Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 6 de septiembre de 2023
Concede la tutela
El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos: al trabajo, estabilidad laboral, e inamovilidad laboral, y a una resolución motivada y congruente; toda vez que, el Jefe Departamental del Trabajo demandado, emitió la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT 025/2022 de 11 de marzo, la cual conminó a su reincorporación laboral, incurriendo en una carencia de motivación y congruencia interna, debido a que puso como obstáculo que previamente presente el Título Académico en Veterinaria y Zootecnia, cuando en su lugar debió disponer su reincorporación a otro cargo con la misma remuneración. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) Marco normativo y reglamentario para la protección del derecho a la estabilidad laboral ii) Inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; iii) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso, iv) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, v) Análisis de caso concreto
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 76/2022 de 18 de julio, cursante de fs. 78 a 82, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en este fallo constitucional y en consecuencia DISPONER la nulidad de la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT 025/2022 de 11 de marzo y la emisión de una nueva Resolución de Conminatoria de Reincorporación, salvando las observaciones advertidas en los argumentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sea dentro las cuarenta y ocho horas de su legal notificación.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1047/2023-S1 Sucre, 6 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 49048-2022-99-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 76/2022 de 18 de julio, cursante de fs. 78 a 82, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Eyber Arenas Arroyo contra Richard Pilco Tapia, Jefe Departamental de Trabajo de Tarija, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Por memoriales presentados el 6 y 12 de julio de 2022, cursantes de fs. 13 a 23 y 26 a 27, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Asumió funciones en el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de San Lorenzo, desde el 1 de febrero de 2018, como técnico veterinario; también era de conocimiento de dicha entidad su grado de discapacidad del “44%”, según su carnet de discapacidad; empero, el 30 de julio de 2021 se le extendió el Memorándum de Agradecimiento de servicios; ante tal situación, el 27 de agosto de mismo año solicitó su reincorporación e inamovilidad laboral ante el Alcalde del GAM de San Lorenzo; al no tener respuesta, el 7 de septiembre de citado año presentó su denuncia ante el Ministerio de Trabajo de Tarija solicitando su reincorporación laboral; por lo que, el Jefe Departamental de Trabajo emitió la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT 025/2022 de 11 de marzo, donde resolvió “Se conmina al Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo – Prov. Méndez, a la Reincorporación Laboral del Sr. Miguel Eyber Arenas Arroyo, Previa presentación de su Título Académico en Materia de Veterinaria y Zootecnia…..”; por lo que, el Jefe Departamental de Trabajo de Tarija -ahora demandado- puso como obstáculo presentar el Título Académico en materia de Veterinaria para que sea reincorporado. La referida Conminatoria, no es coherente ni congruente, pues fundamenta la resolución señalando los derechos del trabajador y la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad; empero, pone obstáculos refiriendo que no tenía título de Veterinario y que no presentó dicho documento al GAM de San Lorenzo; siendo que, debió garantizar su inamovilidad laboral al ser una persona con discapacidad y disponer su reincorporación a otro puesto de trabajo. No presentó ningún recurso administrativo en contra de la referida Conminatoria, correspondiendo aplicar la excepción al principio de subsidiariedad.
El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a una resolución motivada y congruente, al trabajo, estabilidad laboral e inamovilidad laboral, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela solicitada y se ordene a la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, que emita una nueva Resolución de Conminatoria de Reincorporación Laboral, de manera fundamentada y congruente, que garantice su derecho a la inamovilidad laboral como persona con discapacidad; y, sea con costas.
Celebrada la audiencia virtual el 18 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 75 a 78, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó la acción de amparo constitucional interpuesta.
Richard Pilco Tapia, Jefe Departamental de Trabajo de Tarija, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante informe de 18 de julio de 2022, cursante de fs. 68 a 74 vta. manifestó que: a) Presuntamente se habría lesionado el debido proceso, el derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral por la emisión de la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT 025/2022 de 11 de marzo; cabe resaltar que no hubo un nexo de causalidad entre el desarrollo argumentativo y el petitorio, por lo que la Jefatura de Trabajo de Tarija de ninguna forma lesionó los derechos referidos, ya que no se generó un despido al contrario a través de dicha Conminatoria se efectuó protección de los derechos del trabajador, en ese contexto solicitó se deniegue la tutela impetrada; b) El cargo que ocupaba el accionante, requería que la persona tenga formación académica en veterinaria y zootecnia, siendo requisito para el puesto de Técnico Veterinario; por lo que, el impetrante de tutela debió sujetarse al art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012- “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido” (sic); por lo que, se tiene que el accionante no presentó documentación que justifique formación académica en veterinaria zootecnia, aspecto que condicionó la actuación de esta cartera de estado, que enmarcó su determinación al sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado y a las leyes; c) Bajo el principio de favorabilidad se emitió la Conminatoria contemplando la reincorporación laboral siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios para el cargo que detentaba el peticionante de tutela, decisión asumida precautelando los derechos y la estabilidad laboral del trabajador con capacidades diferentes; siendo que, no quedó claro de qué manera esta cartera de Estado lesionó el derecho a la inamovilidad laboral y estabilidad laboral del accionante; toda vez que, no estaría capacitado para el cargo al que peticionó ser reincorporado; y, d) Tampoco agotó las vías administrativas a efectos de reclamar los derechos aludidos, puesto que en el art. 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2002- señala que “La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso”; esto implica además, que los actos de la Administración pueden ser objeto de control judicial; por lo que al no haber hecho uso de los recursos que franquea la ley, aceptó la determinación de la Conminatoria.
Asunción Ramos, Alcaldesa del GAM de San Lorenzo, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, pese a su legal notificación cursante a fs. 29, ni presentó informe alguno.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija, mediante Resolución 76/2022 de 18 de julio, cursante de fs. 78 a 82, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) El accionante, indicó que correspondía aplicar el principio de subsidiariedad; sin embargo nos encontramos frente a una causal de improcedencia señalada en el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo) que señala que “…La acción de amparo constitucional no procederá contra resoluciones judiciales o administrativas, que pudieran ser modificadas o suprimidas, por cualquier otro recurso del cual no se haya hecho uso oportuno”, siendo la situación dentro de la acción tutelar presentada, pues se emitió la Conminatoria de Reincorporación dentro de un procedimiento administrativo que el accionante denunció, por lo tanto debería dar cumplimiento a lo que establece el procedimiento administrativo y cumplir todas sus etapas; por lo que, no implica excepcionar el principio de subsidiariedad sino implica concluir una vía que se encontraba abierta para una resolución, caso contrario se estaría aperturando dos vías paralelas que pudieran tener criterios diferenciados generando así inseguridad jurídica, por lo tanto en este caso ya se aperturó la vía administrativa la cual debería de haber agotado; 2) El principio de subsidiariedad que se mencionó es excepcionar, de no acudir previamente a la instancia administrativa sino acudir directamente a la jurisdicción constitucional, por lo que existe una diferencia entre ambos aspectos, por lo que el Tribunal de garantías entiende que no se hizo uso oportuno de los recursos que la Ley le franquea al accionante, “más allá de lo que pertenece a un grupo vulnerable de atención prioritaria, lo que no implica de que pudiera violentar o cambiar lo que está establecido en las normas como procedimientos a cumplirse, equivaldría a decir que si se inicia una acción ordinaria, pues entonces durante el desarrollo de la acción pudiera acudir directamente a la jurisdicción constitucional, para que esta les pudiera resolver un problema jurídico sin que se haya agotado esta vía” (sic); también aclarar que el accionante todavía tiene las vías idóneas para hacer valer sus derechos frente a la institución empleadora en cuanto a la inamovilidad laboral y estabilidad laboral que gozan las personas con capacidades diferentes.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa copia de carnet de discapacidad del ahora accionante, con tipo de discapacidad física – motora en un 44 % (fs. 2).
II.2. Mediante Nota con cargo de recepción de 27 de agosto de 2021, el ahora accionante solicitó su reincorporación laboral a la Alcaldesa del GAM de San Lorenzo (fs. 5). II.3. A través de la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT 025/2022 de 11 de marzo, Richard Pilco Tapia, Jefe Departamental de Trabajo de Tarija -autoridad ahora demandada-, conminó al GAM de San Lorenzo a la reincorporación laboral de Miguel Eyber Arenas Arroyo -ahora accionante- “previa presentación de su Título Académico en materia de Veterinaria y Zootecnia” (sic); puesto que, se verificó que no existía documentación de respaldo para la incorporación a la función pública; siendo que, el 19 de julio de 2021 se requirió a los funcionarios que desempeñaban “inspección de Carnes en el matadero” presenten documentación que acredite su formación académica en Veterinaria y Zootecnia lo cual el impetrante de tutela no presentó; bajo esos antecedentes la Conminatoria refirió que:
“En atención al INFORME 028/21 INFORME 003/22 MTEPS-JDTT-SJZO-INF.003/22, elevado por la inspectora de Trabajo Abg. Sitcela Jacoba Zelaya Ordoñez, así como de toda la documental cursante en obrados misma que fue aportada por ambas partes, corresponde ingresar al análisis de la misma, llegando en consecuencia a las siguientes conclusiones: a. A través de MEMORANDUM Cite N°013/2018 se designó al Sr. Miguel Eyber Arenas Arroyo como “Técnico Veterinario y por MEMORANDUM CITE N°13/2021 se determinó su desvinculación bajo el argumento de nombramiento ilegal en el cargo de Técnico III Veterinario, con el fin de no lesionar sus derechos, el Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo en fecha 19 de junio de 2021 le solicito documentación indispensable para ejercer el cargo de Técnico III Veterinario como lo es un título académico que acredite su formación en el área de veterinaria y zootecnia, sin embargo el ahora denunciante no presentó ninguna documentación. b. Cursa solicitud de reincorporación laboral al ser una persona con discapacidad por parte de Miguel Eyber Arenas Arroyo de fecha 27 de agosto de 2021 misma que fue remitida al alcalde del Municipio de San Lorenzo Asunción Ramos, toda vez que el mismo fue desvinculado en fecha 30 de julio de 2021. c. Un hecho importante que merece nuestra atención es que a través de INFORME TECNICO GAMSL/RR.HH/N°32/2021, se llegó a verificar que no cursa documentación del File Personal del ahora denunciante, y que en dicha entidad municipal no cursa ninguna documentación de respaldo para la incorporación a la función pública, requiriéndole que el mismo presente documentación que acredite que no existen incompatibilidades para el ejercicio del cargo dentro la función pública, aspecto que el Sr. Miguel Eyber Arenas Arroyo no cumplió. d. El servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) a través de nota formal de fecha 19 de julio de 2021, comunico al Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo los requisitos que debe cumplir los servidores públicos de dicha entidad aquellos funcionarios que realicen “inspección de Carnes en el matadero” y en fecha 19 de julio se le requirió nuevamente la documentación que acredite su formación académica en veterinaria y zootecnia pero el denunciante Sr. Miguel Eyber Arenas Arroyo no presentó ninguna documentación. e. Toda vez que el Sr. Miguel Eyber Arenas Arroyo a través de Carnet No. 06-19720929MAA, acredito su condición de persona con discapacidad, sin embargo la misma Ley N°223 de 2 de marzo de 2012, es clara en señalar en su Art. 34 parágrafo II. “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido”. f. En ese mismo sentido La Ley 977, prevé en el Art.2, Parágrafo V, que “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de la personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años y con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación. g. Nuestra norma suprema en su Art. 234 establece cuales son los requisitos para acceder al desempeño de la función pública, requisitos que debe cumplir todo servidor o servidora pública antes de asumir el cargo.
En atención a todos los antecedentes señalados y adjuntados dentro de la presente, precautelando el cumplimiento de la Normativa Laboral, el suscrito Jefe Departamental de Trabajo Tarija, en el Marco de la competencia establecida dentro de D.S. 29894, D.S. 28699, Ley N° 223, Ley N°977:
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- SE CONMINA AL GOBUERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO - PROV. MENDEZ, A LA REINCORPORACION LABORL DEL Sr. MIGUEL EYBER ARENAS ARROYO, PREVIA PRESENTACION DE SU TITULO ACADEMICO EN MATERIA DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA” (sic [fs. 7 a 8 vta.]).
El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos: al trabajo, estabilidad laboral, e inamovilidad laboral, y a una resolución motivada y congruente; toda vez que, el Jefe Departamental del Trabajo demandado, emitió la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT 025/2022 de 11 de marzo, la cual conminó a su reincorporación laboral, incurriendo en una carencia de motivación y congruencia interna, debido a que puso como obstáculo que previamente presente el Título Académico en Veterinaria y Zootecnia, cuando en su lugar debió disponer su reincorporación a otro cargo con la misma remuneración. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) Marco normativo y reglamentario para la protección del derecho a la estabilidad laboral ii) Inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; iii) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso, iv) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, v) Análisis de caso concreto
El derecho del trabajador a la estabilidad o continuidad laboral, consistente básicamente en la garantía constitucional de conservar materialmente su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen un despido; derechos que se encuentran reconocidos por nuestra normativa nacional; así:
La Constitución Política del Estado en sus arts. 46.I.2, 48.II, 49.III, y 50 refieren que:
“Artículo 46. I. Toda persona tiene derecho:
(…) 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”. “Artículo 48.II (…)
protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador (…)” (negrillas añadidas) “Artículo 49 (…) III. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes”. “Artículo 50 (…) IV. El Estado protegerá la estabilidad laboral, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de seguridad social”. Asimismo, la estabilidad laboral también se encuentra reconocida por el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de junio de 1982; que prevé:
” Artículo 4. No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”. “Artículo 8
1. El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro. (…) ”(las negrillas nos corresponden) “Artículo 10 Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si en virtud de la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada” (las negrillas son ilustrativas). De igual forma, el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 4, manifiesta que:
“Artículo 4º.- (Principios del Derecho Laboral)
I. Se ratifica la vigencia plena de los principios del Derecho Laboral: a. Principio Protector, en el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, entendido en base a las siguientes reglas:
- in dubio pro operario, en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador. - de la condición más beneficiosa, en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida ésta debe ser respetada, en la medida que sea más favorable al trabajador, ante la nueva norma que se ha de aplicar. b. Principio de la Continuidad de la Relación Laboral, donde a la relación laboral se el atribuye la más larga duración imponiéndose al fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución del empleador. c. Principio Intervencionista, en la que el Estado, a través de los órganos y tribunales especiales y competentes ejerce tuición en el cumplimiento de los derechos sociales de los trabajadores y empleadores. d. Principio de la Primacía de la Realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes. e. Principio de No Discriminación, es la exclusión de diferenciaciones que colocan a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable respecto a otros trabajadores, con los que mantenga responsabilidades o labores similares.
II. La presente enumeración de los principios laborales no son excluyentes con principios establecidos anteladamente, ni con las que pudieran incorporarse con posterioridad” (el resaltado es ilustrativo). “Artículo 11º.- (Estabilidad laboral) I. Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias. (…)”. Por su parte, corresponde puntualizar que referido el DS 28699 y su ulterior modificación por DS 0495 de 1 de mayo de 2010, prevén en la nueva estructura constitucional la facultad para el Órgano Ejecutivo, el diseñar su estructura y funcionamiento, con el objeto de garantizar la correcta implementación de los principios, valores y disposiciones de la Ley Fundamental; así el mencionado art. 50 de la CPE, en esencia refiere que el Estado, a través de los tribunales y entes administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social. En este cometido, se estructura el nuevo Órgano Ejecutivo a través del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, refiere lo siguiente:
“ARTÍCULO 86.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL). Las atribuciones de la Ministra(o) de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:
(…) g) Prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos emergentes de las relaciones laborales (…)” A lo referido por la disposición descrita, el ya mencionado DS 28699, en su art. 11.II, prevé que: “Mediante Decreto Supremo, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma y alcances de la Estabilidad Laboral”; en mérito a ello, el art. 10.I del referido DS 28699, establece que: “Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación”; asimismo, su parágrafo III que fue modificado por DS 0495 describe que: “ En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo”.
Asimismo, el referido DS 0495, incluyó a su vez, los parágrafos IV y V en el citado art. 10 del DS 29894, con los siguientes textos:
“IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo IV del presente artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”. En mérito a la normativa nacional e internacional descrita, es posible concluir que, el derecho al trabajo y empleo, se encuentra plenamente garantizada en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuya materialización y su ejercicio pleno corresponde a las instancias pertinentes que al conocer denuncias sobre despidos irregulares u otra forma de limitar este derecho, deben velar siempre por su protección; toda vez que, al conculcarse el ejercicio de este derecho, de forma directa también se afecta los derechos a la seguridad social o la alimentación como ejemplos, puesto que el contar con un trabajo digno conlleva el ejercicio y goce de otros derechos.
Inicialmente corresponde remitirnos a la normativa que regula este aspecto; por ello, inicialmente la Constitución Política del Estado, a lo largo de sus disposiciones prevé las siguientes prerrogativas y derechos respecto de las personas con discapacidad:
“Artículo 14. (…) II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. (…)” (el resaltado nos corresponde) “Artículo 45. (…) III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales (…)” (las negrillas adicionadas). “Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:
1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Artículo 71 I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad.
II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.
III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley”. “Artículo 300.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: (…)
30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad”. “Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: (…)
39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad”. Por su parte, la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, denominada Ley General Para Personas con Discapacidad, con relación al derecho a la inamovilidad laboral de este sector social, prescribe:
“Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades
Artículo 34.- (Ámbito de Trabajo)
I. “El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.
debidamente su despido.
III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.
IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo” (negrillas añadidas). Por su parte, el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, mediante su art. 3, refiere lo siguiente:
“Artículo 3°. - (Principios rectores) La aplicación del presente Decreto Supremo estará regida por los siguientes principios: Principio de preferencia. - Por el que las instituciones públicas y privadas deben considerar con carácter preferente a personas con discapacidad para el acceso, promoción y capacitación laboral, proporcionándoles las condiciones de trabajo necesarias para facilitar su desempeño en tareas para las que sean aptas, evitando todo tipo de discriminación fundada en su discapacidad o deficiencia. Principio de integración. - Por el que se deben adoptar los mecanismos más adecuados para posibilitar la activa incorporación material, laboral y social de las personas con discapacidad en sus lugares de trabajo, a través de procedimientos idóneos que permitan su integración plena. Principio de estabilidad laboral. - Por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno. Principio de normalización. - Por el que las instituciones deberán contar con condiciones materiales y físicas apropiadas en cuanto a infraestructura, transporte que, cuando sea posible para la institución, deberá servir para llevar y recoger a las personas desde sus domicilios hasta las fuentes de trabajo, equipamiento y seguridad, que permitan a las personas con discapacidad desenvolverse con normalidad. Principio de Calificación. - Por el que las personas con discapacidad podrán participar en exámenes y calificación para ascensos en las instituciones y entidades públicas y privadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades físicas y mentales, en igualdad de condiciones y respetando el derecho preferente en la decisión” (el subrayado y negrillas nos corresponden). “Artículo 5°.- (Inamovilidad)
II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2° (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente” (el resaltado es ilustrativo).
Efectuada la precisión normativa respecto al derecho de las personas con discapacidad y sobre el derecho a la inamovilidad laboral del mismo grupo etáreo; incumbe remitirnos a las reflexiones desarrolladas por la máxima instancia de control constitucional; en ese sentido, abordando el derecho de este grupo social, la línea jurisprudencial, fue uniforme y desarrollada en muchas sentencias, siendo una de las primeras la SCP 0235/2007-R de 10 de abril, que en esencia refirió que corresponde otorgar una tutela reforzada a las personas con discapacidad y/o tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, salvo casos expresamente previstos en la ley, garantizando de esa forma su inamovilidad laboral; entendimiento, que fue reiterado en numerosas sentencias, entre ellas, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero refiriendo básicamente que:
1 Fundamento Jurídico III.2. “…el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en sí mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales.
Consiguientemente, se establece que, la recurrente no podía ser retirada de su fuente de trabajo, al tener una hija discapacitada bajo su dependencia, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso interno, conforme establecen los instrumentos normativos establecidos al efecto…”. 2“En ese orden de ideas, de los Fundamentos Jurídicos III.2. desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se extrae que en función a los valores y principios de igualdad y justicia, las personas con capacidades diferentes, son consideradas como un grupo de atención prioritaria, cuyos derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser tutelados de manera inmediata, prescindiendo de cualquier formalidad o aspecto tendiente a dilatar su pronto y efectivo restablecimiento; bajo ese razonamiento, la Ley de la Persona con Discapacidad y el DS 29608, concordantes con los preceptos contenidos en la Ley Fundamental, enaltecen la exclusiva protección a las personas con capacidades diferentes y a los padres o tutores que los tengan bajo su dependencia, estableciendo su inamovilidad laboral como resguardo de sus derechos fundamentales como el trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración justa que le asegure una vida digna para sí y su familia.
La inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la “La inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social”. (las negrillas son añadidas) Bajo ese contexto jurisprudencial, es posible concluir que, las personas con discapacidad tienen derecho a la inamovilidad laboral, así como las personas que tienen bajo su guarda y protección a una persona discapacitada, extremo que tiene correspondencia y sustento en el nuevo modelo constitucional, en el cual el constituyente precisó que los derechos fundamentales, son directamente aplicables por mandato del art. 109.I de la CPE, mismo que debe ser comprendido en concordancia con el art. 70 de la misma Norma Suprema al referir que, las personas con discapacidad gozan de protección y del derecho al trabajo en condiciones adecuadas conforme a sus posibilidades; asimismo, es importante agregar que, dichos preceptos constitucionales, en el marco de los arts. 13.IV y 256.I de la referida Ley Fundamental, deben ser interpretados a la luz del bloque de constitucionalidad, buscando una interpretación y aplicación progresiva y garantista en favor de este sector social considerado vulnerable; en ese entender, el contenido de instrumentos internacionales que conforman el mencionado bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 del Texto Constitucional; como, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); buscan proscribir situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable.
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia el resaltado nos corresponde.
3 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic).
(…).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).
Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…
En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la 5 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras). Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 6 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438). Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita). El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
decisión.
El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos: al trabajo, estabilidad laboral, e inamovilidad laboral, y a una resolución motivada y congruente; toda vez que, el Jefe Departamental del Trabajo demandado, emitió la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT 025/2022 de 11 de marzo, la cual conminó a su reincorporación laboral, incurriendo en una carencia de motivación y congruencia interna, debido a que puso como obstáculo que previamente presente el Título Académico en Veterinaria y Zootecnia, cuando en su lugar debió disponer su reincorporación a otro cargo con la misma remuneración. De todo ello se tiene que, el accionante el 27 de agosto de 2021, solicitó su reincorporación laboral a la autoridad demandada; siendo que, contaba con tipo de discapacidad físico - motora en un 44 %, lo cual no fue considerado por la Alcaldesa del GAM de San Lorenzo; por lo que solicitó su reincorporación al Jefe Departamental de Trabajo de Tarija -autoridad ahora demandada-, es así que, a través de la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT 025/2022 de 11 de marzo, se conminó al referido Gobierno Autónomo Municipal, para que proceda a la reincorporación laboral del -ahora 7 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…). De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.
accionante- “previa presentación de su Título Académico en materia de Veterinaria y Zootecnia” (sic [Conclusiones II. 1, 2 y 3]). El impetrante de tutela no presentó ningún recurso administrativo; toda vez que se encuentra en grupo vulnerable teniendo una discapacidad Física – Motora en un 44% (Conclusión II.1); por lo que corresponde aplicar la excepción del principio de subsidiariedad e ingresar al análisis del caso en revisión. En ese contexto, identificada el problema jurídico en el cual se advierte que la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT 025/2022 de 11 de marzo, que conminó a su reincorporación laboral, incurrió en una carencia de motivación y congruencia interna, debido a que puso como obstáculo que previamente presente el Título Académico en Veterinaria y Zootecnia; en ese entendido, corresponde ingresar a su análisis, conforme a la cronología de los hechos suscitados. En cuanto a la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT 025/2022 de 11 de marzo, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija; la cual, incurrió en una carencia de motivación y congruencia interna, debido a que puso como obstáculo que previamente presente el Título Académico en Veterinaria y Zootecnia. De los antecedentes descritos se llega a constatar que el impetrante de tutela quien tenía un grado de discapacidad de 44%, desempeñó su actividad laboral en el GAM de San Lorenzo desde el 1 de febrero de 2018 como técnico veterinario hasta el 30 de julio de 2021 en que se le extendió el memorándum de agradecimiento de servicios; lo cual, denunció ante la instancia administrativa laboral, frente a lo descrito el Jefe Departamental de Trabajo de Tarija -autoridad ahora demandada- emitió la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT 025/2022 de 11 de marzo, disponiendo “Se conmina al Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo – Prov. Méndez, a la Reincorporación Laboral del Sr. Miguel Eyber Arenas Arroyo, Previa presentación de su Título Académico en Materia de Veterinaria y Zootecnia”; posteriormente, después de conocer dicha Conminatoria no presentó ningún recurso administrativo. Ahora bien, corresponde abordar la vulneración del debido proceso en su elementos de motivación y congruencia de la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT 025/2022 de 11 de marzo, que resolvió la reincorporación laboral del accionante, poniendo como obstáculo la presentación de su Título Académico en Materia de Veterinaria y Zootecnia para ser reincorporado; a tal efecto, es necesario remitirnos a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional relativa a que toda resolución judicial debe ser emitida en apego al debido proceso precautelado y resguardado por la norma fundamental, el elemento de la motivación que es la justificación de las razones del porque se falló de uno u otro modo y en la cual debe denotarse que se efectuó la relación de los antecedentes facticos y la valoración de la prueba; por lo que este elemento del debido proceso se constituye en requisito ineludible en las determinaciones de las autoridades sean estas judiciales y/o administrativas; bajo esas difusiones la cuestionada Conminatoria refirió que: En los incisos “a” hasta “e” se argumentó la reseña histórica del accionante; y, por lo señalado en los incisos “e” a “g”, solamente se mencionó la Ley 223 de 2 de marzo de 2012 y la Ley 977 bajo los siguientes argumentos:
a. A través de MEMORANDUM Cite N°013/2018 se designó al Sr. Miguel Eyber Arenas Arroyo como “Técnico Veterinario y por MEMORANDUM CITE N°13/2021 se determinó su desvinculación bajo el argumento de nombramiento ilegal en el cargo de Técnico III Veterinario, con el fin de no lesionar sus derechos, el Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo en fecha 19 de junio de 2021 le solicito documentación indispensable para ejercer el cargo de Técnico III Veterinario como lo es un título académico que acredite su formación en el área de veterinaria y zootecnia, sin embargo el ahora denunciante no presentó ninguna documentación. b. Cursa solicitud de reincorporación laboral al ser una persona con discapacidad por parte de Miguel Eyber Arenas Arroyo de fecha 27 de agosto de 2021 misma que fue remitida al alcalde del Municipio de San Lorenzo Asunción Ramos, toda vez que el mismo fue desvinculado en fecha 30 de julio de 2021. c. Un hecho importante que merece nuestra atención es que a través de INFORME TECNICO GAMSL/RR.HH/N°32/2021, se llegó a verificar que no cursa documentación del File Personal del ahora denunciante, y que en dicha entidad municipal no cursa ninguna documentación de respaldo para la incorporación a la función pública, requiriéndole que el mismo presente documentación que acredite que no existen incompatibilidades para el ejercicio del cargo dentro la función pública, aspecto que el Sr. Miguel Eyber Arenas Arroyo no cumplió. d. El servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) a través de nota formal de fecha 19 de julio de 2021, comunico al Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo los requisitos que debe cumplir los servidores públicos de dicha entidad aquellos funcionarios que realicen “inspección de Carnes en el matadero” y en fecha 19 de julio se le requirió nuevamente la documentación que acredite su formación académica en veterinaria y zootecnia pero el denunciante Sr. Miguel Eyber Arenas Arroyo no presentó ninguna documentación. e. Toda vez que el Sr. Miguel Eyber Arenas Arroyo a través de Carnet No. 06-19720929MAA, acredito su condición de persona con discapacidad, sin embargo la misma Ley N°223 de 2 de marzo de 2012, es clara en señalar en su Art. 34 parágrafo II. “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido”. f. En ese mismo sentido La Ley 977, prevé en el Art.2, Parágrafo V, que “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de la personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años y con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación.
g. Nuestra norma suprema en su Art. 234 establece cuales son los requisitos para acceder al desempeño de la función pública, requisitos que debe cumplir todo servidor o servidora pública antes de asumir el cargo. (sic [7 a 8 vta.]) De lo descrito, se puede advertir conforme a lo señalado en líneas precedentes que de los incisos a) al inciso d), la autoridad administrativa demandada, describió los antecedentes del caso concreto; es decir, el memorando de desvinculación, la solicitud de reincorporación laboral efectuada ante la Alcaldesa del GAM de San Lorenzo, el Informe Técnico GAMSL/RR.HH/N°32/2021 referido a que el accionante no contaría con documentación respaldatoria para el cargo que ejercía; y, finalmente hizo referencia a la nota de 19 de julio de 2021 emitido por SENASAC mediante la cual comunicó a la Alcaldesa del GAM de San Lorenzo los requisitos que debía cumplir para el cargo que ejercía. Prosiguiendo, la autoridad administrativa demandada refirió que el accionante habría acreditado su condición de persona con discapacidad, para luego citar a la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 997 de 26 de septiembre de 2017- y el art. 234 de la CPE, referidas a la exigencia de requisitos para acceder al desempeño de una función pública, y posteriormente de forma incomprensible ingresar a su parte resolutiva disponiendo su reincorporación previa presentación del título académico en Veterinaria y Zootecnia. En ese contexto, es evidente la vulneración al debido proceso en su elemento motivación, ya que como se vio, el demandado no justificó de forma razonada los motivos por los cuales llegó a determinar la reincorporación previa presentación del título académico en Veterinaria y Zootecnia; es decir, la prenombrada autoridad demandada debió compulsar la condición de discapacitado frente a las exigencias formales descritas en la normativa citada; dicho de otro modo, incumbía realizar una ponderación de la condición de discapacidad frente a la exigencia formal; para fundamentar la condición de inamovilidad laboral para la discapacidad advertida e instruir -si fuera el caso- su reincorporación a otro lugar donde cumpla con las exigencias requeridas; y, recién orientar la parte dispositiva; consecuentemente, es evidente la falta de motivación incurrida; pero además, conforme lo advertido, el demandado también incurrió en incongruencia interna, al asumir tal determinación en su parte resolutiva sin previamente haber efectuado las justificaciones observadas. En consecuencia, conforme a todo lo desarrollado resulta evidente que el demandado incurrió en la vulneración del debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; motivos por los cuales, corresponde conceder la tutela disponiendo la emisión de una nueva resolución siguiendo los argumentos descritos. En ese entendido, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 76/2022 de 18 de julio, cursante de fs. 78 a 82, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en este fallo constitucional y en consecuencia DISPONER la nulidad de la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT 025/2022 de 11 de marzo y la emisión de una nueva Resolución de Conminatoria de Reincorporación, salvando las observaciones advertidas en los argumentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sea dentro las cuarenta y ocho horas de su legal notificación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social.
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1047_2023-S1.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8b7880a7300b4b8c79e6ca8b9a0674f6e918a7931fc45fc078a51e14c3816fdc
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