B.IA.LEGAL

SCP 1046/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 6 de septiembre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
6 de septiembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La solicitante de tutela alega que el Gerente General de la Empresa Pública Departamental de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), ahora demandado, lesionó sus derechos a laestabilidad e inamovilidad laboral, a la vida, a la seguridad social, a la maternidad, al trabajo y a una remuneración justa; toda vez que, fue retirada de su cargo, pese a que su persona gozaba de inamovilidad laboral, por tener un hijo menor a un año, además de haber existido en su caso, reconducción laboral, pues si bien su última contratación a plazo fijo databa del 11 de enero al 31 de diciembre de 2021, dentro de esa gestión, mediante instructivos, fue remitida a trabajar como apoyo de caja de cobranza (cumpliendo labores propias al giro de la empresa); además que, a través de Instructivo 005/2021 RRHH, el Jefe del Sistema SETAR Bermejo, la designó como apoyo a la Unidad de RR.HH., y como dicho nombramiento contaba con plazo de vigencia, la relación laboral, se tornó indefinida; y, pese a que solicitó al ahora demandado su recontratación indefinida, no se le brindó lo requerido; a más de ello, si hipotéticamente se hubiera cumplido la vigencia de su último contrato, su persona continuó trabajando hasta el mes de abril de 2022, clara muestra de la existencia de una reconducción laboral; por tal motivo solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) Su reincorporación laboral, al último cargo que venía desempeñando; b) El pago de sus sueldos devengados, desde el mes de enero de 2022 hasta la fecha; c) La afiliación inmediata al seguro de la CNS, más el pago del subsidio de lactancia…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR parcialmente la Resolución de 12 de julio de 2022, cursante de fs. 149 a 157 vta., pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de Bermejo del departamento de Tarija, solo, con relación a la concesión parcial de la tutela y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo lo siguiente:

a) El pago de sueldos devengados, más el pago de otros derechos y beneficios sociales que la ley establece, por el periodo comprendido desde que dejó de percibir sus salarios, debiendo reintegrárselos hasta que la niña cumplió un año de edad; para lo cual, inmediatamente de notificado con el presente fallo constitucional, la Jueza de garantías deberá abrir un término de prueba de diez días, con el fin de resolver de manera clara y precisa el cumplimiento del pago de los salarios devengados en el monto que corresponde a la solicitante de tutela y demás derechos sociales establecidos por ley; y, b) Se haga efectivo el pago del subsidio de lactancia en favor de la menor de edad, siempre que no hubiere sido percibido por la progenitora, desde el momento en que dejó de recibirlo, hasta que la menor cumplió un año de edad. 2° DENEGAR con relación a la reconducción laboral solicitada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores
  2. III.2. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados: Distinción en las modalidades de acceso a
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1046/2023-S1 Sucre, 6 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente 49011-2022-99-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución de 12 de julio de 2022, cursante de fs. 149 a 157 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elvia Benita Romero Justiniano contra Marco Antonio López Zamora, Gerente General de la Empresa Pública Departamental de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de junio de 2022, cursante de fs. 38 a 49, y el de subsanación de 1 de julio de igual año, corriente de fs. 55 a 57 vta., la accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresó a trabajar a la empresa demandada el 4 de enero de 2014, mediante Contrato Administrativo de Prestación de Servicios 002/2014, a plazo fijo, hasta el 31 de diciembre de igual año, luego el 14 de enero de 2015 fue nuevamente contratada, pero esta vez de forma indefinida mediante Memorándum G.G. 008BJO/2015 en el cargo de Auxiliar de Enfermería I, función que cumplió hasta el 26 de agosto de 2020, fecha en la que le pasaron su agradecimiento de servicios, aclarando que hasta esa data no había cobrado su finiquito. Posteriormente, el 28 de septiembre de 2020, nuevamente fue contratada, pero a plazo fijo, como Auxiliar de Seguridad Industrial, solo hasta el 30 de noviembre de ese año; ulteriormente, del 11 de enero al 31 de diciembre de 2021, se la contrató a plazo fijo como Auxiliar de Seguridad Industrial, percibiendo un haber básico de Bs3769.-(tres mil setecientos sesenta y nueve bolivianos); sin embargo, dentro de esa gestión, mediante Instructivos “26/2021”, “34/2021”, 39/2021 de 12 de marzo, 40/2021 de 22 de febrero, 47/2021 de 22 de marzo y 87/2021 de 14 de abril, trabajó como apoyo de caja de cobranza. Por su parte, el 23 de junio de 2021 comunicó expresamente a la entidad demandada, su estado gestacional de cinco meses; a ello, se dio “…cumplimiento de subsidio prenatal hasta se me canceló el bono de nacido vivo…” (sic). De igual forma, en esa misma gestión, a través de Instructivo 005/2021 RRHH de 1 de septiembre, Daniel Marcelo Higueras Sosa, Jefe del Sistema SETAR Bermejo, la designó como apoyo a la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.), “…en forma indefinida ya que no se establece un plazo de designación o duración de la relación laboral” (sic). A través de nota de 28 de diciembre de 2021, solicitó al ahora demandado su recontratación de forma indefinida, en razón que trabajó en dicha entidad desde el 2011, que suscribió dos contratos a plazo fijo y que tenía un hijo menor de un año, por lo que gozaba de inamovilidad laboral y preferencia en la recontratación; sin embargo, hasta la fecha no se le brindó lo requerido. Por otro lado, existe un informe recepcionado por el Jefe Administrativo de SETAR, en el que indicó que desde enero a abril de 2022, su persona apoyó a la Unidad de RR.HH., a solicitud de sus compañeros de SETAR; es decir, sin contrato o memorando, demostrando así, que existió la tácita reconducción, pues continuó prestando sus funciones, aun vencido el término del convenio y cumpliendo labores propias al giro de la empresa, pero no percibió sueldo por ese cargo, se entiende que desde el mes de enero a abril de 2022. Habiendo esperado pacientemente se cumpla con la normativa laboral, incluso sin presentar denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pues se le dijo que su trámite de reincorporación estaba encaminado, pero como no fue así, interpone la presente acción tutelar. Finalmente, refirió que en el caso no hubo actos consentidos por su parte, pues en dos ocasiones reclamó su inamovilidad laboral.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Estima lesionados sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la vida, a la seguridad social, a la maternidad, al trabajo y a una remuneración justa, establecidos en los arts. 15, 45, 46 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) Su reincorporación laboral, al último cargo que venía desempeñando; b) El pago de sus sueldos devengados, desde el mes de enero de 2022 hasta la fecha; c) La afiliación inmediata al seguro de la Caja Nacional de Salud (CNS), más el pago del subsidio de lactancia desde el mes de enero de 2022 hasta el cumplimiento del año de su hija; y, d) Se le otorgue contrato indefinido, por haber demostrado la tácita reconducción, al haber continuado trabajando pese a que su segundo contrato a plazo finalizó.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó 12 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 146 a 148 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La impetrante de tutela a través de su abogado, en el desarrollo de la audiencia, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliando los mismos, refirió que, si bien la empresa demandada afirmó que su contrato venció el 31 de diciembre de 2021, su persona continuó trabajando hasta el 30 de abril de 2022, lo que implicaba una reconducción laboral.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Marco Antonio López Zamora, Gerente General de la Empresa Pública Departamental de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), a través de su apoderado legal Daniel Marcelo Higueras Sosa, Jefe del Sistema SETAR-Bermejo, presentó informe de 12 de julio de 2022, cursante de fs. 143 a 145 vta.,; y en audiencia, a su vez, señaló lo que a continuación se detalla: 1) Del contrato de consultor en línea de la solicitante de tutela de 4 de enero de 2014, se desprende que fue un contrato de prestación de servicios de salud emergente del Seguro Delegado, que no generaba derechos laborales con la empresa; de similar manera, con el Memorándum G.G. 008BJO/2015, que también fue emergente del Seguro Delegado; por ello, es que se le contrató al cargo de Auxiliar de Enfermería, en virtud al convenio que duraba cinco años; es así que, finalizado el convenio concluyó su trabajo; pues, la naturaleza jurídica del Seguro Delegado, es totalmente distinto a una relación obrero patronal, donde el empleado trabajaba para la empresa; en el presente caso, el trabajador prestó un servicio de salud para los trabajadores, no para la empresa, así lo expresó el convenio dado que el Seguro se administraba con el 10% del aporte patronal; es decir, este Seguro se financiaba con recursos ajenos a la entidad; por lo tanto, la contratación para prestar un servicio de salud, en virtud del Seguro Delegado, genere obligaciones laborales a la Empresa Pública Departamental de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), era imposible; 2) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, al extinguirse la relación laboral por haber cumplido el plazo de vigencia del contrato, no era posible exigir al empleador que mantenga a la trabajadora en el cargo, aunque esta o la esposa del trabajador hubiera resultado embarazada; 3) Debe considerarse que todos los trabajadores a contrato, ya sean públicos o privados, deben presentar un informe de actividades de dejación de cargo; en el caso, la accionante no hizo este informe en la gestión 2020; por dicho motivo, se le pidió que cumpla con esta obligación, presentando el mismo recién el 2 de junio de 2022; 4) Con relación a lo alegado por la impetrante de tutela, respecto a que apoyó a la Unidad de RR.HH. de Empresa Pública Departamental de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), a solicitud verbal de sus compañeros de trabajo, de enero a abril de 2022, no resultó una acción legal, pues toda solicitud debe ser realizada por autoridad competente; en el presente caso, el Gerente General de la entidad o en su caso el Jefe de Sistemas; y, 5) Las funciones que realizó la solicitante de tutela no correspondieron al giro mismo de la empresa, pues la entidad, resulta ser una empresa creada con el objeto de generar, distribuir y comercializar energía eléctrica, quedando claro que no fueron las labores que realizó la señalada.

I.2.3. Resolución

La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de Bermejo del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 12 de julio de 2022, cursante de fs. 149 a 157 vta., concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo la reincorporación inmediata de la accionante a su fuente laboral en el último cargo que desempeñaba y en el plazo de tres días, debiéndose hacer efectiva la reposición de derechos laborales y los emergentes de la gestación, los inherentes a la seguridad social -afiliación al Seguro de la CNS más el pago del subsidio de lactancia, desde el mes de enero de 2022 hasta que su hija cumpla un año de vida-, además de la inamovilidad laboral, también hasta que la hija cumpla un año; y, denegó con relación a la emisión de un contrato indefinido “…no se ingresó a dilucidar respecto el pago de haberes devengados, (finiquito) y/o sobre el trabajo por solicitud verbal de los trabajadores de SETAR, desde enero-abril de 2022, no así con el empleador y pago de haberes devengados” (sic); decisión que, fue asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Se evidenció la vulneración a los derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, así como a la seguridad social, a la vida y a la maternidad, pues la impetrante de tutela sostuvo una relación laboral con la entidad ahora demandada, mediante contratos por tiempo definido e indefinido de la gestión 2014 a la 2020, y luego dos definidos de 2021 y 2022; ii) Fue la misma parte demandada la que generó incertidumbre en que la solicitante de tutela conservaría o no su fuente laboral, iii) “En aplicación del principio fundamental de la legislación laboral que corresponde a la primacía de la realidad, consiste en otorgar prioridad a los hechos, es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad, sobre las formas o apariencias o lo que las partes han convenido. Corresponde la reincorporación de la accionante a su fuente laboral” (sic); iv) De igual forma, se deberá hacer efectiva la reposición de derechos laborales emergentes de la gestación, hasta que el hijo cumpla un año de edad; y, v) En cuanto a la inamovilidad laboral, la misma constituye una garantía de permanencia de la impetrante de tutela en su puesto de trabajo hasta que el hijo tenga un año de edad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Contrato Administrativo de Prestación de Servicios 002/2014 de 4 de enero, el Seguro Delegado de Salud SETAR, contrató los servicios de Elvia Benita Romero Justiniano -ahora accionante- del 4 de enero al 31 de diciembre de 2014, como Enfermera del Seguro Delegado de la Empresa SETAR Subsistema Bermejo, debiendo proveer servicios de salud a sus asegurados, aclarando que la misma no realizaría “…funciones inherentes a la actividad o al giro propio de la Empresa” (sic); además, de aclarar que dada la naturaleza de dicho contrato, no era admisible la tácita reconducción (fs. 1 a 4). II.2. A través de Cite: 3426 de 21 de julio de 2014, el Gerente General de la CNS, remitió a la Administración Regional Tarija de esa entidad, la Homologación del Convenio de Delegación del Seguro a Corto Plazo-SETAR, en la Resolución Administrativa (RA) 241-2014 de 9 de julio (fs. 107). Asimismo, consta la RA 241-2014 (fs. 109 a 111). II.3. Por Memorándum G.G. 008BJO/2015 de 14 de enero, el entonces Gerente General de SETAR, dispuso que a partir de esa fecha, la contratación de la impetrante de tutela sería definitiva como personal permanente del Seguro Delegado de Salud SETAR, en el cargo de Auxiliar de Enfermería I, con el nivel salarial 4 del área de salud vigente (fs. 5). II.4. Consta Memorándum G.G. 116/2020 de 18 de agosto; por el cual, el entonces Gerente General de SETAR, agradeció los servicios de la impetrante de tutela, pues “...feneció el Convenio del Seguro delegado y se llevó a cabo el proceso de transición al Ente Gestor de Salud…” (sic) solicitando asimismo, presente informe final de las actividades en el área donde prestó funciones (fs. 6). II.5. Cursa Contrato de Trabajo a Plazo Fijo de 28 de septiembre de 2020; a través del cual, SETAR mediante su representante legal, tomó los servicios de la accionante como Auxiliar de Seguridad Industrial hasta el 30 de noviembre de igual año, aclarando que “…no procediendo su tácita reconducción, por lo que, tanto LA EMPRESA como la TRABAJADORA, toman pleno conocimiento sobre la finalización de la relación laboral” (sic [fs. 7 a 10]).

II.6. A través de Contrato de Trabajo a Plazo Fijo de 11 de enero de 2021, SETAR contrató a la impetrante de tutela como Auxiliar de Seguridad Industrial, con una duración al 31 de diciembre de igual año, aclarando en el mismo que sus funciones eran enunciativas y no limitativas, pudiendo a futuro otorgársele otras, siempre y cuando sean afines al objeto principal del contrato; y, “…no procediendo su tácita reconducción, por lo que, tanto LA EMPRESA como el TRABAJADOR toman pleno conocimiento sobre la finalización de la relación laboral” (sic [fs. 11 a 13]). II.7. Mediante Instructivo 40/2021 de 22 de febrero, el Jefe del Sistema SETAR Bermejo a.i., ordenó que la solicitante de tutela reemplace a la trabajadora de la Caja 1 por vacación de la misma por cinco días (fs.16); por otro lado, a través de Instructivo 39/2021 de 12 de marzo, se instruyó que la accionante, supla por ese día a una trabajadora y del 18 al 24 de igual mes a otra (fs. 17). Asimismo, por Instructivo 47/2021 de 22 de marzo, se evidenció que la impetrante de tutela, ejercía de cajera del 23 al 26 de marzo (fs. 18); de igual forma, consta Instructivo 87/2021 de 14 de abril; mediante el cual, el Jefe del Sistema SETAR Bermejo, dispuso que la solicitante de tutela, a partir del 19 de ese mes y año, preste apoyo en la recepción de documentos y otros pues la Secretaria de esa jefatura haría uso de vacación por treinta días (fs. 15); por otro lado, cursa Instructivo 005/2021 RRHH de 1 de septiembre, el Jefe del Sistema SETAR Bermejo, delegó a la accionante, para que efectúe el trabajo de apoyo a la Unidad de RR.HH., haciéndose cargo exclusivamente del control y seguimiento diario de la asistencia del personal en el marcado del Biométrico y la realización de los reportes correspondientes (fs. 20). II.8. Consta Certificado de Nacimiento de AA, hija de la impetrante de tutela, acaecido el 25 de octubre de 2021 (fs. 34). II.9. Cursa nota de 3 de noviembre de 2021; a través de la cual, la peticionante de tutela solicitó al Jefe del Sistema SETAR Bermejo, que habiendo nacido su hija el 25 de octubre de ese año, se proceda a cancelarle por natalidad y a partir de ello, también por la lactancia correspondiente (fs. 24). II.10. Por nota de 28 de diciembre de 2021, la accionante solicitó al ahora demandado, su recontratación indefinida, pues su persona habría trabajado para esa empresa desde el 2011, además que tenía un bebe de dos meses de nacido (fs. 30). En ese mismo sentido, mediante nota de igual data, hizo el mismo requerimiento al Jefe del Sistema SETAR Bermejo (fs. 31). II.11. Cursa nota de 2 de junio de 2022; mediante la cual, la impetrante de tutela hizo entrega a la Jefa Administrativa de SETAR Bermejo, de toda la documentación del Seguro Delegado añadiendo que de enero a abril de ese año, había continuado trabajando en RR.HH. a solicitud verbal de sus compañeros de SETAR (fs. 32).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La solicitante de tutela alega que el Gerente General de la Empresa Pública Departamental de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), ahora demandado, lesionó sus derechos a laestabilidad e inamovilidad laboral, a la vida, a la seguridad social, a la maternidad, al trabajo y a una remuneración justa; toda vez que, fue retirada de su cargo, pese a que su persona gozaba de inamovilidad laboral, por tener un hijo menor a un año, además de haber existido en su caso, reconducción laboral, pues si bien su última contratación a plazo fijo databa del 11 de enero al 31 de diciembre de 2021, dentro de esa gestión, mediante instructivos, fue remitida a trabajar como apoyo de caja de cobranza (cumpliendo labores propias al giro de la empresa); además que, a través de Instructivo 005/2021 RRHH, el Jefe del Sistema SETAR Bermejo, la designó como apoyo a la Unidad de RR.HH., y como dicho nombramiento contaba con plazo de vigencia, la relación laboral, se tornó indefinida; y, pese a que solicitó al ahora demandado su recontratación indefinida, no se le brindó lo requerido; a más de ello, si hipotéticamente se hubiera cumplido la vigencia de su último contrato, su persona continuó trabajando hasta el mes de abril de 2022, clara muestra de la existencia de una reconducción laboral; por tal motivo solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: a) Su reincorporación laboral, al último cargo que venía desempeñando; b) El pago de sus sueldos devengados, desde el mes de enero de 2022 hasta la fecha; c) La afiliación inmediata al seguro de la CNS, más el pago del subsidio de lactancia desde el mes de enero de 2022 hasta el cumplimiento del año de su hija; y, d) Se le otorgue contrato indefinido, por haber demostrado la tácita reconducción, al haber continuado trabajando pese a que su segundo contrato a plazo finalizó. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto se analizará los siguientes temas: 1) Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores; 2) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados: Distinción en las modalidades de acceso a la justicia constitucional y unificación del problema jurídico material; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores

El siguiente razonamiento fue expresado en la sistematización jurisprudencial contenida en la SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo. Con relación a la garantía de inamovilidad laboral, la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000 constituye el antecedente de la línea jurisprudencial sobre la excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos de despidos intempestivos de padres progenitores; en la cual, se estableció que la tutela de los derechos del trabajador y del ser en gestación, no pueden estar pendientes de otros recursos o vías administrativas; dicho entendimiento, fue confirmado por la SC 1749/2003-R de 1 de diciembre; y posteriormente, por la SCP 0102/2012 de 23 de abril, reiterando que tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuyo resguardo es urgente e inmediato ante el despido intempestivo de su fuente laboral, la activación de la acción de amparo constitucional no se sujeta al principio de subsidiariedad. Por su parte, la SCP 0735/2013 de 6 de junio, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 de 1 de mayo de 2010, complementario del art. 6 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, estableció que dado que el art. 1 del DS 496, es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para pedir su reincorporación y acudir directamente a la acción de amparo constitucional. En torno a la jurisprudencia constitucional relativa a la protección del derecho a la estabilidad laboral por vía de la acción de amparo constitucional, la SC 873/01-R de 20 de agosto de 2001 sentó la línea jurisprudencial de 1El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley (…)”. 2El FJ III.3, indica: “…en el momento de producirse la destitución, la agraviada era madre de un menor que aún no había cumplido un año de edad, por lo que de no brindarse la protección solicitada, aquel despido causaría efectos irreparables, no sólo a la recurrente, sino principalmente al mencionado menor, en cuyo mérito es preciso prescindir de la subsidiariedad que caracteriza al amparo; teniendo en cuenta que en situaciones análogas, este Tribunal en invariable jurisprudencia ha concedido la tutela que brinda el amparo constitucional (…)”. 3El FJ III.2, refiere: “…en consecuencia, conforme a la Sentencia Constitucional citada, y teniendo en cuenta que el art. 15 de la CPE, establece que toda persona tiene derecho a la vida, siendo el mismo un derecho fundamental, en este caso de la mujer en gestación así como de la niña nacida, no correspondía denegar la tutela de la presente acción respecto al codemandado Luis Adolfo Flores Roberts, Gobernador del departamento de Pando por el principio de subsidiariedad, sino por el contrario ingresar al análisis del fondo respecto de la presente acción y determinar si la autoridad corecurrida también vulneró el derecho de la accionante”. 4El FJ III.2, manifiesta que: “Lo que significa que vía construcción jurisprudencial este Tribunal Constitución Plurinacional ha establecido que la normativa reglamentaria contenida en Artículo Único del DS 496, es una norma permisiva, debido a que le otorga a la trabajadora o el trabajador sujeto de protección constitucional al tenor de lo dispuesto en el art. 48.VI de la CPE, la posibilidad por un lado de solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruya su reincorporación, o de otro, si así lo decide, prescindir de este medio administrativo y acudir directamente al amparo constitucional, en aplicación correcta de la excepción al principio de subsidiariedad”. 5El Tercer Considerando, establece: “Que los hechos relacionados, deben ser adecuadamente compulsados dentro de la jurisdicción laboral no correspondiendo hacerlo dentro del presente Recurso, una vez que el Amparo Constitucional no sustituye a los medios ordinarios que la Ley reconoce para la defensa de los derechos”.

denegatoria de tutela de reincorporación laboral por vía constitucional, en caso de despidos, en mérito al principio de subsidiariedad; ya en vigencia del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, la SC 0274/2007-R de 17 de abril, refiriéndose a una conminatoria de reincorporación laboral, señaló que el amparo constitucional no era el mecanismo idóneo para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, debiendo acudirse a la misma instancia que emitió la resolución; entendimiento reiterado por la SC 1613/2010-R de 15 de octubre. Posteriormente, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo efectuó una mutación implícita, ya que concedió la tutela de reincorporación laboral dispuesta en la conminatoria laboral. Luego, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo moduló el entendimiento sobre la excepción del principio de subsidiariedad, en el caso que el trabajador opte por la reincorporación, estableciendo los siguientes supuestos: a) Deberá denunciar este hecho ante las jefaturas departamentales de trabajo, entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495 de 1 de 6El FJ III.3, infiere: “De los fundamentos expuestos, se llega a la firme convicción de que, no siendo el recurso de amparo constitucional la vía idónea para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, en el presente caso no se activa la protección que otorga, pues la recurrente no agotó la vía idónea para solicitar la ejecución de la Resolución de la Jefatura Departamental de Trabajo del Ministerio de Trabajo, dictada por el Jefe Departamental. En consecuencia, los hechos denunciados, no se adecuan a los presupuestos jurídicos previstos por los preceptos del art. 19 de la CPE para otorgar la tutela solicitada”. 7El FJ III.4, refiere: “…conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, el recurso de amparo constitucional no es la vía idónea para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos y judiciales, por lo cual en el presente caso no se activa la protección que otorga esta acción tutelar, pues el accionante no agotó la vía idónea para solicitar la ejecución de la resolución dictada por el Director Departamental de Trabajo”. 8El FJ III.2, dispone: “De lo expuesto, se puede establecer que con la resolución de reincorporación por parte del Ministerio de trabajo se acaba con la vía administrativa, pudiendo acudir el trabajador ante la justicia ordinaria, siendo dicha opción optativa del trabajador antes de acudir a la vía constitucional, toda vez que, conforme la jurisprudencia constitucional, una vez agotada la vía administrativa, no se necesita agotar también la vía ordinaria, para acudir a la jurisdicción constitucional ya que la vía administrativa y la ordinaria son dos vías diferentes.

Ahora bien, si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495”. 9El FJ III.3, señala: “1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral”.

mayo de 2010, emitiendo, si corresponde, la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso que el empleador incumpla la referida conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional; b) La conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto, el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, interponiendo la acción laboral, instancia en la que en definitiva, se establecerá si el despido fue o no justificado; y, c) En los casos en que el trabajador, fuera sometido a un proceso interno; dentro del cual, se determine su despido por una de las causales establecidas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario, en su caso, por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495 no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral; dicho entendimiento fue modulado implícitamente por la SCP 0735/2013, la que en razón a la protección de los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral reforzada de los padres, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 complementario del art. 6 del DS 0012, estableció que dado que el art. 1 del DS 0496 es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a pedir su reincorporación e interponer directamente la acción de amparo constitucional.

A partir de lo señalado y efectuado el examen de la línea jurisprudencial, en cuanto a la abstracción del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos en que se denuncia vulneración a la inamovilidad y estabilidad laboral de madres gestantes y padres progenitores por efecto de despidos intempestivos, resulta aplicable el entendimiento contenido en la SCP 0735/2013, por cuanto permite un acceso directo a la justicia constitucional, para el restablecimiento inmediato de los derechos primarios vulnerados, al establecer que en mérito a la protección reforzada de la garantía de inamovilidad laboral y del derecho a la estabilidad laboral de padres progenitores hasta el año de edad del hijo o hija a través de la acción de amparo constitucional, no se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad; por consiguiente, si el trabajador así lo decide, ante un despido intempestivo, puede prescindir de la vía administrativa y acudir directamente ante la jurisdicción constitucional (…).

III.2. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados: Distinción en las modalidades de acceso a

la justicia constitucional y unificación del problema jurídico material El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0148/2019-S2 de 17 de abril, asumió el siguiente razonamiento: Corresponde distinguir las dos modalidades diferenciadas de protección constitucional que proceden y que están en la tradición jurisprudencial ante la vulneración de la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados, como son: 1) La tutela directa a través de la acción de amparo constitucional, sin la exigencia del agotamiento de ninguna vía judicial o administrativa, o en su caso; 2) La tutela a través de la acción de amparo constitucional, vía cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo. La distinción mencionada, permite visualizar claramente que ante despidos producidos en el sector público o privado, la búsqueda de la protección de la garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o del hijo contenida en la norma constitucional prevista en el art. 48.VI de la CPE, formalmente puede tener dos procedimientos disímiles; por cuanto, algunas veces la o el progenitor justiciable opta por acudir directamente a la justicia constitucional vía amparo constitucional sin que exista ninguna conminatoria de reincorporación emitida por la autoridad administrativa laboral, y otras veces, elige acudir previamente a la vía administrativa, esto es, ante la Jefatura Departamental del Trabajo y, en este camino procesal, obtiene una conminatoria de reincorporación y, ante su incumplimiento por el empleador, interpone acción de amparo constitucional buscando precisamente se cumpla la misma. En ese orden, si bien formalmente se plantean dos actos lesivos distintos ante la justicia constitucional, esto es: i) La denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo por el empleador, quien se niega a reincorporar a la o el progenitor; o, ii) La denuncia de despido de la mujer embarazada o del padre, bajo la protección de la garantía de inamovilidad hasta el año de nacimiento de la hija o el hijo, a ser valorado directamente por la justicia constitucional, sin que exista de por medio una conminatoria de autoridad administrativa que cumplir; sin embargo, en ambos casos existe, en realidad, un mismo acto lesivo esencial vinculado al despido o no contratación de las mujeres embarazadas, progenitoras o progenitores, y en ambas situaciones se busca la protección de la garantía de inamovilidad del progenitor contenida en el art. 48.VI de la CPE y el resguardo de los derechos involucrados en esta garantía, que trascienden el derecho al trabajo, sumándose los derechos a la salud, a la seguridad social, a la vida digna y a la vida de la madre y de la niña o del niño, conforme lo entendió la SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, bajo una interpretación finalista; y la petición es la misma; es decir, la solicitud de reincorporación de la o del progenitor trabajador y el reconocimiento de los demás derechos laborales. De ello se desprende que existe un mismo problema jurídico; pues, se trata de un mismo acto lesivo esencial, de los mismos o similares derechos supuestamente vulnerados y de la misma petición.

III.2.1. Otros presupuestos procesales básicos para interponer la acción de amparo constitucional

Lo señalado anteriormente, permite aclarar algunos presupuestos procesales básicos comunes al problema jurídico sobre la inamovilidad laboral de la o el progenitor: 3En el FJ III.2, realiza la vinculación entre derechos protegidos dentro de la garantía de inamovilidad laboral de progenitores, refiriendo que : “…lo que se precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus (interpretación finalista) que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, reconocido en el art. 15 de la CPE (…); así como también el derecho a la salud, reconocido en el art. 18 de la CPE (…) toda vez que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer, puesto que si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado, según lo dispone el art. 62 (…) y el art. 64 de la CPE (…) ‘II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones’”. 14La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en su FJ.III.2.1, citando a la SCP 0367/2012 de 22 de junio, enfatizó que tanto los jueces o tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional antes de realizar la fundamentación normativa y la motivación fáctica de las resoluciones constitucionales que emitan, deben identificar de manera resumida y clara el o los problemas jurídicos que deberán resolver, en cuya formulación, “…deben tomarse en cuenta tres elementos que conforman un problema jurídico, esto es, los actos u omisiones ilegales denunciados por la parte accionante (acto lesivo), en los que hubiera incurrido la o las autoridades o persona o personas demandadas, vinculadas con los derechos o garantías supuestamente lesionados, suprimidos o amenazados de restricción o supresión, con el amparo solicitado; es decir, la petición”.

a) La legitimación activa. Por regla general, la legitimación activa la ostenta la o el trabajador progenitor del sector público o privado que está bajo la protección de la garantía de inamovilidad prevista en el art. 48.VI de la CPE; por cuando, es el directamente afectado quien puede interponer la acción de amparo constitucional, de forma directa u otra persona a su nombre con poder suficiente, conforme lo disponen los arts. 129.I de la CPE y 52.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo). b) La legitimación pasiva flexible. La legitimación pasiva es entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la vulneración de los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción (Por todas, las SSCC 691/01-R de 9 de julio de 2001 y 0192/2010-R de 24 de mayo, entre muchas otras).

En ese orden, si bien, dependiendo del acto lesivo concreto denunciado, la legitimación pasiva la ostenta el Jefe Departamental del Trabajo y el empleador, uno de ellos o, finalmente a ambos, empero, teniendo en cuenta que se unificó el problema jurídico material (Fundamento Jurídico III.1), el legitimado pasivo principal es el empleador del sector público o privado, quien causó la lesión de los derechos de la o del progenitor bajo la protección de la garantía de inamovilidad contenida en el art. 48.VI de la CPE; y en ese sentido, es la persona o autoridad llamada a reparar tal garantía y los derechos involucrados en ella; sin embargo, cuando corresponda, la acción también puede ser formulada contra el Jefe Departamental de Trabajo, en los casos en que no emita la correspondiente conminatoria de reincorporación; con la aclaración que si solo se interpuso contra uno de ellos, corresponderá la flexibilización de la legitimación pasiva, debido a que se trata de la protección de un grupo de atención prioritaria. c) Plazo de interposición. La acción de amparo constitucional debe ser presentada en el plazo de seis meses computables desde: c.1) La última actitud renuente del empleador del sector público o privado, quien se niega a cumplir la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo (Por todas, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre), aplicable por contener el entendimiento jurisprudencial más favorable al acceso a la justicia constitucional y materializar el principio pro actione; y, c.2) El último acto reclamado realizado por la o el progenitor trabajador en procura de la reparación a los derechos, antes de interponer la acción de amparo constitucional.

III.2.2. Aspectos sustantivos sobre la garantía de inamovilidad laboral de la o el progenitor contenida en el art. 48.VI de la CPE y los derechos involucrados i) Sobre el alcance de la norma constitucional prevista en el art. 48.VI de la CPE y sus excepciones

i.a) Sobre las y los progenitores con calidad de servidores públicos

La jurisprudencia constitucional, ha realizado algunas interpretaciones respecto a la protección de la inamovilidad laboral de la o el progenitor atendiendo la clase de servidor público que pide la tutela, como son las siguientes: 1) Tratándose de servidores públicos progenitores de libre nombramiento, se entendió que, por constituirse en cargos de confianza, la inamovilidad laboral debe ser entendida como “estabilidad laboral” hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo, que -a diferencia de la inamovilidad- implica la posibilidad que pueden ser movidos o reincorporados a otro cargo sin que se afecte su nivel salarial (SCP 1417/2012); y, 2) Los servidores públicos 15El FJ.III.3, señaló que: “…el cómputo del plazo de los seis meses de inmediatez comenzará a correr a partir de que el empleador se rehúse a cumplir la conminatoria; es decir, posteriormente a su legal notificación el empleador renuente abre la posibilidad para que el trabajador accione la vía constitucional y por tanto el plazo de inmediatez se deberá computar desde el primer acto manifiesto por el cual el empleador demuestra su falta de voluntad de cumplir con la conminatoria” y, en ese sentido, en la parte resolutiva, dispuso: “2º EXHORTAR al Ministerio del Trabajo, a que al emitir conminatorias de reincorporación, las mismas adviertan por escrito a los trabajadores que tienen seis meses desde la actitud renuente del empleador para plantear la acción de defensa”. Esta sentencia al contener el entendimiento jurisprudencial más favorable al acceso a la justicia constitucional y materializar el principio pro actione, deja inaplicables las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0809/2012 de 20 de agosto y 1033/2014 de 9 de junio, entre otras, que establecían que el plazo comienza a computarse desde la notificación con la conminatoria de reincorporación y la SCP 1511/2013 de 30 de agosto, que entendía que el plazo de los seis meses debía ser computado desde el momento en que la conminatoria adquiere ejecutoria.

16El FJ III.2, establece que: “…en el caso de las mujeres embarazadas y progenitores que son servidores públicos, y que no formen parte de la carrera administrativa, como es el caso de los funcionarios de libre nombramiento, deberá aplicarse la excepción que se deduce de lo dispuesto en el art. 48.IV de la CPE (…), puesto que en dicha norma constitucional, se reconoce -sin discriminación alguna- a todas las personas (incluyendo servidores públicos de libre nombramiento) el derecho de permanecer en el cargo que desempeñaban, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad (…) empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se progenitores elegidos por voto popular o, servidores públicos libremente designados con alto rango jerárquico, no tienen derecho a la inamovilidad laboral, empero el Estado tiene que garantizarles el sistema de seguridad social a corto plazo o de salud (SCP 1521/2012 de 24 de septiembre; i.b) Sobre las y los progenitores con contrato a plazo fijo

Del mismo modo, ha realizado interpretaciones sobre el alcance de protección respecto de progenitores trabajadores con contrato a plazo fijo. Al respecto, la SC 0109/2006-R de 31 de enero, en el Fundamento Jurídico III.3, aplicando las normas legales relativas a contratos a plazo fijo, estableció las siguientes subreglas, que definen los presupuestos procesales en los cuales es aplicable la garantía de inamovilidad, como son:

1) Si la mujer fue contratada a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener a la trabajadora en el cargo aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicios;

2) Si el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez, es decir que existirían dos contrataciones a plazo fijo sucesivas, tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por la Ley 975, por cuanto no se ha operado la conversión del contrato en uno por tiempo indefinido, debiendo actuarse conforme se señaló en el inciso anterior;

3) Si el contrato a plazo fijo fue renovado en más de dos ocasiones, conforme a las disposiciones anotadas hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza. En este tipo de casos, deberá entenderse a la inamovilidad por razón de embarazo, no en el sentido literal de la palabra, cual sería no mover al servidor público del cargo que ocupa, sino más bien, como una forma de estabilidad laboral en la que sí se los podrá mover -excepcionalmente y por única vez- a otro cargo similar o idéntico dentro la misma institución, con la finalidad de precautelar el bienestar del nasciturus, del hijo o hija recién nacida, resguardando su vida y salud hasta que cumpla su primer año de vida…”. 17El FJ III.1, establece que: “…a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral”. Así, en el caso concreto, en su FJ.III.2, resolvió: “…no se puede alegar vulneración al goce de la inamovilidad laboral, ni siquiera, por motivos de protección del progenitor justamente por la naturaleza del cargo del accionante [Fiscal de Distrito]. En casos de autoridades de alto rango jerárquico la garantía de inamovilidad en razón a contar con un hijo menor de un año de edad trastrocaría la organización institucional del Estado boliviano e impediría el logro de los objetivos institucionales y sin duda podría afectar incluso un ejercicio eficiente de las tareas del Ministerio Público”. “Pese a ello, precautelando los derechos a la salud y la seguridad social, la autoridad demandada designó al accionante en el cargo de Fiscal de Materia, cargo que evidentemente no sólo implicará reciba una remuneración justa por su trabajo, sino que a la vez, garantizará la seguridad social a corto plazo extrañada y el seguro de salud”.

precedentemente, se produce la conversión del contrato en uno por tiempo indeterminado, de manera que es de ineludible aplicación lo dispuesto por la Ley 975, o sea que se debe respetar la inamovilidad de la trabajadora hasta que su hijo o hija cumpla el primer año de edad, además de ser acreedora de las prestaciones y subsidios que la ley establece por la maternidad. La citada Sentencia Constitucional Plurinacional, debe ser entendida en el marco de la complementación asumida en la SCP 0789/2012 de 13 de agosto en el Fundamento Jurídico III.2.2, fallo que interpretando el art. 5.II del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, con relación al art. 21 de la Ley General del Trabajo (LGT) y los arts. 1 y 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, sobre los contratos a plazo fijo e indefinidos, concluyó que:

En este entendido, si bien por los argumentos expuestos, en los contratos a plazo fijo, no es aplicable la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor, ya que ha fenecido el término acordado entre partes y se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, por lo que, es razonable no exigir al empleador mantener a la trabajador (a) en el cargo aunque haya resultado en el caso de la trabajadora, embarazada en el lapso de la prestación de servicios; no obstante, debe considerarse su aplicabilidad en los siguientes supuestos:

a) Cuando el trabajador o trabajadora ha continuado ejerciendo las funciones para las cuales fue designado de manera ininterrumpida, con conocimiento del empleador, lo que implicaría consentimiento, y sin haberse firmado ningún documento de prórroga, se entendería que se ha producido tácita reconducción, conforme establece el art. 21 de la LGT;

b) Cuando el trabajador o trabajadora, contratada a plazo fijo, ha suscrito el mismo en más de dos oportunidades, operando la tacita reconducción, es aplicable la estabilidad laboral conforme lo establece la Ley 975 y el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009;

c) Cuando se ha celebrado este tipo de contrato para trabajos propios y permanentes de una empresa, siendo que el mismo es una prohibición expresa establecida por ley e implica tacita reconducción, también es aplicable la estabilidad laboral; sin embargo, a este efecto es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General del Trabajo, Jefaturas Departamentales y Regionales, el competente para la verificación del tipo de contrato antes del visado correspondiente, en cumplimiento a la Resolución Administrativa (RA) 650/007 de 27 de abril de 2007. En este entendido, y con relación al tercer supuesto, se aclara que con relación al visado de los contratos de trabajo a plazo fijo, la RA 650/007, establece el procedimiento para el refrendado de contratos por cierto tiempo o a plazo fijo, señalando el art 1.2: “Que para una correcta y uniforme aplicación de la normativa vigente se debe precisar la definición de tareas propias y permanentes, contrario sensu, se debe precisar las tareas propias y no permanentes de la empresa.

En este contexto las tareas propias y permanentes son aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad de la empresa, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica.

Las tareas propias y no permanentes son aquellas que siendo vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, se caracteriza por ser extraordinariamente temporales, señalando ser a continuación entre otras las siguientes: a) Las tareas de suplencias por licencia, bajas médicas, descansos pre y post natales, declaratorias en comisión (ver tiempo de duración); b) Las tareas por cierto tiempo por necesidades de temporada (art. 3 del DL 16187) exigencias circunstanciales del mercado, demanda extraordinaria de productos o servicios, que requieran contratación adicional de trabajadores; c) Las tareas por cierto tiempo en organizaciones o entidades, cuya fecha de cierre o conclusión de actividades se encuentre predeterminada; y, i.c) Sobre las y los progenitores sometidos a proceso disciplinario interno y la postergación de la sanción administrativa

La protección de la y el progenitor sometido a un proceso disciplinario alcanza durante todo el espacio temporal previsto en la garantía de inamovilidad laboral contenida en el art. 48.VI de la CPE, razón por la cual debe postergarse incluso la ejecución de la sanción administrativa al fenecimiento de dicho término. En ese sentido, las SSCC 0785/2003-R, 1749/2003-R, SC 1580/2011-R, y la SCP 0086/2012 de 16 de abril.

ii) Sobre la forma de reincorporación. La reincorporación laboral producto de la tutela, implica que la progenitora o progenitor trabajador debe retornar al mismo cargo, con la misma categoría, el mismo lugar y el mismo nivel salarial al momento del despido, salvo que: ii.a) El cambio conlleve una situación más favorable, como un ascenso o se le permita cumplir sus funciones en condiciones más adecuadas y seguras para su salud y la de la hija o hijo, sujetos de protección (SSCC 0765/2003-R, 1294/2004-R, 1536/2005-R, 0296/2006-R y 0472/2010-R; y, Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2012, 1153/2012, 0002/2014-S2 y 0083/2017-S2, entre muchas otras); y, ii.b) Se trate de servidores públicos progenitores de libre nombramiento; pues, conforme se ha señalado, en estos casos, la inamovilidad laboral es entendida como estabilidad laboral; y, por ende, pueden ser reincorporadas o reincorporados a otro cargo sin afectar su nivel salarial -SCP 1417/2012-. iii) Respecto a los medios de prueba y su valoración para que proceda la protección

No es un requisito dar aviso del estado de embarazo o de la existencia de una hija o hijo menor a un año al empleador, para acceder a la protección constitucional (SC 0771/2010-R de 2 de agosto). El medio probatorio documental eficaz para probar la reticencia del empleador a cumplir una conminatoria de reincorporación laboral, es el informe del Inspector del Trabajo. En el caso de la tutela directa, pueden producirse además otros medios de prueba, como prueba documental, pericial, testifical, etc. iv) Las obligaciones del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud

La Constitución Política del Estado en su art. 45.V, reconoce que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas nos pertenecen). Derecho a la maternidad segura A partir de las obligaciones del Estado contenidas en el art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012 de 12 de abril, entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas, de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, la SC 1497/2011-R de 11 de octubre. Derecho a la seguridad social y salud El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.

II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.

20El FJ III.4, refiere: “(…) durante la gestación, periodo prenatal y posnatal, son etapas en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad, colocándola en una situación de desventaja material, lo cual no puede concebirse teniendo en cuenta que bajo el nuevo modelo constitucional, se pretende la eficacia máxima de los derechos. En ese sentido, es preciso que dichas etapas se desarrollen en condiciones adecuadas de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido”. 21El FJ III.4, establece: “De esta disposición constitucional, se desprende que la intención del Constituyente no fue únicamente proteger a la mujer en estado de gravidez, sino a la futura madre. Reconocimiento no sólo constitucional sino que se halla en innumerables tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia, que forman parte del bloque de constitucionalidad. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en el art. 25, señala: ‘La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales’. Estableciendo por su parte, el art. 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que: ‘Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto’. La protección otorgada a este sector de la sociedad, cobra una importancia trascendental en cuanto involucra el derecho a la vida del nasciturus, que recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por lo que, la madre en estado de embarazo recibe protección especial. Debiendo al efecto, brindarle toda la atención y cuidados necesarios que le permitan el desarrollo de un embarazo normal preservando la vida del futuro ser. En secuela, si la madre no recibiera un apoyo específico, su embarazo podría verse gravemente afectado, en inobservancia de la protección integral que la sociedad y el Estado están constreñidos a otorgarle. Los fundamentos constitucionales de la protección a la mujer embarazada deben materializarse y no ser simples enunciados que desconozcan sus derechos; estando por ende, el Estado a través de sus autoridades y la sociedad, en la obligación de brindar una garantía especial y efectiva de los derechos de la maternidad. En especial cuando su desconocimiento, compromete el mínimo vital de la futura madre, del feto o recién nacido”.

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal.

VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados (las negrillas son nuestras).

En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que ha sido reiterada en numerosos fallos como en la SCP 1361/2015-S2 de 16 de diciembre y en la SCP 1006/2015-S2 de 14 de octubre, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios, tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia que:

…todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad (las negrillas fueron agregadas).

III.2.3. La concesión de la tutela debe disponer los efectos jurídicos más favorables, independientemente de la modalidad de acceso a la justicia constitucional de la o el progenitor

Conforme se señaló anteriormente, el problema jurídico material es el mismo cuando se busca la protección de la garantía de inamovilidad laboral de la o el progenitor y los derechos involucrados en el contenido constitucional previsto en el art. 48.VI de la CPE. Esto significa que, independientemente de la modalidad de acceso a la justicia constitucional que elija la o el progenitor justiciable (denunciando incumplimiento de conminatoria de reincorporación o, en su caso, despido vía tutela directa), la concesión de la tutela, en uno u otro caso, debe ordenar los efectos jurídicos más favorables, asumiéndose como criterio orientador el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal (Por todas, la SC 0897/2011 de 6 de junio y la SCP 1662/2012 de 1 de octubre); toda vez que, la forma de acceso a la justicia constitucional no puede prevalecer sobre los derechos sustanciales. Estos son:

1) La concesión de la tutela a la o el progenitor bajo la garantía del art. 48.VI de la CPE, tiene efectos de una tutela definitiva, vía cumplimiento de una conminatoria de reincorporación o a través de una tutela directa

La concesión de la acción de amparo constitucional -ordenando el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y demás derechos sociales, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo o, en su caso, a través de una tutela directa por la justicia constitucional que ordene la reincorporación- tiene efectos de una tutela definitiva por el espacio temporal previsto en la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la CPE, esto es, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad. En efecto, la eficacia de la concesión de la tutela a la o al progenitor trabajador es definitiva, porque no está condicionada a la espera de que se defina su reincorporación 22El FJ III.5, respecto al principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, señala que el mismo “…se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material. Así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de ‘verdad material’, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, también a la justicia constitucional. De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos” (las negrillas fueron añadidas). 23El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal se vincula con el principio de verdad material, conforme al FJ III.3 de la Sentencia Constitucional Plurinacional, que sostiene: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.

y el reconocimiento de sus derechos laborales en la vía administrativa ni en la jurisdicción laboral, contrariamente a lo que ocurre con los trabajadores que no están bajo la garantía contenida en el art. 48.VI de la CPE, a quienes sí se les otorga únicamente una tutela provisional y transitoria hasta que la jurisdicción laboral defina su situación, conforme lo entendió la SCP 0177/2012 de 14 de mayo. La inexigilidad de agotar las vías administrativas o judiciales laborales por la o el progenitor, y por lo tanto, la prescindencia de la subsidiariedad, se da porque estas vías no resultan eficaces para reparar la afectación de la garantía de inamovilidad contenida en el art. 48.VI de la CPE y los derechos fundamentales involucrados, cuya tutela se solicita. El análisis de eficacia del medio (administrativo o judicial) se encuentra medido después del examen de la condición de vulnerabilidad de los accionantes justiciables (madre o padre de un hijo o hija menor de un año de edad) y, por tanto, pertenecientes a un grupo de especial protección constitucional y la situación especial de riesgo en ese periodo, que permiten concluir claramente que esperar el agotamiento de las vías administrativas o judiciales laborales, condenaría a una protección tardía. En ese orden, es necesario aclarar qué ocurre cuando el empleador impugna a través de los recursos de revocatoria y jerárquico la conminatoria laboral de reincorporación, y en ese sentido, está pendiente de resolución; o, en su caso, a tiempo de la interposición de la acción de amparo constitucional ya existe una resolución administrativa emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que revocó tal conminatoria. Al respecto, corresponde señalar que la tutela que se otorgue en favor de la o el progenitor bajo la garantía de inamovilidad del art. 48.VI de la CPE, tiene efectos de una tutela definitiva, por las siguientes razones:

i) Si bien el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, reconoce el derecho del empleador a impugnar la conminatoria de reincorporación a través de los recursos de revocatoria o jerárquico, conforme lo entendió la SCP 0591/2012 de 20 de julio en una acción concreta de inconstitucionalidad, razonamiento jurisprudencial refrendado por la SCP 0177/2012que de igual forma reconoció que el empleador puede a acudir tanto a la vía administrativa como a la jurisdicción laboral para hacer valer sus derechos, subrayando que la concesión de la tutela es solo provisional; sin embargo, dichas sentencias fueron pronunciadas en base a la norma reglamentaria prevista en el DS 0495, aplicable únicamente a trabajadores comunes, esto es, que no están bajo la garantía de inamovilidad del art. 48.VI de la CPE;

ii) El DS 0495 mencionado, es norma reglamentaria general respecto de la norma especial contenida en el DS 0012, sobre la inamovilidad de madre y padre progenitores y, por lo mismo, en mérito al principio de especialidad de la norma, que determina: “…ante una concurrencia aparente de disposiciones legales sobre una materia, surge el principio de especialidad de la norma, por el cual una normativa especial prevalece sobre una de carácter general por ser la más adecuada al caso…” (SCP 2569/2012 de 21 de diciembre y SCP 0023/2018-S2 de 28 de febrero) se aplica la norma especial; y,

25El FJ III.1 de la SCP 0366/2016-S3 de 15 de marzo, que cita la SCP 0591/2012, señala: “No obstante lo anterior, es preciso aclarar que ambos razonamientos jurisprudenciales al presente, precisan ser adecuados a la declaración de inconstitucionalidad de la palabra ‘únicamente’ del parágrafo IV del artículo 10 del DS 28699, incorporado por el DS 0495; y de la RM 868/10 (SCP 0591/2012 de 20 de julio); declaración que de manera provisional, esto es ‘…hasta que el Órgano Legislativo dicte las normas específicas que requiere la potestad administrativa de resolver conflictos laborales’, derivó la eventual impugnación de la Conminatoria de reincorporación, en sede administrativa, a través del trámite previsto por los arts. 56 a 68 de la LPA, lo que por cierto no es óbice, como lo aclara la referida SCP 0591/2012, para la ejecución inmediata de la Conminatoria de reincorporación, una vez que ésta fue pronunciada”. 26El FJ III.3, manifiesta: “2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada”. 27Sobre la aplicación del principio de especialidad de la norma, en problemas de relevancia, ver el FJ.III.6.

iii) El DS 0012 en su art. 6 señala que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social o la Jefatura Departamental del Trabajo en el ámbito de sus competencias, dispondrán la reincorporación de la madre y/o padre progenitores, con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral; por lo tanto, la justicia constitucional, abre su competencia para hacer cumplir únicamente decisiones administrativas de reincorporación, lo que supone que así esté pendiente de resolución un recurso de revocatoria o jerárquico, o exista una resolución que hubiere revocado una conminatoria de reincorporación, o finalmente, se hubiere abierto la vía jurisdiccional laboral por el empleador, estas vías son independientes de la tutela directa y definitiva que otorga la justicia constitucional a la o al progenitor que se encuentra bajo la protección del art. 48.VI de la CPE, criterio además, que es coherente cuando la jurisprudencia es uniforme en señalar que no es necesario que la o el progenitor agote ninguna vía administrativa o judicial antes de interponer la acción de amparo constitucional. Todo lo señalado, justifica cambiar el entendimiento asumido en la SCP 0034/2018-S2 de 6 de marzo, que en el caso del progenitor, entendió que existía sustracción del objeto procesal de la acción de amparo constitucional, por haberse extinguido la causa que motivó su interposición al existir una resolución administrativa que revocó la conminatoria de reincorporación laboral; toda vez que, en estos supuestos, debe ingresarse al fondo del problema jurídico planteado. A mayor abundamiento, la tutela que se otorga es definitiva, porque tanto dentro del proceso constitucional de amparo (tutela directa) como en el procedimiento administrativo de reincorporación laboral (tutela vía cumplimiento de conminatoria), las partes procesales, especialmente el empleador, tienen la oportunidad de probar o desvirtuar los hechos referidos: al estado de embarazo y/o la condición de progenitor así como la desvinculación laboral dentro del periodo de la garantía de inamovilidad laboral y, que esos hechos se subsumen con el supuesto de hecho de la norma jurídica abstracta contenida en el art. 48.VI de la CPE, cuya valoración de la prueba y calificación jurídica de los hechos no exigen un amplio debate jurídico en otras vías. 2) La concesión de la tutela a la o al progenitor bajo la garantía del art. 48.VI de la CPE, debe reconocer todos los derechos involucrados, vía cumplimiento de una conminatoria de reincorporación, o a través de una tutela directa

Anteriormente se subrayó que la protección de la garantía de inamovilidad del progenitor contenida en el art. 48.VI de la CPE, implica además, la protección de todos los derechos involucrados en esta garantía, que trascienden el derecho al trabajo, sumándose los derechos a la salud, a la seguridad social, a la vida digna y a la vida, tanto de la madre y de la niña o el niño, conforme lo entendió la SCP 1417/2012, bajo una interpretación finalista.

Ahora bien, la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo, puede proteger todos los derechos involucrados, tutelarlos de manera parcial o, en su caso, de manera distorsionada. Frente a ello, la jueza, el juez o tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, no están impedidos; y, por el contrario, pueden/deben ordenar -producto de la concesión de la tutela-: a) El cumplimiento total de la conminatoria, cuando ésta reconoce todos los derechos involucrados; b) Ampliar la protección a otros derechos que no se hubieran reconocido en la conminatoria laboral; y, c) Reconducir los efectos jurídicos de la conminatoria, cuando protege de manera distorsionada los derechos involucrados. En suma, pueden/deben modificar los efectos jurídicos de la conminatoria, siempre y cuando la modificación sea más favorable a lo asumido por la Jefatura Departamental del Trabajo, al amparo de los criterios de interpretación pro homine y de favorabilidad, contenidos en los arts. 13.IV y 256 de la CPE.

Por ejemplo, en el tema de salarios devengados se pueden presentar los siguientes supuestos: 1) Conminatoria de reincorporación con efectos jurídicos totales en materia de salarios devengados. Si la conminatoria de reincorporación laboral de la o del progenitor dispone el pago de salarios devengados desde la fecha de despido, corresponde a la justicia constitucional determinar el cumplimiento de dicha decisión administrativa laboral, conforme razonó la SCP 0205/2018-S3 de 1 de junio, en el caso de un progenitor. 2) Conminatoria de reincorporación con efectos jurídicos parciales en materia de salarios devengados. Si la conminatoria de reincorporación no hubiera ordenado dicho pago, estamos ante el supuesto de silencio y omisión de la autoridad administrativa laboral, caso en el cual, la justicia constitucional, a través de la acción de amparo debe ampliar favorablemente y disponer el pago; y, 3) Conminatoria de reincorporación con efectos jurídicos distorsionados en materia de salarios devengados. Finalmente, si la conminatoria de reincorporación laboral hubiera reconocido el pago de salarios devengados; empero, desde otra fecha diferente a la del despido, se estará ante una conminatoria de reincorporación con efectos jurídicos distorsionados, supuesto en el cual corresponde reconducir favorablemente los efectos jurídicos de la misma, salvando el error de la autoridad administrativa. En el otro supuesto, sobre el tema, es necesario citar la SCP 0215/2018-S3 de 1 de junio, en un caso de tutela directa a través de la acción de amparo constitucional, en la cual, sin que exista conminatoria de reincorporación, se ordenó el pago de sueldos devengados. Similar razonamiento debe seguirse en otros temas que involucren otros derechos laborales dentro de la garantía de inamovilidad laboral contenida en el art. 48.VI de la CPE, como son las obligaciones del empleador sobre la afiliación al sistema de seguridad social; y, el pago de prestaciones del régimen de asignaciones familiares, entre otros, el subsidio prenatal, de natalidad y de lactancia; cuya corrección en la conminatoria de reincorporación laboral, recaerá ordenando el cumplimiento de la totalidad, de una parcialidad o reconducir los efectos jurídicos de la decisión, bajo el baremo de la favorabilidad de los derechos involucrados.

III.3. Análisis del caso concreto

La solicitante de tutela alega que el Gerente General de la Empresa Pública Departamental de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), ahora demandado, lesionó sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la vida, a la seguridad social, a la maternidad, al trabajo y a una remuneración justa; toda vez que, fue retirada de su cargo, pese a que su persona gozaba de inamovilidad laboral, por tener un hijo menor a un año, además de haber existido en su caso, reconducción laboral, pues si bien su última contratación a plazo fijo databa del 11 de enero al 31 de diciembre de 2021, dentro de esa gestión, mediante instructivos, fue remitida a trabajar como apoyo de caja de cobranza (cumpliendo labores propias al giro de la empresa); además que, a través de Instructivo 005/2021 RRHH, el Jefe del Sistema SETAR Bermejo, la designó como apoyo a la Unidad de RR.HH., y como dicho nombramiento no contaba con plazo de vigencia, la relación laboral se tornó indefinida; y, pese a que solicitó al ahora demandado su recontratación indefinida, no se le brindó lo requerido; a más de ello, si hipotéticamente se hubiera cumplido la vigencia de su último contrato, su persona continuó trabajando hasta el mes de abril de 2022, clara muestra de la existencia de una reconducción laboral. Planteada la problemática y de los antecedentes procesales cursantes en obrados, se advierte que la impetrante de tutela, interpuso la presente acción de amparo constitucional, alegando que le correspondía la inamovilidad laboral, por ser madre de un recién nacido; además, que su contratación ya era definitiva; ello, en consideración a que una vez finalizada su contratación, continuó trabajando por casi cuatro meses más.

Por su parte, el ahora demandado, en su defensa señaló que la primera contratación realizada a la solicitante de tutela, (se entiende de 2014), fue de consultora en línea, emergente del Seguro Delegado de Salud SETAR, que no generaba derechos laborales con la empresa, lo mismo ocurrió con el Memorándum G.G. 008BJO/2015; por ello, es que se le contrató al cargo de Auxiliar de Enfermería I, en virtud al convenio delegado que duraba cinco años; es así que, finalizado el convenio concluyó su trabajo; pues, la naturaleza jurídica del Seguro Delegado, es totalmente distinto a una relación obrero patronal, donde el empleado trabaja para la empresa; en el presente caso, la hoy accionante, prestaba un servicio de salud para los trabajadores y que al extinguirse la relación laboral por haber cumplido el plazo de vigencia del contrato, no era posible exigir al empleador que mantenga al trabajador en el cargo, aunque la trabajadora o la esposa del trabajador hubiera resultado embarazada; finalmente, refirió que las funciones que realizó la impetrante de tutela no correspondieron al giro mismo de la empresa, pues la Empresa Pública Departamental de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), resulta ser una empresa creada con el objeto de generar, distribuir y comercializar energía eléctrica, quedando claro que no fueron las labores que realizó la señalada.

Es así, que dentro del contexto señalado, de los antecedentes procesales adjuntos y lo señalado por las partes, se advierte que mediante Contrato Administrativo de Prestación de Servicios 002/2014, Elvia Benita Romero Justiniano -ahora solicitante de tutela- fue contratada como Enfermera del Seguro Delegado de Salud SETAR del 4 de enero al 31 de diciembre de 2014 (Conclusión II.1); por otro lado, a través de Memorándum G.G. 008BJO/2015, el entonces Gerente General de la Empresa Pública Departamental de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), dispuso que a partir de esa fecha, la contratación de la accionante sería definitiva; es decir, como personal permanente del Seguro Delegado de Salud SETAR, en el cargo de Auxiliar de Enfermería I (Conclusión II.3); asimismo, mediante Memorándum G.G. 116/2020, se agradeció los servicios de la impetrante de tutela, pues había fenecido el Convenio del Seguro Delegado (Conclusión II.4); por otro lado, a través de Contrato de Trabajo a Plazo Fijo de 28 de septiembre al 30 de noviembre de 2020, la solicitante de tutela fue contratada como Auxiliar de Seguridad Industrial (Conclusión II.5); de la misma manera, mediante Contrato de Trabajo a Plazo Fijo de 11 de enero al 31 de diciembre de 2021, SETAR contrató a la accionante como Auxiliar de Seguridad Industrial, aclarando en el mismo, que las funciones que realizaría la trabajadora eran enunciativas y no limitativas y que a futuro también podría otorgársele otras funciones, siempre y cuando sean afines al objeto principal del contrato; y, “…no procediendo su tácita reconducción, por lo que, tanto LA EMPRESA como el TRABAJADOR toman pleno conocimiento sobre la finalización de la relación laboral” (sic [Conclusión II.6]); en ese mismo sentido, constan una serie de Instructivos (40/2021, 39/2021, 47/2021 y 87/2021) mediante los cuales, la impetrante de tutela fue enviada eventualmente como apoyo y reemplazo de ciertos funcionarios; a más de ello, a través de Instructivo 005/2021, el Jefe del Sistema SETAR Bermejo, delegó a la solicitante de tutela, para que efectúe el trabajo de apoyo a la Unidad de RR.HH., haciéndose cargo exclusivamente del control y seguimiento diario de la asistencia del personal en el marcado del Biométrico y la realización de los reportes correspondientes (Conclusión II.7); por otro lado, a través de nota de 3 de noviembre de 2021, la accionante solicitó al Jefe del Sistema SETAR Bermejo, que habiendo nacido su hija el 25 de octubre de ese año, se proceda a cancelarle por natalidad y a partir de ello, también por la lactancia correspondiente (Conclusión II.9); de igual manera, mediante nota de 28 de diciembre de 2021, la impetrante de tutela solicitó al ahora demandado, su recontratación indefinida, alegando que su persona habría trabajado para esa empresa desde el 2011, además que tenía un bebe de dos meses de nacido; y a su vez, mediante nota de igual data, hizo el mismo requerimiento al Jefe del Sistema SETAR Bermejo (Conclusión II.10).

Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.2.2 del presente fallo constitucional, al referirse a progenitores con contrato a plazo fijo, ha realizado algunas interpretaciones respecto a la protección de la inamovilidad laboral en estos casos: 1) Si la mujer fue contratada a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener a la trabajadora en el cargo aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicios; 2) Si el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez, es decir que existirían dos contrataciones a plazo fijo sucesivas, tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por la Ley 975, por cuanto no se ha operado la conversión del contrato en uno por tiempo indefinido, debiendo actuarse conforme se señaló en el inciso anterior; y, 3) Si el contrato a plazo fijo fue renovado en más de dos ocasiones, conforme a las disposiciones anotadas precedentemente, se produce la conversión del contrato en uno por tiempo indeterminado, de manera que es de ineludible aplicación lo dispuesto por la Ley 975, o sea que se debe respetar la inamovilidad de la trabajadora hasta que su hijo o hija cumpla el primer año de edad, además de ser acreedora de las prestaciones y subsidios que la ley establece por la maternidad.

Sin embargo, en complementación de lo señalado, este Tribunal también sostuvo que si bien en los contratos a plazo fijo, no es aplicable la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor, ya que ha fenecido el término acordado entre partes y se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, por lo que, es razonable no exigir al empleador mantener a la trabajador (a) en el cargo aunque haya resultado en el caso de la trabajadora, embarazada en el lapso de la prestación de servicios; no obstante, debe tomarse en cuenta que existen excepciones, cuales son: i) Cuando el trabajador o trabajadora ha continuado ejerciendo las funciones para las cuales fue designado de manera ininterrumpida, con conocimiento del empleador, lo que implicaría consentimiento, y sin haberse firmado ningún documento de prórroga, se entendería que se ha producido tácita reconducción, conforme establece el art. 21 de la Ley General del Trabajo (LGT); ii) Cuando el trabajador o trabajadora, contratada a plazo fijo, ha suscrito el mismo en más de dos oportunidades, operando la tácita reconducción, es aplicable la estabilidad laboral conforme lo establece la Ley 975 de 24 de febrero de 1988 y el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009; y, iii) Cuando se ha celebrado este tipo de contrato para trabajos propios y permanentes de una empresa, siendo que el mismo es una prohibición expresa establecida por ley e implica tacita reconducción, también es aplicable la estabilidad laboral; sin embargo, a este efecto es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General del Trabajo, Jefaturas Departamentales y Regionales, es competente para la verificación del tipo de contrato antes del visado correspondiente, en cumplimiento a la RA 650/007 de 27 de abril de 2007. En ese contexto, se tiene que la impetrante de tutela prestó sus servicios en la Empresa Pública Departamental de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), primero mediante contrato a plazo fijo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2014; luego mediante Memorándum de designación de 14 de enero de 2015 fue nombrada como personal permanente del Seguro Delegado de Salud SETAR, en el cargo de Auxiliar de Enfermería I y se la retiró el 18 de agosto de 2020; posteriormente, ingresó nuevamente a trabajar mediante contrato a plazo fijo el 28 de septiembre al 30 de noviembre del 2020, en el puesto de Auxiliar de Seguridad Industrial; y, después nuevamente fue contratada a plazo fijo de 11 de enero de 2021, como Auxiliar de Seguridad Industrial, con una duración al 31 de diciembre de igual año; por lo que, en primera instancia, se tiene que la accionante trabajó en la entidad demandada desde el 2014 al 2021, por un contrato a plazo fijo, luego como funcionaria de libre nombramiento; y, finalmente, a contratos a plazo fijo, lo que implica que no puede ser considerada como una funcionaria que no goce de inamovilidad laboral, más si se considera que trabajó por cuatro meses más, posteriores a la finalización de su último contrato, y que necesariamente tuvo que ser de conocimiento de la parte demandada, pues si no cómo se explicaría que exista una persona ajena que ejerza funciones dentro de una institución; a más de ello, el demandado en ningún momento alegó lo contrario, solo hizo referencia a que la presencia de la accionante después de la culminación del último contrato, se debió a que tenía que realizar sus informes finales que recién lo presentó en junio de 2022, lo que crea duda en pensar que la mencionada hubiera realizado dicho informe en casi seis meses?; de lo cual se tiene, que este caso ingresa en una de las excepciones dispuestas precedentemente, pues la accionante a momento de conclusión de su última contratación, continuó ejerciendo sus funciones sin haberse firmado ningún documento de prórroga, lo que implicaría consentimiento y se entendería que se debe respetar la inamovilidad de la trabajadora que debe ser entendida como estabilidad laboral hasta el cumplimiento de un año de la hija, además de ser acreedora de las prestaciones y subsidios que la ley establece por la maternidad; por lo tanto, en la presente causa, debe concederse la tutela. Por otro lado, con relación a la tácita reconducción o reconversión de contrato a uno de carácter definitivo, que señala la peticionante de tutela se aplicaría a su caso, debido a que, si bien el último contrato fenecía el 31 de diciembre de 2021; empero, hubiese continuado prestando sus servicios de manera regular y continua hasta el mes de abril de 2022, además de haber trabajado en actividades del giro propio de la empresa; razón por la que, consideraba que hubiese operado la tácita reconducción laboral; al respecto, señalar que dicha pretensión deberá ser gestionada en la vía correspondiente, debiendo tomarse en cuenta que la justicia constitucional no se constituye en una instancia que pueda pronunciarse al respecto, pues son temas asignados estrictamente a la justicia ordinaria, al ser cuestiones que requieren de una fase probatoria amplia a fin de resolver esa problemática; esto, en atención a las especiales características de la relación laboral; aspectos que, a la luz del principio de contradicción deberán ser analizados y resueltos por la precitada jurisdicción. En tal sentido, corresponde la concesión de la tutela hasta que la hija nacida el 25 de octubre de 2021, cumpla el año de edad; sin embargo, en el presente caso, dicha protección de reincorporación a la data no puede ser otorgada, puesto que a la fecha la menor ya cumplió un año de vida, conforme consta en el certificado de nacimiento descrito en las conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Sin embargo, y toda vez que la solicitante de tutela interpuso la presente acción antes que la hija cumpla un año de edad se deberá proceder al pago de salarios devengados a partir de la desvinculación hasta que la hija cumplió el año de edad.

Por otra parte, respecto a las asignaciones familiares, la SC 30/2002 de 2 de abril, señaló: “…el sistema de Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y establece en su art. 4 que el Poder Ejecutivo reglamentará y regulará su ejecución. Así se pronunció el D.S. 21637 de 25 de junio de 1987 que en su art. 25 reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que -entre otras- son: a) el Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual. en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos, b) el Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional y c) el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida” (las negrillas nos pertenecen), jurisprudencia reiterada en la SC 1539/2010-R de 11 de octubre.

En ese sentido, en cumplimiento de lo referido, es deber de la parte demandada disponer el pago del subsidio de lactancia en beneficio de la menor y por los meses que faltan, siempre que el mismo no hubiere sido percibido por la progenitora, al ser su finalidad proporcionar a la madre y al niño recién nacido, hasta el día en que cumple su primer año de vida, los alimentos saludables necesarios que requieren durante este período, para favorecer, mejorar su calidad de vida y fortalecer su salud, constituyendo en especial un beneficio para la o el menor de edad por su fragilidad y el cuidado que requiere, al ser un derecho de todas las bolivianas y los bolivianos acceder a la seguridad social, de acuerdo con lo previsto por el art. 45.I, II y III de la CPE; por cuanto, el régimen de asignaciones familiares debe ser cancelado a cargo y costo directo de los empleadores del sector público y privado, y por el tiempo de doce meses. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR parcialmente la Resolución de 12 de julio de 2022, cursante de fs. 149 a 157 vta., pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de Bermejo del departamento de Tarija, solo, con relación a la concesión parcial de la tutela y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo lo siguiente:

a) El pago de sueldos devengados, más el pago de otros derechos y beneficios sociales que la ley establece, por el periodo comprendido desde que dejó de percibir sus salarios, debiendo reintegrárselos hasta que la niña cumplió un año de edad; para lo cual, inmediatamente de notificado con el presente fallo constitucional, la Jueza de garantías deberá abrir un término de prueba de diez días, con el fin de resolver de manera clara y precisa el cumplimiento del pago de los salarios devengados en el monto que corresponde a la solicitante de tutela y demás derechos sociales establecidos por ley; y, b) Se haga efectivo el pago del subsidio de lactancia en favor de la menor de edad, siempre que no hubiere sido percibido por la progenitora, desde el momento en que dejó de recibirlo, hasta que la menor cumplió un año de edad. 2° DENEGAR con relación a la reconducción laboral solicitada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

10 El FJ III.2, indica: “Lo que significa que vía construcción jurisprudencial este Tribunal Constitución Plurinacional ha establecido que la normativa reglamentaria contenida en Artículo Único del DS 496, es una norma permisiva, debido a que le otorga a la trabajadora o el trabajador sujeto de protección constitucional al tenor de lo dispuesto en el art. 48.VI de la CPE, la posibilidad por un lado de solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruya su reincorporación, o de otro, si así lo decide, prescindir de este medio administrativo y acudir directamente al amparo constitucional, en aplicación correcta de la excepción al principio de subsidiariedad”.

11 En ese sentido, la SC 0558/2011-R de 29 de abril, en su FJ III.1, señala: “La acción de amparo constitucional, como garantía jurisdiccional extraordinaria hace posible la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado y las leyes, cuando son restringidos, suprimidos o amenazados por particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección. Se activa ante la inexistencia de otras vías, empero, tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de la fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar supeditado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, característica de esta acción, debiendo hacer abstracción del mismo con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad”. Jurisprudencia constitucional reiterada de manera uniforme, en varios fallos constitucionales, como en la SCP 0673/2013-L de 18 de julio y en la 0076/2012 de 12 de abril. 12Entre las sentencias constitucionales plurinacionales que protegieron a las o los progenitores bajo la garantía del art. 48.VI de la CPE, ante la reticencia del empleador del sector público o privado, pueden consultarse las siguientes:

18 En ese razonamiento, corresponde aclarar que el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 0076/2012, entendió

restrictivamente, que no es posible postergar la sanción administrativa en este supuesto. 19El FJ III.3, cambiando el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1416/2004-R, estableció que: “…no está supedita a determinadas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre y, por lo mismo, para su ejercicio, no se requiere el previo aviso al empleador del estado de embarazo o de la existencia de un hijo o hija menor a un año. (…) Efectivamente, el requisito formal de dar aviso a su empleador acerca de su estado de gravidez, sin el cual no existiría la protección estatal en lo que respecta a su inamovilidad laboral, carece de relevancia frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor, ya que con una fuente laboral, al menos se asegurará a la madre el poder agenciar los medios necesarios para proteger las necesidades más premiosas que demande el niño o niña recién nacidos”.

24 El FJ. III.3, señala que la competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión -se reitera- resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajador. Por ello, “… aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar los siguientes supuestos: (…) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada” (el subrayado nos pertenece).

28 El art. 6, bajo el nomen juris de (INCUMPLIMIENTO), estipula que: “Si el empleador no cumple con el presente Decreto Supremo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, previa verificación, dispondrá la reincorporación de la madre y/o padre progenitores, con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por infracciones a leyes sociales, salvando los derechos de la madre y/o padre progenitores en la vía judicial correspondiente. El señor Ministro de Estado, en el Despacho de Trabajo, Empleo y Previsión Social, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo”.

29 Sobre el particular, la SCP 0987/2017-S2 de 18 de septiembre -en un caso de reincorporación laboral de un trabajador que pese a que no era progenitor- entendió que la conminatoria de reincorporación, debe cumplirse en su totalidad y, en ese sentido, si esta dispone el pago de salarios devengados, no puede cumplirse la reincorporación dejando de lado dicho pago. En efecto, en su FJ.III.2 señaló: “…cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por parte de la jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la totalidad y no en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, incorporado por el DS 0495, que dice: ‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación…’; así como de los principios de protección de los trabajadores e in dubio pro operario, más aún si la concesión de tutela resulta ser provisional, lo que significa que podrá ser modificada posteriormente en la vía administrativa y/o judicial, en lo que respecta a la reincorporación del puesto de trabajo, a los sueldos devengados u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria’”.

30 La SCP 0205/2018-S3 de 1 de junio, en su FJ.III.3, señaló: “…en cuanto al pago de salarios devengados y otros derechos sociales, pretendidos por el accionante, es preciso señalar que la Conminatoria de Reincorporación 0121/2017 ya ha dispuesto tal pago; por ende, al ordenar su cumplimiento se entiende que los demandados deben reincorporar inmediatamente al accionante al mismo puesto laboral que ocupaba ‘…reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado (…) y demás derechos que corresponden por ley como padre progenitor…’ (sic), ello además en aplicación a la nueva línea jurisprudencial establecida a partir de la SCP 0987/2017-S2 de 18 de septiembre, que contiene el estándar protectivo más alto aplicable al presente caso” (las negrillas y el subrayado son nuestros). 31El FJ III.3, en una tutela directa, en la que no existía ninguna conminatoria de reincorporación, señaló: “(…) a tiempo de su despido, la accionante contaba con 5,6 semanas de gestación, gozando por ende del derecho a la inamovilidad laboral, aspecto que debió ser considerado por los demandados a tiempo de desvincularla de su fuente de trabajo, determinación ilegal que no condice con la especial protección que merece la prenombrada y que puso en riesgo no solamente los derechos de ésta, sino también la del ser en gestación, aspecto por el que corresponde la concesión de tutela impetrada, debiendo las autoridades

demandadas reincorporar de forma inmediata a la impetrante de tutela al puesto de trabajo que ocupaba a tiempo de su despido, con el consiguiente pago de los sueldos devengados y demás derechos laborales que correspondan”. En ese orden, en la parte resolutiva dispuso: “2 El pago de sueldos devengados y demás derechos laborales que correspondan”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1046_2023-S1.pdf · páginas 1 a 33.

Huella digital del PDF (SHA-256): a9984f9361292954201d83970d7acefcfd0bffce55e9dd8599b3c1c73375f6e7

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