Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 29 de agosto de 2025
Deniega la tutela
La accionante señala haber trabajado en la Regional La Paz de la CNS -tercero interesado- como enfermera bajo contratos temporales entre enero de 2021 y octubre de 2022, y que, pese a haber informado oportunamente sobre su embarazo, no se le renovó el contrato, lo que a su entender vulneró su derecho a la inamovilidad laboral garantizado por la Norma Suprema, la salud, la vida vinculado al interés superior del niño. Razón por la cual, acudió directamente a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, que mediante Resolución de Reincorporación Laboral Caso: MTEPS-DNC-REDLAB-357-2022 de 20 de enero de 2023, ordenó su reincorporación, la cual se materializó mediante un nuevo contrato en marzo; sin embargo, esta reincorporación fue revocada mediante la RM 484/23 de 6 de abril de 2023, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, bajo el argumento de que se trataba de contratos a plazo fijo sin continuidad, sin analizar o considerar su condición de gestante.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 116/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 150 a 154, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Conceder en cuanto a los subsidios y disponer que la Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud, proceda al pago de los subsidios familiares, conforme a normativa vigente, sea en el plazo de diez días a partir de su notificación con el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1044/2025-S3 Sucre, 29 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 57035-2023-115-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 116/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 150 a 154, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nelba Adriana Illanes Mamani contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, Fabiola Pareja Gutiérrez, Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Por memorial presentado el 9 de mayo de 2023, cursantes de fs. 44 a 51, la accionante expresó que:
Señaló que trabajó en la Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud (CNS), específicamente en el HIES Geriátrico, dependiente de la Administración de la misma Regional, como enfermera bajo contratos temporales, desde el 4 de enero de 2021 hasta el 1 de octubre de 2022. Durante ese tiempo, pese a haber informado oportunamente sobre su estado de gestación, la institución decidió no renovar su contrato, vulnerando a su entender, su derecho a la inamovilidad laboral protegido por la Constitución Política del Estado. Ante esa situación y sin considerar necesario agotar la vía administrativa, acudió directamente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que mediante Resolución de Reincorporación Laboral Caso: MTEPS-DNC-REDLAB-357-2022 de 20 de enero de 2023, dispuso su reincorporación inmediata. En cumplimiento a dicha disposición, se suscribió un nuevo contrato el 20 de marzo de 2023; sin embargo, posteriormente mediante Resolución Ministerial (RM) 484/23 de 6 de abril de 2023, se revocó totalmente su reincorporación, argumentando únicamente que los contratos eran a plazo fijo y que no existía continuidad laboral, omitiendo cualquier análisis respecto a la protección constitucional por maternidad. La referida RM fue notificada a la entidad empleadora, en tal virtud la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) Regional La Paz de la CNS, emitió Memorándum JRRHH-MI-127-2023 de 3 de mayo de 2023, haciéndole conocer la “rescisión de relación contractual”, a pesar de que se encontraba embarazada y con baja médica. Esta decisión, vulneró su derecho a la inamovilidad laboral, su derecho a la vida y a la salud, vinculado al interés superior del niño por nacer. Alegó que la autoridad recurrida no efectuó un análisis de fondo sobre su condición de madre gestante y que se limitó a revisar formalmente la continuidad contractual, sin valorar los alcances de la protección constitucional. En consecuencia, la acción tutelar que se demanda, se dirigió contra la RM 484/23, por considerarla contraria a la Norma Suprema, que garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y los derechos vinculados a la maternidad.
Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la vida, y a la salud, vinculado al interés superior del niño por nacer; citando al efecto los arts. 48 parágrafos I, II, III y IV; y, 49.II y III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Revocar la RM 484/23 de 6 de abril de 2023; b) Se ordene su inmediata reincorporación laboral, más el pago de beneficios sociales que le corresponde por maternidad; y, c) Se llame severamente la atención al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, por dictar resoluciones contrarias a la ley.
Celebrada la audiencia pública virtual, el 15 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 147 a 149; se produjeron los siguientes actuados:
La demandante de tutela a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su demanda de acción de amparo constitucional y ampliándolos, señaló que: 1) Sostuvo que la RM 484/23, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social vulneró de forma directa el art. 48 de la CPE, al disponer la revocatoria de la Resolución de Reincorporación Laboral Caso:
MTEPS-DNC-REDLAB-357-2022 de una trabajadora embarazada. Afirmó que dicha Resolución se limitó a analizar aspectos contractuales, sin considerar la situación de gestación debidamente acreditada en el expediente, lo cual, constituye una omisión grave, ya que la norma constitucional prohíbe expresamente el despido de mujeres en estado de embarazo, protegiendo no solo a la madre trabajadora, sino también al hijo por nacer, e incluso extendiendo la protección al progenitor varón; 2) Cuestionó que el mencionado Ministerio hubiera utilizado una interpretación errónea de la SC 0537/2005-R de 31 de mayo para justificar la desvinculación, cuando dicha línea jurisprudencial -junto a otras como la SC 1650/2010-R de 25 de octubre ha establecido claramente que la modalidad o continuidad del contrato es irrelevante. Recalcó que no se requiere agotar la vía administrativa ni demostrar subsidiariedad para acudir a la acción de amparo constitucional en estos casos, dado el carácter inmediato y prioritario del derecho vulnerado; y, 3) Nuevamente solicitó que se conceda la tutela, se revoque la Resolución Ministerial impugnada y se disponga la inmediata reincorporación de la trabajadora, junto al pago de los beneficios sociales, sueldos devengados y lactancia.
Verónica Patricia Navia Tejada Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de su representante, por informe escrito presentado el 15 de junio de 2023, cursante a fs. 130 y vta., ratificado en audiencia de garantías, señaló que: i) Si bien la acción de amparo constitucional fue dirigida contra la Directora General de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dicha autoridad no tiene competencia resolutiva y solo ejerce funciones de asesoramiento, por lo que, es la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social referida como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) la autoridad facultada y que cuenta con la competencia para resolver el recurso de revisión que es la RM 484/2023 ahora cuestionada; ii) Explicó que de los antecedentes administrativos, Nelba Adriana Illanes Mamani -hoy accionante- solicitó su reincorporación el 9 de diciembre de 2022, invocando su situación de embarazo. En respuesta, la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz emitió Resolución de Reincorporación Laboral Caso: MTEPS-DNC-REDLAB-357-2022; ordenando su reincorporación a la Regional La Paz de la CNS. Contra esta decisión, la mencionada Institución interpuso “recurso de revisión”, que fue resuelto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante la RM 484/23, revocando totalmente la reincorporación; iii) La Resolución Ministerial cuestionada, se basó en el análisis del vínculo laboral entre la trabajadora y la Institución, concluyendo que existieron tres contratos administrativos a plazo fijo, firmados para cubrir necesidades temporales. Se identificó que entre el segundo y el tercer contrato existió un lapso de más de tres meses sin relación laboral, lo cual interrumpió la continuidad del vínculo, conforme a los antecedentes contractuales y lo establecido en la normativa vigente. Esta interrupción fue determinante para concluir que no existía despido arbitrario, sino la finalización natural del contrato en los términos acordados por ambas partes. Además, se resaltó que en los contratos suscritos se establecía claramente su duración limitada y la naturaleza eventual del vínculo; iv) En estos casos no corresponde aplicar el fuero de inamovilidad por embarazo, ya que no hubo desvinculación arbitraria, sino conclusión contractual.
Para sustentar este criterio, se citó jurisprudencia constitucional que reconoce la validez de los contratos temporales, cuando ambas partes están conscientes de su naturaleza, entre ellas las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0900/2013 de 20 de junio y 0242/2021-S4 de 10 de junio; y, la SC “109/2006-R” de 31 de enero y otras. Asimismo, aclaró que el fuero de inamovilidad no tiene carácter absoluto y debe ser analizado en función de la existencia o no de una relación laboral activa al momento del reclamo; y, v) Remarcó que la autoridad administrativa no tiene competencia para interpretar la naturaleza jurídica de los contratos ni para resolver controversias laborales, función que recae exclusivamente en la jurisdicción laboral, de acuerdo al Código Procesal del Trabajo. En ese marco, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, actuó en el marco de sus competencias y conforme a derecho. Fabiola Pareja Gutiérrez, Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 57.
Rubén Richard Mamani Condori, Administrador Regional La Paz a.i. de la CNS, a través de sus representantes, por informe escrito presentado el 15 de junio de 2023, cursante de fs. 141 a 145 vta., señaló que: a) Solicitó el rechazo in límine de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ex trabajadora Nelba Adriana Illanes Mamani -ahora accionante-, invocando la improcedencia establecida en los arts. 53 y 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo); b) Argumentó la improcedencia de la acción, ya que existían otros mecanismos legales disponibles para la defensa de los derechos que alega vulnerados, como lo establece el principio de subsidiariedad; c) Sostuvo que no se había vulnerado el derecho al trabajo; pues, la relación laboral entre la accionante y la tantas veces mencionada Institución había sido contractual y de carácter temporal, bajo la modalidad de contrato a plazo fijo. Al respecto, citó jurisprudencia constitucional que respalda la inaplicabilidad de la inamovilidad laboral en estos casos, incluso cuando la trabajadora se encontrase en estado de gestación; d) En el presente caso indicó que el contrato feneció el 1 de octubre de 2022 y que la Resolución Ministerial impugnada tuvo como base este hecho, considerando que no correspondía la conversión del vínculo laboral a uno de carácter indefinido; por tanto, afirmó que la ruptura del vínculo no fue arbitraria, sino consecuencia del cumplimiento del plazo pactado contractualmente; y, e) Informó que los beneficios sociales correspondientes a la trabajadora ya fueron consignados mediante una demanda presentada ante el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Tercero de la Capital del departamento de La Paz, adjuntando copia de dicha demanda para acreditar la disposición de pago.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 116/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 150 a 154, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes laborales se tiene que la accionante trabajó para la CNS en dependencias de HIES Geriátrico entre enero de 2021 y octubre de 2022 mediante contratos temporales. Se constató que la trabajadora comunicó su estado de embarazo y solicitó su reincorporación, obteniendo una Resolución favorable emitida por Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, en enero de 2023. Sin embargo, la CNS, interpuso un recurso de revisión que derivó en la RM 484/23 de 6 de abril de 2023, emitida por del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la cual revocó dicha reincorporación; 2) De la revisión de dicha Resolución Ministerial, se verificó que la misma hizo un análisis detallado de los contratos temporales celebrados entre las partes, identificando interrupciones en la continuidad laboral, en especial una pausa de más de tres meses entre el segundo y tercer contrato. Esta falta de continuidad fue considerada suficiente para establecer que no existía una relación laboral estable, sino una sucesión de contratos de carácter eventual, lo que, a criterio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, justificó la finalización del vínculo laboral por cumplimiento del plazo pactado y no como un despido arbitrario; 3) En cuanto al alegato de inamovilidad laboral por embarazo, señaló que la aludida Resolución Ministerial también abordó este aspecto, apoyándose en jurisprudencia constitucional como las “… SSCC 0155/2018-S2 de 30 de abril y 0587/2005-R- de 31 de mayo…” (sic) que establece la protección por embarazo no es aplicable en contratos temporales cuando estos han concluido conforme a lo acordado. Se citó además la SCP 1582/2022-S4 de 6 de diciembre, que ratifica que la inamovilidad laboral no procede en contratos a plazo fijo, salvo que estos hubieran sido utilizados de forma fraudulenta para vulnerar derechos; y, 4) Si bien existen Sentencias Constitucionales anteriores que protegen el derecho a la estabilidad laboral de mujeres embarazadas, el entendimiento actual del Tribunal Constitucional Plurinacional ha modulado esa doctrina, estableciendo límites a la aplicación de la inamovilidad cuando el vínculo laboral es de naturaleza temporal y finaliza conforme a contrato
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TRABAJADOR EVENTUAL) C- 02325/21 de 27 de febrero de 2021, suscrito entre la Regional La Paz de la CNS -tercero interesado- y Nelba Adriana Illanes Mamani -ahora accionante- a efecto de que cumpla funciones en el HIES Geriátrico dependiente de la Administración Regional La Paz en calidad de enfermera, con vigencia del 4 de enero al 30 de junio de 2021 (fs. 11 a 12).
II.2. Consta CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TRABAJADOR EVENTUAL - SEGUNDO CONTRATO) C- 4688/21 de 30 de junio de 2021, suscrito entre la Regional La Paz de la CNS -tercero interesado-y la hoy impetrante de tutela, debiendo cumplir funciones en HIES Geriátrico en calidad de enfermera, con vigencia del 5 de julio al 30 de septiembre de 2021 (fs. 9 a 10). II.3. Figura CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO C- 2214/2022 PRIMER CONTRATO de 28 de enero de 2022, suscrito entre la Regional La Paz de la CNS y la ahora solicitante de tutela, para que realice su trabajo en HIES Geriátrico en calidad de enfermera, con vigencia del 14 de enero al 30 de junio de 2022 (fs. 7 a 8). II.4. Consta CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO C- 3167/2022 SEGUNDO CONTRATO de 22 de julio de 2022, suscrito entre la Regional La Paz de la CNS -tercero interesado- y la hoy accionante, en el cargo de licenciada de enfermería en HIES Geriátrico, con vigencia del 11 de julio al 1 de octubre de 2022 (fs. 5 a 6). II.5. Cursa Resolución de Reincorporación Laboral Caso: MTEPS-DNC-REDLAB-357-2022 de 20 de enero de 2023, emitida por Julia Elena Condori Montevilla, Jefa Departamental de Trabajo La Paz, por la cual, se dispuso la inmediata reincorporación laboral de la ahora demandante de tutela, a su fuente laboral en la referida CNS, en el mismo puesto de trabajo que ocupaba, determinación que comprende el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral (fs. 18 a 20 vta.). II.6. Consta RM 484/23 de 6 de abril de 2023, emitida por Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -demandada-, resolviendo revocar totalmente la Resolución de Reincorporación Laboral Caso: MTEPS-DNC-REDLAB-357-2022 de 20 de enero de 2023; y, en consecuencia, dispuso rechazar la solicitud de reincorporación laboral interpuesta por la ahora accionante (fs. 30 a 34). II.7. Se tiene el Memorándum JRRHH-MI-127-2023 de 3 de mayo, emitido por la Unidad de RR.HH. Regional La Paz - Sección Elaboración de Contratos-, dirigido a la hoy accionante, refiriendo la “RECISIÓN DE RELACIÓN CONTRACTUAL”, haciendo conocer a la prenombrada que su reincorporación quedó revocada, comunicándole que deberá cumplir funciones hasta el 3 de mayo de 2023 (fs. 35).
La accionante señala haber trabajado en la Regional La Paz de la CNS -tercero interesado- como enfermera bajo contratos temporales entre enero de 2021 y octubre de 2022, y que, pese a haber informado oportunamente sobre su embarazo, no se le renovó el contrato, lo que a su entender vulneró su derecho a la inamovilidad laboral garantizado por la Norma Suprema, la salud, la vida vinculado al interés superior del niño. Razón por la cual, acudió directamente a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, que mediante Resolución de Reincorporación Laboral Caso: MTEPS-DNC-REDLAB-357-2022 de 20 de enero de 2023, ordenó su reincorporación, la cual se materializó mediante un nuevo contrato en marzo; sin embargo, esta reincorporación fue revocada mediante la RM 484/23 de 6 de abril de 2023, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, bajo el argumento de que se trataba de contratos a plazo fijo sin continuidad, sin analizar o considerar su condición de gestante.
Constitucional armonizadora o reconstructora del pensamiento jurisprudencial sobre un mismo problema jurídico
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0148/2019-S2 de 17 de abril, asumió el siguiente entendimiento: “La racionalización del Derecho Jurisprudencial es un tema de larga data que ha interesado e interesa a la justicia constitucional y, en ese sentido, a través de su producción jurisprudencial, ha conceptualizado cada uno de los diferentes tipos de sentencias constitucionales, como son: las sentencias fundadoras, moduladoras, mutadoras, sistematizadoras, reconductoras, reiteradoras, unificadoras; sentencias que, en muchos casos, pueden formar parte de una determinada línea jurisprudencial, la cual está constituida por las diferentes respuestas del Tribunal a un determinado problema jurídico, procesal o material en concreto.
Ahora bien, el tipo de sentencia constitucional que muestra el escenario jurisprudencial no solo de una, sino de varias líneas jurisprudenciales que tienen en común un derecho o garantía constitucional, es denominada como armonizadora o reconstructora del pensamiento jurisprudencial constitucional, que es útil cuando la justicia constitucional advierte respuestas jurisprudenciales profusas y de larga data, que necesitan describirse, resumirse y ensamblarse, a partir del principio de favorabilidad. Este tipo de sentencias se diferencia de las sistematizadoras, que tienen el objetivo de ordenar varias líneas jurisprudenciales sobre diversos problemas jurídicos con un derecho o garantía constitucional”. (Las negrillas corresponden al texto original).
en las modalidades de acceso a la justicia constitucional y unificación del problema jurídico material
Al respecto la antes mencionada SCP 0148/2019-S2, asumió el siguiente razonamiento: “Corresponde distinguir las dos modalidades diferenciadas de protección constitucional que proceden y que están en la tradición jurisprudencial ante la vulneración de la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados, como son: 1) La tutela directa a través de la acción de amparo constitucional, sin la exigencia del agotamiento de ninguna vía judicial o administrativa, o en su caso; 2) La tutela a través de la acción de amparo constitucional, vía cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo.
La distinción mencionada, permite visualizar claramente que ante despidos producidos en el sector público o privado, la búsqueda de la protección de la garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o del hijo contenida en la norma constitucional prevista en el art. 48.VI de la CPE, formalmente puede tener dos procedimientos disímiles; por cuanto, algunas veces la o el progenitor justiciable opta por acudir directamente a la justicia constitucional vía amparo constitucional sin que exista ninguna conminatoria de reincorporación emitida por la autoridad administrativa laboral, y otras veces, elige acudir previamente a la vía administrativa, esto es, ante la Jefatura Departamental del Trabajo y, en este camino procesal, obtiene una conminatoria de reincorporación y, ante su incumplimiento por el empleador, interpone acción de amparo constitucional buscando precisamente se cumpla la misma.
En ese orden, si bien formalmente se plantean dos actos lesivos distintos ante la justicia constitucional, esto es: i) La denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo por el empleador, quien se niega a reincorporar a la o el progenitor; o, ii) La denuncia de despido de la mujer embarazada o del padre, bajo la protección de la garantía de inamovilidad hasta el año de nacimiento de la hija o el hijo, a ser valorado directamente por la justicia constitucional, sin que exista de por medio una conminatoria de autoridad administrativa que cumplir; sin embargo, en ambos casos existe, en realidad, un mismo acto lesivo esencial vinculado al despido o no contratación de las mujeres embarazadas, progenitoras o progenitores, y en ambas situaciones se busca la protección de la garantía de inamovilidad del progenitor contenida en el art. 48.VI de la CPE y el resguardo de los derechos involucrados en esta garantía, que trascienden el derecho al trabajo, sumándose los derechos a la salud, a la seguridad social, a la vida digna y a la vida de la madre y de la niña o del niño, conforme lo entendió la SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, bajo una interpretación finalista; y la petición es la misma; es decir, la solicitud de reincorporación de la o del progenitor trabajador y el reconocimiento de los demás derechos laborales.
De ello se desprende que existe un mismo problema jurídico; pues, se trata de un mismo acto lesivo esencial, de los mismos o similares derechos supuestamente vulnerados y de la misma petición”. (Las negrillas y subrayado corresponden al texto original).
Al respecto la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que: “Lo señalado anteriormente, permite aclarar algunos presupuestos procesales básicos comunes al problema jurídico sobre la inamovilidad laboral de la o el progenitor:
a) La legitimación activa. Por regla general, la legitimación activa la ostenta la o el trabajador progenitor del sector público o privado que está bajo la protección de la garantía de inamovilidad prevista en el art. 48.VI de la CPE; por cuando, es el directamente afectado quien puede interponer la acción de amparo constitucional, de forma directa u otra persona a su nombre con poder suficiente, conforme lo disponen los arts. 129.I de la CPE y 52.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
b) La legitimación pasiva flexible. La legitimación pasiva es entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la vulneración de los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción (Por todas, las SSCC 691/01-R de 9 de julio de 2001 y 0192/2010-R de 24 de mayo, entre muchas otras).
En ese orden, si bien, dependiendo del acto lesivo concreto denunciado, la legitimación pasiva la ostenta el Jefe Departamental del Trabajo y el empleador, uno de ellos o, finalmente a ambos, empero, teniendo en cuenta que se unificó el problema jurídico material (Fundamento Jurídico III.1), el legitimado pasivo principal es el empleador del sector público o privado, quien causó la lesión de los derechos de la o del progenitor bajo la protección de la garantía de inamovilidad contenida en el art. 48.VI de la CPE; y en ese sentido, es la persona o autoridad llamada a reparar tal garantía y los derechos involucrados en ella; sin embargo, cuando corresponda, la acción también puede ser formulada contra el Jefe Departamental de Trabajo, en los casos en que no emita la correspondiente conminatoria de reincorporación; con la aclaración que si solo se interpuso contra uno de ellos, corresponderá la flexibilización de la legitimación pasiva, debido a que se trata de la protección de un grupo de atención prioritaria.
c) Plazo de interposición. La acción de amparo constitucional debe ser presentada en el plazo de seis meses computables desde: c.1) La última actitud renuente del empleador del sector público o privado, quien se niega a cumplir la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo (Por todas, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre), aplicable por contener el entendimiento jurisprudencial más favorable al acceso a la justicia constitucional y materializar el principio pro actione; y, c.2) El último acto reclamado realizado por la o el progenitor trabajador en procura de la reparación a los derechos, antes de interponer la acción de amparo constitucional”.
La presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sobre este tópico, señala que:
i) Sobre el alcance de la norma constitucional prevista en el art. 48.VI de la CPE y sus excepciones i.a) Sobre las y los progenitores con calidad de servidores públicos
La jurisprudencia constitucional, ha realizado algunas interpretaciones respecto a la protección de la inamovilidad laboral de la o el progenitor atendiendo la clase de servidor público que pide la tutela, como son las siguientes: i) Tratándose de servidores públicos progenitores de libre nombramiento, se entendió que, por constituirse en cargos de confianza, la inamovilidad laboral debe ser entendida como “estabilidad laboral” hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo, que -a diferencia de la inamovilidad- implica la posibilidad que pueden ser movidos o reincorporados a otro cargo sin que se afecte su nivel salarial (SCP 1417/2012); y, ii) Los servidores públicos progenitores elegidos por voto popular o, servidores públicos libremente designados con alto rango jerárquico, no tienen derecho a la inamovilidad laboral, empero el Estado tiene que garantizarles el sistema de seguridad social a corto plazo o de salud (SCP 1521/2012 de 24 de septiembre;
i.b) Sobre las y los progenitores con contrato a plazo fijo
Del mismo modo, ha realizado interpretaciones sobre el alcance de protección respecto de progenitores trabajadores con contrato a plazo fijo. Al respecto, la SC 0109/2006-R de 31 de enero, en el Fundamento Jurídico III.3, aplicando las normas legales relativas a contratos a plazo fijo, estableció las siguientes subreglas, que definen los presupuestos procesales en los cuales es aplicable la garantía de inamovilidad, como son: 1) Si la mujer fue contratada a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener a la trabajadora en el cargo aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicios; 2) Si el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez, es decir que existirían dos contrataciones a plazo fijo sucesivas, tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por la Ley 975, por cuanto no se ha operado la conversión del contrato en uno por tiempo indefinido, debiendo actuarse conforme se señaló en el inciso anterior; 3) Si el contrato a plazo fijo fue renovado en más de dos ocasiones, conforme a las disposiciones anotadas precedentemente, se produce la conversión del contrato en uno por tiempo indeterminado, de manera que es de ineludible aplicación lo dispuesto por la Ley 975, o sea que se debe respetar la inamovilidad de la trabajadora hasta que su hijo o hija cumpla el primer año de edad, además de ser acreedora de las prestaciones y subsidios que la ley establece por la maternidad.
La citada Sentencia Constitucional Plurinacional, debe ser entendida en el marco de la complementación asumida en la SCP 0789/2012 de 13 de agosto en el Fundamento Jurídico III.2.2, fallo que interpretando el art. 5.II del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, con relación al art. 21 de la Ley General del Trabajo (LGT) y los arts. 1 y 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, sobre los contratos a plazo fijo e indefinidos, concluyó que: En este entendido, si bien por los argumentos expuestos, en los contratos a plazo fijo, no es aplicable la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor, ya que ha fenecido el término acordado entre partes y se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, por lo que, es razonable no exigir al empleador mantener a la trabajador (a) en el cargo aunque haya resultado en el caso de la trabajadora, embarazada en el lapso de la prestación de servicios; no obstante, debe considerarse su aplicabilidad en los siguientes supuestos: a) Cuando el trabajador o trabajadora ha continuado ejerciendo las funciones para las cuales fue designado de manera ininterrumpida, con conocimiento del empleador, lo que implicaría consentimiento, y sin haberse firmado ningún documento de prórroga, se entendería que se ha producido tácita reconducción, conforme establece el art. 21 de la LGT; b) Cuando el trabajador o trabajadora, contratada a plazo fijo, ha suscrito el mismo en más de dos oportunidades, operando la tácita reconducción, es aplicable la estabilidad laboral conforme lo establece la Ley 975 y el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009; c) Cuando se ha celebrado este tipo de contrato para trabajos propios y permanentes de una empresa, siendo que el mismo es una prohibición expresa establecida por ley e implica tacita reconducción, también es aplicable la estabilidad laboral; sin embargo, a este efecto es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General del Trabajo, Jefaturas Departamentales y Regionales, el competente para la verificación del tipo de contrato antes del visado correspondiente, en cumplimiento a la Resolución Administrativa (RA) 650/007 de 27 de abril de 2007. En este entendido, y con relación al tercer supuesto, se aclara que con relación al visado de los contratos de trabajo a plazo fijo, la RA 650/007, establece el procedimiento para el refrendado de contratos por cierto tiempo o a plazo fijo, señalando el art 1.2: “Que para una correcta y uniforme aplicación de la normativa vigente se debe precisar la definición de tareas propias y permanentes, contrario sensu, se debe precisar las tareas propias y no permanentes de la empresa.
En este contexto las tareas propias y permanentes son aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad de la empresa, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica.
Las tareas propias y no permanentes son aquellas que siendo vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, se caracteriza por ser extraordinariamente temporales, señalando ser a continuación entre otras las siguientes: i) Las tareas de suplencias por licencia, bajas médicas, descansos pre y post natales, declaratorias en comisión (ver tiempo de duración); ii) Las tareas por cierto tiempo por necesidades de temporada (art. 3 del DL 16187) exigencias circunstanciales del mercado, demanda extraordinaria de productos o servicios, que requieran contratación adicional de trabajadores; iii) Las tareas por cierto tiempo en organizaciones o entidades, cuya fecha de cierre o conclusión de actividades se encuentre predeterminada; y, i.c) Sobre las y los progenitores sometidos a proceso disciplinario interno y la postergación de la sanción administrativa La protección de la y el progenitor sometido a un proceso disciplinario alcanza durante todo el espacio temporal previsto en la garantía de inamovilidad laboral contenida en el art. 48.VI de la CPE, razón por la cual debe postergarse incluso la ejecución de la sanción administrativa al fenecimiento de dicho término. En ese sentido, las SSCC 0785/2003-R, 1749/2003-R, SC 1580/2011-R, y la SCP 0086/2012 de 16 de abril.
ii) Sobre la forma de reincorporación. La reincorporación laboral producto de la tutela, implica que la progenitora o progenitor trabajador debe retornar al mismo cargo, con la misma categoría, el mismo lugar y el mismo nivel salarial al momento del despido, salvo que: i.a) El cambio conlleve una situación más favorable, como un ascenso o se le permita cumplir sus funciones en condiciones más adecuadas y seguras para su salud y la de la hija o hijo, sujetos de protección (SSCC 0765/2003-R, 1294/2004-R, 1536/2005-R, 0296/2006-R y 0472/2010-R; y, Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2012, 1153/2012, 0002/2014-S2 y 0083/2017-S2, entre muchas otras); y, ii.b) Se trate de servidores públicos progenitores de libre nombramiento; pues, conforme se ha señalado, en estos casos, la inamovilidad laboral es entendida como estabilidad laboral; y, por ende, pueden ser reincorporadas o reincorporados a otro cargo sin afectar su nivel salarial -SCP 1417/2012-iii) Respecto a los medios de prueba y su valoración para que proceda la protección No es un requisito dar aviso del estado de embarazo o de la existencia de una hija o hijo menor a un año al empleador, para acceder a la protección constitucional (SC 0771/2010-R de 2 de agosto).
El medio probatorio documental eficaz para probar la reticencia del empleador a cumplir una conminatoria de reincorporación laboral, es el informe del Inspector del Trabajo. En el caso de la tutela directa, pueden producirse además otros medios de prueba, como prueba documental, pericial, testifical, etc.
iv) Las obligaciones del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud
La Constitución Política del Estado en su art. 45.V, reconoce que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas nos pertenecen).
Derecho a la maternidad segura
A partir de las obligaciones del Estado contenidas en el art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012 de 12 de abril, entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas, de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, la SC 1497/2011-R de 11 de octubre.
Derecho a la seguridad social y salud
El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:
I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.
II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.
III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.
IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal.
VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados (las negrillas son nuestras).
En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que ha sido reiterada en numerosos fallos como en la SCP 1361/2015-S2 de 16 de diciembre y en la SCP 1006/2015-S2 de 14 de octubre, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios, tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia que: …todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad (las negrillas fueron agregadas).
La Sentencia Constitucional citada, al respecto, señala que: “Conforme se señaló anteriormente, el problema jurídico material es el mismo cuando se busca la protección de la garantía de inamovilidad laboral de la o el progenitor y los derechos involucrados en el contenido constitucional previsto en el art. 48.VI de la CPE. Esto significa que, independientemente de la modalidad de acceso a la justicia constitucional que elija la o el progenitor justiciable (denunciando incumplimiento de conminatoria de reincorporación o, en su caso, despido vía tutela directa), la concesión de la tutela, en uno u otro caso, debe ordenar los efectos jurídicos más favorables, asumiéndose como criterio orientador el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal (Por todas, la SC 0897/2011 de 6 de junio y la SCP 1662/2012 de 1 de octubre); toda vez que, la forma de acceso a la justicia constitucional no puede prevalecer sobre los derechos sustanciales. Estos son:
1) La concesión de la tutela a la o el progenitor bajo la garantía del art. 48.VI de la CPE, tiene efectos de una tutela definitiva, vía cumplimiento de una conminatoria de reincorporación o a través de una tutela directa
La concesión de la acción de amparo constitucional -ordenando el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y demás derechos sociales, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo o, en su caso, a través de una tutela directa por la justicia constitucional que ordene la reincorporación- tiene efectos de una tutela definitiva por el espacio temporal previsto en la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la CPE, esto es, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad.
En efecto, la eficacia de la concesión de la tutela a la o al progenitor trabajador es definitiva, porque no está condicionada a la espera de que se defina su reincorporación y el reconocimiento de sus derechos laborales en la vía administrativa ni en la jurisdicción laboral, contrariamente a lo que ocurre con los trabajadores que no están bajo la garantía contenida en el art. 48.VI de la CPE, a quienes sí se les otorga únicamente una tutela provisional y transitoria hasta que la jurisdicción laboral defina su situación, conforme lo entendió la SCP 0177/2012 de 14 de mayo.
La inexigibilidad de agotar las vías administrativas o judiciales laborales por la o el progenitor, y por lo tanto, la prescindencia de la subsidiariedad, se da porque estas vías no resultan eficaces para reparar la afectación de la garantía de inamovilidad contenida en el art. 48.VI de la CPE y los derechos fundamentales involucrados, cuya tutela se solicita. El análisis de eficacia del medio (administrativo o judicial) se encuentra medido después del examen de la condición de vulnerabilidad de los accionantes justiciables (madre o padre de un hijo o hija menor de un año de edad) y, por tanto, pertenecientes a un grupo de especial protección constitucional y la situación especial de riesgo en ese periodo, que permiten concluir claramente que esperar el agotamiento de las vías administrativas o judiciales laborales, condenaría a una protección tardía.
En ese orden, es necesario aclarar qué ocurre cuando el empleador impugna a través de los recursos de revocatoria y jerárquico la conminatoria laboral de reincorporación, y en ese sentido, está pendiente de resolución; o, en su caso, a tiempo de la interposición de la acción de amparo constitucional ya existe una resolución administrativa emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que revocó tal conminatoria.
Al respecto, corresponde señalar que la tutela que se otorgue en favor de la o el progenitor bajo la garantía de inamovilidad del art. 48.VI de la CPE, tiene efectos de una tutela definitiva, por las siguientes razones:
i) Si bien el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, reconoce el derecho del empleador a impugnar la conminatoria de reincorporación a través de los recursos de revocatoria o jerárquico, conforme lo entendió la SCP 0591/2012 de 20 de julio en una acción concreta de inconstitucionalidad, razonamiento jurisprudencial refrendado por la SCP 0177/2012 que de igual forma reconoció que el empleador puede a acudir tanto a la vía administrativa como a la jurisdicción laboral para hacer valer sus derechos, subrayando que la concesión de la tutela es solo provisional; sin embargo, dichas sentencias fueron pronunciadas en base a la norma reglamentaria prevista en el DS 0495, aplicable únicamente a trabajadores comunes, esto es, que no están bajo la garantía de inamovilidad del art. 48.VI de la CPE;
ii) El DS 0495 mencionado, es norma reglamentaria general respecto de la norma especial contenida en el DS 0012, sobre la inamovilidad de madre y padre progenitores y, por lo mismo, en mérito al principio de especialidad de la norma, que determina: “…ante una concurrencia aparente de disposiciones legales sobre una materia, surge el principio de especialidad de la norma, por el cual una normativa especial prevalece sobre una de carácter general por ser la más adecuada al caso…” (SCP 2569/2012 de 21 de diciembre y SCP 0023/2018-S2 de 28 de febrero) se aplica la norma especial; y, iii) El DS 0012 en su art. 6 señala que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social o la Jefatura Departamental del Trabajo en el ámbito de sus competencias, dispondrán la reincorporación de la madre y/o padre progenitores, con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral; por lo tanto, la justicia constitucional, abre su competencia para hacer cumplir únicamente decisiones administrativas de reincorporación, lo que supone que así esté pendiente de resolución un recurso de revocatoria o jerárquico, o exista una resolución que hubiere revocado una conminatoria de reincorporación, o finalmente, se hubiere abierto la vía jurisdiccional laboral por el empleador, estas vías son independientes de la tutela directa y definitiva que otorga la justicia constitucional a la o al progenitor que se encuentra bajo la protección del art. 48.VI de la CPE, criterio además, que es coherente cuando la jurisprudencia es uniforme en señalar que no es necesario que la o el progenitor agote ninguna vía administrativa o judicial antes de interponer la acción de amparo constitucional.
Todo lo señalado, justifica cambiar el entendimiento asumido en la SCP 0034/2018-S2 de 6 de marzo, que en el caso del progenitor, entendió que existía sustracción del objeto procesal de la acción de amparo constitucional, por haberse extinguido la causa que motivó su interposición al existir una resolución administrativa que revocó la conminatoria de reincorporación laboral; toda vez que, en estos supuestos, debe ingresarse al fondo del problema jurídico planteado.
A mayor abundamiento, la tutela que se otorga es definitiva, porque tanto dentro del proceso constitucional de amparo (tutela directa) como en el procedimiento administrativo de reincorporación laboral (tutela vía cumplimiento de conminatoria), las partes procesales, especialmente el empleador, tienen la oportunidad de probar o desvirtuar los hechos referidos: al estado de embarazo y/o la condición de progenitor así como la desvinculación laboral dentro del periodo de la garantía de inamovilidad laboral y, que esos hechos se subsumen con el supuesto de hecho de la norma jurídica abstracta contenida en el art. 48.VI de la CPE, cuya valoración de la prueba y calificación jurídica de los hechos no exigen un amplio debate jurídico en otras vías.
2) La concesión de la tutela a la o al progenitor bajo la garantía del art. 48.VI de la CPE, debe reconocer todos los derechos involucrados, vía cumplimiento de una conminatoria de reincorporación, o a través de una tutela directa
Anteriormente se subrayó que la protección de la garantía de inamovilidad del progenitor contenida en el art. 48.VI de la CPE, implica además, la protección de todos los derechos involucrados en esta garantía, que trascienden el derecho al trabajo, sumándose los derechos a la salud, a la seguridad social, a la vida digna y a la vida, tanto de la madre y de la niña o el niño, conforme lo entendió la SCP 1417/2012, bajo una interpretación finalista.
Ahora bien, la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo, puede proteger todos los derechos involucrados, tutelarlos de manera parcial o, en su caso, de manera distorsionada. Frente a ello, la jueza, el juez o tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, no están impedidos; y, por el contrario, pueden/deben ordenar -producto de la concesión de la tutela-: a) El cumplimiento total de la conminatoria, cuando ésta reconoce todos los derechos involucrados; b) Ampliar la protección a otros derechos que no se hubieran reconocido en la conminatoria laboral; y, c) Reconducir los efectos jurídicos de la conminatoria, cuando protege de manera distorsionada los derechos involucrados. En suma, pueden/deben modificar los efectos jurídicos de la conminatoria, siempre y cuando la modificación sea más favorable a lo asumido por la Jefatura Departamental del Trabajo, al amparo de los criterios de interpretación pro homine y de favorabilidad, contenidos en los arts. 13.IV y 256 de la CPE.
Por ejemplo, en el tema de salarios devengados se pueden presentar los siguientes supuestos:
1) Conminatoria de reincorporación con efectos jurídicos totales en materia de salarios devengados. Si la conminatoria de reincorporación laboral de la o del progenitor dispone el pago de salarios devengados desde la fecha de despido, corresponde a la justicia constitucional determinar el cumplimiento de dicha decisión administrativa laboral, conforme razonó la SCP 0205/2018-S3 de 1 de junio, en el caso de un progenitor.
2) Conminatoria de reincorporación con efectos jurídicos parciales en materia de salarios devengados. Si la conminatoria de reincorporación no hubiera ordenado dicho pago, estamos ante el supuesto de silencio y omisión de la autoridad administrativa laboral, caso en el cual, la justicia constitucional, a través de la acción de amparo debe ampliar favorablemente y disponer el pago; y,
3) Conminatoria de reincorporación con efectos jurídicos distorsionados en materia de salarios devengados. Finalmente, si la conminatoria de reincorporación laboral hubiera reconocido el pago de salarios devengados; empero, desde otra fecha diferente a la del despido, se estará ante una conminatoria de reincorporación con efectos jurídicos distorsionados, supuesto en el cual corresponde reconducir favorablemente los efectos jurídicos de la misma, salvando el error de la autoridad administrativa.
En el otro supuesto, sobre el tema, es necesario citar la SCP 0215/2018-S3 de 1 de junio, en un caso de tutela directa a través de la acción de amparo constitucional, en la cual, sin que exista conminatoria de reincorporación, se ordenó el pago de sueldos devengados.
Similar razonamiento debe seguirse en otros temas que involucren otros derechos laborales dentro de la garantía de inamovilidad laboral contenida en el art. 48.VI de la CPE, como son las obligaciones del empleador sobre la afiliación al sistema de seguridad social; y, el pago de prestaciones del régimen de asignaciones familiares, entre otros, el subsidio prenatal, de natalidad y de lactancia; cuya corrección en la conminatoria de reincorporación laboral, recaerá ordenando el cumplimiento de la totalidad, de una parcialidad o reconducir los efectos jurídicos de la decisión, bajo el baremo de la favorabilidad de los derechos involucrados” (el subrayado y las negrillas corresponden al texto original).
La accionante trabajó como enfermera en la Regional La Paz de la CNS, bajo contratos temporales entre enero de 2021 y octubre de 2022, y pese a haber informado sobre su embarazo, no se le renovó el contrato, lo que consideró un despido inconstitucional por vulnerar su derecho al trabajo, a la inamovilidad laboral, la salud y a la vida vinculado al interés superior del niño. Acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que ordenó su reincorporación en enero de 2023, la cual se concretó con un nuevo contrato en marzo, pero fue revocada posteriormente mediante la RM 484/23 de 6 de abril de 2023 sin considerar su estado de gestación. De la revisión integral de los antecedentes del caso, se tiene que Nelba Adriana Illanes Mamani, -ahora impetrante de tutela-, asistida por su abogado, denunció ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social una presunta vulneración a su derecho a la inamovilidad laboral por embarazo, garantizado por el art. 48.VI de la CPE. Señaló que prestó servicios como enfermera en la Regional La Paz de la CNS, específicamente en el HIES Geriátrico, bajo contratos eventuales suscritos sucesivamente en las siguientes gestiones: i) Del 4 de enero al 30 de junio de 2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TRABAJADOR EVENTUAL) C - 02325/21 de 27 de febrero de 2021; ii) Del 5 de julio al 30 de septiembre de 2021 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TRABAJADOR EVENTUAL - SEGUNDO CONTRATO) C- 4688/21 de 30 de junio de 2021; iii) Del 14 de enero al 30 de junio de 2022 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (TRABAJADOR EVENTUAL) C- 2214/2022 PRIMER CONTRATO; y, iv) Del 11 de julio al 1 de octubre de 2022 (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO C- 3167/2022, SEGUNDO CONTRATO). (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4). En el marco de su último contrato, en fecha 29 de septiembre de 2022, puso en conocimiento de su empleador su estado de gestación, solicitando la protección correspondiente. No obstante, pese a este aviso, la entidad -ahora tercero interesado- no renovó el vínculo laboral al vencer el plazo pactado, lo cual, a criterio de la denunciante -hoy solicitante de tutela-, constituyó un despido indirecto e ilegal, por contravenir las garantías constitucionales de inamovilidad laboral durante el embarazo, la protección a la maternidad, el derecho a la salud, a la vida vinculado al interés superior del niño. A raíz de esta denuncia, la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, mediante, Resolución de Reincorporación Laboral Caso: MTEPS-DNC-REDLAB-357-2022, de 20 de enero de 2023, dispuso la inmediata reincorporación de Nelba Adriana Illanes Mamani -ahora demandante de tutela- a su fuente laboral en la Caja Nacional de Salud Regional La Paz, en las mismas condiciones anteriores a su desvinculación, además del pago de salarios devengados por el tiempo en que se suspendió la relación laboral y la restitución de sus derechos de seguridad social (Conclusión II.5). Sin embargo, esta decisión fue objeto de recurso de revisión interpuesto por la entidad empleadora -ahora terceros interesados-, y en consecuencia, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -hoy demandada -, mediante RM 484/23 de 6 de abril de 2023, revocó totalmente la Resolución de Reincorporación Laboral Caso: MTEPS-DNC-REDLAB-357-2022 de 20 de enero de 2023, bajo el argumento de que la relación contractual había sido a plazo fijo, sin continuidad entre los contratos, y que en tal circunstancia no correspondía aplicar la inamovilidad laboral, dado que el vínculo se extinguió por cumplimiento del término pactado. Asimismo, se indicó que la trabajadora -accionante- podía hacer valer sus derechos por la vía judicial, de acuerdo con lo establecido en el art. 15 de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-. (Conclusión II.6). En cumplimiento de la precitada Resolución Ministerial, la Unidad de RR.HH. de la Regional La Paz de la CNS, mediante Memorándum JRRHH-MI-127-2023 de 3 de mayo de 2023, comunicó formalmente la rescisión de la relación contractual que había sido restablecida en virtud de la Resolución de Reincorporación revocada. En el mismo acto se le indicó que cumpliría funciones únicamente hasta esa fecha y que se procedería al pago de los beneficios sociales correspondientes conforme a la normativa vigente. (Conclusión II.6).
Ahora bien, de acuerdo con el entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.2.a.2) de este fallo constitucional, este Tribunal Constitucional Plurinacional analizó los alcances de la protección por inamovilidad laboral respecto a trabajadores progenitores contratados bajo la modalidad a plazo fijo. En ese marco, se establecieron ciertas reglas que delimitan los supuestos en los cuales corresponde aplicar dicha garantía, conforme al siguiente detalle: a) En los casos en que la trabajadora haya sido vinculada mediante un contrato a plazo fijo y este haya concluido en la fecha establecida, la relación laboral se extingue por vencimiento del término, generando únicamente la obligación para el empleador de pagar, si corresponde, los beneficios sociales conforme establece la normativa vigente. En este supuesto, la condición de embarazo durante el tiempo de prestación de servicios no impone al empleador la obligación de continuar con la relación laboral; b) Cuando existe una sola renovación del contrato inicial, es decir, dos contratos sucesivos a plazo fijo, tampoco resulta procedente aplicar la protección prevista por la Ley de Modificación al Presupuesto General del Estado “Ley 975”, ya que ello no implica una transformación del vínculo laboral a uno de carácter indefinido. Por tanto, la conclusión del contrato debe manejarse bajo los mismos criterios señalados en el punto anterior; c) En cambio, si se verifica que el contrato fue objeto de más de dos renovaciones consecutivas, ello configura una relación laboral de carácter indefinido. En tales circunstancias, sí corresponde la aplicación plena de las disposiciones de la Ley de Modificación al Presupuesto General del Estado la inamovilidad laboral de la mujer embarazada hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, así como el acceso a los beneficios y subsidios establecidos por razón de maternidad. De donde se infiere que la garantía de inamovilidad no resulta exigible cuando se trata de contratos a plazo fijo que han llegado a su término y no han sido reconducidos de forma reiterada, dado que la relación laboral se considera concluida de forma válida, con la única obligación residual del empleador de cumplir con el pago de los beneficios legales que correspondan.
En ese marco, en el caso concreto, del análisis de los referidos contratos se advierte la existencia de discontinuidades temporales entre ellos. En efecto, entre el segundo contrato, que concluyó el 30 de septiembre de 2021, y el tercer contrato, que comenzó el 14 de enero de 2022, existe una interrupción de tres meses y catorce días aproximadamente. De igual forma, entre el tercer contrato, que finalizó el 30 de junio de 2022, y el cuarto contrato, que se inició el 11 de julio de igual data, se constata una interrupción de once días calendario. Estas pausas son indicativas de una relación laboral no continua, por lo tanto, no consolidada como indefinida o permanente.
En este entendido, es preciso aplicar la doctrina constitucional desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, específicamente en el Fundamento Jurídico III.2.2.a.2) del presente fallo constitucional, relativo a la protección de trabajadoras embarazadas contratadas bajo modalidad a plazo fijo. Esta jurisprudencia ha sido clara al establecer que la garantía de inamovilidad laboral no resulta aplicable cuando los contratos laborales presentan interrupciones temporales que reflejan discontinuidad en la prestación de servicios, ya que ello impide considerar configurada una relación laboral consolidada que habilite la protección especial prevista por el art. 48.IV de la CPE y la Ley 975.
En consecuencia, al no haberse verificado una relación laboral continua e ininterrumpida, no corresponde activar la protección por inamovilidad laboral, máxime si se trata de una trabajadora contratada bajo la modalidad de personal eventual, sin vínculo permanente con la institución contratante. Por ello, la decisión adoptada por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -demandada-, mediante Resolución Ministerial 484/23 de 6 de abril de 2023, que revocó totalmente la Resolución de Reincorporación Laboral Caso: MTEPS-DNC-REDLAB-357-2022, resulta jurídicamente válida y razonablemente fundamentada. Dicha Resolución señaló expresamente que, por tratarse de un contrato a plazo fijo sin continuidad, la trabajadora -hoy accionante- no gozaba de inamovilidad y podía acudir a la vía jurisdiccional ordinaria para hacer valer cualquier derecho, conforme al art. 15 de la Ley 1468.
En este mismo entendido, la emisión del Memorándum JRRHH-MI-127-2023 de 3 de mayo de 2023 por parte de la Regional La Paz de la CNS, en el cual se formalizó la rescisión de la relación contractual restituida inicialmente por la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, constituye una actuación conforme a derecho, en cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad ministerial.
Por tanto, en el presente caso no se advierte vulneración al derecho a la inamovilidad laboral ni a los derechos conexos invocados (vida, salud, maternidad o interés superior del niño), ya que no concurren los presupuestos constitucionales ni jurisprudenciales que sustenten la aplicabilidad del régimen de protección reforzada. La desvinculación materializada fue resultado de una decisión administrativa regular, en el marco de las competencias y facultades conferidas por la ley a la administración laboral.
Finalmente cabe señalar que, de acuerdo con lo previsto por el Código de Seguridad Social, las trabajadoras y los trabajadores, así como sus beneficiarios, tienen derecho a recibir las prestaciones de corto plazo en resguardo de contingencias tales como la enfermedad, la maternidad, los riesgos profesionales, la invalidez, la vejez y la muerte, además del acceso a las asignaciones familiares. Esta garantía legal aplica a todo trabajador o trabajadora del sector público o privado, en virtud del principio de protección reforzada, particularmente cuando se trata de mujeres embarazadas y progenitores con hijas o hijos menores de un año de edad, conforme al interés superior del niño y del ser en gestación, principios reconocidos y protegidos por la Constitución Política del Estado en sus arts. 15, 58, 59 y 64 y por normativa internacional.
En este marco normativo y constitucional, se advierte que el empleador -tercero interesado- está legalmente obligado a dar cumplimiento al régimen de asignaciones familiares, independientemente de que la relación laboral haya concluido, siempre que dichas asignaciones no hayan sido aún efectivamente entregadas. El reconocimiento del régimen de asignaciones familiares comprende prestaciones como el subsidio prenatal, el subsidio de natalidad y el subsidio de lactancia, los cuales son otorgados en función del estado de gestación y del cuidado de niñas y niños menores de un año, a objeto de garantizar los medios mínimos de subsistencia durante esta etapa crucial de desarrollo y cuidado.
En ese entendido, conforme al informe presentado por las representantes de Rubén Richard Mamani Condori, en su calidad de Administrador Regional La Paz a.i. de la Caja Nacional de Salud, adjuntaron el memorial que cursa de fs. 139 a 140, donde se constata que ha presentado solicitud dirigida al Juzgado de turno de Trabajo y Seguridad Social de la Capital del departamento de La Paz, a efectos de proceder a la consignación de pago de beneficios sociales por conclusión de contrato laboral en favor de la señora Nelba Adriana Illanes Mamani -ahora impetrante de tutela-, lo cual permite establecer que la entidad empleadora está cumpliendo con su obligación socio-laboral derivada del vínculo contractual concluido, lo que denota voluntad institucional de no dejar desprotegida a la extrabajadora hoy accionante, más aún, considerando que se trata de una madre con un hijo o hija menor de un año de edad. En consecuencia, y atendiendo a que el sistema jurídico boliviano reconoce el derecho de las y los trabajadores a percibir las asignaciones familiares previstas por el Código de Seguridad Social, corresponde que la Caja Nacional de Salud – Regional La Paz, en su condición de entidad empleadora, proceda conforme a ley al pago de los subsidios correspondientes -prenatal, natalidad y lactancia- en favor de la ahora accionante, siempre que dichos beneficios no hubieran sido previamente percibidos. Este deber de protección subsiste incluso en los casos de desvinculación contractual, por cuanto las asignaciones familiares no dependen de la permanencia del vínculo laboral en el momento de pago, sino de que se haya generado el derecho durante la vigencia del mismo, en el marco de la protección constitucional al binomio madre-hijo y al interés superior del menor. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 116/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 150 a 154, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Conceder en cuanto a los subsidios y disponer que la Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud, proceda al pago de los subsidios familiares, conforme a normativa vigente, sea en el plazo de diez días a partir de su notificación con el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo.Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1044_2025-S3.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): 225ad9e670d3471931bbcd766135de1d225492edcf138cad374ee286be6572e0
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