Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 6 de septiembre de 2023
Deniega la tutela
Los accionantes, denuncian la lesión de sus derechos a la petición, debido proceso, ejercer como asociado de la cooperativa; y, a los principios de legalidad y verdad material; toda vez que: i) Respecto a los miembros del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L., refieren que: i.a) El 23 de junio de 2018, la Asamblea General Extraordinaria no se instaló como corresponde; por ello, al ser ilegal vulneró los principios de gestión democrática establecida en el art. 6.II de la Ley 356; en dicha Asamblea, se aprobó la pérdida de su calidad de asociados como también de sus poderconferentes forzando la causal de abandono, ya que el Estatuto Orgánico de la Cooperativa, fue homologado mediante Resolución Administrativa H-2ª 206/2018 de 16 de mayo; por lo que, su aplicación rige a partir de esa fecha; es por eso que, hasta junio de 2019, no transcurrieron los dos años que establece el art. 22 del referido Estatuto; y, i.b); En asamblea de 11 de noviembre de 2017, se posesionaron a consejeros con grado de parentesco lo cual vulneró el art. 51 inc. f) del Estatuto Orgánico de la Cooperativa ii) Respecto al Director General Ejecutivo a.i. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-060/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 286 a 292, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1041/2023-S1 Sucre, 6 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 49040-2022-99-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AAC-060/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 286 a 292, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Manzel Choque y Percilia Sajama Condori por sí y en representación de Brener José Manzel Sajama y Erika Pamela Manzel Sajama contra Miguel Ángel Buitrago Medrano, Director General Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP); Janeth Verónica Manzel Peralta, Janeth Pérez Peralta, Flora Chiara Huarcaya, Jannet Nilda Montaño Echeverría, Estefany Mishel Paco Andrade, Rina Rodríguez Mareño, Ricardo Simeón Gutiérrez Martínez e Isaac Manzel Choque, miembros del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L.
Mediante memoriales presentados el 23 y 29 de junio de 2022, cursantes de fs. 55 a 66 vta. y 70 a 71 vta., los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 11 de noviembre de 2017, se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L. a la cual pertenecen los peticionantes de tutela; donde a través de un acta prefabricada y falseada, posesionaron a los Consejos de Administración y Vigilancia, cuyos miembros resultan ser parientes directos, aspecto que puede ser evidenciado de las Resoluciones Administrativas 006/2019 de 2 de enero; 014/2020 de 23 de diciembre; y, 156/2021 de 1 de marzo; lo cual vulnera el art. 51 inc. f) del Estatuto de la Cooperativa; sin embargo, ambos consejos fueron reconocidos por la AFCOOP, mediante Resolución 006/2019 de 2 de enero. El 23 de junio de 2018, supuestamente se realizó una Asamblea General Extraordinaria, que al no haberse instalado como corresponde es arbitraria e ilegal, ya que vulnera los principios de gestión democrática establecida en el art. 6.II de la Ley 356; en cuyo orden del día estaba la exclusión de socios por la causal de abandono, la cual fue inventada por los miembros ilegítimos del Consejo de Administración; como resultado, se aprobó la pérdida de su calidad de asociados como también de sus poderconferentes; por lo cual, la máxima autoridad de la AFCOOP emitió la Resolución Administrativa 1076/2019 de 5 de agosto, excluyéndolos como asociados de la referida Cooperativa. Al respecto, el Estatuto Orgánico de la Cooperativa, fue homologado mediante Resolución Administrativa H-2ª 206/2018 de 16 de mayo; por lo que, su aplicación rige a partir de esa fecha; en consecuencia, el trámite de pérdida de calidad de asociados efectuado en su contra forzó la causal de abandono; toda vez que, desde mayo de 2018 hasta junio de 2019, no transcurrieron los dos años que establece el art. 22 del Estatuto Orgánico, aspecto que no fue observado por la autoridad máxima de la AFCOOP; razón por la que, la Resolución 1076/2019 se encuentra viciada de nulidad. Después de varios intentos por tratar de asumir defensa, tuvieron conocimiento que la supuesta elección de renovación de consejos de la cooperativa, fue ilegal y nula, en razón de que en el acta de Asamblea General Ordinaria de 11 de noviembre de 2017, figura como Presidenta del Comité Electoral Giovanna Beatriz Torrico Rodríguez, quien a través de Testimonio de Declaración Jurada Unilateral 1049/2021 de 17 de septiembre, declaró que no participó en ninguna asamblea y menos de acto eleccionario alguno, y que le hicieron suscribir fraudulentamente actas a solicitud de sus compadres, los esposos Manzel Peralta. En conocimiento de tal declaración, el 3 de noviembre de 2021, solicitaron a la AFCOOP la nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019 por contravención e infracción a normas que rigen el cooperativismo, recibiendo como respuesta la Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/320/2021 de 18 de noviembre, que no resolvió la nulidad solicitada y se limitó a mencionar que el art. 35.II de la Ley de Procedimiento Administrativo señala que las nulidades pueden invocarse únicamente mediante la interposición de recursos administrativos previstos en dicha ley. El 6 de diciembre de 2021, reiteraron la solicitud de nulidad, impetrando que la misma sea resuelta mediante resolución fundamentada y motivada; sin embargo, por nota con CITE: AFCOPP/DGE/DJ/NE/351/2021 de 17 de diciembre, ratificaron su nota anterior, eludiendo y soslayando el pronunciamiento expreso sobre la nulidad interpuesta; de donde se advierte que, no obstante haber presentado prueba literal pre constituida y suficiente como es el Testimonio 1049/2021, la misma no fue atendida ni valorada por la AFCOOP, tampoco intervino para tomar alguna medida para la revisión de los actos y hechos ilegales denunciados, incumpliendo el art. 108 de la Ley General de Cooperativas, y habiendo cursado dos simples notas con las cuales no se resolvió la nulidad interpuesta.
Los peticionantes de tutela alegaron como vulnerados sus derechos a la petición, debido proceso, ejercer como asociado de la cooperativa; y, a los principios de legalidad y verdad material; citando al efecto los arts. 24, 55 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo; a) Dejar sin efecto las Resoluciones Administrativas 1076/2019 de 5 de agosto; 006/2019 de 2 de enero; 014/2020 de 23 de diciembre; y, 156/2021 de 1 de marzo, emitidas por la autoridad máxima de la AFCOOP; y, b) Dejar sin efecto todas las Actas de Asambleas de la Cooperativa desde el Acta de Elección de Comité Electoral.
La audiencia virtual de la presente acción de defensa, se celebró el 5 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 284 a 285 vta., produciéndose los siguientes actuados:
Los impetrantes de tutela, por intermedio de su abogada, en audiencia ratificaron in extenso el contenido del memorial de la presente acción tutelar.
Miguel Ángel Buitrago Medrano, Director General Ejecutivo a.i. de la AFCOOP, mediante informe presentado el 5 de julio de 2022, cursante de fs. 246 a 249 vta., manifestó que: 1) Para la interposición del recurso de revocatoria, los administrados tienen el plazo de diez días hábiles computables a partir del día siguiente de la notificación con el acto administrativo a ser impugnado, es decir que debieron interponer su recurso de revocatoria hasta el 17 de noviembre de 2020, considerando que la resolución administrativa 1076/2019 fue notificada el 3 de igual mes y año; sin embargo, la citada Resolución no fue sujeta a Recurso de Revocatoria, conforme lo establecido en el art. 64 de la Ley 2341; 2) El supuesto acto administrativo vulnerador de las garantías constitucionales de los accionantes, conforme su propia redacción de la acción constitucional, es la Resolución Administrativa 1076/2019 de 5 de agosto; sin embargo, omitieron señalar que tomaron conocimiento de la citada resolución y sus antecedentes el 3 de noviembre de 2020, y no interpusieron los recursos que la Ley de Procedimiento Administrativo les prevé, pretendiendo extemporáneamente resguardar los derechos que creen afectados, por cuanto la acción de amparo constitucional es improcedente; 3) En su memorial establecen que la acción de amparo fue presentada dentro del plazo, señalando que la AFCOOP les notificó con la nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/351/2021 el 30 de diciembre, omitiendo puntualizar que la citada nota ratifica el criterio emitido en la nota AFCOOP/DGE/DJ/NE/320/2021, notificada el 29 de noviembre, en la cual se estableció que su solicitud de nulidad de la Resolución Administrativa fue inoportuna, en tal entendido, el plazo para interposición del recurso de defensa feneció el 29 de mayo de 2022; 4) La inscripción de pérdida de calidad de asociados que desarrolla la AFCOOP en el Registro Estatal de Cooperativas, es de carácter administrativo en su función meramente registral; por lo que, la determinación de exclusión de asociados, es una potestad exclusiva de las cooperativas, en observancia del principio de independencia y autonomía de gestión, así como lo dispuesto por sus estatutos orgánicos que deben ser concordantes con la Ley 356; 5) Las notas AFCOOP/DGE/DJ/NE/320/2021 y AFCOOP/DGE/DJ/NE/351/2021 de 17 de diciembre, establecieron de manera clara y precisa que el requerimiento de nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019 de 5 de agosto, se realizó de manera inoportuna, conforme los plazos establecidos en la Ley 2341; y que, la nulidad de un acto administrativo únicamente puede ser solicitado a través de la interposición de un recurso, conforme el art. 35 de la citada Ley; 6) De manera incongruente, no solicitaron la nulidad de las notas que supuestamente lesionaron sus garantías constitucionales, sino que solicitan la nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019; y, de manera infundada solicitan también la nulidad de las Resoluciones Administrativas 006/2019 de 2 de enero, 014/2020 de 23 de diciembre y 156/2021 de 1 de marzo; 7) El memorial de acción de amparo constitucional, estableció temerariamente que el actuar de la AFCOOP vulneró sus derechos a la petición y al debido proceso, sin razón ni fundamento alguno, ocultando documentación en virtud de la cual esta acción resulta improcedente, por cuanto todas sus solicitudes fueron atendidas de manera escrita, motivada y oportuna, habiendo sido notificadas; 8) Asimismo, establecen que el posible hecho vulnerador de sus garantías constitucionales sería el acta de asamblea extraordinaria de asociados de 23 de junio de 2018, señalando que sería un acta fabricada y manipulada por los pseudo consejeros de administración y vigilancia, recurriendo de manera errada a la vía constitucional, para que esta instancia defina la legalidad de la citada acta, siendo lo correcto denunciar este aspecto ante el Ministerio Público; y, 9) Solicita se deniegue la tutela impetrada por los accionantes. Janeth Verónica Manzel Peralta, Janeth Pérez Peralta, Flora Chiara Huarcaya, Jannet Nilda Montaño Echeverría, Estefany Mishel Paco Andrade, Rina Rodríguez Mareño, Ricardo Simeón Gutiérrez Martínez e Isaac Manzel Choque, miembros del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L., mediante informe presentado el 5 de julio de 2022, cursante de fs. 276 a 283, y ratificado en audiencia, manifestaron que: i) Carecen de legitimación activa porque no incurrieron en la supuesta omisión ilegal denunciada de no haber resuelto de manera expresa y fundamentada las solicitudes de nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019; por lo que, no pueden subsanar ni reparar la supuesta ilegalidad al carecer de autoridad, jurisdicción y competencia para conocer, sustanciar y resolver una solicitud de nulidad de un acto administrativo; ii) Incurrieron en contradicción entre los hechos ilegales denunciados y la pretensión postulada, pidiendo que se deje sin efecto actos administrativos que fueron constituidos hace más de los seis meses que refiere el art. 129.II de la CPE; iii) Impugnaron la determinación de la AFCOOP de no dar curso la solicitud de nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019 de 5 de agosto comunicada por Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/320/2021, con la que fueron notificados -según ellos mismos informan- el 29 de noviembre de 2021; sin embargo, no impugnaron la determinación adoptada por la autoridad demandada por vía de recurso de revocatoria; en efecto, no impugnaron en el plazo de 10 días, presentando el memorial de 6 de diciembre de mismo año; por el que, solicitaron que se pronuncie de manera expresa y fundamentada sobre la solicitud de nulidad de 3 de noviembre de citado año; iv) No expusieron los fundamentos jurídicos que demuestren el grado de incidencia que tendría la prueba que acompañan; v) Conocían de la Resolución Administrativa 1076/2019 de 5 de agosto, pero no la impugnaron por la vía de recursos administrativos, simplemente presentaron denuncias de supuestas irregularidades el 19 de mayo de 2019, que fue respondida por la AFCOOP mediante Nota AFCOOP/DGE/DCF/NE/803/2021 de 4 de agosto, luego presentaron la solicitud de nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019, pero jamás la impugnaron formalmente mediante los recursos administrativos; vi) Identifican como infringidos los principios de legalidad y verdad material, pero la acción de amparo constitucional no es el medio para la protección de principios constitucionales; vii) Al haberse respondido de manera expresa, clara, precisa, fundamentada y en un plazo razonable, no se vulneró el derecho a la petición invocado por los impetrantes de tutela; viii) No se vulneró el derecho al debido proceso; toda vez que, los peticionantes de tutela, al presentar una solicitud de nulidad de un acto administrativo, la cual es manifiestamente improcedente, pretendieron subsanar su propia negligencia de no haber impugnado la Resolución Administrativa 1076/2019 dentro del plazo de ley a través del recurso de revocatoria previsto por el art. 64 de la Ley 2341; ix) En el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución Política del Estado, no existe un derecho a ejercer como asociado de la cooperativa; y, x) Solicitan se deniegue la tutela demandada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución AAC-060/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 286 a 292, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Los accionantes señalan como actos vulneratorios los referidos a la realización de Asambleas Generales y por otra respecto de la petición de nulidad realizada a la AFCOOP, actuados que hasta la interposición de la acción de amparo constitucional se encontrarían fuera del plazo de los seis meses establecidos por la Constitución Política del Estado, por cuanto devienen de hace más de cuatro años en relación a los miembros del directorio de la Cooperativa; por cuanto, se hubieren suscitado el 11 de noviembre de 2017 y 23 de junio de 2018 -de elección del directorio y determinación en asamblea de la perdida de asociados- y por otra parte, respecto de la autoridad máxima de la AFCOOP, la petición realizada en memorial de 1 de noviembre de 2021, que se reclama como no atendido debidamente, se encontraría al margen de los seis meses referidos, por cuanto el mismo fue objeto de respuesta mediante nota de 18 de noviembre de 2021 y notificado el 29 de igual mes y año; por cuanto, hasta la interposición -en ambos casos- de la presente acción tutelar, realizado el 23 de junio de 2022, transcurrió un tiempo mayor a los seis meses, afectados por el principio de inmediatez; b) En relación al principio de subsidiariedad, la parte accionante solicita se deje sin efecto la Resolución Administrativa 1076/2019 de 5 de agosto, al igual que las Resoluciones Administrativas 06/2019 de 2 de enero, 014/2020 de 23 de diciembre y 156/2021 de 1 de marzo, emitidas por la AFCOOP; al respecto, corresponde sean impugnadas de acuerdo a la normativa acorde a la Ley de Procedimiento Administrativo, en función a los recursos de revocatoria y jerárquico; c) Sobre el derecho de petición, considerado como derecho autónomo, respecto del memorial de 6 de diciembre de 2021, la AFCOOP, mediante nota de 17 de mismo mes y año, Cite AFCOOP/DGE/DJ/NE/351/2021 de 17 de similar mes y año, respondió a los peticionantes de tutela, de manera clara, precisa, fundamentada y motivada, por cuanto respecto de la solicitud de nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019, el demandado, remitiéndose al art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que prevé que las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la ley, precisando a su vez el art. 56 de la referida ley, ratificando de igual manera el contenido de su nota de 18 de noviembre de 2021, en consecuencia, conforme el art. 24 de la CPE, se tienen cumplidos los presupuestos por el demandado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establece las siguientes conclusiones:
11 de noviembre de 2017, dirigida y llevada a cabo por el Comité Electoral bajo la presidencia de Giovanna Beatriz Torrico Rodríguez, procediéndose a la elección de los Consejos de Administración y Vigilancia y la posesión de los directores electos (fs. 3 a 6).
II.2. Se evidencia Resolución Administrativa H-2ª FASE 206/2018 de 16 de mayo, emitida por Luis Fernando Fuentes Daza, Director General Ejecutivo de la AFCOOP, que resuelve: “Registrar la denominación de Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria”. R.L., homologar su Estatuto Orgánico e inscribir en el Registro Estatal de Cooperativas” (sic [fs. 10 a 11]).
“Candelaria”. R.L. de 23 de junio de 2018, dirigida y llevada a cabo por Janeth Verónica Manzel Peralta, Presidenta del Consejo de Administración; en la que se aprobó la pérdida de calidad societaria por abandono y la prescripción de certificados de aportación de Rosa Mamani Choque, José Manzel Choque, Brener José Manzel Sajama, Erika Pamela Manzel Sajama, Susana Jannet Mejia Coca, Percilia Sajama Condori, Salustiano Sajama Condori y David Manzel Choque (fs. 7 a 8). II.4. Se advierte Resolución Administrativa 006/2019 de 2 de enero, emitida por Luis Fernando Fuentes Daza, Director General Ejecutivo de la AFCOOP, que resuelve inscribir la renovación de los Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L. (fs. 12 a 13). II.5. Conforme Resolución Administrativa 1076/2019 de 5 de agosto, emitida por Luis Fernando Fuentes Daza, Director General Ejecutivo de la AFCOOP, resuelve registrar la pérdida de calidad de asociados de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria”. R.L., por abandono de Rosa Mamani Choque, José Manzel Choque, Brener José Manzel Sajama, Erika Pamela Manzel Sajama, Susana Jannet Mejia Coca, Percilia Sajama Condori, Salustiano Sajama Condori y David Manzel Choque; dejando sin efecto y valor alguno sus certificados de aportación; y, disponiendo el correspondiente registro (fs. 22 a 23). II.6. Mediante Memorial de 2 de noviembre de 2020, dirigido al Director Ejecutivo de AFCCOP; José Manzel Choque Sajama señala que:
“De acuerdo a los registros que cursa en sistema a cargo de su administración, miembros de mi familia (hijos y esposa) somos asociados de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L. (…) de manera extraoficial me insinúan que mi persona conjuntamente mi familia, el pasado año (2019), habríamos perdido la calidad de asociados (…) producto de un trámite y determinación de la Entidad a su cargo… …solicito a su Autoridad, me informe si hay alguna determinación en cuanto a la exclusión o supresión de mi persona y miembros de mi familia de la Cooperativa…” (sic [fs. 215 a 216]).
II.7. A través de Nota CITE. AFCOOP/DGR/DCF/NE/0559/2020 de 3 de noviembre, Jorge Esteban Santistevan Hurtado, Director General Ejecutivo de la AFCOOP, en respuesta al memorial de 2 de noviembre de igual año, presentado por José Manzel Choque, señaló que:
“…de acuerdo al Registro Estatal de Cooperativas, informo que se tiene registrado la Pérdida de Calidad de Asociados de OCHO (8) personas por Abandono de la Cooperativa de Servicios de Gas Licuado “CANDELARIA” R.L. inscrita mediante Resolución Administrativa Nº 1076/2019 de 5 de agosto de 2019, y donde entre las personas que se señala se encuentra los datos de su persona… Adjunto a la presente la mencionada Resolución Administrativa Nº 1076/2019 con la documentación presentada por la respectiva cooperativa” (sic [fs. 197]) La referida Nota fue notificada el 3 de noviembre de mismo año a José Manzel Choque (fs. 198).
diciembre, emitida por Luis Fernando Fuentes Daza, Director General Ejecutivo de la AFCOOP, se resuelve “Registrar de manera excepcional y temporal al Consejo de Administración y Vigilancia de la de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L. hasta el 18 de enero de 2021” (sic [fs. 24 a 27]). II.9. Mediante Resolución Administrativa 156/2021 de 1 de marzo, emitida por Fernando Fuentes Daza, Director General Ejecutivo de la AFCOOP, resuelve: “Inscribir la renovación del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L.” (sic [fs. 28 a 29]). II.10. A través de Testimonio 1049/2021 de Declaración Jurada Unilateral de 17 de septiembre, Giovanna Beatriz Torrico Rodríguez señala que figura como asociada a la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria”. R.L.; sin embargo, nunca participó en reunión o asamblea alguna, no conoce a ninguno de los asociados, ni la dirección de la referida Cooperativa; que en la conformación de su Directorio figura como vocal, pero no participó de la Asamblea de elección; si bien, su firma aparece en el acta de elección y posesión de los Consejos, fue suscrito de favor y a petición verbal de Janeeth Verónica Manzel Peralta en su puesto de venta; y que, tampoco participó de la Asamblea donde se determinó la expulsión de socios, entre ellos José Manzel Choque, Percilia Sajama Condori, Brener José Manzel Sajama, Erika Pamela Manzel Sajama y Rosa Mamani Choque, habiendo su comadre Jenny Peralta de Manzel traído el libro de actas para firmar hasta su puesto de venta (fs. 32 y vta.).
II.11. Cursa Memorial presentado el 3 de noviembre de 2021, dirigido al Director de la AFCOOP; por el que José Manzel Choque, Brener José Manzel Sajama, Erika Pamela Manzel Sajama y Percilia Sajama Condori, solicitan la nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019 de 5 de agosto que determina la pérdida de calidad de asociados de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L. conforme a los arts. 4 inc. b), c), d) g) y h), 11, 27 y 35 inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); y, 24 de la CPE (fs. 33 a 35). II.12. Se evidencia Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/320/2021 de 18 de noviembre, que en respuesta al memorial de 3 de igual mes y año, señaló que las actuaciones de la Administración Pública al estar sometidas a la ley gozan de presunción de legitimidad; que de conformidad a los arts. 35 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los recursos de revocatoria y jerárquico son los únicos medios idóneos para la impugnación de actos administrativos; y que, al no haberse interpuesto los recursos establecidos por Ley en su oportunidad, no corresponde emitir criterio alguno. Asimismo consta notificación de 29 de noviembre de similar año a José Manzel Choque (fs. 36 a 37 vta.). II.13. Consta Memorial presentado el 6 de diciembre de 2021, dirigido al Director de la AFCOOP; por el que José Manzel Choque, Brener José Manzel Sajama, Erika Pamela Manzel Sajama y Percilia Sajama Condori, solicitan y reiteran pronunciamiento sobre la nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019 mediante resolución fundamentada y motivada y no solo con una nota de atención (fs. 39 y vta.). II.14. Se advierte Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/351/2021 de 17 de diciembre, que en respuesta al memorial de 6 de mismo mes y año, haciendo referencia a los arts. 35 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo, señala que: “…los únicos medios de impugnación en sede administrativa son la interposición de los recursos de revocatoria y/o jerárquico”; por lo que, con carácter previo corresponderá adecuarse a la normativa citada. Asimismo consta notificación de 30 de similar mes y año a José Manzel Choque (fs. 40 y vta).
Gas Licuado “Candelaria” R.L. que señala lo siguiente
En el Capítulo V “De la pérdida de la calidad de asociado”
“Artículo 17.- (Pérdida de calidad de asociada y asociado).- La calidad de las asociadas y asociados se pierde por las siguientes causas, de conformidad al Art. 34 de la Ley General de Cooperativas:
a) Por renuncia voluntaria b) Por exclusión c) Expulsión d) Por abandono e) Extinción de la personalidad jurídica f) Muerte Artículo 21.- (Procedimiento Sancionador de Exclusión y Expulsión) La exclusión y expulsión de asociados y asociadas será realizada previo proceso sumario ante el Tribunal Honor, de acuerdo a reglamento interno de la Cooperativa tomando en cuenta los siguientes aspectos legales. 1. Etapa de Iniciación: La etapa de iniciación se formalizará con la notificación al o los asociados presuntos infractores con los cargos que se le atribuyen, advirtiéndoles que de no presentar pruebas de descargo o alegaciones en el término previsto en el 'siguiente numeral, se emitirá la resolución correspondiente. 2. Etapa de Tramitación: Los presuntos infractores en el plazo de veinte (20) días calendario a partir de su notificación podrán presentar todas las pruebas, alegaciones, documentos e información que crean convenientes a sus intereses. 3. Etapa de Terminación: Vencido el término de prueba, el Tribunal de Honor en el niazo de diez (10) días calendario emitirá resolución que imponga o desestime la sanción de exclusión o expulsión de la asociada o asociado. 4. En caso de imponerse sanción esta deberá consignar básicamente la causal atribuida, el nombre, apellido completo y Cédula de Identidad; se remitirán actuados en el término de 10 (diez) días calendario a conocimiento del Consejo de Administración y Vigilancia quien la elevara ante la Asamblea General Extraordinaria como instancia de apelación para el caso de exclusión; y para el caso de expulsión para su correspondiente aprobación por la Asamblea General Extraordinaria. En arribos casos la decisión final será tomada por dos terceras partes de los asociados y asociadas presentes. Artículo 22.- (Abandono) Cuando sea necesario el Consejo de Administración convocará a asamblea general extraordinaria con el objetivo de determinar la pérdida de la calidad de asociados a los asociados que hayan abandonado por más de 2 años, sin que medie causa justificada”. De otra parte, en el Capítulo XI “De las disposiciones aplicables a ambos Consejos señala lo siguiente:
“Artículo 48.- (Forma de elección).- La elección para el consejo de administración y vigilancia será por simple mayoría de votos conforme a la siguiente reglamentación específica para el acto eleccionario. (…) Artículo 51.- (Requisitos).- Para ser elegido miembro del consejo de administración o vigilancia la asociada o asociado deberá cumplir los siguientes requisitos: a) Ser asociada y asociado en el pleno desempeño en la cooperativa. b) Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con la cooperativa. c) Ser ciudadano boliviano residente en el país y estar en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales.
d) No desempeñar cargos directivos en partidos políticos u ocupar cargos jerárquicos en entidades públicas o privadas, incompatibles en el cooperativismo. e) No ser trabajador en relación de dependencia laboral con la cooperativa. f) No ser conyugue ni pariente de los miembros de los consejos de administración y vigilancia, ni cargos ejecutivos hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad. g) No haber participado en acciones contrarias a los valores, principios e intereses de alguna cooperativa. h) No tener sentencia ejecutoriada en la materia penal. i) Contar con conocimientos en cooperativismo debidamente acreditado. j) Tener dos años de antigüedad como mínimo k) No tener conflictos de interés asuntos litigiosos o deudas en mora con la cooperativa No estar suspendido mediante resolución emitida por el Tribunal de l) Honor Artículo 52 - (Remoción).- Los miembros del consejo de administración y vigilancia podrán ser removidos de sus cargos por asamblea general ordinaria o extraordinaria por dos terceras partes de los votos de las asociadas y asociados presentes, previo sumario informativo, convocado para tal objeto, por las siguientes causas:
a) Por inasistencia a 3 reuniones continuas o 5 discontinuas sin la licencia respectiva. b) Por retrasar intencionalmente la convocatoria a Asambleas Generales. c) Por conducir la Administración de la Cooperativa en forma irresponsable debidamente comprobada. d) Por causar daños económicos y sociales a la Cooperativa. e) Por incumplimiento a la Ley General de Cooperativas, el presente Estatuto, sus Reglamentos Internos y las resoluciones tornadas en Asamblea General f) Por negligencia, irresponsabilidad o abuso en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones. g) Por contar con sentencia ejecutoriada resultado de un proceso civil o penal, en cuyo caso, se aplicará la remoción tácita. h) Otras establecidas en la Ley General de Cooperativas y el Decreto Supremo Nº 1995. (sic [fs. 251 a 275])
Los accionantes, denuncian la lesión de sus derechos a la petición, debido proceso, ejercer como asociado de la cooperativa; y, a los principios de legalidad y verdad material; toda vez que: i) Respecto a los miembros del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L., refieren que: i.a) El 23 de junio de 2018, la Asamblea General Extraordinaria no se instaló como corresponde; por ello, al ser ilegal vulneró los principios de gestión democrática establecida en el art. 6.II de la Ley 356; en dicha Asamblea, se aprobó la pérdida de su calidad de asociados como también de sus poderconferentes forzando la causal de abandono, ya que el Estatuto Orgánico de la Cooperativa, fue homologado mediante Resolución Administrativa H-2ª 206/2018 de 16 de mayo; por lo que, su aplicación rige a partir de esa fecha; es por eso que, hasta junio de 2019, no transcurrieron los dos años que establece el art. 22 del referido Estatuto; y, i.b); En asamblea de 11 de noviembre de 2017, se posesionaron a consejeros con grado de parentesco lo cual vulneró el art. 51 inc. f) del Estatuto Orgánico de la Cooperativa ii) Respecto al Director General Ejecutivo a.i. de la AFCOOP, solicitaron dejar sin efecto las Resoluciones 006/2019 de 2 de enero; 1076/2019 de 5 de agosto; 014/2020 de 23 de diciembre; y, 156/2021 de 1 de marzo; y, iii) El 3 de noviembre de 2021, solicitaron al Director de la AFCOOP, la nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019, que resolvió registrar la pérdida de su calidad de asociados de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L.; recibiendo como respuesta, la Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/320/2021 de 18 de noviembre, que no resolvió la nulidad solicitada, limitándose a señalar que el art. 35.II de la Ley de Procedimiento Administrativo indica que las nulidades pueden invocarse únicamente mediante la interposición de recursos administrativos previstos en dicha ley; ante lo cual, reiteraron su solicitud mediante Memorial presentado el 6 de diciembre de 2021, recibiendo en respuesta el CITE: AFCOPP/DGE/DJ/NE/351/2021 de 17 de diciembre, que ratificó su nota anterior, eludiendo y soslayando el pronunciamiento expreso sobre la nulidad interpuesta, lo cual vulnera su derecho a la petición y a la obtención de una respuesta pronta, fundamentada, clara, precisa y motivada. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes ejes temáticos: a) Sobre el principio de inmediatez; b) La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; y, c) Análisis del caso concreto.
El principio de inmediatez se encuentra reconocido en el art. 129.II de la CPE, al establecer que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras). Con las mismas prerrogativas, el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que:
“ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN).
II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace” (el resaltado es nuestro). El Tribunal Constitucional a través de la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, hizo referencia al principio de inmediatez, señalando en su Fundamento Jurídico III.1, que:
“…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”.
Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo.
De igual forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de numerosas sentencias constitucionales plurinacionales, se pronunció sobre el plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados; en ese sentido, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.4, señaló respecto al doble efecto de este principio, que:
“El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa. …no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Dicha línea jurisprudencial es complementada por la SCP 0213/2018-S2, de 22 de mayo, que expresa textualmente: “En resumen, corresponde puntualizar que en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados”.
La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; asimismo, en su art. 129.I, señala:
“La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la subsidiariedad e inmediatez dispone:
“I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.
II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:
1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela.”
Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional, constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en su Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad:
“…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (negrillas añadidas).
Asimismo, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo.
Los accionantes, denuncian la lesión de sus derechos a la petición, debido proceso, ejercer como asociado de la cooperativa; y, a los principios de legalidad y verdad material; toda vez que: 1) Respecto a los miembros del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L., refieren que: 1.i) El 23 de junio de 2018, la Asamblea General Extraordinaria no se instaló como corresponde; por ello, al ser ilegal vulneró los principios de gestión democrática establecida en el art. 6.II de la Ley 356; en dicha Asamblea, se aprobó la pérdida de su calidad de asociados como también de sus poderconferentes forzando la causal de abandono, ya que el Estatuto Orgánico de la Cooperativa, fue homologado mediante Resolución Administrativa H-2ª 206/2018 de 16 de mayo; por lo que, su aplicación rige a partir de esa fecha; es por eso que, hasta junio de 2019, no transcurrieron los dos años que establece el art. 22 del referido Estatuto; y, 1.ii); En asamblea de 11 de noviembre de 2017, se posesionaron a consejeros con grado de parentesco lo cual vulneró el art. 51 inc. f) del Estatuto Orgánico de la Cooperativa 2) Respecto al Director General Ejecutivo a.i. de la AFCOOP, solicitaron dejar sin efecto las Resoluciones 006/2019 de 2 de enero; 1076/2019 de 5 de agosto; 014/2020 de 23 de diciembre; y, 156/2021 de 1 de marzo; y, 3) El 3 de noviembre de 2021, solicitaron al Director de la AFCOOP, la nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019, que resolvió registrar la pérdida de su calidad de asociados de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L.; recibiendo como respuesta, la Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/320/2021 de 18 de noviembre, que no resolvió la nulidad solicitada, limitándose a señalar que el art. 35.II de la Ley de Procedimiento Administrativo indica que las nulidades pueden invocarse únicamente mediante la interposición de recursos administrativos previstos en dicha ley; ante lo cual, reiteraron su solicitud mediante Memorial presentado el 6 de diciembre de 2021, recibiendo en respuesta el CITE: AFCOPP/DGE/DJ/NE/351/2021 de 17 de diciembre, que ratificó su nota anterior, eludiendo y soslayando el pronunciamiento expreso sobre la nulidad interpuesta, lo cual vulnera su derecho a la petición y a la obtención de una respuesta pronta, fundamentada, clara, precisa y motivada.
Precisado el problema jurídico de esta acción de defensa, previo a su respectivo análisis, resulta necesario contextualizar los antecedentes de la que emerge la misma; así, conforme la descripción realizada en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, el 11 de noviembre de 2017, en Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L. se procedió a la elección de los Consejos de Administración y Vigilancia y posesión de los directores electos, bajo la presidencia de Giovanna Beatriz Torrico Rodríguez, acto inscrito mediante Resolución Administrativa 006/2019 de 2 de enero de la AFCOOP (Conclusiones II.1 y II.4); procediéndose posteriormente a registrar la denominación de la Cooperativa, homologar su Estatuto Orgánico e inscribir en el Registro Estatal de Cooperativas mediante las Resoluciones Administrativas H-2ª FASE 206/2018 y 014/2020 emitidas por la AFCOOP (Conclusión II.2); posteriormente, la Asamblea General Extraordinaria de 23 de junio de 2018, aprobó la pérdida de calidad societaria por abandono y la prescripción de certificados de aportación de los peticionantes de tutela, que fue registrada mediante Resolución Administrativa 1076/2019 de 5 de agosto (Conclusiones II.3 y II.5); el 2 de noviembre de 2020 José Manzel Choque, solicitó al Director Ejecutivo de AFCCOP que le informe si existe alguna determinación por la que se lo hubiese excluido, así como a su familia de la referida Cooperativa; recibiendo como respuesta mediante CITE. AFCOOP/DGR/DCF/NE/0559/2020, que se tiene registrada su pérdida de calidad de asociado, adjuntando la documentación respectiva (Conclusiones II.6 y II.7). Mediante Testimonio 1049/2021 de Declaración Jurada Unilateral de 17 de septiembre, Giovanna Beatriz Torrico Rodriguez, señaló que si bien aparece como vocal en el acta de elección y posesión de los Consejos; así como también, en el acta donde se determinó la expulsión de socios; sin embargo, lo hizo de favor y a petición verbal de Janeth Verónica Manzel Peralta y Jenny Peralta de Manzel (Conclusión II.10); como consecuencia de lo anterior, por memorial de 3 de noviembre de 2021, los solicitantes de tutela se dirigieron a la AFCOOP, pidiendo la nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019 de 5 de agosto, que determinó la pérdida de su calidad de asociados, recibiendo como respuesta la Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/320/2021, que señaló que no corresponde emitir criterio alguno, debido a que no se utilizaron los medios idóneos para la impugnación de actos administrativos (Conclusiones II.11 y II.12); en vista de lo cual, los impetrantes de tutela, presentaron el memorial de 6 de diciembre de 2021, reiterando el pronunciamiento sobre la nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019, que fue respondida mediante Nota CITE: AFCOPP/DGE/DJ/NE/351/2021, que ratificó la nota anterior (Conclusiones II.13 y II.14).
Respecto a la primera problemática En relación a los miembros del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L., refieren que: a.1) En Asamblea de 11 de noviembre de 2017 se posesionaron a consejeros con grado de parentesco lo cual vulneró el art. 51 inc. f) del Estatuto Orgánico de la Cooperativa; y, a.2) El 23 de junio de 2018, la Asamblea General Extraordinaria no se instaló como corresponde; por ello, al ser ilegal vulneró los principios de gestión democrática establecida en el art. 6.II de la Ley 356; en dicha Asamblea, se aprobó la pérdida de su calidad de asociados como también de sus poderconferentes forzando la causal de abandono, ya que el Estatuto Orgánico de la Cooperativa, fue homologado mediante Resolución Administrativa H-2ª 206/2018 de 16 de mayo; por lo que, su aplicación rige a partir de esa fecha; razón por la cual; hasta junio de 2019, no transcurrieron los dos años que establece el art. 22 del referido Estatuto Al respecto de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada, conforme los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo. En este sentido, en relación a la Asamblea de 11 de noviembre de 2017, en la cual según la parte peticionante de tutela se posesionó a consejeros con grado de parentesco, vulnerando el art. 51 inf. f) de su Estatuto; conforme se tiene descrito en la Conclusión II.15, el Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L., en el art. 52, señala que los “…miembros del consejo de administración y vigilancia podrán ser removidos de sus cargos por asamblea general ordinaria o extraordinaria por dos terceras partes de los votos de las asociadas y asociados presentes, previo sumario informativo”(sic), para lo cual correspondía invocar la causa señalada en el inciso e) del referido artículo, relacionado al incumplimiento al Estatuto de la Cooperativa, en este caso el art. 51 inc. f) referido por la parte accionante, que establece como requisito para ser elegido miembro del consejo de administración o vigilancia, “No ser conyugue ni pariente de los miembros de los consejos de administración y vigilancia, ni cargos ejecutivos hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad” (sic). En el presente caso, la parte impetrante de tutela, no hizo uso de los medios que otorga la normativa interna de la Cooperativa para remover de sus cargos a los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia de quienes consideran que tienen algún grado de parentesco; toda vez que, previamente a recurrir a esta instancia constitucional, debió acudir ante la asamblea general de la Cooperativa de Distribución de Gas Licuado
“Candelaria” R.L.; por lo cual, no corresponde emitir criterio alguno; toda vez que, no tomaron en cuenta lo señalado por los referidos arts. 51 y 52 de su Estatuto Orgánico, circunstancia que determina que se deba denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. De otra parte, con relación a la Asamblea General Extraordinaria de 23 de junio de 2018, donde se aprobó la pérdida de su calidad de asociados como también de sus poderconferentes, sin tomar en cuenta que el Estatuto Orgánico de la Cooperativa, fue homologado el 16 de mayo de 2018; por lo que, su aplicación rige a partir de esa fecha; por lo cual, hasta junio de 2019, no transcurrieron los dos años que establece el art. 22 del referido Estatuto. Al respecto, el art. 17 inc. d) del Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L., señala que entre las causas para perder la calidad de asociado se encuentra el abandono; para lo cual, debe efectuarse un proceso sancionador de exclusión desarrollado en el art. 21 de la referida normativa, donde se otorga diez días calendario a conocimiento del Consejo de Administración y Vigilancia para elevar ante la Asamblea General Extraordinaria como instancia de apelación para el caso de exclusión; ante lo cual, no corresponde emitir criterio alguno; toda vez que, la parte impetrante de tutela no consideró lo señalado por el referido art. 21 de su Estatuto Orgánico, circunstancia que determina que se deba denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Respecto a la segunda problemática En relación al Director General Ejecutivo a.i. de la AFCOOP, solicitaron dejar sin efecto las Resoluciones Administrativas 006/2019 de 2 de enero; 1076/2019 de 5 de agosto; 014/2020 de 23 de diciembre; y, 156/2021 de 1 de marzo. Los impetrantes de tutela, mediante Memorial presentado el 3 de noviembre de 2021, dirigido al Director de la AFCOOP, solicitaron la nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019. En ese entendido, conforme la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional referida a las reglas y sub reglas de improcedencia por subsidiariedad, citando a la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señala que las mismas se suscitan:
“…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución”. Lo que hace que la problemática analizada se encuentre dentro los alcances de las sub reglas de aplicación del principio de subsidiariedad, ya que no se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de sus derechos, como es el recurso de revocatoria; toda vez que, La Ley de Procedimiento Administrativo, en su art. 35.II señala que: “Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley”; en ese sentido, el art. 56.I de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 2341 de 23 de abril de 2002 prevé que, los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos; asimismo, el art. 64 referido al recurso de revocatoria, señala que deberá ser interpuesto ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada, dentro del plazo de diez días siguientes a su notificación, el que debe ser sustanciado y resuelto en el plazo de veinte días; contra la resolución que resuelva el recurso de revocatoria procede el recurso jerárquico conforme a los arts. 66 y siguientes de la referida ley. En autos, se evidencia que, mediante Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/320/2021 de 18 de noviembre, la AFCOOP señaló que de conformidad a los arts. 35 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los recursos de revocatoria y jerárquico son los únicos medios idóneos para la impugnación de actos administrativos; y que, al no haberse interpuesto los recursos establecidos por Ley en su oportunidad, no corresponde emitir criterio alguno. En consecuencia, los accionantes al haber interpuesto la solicitud de nulidad de resolución Administrativa 1076/2019, no tomaron en cuenta lo señalado por los arts. 35.II, 64 y 66 de Ley de Procedimiento Administrativo, circunstancia que determina que se deba denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada Ahora bien, respecto a las Resoluciones Administrativas 006/2019 de 2 de enero, que resuelve inscribir la renovación de los Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L.; 014/2020 de 23 de diciembre, que resuelve registrar de manera excepcional y temporal al Consejo de Administración y Vigilancia de la de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria”. R.L. hasta el 18 de enero de 2021; y, 156/2021 de 1 de marzo, que resuelve inscribir la renovación del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria”. R.L.; también se encuentran dentro los alcances de las sub reglas de aplicación del principio de subsidiariedad, ya que no se advierte que las autoridades judiciales o administrativas hubiesen tenido la posibilidad de pronunciarse porque la parte peticionante de tutela no utilizó un medio de defensa ni planteó recurso o medio de impugnación alguno en su oportunidad y en plazo legal que le otorga la Ley de Procedimiento Administrativo, contra las referidas resoluciones, correspondiendo denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la cuestión planteada. Respecto a la tercera problemática La parte accionante señala que el 3 de noviembre de 2021, solicitaron al Director de la AFCOOP, la nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019 de 5 de agosto, que resolvió registrar la pérdida de su calidad de asociados de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L.; recibiendo como respuesta, la Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/320/2021 de 18 de noviembre, que no resolvió la nulidad solicitada, limitándose a señalar que el art. 35.II de la Ley de Procedimiento Administrativo indica que las nulidades pueden invocarse únicamente mediante la interposición de recursos administrativos previstos en dicha ley, ante lo cual reiteraron su solicitud mediante Memorial presentado el 6 de diciembre de 2021, recibiendo en respuesta el CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/351/2021 de 17 de igual mes, que ratificó su nota anterior, eludiendo y soslayando el pronunciamiento expreso sobre la nulidad interpuesta, lo cual vulnera su derecho a la petición y a la obtención de una respuesta pronta, fundamentada, clara, precisa y motivada. Mediante Memorial presentado el 3 de noviembre de 2021, dirigido al Director de la AFCOOP; los ahora accionantes solicitaron la nulidad de la Resolución Administrativa 1076/2019 de 5 de agosto, que determinó la pérdida de su calidad de asociados de la Cooperativa de Servicios de Distribución de Gas Licuado “Candelaria” R.L. (Conclusión II.11); ante lo cual, conforme se tiene de la Conclusión II.12 de esta Resolución Constitucional, los impetrantes de tutela fueron notificados el 29 de noviembre de 2021 con la Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/320/2021 de 18 de igual mes, señalando que las actuaciones de la administración pública al estar sometidas a la ley gozan de presunción de legitimidad; que de conformidad a los arts. 35 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los recursos de revocatoria y jerárquico son los únicos medios idóneos para la impugnación de actos administrativos; y que, al no haberse interpuesto los recursos establecidos por Ley en su oportunidad, no corresponde emitir criterio alguno; por lo que, el cómputo del plazo de presentación de la acción de amparo constitucional, se la realizará desde dicha fecha. Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que:
“…la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa”. Por lo que, aplicando dicho razonamiento, y computando los seis meses en los cuales debe interponerse la presente acción de defensa, se tiene que el plazo fenecía el 27 de mayo de 2022, tiempo en que los impetrantes de tutela tenían la jurisdicción constitucional aperturada para hacer valer sus derechos y reclamar su tutela; empero, se tiene que la presente acción de defensa fue interpuesta el 23 de junio de 2020, resultando por ende extemporánea, decayendo en el incumplimiento de la inmediatez, cuyo plazo es de seis meses a partir del acto lesivo que se cuestiona, extremo que mantiene inalterable el incumplimiento del principio de inmediatez descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En ese contexto, se tiene que hacer la aclaración, que si bien, los ahora impetrantes de tutela presentaron dos memoriales, el primero el 3 de noviembre de 2021, solicitando la nulidad de la resolución Administrativa 1076/2019 (Conclusión II.11), recibiendo como respuesta la Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/320/2021 de 18 de noviembre; por la que, se señaló que la la AFCOOP no podía emitir criterio alguno ante la referida solicitud, al no haberse interpuesto los recursos establecidos por ley en su oportunidad (Conclusión II.12); y el segundo memorial el 6 de diciembre de 2021 solicitando una resolución fundamentada y motivada (Conclusión II.13); empero, por Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/351/2021 de 17 de diciembre, se ratificó el contenido de la Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/320/2021 notificada el 29 de noviembre; por lo cual, es preciso referir que no se puede considerar como último actuado, a la Nota CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/351/2021, con la que se notificó a los impetrantes de tutela el 30 de diciembre de 2021, debido a que ésta se constituye en un acto que reitera la nota anterior, por lo que la nota que rechazó el petitorio de los impetrantes de tutela, es el CITE: AFCOOP/DGE/DJ/NE/320/2021 de 18 de noviembre, notificada el 29 de igual mes y año. Hecha esta aclaración, esta instancia constitucional no puede salvar la desidia o negligencia de los solicitantes de tutela, con la interposición de la presente acción de amparo constitucional, puesto que dejaron pasar el término para interponer la presente acción de defensa, incurriendo en el vencimiento del plazo de la inmediatez para la interposición de la presente acción tutelar, correspondiendo denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la cuestión planteada. Consiguientemente, la citada Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-060/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 286 a 292, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1041_2023-S1.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 07af1d52d09d242a90f898bfe8a2d9bb8b0ed1754d255c945e2f84092084194b
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