Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 21 de septiembre de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, al salario, a la seguridad social, a la vida, a la salud, a la alimentación, y los principios seguridad jurídica, legalidad, objetividad, y presunción de inocencia; por cuanto: i) En el proceso administrativo disciplinario instaurado en su contra por la comisión de la falta muy grave establecida en el art. 11 inc. m) de la RS 212414 se produjeron irregularidades; puesto que: a) El Tribunal Disciplinario fue conformado de manera irregular, ya que el art. 21 del DS 25273 faculta a la Junta Distrital para conformar el Tribunal Disciplinario solo por faltas graves, lo que no se aplica a su caso; toda vez que, conforme al art. 17 concordante con el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 64/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 248 a 250 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada únicamente respecto a los derechos de la hija del accionante a la seguridad social -a corto plazo-, a la vida, a la salud, a la alimentación y al interés superior de la niña, niño y adolescente, disponiéndose el pago retroactivo de las asignaciones familiares correspondientes a los subsidios de natalidad por única vez, y lactancia en especie hasta el 5 de septiembre de 2022, conforme se tiene explicado precedentemente y fue autorizado por la Caja Nacional de Salud a través del Formulario AVC-06 de Aviso de Alta y Bajas de Beneficiarios, emitido el 21 de septiembre de 2021, en el marco de lo previsto en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el DS 3546 de 1 de mayo de 2018 y conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional; salvo que ello ya hubiese acontecido como efecto de la protección tutelar asumida por la referida Sala Constitucional; y,
2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto, al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, al trabajo, al salario, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a los principios seguridad jurídica, legalidad, objetividad, y presunción de inocencia, así como a la solicitud del pago de daños, perjuicios, costas y costos.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1039/2023-S3 Sucre, 21 de septiembre de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 49680-2022-100-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución de 64/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 248 a 250 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Renán Mauricio Jesús Pérez Parada en representación legal de Milton Ramírez Bravo contra Guillermo Vargas Peredo, Director Departamental de Educación de Pando; Reinaldo Cuellar Guarena, Director Distrital de Educación y Presidente del Tribunal Disciplinario de Educación; Alfredo Sandoval Marino, Director de la Unidad Educativa “Las Piedras–Pedro Herrera”, ambos de Gonzalo Moreno del citado departamento; y, Robertina Beyuma Yoamona, Secretaria del referido Tribunal Disciplinario.
Por memorial presentado el 23 de junio de 2022, cursante de fs. 50 a 58; el accionante a través de su representante legal manifestó lo siguiente:
Desempeñó funciones como maestro normalista en el Sistema Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia desde abril de 2019 con el ítem 00408 dependiente del Ministerio de Educación, en el cargo de Docente de la asignatura de Educación Física y Deporte en la Unidad Educativa “Las Piedras–Pedro Herrera” del departamento de Pando. El 17 de diciembre de 2021, fue notificado con el Auto “Inicial” de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario -TAD-GM 001/2021 de la misma fecha-, por la supuesta comisión de la falta muy grave establecida en el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente Administrativo, -Resolución Suprema (RS) 212414 de 21 de abril de 1993-, prestando declaración informativa de forma voluntaria ante los miembros del Tribunal Disciplinario de Educación de Gonzalo Moreno; y posteriormente el 21 de enero de 2022, fue notificado, con la Resolución Administrativa Disciplinaria TDA GM 002/2022 de 19 de enero, por la que se le impuso la sanción de su retiro definitivo del Magisterio prevista por el art. 13 inc. c) de la referida Resolución Suprema, decisión que en instancia de apelación fue confirmada a través de la Resolución Administrativa (RA) 080/2022 de 24 de febrero, siendo notificado con la misma el 9 de marzo del mismo año. Refiere que, en el indicado proceso se produjeron muchas irregularidades; puesto que, el Tribunal Disciplinario fue conformado de manera irregular, ya que el art. 21 del Decreto Supremo (DS) 25273 -de 8 de enero de 1999- faculta a la Junta Distrital para conformar el Tribunal Disciplinario solo por faltas graves, lo que no se aplica a su caso; toda vez que, conforme al art. 17 concordante con el art. 11 de la RS 212414 son competentes para conocer en calidad de tribunal de primera instancia, los casos de denuncias de comisión de faltas o infracciones graves y “muy graves”, los tribunales disciplinarios departamentales y regionales con sede en la capital de cada departamento, precepto legal que no fue observado. Por otro lado, la RA 080/2022, pronunciada por Guillermo Vargas Peredo, Director Departamental de Educación de Pando -ahora accionado-, que confirma la sanción de su retiro definitivo del Magisterio, carece de fundamentación y de valoración de los medios de prueba, ya que sólo consisten en cartas de denuncias basadas en charlas y comentarios de la Junta Escolar; es decir, sobre meras suposiciones, con declaraciones testificales que utilizan términos como “…NO RECUERDO, SEGÚN, MAS HOMENO, ME DIJO, ESCUCHE, DICEN O DICE, ME COMENTO, ME AVISO, EL LES INDICABA(AN), VINO Y COMENTO, ME ENTERE…” (sic), las cuales no fueron probadas, expresiones que vulneran el debido proceso y la presunción de inocencia; puesto que, ninguna autoridad puede fundar su decisión en supuestos y presunciones, lo que significa que dicha Resolución no satisface la exigencia de una debida motivación y producto de ella no existe una correcta adecuación de los hechos a la referida disposición reglamentaria contrariando el principio de tipicidad. Asimismo, la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales por parte del Director Departamental de Educación de Pando se configura al confirmar la Resolución Administrativa Disciplinaria TDA GM 002/2022, y asumir el Informe D.D.E.G.M./012/2022 de 18 de febrero, presentado por Reinaldo Cuellar Guarena, Director Distrital de Educación de Gonzalo Moreno y Presidente del Tribunal Disciplinario -hoy coaccionado-, que refiere que su persona ya no es docente de la Unidad Educativa de referencia, por habérsele dado de baja a partir de “noviembre de 2021”; es decir, materializándose su desvinculación laboral conforme al señalado informe, con la sanción drástica de su retiro definitivo del Magisterio sin ninguna contemplación, no existiendo en la vía administrativa una instancia donde pueda acudir debido al vencimiento del plazo de los noventa días para la impugnación judicial a través del proceso contencioso administrativo, y “Finalmente se procede al proceso de compulsa del Ítem 00408, mismo que ostenta el Profesor Herman Choque pero que esta trabajando con matemáticas” (sic). Añade que, es progenitor de una menor de nueve meses de edad, la cual hasta la presentación de esta acción tutelar no recibió las asignaciones familiares correspondientes -prenatal, natalidad y lactancia-; asimismo, se le adeuda los sueldos desde noviembre de 2021, tampoco se le canceló el aguinaldo completo ni en duodécimas, vulnerando sus derechos como trabajador y por ende de su familia. En cuanto a Alfredo Sandoval Marino, Director de la Unidad Educativa “Las Piedras–Pedro Herrera” -ahora coaccionado-, señala que, incurre en la lesión de su derecho al debido proceso, ya que sin demostrar documentalmente y testificalmente haberle sometido a proceso administrativo interno o imputación formal o la existencia de causales de despido, emitió el Informe 013/2021 de 15 de octubre, respecto a que supuestamente hubiera abandonado sus funciones desde el 5 de octubre del 2021 hasta la fecha de la emisión de dicho informe, sin haber presentado licencia alguna, ni reemplazante, perjudicando dos semanas de clases a estudiantes del nivel secundario, adjuntando a ese efecto cuaderno de asistencia de los docentes de la indicada Unidad Educativa; sin embargo, con la boleta de pago del mes de octubre demuestra haber cumplido sus funciones los treinta días “procesados de trabajo”; por lo que, la sanción que se le impuso lesiona su derecho al trabajo, a una remuneración justa ya que no se consideró la inamovilidad laboral de la que goza. Siendo ese el motivo para el inicio del proceso administrativo disciplinario en su contra por la presunta comisión de la falta grave prevista por el art. 10 inc. h) de la RS 212414, en el que en instancia de apelación se emitió la RA 074/2022 de 21 de febrero, por la que se revocó la Resolución Administrativa Disciplinaria TDA GM 001/2022 de 5 de enero, disponiendo la anulación de obrados en aplicación del principio non bis in ídem, por haberse conocido la sanción ya impuesta por el mismo hecho en su contra, con la baja del sistema educativo con anterioridad, ocasión en la que se dispuso la declaratoria de acefalía, advirtiéndose “…falta de coordinación en el mismo infractor Lic. Sandoval, responsable de manera directa procede a mi despido mediante el INFORME N° 013/2021 de fecha 15 de octubre del 2021” (sic), sin haber recibido ninguna llamada de atención, mucho menos mediante un proceso interno con anterioridad a la emisión de dicho informe, para luego interponer denuncia ante el “TDA GM” pretendiendo sancionarlo dos veces por un mismo hecho que no ocurrió, ya que nunca abandono sus funciones de docente, pues pese a los atropellos y no dejarle ingresar a la Unidad Educativa “Las Piedras–Pedro Herrera” nunca dejó de asistir. En ese sentido, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de seguridad jurídica, a la defensa material y técnica, a la información, a la motivación y congruencia “…vinculada a la proporcionalidad, igualdad de las partes o sujetos procesales, principio de verdad material principio de progresividad, fundamentación de hecho y derecho…” (sic), al acceso a la justicia “…vinculadas a la falta de pronunciación de reclamos o agravios sobre el asunto sometido a su decisión (…) por la exigencia de ritualismos formalistas procesales, derecho a la tutela judicial efectiva, principio de seguridad jurídica…” (sic), por cuanto le iniciaron un proceso disciplinario por denuncias de cinco estudiantes, posterior a ello, desconociendo su inamovilidad laboral de la cual aún gozaba lo despidieron por un injusto informe de abandono de funciones, y por último mediante un tercer proceso en su contra en la vía penal a instancias del Ministerio Público, el cual se encuentra en etapa de investigación, causa con CUD: 901102012101200; se le pretende también sancionar a través de una investigación que hasta ese momento no demuestra absolutamente nada, vulnerándose en todas las instancias su derecho a la presunción de inocencia. Finalmente, señala que Robertina Beyuma Yoamona, Secretaria del Tribunal Disciplinario de Educación de Gonzalo Moreno, se constituyó irregularmente para llevar a cabo el referido proceso, siendo que la instancia regional o departamental es la correcta para su procesamiento.
El impetrante de tutela a través de su representante legal, considera lesionados sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, al salario, a la seguridad social, a la vida, a la salud a la alimentación, y los principios de seguridad jurídica, legalidad, objetividad, y presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 1, 8.1, 13.I, III, IV; 14.II, III y V; 15.I, 18.I y II; 45.I, II, III y V; 46.I, 48.I, II, III y VI; 49, 115, 116.II, 117.I, 119.II, 178, 180.I y II; 196 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1, 8.1 y 2; 10, 19, y 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, (CADH); y, “14.3” y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) “La nulidad del proceso disciplinario seguido en mi contra” (sic); b) La restitución al cargo de Docente de Educación Física y Deporte en la Unidad Educativa “Las Piedras–Pedro Herrera, así como el pago de los sueldos devengados y aguinaldo desde su ilegal destitución; c) La entrega y cancelación retroactiva de las asignaciones familiares de cinco meses de subsidio prenatal, el de natalidad y nueve meses de subsidio de lactancia “…conforme al salario mínimo nacional de (Bs-2.164.44), más el retroactivo por el incremento salarial gestión 2022, adeudados por la parte empleadora” (sic), todo ello en favor de su hija; y, d) El pago de daños y perjuicios con la imposición de costas y costos.
Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 243 a 247, encontrándose presentes el representante legal del peticionante de tutela, así como la parte accionada y el tercero interesado, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante por intermedio de su representante legal, ratificó in extenso los términos expuestos en el memorial de acción de amparo constitucional y ampliando en audiencia, manifestó que: 1) La normativa administrativa del Ministerio de Educación es inconstitucional, no existiendo pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional al respecto, siendo dicha norma obsoleta y llena de vacíos legales; 2) En cuanto al principio de subsidiariedad, se tiene que en el caso se encuentra de por medio una menor de edad; asimismo, habiendo transcurrido más de noventa días, ya no se le permite presentar ningún otro recurso en la vía administrativa; 3) La RA 080/2022 confirma la “resolución” del proceso disciplinario, el cual se encuentra viciado de nulidad, ya que se basa en informes ilegales, además no tiene una estructura adecuada, vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia. Conforme el art. 24 del RS 212414, se establece que recibida la denuncia se la debe remitir al Tribunal Disciplinario Departamental; empero, no se tiene la designación de ese tribunal, lo que demuestra que el -Tribunal conformado- no fue legalmente designado, no siendo competente para determinar su baja del Magisterio; 4) De acuerdo a la indicada Resolución Suprema, tratándose en su caso de faltas muy graves, el Tribunal Disciplinario debe ser conformado por maestros que además sean abogados; sin embargo, ninguno lo es; 5) Se lo suspendió del ejercicio de sus funciones de forma arbitraria a partir de “diciembre” sin la existencia de una imputación formal, razón por la cual no pudo recibir el subsidio de lactancia; dado que, no se le permitió trabajar; por lo que, no tuvo sueldo desde “octubre”, lo cual contraviene el art. 6 dela RS 212414, que determina que no pueden suspenderse las funciones del maestro hasta que se compruebe su culpabilidad; 6) No se le canceló el subsidio prenatal ni de lactancia vulnerando el art. 60 de la CPE; y, 7) Solicita se anule todo el proceso en el cual se emitió la RA 080/2022 y se le restituya al cargo que ejercía.
Guillermo Vargas Peredo, Director Departamental de Educación de Pando, a través de su abogada, conforme se establece en el acta de audiencia correspondiente a esta acción de defensa, si bien se hizo referencia a la presentación del informe escrito de dicha autoridad, el mismo no cursa en el expediente constitucional; sin embargo, consta su intervención oral través de su abogada en dicho actuado procesal, mediante el cual solicitando se deniegue la tutela señaló que: i) Mientras no exista una sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma, ésta sigue vigente y se presume su constitucionalidad; ii) De conformidad a los arts. 6, 7 y 24 de la “RM 1239/2018” ante la presunta comisión de un delito se debe remitir en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Dirección Departamental de Educación; iii) Respecto a la conformación del Tribunal Disciplinario Distrital, la misma se encuentra acorde con el DS 25273; y, iv) De acuerdo a lo previsto por los arts. 129.I de la CPE y 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad, pues no agotó los recursos previstos, reconociendo él mismo que se le habría vencido el plazo para interponer el proceso contencioso administrativo; por lo que, conforme a lo establecido por la “SCP 1333” corresponde declarar la improcedencia de esta acción de defensa, al no haberse planteado el recurso en tiempo hábil o de manera correcta, no habiéndose vulnerado ningún derecho del accionante. Reinaldo Cuellar Guarena, Director Distrital de Educación de Gonzalo Moreno, por informe escrito cursante de fs. 150 a 151, y en audiencia a través de su abogado manifestó que: a) El accionante refiere que de acuerdo a lo previsto por el art. 21 del DS 25273 solo se reconoce “…la conformación del Tribunal y no el juzgamiento…” (sic), siendo competente el Tribunal Disciplinario Departamental conforme al art. 17 de la RS 212414; sin embargo, dicha interpretación es incorrecta, ya que en el sistema educativo existen los niveles: Departamental, Distrital, Núcleos Educativos y Direcciones de Unidades Educativas; entonces, el art. 21 del DS 25273 es la norma aplicable en el Nivel de Direcciones Distritales de Educación y todas las faltas graves y muy graves que se cometan a nivel del Distrito Educativo es de competencia del Tribunal Disciplinario del Distrito Educativo, siendo el Tribunal Departamental competente para juzgar a los Directores Distritales, Jefes y Técnicos de la Dirección Departamental de Educación conforme a lo estipulado por el art. 62 de la Resolución Ministerial (RM) 062/00 de 17 de febrero de 2000; por lo que, este agravio es inexistente; b) En cuanto a que la “Resolución” -se asume la RA 080/2022- carece de fundamentación y de valoración de la prueba, señalando que las pruebas documentales y las declaraciones testificales solo son cartas, charlas, suposiciones, comentarios, entre otros; al respecto, el accionante tuvo plena participación en todo el proceso, contando a su alcance con todos los medios necesarios para ejercer su derecho a la defensa; c) En cuanto a que, a pesar que el accionante fue suspendido debido al Informe 013/2021, por abandono de funciones por más de diez días hábiles continuos, sin baja médica o algún justificativo de su inasistencia, acreditando con su boleta de pago de octubre 2021 que fue a trabajar; ello resulta completamente falso porque el prenombrado nunca justificó su inasistencia lo que constituye una falta muy grave; puesto que, el abandono de funciones por más de diez días hábiles continuos en un mes sin justificativo no amerita proceso sino la suspensión inmediata, considerando que dicha inasistencia de diecinueve días continuos perjudicó directamente a los estudiantes, lo cual se corrobora del libro de asistencia y las planillas de asistencia que adjunta, situación que fue reportada mediante el citado informe, siendo que se procedió al pago de octubre; toda vez que, el reporte se realiza al comienzo del siguiente mes; d) Con relación a que su proceso fue anulado bajo el argumento que no puede ser procesado ni condenado por el mismo hecho y que al ser dado de baja del “SEP” no correspondía aplicarse otra sanción, se aclara que son dos procesos por faltas diferentes, no se trata de un mismo proceso, siendo uno de ellos por “acoso sexual” por el cual fue imputado formalmente por el Ministerio Público y cautelado con la medida extrema de detención preventiva en el Centro Penitenciario Villa Busch del departamento de Pando; e) Respecto a que se le habría instaurado tres procesos uno con retiro definitivo del Magisterio, el otro de índole laboral por abandono de funciones y el tercero seguido por el Ministerio Público, se aclara que el accionante confunde lo aseverado, pues sobre lo alegado primero se le instauró un proceso administrativo; en tanto que sobre lo segundo, no ameritó ningún proceso, “…por el solo hecho que voluntariamente hizo abandono de funciones por 19 días continuos lo que mereció dejarlo en acefalía…” (sic); y, tercero, al ser procesado por “acoso sexual”, ello no es solo una falta administrativa, sino un delito; f) El accionante no agotó la vía contencioso administrativa que es la llamada por ley para revisar el proceso administrativo conforme dispone el art. 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, una vez resuelto el recurso jerárquico, señalando el mismo accionante que no puede acudir a esa instancia debido al vencimiento del plazo de noventa días; y, g) El proceso disciplinario instaurado contra el accionante se desarrolló en el marco de la RS 212414 sin vulnerar ningún derecho; por lo que, pide se deniegue la tutela y se condene en costas y costos por ser temeraria. Alfredo Sandoval Marino, Director de Unidad Educativa “Las Piedras–Pedro Herrera”; y, Robertina Beyuma Yoamona, Secretaria referido Tribunal Disciplinario, a pesar que se hizo constar su presencia en audiencia de consideración de esta acción de defensa, no se advierte que hubiesen participado o prestado informe en el referido acto procesal.
“Herman Choque”, Profesor de la Unidad Educativa “Las Piedras–Pedro Herrera”, no presentó memorial alguno a pesar de su notificación en audiencia suspendida de 15 de julio de 2022, cursante a fs. 85; asimismo, si bien se hizo constar su presencia en audiencia de consideración de esta acción tutelar no se advierte su intervención en la misma.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Resolución 64/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 248 a 250 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que el Director Departamental de Educación de Pando, realice las gestiones necesarias de forma inmediata a fin de hacer efectivo el pago o entrega de los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia otorgados a favor de la niña -hija del accionante-, hasta que cumpla un año de edad, conforme establece la SCP 0511/2018-S3 12 de octubre; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de la documental presentada se advierte que contra el accionante se inició dos procesos disciplinarios: uno que obtuvo la RA 074/2022, emitida por el Director Departamental de Educación de Pando que resolvió dejar sin efecto la resolución de primera instancia, y en su efecto declaró probada la demanda por la falta prevista en el art. 10 inc. h) de la RS 212414 -abandono de funciones-; y, otro que concluyó con la RA 080/2022, emitida por la referida autoridad que determinó confirmar la Resolución Administrativa Disciplinaria TAD GM 002/2022, que lo sancionó con el retiro de la institución por incurrir en la falta establecida en el art. 11 inc. m) de la RS 212414 -invitación al uso de sustancias indebidas y violencia o intimidación psíquica-; 2) El proceso que obtuvo la RA 080/2022, se inició con la denuncia presentada por los alumnos de la Unidad Educativa “Las Piedras–Pedro Herrera”, contra el hoy accionante “…por inducirles a beber cerveza…” (sic), ante lo cual el Director de dicha Unidad Educativa emitió informe, pronunciándose la Resolución TDA GM “003/202” de 19 de noviembre de 2021 que dispuso la sanción prevista en el art 13. inc. c) de la RS 212414 por falta muy grave, y una vez planteado el recurso de apelación fue revocada mediante la RA 532/2021 de 13 de diciembre, disponiéndose la anulación de obrados, actuados sobre los cuales no corresponde pronunciarse, ya que al efecto el reclamo ante esta instancia debió efectuarse dentro el plazo máximo de seis meses como establece el art. 129 de la CPE, habiendo precluido su derecho de reclamo; 3) El Tribunal Disciplinario Superior emitió una nueva resolución -se entiende producto de la anulación referida precedentemente- la Resolución Administrativa Disciplinaria TDA GM 002/2022, contra la cual el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación argumentando que: i) El Tribunal Disciplinario no estaba conformado por maestros abogados; ii) Fue suspendido de sus funciones sin que se le haya sancionado de manera anticipada; iii) No cuenta con fundamentación y existe valoración defectuosa de la prueba -refiere nombres de testigos-; y, iv) Finalmente cuestiona la RA 532/2021; 4) De la revisión de la RA 080/2022, emitida por el Director Departamental de Educación de Pando, se puede constatar que la misma dio respuesta a los cuatro puntos cuestionados, en ese sentido se tiene que: a) Lo dispuesto en el art. 17 de la RS 212414, referido a que el Tribunal Disciplinario debe estar conformado por profesores y abogados es aplicable para los Tribunales Departamentales y Nacionales, no así para Tribunales Distritales; siendo que el Tribunal Disciplinario Distrital está conformado acorde a lo dispuesto por el art. 21.1 del DS 25273; b) En cuanto a que no puede ser suspendido mientras no se demuestre su culpabilidad, la parte accionada refiere que las medidas cautelares previstas en el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública -DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992-, modificado por el DS 29820 -de 26 de noviembre de 2008- permiten dicha suspensión antes de la culminación del proceso disciplinario; concluyendo la Sala Constitucional que es pertinente -su aplicación- a fin de precautelar el interés superior de los menores de edad y evitar la revictimización de los mismos; c) Respecto a la falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba con relación a la prueba testifical de cargo y descargo, si bien se refiere que los declarantes padres de familia no tienen conocimiento de primera mano -de los hechos denunciados- “…es porque no fue con ellos a quienes invito cerveza, sino a una alumna, por otro lado, que a algunas de sus hijas no les haya invitado ello no significa que no le haya invitado a la adolescente víctima…” (sic); por lo que, la Sala Constitucional considera que correspondía al accionante desvirtuar el hecho, no simplemente cuestionar a los testigos; consiguientemente, la valoración probatoria realizada por los accionados se encuentra dentro de los márgenes de razonabilidad; y, d) En cuanto a que la Resolución 532/2021 arbitrariamente habría anulado obrados y dispuesto el reenvío del proceso para su nueva tramitación, considerando el accionante que no se debió anular obrados, pues según lo dispuesto por el art. 26 de la RS 212414 el Tribunal de apelación debe confirmar o revocar el fallo; al respecto, el Tribunal Disciplinario de segunda instancia señaló que “…velando por el debido proceso fallo de esa manera…” (sic); dicho reclamo resulta extemporáneo, ya que al ser una resolución definitiva pudo ser impugnada en la instancia constitucional dentro de los seis meses; por lo que, no puede ingresarse a analizar el fondo de esa denuncia. De lo que se concluye que la Resolución objeto de cuestionamiento, fue emitida con la debida fundamentación y respondió a los cuatro puntos de agravio, explicando la razón de su decisión de forma clara y concreta; 5) Sobre la protección de los maestros contra el despido arbitrario e injustificado, si bien los maestros gozan del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y la inamovilidad laboral cuando tienen hijos menores de un año, ello procede en tanto no incurran en acciones que le hagan pasible a un procesamiento; es decir, cuando no existen causas legales que justifiquen el despido, en el presente caso la suspensión se debió a una medida precautoria dentro de un proceso administrativo disciplinario; por lo que, no se advierte vulneración a dichos derechos; 6) Con referencia a los sueldos devengados, corresponde su dilucidación en la instancia ordinaria, la cual cuenta con términos probatorios a fin de constatar si corresponde o no el pago de dichos sueldos; y, 7) Con relación al derecho a la seguridad social, dentro las prestaciones del régimen de asignaciones familiares están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como del menor de un año de edad, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado como establece el art. 60 de la CPE; por lo que, del certificado de nacimiento adjunto se evidencia que el accionante tiene una hija menor de un año, quien no puede quedar desprotegida, pese a que no exista vinculación laboral entre su progenitor y la institución; consecuentemente, corresponde conceder en parte la tutela solicitada, ordenando a la parte accionada efectuar las gestiones necesarias a fin de hacer efectivo el pago o entrega de los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia en favor de la niña hija del accionante hasta que cumpla un año de edad; en consecuencia, no puede alegarse falta de motivación o errónea aplicación de la norma en la RA 080/2022. En vía de complementación y enmienda, el Director Departamental de Educación accionado a través de su abogada, solicitó pronunciarse con relación al Informe “042 de 15 de julio” (sic), que refiere que se tiene el pago completo del beneficio de lactancia, en respuesta la Sala Constitucional precisó que se concedió la tutela en parte disponiendo el pago de los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia en favor de la menor si ya se efectuó dicho pago se deberá remitir informe de cumplimiento a esa Sala. Asimismo, el accionante a través de su representante legal, solicitó a la Sala Constitucional aclarar por qué no dieron lugar -se entiende a su reclamo-, y ratificaron la RA 080/2022, sin indicar de qué manera se conformó el Tribunal Disciplinario de Educación de Gonzalo Moreno. En virtud a esa solicitud, la merituada Sala Constitucional, precisó que si bien conforme a la RS 212414 el Tribunal Disciplinario debe estar conformado por profesores y abogados; sin embargo, esa disposición solo es aplicable a los Tribunales Departamentales y Nacionales, más no a los Distritales, en consecuencia se observó lo dispuesto por el art. 21.1 del DS 25273, no correspondiendo la aplicación del art. 17 de la citada Resolución Suprema. De igual manera en vía de enmienda y complementación, el Director Departamental de Educación accionado mediante memorial cursante de fs. 276 a 277, señaló que conforme la determinación asumida por la Resolución 64/2022, se ordenó la cancelación de los subsidios correspondientes en favor de la hija del accionante; sin embargo, de los registros de la Dirección Distrital de Educación “Gonzalo Moreno” se advierte que el prenombrado no realizó la solicitud del subsidio prenatal dentro el plazo establecido por la RM 1676, habiendo nacido la referida menor el 5 de septiembre de 2021, incumpliendo su deber de afiliar a la recién nacida para acceder a las asignaciones familiares, presentando el Formulario AVC-06 el 5 de noviembre del citado año, el cual corresponde únicamente al beneficio del subsidio de natalidad y no el de lactancia, menos el prenatal, por haber presentado recién en noviembre de 2021 la documentación correspondiente, considerando que los mismos se realizan de manera directa de la distribuidora a los beneficiarios previo cumplimiento de requisitos, entre ellos que la trabajadora, esposa o cónyuge presente la boleta de subsidio y/o planilla de su institución además de su cédula de identidad original y copia, previo informe de la unidad correspondiente de la “DDEP”; por lo que, pide se deniegue la tutela respecto a los subsidios prenatal y de lactancia, habiéndosele cancelado el subsidio de natalidad. Por Auto de 12 de “enero” de 2022 cursante a fs. 278 y vta., la Sala Constitucional, señaló que no corresponde dar curso a la aclaración, enmienda y complementación solicitada por la autoridad accionada, tomando en cuenta que la acción de amparo constitucional tiene por objeto proteger los derechos y garantías fundamentales de sustento constitucional directo, con carácter residual o subsidiario e integra la denominada tutela judicial de urgencia, como el reclamo del régimen de asignaciones familiares de los subsidios, si bien la autoridad accionada alega que el accionante no cumplió con las condiciones dentro de los plazos legales para acceder a los derechos que reclama, que tienen que ver con los derechos a la seguridad social, a la salud y a la vida de la menor de edad; sin embargo, velando por el interés superior de la hija del accionante, se protegió sus derechos, pues goza de protección especial y constitucional conforme establece el art. 60 de la CPE.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Consta certificado de nacimiento correspondiente a la menor AA, con fecha de nacimiento 5 de septiembre de 2021, siendo sus padres Milton Ramírez Bravo -ahora accionante- y Silvia Eugenia Nishihara García (fs. 272). Así también cursa Formulario AVC-06 de Aviso de Alta y Bajas de Beneficiarios, emitido el 21 de septiembre de 2021, por el Departamento de Afiliación de la Caja Nacional de Salud (CNS), en el cual se autorizó la entrega de las asignaciones familiares correspondientes a los subsidios de natalidad por única vez, y lactancia en especie hasta el 5 de septiembre de 2022 (fs. 271). II.2. Con base en el Informe 009/2021 de 26 de septiembre, emitido por Alfredo Sandoval Marino, Director de la Unidad Educativa “Las Piedras–Pedro Herrera” -hoy coaccionado-, respecto a la denuncia presentada por los estudiantes de dicha Unidad Educativa, remitido ante el Director Distrital de Educación de Gonzalo Moreno ambos del departamento de Pando, mediante Acta 001/2021 de 30 de septiembre, se admitió la denuncia contra el ahora impetrante de tutela, por la supuesta comisión de la falta muy grave descrita en el art. 11 inc. m) de la RS 212414 (fs. 20). Proceso en el cual por RA 532/2021 de 13 de diciembre, Guillermo Vargas Peredo, Director Departamental de Educación de Pando -hoy accionado-, resolvió revocar la Resolución Administrativa Disciplinaria TAD GM 003/2021 de 19 de noviembre, pronunciada por el Tribunal Disciplinario de Educación de Gonzalo Moreno de ese departamento, que dispuso su retiro definitivo del Magisterio; determinando en consecuencia la anulación de obrados hasta el auto de apertura de proceso, debiendo el referido Tribunal aperturar nuevamente el proceso contra el sumariado (fs. 27 a 30).
II.2.1. En cumplimiento a la RA 532/2021 descrita ut supra, Reinaldo Cuellar Guarena, Director Distrital de Educación de Gonzalo Moreno y Presidente, Gustavo Salinas Sánchez, Fiscal Promotor; y, Robertina Beyuma Yoamona, Secretaria Actuaria, todos del Tribunal Disciplinario de Educación de la referida localidad -el primero y la última nombrados hoy coaccionados-, emitieron el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario TAD-GM 001/2021 de 17 de diciembre, contra el impetrante de tutela, por la probable comisión de la falta muy grave prevista en el art. 11 inc. m) ‘“Invitación al uso de substancias indebidas y violencia o intimidación psíquica”’ (sic) de la RS 212414, fijando el término de prueba de veinte días, para la presentación de pruebas de cargo y descargo y señalamiento de audiencia de recepción de declaración informativa para el 27 del referido mes y año, actuado procesal con el cual se notificó al impetrante de tutela el 21 de enero de 2022 (fs. 32 a 34). Asimismo, se tiene que por Auto de Complementación a la Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario TAD-GM de 20 de diciembre de 2021, se dispuso la aplicación de medidas precautorias de suspensión con goce de haberes al accionante hasta la conclusión del proceso en cuestión (fs. 36).
II.2.2. Cursa Resolución Administrativa Disciplinaria TDA GM 002/2022 de 19 de enero, emitida por el Tribunal Disciplinario de Educación de Gonzalo Moreno, por la cual se declaró probada la denuncia interpuesta contra el peticionante de tutela por la falta muy grave prevista por el art. 11 inc. m) de la RS 212414 imponiéndole la sanción del retiro definitivo del ejercicio del Magisterio, establecida por el art. 13 inc. c) de dicha Resolución Suprema (fs. 35 a 40).
II.2.3. Consta memorial presentado el 26 de enero de 2022, por el cual el accionante interpuso recurso de apelación contra la Resolución Administrativa Disciplinaria TDA GM 002/2022 (fs. 41 a 42 vta.), que mereció la RA 080/2022 de 24 de febrero, emitida por el Director Departamental de Educación ahora accionado, que resolvió confirmar la Resolución impugnada (fs. 43 a 46). II.3. Por Informe 013/2021 de 15 de octubre, el Director de la Unidad Educativa
“Las Piedras–Pedro Herrera”, informó a Reynaldo Cuellar Guarena, Director Distrital de Educación de Gonzalo Moreno -ambos ahora coaccionados-, el abandono de funciones del accionante, debido a que no se constituyó en su fuente laboral desde el 5 de octubre de 2021 “hasta esa fecha”, tampoco presentó licencia alguna ni reemplazante, desconociendo los motivos de su ausencia, adjuntando el cuaderno de registro de asistencia de dicha Unidad Educativa (fs. 102 a 127).
II.3.1. Consta RA 074/2022 de 21 de febrero, pronunciada por el Director Departamental de Educación ahora accionado, de la que se establece que: 1) Con base al informe descrito, mediante Auto de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario 002/2021 “sin fecha” se admitió la denuncia por la presunta contravención de la falta grave establecida por el art. 10 inc. h) de la RS 212414, disponiéndose la medida precautoria de suspensión de sus funciones sin goce de haberes, determinándose mediante Resolución Administrativa Disciplinaria TDA GM 004/2021 de 7 de diciembre, la ampliación de la etapa probatoria por diez días hábiles; 2) Por RA TDA GM 001/2022 de 5 de enero, se declaró probada la denuncia contra el accionante, por la falta grave prevista por el art. 10 inc. h) de la RS 212414 ‘“El abandono del lugar de las funciones hasta cinco días en escuelas urbanas o siete días en lugares alejados, sin licencia ni autorización”’ (sic), imponiéndole la sanción prevista por el art. 13 inc. b) de la norma citada ‘“suspensión de sus funciones sin goce de haberes por 60 días”’ (sic); 3) Resolviendo el recurso de apelación formulado por el impetrante de tutela el Director Departamental de Educación ahora accionado, determinó revocar la Resolución Administrativa Disciplinaria TDA GM 001/2022, disponiendo en consecuencia la anulación de obrados hasta el Auto de Apertura del proceso, fundamentando que: “Esta instancia ha tomado conocimiento de la situación laboral del Prof. Milton Ramírez Bravo con la institución, por el informe D.D.E.G.M/ N° 012/2022 de 18 de febrero, presentado por el Director Distrital de Educación de Gonzalo Moreno, refiere que presentó informe N° D.D.E.G.M/N° 034/2021 del 5 de noviembre de 2021 dirigido a la Lic. Eliana Domínguez Castro Directora Departamental de Educación de Pando a.i sobre el reporte de abandono de funciones del Prof. Milton Ramírez Bravo, que reporta 19 días de falta del mes de octubre 2021, verificado por el FORM: DGP – PLA – 04, noviembre 2021 se observa baja del sistema del Ministerio de Educación, que procedió en base al informe N° 013/2021 de 15 de octubre de 2021 emitido por el Lic. Alfredo Sandoval Marino – Director de la Unidad Educativa Las Piedras –Pedro Herrera, que informa sobre el abandono de funciones del Prof. Milton Ramírez Bravo; así también refiere el Lic. Reinaldo Cuellar Guarena DIRECTOR DISTRITAL DE GONZALO MORENO, dio a conocer CITE. D.D.E.G.M. N° 58/2021 de fecha 05 de noviembre de 2021, a Jefatura de Asuntos Administrativos de la D.D.E.P., referente a asignación familiar, descuentos y acefalía del mes de noviembre del 2021 del que se puede apreciar la solicitud de declaratoria de acefalía del ítem 00408 que ostentaba el Prof. Milton Ramírez Bravo, el mismo que se encuentra dado baja del sistema del Ministerio de Educación” (sic); debiendo el Tribunal Disciplinario reconducir su proceder conforme a los fundamentos expuestos, “…al tener conocimiento de la sanción ya impuesta por el mismo hecho en contra del Prof. Milton Ramírez Bravo, por lo que al haber sido dado de baja con anterioridad al presente proceso, ya ha sido sancionado por abandono de sus funciones por 19 días, que mereció la declaratoria acefalía y dado de baja del sistema educativo del sumariado, no corresponde aplicar otra sanción por el mismo hecho…” (sic [fs. 15 a 18]). II.4. Consta Imputación Formal de 14 de febrero de 2022, emitida por Alexander Andrés Vidal Salazar, Fiscal de Materia, contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente previsto y sancionado por el art. 318 del Código Penal (CP [fs. 132 a 138]); asimismo, cursa Auto Interlocutorio de Detención Preventiva 01/2022 de 23 de febrero, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Rico del departamento de Pando -en suplencia legal-, por el cual se dispuso la detención preventiva del ahora accionante en el Centro Penitenciario de Villa Busch de ese departamento por el plazo de treinta días señalándose audiencia para la consideración de su situación jurídica para el 24 de marzo de 2022, la cual fue objeto de apelación en dicho acto procesal (139 a 148).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, al salario, a la seguridad social, a la vida, a la salud, a la alimentación, y los principios seguridad jurídica, legalidad, objetividad, y presunción de inocencia; por cuanto: i) En el proceso administrativo disciplinario instaurado en su contra por la comisión de la falta muy grave establecida en el art. 11 inc. m) de la RS 212414 se produjeron irregularidades; puesto que: a) El Tribunal Disciplinario fue conformado de manera irregular, ya que el art. 21 del DS 25273 faculta a la Junta Distrital para conformar el Tribunal Disciplinario solo por faltas graves, lo que no se aplica a su caso; toda vez que, conforme al art. 17 concordante con el art. 11 de la citada Resolución Suprema son competentes para conocer en calidad de tribunal de primera instancia, los casos de denuncias de comisión de faltas o infracciones graves y “muy graves”, los tribunales disciplinarios departamentales y regionales con sede en la capital de cada departamento; b) La RA 080/2022 emitida por el Director Departamental de Educación de Pando ahora accionado, carece de fundamentación y de valoración de los medios de prueba, los cuales sólo consisten en cartas de denuncias basadas en charlas y comentarios de la Junta Escolar; es decir, sobre meras suposiciones, con declaraciones testificales como “…NO RECUERDO, SEGÚN, MAS HOMENO, ME DIJO, ESCUCHE, DICEN O DICE, ME COMENTO, ME AVISO, EL LES INDICABA(AN), VINO Y COMENTO, ME ENTERE…” (sic), que no fueron probadas y expresiones que vulneran el debido proceso y a la presunción de inocencia, lo que significa que dicha Resolución no satisface la exigencia de una debida motivación y producto de ella no existe una correcta adecuación de los hechos a la referida disposición reglamentaria contrariando el principio de tipicidad; y, c) Es progenitor de una menor de nueve meses de edad, la cual no recibió las asignaciones familiares correspondientes -prenatal, natalidad y lactancia-, además se le adeuda sus sueldos desde noviembre de 2021, tampoco se le canceló el aguinaldo completo ni en duodécimas, vulnerando sus derechos como trabajador y por ende de su familia; ii) Con base al Informe 013/2021, emitido por el Director de la Unidad Educativa “Alfredo Sandoval-Pedro Herrera”, se le inicio un segundo proceso administrativo disciplinario por la falta grave prevista por el art. 10 inc. h) de la aludida Resolución Suprema, por haber presuntamente abandonado sus funciones sin presentar licencia alguna, ni reemplazante; sin embargo, por RA 074/2022 se dispuso la anulación de obrados en aplicación del principio non bis in ídem, por haberse conocido la sanción ya impuesta por el mismo hecho en su contra, habiéndosele dado de baja del sistema educativo con anterioridad, ocasión en la que se dispuso la declaratoria de acefalía; procediendo el referido Director a despedirlo sin haber recibido ninguna llamada de atención, mucho menos mediante un proceso interno con anterioridad a la emisión del informe señalado, desconociendo la inamovilidad laboral -referida precedentemente- de la cual gozaba; y, iii) En la vía penal, también se pretende sancionarlo mediante una investigación que hasta ese momento no demostró absolutamente nada, vulnerándose en todas las instancias la presunción de inocencia. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a este tópico de connotación procesal constitucional, de autorrestricción respecto a la labor de la legalidad ordinaria, mediante la SCP 0158/2018-S1 de 25 de abril, que asumió a su vez los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional al respecto, se sostuvo lo siguiente: «En los casos en que se impugne una resolución judicial o administrativa cuya fundamentación o congruencia se cuestione por una errónea aplicación de la ley y/o una supuesta defectuosa valoración de la prueba, el Tribunal Constitucional, ha desarrollado jurisprudencia estableciendo que la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de analizar el fallo, en caso de no cumplir con ciertos elementos, salvo que exista una lesión evidente en los derechos y garantías constitucionales, circunstancia en la cual esta instancia, en grado de revisión, puede ingresar al análisis, sin necesidad de mayores exigencias. Así lo ha desarrollado la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, que, efectuando una unificación de la jurisprudencia y las autorestricciones con relación a la falta de fundamentación, motivación y congruencia vinculada a la interpretación de legalidad ordinaria, estableció que: “…la justicia constitucional ha establecido la doctrina de las autorestricciones (self restrictions), respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria y de la valoración de la prueba, disponiendo a la luz de los principios de independencia judicial y autonomía decisoria así como de los principios de verdad material e inmediación, que la jurisdicción constitucional se halla impedida de revisar la labor interpretativa efectuada por autoridades de la jurisdicción ordinaria; así como también se encuentra cohibida de valorar los elementos probatorios que fueron expuestos durante el litigio y que merecieron pronunciamiento previo durante el juzgamiento”. Más adelante, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la legalidad ordinaria, sostuvo que: “De acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la justicia constitucional únicamente podrá revisar la interpretación de la legalidad realizada por la jurisdicción ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales: i) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, ii) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha interpretación; y, iii) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional” Así también, sobre la valoración de la prueba, estableció: “Asimismo, la jurisdicción constitucional se abrirá a la revisión de la labor valorativa de la prueba únicamente cuando el accionante especifique: a) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; b) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…); y, c) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final”. Con relación a la fundamentación, motivación y congruencia, vinculadas a la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, precisó que: “En base a lo previamente expuesto, queda establecido que, en la medida en la que quien demanda tutela constitucional, cumpla con los requisitos o presupuestos establecidos por la jurisprudencia señalada en el acápite anterior, la jurisdicción constitucional podrá excepcionalmente verificar si el juzgador ordinario incurrió en lesión a derechos y garantías constitucionales al haberse apartado de los marcos de objetividad, razonabilidad y equidad al momento de interpretar la ley o valorar la prueba puesta a su conocimiento. Ahora bien, resulta preciso conjugar este entendimiento con el contenido del Fundamento Jurídico precedente, en el cual luego de analizar la reiterada jurisprudencia, arribamos al convencimiento de que el derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales (como administrativas), constituido en elemento esencial del debido proceso, se traduce en la obligación del juzgador de pronunciar resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas que le permitan a partir del análisis de los elementos fácticos del proceso, efectuar la aplicación de la ley, exponiendo con claridad y precisión los motivos o razones que lo guiaron a asumir determinada decisión (…). En este sentido y en coherencia con lo precedentemente manifestado, no es posible exigir a esta jurisdicción un expreso pronunciamiento respecto a una supuesta falta de motivación, fundamentación y congruencia de un fallo judicial o administrativo, cuando la resolución que se cuestiona como lesiva de derechos y garantías constitucionales, deviene de una supuesta errónea interpretación de la legalidad ordinaria y/o una defectuosa valoración de la prueba, en la que no se ha cumplido con las reglas establecidas mediante la doctrina de las autorestricciones; (…) por cuanto resulta ilógico que, ante el incumplimiento de los presupuestos exigidos para la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba, este tribunal no pueda emitir criterio alguno y que, sin embargo, aún así, debe pronunciarse respecto a la fundamentación del fallo cuyo contenido versa sobre la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba, denunciados ante la instancia tutelar. En este sentido, complementando la doctrina de las autorestricciones de la jurisdicción constitucional, se establece que en los casos en los cuales se impugnen resoluciones judiciales o administrativas denunciando falta de fundamentación, motivación y congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria o defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional se verá impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los presupuestos exigidos por la doctrina de las autorestricciones para que esta instancia revise la labor de la justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emane una decisión, cuya fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente”. En síntesis, no podrá exigirse ante la jurisdicción constitucional, pronunciamiento explícito, respecto a la supuesta falta de fundamentación, motivación y congruencia de un fallo judicial o administrativo, en los casos en que se alegue lesión de derechos y garantías, como emergencia de una supuesta errónea interpretación de la legalidad ordinaria y/o una defectuosa valoración de la prueba, cuando no se hayan cumplido las reglas establecidas por la doctrina de las autorestricciones, a las que se hizo referencia precedentemente; empero, cuando la lesión de derechos fundamentales sea manifiestamente evidente y contengan un alto grado de gravedad, el Tribunal Constitucional, en grado de revisión, podrá ingresar al análisis de la legalidad ordinaria e incluso a la valoración de la prueba y fundamentación, haciendo abstracción de las exigencias establecidas por la jurisprudencia» (las negrillas son nuestras). Precisando los referidos entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional respecto a las autorestricciones, la SCP 0319/2020-S3 de 22 de julio, remitiéndose a la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, sostuvo a su vez: «“De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.
De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales”» (las negrillas nos corresponden).
Al respecto, la SCP 0532/2016-S3 de 9 de mayo, citando a la SCP 0076/2012 de 12 de abril, estableció que: “…se hace referencia a la especial protección de la que gozan las mujeres embarazadas y madres trabajadoras de un niño menor de un año -inamovilidad laboral-, resguardo que en el marco del nuevo texto constitucional se hace extensivo a los progenitores (art. 48.VI) hasta que el niño o niña cumpla un año de edad. Tratándose de un grupo de la población de atención prioritaria y según se explicó merece un tratamiento especial por la naturaleza de los derechos que protege respecto de la madre al trabajo y sobre todo del recién nacido a la vida, a la salud que se concretan en la seguridad social como derecho que hace posible la materialización de ambos. El DS 0012, reglamentario de las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y progenitores que trabajen en el sector público o privado, establece en el art. 5.I, la vigencia de este beneficio, al señalar que: ‘No gozarán del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral…
Lo precedente se explica en sentido, que si bien, el constituyente dispuso la especial protección a este grupo de atención diferente, no puede entenderse como un marco de impunidad, que implique que los actos u omisiones en que incurra en perjuicio de la institución o entidad en la cual preste servicios sea afectada en sus fines o intereses específicos. En consecuencia, la finalidad de la citada disposición legal es lograr un equilibrio entre la especial protección a las mujeres en estado de gestación y progenitores de un niño o niña menor de un año de edad y el empleador, sea del sector público o privado, a efectos de efectivizar también los valores de igualdad y justicia como rectores de la administración de justicia. En ese sentido, disuelta la relación laboral en debido proceso, conforme se explicó, no puede significar el desconocimiento de los derechos fundamentales del recién nacido o niño (a) menor de un año, porque el Estado tiene el deber de garantizar el interés superior del niño, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados (art. 60 de la CPE). Teniendo presente que se trata de una persona -menor de edad- que de conformidad al art. 58 de la Ley Fundamental, es titular de derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado; por cuanto, corresponde resguardar la efectiva protección de sus derechos a la vida, salud y la seguridad social (arts. 15, 18 y 35 de la CPE), los cuales no pueden ser desconocidos como emergencia de la disolución de la relación laboral; al respecto conviene recordar que el art. 2 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), dispone que se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción, a su vez el art. 1 del CC con relación al comienzo de la personalidad, establece que el nacimiento señala el comienzo de la personalidad y que al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y para ser tenido como persona. En ese contexto, la previsión constitucional contenida en la parte final del art. 48.VI de la CPE, debe ser interpretada en función al criterio teleológico y al principio de eficacia máxima de los derechos fundamentales. La finalidad del citado precepto constitucional, es de tutelar los derechos al trabajo de la madre y del progenitor hasta que el niño(a) cumpla un año de edad y a su vez los derechos del ser en gestación y del recién nacido como la vida y la salud; empero, si por alguna razón quedara disuelto el vínculo laboral conforme se explicó, corresponde que los derechos del niño o niña sean resguardados, en el entendido que se trata de derechos cuya tutela no puede estar supeditada a formalismos como sería el caso, que ante la inexistencia de un vínculo laboral no sea posible la otorgación de las prestaciones previstas en el régimen de asistencia familiar.
Consecuentemente, disuelto el vínculo laboral y teniendo presente que el empleador del sector público o privado se encuentra compelido u obligado a continuar con la prestación de subsidios al ser en gestación o, al niño o niña hasta que cumpla un año de edad; lo que significa, la atención obstétrica a la madre durante el embarazo, el parto y el puerperio hasta que el recién nacido cumpla un año de edad; y, la prestación de los subsidios; prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional a partir del quinto mes de embarazo y fenece el último día del mes que nace el niño (a); y de lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos equivalentes a un salario mínimo nacional, hasta que el niño (a) cumpla un año de edad. Prestaciones, que –reiterando deberán ser cubiertas por el empleador aún cuando ya no exista la relación laboral emergente de un despido determinado en debido proceso” (entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1078/2012, 0205/2013-L, 0755/2013, 0673/2013-L, 0753/2013-L, 1563/2014 y 1763/2014, entre otras). En ese sentido, la Sentencia Constitucional Plurinacional precedentemente citada, modulando el entendimiento de la SC 1749/2003-R de 1 de diciembre, concluyó que: «Bajo el razonamiento que la inamovilidad laboral de la mujer trabajadora, embarazada o madre de un niño menor de un año de edad, en instituciones públicas o privadas importa también el resguardo de los derecho a la vida, la salud y seguridad social del nuevo ser, entendidos ambos como un binomio -madre e hijo-, cuya protección se encuentra bajo responsabilidad del Estado, la SC 1749/2003-R de 1 de diciembre, recogiendo el precepto contenido en el art. 193 de la Constitución Política del Estado Abrogada (CPEabrg) y el artículo primero de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988; así como el razonamiento de la SC 505-R de 24 de mayo, estableció: “Por otra parte, está demostrado que en el momento de producirse la destitución, la agraviada era madre de un menor que aún no había cumplido un año de edad, por lo que de no brindarse la protección solicitada, aquel despido causaría efectos irreparables, no sólo a la recurrente, sino principalmente al mencionado menor, en cuyo mérito es preciso prescindir de la subsidiariedad que caracteriza al amparo; teniendo en cuenta que en situaciones análogas, este Tribunal en invariable jurisprudencia ha concedido la tutela que brinda el amparo constitucional así la SC 505/2000-R ‘... por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y del menor recién nacido, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley’, y por lo mismo gozan de protección inmediata, en función a lo dispuesto por el art. 193 CPE, en cuyo mérito el matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del Estado, precepto constitucional que guarda estrecha coherencia con el art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que señala: ‘Toda mujer en periodo de gestación hasta un año del nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas y privadas’. En ese contexto jurisprudencial se han dictado entre otras las SSCC 447/2000-R, 849/2000-R, 807/2001-R, 483/2002-R, 054/2003-R, 068/2003-R, 238/2003-R y 246/2003-R”. (…) sin embargo, es necesario considerar que si dentro de ese proceso interno, se determinó responsabilidad administrativa y se impuso como sanción la destitución, puede ocurrir que, como en el caso que se analiza, la servidora pública procesada y sancionada sea madre de un hijo menor a un año de edad, situación que hace que esté protegida circunstancialmente, por la Ley 975. Considerando la situación de la recurrente y el menor, dentro del ámbito de protección establecido por el art. 193 CPE y los fundamentos expuestos, no invalidan ni constituyen causal para dejar sin efecto la sanción impuesta por la autoridad competente, sin embargo impone la postergación, su ejecución y sus efectos hasta que el hijo cumpla un año de edad y desaparezca la protección que le brinda el art. 1 de la citada Ley 975, pudiendo entonces ejecutarse la resolución de sanción contra la ahora recurrente” (…). A partir, de la citada Sentencia Constitucional, los pronunciamientos de ése Tribunal fueron uniformes al mantener dicho razonamiento (SSCC 1650/2010-R y 0764/2011-R entre otras), en el entendido que se trata de un sector de atención diferente, que goza de especial protección. El actual texto constitucional, prevé la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad -art. 48.VI-, mandato reglamentado por el art. 5 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, que prescribe en su primer parágrafo los casos en los cuales no podrá aplicarse el beneficio de la estabilidad laboral, según se explicó en el Fundamento Jurídico precedente. Consecuentemente, de incurrir la mujer embarazada y/o progenitor de un niño(a) menor de un año de edad, en causales de conclusión o extinción de la relación laboral atribuibles a su persona, determinadas en previo proceso conforme a los procedimientos previstos para el sector público o privado, no resulta aplicable el beneficio de inamovilidad laboral…» (las negrillas son nuestras).
Esta figura procesal de connotación constitucional, ha sido desarrollada ampliamente por la jurisprudencia constitucional, estableciendo los presupuestos de su activación, así la SCP 0242/2018-S1 de 12 de junio, determinó lo siguiente: «Sobre el objeto procesal de una acción tutelar, vinculado a la relevancia del presunto acto lesivo denunciado, la SCP 0724/2015-S3 de 1 de julio, sostuvo que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0995/2004-R de 29 de junio, estableció que: ‘…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados’.
Por su parte, la SCP 2542/2012 de 21 de diciembre, señaló que: ‘…es posible concluir que el error o defecto procesal será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión final adoptada, ya sea en un proceso judicial o un proceso administrativo interno, esto en razón de que no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen los posibles defectos procedimentales, si es que finalmente se llegará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales”».
Consideraciones previas Antes de considerar o no las denuncias realizadas por el accionante a través de la presente acción de tutela, resulta necesario establecer que en cuanto al principio de subsidiariedad, no corresponde atender lo expresado por la parte accionada respecto a la aplicación de este principio en la creencia de que previamente el accionante debió agotar la vía contencioso administrativa, pues en el caso en análisis que deviene de la acción disciplinaria instaurada contra el prenombrado, conforme dispone el art. 31 del DS 23968 24 de febrero de 1995, respecto a las sanciones y retiro de la carrera docente se establece que: “Producido el fallo, será elevado en revisión al Director Departamental con cuyo pronunciamiento concluye el proceso por la vía administrativa”; por lo que, al haberse agotado la vía administrativa con la emisión de la RA 080/2022 de 24 de febrero, ahora impugnada, se tiene por cumplido el mencionado principio.
Asimismo, en cuanto al principio de inmediatez que rige a esta acción de amparo constitucional, que establece que la misma debe ser interpuesta en un plazo prudente y razonable, determinándose al efecto un máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; en el presente caso, teniéndose la RA 080/2022 como la última determinación asumida en instancia administrativa, emitida el 24 de febrero de 2022, si bien no consta la correspondiente diligencia de notificación -manifestando el accionante que fue notificado con la misma el 9 de marzo de 2022-; sin embargo, tomando en cuenta las referidas fechas, y la data de interposición de esta acción tutelar el 23 de junio de 2022, se establece que fue presentada dentro del plazo dispuesto por ley. Del caso concreto
Ahora bien, a efecto de abordar la problemática presentada por el accionante, es preciso hacer alusión a los antecedentes del caso; así, conforme se advirtió en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dentro del proceso administrativo disciplinario seguido contra el ahora accionante por la probable comisión de la falta muy grave prevista en el art. 11 inc. m) ‘“Invitación al uso de substancias indebidas y violencia o intimidación psíquica”’ (sic) de la RS 212414, en cumplimiento a la RA 532/2021 de 13 de diciembre, emitida por Guillermo Vargas Peredo, Director Departamental de Educación de Pando -ahora accionado- que dispuso la anulación de obrados; se pronunció el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario TAD-GM 001/2021 de 17 de diciembre, por el que Tribunal Disciplinario de Educación de Gonzalo Moreno del aludido departamento, inició proceso disciplinario contra el peticionante de tutela, en su calidad de Docente de la asignatura de Educación Física y Deporte en la Unidad Educativa “Las Piedras–Pedro Herrera” del mencionado departamento, disponiéndose mediante Auto de Complementación a la Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario TAD-GM de 20 de diciembre de 2021, la aplicación de medidas precautorias de suspensión con goce de haberes al prenombrado hasta la conclusión del proceso en cuestión (Conclusión II.2.1). Sustanciado el referido proceso, mereció la Resolución Administrativa Disciplinaria TDA GM 002/2022 de 19 de enero, por la que el Tribunal Disciplinario de Educación de Gonzalo Moreno, declaró probada la denuncia interpuesta contra el peticionante de tutela por falta muy grave prevista por el art. 11 inc. m) de la RS 212414, imponiéndole la sanción de retiro definitivo del ejercicio del Magisterio prevista por el art. 13 inc. c) de la citada Resolución Suprema (Conclusión II.2.2). Decisión que en grado de revisión mereció la RA 080/2022, emitida por el referido Director Departamental de Educación -ahora accionado-, que resolvió confirmar la Resolución impugnada (Conclusión II.2.3).
A partir de los antecedentes referidos precedentemente y determinados los actos lesivos en la suma del acápite de Fundamentos Jurídicos, por los cuales el ahora accionante demanda tutela, corresponde ingresar al análisis según sea pertinente de cada una de las problemáticas constitucionales identificadas, en ese sentido se tiene que:
Respecto a la problemática identificada en el punto i) del objeto procesal
1) El accionante denuncia que en el proceso administrativo disciplinario instaurado en su contra por la comisión de la falta muy grave establecida por el art. 11 inc. m) de la RS 212414 se produjeron irregularidades puesto que: El Tribunal Disciplinario fue conformado de manera irregular, ya que el art. 21 del DS 25273 faculta a la Junta Distrital para conformar el Tribunal disciplinario solo por faltas graves, lo que no se aplica a su caso; toda vez que, conforme al art. 17 concordante con el art. 11 de la citada Resolución Suprema son competentes para conocer en calidad de tribunal de primera instancia, los casos de denuncias de comisión de faltas o infracciones graves y “muy graves”, los tribunales disciplinarios departamentales y regionales con sede en la capital de cada departamento.
Al respecto, revisados los antecedentes, y la RA 080/2022 se establece que dicho agravio, no fue objeto de cuestionamiento dentro del recurso de apelación formulado por el accionante, razón por la que no existía la obligación del Director Departamental de Educación accionado de efectuar un análisis sobre esa denuncia ni emitir un pronunciamiento; por lo que, el accionante no puede pretender ahora que a través de esta acción tutelar se efectúe un examen con relación a ese supuesto agravio, cuando dicha autoridad no tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto al no ser objeto de cuestionamiento previo, correspondiendo denegar la tutela en cuanto a este punto de reclamo; 2) La RA 080/2022 emitida por el Director Departamental de Educación de Pando ahora accionado, carece de fundamentación y de valoración de los medios de prueba, los cuales sólo consisten en cartas de denuncias basadas en charlas y comentarios de la Junta Escolar; es decir, sobre meras suposiciones, con declaraciones testificales como “…NO RECUERDO, SEGÚN, MAS HOMENO, ME DIJO, ESCUCHE, DICEN O DICE, ME COMENTO, ME AVISO, EL LES INDICABA(AN), VINO Y COMENTO, ME ENTERE…” (sic), que no fueron probadas y expresiones que vulneran el debido proceso y la presunción de inocencia, lo que significa que dicha Resolución no satisface la exigencia de una debida motivación y producto de ella no existe una correcta adecuación de los hechos a la referida disposición reglamentaria contrariando el principio de tipicidad.
Sobre el particular, conforme a los argumentos de la acción tutelar, es evidente que si bien se invoca de forma ambigua el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de la RA 080/2022, la dimensión de reclamo converge en una presunta “falta” de valoración y errónea interpretación del estudio de la relación de los hechos y pruebas aportadas, en vinculación a la falta muy grave prevista en el art. 11 inc. m) de la RS 212414, y en base a lo cual se habría confirmado Resolución Administrativa Disciplinaria TDA GM 002/2022 que declaró probada la denuncia contra el peticionante de tutela con la sanción del retiro definitivo de su fuente laboral. Al respecto, corresponde traer a colación el contenido jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que la revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la fundamentación, motivación y congruencia, adecuada valoración de los hechos -valoración de la prueba- y del Derecho -interpretación de las normas-, no es la labor propia de la justicia constitucional, ya que dicha tarea le corresponde a los jueces, tribunales y autoridades administrativas; sin embargo, este Tribunal determinó jurisprudencialmente subreglas que permiten a la jurisdicción constitucional verificar si como consecuencia de una presunta defectuosa valoración de la prueba o incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria, los juzgadores ocasionaron la lesión de derechos y garantías constitucionales; estableciendo sobre valoración de la prueba, que el accionante debe especificar: “a) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; b) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…); y, c) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final”. Así, se establece que corresponde revisar la labor de interpretación de la legalidad -fundamentación y/o la valoración de la prueba inherente a la motivación- realizada por otros tribunales que ejercen jurisdicción en procesos judiciales y/o administrativos disciplinarios, cuando, quien denuncia tal extremo como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales: “i) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, ii) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha interpretación; y, iii) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional” (Fundamento Jurídico III.1), concluyéndose conforme a dicho entendimiento jurisprudencial que con relación a las denuncias de ausencia de fundamentación, motivación y congruencia vinculadas a la interpretación de la legalidad ordinaria y de la valoración de la prueba las mismas pueden ser analizadas siempre que se hayan cumplido con dichos presupuestos. En este marco constitucional, en el caso en análisis, respecto a la revisión de la valoración de la prueba, se advierte que el accionante, por un lado hace alusión a una falta de valoración de la prueba; empero, sin señalar qué prueba hubiera sido omitida en su consideración, para luego explicar de manera superficial que la lesión de los derechos invocados se sustenta en una presunta defectuosa valoración de los medios probatorios identificando de manera genérica a “cartas de denuncias” -basadas, a su criterio, en charlas y comentarios de la Junta Escolar-, así como a declaraciones testificales que refiere no fueron probadas y que contienen expresiones como “…NO RECUERDO, SEGÚN, MAS HOMENO, ME DIJO, ESCUCHE, DICEN O DICE, ME COMENTO, ME AVISO, EL LES INDICABA(AN), VINO Y COMENTO, ME ENTERE…” (sic); empero, sin establecer una identificación clara y precisa de cuál elemento probatorio en concreto considera fue valorado apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, pues tampoco expresó cuál el argumento asumido por el Director Departamental de Educación de Pando accionado, que en contraste con la prueba presentada, decanta en lesión de sus derechos y cuál la incidencia respecto a la decisión asumida por dicha autoridad, lo que se traduce en relevancia constitucional, evidenciándose de este modo la carencia de la carga argumentativa mínima y suficiente a fin de que este Tribunal ingrese a revisar la labor valorativa cuestionada. En ese mismo sentido, en lo que concierne a la interpretación de la legalidad ordinaria cuestionada mediante esta acción de defensa, si bien el peticionante de tutela refiere que no existiría una correcta adecuación de los hechos a la referida disposición reglamentaria en contraposición al principio de tipicidad; sin embargo, tampoco señala cuál la interpretación de la norma -fundamentación- que debió realizarse en relación a la contravención y sus elementos constitutivos que se le endilga; es decir, sin explicar con claridad por qué el andamiaje argumentativo interpretativo-aplicativo esbozado respecto a la subsunción o adecuación de los hechos a la referida disposición reglamentaria resulta errada, o qué reglas de interpretación fueron omitidas, sin establecer además su relevancia constitucional; es decir, mostrando de forma aunque mínima y suficiente, que de aplicarse o emplearse una interpretación distinta, se modificaría la decisión asumida o incidiría en su alcance de determinación. Por lo que, ante el incumplimiento de dicha carga argumentativa no resulta posible ingresar a revisar la labor valorativa desarrollada por el Director Departamental de Educación accionado y la aplicación normativa asumida por dicha autoridad, debiéndose denegar la tutela impetrada al respecto; y, 3) Es progenitor de una menor de nueve meses de edad, la cual no recibió las asignaciones familiares correspondientes -prenatal, natalidad y lactancia-, además se le adeuda sus sueldos desde “noviembre de 2021”, tampoco se le canceló el aguinaldo completo ni en duodécimas, vulnerando sus derechos como trabajador y por ende de su familia.
Al respecto; toda vez que, el accionante alega su condición de progenitor de una menor de un año de edad, invocando la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, al salario, a la seguridad social, a la vida, a la salud y a la alimentación, comprendiendo que su pretensión conforme el petitorio de su acción de amparo constitucional radica en que a ese efecto se disponga su restitución al cargo que ejercía, así como el pago de los sueldos devengados y aguinaldo desde su ilegal destitución. Al respecto, es menester referir inicialmente que en cuanto a la vigencia del beneficio de inamovilidad laboral de la madre embarazada o progenitores que trabajan en el sector público y privado, el art. 5 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, establece lo siguiente: “I. No gozarán del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral”. Norma que en desarrollo de interpretación efectuado por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, concluyó que de incurrir la progenitora o el progenitor de un menor de un año de edad, en causales de conclusión o extinción de la relación laboral atribuibles a su persona, determinadas en previo proceso conforme a los procedimientos previstos para el sector público o privado, no resulta aplicable el beneficio de inamovilidad laboral. En ese sentido, conforme a los antecedentes fácticos y procesales antes referidos se establece que la desvinculación laboral del accionante fue resultado de un proceso disciplinario seguido en su contra en el cual se estableció responsabilidad administrativa por la comisión de la falta muy grave prevista por el art. 11 inc. m) de la RS 212414 -con la posterior remisión de actuados ante la justicia ordinaria- imponiéndole la sanción de su retiro definitivo del Magisterio como se tiene plasmado en la Conclusión II.2.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, no puede alegar que gozaba de inamovilidad funcionaria por su calidad de progenitor de una niña menor a un año, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; sin embargo, en resguardo de los derechos a la vida, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación del binomio madre-hija, de acuerdo a la misma jurisprudencia citada, no se puede soslayar que el Estado -a través de sus instituciones- tiene la obligación de responder por el interés superior de la niña, niño y adolescente, entendido como la preeminencia de las señaladas prerrogativas así como la prioridad en recibir protección y socorro en toda circunstancia; por lo que, independientemente de que se haya producido la extinción del vínculo laboral, y siendo que conforme consta del Formulario AVC-06 de Aviso de Alta y Bajas de Beneficiarios, emitido el 21 de septiembre de 2021, por el Departamento de Afiliación de la CNS, se constata que en relación al ahora accionante se autorizó la entrega de las asignaciones familiares correspondientes a los subsidios de natalidad por única vez, y lactancia en especie hasta el 5 de septiembre de 2022, (Conclusión II.1), razones por las cuales corresponde a la entidad educativa, efectivizar las prestaciones traducidas en los subsidios de natalidad y de lactancia relacionadas al binomio madre-hija, en favor de la hija del accionante hasta que cumpla un año de edad, en el marco de lo previsto en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el DS 3546 de 1 de mayo de 2018. Por otra parte, en cuanto al reclamo de falta de pago de sueldos devengados desde “noviembre de 2021” y aguinaldo, se debe establecer que la justicia constitucional no se encuentra habilitada para determinar la dimensión ni la cuantía, pues ello debe emerger de un acervo probatorio en el que se pueda demostrar la justa medida de los mismos, debiendo ser las propias autoridades administrativas las que determinen en qué medida corresponden dichos pagos, cuando fueron las mismas quienes dispusieron su suspensión con goce de haberes; por lo que, el accionante debe agotar previamente todos los recursos que le franquea la ley a ese efecto, dando la oportunidad a la autoridad judicial de pronunciarse al respecto.
Con relación a la problemática contenida en el punto ii) del objeto procesal
Sobre esta denuncia, el accionante alega que con base al Informe 013/2021 de 15 de octubre, emitido por el Director de la Unidad Educativa “Las Piedras-Pedro Herrera”, se le inicio un segundo proceso administrativo disciplinario por la falta grave prevista en el art. 10 inc. h) de la RS 212414, por haber presuntamente abandonado sus funciones sin presentar licencia alguna, ni reemplazante; sin embargo, por RA 074/2022 se dispuso la anulación de obrados en aplicación del principio non bis in ídem, por haberse conocido la sanción ya impuesta por el mismo hecho en su contra, habiéndosele dado de baja del sistema educativo con anterioridad, ocasión en la que se dispuso la declaratoria de acefalía; procediendo el referido Director a despedirlo sin haber recibido ninguna llamada de atención, mucho menos mediante un proceso interno con anterioridad a la emisión del informe señalado, desconociendo la inamovilidad laboral de la cual gozaba. Al respecto, de los términos de la acción tutelar, se deduce que el accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento defensa, siendo preciso referirse a los antecedentes que cursan en el expediente, respecto a los cuales el impetrante de tutela hace alusión y se encuentran vinculados a un segundo proceso administrativo disciplinario instaurado en su contra por presuntamente haber abandonado sus funciones, del cual refiere emergieron los diferentes actos que supuestamente derivaron en la lesión de los derechos invocados por el mismo, a cuyo efecto de la RA 074/2022, pronunciada por el Director Departamental de Educación ahora accionado, se establece que: i) Con base en el Informe 013/2021, mediante Auto de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario 002/2021 “sin fecha” se admitió la denuncia por la presunta contravención de la falta grave establecida por el art. 10 inc. h) de la RS 212414, disponiéndose la medida precautoria de suspensión de sus funciones sin goce de haberes, determinándose mediante Resolución Aadministrativa Disciplinaria TDA GM 004/2021 de 7 de diciembre, la ampliación de la etapa probatoria por diez días hábiles; ii) Por Resolución Administrativa Disciplinaria TDA GM 001/2022 de 5 de enero, se declaró probada la denuncia planteada contra el accionante, por la falta grave prevista por el art. 10 inc. h) de la RS 212414 ‘“El abandono del lugar de las funciones hasta cinco días en escuelas urbanas o siete días en lugares alejados, sin licencia ni autorización’” (sic), imponiéndole la sanción prevista por el art. 13 inc. b) de la norma citada ‘“suspensión de sus funciones sin goce de haberes por 60 días”’ (sic); y, iii) Resolviendo el recurso de apelación formulado por el impetrante de tutela el Director Departamental de Educación ahora accionado, determinó revocar la Resolución Administrativa Disciplinaria TDA GM 001/2022, disponiendo en consecuencia la anulación de obrados hasta el Auto de Apertura del proceso, fundamentando que: “Esta instancia ha tomado conocimiento de la situación laboral del Prof. Milton Ramírez Bravo con la institución, por el informe D.D.E.G.M/ N° 012/2022 de 18 de febrero, presentado por el Director Distrital de Educación de Gonzalo Moreno, refiere que presentó informe N° D.D.E.G.M/N° 034/2021 del 5 de noviembre de 2021 dirigido a la Lic. Eliana Domínguez Castro Directora Departamental de Educación de Pando a.i sobre el reporte de abandono de funciones del Prof. Milton Ramírez Bravo, que reporta 19 días de falta del mes de octubre 2021, verificado por el FORM: DGP – PLA – 04, noviembre 2021 se observa baja del sistema del Ministerio de Educación, que procedió en base al informe N° 013/2021 de 15 de octubre de 2021 emitido por el Lic. Alfredo Sandoval Marino – Director de la Unidad Educativa Las Piedras –Pedro Herrera, que informa sobre el abandono de funciones del Prof. Milton Ramírez Bravo; así también refiere el Lic. Reinaldo Cuellar Guarena DIRECTOR DISTRITAL DE GONZALO MORENO, dio a conocer CITE. D.D.E.G.M. N° 58/2021 de fecha 05 de noviembre de 2021, a Jefatura de Asuntos Administrativos de la D.D.E.P., referente a asignación familiar, descuentos y acefalía del mes de noviembre del 2021 del que se puede apreciar la solicitud de declaratoria de acefalía del ítem 00408 que ostentaba el Prof. Milton Ramírez Bravo, el mismo que se encuentra dado baja del sistema del Ministerio de Educación” (sic); debiendo el Tribunal Disciplinario reconducir su proceder conforme a los fundamentos expuestos, “…al tener conocimiento de la sanción ya impuesta por el mismo hecho en contra del Prof. Milton Ramírez Bravo, por lo que al haber sido dado de baja con anterioridad al presente proceso, ya ha sido sancionado por abandono de sus funciones por 19 días, que mereció la declaratoria acefalía y dado de baja del sistema educativo del sumariado, no corresponde aplicar otra sanción por el mismo hecho…” (sic [Conclusión II.3.1]). Con base en lo acontecido en la situación fáctica descrita precedentemente, se advierte que el presunto defecto procesal denunciado, recaería en la determinación del retiro del accionante con la declaratoria de la acefalía de su cargo, supuestamente en prescindencia de un proceso interno previo y el desconocimiento de la inamovilidad laboral por su condición de progenitor, de lo que resulta evidente que efectuar un análisis de fondo de dicha problemática, resultaría irrelevante debido a que con relación a este último aspecto -inamovilidad laboral- se advierte que lo referido se encuentra relacionado con la primera problemática identificada en esta acción tutelar que ya fue objeto de análisis en el punto anterior, habiéndose establecido que el accionante no goza de dicho beneficio; puesto que, su desvinculación laboral fue resultado de un proceso disciplinario seguido en su contra en el cual se estableció responsabilidad administrativa por la falta muy grave prevista por el art. 11 inc. m) de la RS 212414 con la posterior sanción de su retiro definitivo del Magisterio, proceso y sanción que se encuentran ejecutoriados. Por ende, un eventual análisis y posible corrección de los defectos procesales alegados en el proceso por la falta grave prevista en el art. 10 inc. h) de la citada Resolución Suprema, por haber presuntamente abandonado sus funciones con la consecuencia de su retiro y la declaratoria de acefalía del ítem que le correspondía, ya no tienen trascendencia procesal verificable en un efecto jurídico con relación a la causa principal instaurada en su contra por la falta muy grave prevista por el art. 11 inc. m) de la antedicha Resolución Suprema, debido a que esta se encuentra materialmente concluida según dispuso la RA 080/2022 que confirmó la sanción del retiro definitivo del ejercicio del Magisterio del ahora accionante -establecida por el art. 13 inc. c) de la indicada Resolución Suprema-, no pudiendo retrotraerse actuaciones que no tendrían razón de ser ante la evidente ineficacia que tendría su efecto; puesto que, para que este Tribunal emita un pronunciamiento de fondo, debe existir una connotación jurídico-constitucional que la justifique, dada la repercusión que tendrá la decisión a asumirse en la tramitación de la causa, en este caso administrativa, con el restablecimiento efectivo -de verificarse su lesión- de los derechos fundamentales y garantías constitucionales vulnerados, disponiendo un cambio trascendental y verificable en la resolución que define la situación laboral y procesal del procesado y la decisión a asumirse vinculada al error invocado, lo cual no ocurre en el presente caso. Consecuentemente, en el caso concreto resulta aplicable el cuarto presupuesto jurídico establecido en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, ya que los mencionados reclamos carecen actualmente de relevancia constitucional, correspondiendo denegar la tutela solicitada con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo con relación a esta problemática.
Sobre la problemática contenida en el punto iii) del objeto procesal El accionante denuncia que en la vía penal, también se pretende sancionarlo mediante una investigación que hasta ese momento no demostró absolutamente nada, vulnerándose en todas las instancias la presunción de inocencia.
Sobre este particular, de los datos arrimados al proceso y lo vertido por el propio accionante se establece que a partir de los antecedentes descritos en el caso de autos el Ministerio de Educación efectuó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, instancia en la que se inició una investigación penal por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente; sin embargo, el accionante no refiere de qué manera con la obligación de denuncia a la que estaba compelida la parte accionada, o con el inicio de dicho proceso se vulneró el derecho a la presunción de inocencia, limitándose a su mera mención; por lo que, no se evidencia transgresión a dicho principio invocado por el prenombrado, a más que los accionados son autoridades educativas, y no así el Ministerio Público y/o la autoridad judicial que se encuentre a cargo del proceso penal de referencia, y respecto a las cuales vincule algún acto ilegal u omisión indebida, lesivos de sus derechos o de la presunción de inocencia invocada. Asimismo, con relación a la vulneración de los principios de seguridad jurídica, legalidad y objetividad el impetrante de tutela al momento de plantear la presente acción de defensa, no expuso de manera clara y precisa de qué forma las actuaciones de las autoridades accionadas vulneraron dichos principios, correspondiendo denegar la tutela solicitada al respecto. Y en cuanto a la solicitud del pago de daños y perjuicios con la imposición de costas y costos no amerita atender la misma, por la forma de resolución emitida y la regulación potestativa establecida en el art 39 del CPCo, debiéndose denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque en parte con distintos argumentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 64/2022 de 8 de agosto, cursante de fs. 248 a 250 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada únicamente respecto a los derechos de la hija del accionante a la seguridad social -a corto plazo-, a la vida, a la salud, a la alimentación y al interés superior de la niña, niño y adolescente, disponiéndose el pago retroactivo de las asignaciones familiares correspondientes a los subsidios de natalidad por única vez, y lactancia en especie hasta el 5 de septiembre de 2022, conforme se tiene explicado precedentemente y fue autorizado por la Caja Nacional de Salud a través del Formulario AVC-06 de Aviso de Alta y Bajas de Beneficiarios, emitido el 21 de septiembre de 2021, en el marco de lo previsto en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el DS 3546 de 1 de mayo de 2018 y conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional; salvo que ello ya hubiese acontecido como efecto de la protección tutelar asumida por la referida Sala Constitucional; y,
2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto, al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, al trabajo, al salario, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a los principios seguridad jurídica, legalidad, objetividad, y presunción de inocencia, así como a la solicitud del pago de daños, perjuicios, costas y costos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1039_2023-S3.pdf · páginas 1 a 34.
Huella digital del PDF (SHA-256): d7e4e8b713b1851b3c4b6dd5aaf8e16b51d366d85c7841c0ffdd6d4f670d48a9
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