B.IA.LEGAL

SCP 1045/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 29 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
29 de agosto de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57037-2023-115-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, al trabajo, a la educación y al debido proceso; alegando que, mediante Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16 de 30 de noviembre de 2016 -sin un proceso previo-, se dispuso su baja definitiva del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”, con pérdida del referido año académico y derecho a reincorporación. Decisión asumida por haber cometido las faltas graves allí descritas, referentes a la diferencia en su edad reflejada en su certificado de nacimiento y Libreta de Servicio Militar; además, de encontrarse sujeto a una investigación penal, siéndole notificada por Memorándum DIV. RR. HH. 263/16 de igual fecha. En forma posterior, no obstante, de haberse pronunciado fallo absolutorio en la causa penal que se le siguió y que presentó la misma, obtuvo reiteradas notas negativas a sus solicitudes de reincorporación, en lesión de sus derechos fundamentales; siendo la última, la de 12 de octubre de 2022, emitida por el Comandante General Accidental del Ejército. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 141/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 394 a 401, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad de la acción de amparo constitucional:
  2. III.2. Del principio de inmediatez que caracteriza a esta acción tutelar
  3. III.3. De la inmediatez en las acciones de amparo constitucional y la no suspensión del plazo por la interposición de recursos inidóneos
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1045/2025-S3 Sucre, 29 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 57037-2023-115-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 141/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 394 a 401, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hermógenes Víctor Maldonado Ríos en representación de René Alberto Hidalgo Carrillo contra Juan José Zúñiga Macías, Excomandante General Accidental del Ejército de Bolivia; Rubén Cordero Vargas, Jefe del Departamento VI de Educación; y, Víctor Hugo Balderrama Quezada, Comandante del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 5 de abril y 8 de mayo de 2023, cursantes de fs. 196 a 212 y 225 a 228 vta., el accionante a través de su representante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En 2016, cuando cursaba el cuarto año militar en el Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”, a solo trece días de su egreso, sin ningún proceso y en afectación de su derecho a la educación; mediante Memorándum DIV. RR.HH. 263/16 de 30 de noviembre de ese año, se le notificó con la Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16, en la que se determinó su baja con pérdida del referido año académico y derecho a reincorporación, aduciendo que infringió el “…Art. 40 Faltas gravísimas - Letra ‘B’ Grupo VIII Num. 21) ‘Suplantar o alterar el contenido en documentos oficiales’” (sic), del Reglamento de Disciplina RA-COLMIL-01-02, en consideración a se habría presuntamente comprobado que presentó un certificado de nacimiento con el año de nacimiento diferente al que ofreció para realizar su servicio premilitar; asimismo, el art. 47 inc. a) del citado Reglamento, ante la existencia de una investigación penal abierta en su contra por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente. Al respecto, refiere que, no cometió ningún delito, habiendo sido sujeto a una denuncia falsa, siendo prueba de ello que, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, expidió la certificación de 28 de noviembre de 201, acreditando que, pronunció la Sentencia 55/2018 de esa fecha, absolviéndolo del delito mencionado. Fallo que se declaró ejecutoriado. No obstante, pese a que ofreció dichas pruebas ante el Colegio Militar del Ejército, pidiendo su reincorporación, recibió respuestas -de forma reiterada- indicando que no se admitía aquello “…PORQUE EXEDE LA EDAD REQUERIDA PARA TERMINAR EL CURSO Y GRADUARSE EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA” (sic). En ese orden, acudió ante el Departamento VI de Institutos, instancia que también le contestó de forma negativa, motivando que concurra ante el Comandante General del Ejército, quien le respondió en sentido que “…las FFAA se rigen por sus normas y que por [su] edad no podía egresar de esa casa de estudios (…) y mucho menos ser miembro de las FFAA…” (sic). Destacó que, el sustento del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”, para no dar curso a su reincorporación, fue la no presentación de una Sentencia absolutoria debidamente fundamentada; además que, de una revisión de su certificado de nacimiento y cédula de identidad, no cumpliría el requisito indispensable para cursar el cuarto año en ese Colegio, regulando el art. 96 del antes señalado Reglamento que, toda persona está sujeta a la edad, la que debe ser compatible con el curso que le corresponde repetir, “…concordante la letra - E Edad máxima para reincorporarse al 4to. AM Máximo de 25 años…” (sic). Aspectos que obviaron que pudo demostrar su inocencia en la causa penal que se le siguió, persistiendo, empero, la negativa a su restitución, “POR LA EDAD”. Por último, señaló que, presentó diversos memoriales y notas a partir de 2017, ante el citado Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel y al Comando General Accidental del Ejército de Bolivia, con datas de 30 de noviembre de 2017; 1 de febrero y 15 de noviembre de 2019, 30 de noviembre de 2020, 21 de noviembre de 2021; y, 23 de junio, 12 de julio y 28 de septiembre de 2022; última que fue respondida por el referido Comandante General del Ejército, el 12 de octubre del último año consignado, concluyendo ser improcedente su solicitud de reincorporación, sin considerar que, la no presentación de un fallo absolutorio dentro del plazo conferido, no se encontraba dentro de su voluntad, habiendo concluido la causa penal en todas sus etapas con la emisión del Auto Supremo 1190/2021-RA de 6 de diciembre, que declaró improcedente el recurso de casación formulado por la supuesta víctima. Además de ello, “…SI BIEN MEDIANTE ACTA DE NOTIFICACIÓN DE RESPUESTA (…), YA NO HACEN MENCIÓN AL DELITO ATRIBUIDO, SINO ASÍ A LA EDAD, SITUACIÓN CON DEJA EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN YA QUE LAS AUTORIDADES MILITARES NO TOMAN EN CUENTA QUE SI NO HUBIESE EXISTIDO ESA DENUNCIA FALSA Y TEMERARIA EN CONTRA (…), EL SERÍA MIEMBRO ACTIVO DE LAS FFAA EN SERVICIO DE SU PAÍS” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la petición, al trabajo, a la educación y al debido proceso, citando al efecto los arts. 15, 23.I, 24, 35, 45, 46, 48.II y VI, 49.III, 62, 91, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto la Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16 de 30 de noviembre; así como se derogue e invalide el Memorándum DIV. RR. HH. 263/16 de igual fecha, ordenando su inmediata reincorporación al Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”, a efectos que se le otorgue el grado respectivo de Subteniente en el arma de Infantería, habiendo concluido satisfactoriamente sus estudios; b) Se le devuelva la antigüedad perdida y paguen sueldos devengados que hubiera percibido durante todo el tiempo, así como beneficios sociales; c) Sea destinado a cualquier fortín militar del Estado, tratándolo con igualdad y sin discriminación; y, d) El pago de costos y costas por los daños y perjuicios ocasionados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 382 a 393 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar. En respuesta a las preguntas efectuadas por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respondió señalando que, la Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16, sería el acto ilegal que vulneró sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Precisó que, pidió prórroga para cumplir lo requerido para su reincorporación en varias oportunidades. Por otra parte, requirió su restitución al Colegio Militar, a través de notas de 1 de febrero y 15 de noviembre de 2019; 17 de noviembre de 2020; y, 23 de marzo y 7 de mayo de 2021. Agregó que, el 7 de mayo de 2021, formuló recurso de reconsideración contra uno de los oficios de negativa de los demandados; que le fue rechazado indicando que el mismo solo procede contra resoluciones no así oficios. Finalmente, aclaró que, el segundo acto ilegal denunciado sería la respuesta de 12 de enero de 2022, que le fue notificada el 31 de igual mes y año; habiendo presentado una última nota en 2022, ante el Comandante General Accidental del Ejército de Bolivia, impugnando todos los aspectos señalados, quien pronunció respuesta negativa el 12 de octubre del citado año.

I.2.2. Informe de los demandados

Juan José Zúñiga Macías, entonces Comandante General Accidental del Ejército de Bolivia; y, Rubén Cordero Vargas, Jefe del Departamento VI de Educación, a través de sus representantes, por informe escrito presentado el 10 de julio de 2023, cursante de fs. 312 a 320, solicitando se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: 1) Emergente del proceso disciplinario instaurado contra el accionante, se pronunció la Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16, disponiendo la baja del Instituto con pérdida del año académico y derecho a reincorporación, otorgándole el plazo máximo de un año, a objeto que presente la regularización de la fecha de su nacimiento, así como la absolución, rechazo o sobreseimiento dentro del proceso de investigación penal abierto en su contra. Dicho fallo le fue notificado a través de Memorándum DIV. RR. HH. 263/16, concediéndole a su vez, el término de setenta y dos horas a efectos de plantear reconsideración, lo que no efectuó, menos formuló recurso de apelación conforme prevé el Reglamento de Disciplina RA-COLMIL-01-02. Aspectos que demuestran el incumplimiento al principio de subsidiariedad de esta garantía constitucional; 2) Vencido el plazo conferido por el Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar, el impetrante de tutela, presentó desde la gestión 2019, diferentes solicitudes de reincorporación, “…SIN CUMPLIR CON LA REGULARIZACIÓN DE SU DOCUMENTACIÓN, NI TAMPOCO PRESENTAR SETENCIA ABSOLUTORIA EJECUTORIADA DEL PROCESO QUE TENÍA EN SU CONTRA” (sic). No satisfecho con la respuesta que se le otorgó; en 2021, acudió al Comando General del Ejército, instancia que analizó su situación, respondiéndole con la debida fundamentación y conforme a norma; 3) El peticionante de tutela incumplió los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo constitucional, no habiendo detallado ni expuesto de forma clara y precisa de qué forma las autoridades demandadas habrían lesionado sus derechos, limitándose a indicar que no dieron curso a sus pedidos de reincorporación, obviando señalar que “…ES EL MISMO CONSEJO ACADÉMICO DISCIPLINARIO DEL COLEGIO MILITAR, QUE TIENE LA ATRIBUCIÓN DE TRATAR EL CASO REFERIDO A LA REINCORPORACIÓN (…), Y NO ASÍ EL COMANDANTE DEL EJÉRCITO NI JEFE DEL DEPARTAMENTO VI – EDUCACIÓN” (sic); 4) Conforme a lo anteriormente expuesto, debe tomarse en cuenta que, la Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16, fue emitida por el citado Consejo Académico Disciplinario, como ente colegiado y máximo organismo de decisión del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”; no siendo parte del mismo sus autoridades, careciendo de legitimación pasiva para ser demandados, no teniendo capacidad jurídica para asumir decisiones sobre la baja y/o reincorporación de cadetes, no encontrándose aquello bajo su competencia y funciones. Así, de forma sorprendente no se demandó en la acción de defensa a los miembros del referido ente colegiado, obviando que es contra ellos que debió dirigirse la misma; 5) Se inobservó también el principio de caducidad que constriñe a la interposición de la presente acción tutelar en seis meses, mismo que en el caso de examen, debe computarse desde la notificación con la Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16, que se materializó el 30 de noviembre de 2016; no así a partir del oficio DIV. RR. HH. 451/21 de 20 de diciembre de 2021, que únicamente respondió a un pedido de reincorporación del demandante de tutela, respecto al que, el nombrado planteó reconsideración, “…el cual no lo amerita ya que dicho recurso se aplica contra resoluciones y no así contra meros oficios de respuesta” (sic). En ese sentido, transcurrieron siete años desde el último acto procesal idóneo y el que lesionaría los derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante, desconociéndose lo previsto en los arts. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) y 129.II de la CPE; 6) No vulneraron el derecho a la educación del peticionante de tutela, al no ser ellos, reiteran, quienes emitieron la Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16; tampoco lesionaron su derecho de ascenso, que es otorgado al personal militar egresado de los Institutos Militares, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, siendo un derecho expectaticio; es decir, supeditado al cumplimiento de requisitos instituidos en la norma militar, no pudiendo pretender el demandante de tutela -quien debió repetir el “4to. Año militar”, ser ascendido sin haber egresado y dar observancia a los requisitos. Derivando su situación actual a su propio accionar o inconducta que motivó su sanción de baja del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”; 7) No transgredieron tampoco el derecho al trabajo, al no ser ellos, reiteran, quienes determinaron la baja del cadete, quien se encontraba regido bajo los Reglamentos del Colegio Militar; y, 8) Finalmente, en cuanto a la presunta lesión del derecho de petición, el mencionado no indica la forma en que se habría vulnerado el mismo; comprobándose que, de forma contraria a lo alegado, “…en la gestión 2021, es decir 5 años después de la emisión de la Resolución del Consejo Académico Disciplinario Nº 217/16 (…), presenta memoriales al Comandante General del Ejército y Jefe del Departamento VI - EDUCACIÓN….” (sic); notas que fueron respondidas de forma fundamentada a través de oficios de 15 de septiembre y 5 de octubre de 2021; 24 de enero y 28 de septiembre de 2022, y, de 6 de mayo de 2023. Víctor Hugo Balderrama Quezada, Comandante del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”, a través de su representante, presentó informe escrito el 10 de julio de 2023, cursante a fs. 374 a 380, requiriendo denegar la tutela, conforme a los siguientes argumentos: i) El 30 de noviembre de 2017, el accionante solicitó prórroga para su reincorporación como Caballero Cadete del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”, lo que le fue denegado por incumplir la Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16 y el Memorándum DIV. RR. HH. 263/16 -de notificación-, documentos en los que se consignó el plazo máximo de un año para su reincorporación; es decir, hasta esa data, en la que incumplió la presentación de su documentación debidamente regularizada, así como de la resolución de absolución, rechazo o sobreseimiento de la causa penal instaurada en su contra; ii) Contra la Resolución y Memorándum antes descritos, el impetrante de tutela no formuló recurso de reconsideración ni apelación, quedando ejecutoriada la sanción quedando cerrado el proceso conforme al Reglamento del citado Colegio Militar; no pudiendo pretender que, a través de la presente acción de defensa, se analicen situaciones no impugnadas en dicha oportunidad, en clara inobservancia del principio de subsidiariedad; iii) El impetrante de tutela identificó a la referida Resolución y Memorándum, como los actos ilegales que habrían transgredido sus derechos; siendo innegable, en consecuencia, la inobservancia del principio de caducidad de seis meses en la interposición de la presente garantía constitucional, estando el mismo superabundantemente vencido; iv) La acción de defensa fue formulada ante instancias sin competencia legal para resolver “el recurso de apelación”; no siendo viable demandar al Comandante del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”, resultando el Consejo Académico Disciplinario el ente colegiado que emitió una decisión de primera instancia en su caso, la que pudo ser impugnada a través de los recursos legales pertinentes ante el Consejo Superior Académico del Ejército, al que no acudió pese al ser la última instancia; correspondiendo declarar su improcedencia; v) Si bien forma parte del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar que preside, no tiene facultad ni competencia para conocer o emitir decisiones que competen a dicho cuerpo colegiado, menos resolver recursos de reconsideración y apelación; careciendo, en consecuencia, de legitimación pasiva; vi) En relación a la supuesta vulneración del derecho de educación que se habría generado por la denuncia falsa y temeraria a solo trece días de la graduación del demandante de tutela, conllevando su baja con derecho a reincorporación; si bien se dispuso su baja del instituto de formación militar con pérdida del año académico, se determinó que podía ser sujeto al derecho de reincorporación, confiriéndole el plazo máximo de un año hasta el 30 de noviembre de 2017, a fin que presente su documento debidamente regularizado, así como la absolución, rechazo o sobreseimiento de la causa penal abierta en su contra; lo que no fue cumplido por el indicado, pese a demostrar su conformidad con lo decidido ante la no interposición de recurso alguno; vii) Respecto a la alegación de transgresión del derecho al trabajo, al ordenarse su baja con pérdida del año académico y derecho de reincorporación, no es evidente lo afirmado, “…puesto que a la fecha el mismo no ha cumplido con los contenidos académicos necesarios que toda Dama y Caballero Cadete debe cumplir para egresar como un Oficial de Ejercito” (sic); y, viii) Por último, en cuanto a la invocada vulneración del derecho de petición, aquello no es evidente, pues constan con numerosas respuesta a todas las solicitudes que presentó, “…a excepción de la respuesta a su memorial presentado en fecha 23-MAR-21, que no fue recogida personalmente, estableciéndose la improcedencia de las mismas por no haber dado cumplimiento a los requisitos de reincorporación de presentar su Certificado de Nacimiento regularizado con la misma fecha de nacimiento que figura en su otra Libreta de Servicio Premilitar y no haber presentado la Sentencia Ejecutoriada que le declara absuelto de la comisión del delito de violación de niño niña adolescente…” (sic). En ese orden, al haber otorgado respuesta formal y dentro de plazos razonables a cada uno de sus pedidos, no se transgredió el citado derecho.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 141/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 394 a 401, denegó la tutela impetrada, sin costas, costos, ni multas procesales. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Mediante Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16 y el Memorándum DIV. RR. HH. 263/16 -de notificación-, se dio a conocer al accionante su baja definitiva del Instituto Militar con derecho a reincorporación, siendo innegable; por ende, que desde el 30 de noviembre de ese año, conocía que fue objeto de una sanción disciplinaria en virtud a dos situaciones: La primera, por tener documentación distinta respecto a su data de nacimiento -1992- que no concordaba con la registrada en su libreta de servicio premilitar, que le generaba otro año diferente como fecha de nacimiento -1989-; causal fundamental que “…le hacía perder el año académico y decirle tiene la posibilidad de reincorporarse dentro un año de poder subsanar o corregir o presentar la documentación de manera regular…” (sic); y, la segunda, ante una denuncia penal que se instauró en su contra por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; b) Si bien respecto al segundo aspecto consta resolución de sobreseimiento en su favor; en cuanto a la primera, “…de tener una doble partida o tener datos distintos que reflejan su fecha de nacimiento, conforme se ha establecido en la solicitud de aclaración (…) se establece en las actuaciones procesales que no ha sido reclamada…” (sic). En ese orden, el impetrante de tutela inobservó el principio de subsidiariedad que caracteriza a esta acción tutelar, al no formular recurso de reconsideración ni apelación respecto a la citada Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16, siendo este el primer acto que se constituiría en la raíz de las posibles vulneraciones a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, y en relación al que, refiere fue emitido sin un debido proceso; no obstante, se reitera, al no cuestionar dicho acto que denuncia de ilegal, consintió y aceptó libre y voluntariamente lo allí decidido, conforme a lo regulado en los arts. 129 de la CPE; y, 53 y 54.2 del CPCo. No resultando viable pretender suplir su inercia, dejadez y falta de reclamo oportuno dentro del plazo, ante la justicia constitucional, cuando debió acudir ante el Consejo Superior Académico Disciplinario del Colegio Militar para que esa instancia considere y valore su situación; y, c) La problemática resuelta por la SCP 1654/2014 de 29 de agosto, no resulta análoga a la presente; difiriendo al existir en esas dos cuestiones por las que se determinó la baja definitiva; una que fue superada por la absolución dentro del proceso penal seguido contra el peticionante de tutela; y, otra que persistió en el tiempo, en mérito a “…una cuestión administrativa que también lograba establecer que el cadete haya tenido dos partidas de nacimiento, documentos que se logran reflejar en una libreta de servicio pre-militar, con una fecha de nacimiento distinta a la que también se presenta en un certificado de nacimiento…” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16 de 30 de noviembre de 2016, se determinó la baja de René Alberto Hidalgo Carrillo -accionante-, de ese Instituto, con pérdida del año académico y derecho a reincorporación, por haber infringido “…el Reglamento de Régimen Disciplinario RA-01-62, en su Capítulo IV – Artículo 40 – Faltas gravísimas – Letra ‘B’ – Grupo VIII – Numeral 21) ‘Suplantar o alterar el contenido en documentos oficiales’ al haberse evidenciado y comprobado que ha presentado un certificado de nacimiento con el año diferente al que presentó para hacer su servicio Pre Militar, asimismo haber incurrido en la Cuarta parte del mismo Reglamento, Otras causales de separación – Capítulo I – Causales disciplinarias – Artículo 47 ‘Comisión de delitos’, Inciso a) ‘Estar comprometido con una supuesta comisión de un hecho delictivo en proceso de investigación…’” (sic). Otorgándole el plazo máximo de un año, hasta el 30 de noviembre de 2017, a objeto que “…presente su documento debidamente regularizado, asimismo deberá presentar la absolución, rechazo o el sobreseimiento del proceso de investigación abierto en su contra, quedando exento del requisito de edad en caso de reincorporación; debiendo sujetarse al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los Reglamentos de este Instituto Militar…” (sic [fs. 250 a 257]). II.2. A través de Memorándum DIV. RR. HH. 263/16 de 30 de noviembre de 2016, el Comandante del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”, notificó al demandante de tutela la Resolución antes citada, resaltando que, tenía el plazo máximo de un año, hasta el 30 de noviembre de 2017, “…a objeto de que presente su documento debidamente regularizado, asimismo deberá presentar la absolución, rechazo o el sobreseimiento del proceso de investigación en su contra…” (sic [fs. 258]). II.3. Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2022 -última petición identificada-, ante el Comandante General del Ejército; el impetrante de tutela solicitó su egreso como Oficial del Ejército del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”; aduciendo contar con Sentencia absolutoria dentro de la causa penal que se le siguió, debidamente ejecutoriada (fs. 183 a 184 vta.). II.4. Por nota DPTO. VI AS. JUR. 104/22 de 10 de octubre, el Jefe Departamental VI de Educación del Comando General del Ejército, respondió al peticionante de tutela, indicando que, conforme al art. 96 del Reglamento de Disciplina RA-COLMIL-01-02, toda reincorporación se encuentra sujeta a la edad, la que debe ser compatible con el curso que le corresponde repetir; no habiendo cumplido aquello el nombrado, concerniendo desestimar su pedido, rigiéndose las FF.AA., por sus propias normas y Reglamentos vigentes. Dicho Oficio fue puesto a conocimiento del accionante, mediante oficio DPTO. VI AS. JUR. 105/22 de igual fecha, suscrito por el Comandante General del Ejército (fs. 186 a 187; y, 299). II.5. La presente acción de amparo constitucional fue interpuesta el 5 de abril y 8 de mayo de 2023 -subsanación- (fs. 196 a 212; 225 a 228 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, al trabajo, a la educación y al debido proceso; alegando que, mediante Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16 de 30 de noviembre de 2016 -sin un proceso previo-, se dispuso su baja definitiva del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”, con pérdida del referido año académico y derecho a reincorporación. Decisión asumida por haber cometido las faltas graves allí descritas, referentes a la diferencia en su edad reflejada en su certificado de nacimiento y Libreta de Servicio Militar; además, de encontrarse sujeto a una investigación penal, siéndole notificada por Memorándum DIV. RR. HH. 263/16 de igual fecha. En forma posterior, no obstante, de haberse pronunciado fallo absolutorio en la causa penal que se le siguió y que presentó la misma, obtuvo reiteradas notas negativas a sus solicitudes de reincorporación, en lesión de sus derechos fundamentales; siendo la última, la de 12 de octubre de 2022, emitida por el Comandante General Accidental del Ejército. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad de la acción de amparo constitucional:

Necesaria invocación de los hechos y en consecuencia de los derechos considerados lesionado en las vías y mecanismos ordinarios El art. 53.1 y 3 del CPCo, responde a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional, derivada de la norma contenida en el art. 129.I de la Ley Fundamental, que prevé que ésta podrá ser interpuesta: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras); previsión que se encuentra regulada de igual manera en el art. 54.I del CPCo, redactado en similar sentido. Estableciendo el parágrafo II de dicha norma procesal, que esta regla será excepcionalmente obviada, únicamente previa justificación fundada, cuando se demuestre que: “1. La protección puede resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”. En consecuencia, la acción de tutela examinada, es viable sólo en la medida en que el impetrante agote previamente a su interposición, todos los medios ordinarios o administrativos previstos por el ordenamiento jurídico en salvaguarda de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales; y, únicamente ante la persistencia de la lesión, podrá formularla; estando constreñido, por ende, a reclamar los actos ilegales u omisiones indebidas que considera vulneran sus derechos, inicialmente a la autoridad o persona que los dictó y en su caso, si es viable, impugnarlos ante la instancia superior, para abrir la competencia de la jurisdicción constitucional. Respecto a la subsidiariedad que caracteriza a la acción de amparo constitucional, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, aplicable en la actualidad al no ser contraria al nuevo orden constitucional, ni a lo instituido en el Código Procesal Constitucional, al responder a su naturaleza jurídica; consignó las reglas y subreglas de improcedencia del amparo por subsidiariedad, resumidas en que no es factible su interposición, y consecuentemente, su posterior admisión, tramitación y resolución, cuando: “…1) Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación ; y, b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico…”.

III.2. Del principio de inmediatez que caracteriza a esta acción tutelar

La inmediatez constituye uno de los principios configuradores de la acción de amparo constitucional; por lo que, su inobservancia constituye un supuesto de improcedencia de la misma, sustentado en que: “…la jurisdicción constitucional no puede esperar de manera indefinida que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto de sus derechos cuando sufren menoscabo…” (las negrillas son nuestras [SC 0569/2010-R de 12 de julio]); razón en virtud a la que, incluso en vigencia de la anterior Constitución Política del Estado, en la que no se encontraba regulado, fue instituido y reconocido vía jurisprudencia constitucional emitida por el antes Tribunal Constitucional. En el nuevo modelo constitucional, el art. 129.II de la CPE, prevé: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa judicial” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Por su parte, el art. 55 del CPCo, alude a la inmediatez al instituir: “(PLAZO PARA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN) I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o conocido el hecho…” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.3. De la inmediatez en las acciones de amparo constitucional y la no suspensión del plazo por la interposición de recursos inidóneos

Respecto al intitulado, se debe precisar que: “…cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden interrumpir el plazo de seis meses de caducidad del recurso de amparo, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica habilitante para impedir la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos [(SC 0079/2007-R de 23 de febrero, reiterada también por la SC 0521/2010-R de 5 de julio]). En ese marco, la SC 0521/2010-R de 5 de julio, modulando el razonamiento asumido en la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, estableció subreglas a efectos de un correcto cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional observando el plazo prudencial para su presentación y su naturaleza subsidiaria que prevé que la misma podrá ser interpuesta: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (art. 129.I de la CPE); previsión que se encuentra regulada de igual manera en el art. 54.I del CPCo, redactado en similar sentido, importando por ende el agotamiento en la misma vía de los medios idóneos instituidos en el ordenamiento jurídico; habiendo determinado el fallo constitucional precitado que:“1. El cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo, es desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado que ha sido el último actuado idóneo. Sin considerar los recursos, incidentes u otros medios no previstos por ley, o presentados extemporáneamente, aún en los casos de equivocación o error en su presentación, los cuales se consideran inidóneos” (las negrillas y subrayado fueron agregados). Glosando lo referido supra, la SCP 0885/2012 de 20 de agosto, resaltó que la acción de amparo constitucional no procede: “…cuando haya transcurrido el plazo para interponerlo; aspecto que está relacionado con la presentación extemporánea de la acción; es decir, fuera del plazo máximo de seis meses, término que se encuentra sustentado en el principio de preclusión… Ahora bien, respecto a la aplicación del principio de inmediatez de la acción de amparo constitucional cuando se impugnan resoluciones judiciales o administrativas, el inicio del cómputo del plazo de los seis meses debe ser, como se señaló, a partir de la comisión de los actos denunciados o de notificada la última decisión administrativa o judicial, cuando existan medios idóneos y específicos, ya que: ‘…cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden interrumpir el plazo de seis meses de caducidad del recurso de amparo, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica habilitante para impedir la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional’ (SC 0079/2007-R de 23 de febrero)” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos). Consecuentemente, cuando se impugna la comisión de actos ilegales u omisiones indebidas en la acción de amparo constitucional, el inicio del cómputo del plazo de los seis meses debe ser, a partir de la comisión de los actos denunciados, de conocidos los hechos o de notificada la última decisión administrativa o judicial cuando existan medios idóneos y específicos, toda vez que cuando se reclama ante instancias no competentes, por medios inidóneos o de forma extemporánea, éstos, se reitera, no interrumpen el plazo de caducidad de seis meses establecido en las acciones de amparo constitucional, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica que impida la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso. En ese sentido, únicamente las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como plazo máximo para activar la acción de amparo constitucional, posibilitando a la justicia constitucional un estudio de fondo sobre la problemática puesta a su consideración.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la petición, al trabajo, a la educación y al debido proceso; encontrándose identificada la problemática a resolverse en el primer párrafo de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ceñida en lo esencial a que, a través de Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16 de 30 de noviembre de 2016, se dispuso su baja definitiva del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”, con pérdida del referido año académico y derecho a reincorporación, por haber incurrido en las faltas graves allí descritas, relacionadas a la diferencia en su edad consignada en su certificado de nacimiento y Libreta de Servicio Militar; además de estar sometido a una investigación penal; siéndole notificada mediante Memorándum DIV. RR. HH. 263/16 de similar data. Ulteriormente, pese a que se emitió fallo absolutorio en la causa penal y que presentó dicha decisión, se le cursaron reiteradas notas negativas a sus solicitudes de reincorporación; siendo la última, la de 12 de octubre de 2022, expedida por el Comandante General Accidental del Ejército. En ese orden, respecto a que, el Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar, pronunció la referida Resolución 217/16, disponiendo la baja del demandante de tutela de ese Instituto de Formación Militar, con pérdida del año académico y derecho a reincorporación; fallo que le fue notificado a través de Memorándum DIV. RR. HH. 263/16 de 30 de noviembre de 2016 -Conclusiones II.1 y II.2 del presente fallo constitucional-; se advierte que, el mencionado no formuló impugnación alguna contra dicha decisión. Así, se tiene que el art. 43.16 del Reglamento de Disciplina RA-COLMIL-01-02, prevé: “Aprobada la Resolución, se procede a la notificación formal a la Dama Cadete, Caballero Cadete, Alumna, Alumno o Postulantes sancionado (a), con la Resolución a través de memorándum firmado por el Comandante del Instituto de formación militar, concediéndole un plazo de 72 horas al afectado a partir de la recepción del documento, el mismo que podrá efectuar la apelación o representación de la sanción a través de una solicitud de reconsideración”. A su vez, el numeral 17 de dicha norma, regula: “Si la Dama Cadete, Caballero Cadete, Alumna, Alumno o Postulantes sancionado no presenta solicitud de reconsideración alguna, concluido el plazo se ejecutoria de manera automática y se procede a la publicación de la parte resolutiva en la Orden del Día del Instituto, cerrándose el proceso, no admitiendo reclamo posterior alguno”. Por otra parte, el numeral 18, estipula: “En caso de apelación, representación o reconsideración en un plazo no mayor a los 7 días hábiles después de presentado el recurso, el CAD volverá a reunirse para tratar el caso y emitir nueva resolución conforme a derecho”. Recursos que no fueron interpuestos, provocando la ejecutoria de la citada Resolución 217/16; no siendo viable cuestionarla mediante la presente garantía constitucional, ante la innegable inobservancia del principio de subsidiariedad que la caracteriza -Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional-. A más de ello, destaca que, si bien el accionante presentó diversas notas y memoriales, haciendo alusión en su demanda tutelar y en la audiencia de garantías, a los de 30 de noviembre de 2017; 1 de febrero y 15 de noviembre de 2019; 17 y 30 de noviembre de 2020; 23 de marzo, 7 de mayo y 21 de noviembre de 2021; y, 23 de junio, 12 de julio y 28 de septiembre de 2022, pidiendo su restitución al Instituto de Formación Militar; el acto primigenio denunciado de ilegal es la tantas veces anotada Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16, que ejecutoriada ante la ausencia de impugnación, debía ser cumplida por el accionante, constando que, en dicho fallo, se dispuso su derecho a reincorporación otorgándole el plazo máximo de un año; es decir, hasta el 30 de noviembre de 2017, a objeto que presente su documento debidamente regularizado; y, asimismo, la absolución, rechazo o sobreseimiento del proceso de investigación penal abierto en su contra. En ese sentido, cualquier pedido de prórroga para el cumplimiento de lo allí dispuesto, debió ser cuestionado en el momento oportuno; es decir, en forma previa a la conclusión del plazo conferido; abriéndose en caso de negativa, la posibilidad de acudir a la justicia constitucional, lo que no fue materializado por el impetrante de tutela dentro del plazo de inmediatez de seis meses instituido en los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo. De igual forma debió obrar respecto a sus solicitudes de reincorporación una vez adjuntada la Sentencia de absolución que mereció en la causa penal seguida en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; respecto a las que, se identifican notas de respuesta negativas, aduciendo que, si bien se subsanó aquello, no así la diferencia en su año de nacimiento, advertida de su certificado de nacimiento y la edad consignada en su Libreta de Servicio Militar. Respuestas que, en caso de considerar vulneratorias de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, concernía impugnarlas mediante la presente garantía constitucional dentro del plazo de caducidad de seis meses que rige para su interposición, no pudiendo emitir este Tribunal pronunciamiento de fondo alguno, respecto a aspectos superabundantemente vencidos, derivados de actuados con data de 2016 al 5 de octubre de 2022 -habiéndose planteado la acción de amparo constitucional el 5 de abril de 2023 (Conclusión II.5 de esta Resolución)-. Respecto a los que, se entiende, el impetrante de tutela consintió, no pudiendo este Tribunal suplir la desidia o negligencia en la defensa de sus derechos; entendiéndose que, el titular del derecho debe ser diligente en su propio interés, en cuanto al respeto de los derechos que considere sufren menoscabo, no estando la justicia constitucional abierta de forma indefinida para restaurarlos -Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución-. Finalmente, en cuanto a la última nota que fue presentada por el demandante de tutela el 28 de septiembre de 2022, ante el Comando General del Ejército, requiriendo su egreso como Oficial del Ejército del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”; aduciendo contar con Sentencia absolutoria dentro de la causa penal que se le siguió, debidamente ejecutoriada; por lo que, requirió su reincorporación a dicho Instituto de Formación Militar; se tiene que esta fue respondida, a través del oficio DPTO. VI AS. JUR. 105/2022 de 10 de octubre, suscrito por el Comandante General del Ejército -Conclusiones II.3 y II.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional-. Empero, este Tribunal no puede pronunciarse respecto a la misma, tratándose de un medio inidóneo, ante una instancia no competente, no pudiendo, por ende, interrumpir el plazo de seis meses de caducidad de la acción de amparo constitucional; no siendo un mecanismo legal que hubiera generado una consecuencia jurídica habilitante para impedir la caducidad del derecho de acceder a esta garantía constitucional -Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional-. Así, corresponde referir que, el Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”, conforme a las atribuciones que le otorga el Reglamento de Disciplina RA-COLMIL-01-02, es la instancia habilitada para cumplir y hacer cumplir la reglamentación interna de ese Instituto de Formación Militar, así como para estudiar, analizar y resolver todos los casos que motiven la separación de algún estudiante por razones académicas, disciplinarias u otras (art. 19) -entendiéndose que, al ser la que decidió la baja del demandante de tutela, también tenía la tuición para verificar el cumplimiento de lo ordenado en la Resolución que emitió; y, en caso de haberse subsanado lo allí observado dentro de plazo, determinar la reincorporación del ahora peticionante de tutela-; no teniendo el Comandante General Accidental del Ejército de Bolivia, la facultad de asumir decisiones sobre la baja y/o reincorporación de cadetes, no encontrándose aquello bajo su competencia y funciones. En ese orden, habiendo activado el accionante, medios inidóneos en defensa de sus derechos, soslayó que, cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, aquellos no pueden interrumpir el plazo de seis meses de caducidad de la acción de amparo constitucional; siendo innegable, se reitera que, debió acudir oportunamente ante la justicia constitucional, lo que no efectuó. Teniéndose demostrado que, de forma contraria, además de no haber impugnado la referida Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 217/16, a través de los recursos de reconsideración y apelación -en incumplimiento del principio de subsidiariedad-; en forma posterior, no activó la justicia constitucional dentro del plazo de seis meses, si consideraba que la negativa a sus peticiones de prórroga o reincorporación, no encontraban fundamento alguno, en lesión de sus derechos fundamentales; habiendo activado su acción de defensa, con el plazo superabundantemente vencido -en inobservancia del plazo de inmediatez-, no habiendo interrumpido el mismo, la nota de 28 de septiembre de 2022, ni su respuesta de 10 de octubre de ese año, por las razones anteriormente expuestas. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta; aunque en uso de la terminología correcta, correspondía precisar que no se ingresó al estudio de fondo de la problemática en cuestión.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 141/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 394 a 401, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1045_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): e6199c9b3e28be350181d3323f632313b136658a679b3133c99518ab37ea79ae

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