B.IA.LEGAL

SCP 1044/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 7 de julio de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
7 de julio de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54536-2023-110-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo; a la protección de la familia; al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; y, al principio non bis in ídem; puesto que, el Tribunal Disciplinario ahora accionado, al emitir la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022 de 15 de noviembre y confirmar la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021 de 8 de enero, mediante la cual se le sancionó con su retiro temporal por un año, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, incurrió en los siguientes actos: i) No dieron respuesta a todos los agravios denunciados en el recurso de apelación presentado mediante memorial presentado el 31 de marzo de 2021; ii) Se limitaron a reiterar los argumentos expuestos en la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021, sin considerar la imposibilidad de la imposición de una doble sanción, al ya ser sancionado con una multa económica que impedía una nueva sanción disciplinaria; y, iii) No tomaron en cuenta la insuficiencia de medios probatorios que demuestren que su conducta se adecuó a las faltas disciplinarias; ya que, al momento del hecho no se encontraba ejerciendo funciones. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elemento de la garantía…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución SC2-CBB-AAC-025/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 261 a 265 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022 de 15 de noviembre, debiendo el actual Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, emitir una nueva resolución con la debida fundamentación, motivación y congruencia. Sea en el plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación y sin espera de turno, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Dejar en suspenso la ejecución de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022 de 15 de noviembre, entre tanto el actual Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, emita una nueva resolución, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elemento de la garantía del debido proceso.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1044/2026-S1 Sucre, 7 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54536-2023-110-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución SC2-CBB-AAC-025/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 261 a 265 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por René Marcelo Yucra Vargas contra Lucio “E” René Jiménez Vargas, ex Presidente; Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente; Román Paco Rafael y Miguel Pablo Hidalgo Chávez, actual y ex Vocales Suplentes, todos miembros del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 23 y 28 de febrero de 2023, cursantes de fs. 44 a 63 y de 67 a 69, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como funcionario policial y padre de una menor de edad, fue sometido a un proceso disciplinario por la presunta comisión de las faltas previstas por los arts. 12.8 y 13.20 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, acusado de infringir las normas de circulación vehicular durante la cuarentena dispuesta por la pandemia del Coronavirus (COVID-19). Por lo cual, mediante Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021 de 8 de enero, el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba de la Policía Boliviana, ordenó su retiro temporal de la institución policial por un año, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes; empero, mediante memorial de 30 de marzo de 2021, planteó apelación contra la citada Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental, en respuesta se pronunció la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022 de 15 de noviembre, emitida por el Tribunal Disciplinario ahora accionado, que confirma lo dispuesto por el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba, con una grosera descontextualización, al limitarse a citar de forma aislada algunas partes del memorial de 30 de marzo de 2021 y no así de la integridad de su contenido. El Tribunal Disciplinario hoy accionado, al emitir la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022, contradijo los principios de congruencia y fundamentación, al omitir de forma ilegal e indebida al no otorgar respuesta a todos los argumentos señalados en el memorial de 30 de marzo de 2021. Asimismo, la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022, constituye una reproducción de la decisión de primera instancia y no contiene una argumentación propia basada en derecho que permita establecer las razones por las cuales se asumió la decisión impugnada. En consecuencia, se confirmó la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021, sin considerar de que ya fue sancionado por los mismos hechos con el pago de una multa económica de Bs2 000.- (dos mil bolivianos); por lo que, la determinación de disponer su retiro de la institución policial por un año, sin goce de haberes, constituye una segunda sanción por el mismo hecho. Sobre ese aspecto no existió pronunciamiento alguno; empero, de haberse considerado tal circunstancia, se hubiese llegado a la conclusión de que no resultaba viable imponer una nueva sanción por los dichos hechos; puesto que, la sanción económica previamente impuesta ya adquirió la calidad de cosa juzgada, vulnerando de ese modo sus derechos y las garantías mínimas que integran el derecho al debido proceso. Además, no podía ser sancionado; ya que, no se encontraba en ejercicio de sus funciones cuando ocurrieron los hechos que dieron lugar a la investigación disciplinaria; aspecto que, fue reconocido por la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021; además, tampoco correspondía imponerle una sanción disciplinaria; puesto que, existía insuficiencia de carga probatoria para demostrar que los hechos investigados configuraban a las faltas que le fueron atribuidas; en consecuencia, dichas circunstancias vulneraron su derecho al trabajo y afectaron los medios de subsistencia de su familia, en particular los de su hija menor de edad.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo; a la protección de la familia; al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; y, al principio non bis in ídem; citando al efecto los arts. 45.I., 62, 115.II, 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 6.1 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022 de 15 de noviembre y se ordene la emisión de una nueva resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 14 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 258 a 260, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Boris Benjamín Mendoza Méndez, Presidente a.i., y Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente, ambos miembros del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, a través del asesor jurídico de esa institución, en audiencia, manifestaron que: a) El accionante, aún estuviera en descanso, se encuentra sujeto a la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana; puesto que, no pierde en ningún momento su condición de funcionario policial; por lo que, se demostró que fue detenido por militares vestido de civil y conduciendo un vehículo; y, que en ese momento se identificó como funcionario policial, incurriendo en una infracción por circular en horas y días prohibidos, siendo sancionado con una multa económica; b) Por ese mismo motivo, se le inició un proceso disciplinario por vulnerar la normativa interna de dicha institución, siendo sancionado con la suspensión temporal de sus funciones por un año sin derecho a remuneración; c) Todos los agravios señalados por el accionante en el memorial de 30 de marzo de 2021, fueron debidamente respondidos; d) Respecto al principio non bis in ídem, la citada Ley, protege la imagen y prestigio institucional, sancionando las faltas de los servidores policiales, no siendo correcto que lo acontecido quede sin sanción alguna; e) Acerca de su derecho al trabajo, la jurisprudencia constitucional consideró que en el régimen disciplinario de la Policía Boliviana, se debe aplicar la norma disciplinaria vigente ante cualquier falta y sancionarla; y, f) El accionante se encontraba en “situación de apronte” por la declaratoria de emergencia y pandemia, pudiendo ser convocado en cualquier momento, teniendo deberes con la sociedad y con la institución, no pudiendo despojarse de su calidad de servidor policial en ninguna circunstancia. Con base a esos fundamentos, pidieron se deniegue la tutela solicitada. Román Paco Rafael y Miguel Pablo Hidalgo Chávez, actual y entonces Vocales Suplentes del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni remitieron informe alguno pese a su citación, cursante a fs. 174 y 175.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Gadiel Jaime Aguilar Claros, en audiencia, manifestó que no tiene interés alguno en la presente acción de defensa y solicitó ser excusado de participar por tener que cumplir con un examen institucional.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución SC2-CBB-AAC-025/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 261 a 265 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022, contiene la relación de los hechos y los fundamentos de derecho; en cuanto al fondo, precisa los agravios señalados por el accionante en el memorial de 30 de marzo de 2021, especialmente respecto a la valoración de la prueba, arribando a una decisión con argumentos propios; 2) Se advierte que no hubo actividad probatoria ni argumentación alguna por el accionante en dicho proceso disciplinario, para que el Tribunal Disciplinario ahora accionado hubiese podido controvertir los hechos objeto del proceso disciplinario en función al recurso de apelación contra la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021; 3) La referida Resolución del Tribunal Disciplinario, contiene un pronunciamiento fundado y motivado respecto a cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de apelación, conteniendo suficientes argumentos para justificar la confirmación de la sanción impuesta al accionante, en tanto quedó explicado que existían suficientes elementos probatorios que demostraron que el mismo se identificó como funcionario policial al momento de ser detenido conduciendo su vehículo particular y vestido de civil; ya que, se encontraba circulando en un horario prohibido; puesto que, el nombrado no fue convocado a trabajar ni portaba su uniforme de funcionario policial; 4) En cuanto a la condición del accionante de padre de una menor de edad, dicho extremo no fue objeto del recurso de apelación, no pudiendo atenderse por este motivo en la presente acción de amparo constitucional; y, 5) El nombrado no expuso la suficiente carga argumentativa a efecto de ingresar a mayor análisis sobre la interpretación de la legalidad realizada por el Tribunal Disciplinario hoy accionado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas. Asimismo, mediante decreto constitucional de 4 de mayo de 2026, cursante a fs. 314, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 6 de julio de igual año, cursante a fs. 318; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021 de 8 de enero, emitido por el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba de la Policía Boliviana, mediante la cual se resolvió sancionar a René Marcelo Yucra Vargas -ahora accionante-, por la comisión de las faltas previstas por los arts. 12.8 y 13.20 de la LRDPB, disponiendo su retiró temporal de la institución policial por un año, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes (fs. 210 a 225 vta.). II.2. Por memorial presentado el 31 de marzo de 2021, ante el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba, el accionante planteó recurso de apelación contra la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021 (fs. 227 a 237); en respuesta se pronunció la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022 de 15 de noviembre, emitida por Lucio “E” René Jiménez Vargas, ex Presidente; Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente; Román Paco Rafael y Miguel Pablo Hidalgo Chávez, actual y ex Vocales Suplentes, todos miembros del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana -hoy accionados-, mediante la cual, declararon improbado el recurso de apelación y confirmaron la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021 (fs. 238 a 243 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo; a la protección de la familia; al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; y, al principio non bis in ídem; puesto que, el Tribunal Disciplinario ahora accionado, al emitir la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022 de 15 de noviembre y confirmar la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021 de 8 de enero, mediante la cual se le sancionó con su retiro temporal por un año, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, incurrió en los siguientes actos: i) No dieron respuesta a todos los agravios denunciados en el recurso de apelación presentado mediante memorial presentado el 31 de marzo de 2021; ii) Se limitaron a reiterar los argumentos expuestos en la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021, sin considerar la imposibilidad de la imposición de una doble sanción, al ya ser sancionado con una multa económica que impedía una nueva sanción disciplinaria; y, iii) No tomaron en cuenta la insuficiencia de medios probatorios que demuestren que su conducta se adecuó a las faltas disciplinarias; ya que, al momento del hecho no se encontraba ejerciendo funciones. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elemento de la garantía del debido proceso. Jurisprudencia uniforme; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elemento de la garantía del debido proceso.

Jurisprudencia uniforme

La SCP 0060/2025-S1 de 10 de marzo, reiterando los razonamientos de la SCP 0074/2024-S3 de 10 de abril, establece que: [«La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación‛, o extiendo esta es, b.2) una ‘motivación arbitraria‛; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas”’.

“b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. ‘La justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’”. En ese mismo sentido, la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció que: “La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. (...) Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume‛ (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: ‘La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto. En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita (…). Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)”’»] (las negrillas son muestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo; a la protección de la familia; al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; y, al principio non bis in ídem; puesto que, el Tribunal Disciplinario ahora accionado, al emitir la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022 de 15 de noviembre y confirmar la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021 de 8 de enero, mediante la cual se le sancionó con su retiro temporal por un año, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, incurrió en los siguientes actos: 1) No dieron respuesta a todos los agravios denunciados en el recurso de apelación presentado mediante memorial presentado el 31 de marzo de 2021; 2) Se limitaron a reiterar los argumentos expuestos en la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021, sin considerar la imposibilidad de la imposición de una doble sanción, al ya ser sancionado con una multa económica que impedía una nueva sanción disciplinaria; y, 3) No tomaron en cuenta la insuficiencia de medios probatorios que demuestren que su conducta se adecuó a las faltas disciplinarias; ya que, al momento del hecho no se encontraba ejerciendo funciones.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, el accionante fue sujeto de un proceso disciplinario y sancionado por la comisión de las faltas previstas por los arts. 12.8 y 13.20 de la LRDPB, mediante la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021, emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba de la Policía Boliviana, el cual ordenó su retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes por un año (Conclusión II.1.); por lo que, el nombrado mediante memorial de 31 de marzo de 2021, planteó recurso de apelación, en respuesta se pronunció la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022, emitida por el Tribunal Disciplinario ahora accionado, mismo que declaró improbado el recurso de apelación y confirmó la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021 quienes declararon improbado el recurso y confirmaron la nombrada (Conclusión II.2.); puesto que, este último acto es objeto de revisión por parte de la jurisdicción constitucional. Establecidos los antecedentes procesales y a fin de resolver adecuadamente la problemática expuesta en la presente acción de amparo constitucional; por la que, el accionante cuestiona la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022; en consecuencia, corresponde realizar la contrastación entre las aseveraciones expuestas en su de recurso de apelación presentado mediante memorial de 31 de marzo de 2021 y las decisiones asumidas por el Tribunal Disciplinario hoy accionado respecto a ellas. En este contexto, se tiene que el accionante, en su recurso de apelación presentado mediante memorial de 31 de marzo de 2021 y al amparo de los arts. 96 y 97.1, 2 y 3 de la LRDPB, expuso los siguientes agravios: i) La Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021, no resolvió los reclamos sobre la licitud de la prueba presentada y observada; ya que, respecto a las probanzas introducidas por el Fiscal Policial así como de su parte, si bien el Tribunal Disciplinario las identifica, no se advierte fundamentación alguna respecto a los reclamos oportunos de exclusión probatoria, así como tampoco se pronunció sobre los argumentos de la defensa; por lo que, se desconoce cuáles son las pruebas que se judicializaron y cuáles las que se excluyeron, incumpliéndose en consecuencia la previsión normativa contenida en el art. 85 y 86 de la citada Ley; puesto que, en ninguna parte de su fundamentación se refirió a los elementos de convicción, especificando, individualizando y valorando cada uno de ellos, así como tampoco explicó las razones por las cuales la excepción probatoria fue rechazada respecto a varios elementos de prueba; ii) Las pruebas producidas durante el proceso no fueron valoradas de modo integral y conforme a la sana crítica; considerando que, en ningún momento se establece como el accionante adecuó su conducta a la falta prevista por los arts. 12.8 y 13.20 de la LRDPB, atribuyéndose supuestamente el disciplinado, grados y jerarquías que no corresponden y resistiéndose a cumplir órdenes superiores sin tomar en cuenta que el mismo no se encontrando cumpliendo función alguna; evidenciándose en consecuencia que el Tribunal inobservó el art. 6 de la referida Ley; siendo que, en la realización del juicio oral, público y contradictorio, el Requerimiento de Acusación de 29 de mayo de 2020, emitido por el Fiscal Policial, no refleja las circunstancias en las cuales el procesado, de un lado, hubiese incurrido en la falta prevista en el art. 13.20 de la indicada Ley, respecto al incumplimiento, resistencia colectiva a mandatos, órdenes o disposiciones reglamentarias; además, tampoco se demostró que el accionante se habría arrogado grados, cargos o prerrogativas que no le competen o cómo es que, pese a no hallarse cumpliendo funciones es que incumplió órdenes superiores; extremos que, fueron verificados a través de las declaraciones testificales que tampoco establecen claramente que el nombrado hubiese incurrido en las conductas endilgadas; por el contrario, el Tribunal de primera instancia, a pesar que el accionante solicitó la exclusión probatoria en el marco de lo dispuesto por el art. 96 de la señalada Ley, no consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía Policial, no se constituían en ningún documento público; por lo que, no dio valor al pago realizado por el accionante en la oficina de recaudaciones por la infracción cometida; extremo que, ya constituía una sanción y no se podía, en el marco del principio non bis in ídem, ser sometido a nueva sanción, aspectos que demuestran claramente que el Tribunal Disciplinario Departamental, sin justificación alguna otorgó valor a pruebas que jurídicamente son insubsanables; puesto que, sustenta su decisión en informes y formularios; sin embargo, no específica las fojas en las que estos se encuentran, generando un total estado de indefensión en el disciplinado; por lo que, corresponde al Tribunal de alzada efectuar una nueva revisión de los medios probatorios y el valor que se asignó el Tribunal inferior; iii) De acuerdo a lo estipulado por el art. 51 de la LRDPB, los plazos y términos contenidos en dicha norma, son de cumplimiento obligatorio; sin embargo, de la revisión de antecedentes, se evidencia que el plazo de la investigación no fue cumplido; situación que, en el marco del art. 169 del Código de Procedimiento Penal (CPP), aplicable ante la existencia de vacío legal en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, hace del referido acto uno defectuoso, sancionable con su nulidad y consiguiente archivo de obrados; y/o en su defecto, la nulidad de la resolución sancionatoria por vulnerar a los principios de legalidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, debido proceso, objetividad, congruencia, imparcialidad e independencia; iv) El Tribunal Disciplinario de primera instancia, no especificó cómo y de qué forma, las pruebas ofrecidas por la Fiscalía Policial, demostraron que su conducta se adecuó a la falta atribuida, desconociéndose con base a qué elementos de convicción fue declarado culpable o responsable de la misma; v) No fueron valoradas las atenuantes aportadas en la imposición de la desproporcionada sanción de suspensión de un año, cuando, en su condición de Oficial de la Policía, siempre desempeñó sus funciones de manera responsable, transparente y sin problemas de ninguna naturaleza; vi) Al no tenerse plenamente demostrado que el accionante incurrió en la falta disciplinaria grave que le fue acusada, correspondía la aplicación de la duda razonable en su favor; aspecto que, deberá ser considerado por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana; y, vii) El Tribunal Disciplinario de primera instancia, aseveró que la acusación fiscal resultaba insuficiente y que la investigación no aportó resultado alguno; no obstante, no se explica cómo es que arribó a la decisión de emitir una decisión sancionatoria disciplinaria en contra del accionante. Argumentos en virtud a los cuales, el nombrado solicitó se disponga la nulidad de la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021, disponiendo se dicte nueva resolución administrativa absolutoria o en su defecto se ordene la reposición del proceso por otro Tribunal Disciplinario, al no encontrarse ningún elemento de convicción que demuestre el hecho sancionado. Atendiendo la impugnación de Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021, el Tribunal Disciplinario ahora accionado, pronunciaron la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022, declarando improbado el recurso de apelación y confirmando en todo la decisión de primera instancia; misma que, se encuentra estructurada de la siguiente forma: a) En su “Considerando I”, efectúa una relación de las actuaciones en primera instancia respecto a los hechos acusados y su tipificación; así como la transcripción de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021, emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba; y, un resumen del recurso de apelación planteado por el accionante; b) En el “Considerando II”, el Tribunal Disciplinario ahora accionado, realizan una síntesis del fallo objeto de impugnación, reproduciendo los argumentos del Tribunal inferior respecto a la exclusión probatoria, la normativa aplicada y la valoración de los elementos de convicción realizados por el Tribunal Disciplinario Departamental de dicho departamento, transcribiendo de forma íntegra los criterios expresados en primera instancia respecto a los elementos de prueba valorados así como el valor otorgado a los mismos por los inferiores en la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021; c) En el mismo acápite, bajo el título “DE LA REALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL PÚBLICO Y CONTRADICTORIO” (sic), los el Tribunal Disciplinario hoy accionado, resolviendo el recurso de impugnación incoado por el accionante, expresaron los siguientes fundamentos: 1) Respecto a la falta acusada, inserta en el art. 12.8 de la LRDPB, la conducta del nombrado se adecua al verbo rector de la falta atribuida, debido a que fue detenido, cuando se encontraba circulando sin ningún tipo de permiso o autorización, habiéndose además, identificado como miembro activo de la Institución Policial, asignándose de esta forma una calidad que no le competía al circular sin documento justificativo o cargo función que cumplía en ese momento, siendo que el país se encontraba en una situación excepcional por la pandemia ocasionada por el COVID-19; extremos corroborados por los informes cursantes en obrados, así como el fotograma y atestaciones vertidas en audiencia del proceso; y, 2) Al momento de la comisión de la falta disciplinaria, estaba en vigencia el Decreto Supremo (DS) 4200 de 25 de marzo de 2020, que declaró la emergencia sanitaria y cuarentena total en territorio nacional, regulando el accionar de todos los ciudadanos e imponiendo -entre otras-, la prohibición de circulación de vehículos públicos y privados; excepto aquellos medios de transporte para el traslado de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; restringiéndose de igual forma la circulación de personas con mayor fuerza en fines de semana; en tal sentido, si bien el accionante contaba con la facultad de circular excepcionalmente en su condición de Oficial de Policía; empero, dicha atribución se encuentra regulada mediante disposición emitida por la máxima autoridad de la Policía Boliviana, prohibiendo la circulación de efectivos policiales sin uniforme policía e identificación respectiva; sin embargo, el disciplinado, hizo caso omiso a dichas disposiciones, atribuyéndose el privilegio y facultad de circular en su vehículo particular, vestido de civil en día prohibido, identificándose como Oficial de Policía, haciendo valer su condición como tal, cuando en el momento de su detención no le pertenecía; puesto que, si bien se encontraba en apronte, pese a que no fue convocado, no podía circular en vía pública; extremos que adecúan la conducta del sancionado al segundo requisito de la falta endilgada; es decir, atribuirse una prerrogativa que no le corresponde; situación verificada a través de los informes presentados por militares en servicio, así como por las testificales aportadas cursantes en obrados; por lo que, el accionante acomodó su conducta a la falta prevista por el art. 13.20 de la LRDPB; y, d) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, exigiendo solamente una estructura de forma y fondo, pudiendo ser concisa, pero clara, satisfaciendo todos los puntos demandados, debiendo expresar el juzgador sus convicciones determinativas que justifiquen su decisión. En el marco de lo señalado, se evidencia que el accionante en la presente acción tutelar, identifica como actos lesivos, la falta de respuesta a todos los agravios denunciados en el recurso de apelación presentado mediante memorial de 31 de marzo de 2021; la reiteración de los argumentados expresados en la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021, sin considerar la imposibilidad de la imposición de una doble sanción; ya que, fue sancionado con una multa económica que impedía una nueva sanción disciplinaria; y, la insuficiencia de medios probatorios que demuestren que su conducta se adecuó a las faltas disciplinarias; ya que, al momento del hecho no se encontraba ejerciendo funciones; por lo que, al estar relacionadas las problemáticas, se dará una respuesta conjunta a las mismas. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión y observar la correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto; además, de contar con una coherencia interna. En ese sentido, en el caso en análisis de la contrastación de los agravios objeto de apelación y los argumentos expresados por el Tribunal Disciplinario ahora accionado, en la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022, queda claro que, la señalada decisión carece de una debida fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, inicialmente su contenido se basa práctica e íntegramente en los argumentos establecidos por el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba, reiterando de forma casi literal el contenido de la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021; es decir, que la decisión asumida por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, no cuenta con análisis y razonamientos propios que fueran el resultado de una mínima labor de compulsa de los puntos de agravio y revisión de la decisión apelada, así como de los elementos probatorios y normativa que hubiese sido aplicada por el Tribunal inferior en la resolución de la causa a efectos de establecer con criterios hermenéuticos propios si los hechos ocurridos se adecuan a las faltas endilgadas y si los elementos de convicción aportados por la Fiscalía Policial, resultan ser legalmente legítimos y por ende, válidos para fundar convicción sobre las supuestas contravenciones cometidas por el disciplinado; y, finalmente, si el Tribunal a quo, realizó una correcta aplicación de la normativa procesal pertinente a los efectos de subsumir la conducta del accionado a la falta atribuida para, en consecuencia, determinar si evidentemente, aquel incurrió en causal legal que amerite la sanción impuesta y, si esta resulta razonable y proporcional entre los actos y la gravedad de la sanción. Conclusión a la que se arriba en virtud a los siguientes razonamientos: El Tribunal Disciplinario hoy accionado, al emitir la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022, incurrieron en vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia externa; puesto que, los puntos de controversia expresados por el accionante ante el Tribunal de alzada, no fueron debidamente atendidos; ya que, en la citada Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, no existió pronunciamiento respecto a la falta de valoración integral de la prueba, así como la falta de análisis de la misma por parte del Tribunal Inferior, lo que derivó en el hecho de que, en el contexto de la resolución apelada, el procesado no fue vinculado a las faltas establecidas en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, de manera clara, al no explicar de manera propia la supuesta atribución o arrogación de grados y jerarquías; y, cómo es que hubiese opuesto resistencia a órdenes superiores sin estar en funciones; a ello se suma, que el Tribunal superior, tampoco resolvió ni se pronunció sobre la errónea aplicación e interpretación incurrida por el Tribunal inferior respecto al art. 6 de la mencionada Ley, la cual refiere sobre la calificación de las conductas que pueden ser consideradas como faltas disciplinarias y cuáles no; no habiéndose definido por el Tribunal de alzada, con criterios propios, emergentes de una labor de discernimiento y compulsa de los hechos y pruebas, en contrastación con la norma y los criterios vertidos por el Tribunal a quo, para determinar con precisión, si la conducta del disciplinado, se subsumía a las faltas disciplinarias endilgadas. Tampoco se advierte pronunciamiento de los demandados respecto al agravio denunciado referido a que, en el juicio oral, la acusación no detalló las circunstancias en las que el procesado incurrió en las faltas imputadas, siendo además que las declaraciones testificales no respaldaron claramente las conductas atribuidas; a lo que se añade que, en el fallo objeto de la acción tutelar, no se advierte la emisión de un razonamiento jurídico que determine los motivos por los cuales, a pesar de haberse dado curso parcialmente a la exclusión probatoria solicitada, el Tribunal inferior, no consideró en el contexto normativo del art. 86 de la LRDPB, que las pruebas aportadas por la Fiscalía Policial no eran documentos públicos y por ende no cumplían los requisitos exigidos por la señalada normativa; así también se evidencia que no se emitió pronunciamiento alguno respecto al hecho denunciado por el apelante de que el Tribunal a quo, si bien dio curso a la exclusión probatoria sobre algunos medios de convicción, no determinó las razones por las cuales otras pruebas fueron consideradas como válidas dentro del proceso y cuál el valor otorgado a las mismas, lo que hubiera permitido arribar con certeza a que el disciplinado, resultaba merecedor de la sanción aplicada en su contra. Asimismo, el Tribunal de apelación, obvió completamente emitir razonamiento alguno, respecto a la imposición de una sanción previa por los mismos hechos, consistente en el pago acreditado mediante documento expedido por la oficina de recaudaciones por la suma de Bs.2 000.- (dos mil bolivianos); criterio que, según el Tribunal Disciplinario ahora accionado, no correspondía, en inobservancia del principio non bis in idem; extremo sobre el cual, no se advierte análisis alguno y menos razonamientos jurídicamente sustentados que determinen las razones por las cuales, el pago previo de la referida sanción pecuniaria, no constituiría cosa juzgada como afirma el entonces recurrente; y las razones del por qué el proceso instaurado en su contra, con base a los mismos hechos que originaron dicha sanción económica, no configuran un doble procesamiento derivado en una doble sanción. En la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022, tampoco existe pronunciamiento sobre el reclamo de que la decisión del Tribunal inferior si bien, alude basarse en informes, no especifica sus fuentes, dejando al disciplinado en estado de indefensión; aspecto que, correspondía ser subsanado por el Tribunal de alzada. En cuanto a la falta de valoración integral de la prueba y su valoración con base a la sana crítica, denunciada como agravio en el recurso de apelación presentado mediante memorial de 31 de marzo de 2021, por el accionante, el Tribunal Disciplinario hoy accionado, se limitó a la transcripción íntegra de los criterios expresados en primera instancia respecto a los elementos de prueba valorados así como el valor otorgado a los mismos por los inferiores en la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021, para concluir que las faltas endilgadas al procesado fueron evidentemente cometidas por este, con base a los informes presentados por servidores militares, así como por las testificales aportadas cursantes en obrados; sin embargo, de dicho argumento no se advierte que el Tribunal de apelación, efectuado un análisis independiente y adecuado de los elementos de prueba cursantes en el cuaderno procesal, omitiendo determinar si dichas probanzas resultan legalmente e lícitamente aplicables a los efectos del procesamientos; y, de otorgar a cada uno de los elementos de convicción un determinado valor y finalmente, establecer las razones por las cuales, en aplicación de los principios de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad, estos elementos probatorios eran suficientes y por qué, para fundar la decisión emitida. De igual modo, el Tribunal Disciplinario ahora accionado, sobre la denuncia de que no se probó de modo alguno que su conducta se adecuaba a los tipos previstos como faltas en los arts. 12.8 y 13.20 de la LRDPB; referidos a que, se hubiera atribuido grados y jerarquías que no le corresponden y que se hubiese resistido a cumplir órdenes superiores, cuando su persona no cumplía función alguna, los hora demandados, únicamente sostuvieron, que el sancionado había adecuado su conducta al verbo rector del art. 12.8 de la citada Ley, al encontrarse circulando sin ningún tipo de permiso o autorización, habiéndose identificado además como miembro activo de la Institución Policial, asignándose de esta forma una calidad que no le competía al circular sin documento justificativo o cargo función que cumplía en ese momento; argumento que este Tribunal encuentra contradictorio e incoherente; puesto que, si bien se hubiese probado que el procesado se encontraba circulando sin autorización, el hecho de que se identificara como servidor policial al momento de ser intervenido, no puede constituir a la vista de esta jurisdicción que el entonces procesado se hubiese “atribuido cargo o jerarquía” alguna y que menos aún, como afirma el Tribunal Disciplinario hoy accionado, este hecho pudiera implicar que se arrogó una calidad que no le competía, cuando, a partir del principio de primacía de la realidad o verdad material, aun cuando el disciplinado se encontrase vestido “con ropa sport” de civil, su condición de servidor policial, le es inherente y le asiste en todo momento; por lo que, impedía que niegue dicha calidad; extremos que, no fueron adecuadamente compulsados ni explicados por los nombrados, quienes con base a apreciaciones contradictorias y sustentadas nuevamente en pruebas respecto a la cual no existe análisis alguno, concluyeron que, el procesado adecuó su conducta a la falta descrita en el art. 12.8 de la LRDPB que establece: “Atribuirse grados jerárquicos, cargo o prerrogativa que no le correspondan”; por lo manifestado, y en el marco de los argumentos expuesto en el fallo disciplinario objeto de la presente acción tutelar, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que los argumentos expuestos, resultan no solo insuficientes, sino incoherentes y contradictorios, vulnerando el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia -interna y externa-. Tampoco se evidencia respuesta a la denuncia de incumplimiento de plazos procesales en la investigación, en desconocimiento de la previsión contenida por el art. 51 de la referida LRDPB, que según el accionante, en el contexto del art. 169 del CPP, aplicable por supletoriedad ante falta de norma expresa y clara en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, derivaría en la nulidad de obrados y archivo de obrados, debido a la existencia de un acto procesal defectuoso que culminó con la emisión de una resolución sancionatoria lesiva a los principios de legalidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, debido proceso, objetividad, congruencia, imparcialidad e independencia; agravio que no mereció atención por parte de los ahora accionados en la emisión de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022, vulnerando el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia externa. En cuanto a la denuncia de que el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba de la Policía Boliviana, no especificó cómo y de qué forma, las pruebas ofrecidas por la Fiscalía Policial, demostraron que su conducta se adecuó a las faltas atribuidas, desconociéndose con base a qué elementos de convicción fue declarado culpable o responsable de la misma; el Tribunal Disciplinario ahora accionado, incurre en omisión de pronunciamiento absoluta; puesto que, al igual que el Tribunal a quo, no estableció cuales pruebas resultaron determinantes para establecer que la conducta del disciplinado fundó la decisión de primera instancia, advirtiéndose como se tiene establecido en el resumen del fallo analizado, que el Tribunal Disciplinario hoy accionado, en su “Considerando II”, transcribió de forma íntegra los criterios expresados en primera instancia respecto a los elementos de prueba valorados así como el valor otorgado a los mismos por los inferiores en la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 7/2021; es decir, no efectuó una labor valorativa propia e integral con base a la sana crítica de los elementos probatorios cursantes en el cuaderno procesal a efectos de evidenciar si las probanzas allegadas al cuaderno procesal y que no fueron excluidas por el Tribunal inferior, resultaban suficientes para determinar, en el marco del principio de tipicidad y taxatividad, si el accionante adecuó su conducta a las faltas endilgadas; puesto que, el tipo conductual definido como pasible de sanción, al ser claro y expreso, no admite interpretación alguna; situación que debió ser debidamente establecida por el Tribunal de alzada a través de la correcta valoración probatoria contrastada con los hechos ocurridos y los antecedentes del caso. Finalmente, en el fallo analizado a través de la presente acción tutelar, no existe un análisis que, partiendo de la aplicación del principio de proporcionalidad que exige la compulsa entre la causa y el efecto, consideró que, si las acciones ejecutadas por el accionante, al margen de haber sido sancionados previamente con el pago de una multa de Bs2 000.-, ameritaban la instauración de un proceso disciplinario y si en definitiva, la sanción de retiro temporal de la Institución Policial con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes por un año era proporcional a la conducta asumida por el ahora accionante; más aun, conforme manifestó el impetrante de tutela, es padre de una niña menor de edad de cuatro años y se comprende que los ingresos percibidos por el accionante, constituyen el sostén económico de su familia y de la mencionada menor. Por lo señalado, la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022, no cuenta con la debida fundamentación, motivación y congruencia, al confirmar la sanción impuesta al accionante por el Tribunal inferior, al no realizar una adecuada compulsa de los antecedentes del proceso, la normativa aplicable y los elementos de convicción aportados, además de emitirse una decisión sin dar un respuesta a todos los agravios denunciados en apelación, por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. Con referencia a la vulneración del derecho al trabajo, al estar directamente vinculado con la sanción impuesta, corresponde disponer que la ejecución del fallo objeto de la acción tutelar, se mantenga en suspenso en su ejecución, en tanto no sea emitida una nueva resolución en el marco de los entendimientos expuestos en el presente fallo constitucional. Finalmente, en relación a la lesión del principio non bis in ídem, no amerita un pronunciamiento de fondo, debido a que la determinación de dejarse sin efecto la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022, emitido por el Tribunal Disciplinario ahora accionado, disponiéndose se dicte una nueva resolución apegado a los entendimientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, implica necesariamente, que el actual Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, al pronunciar una nueva determinación se pronuncien sobre el referido principio. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución SC2-CBB-AAC-025/2023 de 14 de marzo, cursante de fs. 261 a 265 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022 de 15 de noviembre, debiendo el actual Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, emitir una nueva resolución con la debida fundamentación, motivación y congruencia. Sea en el plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación y sin espera de turno, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Dejar en suspenso la ejecución de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 345/2022 de 15 de noviembre, entre tanto el actual Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, emita una nueva resolución, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1044_2026-S1.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4320af9c79a4fd96a8981f2c69c544e49cda33c3006a6176bdd81eda22bca4ea

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