Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 21 de septiembre de 2023
Deniega la tutela
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de juez natural, defensa, tutela judicial efectiva, legalidad, tipicidad, taxatividad, fundamentación, motivación y congruencia; así como al principio de proporcionalidad; puesto que, habiendo formulado recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria de 28 de junio de 2022, por la cual la entonces Autoridad Sumariante del GAM de Potosí declaró improcedente el recurso de revocatoria que interpuso contra el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022; el Alcalde accionado omitiendo considerar todos los reclamos relativos a las irregularidades cometidas durante toda la tramitación del proceso administrativo interno seguido en su contra, mediante Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 13/2022, confirmó la referida Resolución de Recurso de Revocatoria sin la debida fundamentación ni motivación. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 058/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 387 vta. a 392, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1037/2023-S3 Sucre, 21 de septiembre de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 49679-2022-100-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 058/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 387 vta. a 392, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Raúl Alberto Pinto Rivera contra Jhonny Llally Huata, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Potosí.
Por memoriales presentados el 28 de julio y 3 de agosto, ambos de 2022, cursantes de fs. 254 a 281; y, 284 a 287 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso administrativo interno seguido en su contra como Gerente General de la Empresa Municipal de Aseo Potosí (EMAP), a denuncia de Maya Esther Amador Herrera y Freddy Alberto Pinto Sosa; ante la presentación de una primera acción de amparo constitucional -en la que entre otros aspectos, denunció la falta de designación de una Autoridad Sumariante competente para tramitar procesos administrativos internos contra la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de una entidad municipal-, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 033/2022 de 28 de abril, le concedió parcialmente la tutela solicitada, debido a que la entonces Autoridad Sumariante a cargo del referido proceso administrativo interno no fue designada conforme a la normativa interna del GAM de Potosí; por lo que, dejó sin efecto la Resolución de Recuro Jerárquico RJ/DESP/GAMP 005/2022 de 5 de igual mes, pronunciada por el Alcalde ahora accionado, disponiendo que dicha autoridad dicte una nueva resolución de recurso jerárquico en el plazo de ocho días hábiles tomando en cuenta el derecho vulnerado en esa oportunidad, relativo al debido proceso en su elemento de juez natural. Producto de aquello, la mencionada autoridad accionada, pronunció la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 006/2022 de 9 de mayo, la cual, si bien anuló obrados hasta el vicio más antiguo, siendo este el inicio del proceso administrativo interno; sin embargo, la misma no cumplió a cabalidad lo establecido por la Resolución 033/2022; toda vez que, en esta Resolución constitucional no se analizó ni mucho menos se ordenó que se designe como Autoridad Sumariante encargada de la tramitación del proceso administrativo interno seguido en su contra, al “Director Jurídico” -Director de Asesoría Jurídica- del GAM de Potosí, por ser el asesor principal de esa entidad; incluso, en un intento de subsanar las irregularidades cometidas, mediante Decreto Edil 17/2022 de 29 de abril, el Alcalde accionado creó -designó- una nueva Autoridad Sumariante que no existía antes de los presuntos hechos denunciados en su contra y del proceso administrativo al cual pretenden someterlo. En ese sentido, la referida Autoridad Sumariante dispuso -como medida precautoria- el cambio temporal de sus funciones, y sin la debida fundamentación ni motivación, emitió el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022 de 12 de mayo, que se refirió a otros elementos y a normas ajenas al proceso administrativo interno, como el Estatuto del Funcionario Público, que no es aplicable en su caso; así también, amplió, corrigió y modificó el contenido del “primer trámite”. Contra esa determinación, el 16 de mayo de 2022, interpuso recurso de revocatoria, mereciendo la Resolución de Recurso de Revocatoria de 25 de ese mes y año, por la cual -dicha Autoridad Sumariante del GAM de Potosí- revocó parcialmente el referido Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno, ordenando su complementación. En mérito a ello, considerando que la indicada Resolución de Recurso de Revocatoria se encontraba incompleta e injustificado el cambio de sus funciones, el 31 de mayo de 2022, interpuso recurso jerárquico en su contra; pronunciándose la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 11/2022 de 10 de junio, a través de la cual, el Alcalde accionado confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria impugnada, y de manera contradictoria, modificando la misma, indicó que el nuevo Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno debía tomar en cuenta: a) La tipificación de la contravención administrativa conforme a la legislación aplicable vigente en EMAP; y, b) Las razones puntuales por las que se determinó la medida precautoria de cambio temporal de funciones. A raíz de esa determinación, la entonces Autoridad Sumariante pronunció el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022 de 14 de junio, el cual contiene aún más defectos que los anteriores, empeorando su situación; puesto que: 1) Indicó que habría infringido otras normas administrativas de carácter específico y general, haciendo referencia a supuestos hechos constitutivos de contravenciones, sin tipificar la falta o contravención de manera objetiva, ni adecuar su supuesta conducta al tipo administrativo sancionador; 2) Omitió analizar el nexo de causalidad respecto al caso concreto, y no indicó cuál sería el supuesto daño ocasionado ni la sanción que le correspondería; y, 3) No mencionó al Manual de Funciones como norma principal contravenida, sino al Reglamento Interno y al Estatuto Orgánico de EMAP; además, al Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y al Estatuto del Funcionario Público. Siendo que ese último Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno hizo referencia a otros parámetros, nuevas cuestiones y hechos que no fueron denunciados -y no se dejó sin efecto de manera expresa el anterior-, entendiendo que coexistían dos Autos de Apertura de Proceso Administrativo Interno totalmente disímiles entre sí; el 20 de junio de 2022, presentó un nuevo recurso de revocatoria, denunciando que el último Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno contenía más defectos y vulneraciones a sus derechos fundamentales; sin embargo, de manera discrecional el mismo fue rechazado a través de la Resolución de Recurso de Revocatoria de 28 de igual mes y año, por ser supuestamente improcedente. En tal sentido, el 1 de julio de 2022, planteó recurso jerárquico contra esa decisión; pronunciando el Alcalde accionado la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 13/2022 de 12 de julio, por la cual, reiterando el criterio de la entonces Autoridad Sumariante, sin analizar sus argumentos ni la jurisprudencia expuesta en sus recursos de revocatoria y jerárquico previamente presentados; confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria impugnada -sin una debida fundamentación ni motivación-, manteniendo una resolución que “NO EXISTE”; y convalidando todos los actos ilegítimos e irregulares cometidos en su contra durante toda la tramitación del proceso administrativo interno de referencia -por una Autoridad Sumariante que no cumple las exigencias de un juez natural-.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de juez natural, defensa, tutela judicial efectiva, legalidad, tipicidad, taxatividad, fundamentación, motivación y congruencia; así como el principio de proporcionalidad; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 120.I, 122 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 2, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14.1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: i) Se deje sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 13/2022 pronunciada por el Alcalde accionado; ii) Se conmine a dicha autoridad, emita una -nueva-resolución -de recurso jerárquico- declarando la ilegitimidad del “Director Jurídico” -Autoridad Sumariante- para obrar retroactivamente, al haber sido designada recién el 29 de abril de 2022, para tramitar procesos administrativos contra la MAE de una entidad desde la gestión 2022 en adelante; asimismo, por falta de legalidad, taxatividad y tipicidad de la supuesta falta, y la existencia de anomalías en la tramitación del proceso administrativo seguido en su contra; iii) Se determine el archivo definitivo de obrados; iv) Se dejen sin efecto todas las medidas -precautorias- impuestas en su contra, ordenándose la inmediata restitución a su cargo de Gerente General de EMAP, con el mismo ítem y nivel salarial que tenía antes de la emisión de la referida Resolución de Recurso jerárquico; y, v) Se remitan antecedentes al Ministerio Público a fin de establecer las responsabilidades que correspondan por la emisión de la indicada Resolución contraria a la Constitución Política del Estado y las leyes; así como a la Unidad de Transparencia Institucional, respecto a todos los funcionarios que participaron sin competencia en la tramitación del proceso administrativo interno, al haberle causado graves perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 11 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 372 a 387; presentes el peticionante de tutela asistido por su abogado, el representante legal del Alcalde accionado, y el tercero interesado; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante por si, así como a través de su abogado, ratificó el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia, manifestó que: a) La nulidad de obrados dispuesta por la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 006/2022, no fue cumplida a cabalidad; ya que solamente se anularon obrados “…hasta el informe evacuado por un asesor de la Dirección Jurídica…” (sic) del GAM de Potosí, cuando debió procederse de esa manera hasta el inicio del proceso administrativo; es decir, desde la denuncia; b) El entonces Director de Asesoría Jurídica del GAM de Potosí, fue designado como Autoridad Sumariante específicamente para tramitar el proceso administrativo interno seguido en su contra; prueba de ello es que mediante Decretos Ediles 01/2022 de 7 de enero y 12/2022 de 25 de marzo, se designó a las Autoridades Sumariantes para la gestión 2022; sin embargo, recién a través del Decreto Edil 17/2022, este fue designado como Autoridad Sumariante para la tramitación de procesos administrativos internos seguidos contra las MAE, miembros de un directorio, abogados y auditores internos de esa entidad; c) El hecho por el que se encuentra procesado habría ocurrido el 2020, presentándose la denuncia el 2021; en ese sentido, la Autoridad Sumariante al ser designada recién el 29 de abril de 2022; es decir, de forma posterior a tales hechos, no podía retrotraer su competencia para conocer denuncias procesadas en la gestión 2021; -por lo que al continuarse con el proceso administrativo interno se vulneró su derecho al debido proceso en su elemento de juez natural-; y, d) Hasta antes de la emisión del Decreto Edil 17/2022, no existía una Autoridad Sumariante designada para la tramitación de procesos administrativos internos contra las MAE, miembros de un directorio, abogados o auditores internos.
Jhonny Llally Huata, Alcalde Municipal del GAM de Potosí, mediante informe escrito, cursante de fs. 309 a 316, así como en audiencia a través de su representante legal, indicó que: 1) En el presente caso concurre la causal de improcedencia por subsidiariedad, debido al planteamiento de un recurso de manera incorrecta y equivocada, ya que en el proceso administrativo interno, no se emitió aún una resolución administrativa de carácter definitivo que hubiere determinado una situación jurídica final del impetrante de tutela, y tampoco se dispuso sanción alguna en su contra; toda vez que, que los medios de impugnación planteados fueron dirigidos contra el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022, y no así contra una resolución final; por lo que, no podría existir lesión, en virtud a que la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 13/2022 ahora impugnada, no determinó cuestiones de fondo que lleguen a vulnerar sus derechos; 2) Desde la emisión del nuevo Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno -04/2022-, el peticionante de tutela trató de impedir la tramitación de la causa, interponiendo recursos contra actos administrativos que no son sujetos de impugnación, aspecto que se hizo conocer en la Resolución impugnada. Al respecto, se tiene a lo establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0107/2018-S2 de 11 de abril y 0071/2021-S3 de 1 de mismo mes; 3) Después de dictarse la indicada Resolución de Recurso Jerárquico, el accionante solicitó la reprogramación de su declaración informativa y presentó diferentes memoriales inherentes al proceso administrativo interno de referencia, solicitando fotocopias legalizadas; lo cual demuestra, que convalidó todos los actos ahora reclamados y reconoció la competencia de la Autoridad Sumariante; concurriendo la causal de improcedencia de esta acción tutelar por actos consentidos; 4) Con relación al juez natural, en cumplimiento a la Resolución 033/2022, emitida dentro de una anterior acción de amparo constitucional interpuesta contra una resolución de recurso jerárquico pronunciada dentro de un proceso administrativo interno concluido, a fin de corregir las observaciones efectuadas relativas a la falta de designación de esa autoridad, -se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 006/2022, por la cual anuló obrados hasta el vicio más antiguo, y también- se pronunció el Decreto Edil 17/2022, a través del cual, designó como Autoridad Sumariante al Director de Asesoría Jurídica del GAM de Potosí, emitiéndose el correspondiente Memorándum de asignación de tareas por ser el asesor principal de la Entidad Municipal, siendo por ello competente para tramitar el proceso administrativo interno contra el impetrante de tutela; 5) De acuerdo con la SCP 0543/2013 de 13 de mayo, el hecho que la Autoridad Sumariante no fuera designada la primera semana hábil del año, no deriva en su incompetencia, debiendo considerarse además circunstancias relacionadas con la culminación de la relación laboral, como ocurrió con la actual Autoridad Sumariante -ahora tercero interesado-, que asumió el cargo de Director de Asesoría Jurídica del GAM de Potosí, el 4 de julio de 2022, por la renuncia voluntaria de su predecesor; por lo que, al existir una nueva designación, ello no se configura como una vulneración del derecho al juez natural; 6) Teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1047/2013 de 27 de junio, respecto al Juez predeterminado, no se vulneró el derecho al debido proceso del peticionante de tutela en su elemento de juez natural; toda vez que, la Autoridad Sumariante del GAM de Potosí, fue constituida en virtud al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado por Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992, modificado por el art. 1 del DS 26237 de 29 de junio de 2001, no pudiendo ser considerado como una autoridad especial creada exclusivamente para el procesamiento administrativo del accionante; 7) El Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022, hace una calificación provisional, estando sujeta al periodo de prueba para recién emitir una resolución de carácter definitiva, cuyos fundamentos recién podrán ser objeto de un examen; 8) No es evidente que existan dos Autos de Apertura de Proceso Administrativo Interno contra el impetrante de tutela; 9) La Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 13/2022, cuenta con la debida fundamentación y motivación, explicando de manera clara las razones de su improcedencia por no ser el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022, una resolución final; y, 10) Los incidentes planteados por el accionante contra el referido Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno fueron rechazados; ya que, conforme a la jurisprudencia constitucional, su tramitación puede ocasionar la emisión de dos resoluciones definitivas. Por lo expuesto, solicitó se declare la improcedencia de la acción tutelar planteada y en definitiva se deniegue la tutela impetrada.
Richard Alejo León, Director de Asesoría Jurídica y Autoridad Sumariante del GAM de Potosí, en audiencia indicó lo siguiente: i) El peticionante de tutela presentó una gran cantidad de memoriales dilatorios y sin fundamento, con la única finalidad de impedir la sustanciación del proceso administrativo interno seguido en su contra -y del que deviene esta acción tutelar-; y, ii) De conformidad con lo establecido por la SCP 0543/2013, el hecho que no hubiera sido designado como Autoridad Sumariante la primera semana hábil del año, no significa que carezca de competencia para la tramitación del proceso administrativo interno de referencia; en ese sentido, el accionante únicamente pretende dilatar el mismo.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 058/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 387 vta. a 392, denegó la tutela solicitada; decisión asumida conforme a los siguientes fundamentos: a) El Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022, fue recurrido a través del recurso de revocatoria -interpuesto por el accionante-; emitiéndose la Resolución de Recurso de Revocatoria de 28 de junio de 2022, en la cual se declaró la improcedencia de ese medio de impugnación, sin referirse propiamente al fondo de los posibles agravios que hubiesen existido y que fueron señalados por el recurrente. Recurrida esa Resolución, se pronunció la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 13/2022, que confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria; b) Teniendo en cuenta la improcedencia aludida y luego la confirmación de esa decisión, no corresponde ingresar a analizar la vulneración de los derechos denunciados como lesionados, debido a que no fueron resueltos en el fondo los agravios que menciona el impetrante de tutela en sus recursos de revocatoria y jerárquico, entendiendo que ello debe realizarse cuando exista una resolución final, y -recién- en conjunto presentar todas esas observaciones para que puedan resolverse en última instancia. Es una especie de diferimiento en caso de que persistan las observaciones; c) De conformidad a lo estipulado por los arts. 24 del DS 23318-A y sus modificaciones; 56 y 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; y lo establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0249/2012 de 29 de mayo, y 0107/2018-S2, los actos de mero trámite o de procedimiento -como el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022-, no admiten impugnación alguna, debido a que no ponen fin a una actuación administrativa; sin embargo, los defectos que sean observados -agravios-, pueden ser reclamados juntamente con la resolución definitiva que se emita; d) El argumento utilizado por el Alcalde accionado para declarar la improcedencia de los mencionados recursos de revocatoria y jerárquico, difiriendo el análisis de los agravios hasta una eventual interposición del recurso de revocatoria contra la resolución final que se emita, resulta totalmente razonable y se comparte; encontrándose por ello impedidos de ingresar al examen de dichos agravios que no fueron resueltos porque se considera que no es el momento adecuado, sino cuando se emita la resolución final del proceso administrativo interno de referencia; y, e) La Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 13/2022, cuenta con la debida fundamentación y motivación para determinar la improcedencia del recurso jerárquico planteado por el peticionante de tutela.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución 033/2022 de 28 de abril, por la cual la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí concedió en parte la tutela solicitada por Raúl Alberto Pinto Rivera -hoy accionante- disponiendo dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 005/2022 de 5 de abril, debiendo Jhonny Llally Huata, Alcalde Municipal del GAM de Potosí -ahora accionado-, emitir una nueva resolución en el plazo de ocho días hábiles (fs. 2 a 10). II.2. Por Decreto Edil 17/2022 de 29 de abril, el Alcalde accionado designó al Director de Asesoría Jurídica del GAM de Potosí como Autoridad Sumariante dentro de los procesos administrativos internos que involucren al “MAXIMO EJECUTIVO”, los miembros de un directorio, abogados o auditores internos de esa entidad (fs. 27 a 28). II.3. Cursa la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 006/2022 de 9 de mayo, por la cual el Alcalde accionado, en virtud a la Resolución 033/2022, resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo ordenando la designación del Director de Asesoría Jurídica del GAM de Potosí como Autoridad Sumariante (fs. 11 a 25). II.4. Mediante Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022 de 12 de mayo, la entonces Autoridad Sumariante del GAM de Potosí, determinó el inicio de proceso administrativo interno contra el impetrante de tutela. Y, como medida precautoria dispuso el cambio temporal de sus funciones a cargo de la Dirección de Recursos Humanos (RR.HH.) de esa entidad, con el mismo salario que venía percibiendo como Gerente General de EMAP (fs. 36 a 40); siendo designado por Memorándum CITE: 002/2022 de 14 de ese mes, para cumplir las funciones de Director Técnico (fs. 50). II.5. Por memorial de 16 de mayo de 2022, el peticionante de tutela, entre otros aspectos, interpuso recurso de revocatoria contra el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022 (fs. 60 a 72); siendo resuelto a través de la Resolución de Recurso de Revocatoria de 25 de citado mes y año, por la cual la entonces Autoridad Sumariante del GAM de Potosí, revocó parcialmente dicho Auto de Apertura, ordenando su corrección y complementación sobre los defectos detectados que puedan generar vulneración a los derechos al debido proceso y a la defensa del accionante en sus vertientes de tipicidad y taxatividad (fs. 73 a 82). II.6. A través de escrito presentado el 31 de mayo de 2022, el impetrante de tutela formuló recurso jerárquico contra la precitada Resolución de Recurso de Revocatoria (fs. 92 a 109); mereciendo la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 11/2022 de 10 de junio, por la cual el Alcalde accionado confirmó la mencionada Resolución impugnada, indicando que en la emisión del nuevo Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno se deberá: 1) Tipificar la contravención administrativa efectuando una contrastación con la legislación especial aplicable vigente en EMAP; y, 2) Complementar las razones por las que se determinó la medida precautoria de cambio temporal de funciones del accionante (fs. 121 a 135). II.7. Consta Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022 de 14 de junio, por el cual la entonces Autoridad Sumariante del GAM de Potosí, determinó el inicio de proceso administrativo interno contra el peticionante de tutela. Y, como medida precautoria dispuso el cambio temporal de sus funciones, a cargo de la Dirección de RR.HH. de esa entidad, con el mismo salario que venía percibiendo como Gerente General de EMAP (fs. 137 a 144). II.8. Por memorial de 20 de junio de 2022, el accionante entre otros aspectos, interpuso recurso de revocatoria contra el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022 (fs. 186 a 204 vta.). Siendo resuelto a través de la Resolución de Recurso de Revocatoria de 28 de igual mes y año, por la cual la entonces Autoridad Sumariante del GAM de Potosí, rechazó dicho recurso por improcedente (fs. 205 a 211). II.9. Mediante escrito presentado el 1 de julio de 2022, el impetrante de tutela formuló recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria supra identificada (fs. 213 a 226 vta.); mereciendo la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 13/2022 de 12 de julio, por la cual el Alcalde accionado confirmó la referida decisión impugnada (fs. 227 a 234).
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de juez natural, defensa, tutela judicial efectiva, legalidad, tipicidad, taxatividad, fundamentación, motivación y congruencia; así como al principio de proporcionalidad; puesto que, habiendo formulado recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria de 28 de junio de 2022, por la cual la entonces Autoridad Sumariante del GAM de Potosí declaró improcedente el recurso de revocatoria que interpuso contra el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022; el Alcalde accionado omitiendo considerar todos los reclamos relativos a las irregularidades cometidas durante toda la tramitación del proceso administrativo interno seguido en su contra, mediante Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 13/2022, confirmó la referida Resolución de Recurso de Revocatoria sin la debida fundamentación ni motivación. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0882/2014 de 12 de mayo, señaló que: “A efectos de establecer cual la naturaleza de los actos de mero trámite y de las resoluciones de inicio de procesos administrativos, y posteriormente establecer si las mismas son o no impugnables, corresponde tener claramente establecidos las características y efectos jurídicos de los actos administrativos, en este entendido la jurisprudencia constitucional de este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, concluyó con relación al acto administrativo lo siguiente: ‘…el acto administrativo es una manifestación o declaración de voluntad, emitida por una autoridad administrativa en forma ejecutoria, es de naturaleza reglada o discrecional y tiene la finalidad de producir un efecto de derecho, ya sea crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva frente a los administrados. Goza de obligatoriedad, exigibilidad, presunción de legitimidad y ejecutabilidad; es impugnables en sede administrativa y sujeta a control jurisdiccional posterior cuando se trata de actos administrativos definitivos, lo que no implica que aquellos actos administrativos no definitivos no puedan ser cuestionados; sin embargo, en este último caso, se lo hará en ejercicio del derecho de petición consagrado en el art. 24 de la CPE, y solamente de manera preventiva’. Asimismo, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, también realizo una clasificación de los actos administrativos por su contenido señalando lo siguiente: ‘…en ese orden, se tienen los actos administrativos definitivos y los de trámite o de procedimiento. Los actos administrativos definitivos son aquellos declarativos o constitutivos de derechos, declarativos porque se limitan a constatar o acreditar una situación jurídica, sin alterarla, ni incidir en ella; y constitutivos porque crean, modifican o extinguen una relación o situación jurídica. Estos se consolidan a través de una resolución definitiva; ingresando dentro de este grupo, vía de excepción, aquellos actos equivalentes, que al igual que los definitivos, ponen fin a una actuación administrativa’. Asimismo dicha Sentencia Constitucional, en interpretación del art. 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), concluyó lo siguiente: ‘…que los actos administrativos susceptibles de impugnación, ya sea mediante los recursos administrativos o por vía jurisdiccional ulterior, son los definitivos y los equivalentes o asimilables, estos últimos porque pese a que no resuelven el fondo de la cuestión, sin embargo, impiden totalmente la tramitación del problema de fondo, y por tanto, reciben el mismo tratamiento que un acto denominado definitivo, porque con mayor razón son impugnables.
Mientras que los actos administrativos de trámite o de procedimiento son los pasos intermedios que suelen dar lugar a la obtención del acto final o último o que sirven para la formación del mismo, se refieren expresamente a los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico, que antes o luego de la emisión del cato administrativos, deben cumplirse. En ese caso, habrá de hacerse una diferenciación, dado que si este tipo de actos tienen incidencia directa con la ejecutividad del acto administrativo definitivo trasuntado en una resolución administrativa, entonces será impugnable en sede administrativa, siendo el único requisito que se deberá recurrir junto con el acto administrativo definitivo, utilizando las vías recursivas establecidas en las normas jurídicas aplicables; en cambio, cuando es acto sea de mero trámite y no guarde relevancia jurídica alguna respecto a la resolución administrativa definitiva, entonces el mismo, queda privado de impugnación alguna; esto en razón a que no constituye una resolución definitiva y tampoco sirve de fundamento a la misma’. Consecuentemente, conforme lo señalado no todo acto administrativo es susceptible de impugnación, sino únicamente, los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de mero trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, por lo que el acto que no tenga dichas características no es impugnable” (las negrillas son nuestras). Similar razonamiento se encuentra en la SCP 0071/2021-S3 de 1 de abril.
La SCP 0178/2020-S3 de 13 de julio, sostuvo que: «La SCP 0057/2014 de 20 de octubre, estableció que: “El art. 128 de la Norma Suprema, estableció la acción de amparo constitucional como un medio de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley; por su parte, reconociendo el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, el art. 129.I, señaló que: '…se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo a la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'; en ese contexto, el art. 53.3 del CPCo, ha previsto respecto a los presupuestos de improcedencia de esta acción, que ésta no procede contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno; precepto normativo que, de manera expresa prevé el principio subsidiario de la acción de amparo constitucional, entendido éste como la utilización previa de todos los medios y recursos previstos en el ordenamiento jurídico; es decir, que 'no podrá ser interpuesto mientras (…) no se hubiere hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso, cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo del legitimado pasivo; así lo ha entendido este Tribunal en su amplia jurisprudencia' (SC 0492/2003-R de 15 de abril); lo que significa que la parte que considere lesionados sus derechos y garantías constitucionales, debe utilizar cuanto medio idóneo e inmediato previsto en la vía administrativa o judicial se tenga, antes de acudir a esta jurisdicción constitucional, o ante la autoridad que de acuerdo a la naturaleza de los actos u omisiones ilegales e indebidos pueda proporcionar protección inmediata, y una vez agotados dichos medios y no obstante mantenerse subsistente la amenaza, restricción o supresión, recién queda expedita la vía constitucional para la protección de los derechos desconocidos, ya sea cesando la amenaza, restricción o supresión y/o restableciéndolos, y así reparar o reponer las deficiencias de la vía ordinaria, entendimiento que fue reiterado por la jurisprudencia constitucional (SSCC 635/2003-R, 1343/2004-R, 1781/2010-R, 1226/2011-R, entre otras). Del desarrollo de dicho entendimiento jurisprudencial, el anterior Tribunal Constitucional estableció subreglas al principio de subsidiariedad al señalar que el amparo constitucional será improcedente cuando: '1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución' (SC 1337/2003-R de 15 de septiembre)”» (el resaltado nos pertenece).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de juez natural, defensa, tutela judicial efectiva, legalidad, tipicidad, taxatividad, fundamentación, motivación y congruencia; así como al principio de proporcionalidad; puesto que, habiendo formulado recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria de 28 de junio de 2022, por la cual la entonces Autoridad Sumariante del GAM de Potosí declaró improcedente el recurso de revocatoria que interpuso contra el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022 de 14 de junio; el Alcalde accionado omitiendo considerar todos los reclamos relativos a las irregularidades cometidas durante toda la tramitación del proceso administrativo interno seguido en su contra, mediante Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 13/2022 de 12 de julio, confirmó la referida Resolución de Recurso de Revocatoria sin la debida fundamentación ni motivación. De la revisión de antecedentes se advierte que, a denuncia de Freddy Alberto Pinto Sosa y Maya Esther Amador Herrera, se inició un proceso administrativo interno contra el impetrante de tutela en su calidad de Gerente General de EMAP, por contravenir el Manual de Funciones de esa entidad, al designar como Encargado de Archivos a un abogado, siendo que dicho Manual establece como requisito para ese cargo contar con título de administrador de empresas, en sistemas, contador o ramas afines. Dicho proceso administrativo interno, concluyó con la emisión de la Resolución de Proceso Administrativo Interno 04/2021 de 11 de febrero “de 2022”, por la cual se determinó la existencia de responsabilidad administrativa en contra del peticionante de tutela -imponiéndole la sanción de destitución de su cargo-; motivo por el que interpuso recurso de revocatoria contra esa decisión, pronunciándose la Resolución de Recurso de Revocatoria 03/2022 de 4 de marzo, la misma que confirmó la Resolución impugnada; en ese sentido, planteó recurso jerárquico contra esa determinación, siendo resuelto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 005/2022 de 5 de abril, por la cual el Alcalde accionado confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria impugnada. Por consiguiente, el accionante presentó una primera acción de amparo constitucional reclamando entre otros aspectos la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de juez natural; siendo resuelta por Resolución 033/2022 de 28 de abril, a través de la cual la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, -estableciendo la vulneración del referido derecho por no encontrarse designada una Autoridad Sumariante para la tramitación de procesos administrativos instaurados contra las MAE-, resolvió conceder de manera parcial la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la mencionada Resolución de Recurso Jerárquico y que el Alcalde accionado emita una nueva resolución en el plazo de ocho días hábiles, tomando en cuenta el referido derecho invocado en esa oportunidad (Conclusión II.1). En cumplimiento a esa decisión de la jurisdicción constitucional, el Alcalde accionado emitió el Decreto Edil 17/2022 de 29 de abril, designando al Director de Asesoría Jurídica del GAM de Potosí como Autoridad Sumariante, dentro de los procesos administrativos internos que involucren al “MAXIMO EJECUTIVO”, miembros de un directorio, abogados o auditores internos de esa entidad. Y, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 006/2022 de 9 de mayo, resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo ordenando la designación del entonces Director de Asesoría Jurídica como Autoridad Sumariante a cargo del referido proceso administrativo interno (Conclusiones II.2 y II.3). En ese sentido, se emitió el Memorándum Cite GAMP DESP 0395/2022 de 12 de mayo, por el cual el Alcalde accionado instruyó al mencionado Director llevar adelante los procesos administrativos internos (fs. 29) y de manera posterior, ante el pedido de complementación y enmienda, pronunció la Resolución de 13 de mayo de 2022, complementando la referida Resolución Jerárquica, disponiendo que el impetrante de tutela retome sus funciones (fs. 53) y subsanando esta última por Resolución de 23 del citado mes y año, en cuanto al número y fecha de la Resolución jerárquica anulada (fs. 90). En virtud a la determinación asumida en la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 006/2022, la entonces Autoridad Sumariante del GAM de Potosí dictó el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022 de 12 de mayo, determinando el inicio de proceso administrativo interno contra el peticionante de tutela por la designación de un abogado en el cargo de Encargado de Archivos, siendo que los requisitos para ello, es poseer título de administrador de empresas, en sistemas, contador o ramas afines; disponiendo como medida precautoria, el cambio temporal de sus funciones con el mismo salario que venía percibiendo como Gerente General de EMAP; siendo designado para cumplir las funciones de Director Técnico (Conclusión II.4). Contra dicho Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno, el accionante, entre otros reclamos, interpuso recurso de revocatoria, que derivó en la emisión de la Resolución de Recurso de Revocatoria de 25 de mayo de 2022, a través de la cual, la mencionada Autoridad Sumariante, revocó de manera parcial ese Auto de Apertura, ordenando su corrección y complementación sobre los defectos detectados que podían generar vulneración a los derechos al debido proceso y a la defensa del impetrante de tutela en sus vertientes de tipicidad y taxatividad (Conclusión II.5); quien al considerar insatisfechos sus reclamos y que dicha Resolución de Recurso de Revocatoria se encontraba incompleta, formuló recurso jerárquico contra la misma, que fue resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 11/2022 de 10 de junio, por la cual el Alcalde hoy accionado confirmó la indicada Resolución de Recurso de Revocatoria, indicando que en la emisión del nuevo Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno se debería: i) Tipificar la contravención administrativa efectuando una contrastación con la legislación especial aplicable vigente en EMAP; y, ii) Complementar las razones por las que se determinó la medida precautoria de cambio temporal de funciones del accionante (Conclusión II.6). Decisión que fue complementada mediante la Resolución de 22 de junio de 2022 (fs. 182 a 184). En cumplimiento a esa determinación de última instancia, la entonces Autoridad Sumariante del GAM de Potosí, pronunció el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022 de 14 de junio, determinando una vez más, el inicio de proceso administrativo interno contra el peticionante de tutela, por contravenir el Manual de Funciones de EMAP, en sus Romanos IV y V; y, los arts. 39 incs. b) y d) del Estatuto Orgánico de EMAP; 65 incs. a), b) y c), y 69 incs. a) y b) del Reglamento Interno de EMAP, con relación a los arts. 6 del DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, modificado por el DS 26237, y a su vez modificado por el DS 29820 de 26 de noviembre de 2008; y, 8 incs. a) y b) del Estatuto del Funcionario Público (EFP) –Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, al designar a un abogado en el cargo de Encargado de Archivos, siendo que el requisito para ello es poseer título de administrador de empresas, en sistemas, contador o ramas afines. Y, como medida precautoria dispuso el cambio temporal de sus funciones a cargo de la Dirección de RR.HH. de esa entidad, con el mismo salario que venía percibiendo como Gerente General de EMAP (Conclusión II.7). Contra ese Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno, el accionante, entre otros aspectos, interpuso recurso de revocatoria; que fue rechazado por improcedente, a través de la Resolución de Recurso de Revocatoria de 28 de junio de 2022, emitida por la indicada Autoridad Sumariante (Conclusión II.8). Determinación contra la cual el impetrante de tutela formuló recurso jerárquico, que fue finalmente resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 13/2022, por la cual el Alcalde accionado confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria impugnada (Conclusión II.9). Establecidos los antecedentes procesales y precisada la problemática expuesta en la presente acción de amparo constitucional, se advierte que el peticionante de tutela identifica como el acto vulneratorio de sus derechos a las determinaciones asumidas por el Alcalde accionado en la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 13/2022, la cual confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria de 28 de junio de 2022, que a su vez, rechazó por improcedente el recurso de revocatoria interpuesto contra el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022 emitido por la entonces Autoridad Sumariante del GAM de Potosí. En ese sentido, con carácter previo a ingresar a considerar y examinar el fondo de esta acción tutelar, corresponde referirse al reclamo efectuado por el Alcalde accionado, relativo al presunto incumplimiento del principio de subsidiariedad, por haber interpuesto el accionante, los recursos de revocatoria y jerárquico de manera incorrecta y equivocada, al ser dirigidos contra el mencionado Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022, y no así contra una resolución administrativa definitiva o final, que hubiere determinado su situación jurídica y le hubiese impuesto alguna sanción en su contra. En ese orden, a fin de establecer si lo denunciado por el Alcalde accionado resulta evidente, este Tribunal considera necesario precisar cuál es la naturaleza del auto de inicio de un proceso administrativo, y si el mismo admite los recursos de revocatoria y jerárquico. Al respecto, el razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que son impugnables en sede administrativa por medio de los recursos reconocidos en la normativa vigente y sujetos a posterior control jurisdiccional, únicamente aquellos actos administrativos de carácter definitivo, que pueden ser declarativos de derechos, porque se limitan a constatar o acreditar una situación jurídica sin alterarla ni incidir sobre ella; y, constitutivos de derechos, porque crean, modifican o extinguen una situación jurídica; admitiendo dichos recursos igualmente, aquellos actos administrativos que sin ingresar al fondo del asunto, impiden la tramitación del problema de fondo o ponen fin a una actuación administrativa. En contraposición a lo señalado, los actos administrativos de mero trámite o de procedimiento, que son aquellos intermedios que sirven para la emisión de uno definitivo, no admiten de manera independiente recurso administrativo alguno, pudiendo en caso de tener incidencia sobre la ejecutividad del acto definitivo, ser impugnados en sede administrativa junto con el acto administrativo definitivo. Bajo ese contexto jurisprudencial, se advierte que el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022, del que deviene la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 13/2022, ahora impugnada, no se constituye en un acto administrativo definitivo, sino en uno de procedimiento; toda vez que, a través del mismo, no se definió ninguna situación jurídica en favor o en contra del impetrante de tutela, tampoco se impidió la tramitación del problema de fondo y menos se puso fin a un procedimiento administrativo o se impuso sanción alguna; al contrario, con su emisión únicamente se dio inicio a un proceso administrativo interno instaurado en su contra, que necesariamente tendrá que concluir con el pronunciamiento de un acto administrativo definitivo, traducido en una resolución final o decisiva, la cual si podrá ser recurrida en sede administrativa. En todo caso, si el peticionante de tutela considera que los reclamos efectuados contra el mencionado Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno tienen una incidencia sobre el fondo de una eventual resolución administrativa que ponga fin al proceso administrativo interno seguido en su contra, tal cual fue establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se encuentra en la posibilidad de plantearlos junto con el recurso de revocatoria que pueda formular contra la decisión final que vaya a ser pronunciada por la Autoridad Sumariante del GAM de Potosí, y en caso de no ser atendidos los mismos, podrá interponer recurso jerárquico. Estando a partir de ello, recién facultado para acudir a esta jurisdicción. En ese entendido, se evidencia que el accionante al plantear el recurso de revocatoria contra el Auto de Apertura de Proceso Administrativo Interno 04/2022, y posteriormente el recurso jerárquico, que devino en la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico RJ/DESP/GAMP 13/2022, ahora cuestionada, activó un procedimiento equivocado que no puede ser convalidado por esta jurisdicción; siendo por ello, aplicable a esa situación la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional relativo a las reglas y sub reglas de improcedencia de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad, adecuándose la presente acción tutelar a la causal establecida en la regla del inc. 2) sub inciso a), relativa a que: “…las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido (…) la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados…”. Por lo expuesto, habiéndose verificado el incumplimiento del principio de subsidiariedad que caracteriza a esta acción de defensa por parte del impetrante de tutela, este Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra impedido de analizar el fondo de las denuncias efectuadas en la presente acción de defensa, correspondiendo denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 058/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 387 vta. a 392, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1037_2023-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): d03d2a301a5d8ee8022c8e4211cbeff0a1651cea3e62202d37fbbe5046daed88
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