B.IA.LEGAL

SCP 1038/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 7 de julio de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
7 de julio de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
52704-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, de locomoción, al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; puesto que, a pesar de la emisión de la Resolución de Sobreseimiento 501/2022 y al transcurso de los plazos previstos por el art. 324 del CPP, la Jueza hoy accionada, se rehuso a expedir el correspondiente mandamiento de libertad, bajo el argumento de haberse ya considerado esa Resolución de Sobreseimiento, al sustituirse la detención preventiva por la detención domiciliaria -decisión contenida en el Auto Interlocutorio 530/2022 de 4 de octubre-; situación que le resulta contraria al sentido de la norma y lo mantiene indebidamente restringido en su derecho a la libertad personal, evidenciándose una omisión en el ejercicio del control jurisdiccional respecto al cumplimiento de los plazos procesales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La impugnación del sobreseimiento y su revisión de oficio ante la autoridad jerárquica y los plazos que le conciernen; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 37/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 50 a 53 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La impugnación del sobreseimiento y su revisión de oficio ante la autoridad jerárquica y los plazos que le conciernen
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1038/2026-S1 Sucre, 7 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52704-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 37/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 50 a 53 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yohony Condori Corina contra Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, cursante de fs. 40 a 44 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Edson Marcelo Campos Estrada contra su persona, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP); se encuentra privado de libertad de acuerdo a las siguientes determinaciones jurisdiccionales: Por Resolución 144/2022 de 26 de abril, la Jueza hoy accionada dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el plazo de cuatro meses, en tanto dure el proceso investigativo. Posteriormente el 30 de agosto del de 2022, se realizó la audiencia de consideración de su situación jurídica en la cual la nombrada Jueza dispuso mantener dicha detención preventiva por treinta días más, todo conforme al contenido de la Resolución 424/2022 de esa fecha. Asimismo, el 4 de octubre de 2022, efectuada la audiencia de consideración de su situación jurídica la citada Jueza emitió la “Resolución” -Auto Interlocutorio- 530/2022 de igual fecha modificando su detención preventiva y ordenando entre otras medidas sustitutivas la detención domiciliaria, fianza de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos) y arraigo.

Se advierte que, mediante Resolución de Sobreseimiento 501/2022 de 30 de septiembre, la Fiscal de Materia determinó el sobreseimiento en su favor, al no existir suficientes elementos de convicción para sustentar una acusación formal. En mérito a ello, la Jueza hoy accionada, por decreto de 4 de octubre de 2022, dispuso que el Ministerio Público acredite las notificaciones a las partes procesales y comunique la eventual formulación de impugnaciones, conforme el art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP), actuación que fue cumplida el 11 de octubre de 2022; sin embargo -según refiere el accionante- la autoridad fiscal no dio cumplimiento a lo requerido dentro del plazo legal, sin que la Jueza ahora accionada hubiese ejercido un control jurisdiccional efectivo. En ese contexto, presentó reiterados memoriales solicitando su libertad inmediata el 25, 27 y 31 de octubre de 2022; así como, el 3 de noviembre de igual año; no obstante, la Jueza hoy accionada respondió remitiéndose al Auto Interlocutorio 530/2022 y a decretos anteriores, señalando que el sobreseimiento ya fue valorado y que, en su mérito, se dispusieron medidas cautelares de carácter personal conforme el art. 231 bis del CPP. Además, precisó que existía un recurso de apelación incidental pendiente de resolución ante la Sala Penal correspondiente, reiterando finalmente, mediante decreto de 4 de noviembre de 2022, estarse a lo previamente determinado. Por memorial de 11 de noviembre de 2022, reiteró su solicitud de libertad inmediata alegando los efectos del sobreseimiento; petición que fue resuelta por decreto de 16 del mismo mes y año, mediante el cual la Jueza ahora accionada, previa revisión de obrados, estableció que, el accionante había formulado reiteradas peticiones, sin considerar el estado procesal de la causa. En dicho pronunciamiento, precisó que el Auto Interlocutorio 530/2022, ya valoró la Resolución de Sobreseimiento 501/2022, emitida por el Ministerio Público, disponiendo la aplicación de medidas cautelares de carácter personal en sustitución de la detención preventiva; por lo que, resultaba incongruente insistir en la libertad inmediata; puesto que, si bien se efectuaron las diligencias de notificación correspondientes, persistían observaciones relativas a la falta de notificación al denunciante y a la ausencia de constancia de ratificación del sobreseimiento por el Fiscal Departamental de La Paz; por lo que, debió adecuar sus solicitudes a los mecanismos procesales pertinentes, actuando con la debida diligencia y lealtad procesal. Finalmente, a pesar de la emisión del sobreseimiento y el vencimiento de los plazos previstos por el art. 324 del CPP, la Jueza hoy accionada, se rehuso a expedir el correspondiente mandamiento de libertad, bajo el argumento de haberse sustituido la detención preventiva por la detención domiciliaria; situación que -afirma- desnaturaliza los efectos del sobreseimiento y mantiene indebidamente restringido su derecho a la libertad personal, evidenciando una presunta omisión en el ejercicio del control jurisdiccional respecto al cumplimiento de los plazos procesales.

I.1.2. Derecho, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, de locomoción, al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23.I, 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: La Jueza hoy accionada, convoqué a audiencia en el plazo de veinticuatro horas con la finalidad de considerar su situación jurídica; b) En la audiencia a verificarse adecué su accionar a lo previsto por el art. 324 del CPP y la jurisprudencia que emana entre otros de la ratio decidendi contenida en la SCP 0451/2020-S4 de 16 de septiembre; y, c) Sea con costas y demás sanciones.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 18 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 49, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante en audiencia a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 18 de noviembre de 2022, cursante a fs. 47 y vta.; así como, en audiencia manifestó que: 1) El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por el presunto delito de abuso sexual se encuentra radicado en su Juzgado, en donde por Auto Interlocutorio 530/2022, se dispuso modificar la medida extrema de su detención preventiva, por las medidas previstas por el art. 231 bis del CPP, entre ellas la detención domiciliaria, su arraigo y otras medidas, determinación en la cual se valoró la Resolución de Sobreseimiento 501/2022, no siendo evidente lo manifestado por el accionante de que no se hubiese valorado dicha Resolución de Sobreseimiento emitida por la Fiscal de Materia; 2) El accionante, mediante diversos memoriales, solicitó de manera reiterada e insistente la concesión de su libertad inmediata; empero, su situación jurídica ya fue definida, imponiendole la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, las cuales, a la fecha de la interposición de la acción de libertad, no fueron cumplidas por su propia voluntad. En consecuencia, no se evidencia la vulneración de derecho fundamental alguno, menos aún del derecho a la libertad personal; 3) La acción de libertad interpuesta carece de sustento constitucional; ya que, el art. 125 de la CPE prevé su procedencia únicamente cuando la vida se encuentre en peligro, exista persecución ilegal o indebidamente procesado, o se configure una privación de libertad ilegal o arbitraria; supuestos que no concurren en el caso de autos, más aun cuando la situación jurídica del accionante ya fue resuelta mediante la imposición de medidas cautelares personales; y, 4) Respecto al decreto de 16 de noviembre de 2022, se constata que el nombrado no agotó el principio de subsidiariedad que rige en las acciones de defensa, conforme a la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1167/2015-S2 de 10 de noviembre; puesto que, se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto por el propio accionante; por lo que, solicito se deniegue la tutela por falta de fundamentos. Asimismo, en audiencia señaló que: i) El accionante en ningún momento solicitó oportunamente la modificación de la medida cautelar de detención domiciliaria impuesta mediante Auto Interlocutorio 530/2022; resultando, en consecuencia, incongruente que, de manera posterior, pretenda que ella disponga su modificación en el plazo de veinticuatro horas, alegando el transcurso de más de diez días conforme al art. 324 del CPP, sin activar previamente los mecanismos procesales idóneos; ii) Se aclaró al accionante que las notificaciones no fueron válidamente cumplidas; puesto que, respecto al nombrado, cursaba una representación; situación que impedía tener por legalmente notificadas a las partes procesales, conforme exige la ley; iii) Con relación al referido Auto Interlocutorio, se advierte que el propio accionante interpuso recurso de apelación conforme al art. 251 del citado Código; sin embargo, en caso de considerarse agraviado en sus derechos, no agotó el principio de subsidiariedad que rige las acciones de defensa; puesto que, frente a los decretos emitidos, no formuló recurso de reposición ni promovió oportunamente los medios impugnativos pertinentes, acudiendo directamente a la acción de libertad; y, iv) Con relación a la denuncia relativa al señalamiento de la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, se constata que su autoridad fue notificada a las 16:20 horas, a pesar de que la audiencia estaba programada para las 16:00 horas, circunstancia que materialmente imposibilitó la remisión inmediata del cuaderno de control jurisdiccional y del informe correspondiente; no obstante, una vez instalada la audiencia, procedió a remitir dicha documentación, poniendo en conocimiento que no existió vulneración de los derechos del accionante.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 37/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 50 a 53 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) La Jueza hoy accionada al tomar conocimiento del requerimiento conclusivo de sobreseimiento presentado por el Ministerio Público en favor del accionante, dispuso la notificación al Fiscal de Materia a efectos de que informe si dicho requerimiento fue objeto de impugnación; no obstante, en audiencia de consideración de la situación jurídica del nombrado la citada Jueza determinó modificar la medida extrema de la detención preventiva, imponiendo en su lugar medidas cautelares de carácter personal, la cual fue adoptada en resguardo del derecho de las partes a ejercer los mecanismos de impugnación; así como, en aplicación de los principios de proporcionalidad y equidad de género, ponderando los derechos del accionante frente a los de la víctima menor de edad, conforme se desprende del Auto interlocutorio 530/2022; b) Esos extremos fueron reiteradamente explicados al accionante ante sus solicitudes de libertad inmediata, como se evidencia, entre otros actuados, en el decreto de 1 de noviembre de 2022, en el que se le aclaró que la Resolución de Sobreseimiento 501/2022, ya fue considerada al momento de emitirse el citado Auto Interlocutorio el cual además fue objeto de apelación incidental, encontrándose pendiente de resolución ante el Tribunal de alzada correspondiente; c) A pesar de ello, el accionante se limitó a reiterar solicitudes ante la Jueza ahora accionada, sin hacer uso efectivo de los mecanismos impugnatorios que la ley le franquea, ni activar los reclamos pertinentes ante las autoridades competentes, ni tampoco respecto a la eventual demora en la resolución del recurso de apelación planteado; no cursando en antecedentes constancia alguna que acredite la activación de control jurisdiccional por tales extremos; d) Conforme a la jurisprudencia constitucional aplicable, la acción de libertad en su elemento traslativa o de pronto despacho tiene por finalidad tutelar el derecho a la libertad frente a dilaciones indebidas que incidan directamente en la definición de la situación jurídica de una persona privada de libertad. Sin embargo, en el caso de autos, no se advierte dicha vinculación; puesto que, la situación jurídica del accionante ya fue definida mediante el Auto Interlocutorio 530/2022, que sustituyó la detención preventiva por medidas cautelares personales; y, e) Aún en el entendido de que esta acción de defensa pudiera ser considerada de manera excepcional sin vinculación directa con la libertad, resulta imprescindible el previo agotamiento de los mecanismos intraprocesales idóneos, lo que no ocurrió en el presente caso, evidenciándose que el accionante acudió directamente a la jurisdicción constitucional sin agotar la vía ordinaria, encontrándose además pendiente de resolución el recurso de apelación incidental interpuesto contra el referido Auto Interlocutorio.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es dictada dentro del plazo. Mediante decreto constitucional de 23 de marzo de 2026, cursante a fs. 64, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 6 de julio del citado año, cursante a fs. 68; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de la Resolución de Sobreseimiento 501/2022 de 30 de septiembre, la Fiscal de Materia, dispuso el sobreseimiento en favor de Yohony Condori Corina -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual; al ser insuficientes los elementos de prueba acumulados durante la etapa preparatoria para sostener una acusación formal en juicio oral, público y contradictorio; asimismo, se dispuso que por la central de notificaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz, se notifique a las partes procesales con esa Resolución y se remita una copia ante la autoridad judicial y fiscal llamada por ley; puesto que, las partes tendrían cinco días para plantear los recursos que la ley les franquea (fs. 4 a 6 vta.). II.2. Por decreto de 4 de octubre de 2022, Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionada-, decreto el requerimiento conclusivo de sobreseimiento de 30 septiembre de 2022 -Resolución de Sobreseimiento 501/2022- e indicó que el Ministerio Público debe acreditar las notificaciones a las partes procesales e informar si las mismas impugnaron esa Resolución conforme a lo establecido por el art. 324 del CPP, concediendo el plazo de diez días computables al día siguiente de su notificación (fs. 7 vta.); asimismo, por Auto Interlocutorio 530/2022 de 4 de octubre de 2022, la citada Jueza, modificó la medida de detención preventiva del imputado -accionante- y conforme a lo establecido por el art. 231 bis del citado Código, dispuso medidas cautelares de carácter personal, como la detención domiciliaria, arraigo, fianza económica de Bs20 000.-, entre otras; así también, concedió el recurso de apelación incidental planteado por el accionante (fs. 2 a 3 vta.). II.3. Mediante Informe de 13 de octubre de 2022, dirigido a la Fiscal de Materia, Mariela Tarqui Condori, Notificadora -sello ilegible- refiere que en esa fecha con el objetivo de notificar con la Resolución de Sobreseimiento 501/2022 a Edson Marcelo Campos Estrada -denunciante-, fue en busca de su domicilio; empero, no se pudo efectivizar esa notificación (fs. 16); asimismo, se tiene que mediante edicto de esa misma fecha, se notificó al nombrado con la indicada Resolución de Sobreseimiento a las 15:06 horas (fs. 17); así también, cursa Notificación Personal de 20 de octubre de 2022 a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 1 de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, con la referida Resolución de Sobreseimiento (fs. 31).

II.4. Cursa memorial presentado el 25 de octubre de 2022, ante la Jueza hoy accionada, el accionante pidió se ordene libertad inmediata; mereciendo en respuesta el decreto de 26 de igual mes y año, que señaló: “Estese a la Resolución 530/2022…” (sic); por memorial presentado el 27 del referido mes de 2022, el accionante pidió se resuelva lo solicitado; mereciendo en respuesta estese al decreto de 26 de dicho mes y año; a través del memorial de 31 de igual mes y año, el accionante solicito a la indicada Jueza se pronuncie sobre los efectos del Sobreseimiento y ordene su libertad, que mereció el decreto de 1 de noviembre de 2022, en el que dispuso: “pida conforme a procedimiento”(sic); ya que, dentro de la causa se valoró el Sobreseimiento emitido por el Ministerio Público, aplicándose medidas cautelares de carácter personal al accionante previstas por el art. 231 bis del CPP; además, que existe recurso de apelación incidental formulado por el accionante, misma que se encuentra pendiente de resolución; ya que, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no hubiese devuelto obrados al Juzgado de origen (fs. 18 a 23; 26 a 28; y, 29 a 30). II.5. Por memorial de 1 de noviembre de 2022, dirigido a la Fiscal de Materia, el accionante pidió se declare la ejecutoria del Resolución Sobreseimiento 501/2022 (fs. 33 a 34). II.6. Mediante memorial presentado el 3 de noviembre de 2022, ante la Jueza hoy accionada, el accionante solicitó se resuelva su petición conforme a procedimiento; mereciendo en respuesta decreto de 4 de igual mes y año, en la cual la nombrada Jueza señaló que deberá estarse a lo dispuesto en el decreto de 1 de ese mes y año (fs. 35 a 39).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, de locomoción, al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; puesto que, a pesar de la emisión de la Resolución de Sobreseimiento 501/2022 y al transcurso de los plazos previstos por el art. 324 del CPP, la Jueza hoy accionada, se rehuso a expedir el correspondiente mandamiento de libertad, bajo el argumento de haberse ya considerado esa Resolución de Sobreseimiento, al sustituirse la detención preventiva por la detención domiciliaria -decisión contenida en el Auto Interlocutorio 530/2022 de 4 de octubre-; situación que le resulta contraria al sentido de la norma y lo mantiene indebidamente restringido en su derecho a la libertad personal, evidenciándose una omisión en el ejercicio del control jurisdiccional respecto al cumplimiento de los plazos procesales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La impugnación del sobreseimiento y su revisión de oficio ante la autoridad jerárquica y los plazos que le conciernen; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La impugnación del sobreseimiento y su revisión de oficio ante la autoridad jerárquica y los plazos que le conciernen

En cuanto a la impugnación del sobreseimiento y su remisión de oficio ante el Fiscal Departamental cuando no existe querellante, el art. 324 del CPP, estableció que: “Las partes podrán impugnar la resolución de sobreseimiento dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a su notificación ante el fiscal que la dictó.

El Ministerio Público notificará la resolución a las partes y a los abogados dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de pronunciada, a través de los buzones de notificaciones de ciudadanía digital.

Recibida la impugnación, o de oficio en el caso de no existir querellante, sin mayor formalidad el fiscal comunicará al control jurisdiccional y remitirá los antecedentes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas al fiscal departamental, para que se pronuncie dentro el plazo de diez (10) días, bajo responsabilidad.

Si el fiscal departamental revoca el sobreseimiento, intimará al fiscal inferior o a cualquier otro, para que dentro del plazo de diez (10) días presente requerimiento conclusivo de acusación a la jueza, juez o tribunal de competente. Si lo ratifica, dispondrá la conclusión del proceso con relación al imputado en cuyo favor se dictó la cesación de las medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales. En ambos casos la decisión deberá ser comunicada al control jurisdiccional dentro el plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

El sobreseimiento no impugnado o el ratificado impedirá un nuevo proceso penal por el mismo hecho, sin perjuicio de que la víctima reclame el resarcimiento del daño en la vía civil, salvo que el sobreseimiento se funde en la inexistencia del hecho o en la no participación del imputado” (las negrillas son nuestras).

Al respecto, la SCP 0522/2024-S1 de 5 de septiembre, citando a su vez a la SCP 0444/2018-S2 de 27 de agosto, señala que: “….el sobreseimiento se configura como una de las formas de conclusión del proceso penal, cuando: a) Resulta evidente que el hecho no existió; b) El hecho no constituye delito; c) El imputado no participó en el hecho; y, d) Los elementos de prueba resultan insuficientes para fundamentar una acusación.

La norma procesal penal reconoce la impugnación de la resolución de sobreseimiento o su revisión de oficio, cuando no haya querellante, ante la autoridad superior jerárquica del Ministerio Público, cuyo procedimiento y plazos, se encuentran previstos en el art. 324 del CPP; y sobre cuya base, la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, expresó en el Fundamento Jurídico III.1, las siguientes subreglas:

…sintetizando lo anteriormente desarrollado, corresponde precisar lo siguiente: 1) Una vez que el Fiscal inferior presenta el sobreseimiento al juez, ya sea como efecto de una impugnación o de oficio, deberá remitir dicho actuado dentro del plazo máximo de veinticuatro horas al Fiscal Departamental para su revisión , y el Fiscal Departamental, o superior jerárquico, una vez recibido el sobreseimiento deberá emitir su resolución de ratificación o de revocatoria al sobreseimiento, indefectiblemente dentro de los cinco días siguientes; y, 2) Una vez transcurrido el lapso señalado, sin que el Fiscal Departamental se haya pronunciado en cualquiera de sus formas, el juez a cargo del proceso, dispondrá de oficio o a petición de parte la libertad inmediata del imputado sobreseído…

Sobre la base del marco constitucional, legal y la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, puede concluirse que la impugnación al requerimiento conclusivo de sobreseimiento o la remisión del mismo para la revisión de oficio ante la autoridad jerárquica superior, está sometido al cumplimiento de plazos; vale decir, la remisión por el Fiscal de Materia dentro de las veinticuatro horas; y la emisión de la resolución por el superior jerárquico, dentro de los cinco días siguientes; por lo que, al vencimiento de dichos plazos, cesarán las medidas cautelares que hubieren sido dispuestas contra la o el imputado” (las negrillas nos pertenecen).

Asimismo, la SCP 0701/2025-S1 de 24 de junio, mencionando a su vez a la SCP 0178/2018-S2 de 14 de mayo, haciendo referencia a los efectos del sobreseimiento y de la autoridad competente para su revocación, señala que: “…en el caso de constituirse una parte querellante dentro determinado proceso penal, le corresponde a ésta impugnar la resolución de sobreseimiento inmediatamente tenga conocimiento de la misma, a efecto de habilitar la competencia del fiscal jerárquicamente superior para el respectivo análisis y resolución. Considerando que de la lectura del segundo párrafo del art. 324 del CPP, el fiscal solo está impelido a remitir la resolución de sobreseimiento de oficio cuando no se haya constituido parte querellante, o en su caso, ésta se haya ausentado o abandonado el proceso penal” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, de locomoción, al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; puesto que, a pesar de la emisión de la Resolución de Sobreseimiento 501/2022 de 30 de septiembre, y al transcurso de los plazos previstos por el art. 324 del CPP, la Jueza hoy accionada, se rehúsa a expedir el correspondiente mandamiento de libertad, bajo el argumento de haberse ya considerado esa Resolución de Sobreseimiento al sustituirse la detención preventiva por la detención domiciliaria -decisión contenida en el Auto Interlocutorio 530/2022 de 4 de octubre-; situación que le resulta contraria al sentido de la norma y lo mantiene indebidamente restringido en su derecho a la libertad personal, evidenciando una omisión en el ejercicio del control jurisdiccional respecto al cumplimiento de los plazos procesales. De la revisión de antecedentes, se tiene que a través de la Resolución de Sobreseimiento 501/2022, la Fiscal de Materia, dispuso el sobreseimiento en favor del accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual; asimismo, ordenó que por la central de notificaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz, se notifique a las partes procesales con esa Resolución y se remita una copia ante la autoridad judicial y fiscal llamada por ley, con la finalidad de que las partes procesales puedan plantear los recursos que la ley les franquea (Conclusión II.1.); en ese sentido, la Jueza hoy accionada, mediante decreto de 4 de octubre de 2022, dispuso que el Ministerio Público acredite las notificaciones efectuadas a las partes y a su vez, informe si la Resolución de Sobreseimiento 501/2022, fue objeto de impugnación; asimismo, por Auto Interlocutorio 530/2022 de igual fecha, determinó la modificación de la medida cautelar de detención preventiva del accionante, sustituyéndola por otras de carácter personal, entre ellas la detención domiciliaria, el arraigo y la fianza económica fijada en Bs20 000.-; además, de conceder el recurso de apelación incidental formulado por el accionante contra dicho Auto Interlocutorio (Conclusión II.2.); procediéndose a la remisión del legajo de apelación en copias legalizadas ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, (fs. 10). Así también se tiene que, por Informe de 13 de octubre de 2022, dirigido a la Fiscal de Materia, la Notificadora de la Fiscalía refirió que a las 15:06 horas, de esa misma fecha mediante edicto se notificó a Edson Marcelo Campos Estrada -denunciante- con la citada Resolución de Sobreseimiento, quien se dio por notificado en el Portal Electrónico de Notificaciones del Ministerio Público; del mismo modo, cursa Notificación Personal de 20 de octubre de 2022, a la DNA D-1 del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, con el referido requerimiento conclusivo de sobreseimiento (Conclusión II.3.). Luego de ello, se advierte que, el accionante solicitó su libertad inmediata por memorial de 25 de octubre de 2022, mereciendo en respuesta decreto de 26 del mismo mes y año, que dispuso estarse al Auto Interlocutorio 530/2022; solicitud que fue reiterada el 27 de octubre de igual año, obteniendo igual respuesta. Posteriormente, por memorial de 31 del citado mes y año, requirió pronunciamiento sobre los efectos de la Resolución de Sobreseimiento 501/2022, ante lo cual, mediante decreto de 1 de noviembre de 2022, la Jueza hoy accionada dispuso la adecuación de su petición a procedimiento y que el citado Auto Interlocutorio se encuentra apelado y pendiente de resolución. (Conclusión II.4.); asimismo, por memorial de similar fecha, dirigido a la Fiscal de Materia, el accionante solicitó se declare la ejecutoria de esa Resolución de Sobreseimiento (Conclusión II.5.); por consiguiente, se tiene que mediante memorial de 3 de dicho mes y año, el accionante reiteró su solicitud de que se resuelva su petición conforme a procedimiento; ante lo cual, por decreto de 4 del mismo mes y año, la Jueza ahora accionada dispuso estarse a lo determinado en el decreto de 1 de ese mes y año (Conclusión II.6.). Ahora bien, corresponde considerar que, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1., de este fallo constitucional se establece, entre otros aspectos, que ante la presentación de un requerimiento conclusivo de sobreseimiento, cuando no exista parte querellante, la misma se hubiese ausentado o abandonado el proceso penal, el Fiscal de Materia debe remitir de oficio ese actuado dentro del plazo máximo de veinticuatro horas al Fiscal Departamental para su revisión, quien deberá emitir su resolución de ratificación o de revocatoria al sobreseimiento, dentro de los diez días siguientes; y una vez transcurrido ese plazo, sin que dicha autoridad fiscal se hubiese pronunciado, el juez a cargo del proceso, dispondrá de oficio o a petición de parte la libertad inmediata del imputado sobreseído. Bajo ese contexto jurisprudencial, de la revisión de antecedentes se tiene que ante la emisión de la Resolución de Sobreseimiento 501/2022 en favor del accionante, la Fiscal de Materia dispuso se notifique a las partes procesales con ese actuado; así como, se remita una copia al Juez de control jurisdiccional y al Fiscal llamado por ley, quien resulta ser el Fiscal Departamental de La Paz. Asimismo, la Jueza hoy accionada una vez que asumió conocimiento de dicha Resolución de sobreseimiento, mediante decreto de 4 de octubre de 2022, dispuso que el Ministerio Público acredite las notificaciones efectuadas a las partes procesales con la misma, y a su vez, informe si esa Resolución de sobreseimiento fue objeto de impugnación. Ahora bien, corresponde reiterar y precisar que la norma procesal penal -art. 324 del CPP- reconoce la impugnación de la resolución de sobreseimiento o su revisión de oficio cuando no se hubiese establecido una parte querellante dentro del proceso penal; en ese sentido, de la revisión de la prueba presentada por el propio accionante, si bien cursan las diligencias de notificación con la Resolución de Sobreseimiento 501/2022; sin embargo, no existe ningún informe ni cursa prueba alguna de que esa determinación hubiese sido objeto de impugnación por alguna de las partes, como lo exigió la Jueza ahora accionada; a esa falta de certeza, se suma el hecho de que el accionante, por memorial de 1 de noviembre de 2022, solicitó a la Fiscal de Materia se declare la ejecutoria de dicha Resolución, sin que exista respuesta expresa ni constancia que acredite pronunciamiento alguno al respecto, que demuestre que efectivamente la citada Resolución de Sobreseimiento fue impugnada o adquirió ejecutoria; motivo por el cual, no podría disponerse ninguna determinación como efecto del sobreseimiento, tal cual pretende el accionante en sus memoriales presentados el 25, 27 y 31 de octubre de igual año, mediante los cuales solicitó de manera insistente la concesión de su libertad inmediata; así como, el 3 de noviembre del referido año. Por otra parte, de la prueba aparejada al cuaderno procesal y lo manifestado por las partes intervinientes, no se logra identificar la existencia de la parte querellante dentro del proceso penal instaurado contra el accionante; en tal sentido, de conformidad con el procedimiento mencionado en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo, la Fiscal de Materia de oficio debió remitir el requerimiento conclusivo de sobreseimiento -Resolución de Sobreseimiento 501/2022- a conocimiento del Fiscal Departamental de La Paz, para su revisión y consiguiente ratificación o revocatoria; y a pesar de que la señalada Fiscal de Materia que emitió esa Resolución dispuso se ponga en conocimiento del Fiscal Departamental, esa decisión no fue aún cumplida, no habiéndose agotado el procedimiento descrito por el art. 324 del CPP; motivo por el que, el accionante no podría ser beneficiario de los efectos de la Resolución de Sobreseimiento 501/2022, emitido en su favor, como pretendió en sus memoriales dirigidos a la Jueza ahora accionada. Por lo expuesto, al no existir certeza sobre la ejecutoria de la Resolución de Sobreseimiento 501/2022, el accionante no puede beneficiarse de los efectos jurídicos emergentes de la misma, en tanto dicha Resolución no adquiera firmeza conforme a procedimiento; motivo por el cual corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 37/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 50 a 53 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1038_2026-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2c4e967aa07435ae461c2fd8ccbad1000834fb1b9c4d16efc6b3278e5ee893a9

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