cautelar fue observada. Transcurridos los días, solicitó someterse a un procedimiento abreviado, aceptando la imposición de la pena máxima de tres años, renunciando al juicio oral común, aceptando su participación en el hecho y de voluntad propia firmó el acuerdo legal; empero, la Jueza demandada “…RECHAZÓ mi solicitud de someterme a un PROCESO ABREVIADO en la cual mi persona presentó la documentación de los Certificados del REJAP Y CENVI, mas el Acuerdo legal con el M.P…” (sic). Del cuadernillo de investigaciones se observa que el Ministerio Público solicitó la imposición de medidas cautelares de carácter personal para su persona y “hoy” se encuentra con detención preventiva “…por las de 40 días” (sic). De igual manera, refirió que ‘“NO HAY DETENCIÓN PREVENTIVA EN ACCIDENTES DE TRANSITO O DELITOS MENORES O IGUALES A 3 AÑOS”’ (sic), más aún si el que protagonizó el hecho Simón Canasa Poma -fallecido- “…fue por la parte trasera de la chata y en estado de ebriedad” (sic); asimismo, la Jueza demandada le tiene prisionero más de un mes, con el pretexto que falta realizar algunas investigaciones en el proceso y que habría tenido conocimiento de la autopsia de ley practicada al promotor del hecho de tránsito.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela denuncia lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, cese su detención preventiva y se disponga su inmediata libertad, porque no procede dicha detención.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 101 a 104 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su demanda tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 15 de febrero de 2023, cursante a fs. 100 y vta., refirió que: a) El 4 de enero de igual año, el Ministerio Público presentó imputación formal; b) En la audiencia de medida cautelar de la misma data, se dispuso la detención preventiva del imputado -ahora accionante-; por cuanto, la representante del Ministerio Público pidió la modificación de su solicitud de medidas cautelares de carácter personal; c) En la audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado de 8 de febrero del mismo año, se rechazó la misma al existir una oposición fundamentada por la parte civil; d) La autoridad judicial no tiene conocimiento sobres las actuaciones investigativas, debido a que el cuadernillo de investigación no fue remitido para su consideración, existiendo actos investigativos -pendientes-; y, e) El impetrante de tutela, al no estar conforme con la Resolución dictada por su autoridad tiene los mecanismos y recursos para poder presentar su recurso de apelación.

I.2.3. Participación del tercero interviniente

Amaral Pestañas Tercero, en representación de la víctima, en audiencia indicó que a partir de lo expuesto por el ahora accionante se evidencia que existió omisión de socorro y esos hechos no fueron investigados por el Ministerio Público, y la Jueza demandada razonó correctamente al rechazar la solicitud de procedimiento abreviado.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante la Resolución 06/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 104 vta. a 109, denegó la tutela impetrada, en virtud a los siguientes fundamentos: 1) Rechazada la solicitud de alternativa de procedimiento abreviado, la autoridad judicial estableció que las partes tienen el plazo de setenta y dos horas a objeto de realizar el recurso de apelación; 2) Se tiene una imputación formal realizada por el Ministerio Público, un acta de audiencia de fundamentación oral de medidas cautelares y una Resolución, la cual señala que se estarían realizando las investigaciones por la presunta comisión de delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; sin embargo, ante la oposición de la hermana de la víctima -fallecido-, la Jueza emitió la Resolución del mismo mes y año, de manera razonable y a la luz del art. 373 del Código de Procedimiento Penal (CPP), haciendo conocer que se tiene un plazo de setenta y dos horas a objeto de realizar el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, advirtiéndose que hay una vía para la impugnación de los derechos que se consideran vulnerados; y, 3) Se pretende la realización de una doble valoración; es decir, que se aperturen dos vías de manera simultánea.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado de 31 de enero de 2023, dirigido al “SEÑOR JUEZ MIXTO EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA E INSTRUCCIÓN PENAL PRIMERO DEL PLAN 3000” (sic), por el cual Fátima Flor Jazmín Ramírez Quiroga, Fiscal de Materia, solicitó a la indicada autoridad judicial “…la Salida Alternativa al Juicio Oral, de PROCEDIMIENTO ABREVIADO, al existir acuerdo voluntario con el imputado MARCELO ARIEL CARDENAS ZAMBRANA, en el cual acepta someterse a una condena de TRES AÑOS, de privación de libertad…” (sic), sin perjuicio que se beneficie con los recursos establecidos en la ley adjetiva penal (fs. 76 a 77).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro un proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, la Jueza ahora demandada rechazó su solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado, con el pretexto que falta realizar algunas investigaciones, provocando que continúe detenido preventivamente. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; sin embargo, previamente corresponde analizar si se agotaron los medios de impugnación intraprocesales existentes. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0231/2020-S1 de 3 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero sienta la línea sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la referida acción tutelar.

En el marco de dicho entendimiento la SC 0008/2010-R de 6 de abril, en el Fundamento Jurídico III.4, establece que la acción de libertad:

…es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, empero para ello, previamente se deben agotar los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas (las negrillas y el resaltado son nuestros).

En ese contexto, la citada Sentencia Constitucional concluyó que si existe norma expresa que prevea mecanismos intraprocesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional. Entendimiento reiterado de manera uniforme por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2012, 1888/2013, 0077/2018-S2 y 0078/2018-S2, entre muchas otras. Entendimiento que fue desarrollado, entre otras, en el Fundamento Jurídico III.1 de la SCP 0304/2018-S2 de 28 de junio.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro un proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, la Jueza ahora demandada rechazó su solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado, con el pretexto que falta realizar algunas investigaciones, provocando que continúe detenido preventivamente.

De los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene el Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado de 31 de enero de 2023, dirigido al “SEÑOR JUEZ MIXTO EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA E INSTRUCCIÓN PENAL PRIMERO DEL PLAN 3000” (sic), por el cual Fátima Flor Jazmín Ramírez Quiroga, Fiscal de Materia, solicitó a la indicada autoridad judicial “…la Salida Alternativa al Juicio Oral, de PROCEDIMIENTO ABREVIADO, al existir acuerdo voluntario con el imputado MARCELO ARIEL CARDENAS ZAMBRANA, en el cual acepta someterse a una condena de TRES AÑOS, de privación de libertad…” (sic), sin perjuicio que se beneficie con los recursos establecidos en la ley adjetiva penal (Conclusión II.1). De esta forma, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marcelo Ariel Cárdenas Zambrana -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, previsto y sancionado en el art. 261 del CP, el prenombrado solicitó salida alternativa de procedimiento abreviado; empero, su petición fue rechazada por la Jueza demandada por una oposición fundada de la parte civil; este extremo, fue sostenido en el informe presentado por la indicada autoridad judicial (fs. 100 y vta.); aseveración que no mereció contradicción por la parte impetrante de tutela. En ese contexto, con relación al rechazo a la aplicación de procedimiento abreviado, el impetrante de tutela tenía la vía ordinaria penal para impugnar esa decisión a través del recurso de apelación incidental, previsto en el art. 403 del CPP; conforme, dispone la SCP 0639/2016-S2 de 30 de mayo, que efectuando una interpretación respecto al alcance del indicado artículo, precisó:

…el citado artículo en forma expresa no prevé el recurso de apelación incidental contra las resoluciones que rechacen el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, empero debido a que el recurso de apelación es un medio de defensa que tiene una de la partes procesales para impugnar una decisión que afecta sus derechos en aplicación de los principios de prevalencia de la justica material sobre la formal, justicia material y pro actione que tienen por objeto lograr una tutela judicial efectiva, resulta posible formular el recurso de apelación incidental contra el indicado fallo, no pudiendo las autoridades judiciales condicionar la apertura de su competencia a una excesiva observancia de los aspectos formales. Se evidencia, que el peticionante de tutela, ante el rechazo a la aplicación de procedimiento abreviado, no agotó el medio de impugnación intraprocesal existente, y no dio la oportunidad al superior en grado, para conocer su caso y poder asumir su defensa sobre los actos lesivos señalados o corregir y/o enmendar las irregularidades denunciadas en esta acción de libertad; incurriéndose en una de las causales de subsidiariedad excepcional señaladas en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; la cual, se activa cuando no se agotan los medios eficaces o las vías ordinarias que se encuentran establecidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como en el presente caso, de interponer el recurso de apelación incidental, por el rechazo a la aplicación de procedimiento abreviado, sólo en su defecto acudir a la jurisdicción constitucional; razón por la cual, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al fondo de la problemática planteada; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 104 vta. a 109 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.2, indica: “… el proceso constitucional de hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa

existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a la libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (las negrillas son agregadas).

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1048_2025-S1.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 766dce51ef18c46ac0158c96728f34207fd265e9b9352d1fda0e2b694ed3c679

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