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SCP 1039/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 7 de julio de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
7 de julio de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58435-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; puesto que, mediante Sentencia 12/2021 de 8 de marzo, fue condenado -por procedimiento abreviado- por los delitos de peculado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, a una pena privativa de libertad de siete años; sin embargo, considera que existe un error en el cómputo de la misma, contabilizándose desde la emisión de la citada Sentencia sin tomar en cuenta el tiempo de su detención preventiva y domiciliaria y a pesar de ello, se remitió obrados al Juzgado de Ejecución de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, el cual mantuvo su mandamiento de captura vigente; por lo que, planteó incidente de reconocimiento de condena mismo que fue rechazado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 148/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 88 a 94 pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1039/2026-S1 Sucre, 7 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58435-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 148/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 88 a 94, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Alejandra Altuzarra Bustillos en representación sin mandato de Marco Antonio Vega del Carpio contra Verónica Zambrana Mier, Juan Adalit Mamani Quispecahuana y Beltrán Quispe Pucho; Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 31 de agosto de 2023, cursante de fs. 52 a 53, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de peculado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes previstos y sancionados por los arts. 142, 146 y 154 del Código Penal (CP); fue condenado -mediante procedimiento abreviado- a una pena privativa de libertad de siete años; sin embargo, existió un error en el cómputo del tiempo de condena de la misma, contabilizándose desde la emisión de la Sentencia 12/2021 de 8 de marzo; sin considerar el tiempo de su detención preventiva que fue desde el 10 de abril de 2012, estableciéndose la conclusión de la condena el 8 de marzo de 2028, cuando en realidad concluía el 10 de abril de 2019; asimismo, no consideraron que al momento de la emisión de esa Sentencia su persona estaba con detención domiciliaria; en consecuencia, a la fecha que fue emitida la referida Sentencia, ésta se encontraba cumplida.

Sin embargo, se remitió obrados al Juzgado de Ejecución de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz y a pesar de encontrarse por otro motivo en el Centro Penitenciario de San Pedro del mismo departamento, sin previa notificación, se mantuvo su mandamiento de captura vigente hasta la interposición de la presente acción de libertad; por ello, planteó incidente de reconocimiento de condena que fue rechazado con argumentos fuera de procedimiento, sin cumplir la orden emitida por el “Tribunal de Sentencia” de realizar el cómputo considerando el tiempo de su detención preventiva y domiciliaria que se encontraba cumpliendo y que la condena finalizó el 10 de abril de 2019; por lo que, se encuentra siendo víctima de un procesamiento indebido que está generando un doble cumplimiento de condena innecesaria que vulnera su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) Los Jueces Técnicos hoy accionados, emitan un auto complementario rectificando la fecha de finalización de condena; ya que, dicha corrección no altera el fondo de la Sentencia 12/2021 de 8 de marzo; y, b) El Juez ahora coaccionado, cumpla con la SC 1664/2014 de 29 de agosto y la orden de los nombrados Jueces Técnicos, a objeto de computar la pena desde la detención preventiva y sea con las formalidades de ley.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 1 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 84 a 87, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Mediante Resolución 481/2017 de 14 de noviembre, fue favorecido con la aplicación de detención domiciliaria -que fue de conocimiento de las autoridades hoy accionadas-; puesto que, se encontraba cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por Resolución 175/2012 de 10 de abril; sin embargo, los Jueces Técnicos ahora accionados no consideraron lo establecido en el párrafo tercero del art. 365 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que determina que al momento de emitir sentencia se fijará con precisión la fecha en que finaliza la condena y se computará como parte cumplida de la sanción que se aplique, el tiempo que hubiese estado detenido por ese delito incluso en sede policial; en consecuencia, incurrieron en error al considerar la finalización de la condena desde la fecha de la emisión de la Sentencia 12/2021; y, 2) Los Jueces Técnicos hoy accionados, mediante Decreto de 16 de agosto de 2023, refieren que es el Juez de Ejecución Penal quien debe realizar el cómputo; es así que, realizó su reclamo ante el Juez de Ejecución Penal -ahora coaccionado-; quien considera que se debe cumplir la condena hasta 2028, de manera arbitraria sin reconocer lo establecido en la “SC 1664/2014” de 29 de agosto, que reconoce el cumplimiento de la detención domiciliaria como un cumplimiento de condena porque también es una privación de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Verónica Zambrana Mier, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 74 a 75, manifestó que: i) El proceso penal seguido en contra del accionante cuenta con Sentencia Condenatoria ejecutoriada, que fue notificada al acusado -accionante- en el mismo acto y no se advierte que ninguno de los sujetos procesales hubiese solicitado, complementación o enmienda dentro de las veinticuatro horas, como lo prevé el art. 125 del CPP, de esa manera que el 31 de agosto de 2022, se emitió el auto de ejecutoria de la Sentencia; ii) De acuerdo a la demanda presentada por el nombrado, no se advierte que el supuesto error consignado en la Sentencia 12/2021 hubiese sido la causa principal para la afectación de su libertad, pues como se refiere en su memorial, el nombrado guarda detención en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, a causa de otro proceso penal y no así por esa causa; y, iii) El nombrado con la referida Sentencia fue notificada hace más de dos años, sin que se advierta la solicitud de complementación y enmienda de ninguno de los sujetos procesales; sin embargo, el error en el cómputo de la pena no fue la causa directa para la detención preventiva que se encontraba cumpliendo, siendo facultad del Juez hoy coaccionado considerar todas las incidencias y efectuar un adecuado control y cómputo de la pena. Juan Adalit Mamani Quispecahuana, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: la Sentencia 12/2021, por la que se condenó al accionante en procedimiento abreviado se encuentra ejecutoriada; sin embargo, presentó una solicitud de corrección por error en la referida Sentencia al no darse lugar al cómputo por parte del Juez ahora coaccionado, de lo cúal se emitió un decreto de 16 de agosto de 2023, que refiere al haberse ejecutoriado de manera expresa la citada Sentencia, la misma adquiere calidad de cosa juzgada, no pudiendo realizar corrección, complementación y enmienda; empero, al remitir el cuaderno Procesal ante el mencionado Juez será quien deba realizar el cómputo del tiempo que estuvo con detención preventiva y domiciliaria. Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 72 a 73, manifestó que: a) La presente causa fue radicada con Sentencia Condenatoria, por los delitos de peculado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, para que su autoridad ejerza control del cumplimiento de la pena; y, a futuro control de beneficios penitenciarios; y, b) El accionante, el 21 de agosto de igual año, ya hubiese interpuesto acción de libertad, bajo la misma identidad de sujetos, objeto y causa. Asimismo, formuló incidente de reconocimiento de condena de detención preventiva, misma que fue resuelta el 29 de agosto del mismo año, encontrándose pendiente de resolución la apelación de la misma; en consecuencia, no se cumplió con el principio de subsidiariedad. Beltrán Quispe Pucho, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 56.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 148/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 88 a 94 denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El Juez hoy coaccionado emitió la Resolución 293/2023, que determinó declarar infundada la demanda incidental planteada en contra de la Sentencia 12/2021. El referido incidente fue apelado y sorteado a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de igual departamento y remitido a conocimiento de esa instancia superior el 31 de agosto de 2023, lo que indica claramente que existe en ese momento un recurso que está pendiente de resolución y en caso de pronunciar ese juzgador una resolución dentro de los fundamentos solicitados por el accionante estaría cumpliendo, no la labor de un juez de garantías constitucionales, sino la de un juez ordinario usurpando las funciones del Tribunal Superior; 2) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional el accionante no estuvo en situación de indefensión, más al contrario presentó el incidente adecuado para realizar su solicitud, mismo que el Juez ahora coaccionado rechazó y a esa Resolución infundada se presentó un recurso de apelación incidental que a la fecha se encuentra pendiente de resolución; y, 3) Se debe tomar en cuenta que de acuerdo a los datos de los informes escritos así como la demanda de acción de libertad, el accionante no se encuentra privado de su libertad por ese hecho en concreto sino por otro proceso penal; por lo que, no se ingresará al fondo de la problemática planteada; puesto que, existe en la actualidad el recurso idóneo ya presentado y que está siendo tramitado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 6 de abril de 2026, cursante a fs. 102, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 6 de julio del citado año, cursante a fs. 106; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 12/2021 de 8 de marzo, emitida por Verónica Zambrana Mier, Juan Adalit Mamani Quispecahuana y Beltrán Quispe Pucho; Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionados-, que declararon fundada la salida alternativa de procedimiento abreviado, imponiéndole la pena de siete años de reclusión a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; pena que concluirá el 8 de marzo de 2028, debiendo computarse el tiempo que fue detenido preventivamente, con costas en favor del Estado y daño civil de la víctima a ser calificados en ejecución de Sentencia en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la acusación particular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra Marco Antonio Vega del Carpio -ahora accionante-, por los delitos de peculado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes (fs. 49 a 51 vta.). II.2. Consta Resolución 293/2023 de 29 de agosto, emitida por Javier Flores Mamani Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora coaccionado-, declaró infundada la demanda incidental sobre el cómputo del tiempo de la detención domiciliaria en la ejecución de la pena planteada por el accionante (fs. 64 a 69 vta.). Asimismo, en la audiencia donde se resolvió el citado incidente, el nombrado a través de su abogada, planteó recurso de apelación incidental en contra de la referida Resolución, al considerar que no se encuentra debidamente fundamentada (fs. 70 vta.).

II.3. Mediante Cite: OFICIO 1399/2023 de 31 de agosto, emitido por la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante el cual se remitió el legajo de apelación incidental contra la Resolución 293/2023, ante los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento (fs. 71).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; puesto que, mediante Sentencia 12/2021 de 8 de marzo, fue condenado -por procedimiento abreviado- por los delitos de peculado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, a una pena privativa de libertad de siete años; sin embargo, considera que existe un error en el cómputo de la misma, contabilizándose desde la emisión de la citada Sentencia sin tomar en cuenta el tiempo de su detención preventiva y domiciliaria y a pesar de ello, se remitió obrados al Juzgado de Ejecución de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, el cual mantuvo su mandamiento de captura vigente; por lo que, planteó incidente de reconocimiento de condena mismo que fue rechazado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas

Al respecto, la SCP 0841/2025-S1 de 24 de julio, haciendo referencia a la SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, señala que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto que, de lo contrario se crearía una disfunción procesal opuesta al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional.

Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultáneamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad, en razón a que mediante Sentencia 12/2021 de 8 de marzo, fue condenado -mediante procedimiento abreviado- por los delitos de peculado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, a una pena privativa de libertad de siete años; sin embargo, considera que existe un error en el cómputo de la misma, contabilizándose desde la emisión de la citada Sentencia sin tomar en cuenta el tiempo de su detención preventiva y domiciliaria; y, a pesar de ello se remitió obrados al Juzgado de Ejecución de Sentencia, el cual mantuvo su mandamiento de captura vigente, por lo que planteó incidente de reconocimiento de condena que fue rechazado.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene la Sentencia 12/2021, emitida por los Jueces Técnicos hoy accionados, que declararon fundada la salida alternativa de procedimiento abreviado, imponiéndole la pena de siete años de reclusión a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; pena que concluirá el 8 de marzo de 2028, debiendo computarse el tiempo que fue detenido preventivamente, con costas en favor del Estado y daño civil de la víctima a ser calificados en ejecución de Sentencia en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la acusación particular de YPFB contra el accionante, por los delitos de peculado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes (Conclusión II.1.); en merito a ello, mediante Resolución 293/2023, emitida por el Juez ahora coaccionado declaró infundada la demanda incidental sobre el computo del tiempo de la detención domiciliaria en la ejecución de la pena planteada por el accionante; y, asimismo en audiencia donde se resolvió el citado incidente, el accionante a través de su Abogada, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 293/2023 (Conclusión II.2.); y finalmente mediante Cite: OFICIO 1399/2023, se remitió el legajo de apelación incidental contra la referida Resolución ante los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de la Capital del departamento de La Paz (Conclusión II.3.).

Asimismo, de acuerdo a la problemática planteada, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no procede esta acción de libertad por la aplicación excepcional del principio de subsidiariedad, cuando el que plantea una acción de libertad activa de forma simultánea un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico para la jurisdicción ordinaria, para que ambos conozcan y resuelvan las mismas irregularidades denunciadas; debido a que, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico.

En ese sentido, se tiene que emitida la Sentencia 12/2021, en contra del accionante, quien planteó incidente de cómputo del tiempo de la detención domiciliaria en ejecución de la pena, que fue declarado infundado mediante Resolución 293/2023; por ello, en la misma fecha -29 de agosto de 2023-formuló recurso de apelación incidental contra de la citada Resolución, remitiendo mediante Oficio el 31 del referido mes y año, ante el superior en grado para su conocimiento y resolución; en consecuencia, dicho Recurso de apelación se encuentra pendiente de resolución.

Consiguientemente, el referido mecanismo intraprocesal correctamente interpuesto y esta acción de libertad, denuncian que la Sentencia Condenatoria emitida contra el accionante, se encuentra con error en el cómputo del tiempo de condena de la misma; puesto que, no consideró el tiempo de su detención preventiva y domiciliaria en ejecución de la pena, coligiéndose de ello que la pretensión en ambos medios que activó el accionante a través de su representante sin mandato, es que se compute la pena desde la detención preventiva y domiciliaria con las formalidades de ley.

En ese entendido, se tiene que el accionante activó de manera simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional con el mismo objeto, cuando no es admisible activar ambas jurisdicciones, para que se pronuncien sobre el mismo hecho denunciado; puesto que, podría ocasionar alteraciones procesales ante posibles pronunciamientos contradictorios, es más el recurso de apelación incidental contra la Resolución 293/2023, planteada por el accionante en la vía ordinaria, es el medio idóneo para atender lo reclamado a través de esta acción de libertad, el cual debe ser necesariamente utilizado antes de acudir a la jurisdicción constitucional; correspondiendo, por ello, denegar la tutela solicitada. Finalmente, respecto a la existencia de otra acción de libertad con identidad de sujeto, objeto y causa, señalado en el informe de Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz -hoy coaccionado-, en el cual es preciso aclarar que revisada la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional, existe otra acción de libertad -anterior a la presente acción tutelar- que fue resuelto por SCP 0074/2026-S2 de 19 de febrero, denegando la tutela por no cumplir con el principio de subsidiariedad, con identidad parcial de sujetos; por cuanto fue interpuesta por la misma parte accionante en contra -solamente- del Juez ahora coaccionado; asimismo, la causa de la anterior acción de defensa fue diferente a la presente acción tutelar; ya que, si bien refiere al mismo proceso penal donde se emitió la Resolución 481/2017 de 14 de noviembre que modificó su detención preventiva por la aplicación de la detención domiciliaria; sin embargo, reclamó que el nombrado Juez hoy coaccionado, en el referido proceso en lugar de hacerle conocer la radicatoria de la causa directamente y como si su persona estuviera con libertad, emitió mandamiento de captura desconociendo la detención domiciliaria que venía cumpliendo en el señalado proceso; y finalmente el objeto también fue distinto; puesto que, solicitó que se deje sin efecto el citado mandamiento de captura y se proceda con notificarlo con la referida radicatoria. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 148/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 88 a 94 pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1039_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.

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