B.IA.LEGAL

SCP 1048/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de septiembre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de septiembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
45736-2022-92-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, el Juez ahora accionado determinó su detención preventiva sin que el Ministerio Público haya demostrado la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173, por lo que lo hizo sin la fundamentación, motivación y congruencia correspondientes. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 173/2021 de 19 de septiembre, cursante de fs. 70 a 74 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1.De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.
  2. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1048/2023-S3 Sucre, 26 de septiembre de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 45736-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 173/2021 de 19 de septiembre, cursante de fs. 70 a 74 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Grover Alexander Justo Vilca y Omar Añamuro Peralta contra Juan Roberto Aruquipa Balboa, “Juez de Instrucción Cautelar en lo Penal de Puerto Acosta del departamento de La Paz” -siendo lo correcto Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta del departamento de La Paz-.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes por memorial presentado el 18 de septiembre de 2021, cursante de fs. 60 a 64 vta., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal iniciado por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988- el cual se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juez ahora accionado, se inició la investigación y presentó la imputación formal el 31 de agosto de 2021, siendo sometidos a una audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal, donde se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ante la concurrencia de riesgos procesales de fuga y de obstaculización. El Juez hoy accionado procedió a invertir la carga probatoria, puesto que de las literales de la imputación formal se advierte que los riesgos procesales consignados en dicha Resolución 64/2021 de 31 de agosto, no se encuentran debidamente fundamentados, mucho menos se cuenta con documentación o elemento indiciario que acredite la concurrencia de los mismos, mes si en ese tipo de audiencia la carga procesal le corresponde al Ministerio Público y no así a la parte imputada, conforme los lineamientos establecidos en la Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-, así como la SCP 276/2018-S2 de 25 de junio, y el Protocolo de Dirección de Audiencias de Medidas Cautelares; sin embargo, contrario sensu, dicha autoridad bajo un entendimiento alejado a la norma y a toda razonabilidad, pese a que aportaron documentos a efectos de contrarrestar lo manifestado por el Ministerio Público, determinó tenerlos por no acreditados, la concurrencia de los riegos procesales establecidos por los arts. 234.7; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin señalar cómo podrían influenciar a los testigos posibles participes y peritos, sin haberse descrito los nombres de éstos en la imputación formal. El Juez ahora accionado procedió a determinar su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz “…siendo que ambos considerando la edad debió ser considerado este extremo…” (sic). En ese sentido, la decisión asumida por el Juez hoy accionado dispuso su detención preventiva de manera arbitraria e ilegal, dándose lugar a la vulneración de sus derechos y garantías, pues a consecuencia de una mala valoración e incongruente fundamentación se dispuso su detención preventiva, siendo que el Fiscal de Materia no demostró la concurrencia de riesgos procesales.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 22, 23, 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se emita nueva resolución de medidas cautelares dentro de los alcances y parámetros determinados dentro de la presente acción de libertad, y se establezcan cuales los indicios que hacen presumir por el Juez hoy accionado la aplicación de una medidas cautelares extrema y ante la falta de elementos que sustentan los riesgos procesales se aplique el art. 231 bis del CPP; es decir, medidas menos gravosas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 19 de septiembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 79 a 81, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad en audiencia manifestó que: a) La SCP 0276/2018-S2 de 4 de mayo, le dio la facultad al Ministerio Público en primera instancia de acreditar de manera objetiva materialmente mediante documentación la concurrencia de riesgos procesales, correspondiéndose la carga procesal en una audiencia de medidas cautelares; sin embargo, el Juez ahora accionado indicó que no se vulneró ningún derecho ni garantía constitucional, siendo que los dejó en estado de indefensión, puesto que se presentó prueba documental en la audiencia de medidas cautelares en base a la imputación formal, donde se consignan datos en relación al domicilio y una actividad lícita; empero, de la valoración en sede constitucional es permisible cuando la valoración en la jurisdicción ordinaria se aleje de los marcos legales y sea arbitraria; en ese sentido, la carga de la prueba en audiencia de medidas cautelares no le corresponde al imputado, extremo que ocurrió en el caso, por lo que se incumplió el art. 124 del CPP, consecuentemente, la Resolución emitida por la autoridad accionada carece de fundamentación, motivación y congruencia; b) El Ministerio Público incumplió la acreditación de los riesgos procesales, así como también la carga procesal en cuanto a los elementos indiciarios que acrediten el grado de autoría y participación, por lo que el Juez estaba impedido de considerar el segundo filtro; es decir, la consideración de los riesgos procesales, incumpliéndose el art. 231.V del CCP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niños, Niñas y Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- c) En cuanto al riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP modificado por la mencionada Ley, el Ministerio Público solamente hizo alusión a la “SC 969”, incumpliéndose la disposición décimo tercera de la citada Ley, en cuanto a los sujetos procesales intervinientes en una audiencia de aplicación de medidas cautelares; sin embargo, el Juez ahora accionado concluyó de forma vaga que el delito que tiene que ver con sustancias controladas afecta a grupos vulnerables, cuando la jurisprudencia constitucional estableció que ese riesgo se activa ante la concurrencia de una sentencia condenatoria con anterioridad; empero, el Ministerio Público no presentó ni un certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) para acreditar ese riesgo procesal, exigiéndole esa carga probatoria al Ministerio Público para acreditar cada uno de esos riesgos procesales; d) Con relación al riesgo procesal previsto por el art. 235 del CPP, el Juez ahora accionado incumpliendo el art. 124 del mismo Código, sostuvo que el delito de sustancias controladas abarca a terceras personas, consumidores, compradores, distribuidores; no obstante, según los alcances de dicha norma, ese riesgo procesal de obstaculización influye en relación a testigos, participes y peritos; y, e) Mediante la Resolución de aplicación de medidas cautelares de detención preventiva se les afectó los derechos a la libertad, a la locomoción y al debido proceso, por cuanto el fundamento fue vago y subjetivo, afectando los elementos de fundamentación, motivación y congruencia, aplicándose la medida extrema en un centro penitenciario sin considerar la edad de los accionantes, cuando el Centro de Rehabilitación Juvenil Qalahuma del departamento de La Paz, recibe a personas imputadas con una edad razonable.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Juan Roberto Aruquipa Balboa, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta del departamento de La Paz, a través del informe de 19 de septiembre de 2021 cursante a fs. 67 y vta., señaló que: 1) En la demanda de acción de libertad se mencionó la inversión de la prueba, cuando solo el Ministerio Público presentó pruebas demostrando la posesión física en el momento que realizaban tráfico de “20.400” gramos de cocaína, en flagrancia, pruebas que están detalladas en la Resolución 64/2021, se aplicó la detención preventiva basados esencialmente por el principio de proporcionalidad, que debe estar en adecuada relación con el hecho que se les imputa y con lo que se busca garantizar la vigencia y la imposición de las medidas cautelares, más aun la detención preventiva, responde a las finalidades de garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y los testigos, peritos y/o intérpretes, y la protección de la comunidad, tal como lo establece la SCP 0827/2013 de 11 de junio; 2) Sobre la vulneración al derecho debido proceso y el estado absoluto de indefensión, ambos imputados tuvieron y gozan de todas las garantías para defenderse, ejerciendo en la audiencia de medidas cautelares y en la apelación, tanto que apelaron la referida Resolución que emitió, misma que fue ratificada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por lo tanto, no existe ninguna persecución ilegal e indebido procesamiento, ni menos omisión de actos y vulneración de derechos constitucionales como arbitraria e infundadamente mencionan los accionantes; 3) El contenido de la acción de libertad “…solo es pura verborrea jurídica que no tiene ni pies ni cabeza…” (sic), queriendo evadir una situación jurídica fundamenta y motivada, tanto por su autoridad en primera instancia, como por la Sala Penal Tercera antes mencionada; y, 4) Se ratifica en el contenido de la Resolución 64/2021 y en la Resolución que emitió la citada Sala Penal, que los accionantes quieren soslayar y pretenden sorprender a su autoridad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 173/2021 de 19 de septiembre, cursante de fs. 70 a 74 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez hoy accionado señale audiencia en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación bajo responsabilidad a efectos de considerar todo lo expuesto en esa audiencia y por ende subsanar todos esos elementos no considerados, determinando así una medida gravosa extrema; y, se aplique el art. 231 bis del CPP modificado por la Ley 1173, aplicándose la detención domiciliaria a los accionantes, toda vez que si bien existe confirmación de la Resolución 64/2021; empero, la misma señala en su parte dispositiva que en la audiencia de apelación no se llegó a fundamentar los agravios correspondientes; bajo los siguientes fundamentos: i) En relación al art. 234.7 del CPP, el representante del Ministerio Público hizo mención a la SCP 0969/2017-S3 de 25 de septiembre, la cual estableció que los imputados serían un peligro para la sociedad, para la juventud a la cual se dirigen las sustancias controladas; empero, la autoridad jurisdiccional olvidó contemplar la SCP 0545/2020-S4 de 6 de octubre, la cual determinó que para considerar aspectos de este peligro de fuga, el mismo encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubiesen sido encontradas culpables de un delito anteriormente señalado, es así que en concordancia con la SCP “0056/2014”, el peligro relevante es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, puesto que la posibilidad de delinquir genera el riesgo emergente plasmado en los antecedentes personales del imputado. En ese sentido, si bien el Ministerio Público baso su fundamentación bajo línea jurisprudencial, el mismo va en contrario de lo citado, ya que no presentó prueba o documento idóneo para demostrar que serían un peligro para la sociedad, mínimamente debió ser presentado un certificado de antecedentes penales o su equivalente al mismo a la nacionalidad a la que pertenecen los nombrados, pues conforme a la previsión del art. 11 de la Ley 1173 que modificó el art. 231 bis literal V, se tiene que la carga de la prueba para acreditar los riesgos de fuga y obstaculización corresponden a la parte acusadora, siendo el Ministerio Público el que está encargado de promover las acciones procesales ante la evidencia de la presunta comisión de un ilícito en favor de la sociedad; ii) En ese sentido, la autoridad ahora accionada habría omitido realizar una valoración y compulsa bajo las reglas de la sana critica, bajo el principio de razonabilidad, puesto que el Ministerio Público a partir de la imputación formal realizada contra los accionantes se estaría vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, previsto por el art. 116 de la CPE, por cuanto a partir de la SCP 0015/2020-S2 de 11 de marzo, entre otras, para la procedencia del art. 234.7 del CPP, se debe considerar la peligrosidad del imputado con relación a que tuviera sentencia condenatoria ejecutoriada anterior, por lo que se habrían vulnerado los principios de racionalidad, proporcionalidad y favorabilidad; iii) Respecto al núm. 2 del art. 235 del CPP, si bien el Ministerio Público mencionó que los imputados estando en libertad podría influir sobre testigos y peritos a objeto de que informen falsamente, se observa una fundamentación concisa y clara; empero, no puede hacer omisión de lo establecido mediante la SCP 0711/2012 de 13 de agosto, que refiere que ese riesgo procesal se encuentra latente aún se haya dictado sentencia condenatoria ejecutoriada, por lo que no ingresó al fondo del mismo; iv) Según la SCP 1663/2013 de 4 de octubre, se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites que sea estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones, que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida no punitiva; es decir, que establece que las medidas cautelares deben ser aplicadas de manera excepcional para restringir el derecho a la libertad y a la libre locomoción, así también el aplicar medidas cautelares no constituye en la determinación de una sentencia condenatoria en contra de un imputado, por lo que se debe hacer un test sobre los elementos positivos y negativos al momento de valorar bajo el principio integral los peligros de fuga y de obstaculización; v) Al encontrarnos en un nuevo estado constitucional de derecho, donde entre otros principios está latente y vigente el principio de favorabilidad y progresividad, así como la presunción de inocencia, se tiene que los imputados tiene como un derecho legal constitucional y humano la libertad; y, vi) Tiene el deber de aplicar la norma más favorable para el imputado, el derecho internacional que rige mediante el in dubio pro reo y más aún cuando la Ley establece que se debe evitar el abuso de la detención preventiva, por lo que se debe considerar la aplicación de medidas gravosas, entre ellas la detención preventiva en el domicilio.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 12 de junio de 2023, cursante a fs. 100, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 21 de septiembre de 2023, cursante a fs. 24; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa imputación formal de 31 de agosto de 2021, emitido por Diego Boris Farrachol Pinto Fiscal de Materia de La Paz, proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Grover Alexander Justo Vilca y Omar Añamuro Peralta -ahora accionantes-, se presentó imputación formal contra los nombrados ante el Juez de Instrucción Cautelar en lo Penal de la localidad de Puerto Acosta del referido departamento, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, así como se solicitó la aplicación de medidas cautelares (fs. 1 a 8). II.2. Mediante Resolución 64/2021 de 31 de agosto, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta del departamento de La Paz, -ahora accionado-, dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario de San Pedro dei referido departamento y de Omar Añamuro Peralta en el Centro de Rehabilitación Juvenil Qalahuma del mencionado departamento, determinando el plazo de noventa días para que se presente el requerimiento conclusivo de la causa ante la tramitación de la misma bajo el régimen de procedimiento inmediato para delitos flagrantes; por lo cual los abogados de la defensa interpusieron recurso de apelación, el cual fue concedido por dicha autoridad jurisdiccional en el mismo acto (fs. 114 a 116 y vta.). II.3. Consta Documento Nacional de Identidad (DNI) 74702419-2 perteneciente a Alexander Justo Vilca, con fecha de nacimiento 3 de enero de 2002, así como de Omar Añamuro Peralta, constando la fecha de su nacimiento el 7 de julio de 2002 (fs. 56 y 59).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, el Juez ahora accionado determinó su detención preventiva sin que el Ministerio Público haya demostrado la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173, por lo que lo hizo sin la fundamentación, motivación y congruencia correspondientes. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.

Jurisprudencia reiterada

La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció que: “…los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: (…). Segundo Supuesto:

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física”.

III.3. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, el Juez ahora accionado determinó su detención preventiva sin que el Ministerio Público haya demostrado la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173, por lo que lo hizo sin la fundamentación, motivación y congruencia correspondientes. Ahora bien, según los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Grover Alexander Justo Vilca y Omar Añamuro Peralta -ahora accionantes-, el 31 de agosto de 2021, se presentó imputación formal contra los nombrados ante el Juez de Instrucción Cautelar en lo Penal de Puerto Acosta del departamento de La Paz, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, así como se solicitó la aplicación de medidas cautelares (Conclusión II.1.); en ese sentido, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta del departamento de La Paz, ahora accionado, mediante la Resolución 64/2021 de 31 de agosto, dispuso la detención preventiva de Grover Alexander Justo Vilca en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz y de Omar Añamuro Peralta en el Centro de Rehabilitación Juvenil Qalahuma del mencionado departamento, determinando el plazo de noventa días para que se presente el requerimiento conclusivo de la causa ante la tramitación de la misma bajo el régimen de procedimiento inmediato para delitos flagrantes; por lo cual los abogados de la defensa interpusieron recurso de apelación, el cual fue concedido por dicha autoridad jurisdiccional en el mismo acto (Conclusión II.2.). Así también, cursa en obrados Documento Nacional de Identidad (DNI) 74702419-2 perteneciente a Alexander Justo Vilca, con fecha de nacimiento 3 de enero de 2002, así como de Omar Añamuro Peralta, constando la fecha de su nacimiento el 7 de julio de 2002 (Conclusión II.3.). En el marco de los antecedentes referidos y considerando la problemática planteada por los accionantes, corresponde señalar que los reclamos efectuados por los nombrados se refieren a la aplicación de la detención preventiva en su contra, sin que la autoridad accionada haya considerado que el Ministerio Publico no demostró la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y de obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173, por lo que emitió dicha determinación sin fundamentación, motivación y congruencia; al respecto, corresponde señalar que si los accionantes consideraban que el Juez ahora accionado a tiempo de dictar la Resolución que dispuso su detención preventiva incurrió en actuación ilegal u omisión indebida y que dicha determinación resultaba gravosa y atentatoria a sus derechos, con carácter previo a acudir a esta jurisdicción constitucional debió agotar los mecanismos de defensa intra procesales previstos por el ordenamiento jurídico, teniéndose en ese sentido el recurso de apelación establecido en el art. 251 del CPP, que era el medio idóneo y eficaz para conocer y resolver los reclamos ahora efectuados, permitiendo que la jurisdicción ordinaria a través del Tribunal de alzada pueda revisar el accionar de la autoridad de primera instancia ahora accionado, y en su caso corrija todas las irregularidades y omisiones alegadas, en las que presuntamente dicha autoridad hubiese incurrido. En este punto de análisis, es oportuno aclarar que conforme se tiene de la misma Resolución que dispuso la detención preventiva de los accionantes, objeto de cuestionamiento a través de la presente acción de libertad, justamente su abogado defensor planteó recurso de apelación incidental contra dicha determinación, misma que según lo referido por el propio Juez hoy accionado en el informe presentado ante el Juez de garantías, dicho recurso ya habría sido considerado y resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien habría confirmado la Resolución de primera instancia. Bajo ese contexto, corresponde aplicar la jurisprudencia constitucional prevista en el Fundamento Jurídico precedente en su segundo supuesto, razón por la cual esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra impedido de conocer el fondo del asunto planteado, correspondiendo la denegatoria de la tutela solicitada.

Finalmente, teniéndose ya resuelta la acción de libertad, corresponde también aclarar en cuanto a lo referido por los accionante en el sentido de que el Juez hoy accionado habría dispuesto su detención preventiva en un centro penitenciario sin considerar la edad de los accionantes, cuando el Centro de Rehabilitación Juvenil Qalahuma del departamento de La Paz, recibe a personas imputadas con una edad razonable; por lo que corresponde señalar que a partir de la documentación cursante en el cuaderno procesal se tiene que los nombrados a momento de la interposición de la acción de libertad objeto de autos contaban con más de 19 años de edad (Conclusión II.3.); por lo que, no se puede tenerlos a los nombrados como menores de edad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, no obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 173/2021 de 19 de septiembre, cursante de fs. 70 a 74 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1048_2023-S3.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9068ac8d8b50b276b0b20ffcfe558a0eaa6f1a70850db50909a55948ebe2650e

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →