B.IA.LEGAL

SCP 1038/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 29 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
29 de agosto de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencia Candia
Expediente
56964-2023-114-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, a la defensa; toda vez que, dentro del fenecido proceso ejecutivo por cobro de dinero, seguido por el Banco PyME de la Comunidad S.A. en contra de ambos y Rogelio Choque Huanca, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 526/2022 de 21 de noviembre, sin pronunciarse sobre todos los agravios expresados en su recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 03-A/2022 de 5 de enero, tampoco realizaron la motivación que dé respuesta a los mismos. Vulneraron el derecho a la defensa al no existir posibilidad de impugnar la publicación del aviso de remate el cual contenía errores e incongruencias que generaron confusión; pues, aseguraron la máxima publicidad de dicho acto, y otorgaron un valor probatorio absoluto a la prueba, sin considerar su fiabilidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 125/2023 de 19 de junio, cursante de fs. 91 a 96, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos por la referida Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como componentes del debido proceso
  2. III.2. Sobre el principio de congruencia como elemento del debido proceso. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. De la valoración de la prueba en sede constitucional.
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1038/2025-S3 Sucre, 29 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencia Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 56964-2023-114-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 125/2023 de 19 de junio, cursante de fs. 91 a 96, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alfredo Genaro Limachi Mamani y Verónica Juchani Huanca contra Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes y Lourdes Albornoz Sánchez, Vocales de Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 5 y 21 de abril de 2023, cursante de fs. 37 a 49; y, 52 a 64, los accionantes refirieron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del fenecido proceso ejecutivo por cobro de dinero, seguido por el Banco PyME de la Comunidad Sociedad Anónima (S.A.) en contra de ambos y de Rogelio Choque Huanca, -en ejecución de sentencia-, formularon incidente de nulidad del segundo remate dispuesto, mismo que fue rechazado mediante Auto Interlocutorio 03-A/2022 de 5 de enero. Contra el referido Auto Interlocutorio, interpusieron recurso de reposición con alternativa de apelación expresando como agravios, que en el Auto de señalamiento de día y hora de remate se consignaron datos erróneos, lo que generó incertidumbre e indefensión al no tener certeza sobre el proceso; aunque se subsanó el error en cuanto a la fecha, no se corrigieron los demás actuados procesales, incumpliendo lo establecido por el art. 419 del Código Procesal Civil (CPC) que exige señalar de manera correcta el día y hora del remate. A pesar, que se corrigió el supuesto error de “taypeo", el mismo persistió en la publicación de prensa, lo que causó indefensión a las partes al contener información diferente a la del expediente; no obstante, el remate se ejecutó sin corregir el problema en la publicidad, que era un requisito esencial para su validez. En sustanciación de dicho recurso, los Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandados-, mediante Auto de Vista 526/2022 de 21 de noviembre, confirmaron el Auto Interlocutorio confutado, sin la motivación y fundamentación que dé respuesta a todos los agravios formulados; entendiendo que la publicación del aviso de remate conforme establece el art. 419 del CPC, debe contener el lugar, día y hora para el remate; pues, al generarse la publicación de aviso de remate con error en el día de la subasta, se proporcionó mala información al público en general en desmedro de los derechos del deudor; si bien, se pretendió corregir el mencionado yerro mediante un auto de enmienda, solo se generó más incertidumbre y desinterés, ya que fue poco probable que quienes vieron la primera publicación accedieran a la segunda, lo que perjudicó al deudor. Se transgredió el derecho a la defensa; ya que, contra la publicación de aviso de remate, no existió la posibilidad de oponer recurso alguno y al no haberse cumplido con los requisitos establecidos por el citado precepto legal, no se aseguró la publicidad de dicho acto; pues, se entendió que solo la falta de publicación sería causal de nulidad, sin dar importancia al contenido erróneo del Auto y aviso de remate que resultaron incongruentes y generaron confusión. Finalmente, no se valoraron correctamente los elementos de prueba constituidos en los Autos de 21 de septiembre de 2021, de “fs. 170 y 185” y publicaciones de aviso de remate de “fs. 188 y 190”; a los que solo se dio un valor probatorio tasado y absoluto sin considerar el grado de fiabilidad de los mismos, toda vez que, de haber efectuado una compulsa adecuada, se habría llegado a la conclusión inequívoca, de que generaron incertidumbre e incumplimiento de la obligación de asegurar la máxima publicidad del remate, por lo que correspondía al Tribunal ad quem revocar el Auto Interlocutorio 03-A/2022, y resolviendo en el fondo anular obrados para que se proceda a señalar un nuevo día y hora de remate.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, y a la defensa sin la citar la norma constitucional que los contiene.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron que se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 526/2022 de 21 de noviembre, ordenando que los Vocales demandados emitan uno nuevo debidamente fundamentado y congruente, realizando una razonable valoración de la prueba en relación a los agravios formulados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 88 a 90 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Alfredo Genaro Limanchi Mamani, se conectó a la audiencia de garantías, pero no intervino por no estar presente su abogado. Verónica Juchani Huanca, no asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 80 vta.

I.2.2. Informe de los demandados

Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes y Lourdes Albornoz Sánchez, Vocales de Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 72 a 73 vta., manifestaron que: a) Los impetrantes de tutela realizaron una extensa descripción de los hechos presuntamente acaecidos en la causa principal, sin considerar que la justicia constitucional se encuentra impedida de realizar una valoración de la legalidad ordinaria; b) El Auto de Vista 526/2022, dispuso confirmar el Auto Interlocutorio 03-A/2022; en el marco de los agravios que la parte apelante consignó, conforme a lo establecido por el art. 256 del CPC; un razonamiento contrario, devendría en la transgresión del principio de restricción judicial; c) En virtud al principio de conocimiento, es deber de toda autoridad judicial emitir un criterio en razón a los hechos, elementos y circunstancias expuestos en el proceso; en ese sentido, si la parte accionante alega que se omitió considerar el art. 419 del CPC, en razón a que se habría emitido un fallo con error en la fijación del día de remate, el mismo fue subsanado de forma posterior; y, d) El mencionado Auto de Vista, sustanció la apelación interpuesta en apego a los agravios acusados y tomando en cuenta que el Auto de enmienda discurrió en la fundamentación suficiente conforme a los lineamentos aplicables al caso; en consecuencia, se emitió un criterio de forma razonada y con respaldo legal explicando las razones por las cuales no se asumió la decisión de “revocar” el fallo de primera instancia.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Luis Julio Vargas Chipana en audiencia de garantías a través de su abogado, señaló que: 1) Advertido de su error, el Juez de instancia, corrigió el día del remate, manteniendo subsistente la fecha y hora de dicha actuación; 2) El “auto complementario” de “fojas 85” fue notificado en tiempo y forma oportuna; por lo que, los accionantes no podían alegar su desconocimiento, habiendo estado inclusive, presentes en la audiencia de remate; 3) Si bien se arguyó la lesión al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, impetrantes de tutela, no establecieron cómo y porqué el Auto de Vista 526/2022, transgredió dicho derecho; 4) No es suficiente referir los agravios; pues, los mismos deben ser demostrados; 5) Las partes fueron notificadas con todos los actuados procesales; no habiendo sido privadas ni limitadas del acceso oportuno al expediente; y, 6) En cuanto a la prueba, los Vocales demandados manifestaron que en la resolución apelada existió el análisis de los elementos probatorios que acompañan al incidente formulado así como del recurso de reposición, los que sirvieron para confirmar la resolución de rechazo del incidente formulado. Ante la interrogante de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en relación a cuál fue el error técnico o cual su naturaleza, respondió que fue “en el día” (sic); empero, fue regularizado por el Juez de instancia. El representante del Banco PyME de la Comunidad S.A., no presentó escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 78. Rogelio Choque Huanca, tampoco exteriorizó escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 87.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 125/2023 de 19 de junio, cursante de fs. 91 a 96, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Los accionantes alegaron la infracción de los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, a la defensa y a la valoración de la prueba; sin embargo, más allá de enunciarlos, no se encontró vinculación con el acto que se denuncia como vulnerado; ii) El Auto de Vista 526/2022, a partir del considerando segundo evocó con detalle cuales fueron los puntos reclamados por los prenombrados, estableció los principios que rigen las nulidades procesales explicando cada uno de ellos y de acuerdo a la perspectiva constitucional cuales los elementos que viabilizan una nulidad, concluyendo que no concurren los mismos; por lo que, al plantear un incidente que no cumple con dichos principios no se hubiera denotado la vulneración al debido proceso, tampoco del derecho a la defensa; entendiendo que el citado fallo, contiene en sus fundamentos una explicación clara y las razones precisas para establecer lo determinado; y, iii) Los accionantes no fueron claros en señalar como es que se vulneró el derecho a la defensa; respecto a la falta de valoración de la prueba, no pudieron determinar cuáles elementos probatorios, la forma en que debieron ser estimadas y como debió fallar el Tribunal de apelación al respecto; tampoco, explicaron cuál sería la pretensión en relación a dicho componente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del fenecido proceso ejecutivo por cobro de dinero, seguido por el Banco PyME de la Comunidad S.A. en contra de Alfredo Genaro Limachi Mamani, Verónica Juchani Huanca -impetrantes de tutela- y Rogelio Choque Huanca, el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 03-A/2022 de 5 de enero, rechazó el incidente de nulidad contra el acto de segunda subasta y remate, formulado por los ahora solicitantes de tutela (fs. 23 a 30). II.2. A través del Auto de Vista 526/2022 de 21 de noviembre, Ramiro Ariel Blanco Fuentes y Lourdes Albornoz Sánchez, Vocales de Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandados-, resolvieron confirmar el Auto Interlocutorio 03-A/2022 (fs.19 a 22 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, a la defensa; toda vez que, dentro del fenecido proceso ejecutivo por cobro de dinero, seguido por el Banco PyME de la Comunidad S.A. en contra de ambos y Rogelio Choque Huanca, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 526/2022 de 21 de noviembre, sin pronunciarse sobre todos los agravios expresados en su recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 03-A/2022 de 5 de enero, tampoco realizaron la motivación que dé respuesta a los mismos. Vulneraron el derecho a la defensa al no existir posibilidad de impugnar la publicación del aviso de remate el cual contenía errores e incongruencias que generaron confusión; pues, aseguraron la máxima publicidad de dicho acto, y otorgaron un valor probatorio absoluto a la prueba, sin considerar su fiabilidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como componentes del debido proceso

La jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre señaló que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las negrillas nos corresponden). Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…” (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre el principio de congruencia como elemento del debido proceso. Jurisprudencia reiterada

En relación a la congruencia como elemento del debido proceso, reiterando entendimientos jurisprudenciales anteriores, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, sostuvo: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. De la valoración de la prueba en sede constitucional.

Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, señaló: “…dada la finalidad de las acciones tutelares, que esencialmente son protectoras de derechos fundamentales y que por tanto no son una instancia casacional o alternativa de las vías ordinarias; es preciso recordar que este Tribunal a través de las diversas acciones tutelares no puede realizar una nueva valoración de la prueba sobre la problemática de fondo que motivó la decisión judicial o administrativa impugnada, pues ello sería invadir otras jurisdicciones desnaturalizando la esencia de esta acción tutelar por cuanto la valoración de la prueba es una facultad privativa de dichas instancias ordinarias; esa es la regla y la línea jurisprudencial adoptada. No obstante, como toda regla en ciertos casos conlleva una excepción, de manera muy excepcional el Tribunal Constitucional, puede determinar si se valoró o no la prueba, si se omitió alguna valoración pese a la presentación oportuna y conforme a ley o la misma resulta arbitraria e irracional; sin embargo, no puede sustituir la valoración, sino disponer se emita nueva resolución con una adecuada valoración probatoria por parte del mismo órgano o instancia ordinaria” (las negrillas nos corresponden). Por su parte, la SCP 0030/2014 de 3 de enero, señaló: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, como el titular de la jurisdicción constitucional, tiene definido su ámbito de acción; así, en lo que concierne a la valoración de pruebas, la uniforme jurisprudencia constitucional sostuvo que dicha labor es competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, en tal sentido, la SC 0685/2006-R de 17 de julio, precisó que esta jurisdicción: ‘…no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, excepto, en los casos en los que resulta evidente que la prueba aportada ha sido ignorada por el juzgador o cuando la valoración realizada es arbitraria e irrazonable y no obedece a los marcos legales de razonabilidad y equidad, originando como lógica consecuencia la lesión a derechos y garantías fundamentales, conforme se ha establecido en la SC 0577/2002-R, de 20 de mayo, reiterada por las SSCC 1047/2004-R, 0227/2004-R, 0294/2003-R…’. En ese marco de consideraciones, la doctrina constitucional a través de la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, identificó los supuestos en que ésta jurisdicción puede ejercitar el control de constitucionalidad, sobre labores propias de la jurisdicción ordinaria, como es la valoración de las pruebas, conforme al entendimiento que sigue: ‘…siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del tribunal constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma’” (las negrillas son añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

De los antecedentes glosados a la presente causa y las alegaciones de la parte accionante, se tiene que dentro del fenecido un proceso ejecutivo por cobro de dinero seguido por el Banco PyME de la Comunidad S.A., los accionantes formularon un incidente de nulidad contra el acto de segunda subasta y remate dispuesta el dicho proceso, por contener errores en la fijación de fecha y hora de remate, lo que generó incertidumbre e indefensión, y que al pretender corregir el error, la publicación en la prensa mantuvo una información incorrecta, incumpliendo el artículo 419 del CPC; no obstante, el incidente fue rechazado a través del Auto Interlocutorio 03-A/2022 de 5 de enero; por lo que -contra dicha determinación- la parte accionante, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación. En sustanciación del recurso de apelación, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 526/2022 de 21 de noviembre, confirmando el citado Auto Interlocutorio.

Ahora bien, la parte accionante alega -entre otros- la falta de fundamentación, motivación y congruencia en el referido Auto de Vista; toda vez que, no se pronunciaron sobre todos los agravios expresados en el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 03-A/2022, tampoco realizaron la motivación que dé respuesta a los mismos. En ese contexto, del Auto de Vista confutado, se extrae los siguientes agravios a fin de determinar si fueron considerados por los demandados a tiempo de emitir su fallo: a) En el Auto de señalamiento de día y hora de remate, se consignó datos erróneos causando incertidumbre e indefensión a las partes y terceros interesados, al no tener certeza sobre los actuados dentro del proceso de remate; b) A “fs. 183” continuó el error en el día y hora del segundo remate y aprobación del edicto. Error subsanado posteriormente solo en cuanto a la fecha, inobservando lo establecido por el Código Procesal Civil que exige a señalar de manera correcta del día y hora de remate para la publicidad del mismo; empero, jamás fueron corregidos en los edictos y demás actuados, causando incertidumbre; por consiguiente, indefensión; c) Aunque se corrigió el supuesto error de “typeo”, persistió en la publicación del remate en medios de prensa; lo que, al considerarse como notificación a las partes, generó indefensión por contener datos distintos a los del expediente; y, d) Pese a la corrección, la autoridad judicial no declaró nulos los actos posteriores y continuó con el remate y la ejecución, siendo que la publicidad es un requisito fundamental, lo que genero zozobra e indefensión, lo que demuestra la necesidad de anular obrados; sin embargo, el Auto Interlocutorio 03-A/2022 no se pronunció al respecto, convalidando los actos defectuosos.

De acuerdo al principio de pertinencia, el cuestionado Auto de Vista 526/2022, debe circunscribirse necesariamente a los argumentos que contiene el recurso de apelación interpuesto por la parte peticionante de tutela; en ese entendido, a efectos de analizar si el mencionado fallo es congruente y abarca la debida fundamentación y motivación, corresponde conocer los razonamientos esgrimidos que lo sustentan, en ese sentido las autoridades desarrollaron los siguientes motivos: No obstante que la parte demandada señaló como agravio un error cometido por el juez a quo a momento de señalar el día; sin embargo, dicho error de “typeo” fue corregido oportunamente mediante Auto de Enmienda emitido y notificado el 13 de octubre de 2021, quedando en conocimiento de todas las partes procesales; advirtiendo en tal sentido las publicaciones del aviso de remate de 13 y 14 de igual mes y año, hecho que se configura en la publicidad del remate; por consiguiente, lo planteado no cumple con los requisitos procesales para declarar la nulidad de obrados, ya que esta procede solo como medida excepcional para reparar derechos efectivamente vulnerados, lo cual no se evidencia en el caso; toda vez que, no se probó la supuesta afectación al derecho a la defensa, extremo que no se demostró. De acuerdo con la normativa civil y los principios que rigen las nulidades procesales (especificidad, finalidad, trascendencia y convalidación), la nulidad no puede declararse por simple petición, sino que requiere el cumplimiento de requisitos legales (arts. 105 y 109 del CPC); pues, en el caso concreto, el error en la fecha no generó indefensión, ya que fue corregido oportunamente y las notificaciones cumplieron su finalidad. Por tanto, la solicitud de nulidad es improcedente, especialmente considerando que el proceso está en fase de ejecución con sentencia firme y adjudicación válida del bien; concluyendo que durante el proceso ejecutivo no se vulneró el derecho a la defensa, ya que la parte ejecutada no estuvo en situación de indefensión y pudo ejercer los recursos correspondientes. La nulidad solo procede si se reclama oportunamente o si se demuestra que un acto procesal desconocido causó indefensión, lo cual no ocurrió; por tanto, no es procedente solicitar nulidad sobre aspectos formales cuando se ha tenido conocimiento del proceso y se ha ejercido defensa. Establecido lo anterior, conforme se tiene reflejado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda autoridad al emitir una resolución debe fundamentarla adecuadamente, lo que implica: describir los hechos que originaron el recurso (fundamentación descriptiva), citar la normativa aplicable (fundamentación jurídica) y exponer los razonamientos que justifican su decisión (motivación), lo que significa hacer saber al afectado los motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente.

Bajo dicho entendimiento jurisprudencial y del examen de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista 526/2022, este Tribunal advierte que el citado fallo cuenta con la debida fundamentación y motivación y congruencia; por cuanto, de manera genérica e inteligible respondió a los motivos expresados en el recurso de apelación formulado por los hoy impetrantes de tutela; pues, luego de establecer los antecedentes del proceso, el contenido del recurso de apelación alternativa y la respuesta al mismo, con base a los principios de especialidad o legalidad, protección, conservación, preclusión y dispositivo -didácticamente expuestos- y establecidos los preceptos legales que rigen las nulidades procesales, las autoridades demandadas concluyeron que para pretender la nulidad de un acto, el mismo debe regirse por los principios procesales que rigen las nulidades, ya que, el mismo no podría declararse a simple petición; de ahí que, el error cometido por el Juez a quo, -que constituyó la génesis de la problemática planteada- no generó indefensión a la parte ejecutada, por ello, los argumentos expresados por los accionantes a tiempo de demandar la nulidad no serían válidos, consecuentemente, por los fundamentos expuestos este Tribunal advierte que no existió lesión al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, encontrando en los argumentos esgrimidos los justificativos a los reclamos exteriorizados a través de este mecanismo de defensa. Respecto a la transgresión del derecho a la defensa, este Tribunal no evidencia la lesión del mismo; por cuanto los impetrantes de tutela, al advertir una presunta vulneración de sus derechos, acudieron sin restricción alguna ante las instancias ordinarias pertinentes, formulando los recursos que les confiere la ley, en procura de obtener un pronunciamiento acorde a sus pretensiones. Finalmente, los solicitantes de tutela denuncian también que las autoridades demandadas efectuaron una valoración irrazonable de la prueba; al respecto, cabe señalar que de acuerdo al desarrollo jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, la valoración de la prueba es exclusiva de la jurisdicción ordinaria, siendo excepcional su revisión en sede constitucional cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso la misma que debe ser identificada debiendo determinarse también la relevancia constitucional, y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en la especie, de la revisión del fallo confutado, ciertamente los accionantes no individualizaron los medios probatorios que no fueron objeto de consideración por parte de los demandados, tampoco refirieron cual la relevancia en caso de ser estimadas; en tal sentido, no corresponde emitir ningún criterio al respecto, al no haberse cumplido ninguno de los presupuestos esgrimidos precedentemente. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 125/2023 de 19 de junio, cursante de fs. 91 a 96, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos por la referida Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1038_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

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